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Publicado: Martes, 30 Junio 2020 15:28
- Corte Plena aprueba protocolo para la realización de audiencias orales por medios tecnológicos.
La Jurisdicción Contenciosa Administrativa se suma al uso de las tecnologías disponibles en el Poder Judicial, para brindar a las personas usuarias una alternativa segura en la realización de las audiencias orales.
Este lunes 29 de junio, en la sesión ordinaria de Corte Plena, se aprobó el Protocolo para la realización de audiencias orales por medios tecnológicos para la Jurisdicción Contencioso Administrativo.
El magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, coordinador de la Comisión de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, destacó que la construcción de este documento contó con la participación de juezas y jueces de la jurisdicción.
“El protocolo resulta de vital importancia para la materia contenciosa administrativa, por estar concentrada en San José y que tiene asuntos que se ubican en todo el país. Esto va a tener una gran ventaja porque acerca todo el territorio nacional a la Jurisdicción”, afirmó Rivas Loáiciga.
La exposición del contenido del protocolo estuvo a cargo de Ileana Isabel Sánchez Navarro, jueza coordinadora del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, quien destacó que esta es una nueva opción a las personas usuarias, para garantizar la continuidad de los servicios, donde la tecnología sirve como un instrumento frente a situaciones especiales.
“Se pretende acercar la justicia Contencioso Administrativa a las personas usuarias, a través de la utilización de las herramientas tecnológicas como un instrumento de descentralización del servicio. De igual forma, se potencia el teletrabajo, como una modalidad de llevar a cabo la función jurisdiccional, acorde con las nuevas dinámicas de prestación de servicios, tanto en el ámbito público, como en el privado”, puntualizó la jueza Sánchez Navarro.
La normativa interna abarca los actos procesales del Juzgado, el Tribunal y el Tribunal de Apelación Contenciosos Administrativos.
Se garantiza que la modalidad virtual de las audiencias se realizará cuando se cuente con el consentimiento de las partes. Se recalca el respeto al debido proceso en las audiencias bajo la modalidad virtual y la posibilidad de realizar audiencias de recepción de prueba y de conciliación, en el caso de éstas últimas se resguarda la privacidad.
El medio tecnológico oficial será el sistema de Microsoft Teams, autorizado por la Dirección de Tecnología de la Información. Las Direcciones de Tecnología de la Información y de Planificación emprenderán las acciones correspondientes a corto y mediano plazo para su implementación.
Se mantendrá el carácter público de las audiencias virtuales, salvo en aquellos casos en los que por resolución del Tribunal se declare su privacidad, debidamente justificada.
En atención a los requerimientos técnicos de las partes o testigos, al no contar con acceso a medios tecnológicos, los despachos judiciales coordinarán con la Administración Regional para propiciar espacios en el recinto judicial y con los equipos necesarios, que reúnan las condiciones de seguridad e higiene, como lo son las salas de juicio, salas de testigos o cubículos equipados para estos fines.
Se dispone la posibilidad de realizar audiencias virtuales y mixtas, cuando se requiera la comparecencia de forma presencial de alguna de las partes.
Las audiencias se grabarán mediante el Sistema de Grabación de Audiencias Orales del Poder Judicial (SIGAO), como medio oficial.
Para la atención de los procesos donde las personas intervinientes se encuentren en condición de vulnerabilidad o se requieran necesidades especiales, las personas juzgadoras deben tomar las previsiones para la participación en la audiencia y atendiendo a los lineamientos de las políticas institucionales de accesibilidad.
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Publicado: Martes, 30 Junio 2020 14:34
Realizan foro sobre conflictos de interés para potenciar transparencia e Independencia Judicial
- Tema se desarrolló en el marco de una actividad internacional virtual para puntualizar sobre la adecuada gestión del conflicto de interés en la administración de justicia.
En el marco de la Inauguración del Año Judicial 2020, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI) en coordinación con la Oficina de Cumplimiento del Poder Judicial, realizaron un foro internacional virtual denominado “De la declaración de intereses a la era de la gestión del conflicto de interés para la transparencia e independencia judicial”.
El objetivo fue promover un espacio de reflexión para abordar el tema de los conflictos de interés en el Poder Judicial y así contribuir al aseguramiento de la imparcialidad, la probidad en el ejercicio de la función judicial para la tutela del interés público.
Los principales temas abordados fueron la Independencia Judicial; Fortalecimiento de la Administración Pública, Conflicto de interés en el personal judicial; Transparencia, rendición de cuentas; Prevención y lucha contra la corrupción, así como Justicia pronta y cumplida con servicios de calidad.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro inició con la conferencia magistral “Retos de la Independencia Judicial en el Siglo XXI”, en la cual destacó que una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución, “La Independencia del Poder Judicial es uno de los pilares fundamentales de un Estado Constitucional y Social de Derecho”.
“La parcialidad de las funciones jurisdiccionales conlleva específicas garantías que se manifiestan en la posición de autonomía, independencia e imparcialidad del juez. Si estas garantías no se definen adecuadamente, imponiendo límites claros y definidos a los otros poderes, la independencia judicial se convierte en una palabra, en un discurso ampuloso, sin contenido”, señaló el Magistrado Cruz Castro.
Posteriormente se realizó el panel “Relevancia del conflicto de interés en la función pública”, para reflexionar desde diversas visiones e instituciones sobre el tema y de esta forma, tener una mejor compresión de la importancia que reviste para la institucionalidad pública y sobre todo para el fortalecimiento de la Administración de Justicia y el Estado de Derecho.
Este panel fue moderado por la Magistrada de la Sala de Casación Penal, Sandra Zúñiga Morales, 
quien realizó una instrucción de la evolución histórica del tema, especialmente recalcando el movimiento de los años noventa relacionada con la revalorización de la democracia como forma de gobierno, resaltando la importancia de la ética política, probidad, transparencia en la gestión del Estado y el combate a la corrupción. De igual manera se recalcó la relevancia que distintas iniciativas e Informes internacionales han dado al tema, así por ejemplo la OCDE en el 2000, que llama a los conflictos de interés como un tema urgente de tratar en los Estados, por eso este foro para “reflexionar, concientizar, pero sobre todo para trabajar” expresó la Magistrada Zúñiga Morales.
El Consultor Internacional en temas de gobierno corporativo y gestión del riesgo de corrupción de Colombia, Wilson Alejandro Martínez Sánchez se refirió a “La gestión de los conflictos de interés en el servicio público: directrices internacionales y experiencias en otros países”.
“El Problema se presenta cuando la persona funcionaria que se encuentra en un conflicto de interés lo maneja de manera inapropiada y se convierta en un acto de corrupción. Porque si el servidor o servidora pública actúa de manera transparente e íntegra, declarando su conflicto, poniéndolo de manifiesto y apartándose de la decisión, el funcionario obra de manera correcta e íntegra y en esa medida no hay un acto de corrupción que se le pueda impugnar”, analizó Wilson Alejandro Martínez.
Por su parte, el Procurador del Área de la Ética de la Procuraduría General de la República de Costa Rica, José Armando López Baltodano reseñó sobre “El cumplimiento de las normas nacionales e internacionales para el fortalecimiento de la ética pública y lucha contra la corrupción”.
“Nuestro país ha suscrito las tres principales convenciones anticorrupción y forma parte por lo tanto de ese ámbito de competencia a nivel de prevención, detección y sanción de la corrupción.
La Sala Constitucional ha desarrollado una vasta jurisprudencia que refiere los principios de gestión pública, la idoneidad, la eficiencia e igualdad, la buena fe, la rendición de cuentas, la transparencia, la responsabilidad y el control jurisdiccional”, afirmó José Armando López.
La Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y Presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro analizó la “Regulación para la prevención, identificación y gestión adecuada de conflictos de interés en el Poder Judicial: Retos y oportunidades para la Administración de Justicia”.
“En lo personal, considero que hemos iniciado un camino que nos conduce a una mayor calidad en la administración de justicia, permitiendo una mejora continua en el quehacer judicial, respondiendo a la naturaleza que debe tener un sistema judicial en un país democrático como el nuestro.
Mi mensaje es de positivismo, frente a las acciones que hemos adoptado para proteger a nuestro sistema, de injerencias indebidas que puedan afectar el acceso a una justicia pronta, cumplida, seria, eficaz, transparente e independiente, sin dejar de lado que nos quedan muchos retos y aspectos por mejorar”, puntualizó la Magistrada Patricia Solano.
La Vicepresidenta de la Corte añadió que “los esfuerzos por fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la institución no son nuevos, si no que iniciaron desde hace varios años, no obstante, se han visto materializados en mayor medida con una serie de disposiciones adoptadas de forma reciente, apostando por reformas ambiciosas en estos temas, creando herramientas útiles para alcanzar nuestros objetivos”.
El foro se realizó de manera virtual por medio de la plataforma Microsoft Teams, coordinado por la OCRI con la colaboración de la Dirección de Tecnología de la Información, la Oficina de Cumplimiento, y el Despacho de la Presidencia.
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Publicado: Martes, 30 Junio 2020 07:57
“Medios tecnológicos dan la posibilidad de proteger la salud de la ciudadanía y del personal judicial, sin dejar de lado el servicio público de calidad”
- Óscar Rodríguez, juez del Juzgado II de Cobro de San José.
Una audiencia de conciliación para proceso monitorio dinerario tramitada por el Juzgado Segundo Especializado de Cobro del Primer Circuito Judicial de San José, se realizó por medios tecnológicos por medio de la plataforma Microsoft Teams.
La misma se desarrolló el 24 de junio en horas de la mañana y estuvo presidida por el juez Óscar Rodríguez Villalobos, quien fue asistido por el técnico judicial Iván García Cabrera.
Según aseguró el juez Óscar Rodríguez, durante el desarrollo de la diligencia no se presentaron inconvenientes, el proceso de comunicación fue fluido y conforme se esperaba, las partes mostraron conformidad y pudieron acceder a la herramienta sin mayor problema. Para la diligencia se contó con la presencia de los profesionales en derecho a cargo y las personas representadas, para un total de seis personas conectadas. 
“Confirmar, de mi parte, la importancia del uso de estas tecnologías, por la posibilidad que brindan de seguir protegiendo la salud de la ciudadanía y del personal judicial, sin dejar de lado el servicio público de calidad que debe garantizarse, cumpliendo a su vez los principios de inmediación, oralidad, justicia pronta y cumplida, entre muchos otros, que deben ser tutelados por la administración de justicia”, aseguró Rodríguez Villalobos.
El juez también agregó “sin lugar a dudas, las audiencias virtuales son una modalidad útil y necesaria al servicio de la justicia, sobre todo por el hecho histórico al que nos enfrentamos como país y como Poder Judicial en particular”.
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Publicado: Viernes, 26 Junio 2020 16:33
- Inauguración de Año Judicial 2020 se realizó de forma virtual.
- Ejecución presupuestaria institucional alcanzó un 97,78%.
- Un total de 606.141 asuntos terminados en el 2019.
El trabajo determinante en la mejora de los servicios de administración de justicia, mediante un permanente proceso de reorganización interna de los despachos, la transparencia de su gestión y el desarrollo tecnológico, fueron algunos de los temas que destacó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, durante la Inauguración del Año Judicial 2020.
“Tenemos un ineludible compromiso con valores constitucionales, tales como la transparencia, la participación ciudadana, la democratización interna, la probidad, la honestidad, la celeridad, el control de la corrupción, el estado social de derecho y el respeto de las minorías”, puntualizó el máximo jerarca judicial en su discurso.
En la sesión solemne de Corte Plena, las magistradas y magistrados integraron bajo la modalidad virtual y presencial, ante la emergencia sanitaria que vive el país por la pandemia del Covid-19 y con la presencia de los Presidentes de los Supremos Poderes, Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República, Fernando Cruz Castro, Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Eduardo Cruickshank Smith, Presidente de la Asamblea Legislativa.
El Presidente de la Corte, Fernando Cruz, quien asumió el cargo el 3 de agosto de 2018, dio un amplio informe sobre las labores que se ejecutaron durante el 2019, reforzando con ello la política de transparencia y rendición de cuentas que fortalece el Poder Judicial año con año.
Cruz Castro recalcó la importancia de fortalecer la independencia judicial como uno de los principios fundamentales, desde la construcción constante de la democracia con equilibrio de poderes.
“La independencia e imparcialidad de los jueces no es una prerrogativa, ni un privilegio que se les reconozca en su propio beneficio, sino que se justifica por la necesidad de que puedan ejercer su función de guardianes del Estado de Derecho, de la Constitución, una prevención indispensable para los autoritarismos que sobreviven como ley natural”, afirmó.
El Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, señaló la importancia de la independencia de los Poderes Supremos y en particular, la independencia del Poder Judicial.
“El Poder Judicial es uno de los principales basamentos de nuestro sistema democrático. La aspiración de una democracia es a un sano e independiente Poder Judicial. Aquí se dirimen conflictos, se mantiene la paz social en un orden de Estado de Derecho”, afirmó en su discurso el mandatario costarricense.
El espacio fue propicio para la entrega de los reconocimientos institucionales, acto a cargo del magistrado Orlando Aguirre Gómez, coordinador de la Comisión de Reconocimientos del Poder Judicial, quien destacó que la institución tiene un 
compromiso por contar con un recurso humano comprometido y humanizado y respetuoso de los valores institucionales, teniendo como norte un servicio con rostro humano.
El premio “Luis Paulino Mora Mora” se otorgó a la Dra. Grettchen Flores Sandí, del Departamento de Medicina Legal. El galardón “Ulises Odio Santos”, o correspondió al Profesional en Derecho de la Sala Primera, Juan Pablo Salazar Carvajal. El premio “Miguel Blanco Quirós” se entregó a la Coordinadora Judicial 2 del Juzgado de Familia del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Lilliana Garita Sharpe.
Reformas internas: una prioridad
Fernando Cruz Castro asumió el máximo cargo en agosto del 2018 y con ello, su compromiso por el impulso de medidas tendientes para modernizar y fortalecer el Poder Judicial.
Este proyecto contempló el análisis, discusión y aprobación de las propuestas de reformas urgentes al Poder Judicial, proceso que inició en diciembre de 2017 en temas de gran relevancia como la Carrera Fiscal, régimen disciplinario y Código de Ética, protocolos de conducta para el personal judicial, procesos de diálogos permanentes con la sociedad civil, reformas a la Carrera Judicial, evaluación del desempeño, Gobierno Judicial, reforma integral al proceso penal y lucha contra la corrupción y el reglamento de la Defensa Pública.
Hoy ya se contabilizan 14 de los 22 productos aprobados, lo que representa un avance de ejecución del proyecto del 63,64%, siendo que los 8 productos restantes ya se encuentran para discutir en Corte Plena.
Transparencia institucional
La Transparencia en el quehacer judicial se vio fortalecida con el accionar de la Comisión de Transparencia y la creación de la Oficina de Cumplimiento, figura novedosa en un Poder Judicial, que buscar fortalecer la lucha contra la corrupción dentro de la institución.
El trabajo emprendido por el Poder Judicial en esta línea, le permitió alcanzar el primer puesto de 254 instituciones evaluadas en el Índice de Transparencia en el Sector Público (ITSP) del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, en donde se logró una nota 100.
Durante el 2019 se promovió un cambio en la metodología de los Consejos Ampliados que reúne a las autoridades judiciales con la sociedad civil, para incluir mayor interacción entre ambos actores. De estos se tuvieron resultados muy positivos en Puntarenas, Santa Cruz y Nicoya.
Además, se impulsaron las actividades de rendición de cuentas por parte de las Administraciones Regionales en los Circuitos Judiciales de todo el país.
Gestión de los despachos
Los más de 800 despachos judiciales de todo el país registraron un total de 606.141 asuntos terminados en el 2019, en las diversas jurisdicciones que atiende la institución. Las materias con mayor demanda de servicios durante el año pasaron corresponden a Cobro Judicial que recibió en ese período un total de 237.583 asuntos nuevos, mientras la materia Penal contabilizó 144.823 procesos nuevos.
En el ámbito administrativo, la ejecución presupuestaria institucional logró un 97,78%, que es la más alta en los últimos cuatro años. Estos datos muestran la inversión del Poder Judicial de ¢463.055.937.648 millones, que atendieron los requerimientos de los servicios que brinda el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Servicio de Atención y Protección a Víctimas y Testigos, el ámbito administrativo y otros órganos de apoyo a la labor judicial.
Los lineamientos emitidos por el Consejo Superior y la Dirección Ejecutiva permitieron la efectiva administración de los recursos públicos asignados al Poder Judicial.
A esto se suma, los esfuerzos importantes por cumplir con lo dispuesto en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N.° 9635; al ajustarse al cumplimiento de lo establecido en los temas de dedicación exclusiva, prohibición, evaluación del desempeño, la creación de nuevos componentes salariales como reserva de ley, topes salariales, regla fiscal y pago de IVA por compras. El presupuesto del 2020 decreció en un 0.2%, y no se registran plazas nuevas en cumpliendo con la regla fiscal. También se nominalizó el pago de los componentes salariales de anualidad y dedicación exclusiva.
Justicia Eficiente
En el 2019 se mostraron resultados efectivos en proyectos concretos para mejorar la gestión de los despachos judiciales.
El Modelo Penal promovió una reorganización integral de tribunales de juicio en todo el país, que elevó el rendimiento de la Jurisdicción en las agendas de juicio y dictado de sentencia.
El establecimiento del Plan Estratégico Institucional 2019-2024 marca la ruta del Poder Judicial en planes como la resolución oportuna de conflictos, confianza y probidad en la justicia, la optimización de los servicios, gestión del personal y planificación institucional.
Se potenció la labor del Centro de Conciliación con un total de 13.503 asuntos resueltos en diversas materias y el apoyo al Sistema Nacional de Facilitadores y Facilitadoras Judiciales. A esto se suman campañas internas para sensibilizar a la población judicial sobre el servicio de calidad hacia las personas usuarias como la campaña ¿Y si fuera usted?.
Se destaca el trabajo emprendido por la Comisión de Gestión Integral de la Calidad de la Justicia, la Comisión de la Jurisdicción de Familia, Niñez y Adolescencia, la Comisión de Teletrabajo; así como la Secretaría Técnica de Género, la Secretaría Técnica de Ética y Valores y la labor emprendida por la Escuela Judicial.
Tecnología: aliado de la Justicia
El Poder Judicial en el 2019 puso a disposición de las personas usuarias, de forma eficiente, una serie de servicios digitales que facilitar los trámites.
Solo en ese año se entregaron 2.038.088 de hojas de delincuencia por plataformas digitales. Se otorgaron 71.964 claves de gestión en línea a personas usuarias y se contabilización 239.470 demandas en línea.
Al final de ese año se contabilizaron 1.120.281 expedientes digitales y se registró la presentación de 1.951.358 escritos digitales, 27.392 órdenes de apremio, 138.574 notificaciones, 217.937 consultas de impedimentos de salida y 1.588.117 consultas de jurisprudencia desde la plataforma NexusPJ.
Inversión en infraestructura propia
Mejorar los requerimientos en materia de infraestructura judicial en todo el país constituye una prioridad para el Poder Judicial, cuyas construcciones se caracterizan por ser sostenibles con el medio ambiente.
Es así como el año anterior se concretaron las construcciones de los edificios de los Tribunales de Justicia de Osa con una inversión de poco más de ¢3.606 millones y Los Chiles con una inversión de más de ¢2.487 millones. Ambas edificaciones cuentan con paneles solares para la alimentación eléctrica, luminarias led; un sistema de tratamiento y reutilización de las aguas servidas y tanques de almacenamiento de aguas pluviales para uso en los servicios sanitarios.
Los esfuerzos en materia de infraestructura permitieron la instalación de la Unidad de Patología Forense de San Carlos, acercando este servicio a las comunidades de la Zona Norte, con un costo de ¢296,6 millones. Además, la donación de ¢75 millones de la Municipalidad de la zona, se invirtió en la compra de un vehículo y la mesa de autopsias.
Se avanzó con la etapa de los planos para la construcción de tres niveles en los Tribunales de Puntarenas y se culminó el proceso de adjudicación para la construcción del Edificio Anexo E, que se ubicará al costado Norte del Edificio de la Corte.
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Publicado: Martes, 23 Junio 2020 13:58
Magistrada Patricia Solano Castro asume Presidencia de la Sala de Casación Penal.
- Nombramiento rige a partir del 22 de junio de 2020.
El día de hoy, 22 de junio de 2020, Corte Plena juramentó a la Magistrada Patricia Solano Castro, para que asuma la presidencia de la Sala de Casación Penal.
La designación de la Magistrada Solano Castro fue acordada de forma unánime por el seno de la Sala de Casación Penal; a raíz de la renuncia al puesto del Magistrado Jesús Ramírez Quirós. Su designación se recibió con beneplácito, no sin antes haber agradecido al señor Magistrado Ramírez por sus funciones realizadas durante su gestión.
Al respeto indicó la nueva Presidenta de Sala, “Para mí, representa un honor y un reto asumir esta nueva posición. Es en esta nueva etapa de gestión, que continuaré con mi compromiso de trabajo, adquirido desde hace más de treinta años de servicio a este Poder Judicial que tanto aprecio tengo y que me ha enseñado que el desempeño con integridad y con exigencia de calidad, es el baluarte que debe regir cada acción que realicemos en el ejercicio de nuestra función pública”
La Sala de Casación Penal actualmente se encuentra integrada por las señoras magistradas Patricia Solano Castro y Sandra Zúñiga Morales, y los señores magistrados, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Jesús Ramírez Quirós y Álvaro Burgos Mata; todos con vasta experiencia en la judicatura y de reconocida trayectoria nacional e internacional. Sobre esta integración plenaria, como señaló la Magistrada Solano Castro “trabajamos como equipo y bajo la consigna del respeto, de la legalidad e integridad funcional, en garantía de la ética y la probidad que cobija nuestros actos. Trabajamos y trabajaremos a paso firme y contundente para la mejora de nuestros procesos”.
La magistrada Patricia Solano Castro cuenta con 31 años de carrera en la Judicatura. Con su labor y desempeño profesional alcanzó el cargo de la magistratura en noviembre de 2018.
Su trabajo se ha enfocado en fortalecer la justicia penal, la probidad, la transparencia y la lucha contra la corrupción desde las Comisiones de la Jurisdicción Penal y de Transparencia del Poder Judicial.
Dentro del Gobierno Judicial destaca su labor como Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, cargo que asumió con mucha responsabilidad desde enero del 2019.
Biografía. La magistrada Patricia Solano Corte tiene una carrera de 30 años en la judicatura. Es Licenciada en Derecho y Notariado de la Universidad de Costa Rica, cuenta con Estudios de Post Grado de la Universidad Nacional en la Especialidad de Administración de Justicia en Derecho Penal. Enfoque Socio-Jurídico. Además es egresada de la Maestría de Administración de Justicia de la UNA.
Durante el período de 1998 al 2017 asumió como Jueza del Tribunal Penal de Primer Circuito Judicial de San José, hasta su jubilación en ese último año.
Sus funciones en la Judicatura iniciaron en 1988 como jueza de instrucción de San Ramón. A partir de allí, laboró en los Juzgados Mixtos de Cañas y Puriscal.
También se desempeñó en los Juzgados Penales de Puntarenas y Alajuela. A partir de 1997, ejerció como Jueza Superior en el Tribunal Superior Segundo Penal de San José.
Asumió labores como magistrada de la Sala de Casación Penal en noviembre del 2018, cuando fue designada por la Asamblea Legislativa.
La juramentación se realizó en la sesión de Corte Plena del lunes 22 de junio.
Magistrada Patricia Solano tiene una trayectoria de más de 30 años de servicio en el Poder Judicial.
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Publicado: Viernes, 12 Junio 2020 16:32
En el período 1990-2018: Tercer Informe Estado de la Justicia.
Un total de 114 nuevas leyes aprobadas por el Congreso entre el período 1990-2018, modificaron la organización, competencias o funcionamiento del Poder Judicial. Este resultado se obtiene del Tercer Informe del Estado de la Justicia que se presentó el 8 de junio 2020 en sesión de Corte Plena
“… El Congreso agregó 1.034 nuevas funciones al Poder Judicial. La base de datos elaborada para este Informe permitió identificar que el 68,1% de estas nuevas competencias están dirigidas al ámbito jurisdiccional (salas, tribunales y juzgados), pues se refieren a reformas procesales, creación de nuevas jurisdicciones o delitos”, detalla el Estado de la Justicia.
El análisis determinó que de las 114 leyes nuevas aprobadas, más de la tercera parte (42 leyes), se catalogaron como legislación de alto impacto, al registrar amplios efectos sobre el Poder Judicial.
“…la ampliación de funciones encargadas a la institución proviene, en su gran mayoría, de legislación que no identifica recursos específicos para ejecutarse 34 de las 42 leyes de “alto impacto” (81%) no contenían una previsión específica del costo adicional implicado en su implementación, ya sea a partir de la identificación de nuevas fuentes de ingreso, o de una reasignación presupuestaria. Solo en dos leyes el legislador previó la creación de una fuente de ingreso para financiar las nuevas funciones, y en seis adicionales efectuó una reasignación de recursos presupuestarios con el fin de cubrirlas”, indica el informe.
Los resultados muestran la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia en el impulso de reformas legales importantes, pues de las 42 leyes de alto impacto, tres cuartas partes se gestaron, directa o indirectamente, desde la cúpula judicial, así queda establecido en este estudio.
Resaltan leyes aprobadas como la Ley de creación de tribunales superiores, el Código Procesal Penal, la Ley de Justicia Penal Juvenil, el Código Notarial, el Código Procesal Contencioso Administrativo, la Ley de Protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal (2009), y las Reformas Procesales Laboral, Civil y Agraria.
El estudio señala que a partir del 2018, el presupuesto judicial inició un decrecimiento ante la situación fiscal del país y que actualmente, el Poder Judicial tiene un margen mínimo para financiar nuevas competencias. “Esta estrechez fiscal limita directamente la aprobación de nuevas reformas, a la vez que dificulta la implementación y el seguimiento de aquellas que, aunque aprobadas, no se han desplegado en su totalidad.
La mayoría de las reformas judiciales se centran en el ámbito jurisdiccional.
El informe de Estado de la Justicia es información pública que puede ser consultado en las siguientes direcciones: http://www.estadonacion.or.cr/. La presentación del informe se encuentra accesible: https://livestream.com/poderjudicial-costarica.
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Publicado: Miércoles, 10 Junio 2020 15:25
- Entidad concentra todas las acciones emprendidas para atender la emergencia sanitaria nacional.
La organización del recurso humano judicial, indicadores de funcionamiento en los despachos judiciales, datos presupuestarios, contrataciones y donaciones que se redireccionaron para la atención de la emergencia sanitaria por el COVID-19 que enfrenta el país, son algunos de los datos abiertos que usted puede consultar desde la página web del Poder Judicial.
El sitio web: Transparencia en tiempos de COVID-19, está a disposición de la ciudadanía y es un esfuerzo más del Poder Judicial por transparentar sus acciones administrativas y de gestión humana ante situaciones de emergencia.
Ingrese a www.poder-judicial.go.cr y en el apartado Transparencia, encontrará la opción, COVID-19, con el detalle de las informaciones.
De acuerdo con la Oficial de Cumplimiento, Kenia Alvarado Villalobos, la plataforma web es un proyecto coordinado por la Oficina de Cumplimiento, el Despacho de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior y la Dirección de Tecnología de la Información del Poder Judicial.
Este trabajo responde a los principios institucionales de Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana.
“Con este sitio web esperamos que la población tenga un mayor acercamiento con la información de interés, que maneja la institución y con ello contribuir en la lucha contra la corrupción y el acceso a la información desde los datos abiertos. Esto sin duda fortalece la política de Justicia Abierta que es un compromiso del Poder Judicial”, afirmó Alvarado Villalobos.
Al ingresar, podrá encontrar el detalle de informaciones sobre indicadores de funcionamiento de los despachos judiciales, desde que inició la emergencia por el COVID-19, datos sobre el uso de los servicios judiciales digitales y las herramientas tecnológicas disponibles para la aplicación del Teletrabajo.
También se cuantifica la labor judicial en materia de depósitos judiciales en este período y los lineamientos operativos emitidos por la Corte Plena, el Consejo Superior y la Comisión de Emergencias del Poder Judicial, para la atención de la emergencia.
También se encuentra información presupuestaria y de contratación administrativa, en atención a los requerimientos por la pandemia, las donaciones recibidas por el Poder Judicial y aquellas con las que ha contribuido este Poder de la República con el Gobierno Central.
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Publicado: Martes, 09 Junio 2020 15:48
- Sobre aumento por costo de vida.
- Corte Plena reitera que el pago se aplicará en acatamiento a la regla fiscal, según lo dispone la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Corte Plena tomó el acuerdo de aprobar el pago del aumento salarial por costo de vida, en acatamiento a lo dispuesto en el oficio que emitió el Ministerio de Hacienda. La decisión se tomó en la sesión de Corte Plena de este lunes 8 de junio 2020.
En la comunicación oficial de Hacienda, oficio DGPN-0233 2020, se indica que tras el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, C-202-2020 del 29 de mayo y el oficio MIDEPLAN-DM-OF-0616-2020 del 2 de junio, el aumento por costo de vida para el sector público debe hacerse efectivo por “…formar parte del patrimonio de cada funcionario público”.
Por ello se gira instrucciones para que el Poder Judicial tome las previsiones necesarias para incluir dicho monto dentro del Anteproyecto de Presupuesto para el 2021, dentro del gasto máximo establecido por Hacienda y que se consideren los recursos que permitan financiar el incremento por costo de vida del 2020.
En cumplimiento con esta disposición, el Poder Judicial recalcó que el pago del aumento salarial se aplicará a los servidores y servidoras judiciales, bajo los parámetros que establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Tras el acuerdo de Corte Plena, el Consejo Superior, dentro de sus competencia legales procederá a realizar la modificación presupuestaria para el pago del aumento salarial, que asciende a 1800 millones de colones para este año 2020.
Para el 2021, las autoridades administrativas judiciales ya trabajan en la incorporación del monto del aumento salarial por costo vida, dentro del proyecto de presupuesto aprobado la semana pasada, cuyo monto asciende a unos dos mil millones de colones.
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Publicado: Lunes, 08 Junio 2020 16:00
- Período de análisis comprende del año 2016 al 2019.
- Estado de la Justicia es el resultado de un convenio entre el Poder Judicial y el Consejo Nacional de Rectores que demuestra el compromiso con una “cultura institucional abierta”.
“A nivel estadístico, este tercer informe del Estado de la Justicia es una fotografía de la institución en el período comprendido entre los años 2016 y 2018, en particular en las tres grandes funciones que cumple el Poder Judicial: administrativa, jurisdiccional y política” puntualizó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Fernando Cruz Castro en la sesión de Corte Plena de hoy lunes 8 de junio 2020 en la que se presentó el Tercer Informe del Estado de la Justicia.
La sesión se realizó por medio de la plataforma Teams y presencial en el porcentaje y distanciamiento que señalan las directrices del Ministerio de Salud. Participaron magistrados y magistradas de las diferentes Salas de la Corte, autoridades judiciales de los ámbitos de este Poder de la República, así como el director del Programa del Estado de la Nación (PEN) Jorge Vargas Cullel.
“Este convenio, es para producir un informe independiente sobre el desempeño del Poder Judicial, es una práctica de transparencia y apertura al escrutinio ciudadano, sin precedentes en los Poderes Judiciales”, puntualizó Vargas Cullel.
La exposición de esta tercera entrega del Estado de la Justicia (EJ) estuvo a cargo de quien lo coordina, Evelyn Villarreal Fernández. Realizó una sinopsis de los principales hallazgos del estudio que como se indicó comprende tres ejes que se analizan con indicadores que el grupo investigador determina como parte de la independencia con que desarrollan el estudio.
“La crisis política encontró a un Poder Judicial en una intensa dinámica reformista, impulsadas desde la cúpula de la institución.
Al menos cinco materias han sido reformas, se han desarrollado múltiples iniciativas, incluyendo la reorganización de los órganos auxiliares. Se han lanzado novedosas políticas como género, participación ciudadana, Justicia Abierta, que le han merecido reconocimientos.”, detalló Villareal Fernández.
Según indicó Evelyn Villareal, el Estado de la Justicia reconoció la capacidad de resiliencia del Poder Judicial con sus fortalezas históricas, una enorme capacidad de dinamismo reformista que lo ha distinguido del conjunto de la institucionalidad pública y con grandes capacidades institucionales, humanas, financieras y logísticas desplegadas en todo el territorio nacional, a pesar de la desaceleración presupuestaria.
Para esta tercera versión, como las dos anteriores, el Poder Judicial de forma voluntaria se somete y colabora brindando la información y datos necesarios para ser evaluados por un centro especializado e independiente como es el Programa del Estado de La Nación que cuenta con una amplia trayectoria en investigación. Por ello la decisión del Poder Judicial costarricense de someterse a este riguroso escrutinio de análisis científico es calificado como inédito en América Latina. “El Informe del Estado de la Justicia es una práctica democrática inusual desde un punto de vista comparado en el ámbito de las administraciones de justicia. Estoy convencido que solo así la institución puede mejorar y hacerle frente a los retos que enfrenta a futuro” reafirmó el máximo jerarca judicial Cruz Castro.
El Presidente de la Corte, magistrado Fernando Cruz, agregó, “tenemos un ineludible compromiso con valores esenciales, tales como, la participación ciudadana, la democratización interna, la probidad, la celeridad y el fortalecimiento de la independencia judicial, no sólo en el juzgamiento, sino también como factor de equilibrio en el diseño de los poderes del Estado”.
Justicia pronta. Mejorar los plazos de resolución de los procesos judiciales es uno de los retos y desafíos importantes que asumió el Poder Judicial. Por ello se implementó el proyecto del Plan de Mejora del Proceso Penal, el protocolo institucional de rediseño de procesos en 125 despachos judiciales, la implementación del Modelo de Sostenibilidad para dar seguimiento a indicadores de gestión. Asimismo se ha potenciado aún más el uso de herramientas tecnológicas como el expediente digital, la posibilidad de presentar demandas y escritos vía electrónica, las notificaciones electrónicas cuyos beneficios se han potenciado durante la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del SARS-CoV-2 (Covid -19).
Este tercer informe del Estado de la Justicia de la Justicia consta de siete capítulos. La sinopsis es el primero, un resumen del Informe y mensajes estratégicos. Los capítulos 2, 3, y 4 son estudios a profundidad sobre la prevención de la corrupción en el Poder Judicial, la sanción penal de los delitos asociados a casos de corrupción, la agenda legislativa de este Poder del Estado. Finalmente los capítulos 5, 6, 7 son de seguimiento y contemplan un análisis de la función administrativa y jurisdiccional de esta institución, así como de su rol como actor político.
El informe de Estado de la Justicia es información pública que puede ser consultado en las siguientes direcciones: http://www.estadonacion.or.cr/. La presentación del informe se encuentra accesible: https://livestream.com/poderjudicial-costarica.
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Publicado: Miércoles, 03 Junio 2020 10:40
• Presupuesto para el 2021 disminuyó en un 0.82% con respecto al 2020, lo que representa ¢3.884 millones menos.
• No se crean plazas nuevas y por restricción hacendaria, el presupuesto no se incrementa por costo de vida. También contiene el ajuste nominal de los componentes salariales.
• Gasto presupuestario máximo es de ¢468.793 millones
Apegado a las directrices de restricción del gasto y atendiendo la situación fiscal del país, la Corte Plena aprobó por mayoría el proyecto de presupuesto para el año 2021, durante la sesión extraordinaria de este martes 2 de junio.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, señaló que “el proyecto de presupuesto judicial para el ejercicio económico del año 2021, se apega a la Regla Fiscal y a las políticas restrictivas del Ministerio de Hacienda”.
La exposición sobre el contenido del proyecto estuvo a cargo de la Directora de Planificación del Poder Judicial, Nacira Valverde Bermúdez.
El plan de inversión presupuestaria para el próximo año garantiza la prestación de los servicios judiciales actuales y respeta el límite presupuestario establecido por las autoridades hacendarias y no sobrepasa los ¢468.793 millones. Los recursos se destinan a la Judicatura, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública, Escuela Judicial, Programa de Protección de Víctimas y Testigos y el ámbito administrativo.
Este monto registra un decrecimiento del plan presupuestario del 0.82% (¢3.884 millones) en relación con el presupuesto 2020 e igualmente para cumplir con la Ley 9635 se incluyeron los recursos necesarios para cancelar el Impuesto al Valor Agregado, por más de 8.000 millones de colones.
Valverde Bermúdez destacó que el Gasto Corriente se fijó en ¢443.707 millones y el Gasto de Capital en ¢25.086 millones. Estos montos se ubican dentro de las restricciones presupuestarias establecidas.
No se crean plazas nuevas y por restricción hacendaria, el presupuesto no se incrementa por costo de vida. De igual manera, el presupuesto 2021 contiene el ajuste nominal de los componentes salariales.
En materia de alquileres, no se autorizaron contratos nuevos y se adecuó la fecha de vigencia de los actuales, de forma anual; además se ajustaron los contratos en limpieza, vigilancia y bienes y servicios.
Dentro de los proyectos prioritarios para el Poder Judicial, se contempla la inversión en tecnología, para el fortalecimiento de los servicios judiciales en línea, de relevancia para la institución, para garantizar la continuidad de los servicios judiciales y la seguridad sanitaria ante la emergencia sanitaria que vive el país, ante el COVID-19, desde sistemas y servicios electrónicos efectivos.
“Por el impacto que ha generado la situación del COVID-19, el Consejo Superior revisó algunos conceptos que pudieran impactar para el próximo año y ante ello, en un esfuerzo presupuestario se incluyeron recursos para mantener y aumentar la capacidad de los servicios de Internet, la capacidad de los servicios, la adquisición de equipo de infraestructura de servidores y recursos para la apertura de servicios médicos en San Ramón y Pococí”, detalló Nacira Valverde Bermúdez.
También se establecieron proyectos de construcción que generarán un impacto en el servicio judicial y que están relacionados con el mantenimiento de la infraestructura actual en San José, Santa Cruz, Turrialba, San Joaquín, Puntarenas, San Ramón, Puriscal y San Carlos.
El proyecto de presupuesto 2021 del Poder Judicial, se remitirá al Ministerio de Hacienda, cuya fecha legal de entrega está fijada para el 15 de junio.
Los magistrados Fernando Castillo Víquez y Paul Rueda Leal se inhibieron de votar la formulación presupuestaria del Poder Judicial 2021, al estar habilitados para conocer la acción inconstitucional sobre el acuerdo tomado por Corte Plena para la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, del 18 de marzo de 2019.
Ejecución de nuevas leyes demandan recursos adicionales. Para el cumplimiento de leyes especiales aprobadas por el Plenario Legislativo que imponen nuevas obligaciones al Poder Judicial, Corte Plena acordó remitir al Ministerio de Hacienda, una propuesta aparte al proyecto de presupuesto ordinario de la institución, con los requerimientos que se necesitan para su implementación. Este acuerdo se toma ante la rigidez presupuestaria y la aplicación de la regla fiscal, es decir fuera del límite del presupuesto ordinario.
Dichas leyes son la de bienestar animal, acceso a pueblos indígenas, justicia restaurativa, los nuevos códigos procesales en materia Agraria y de Familia, el reforzamiento de las oficinas anticorrupción y la jurisdicción especializada en crimen organizado.
Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional
Sección de Prensa
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Publicado: Viernes, 29 Mayo 2020 08:31
Mediante videoconferencia virtual
Comisión de Ética y Valores del Poder Judicial presentó avances ante la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial
El compromiso ético de las juezas y jueces con las nuevas tecnologías en tiempos de coronavirus fue el nombre de la videoconferencia virtual organizada por la Secretaría de Ética y Valores del Poder Judicial y la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, mediante la plataforma Microsoft teams.
La sesión fue presentada por el magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, coordinador de la Comisión de Ética del Poder Judicial y por el magistrado Eduardo Fernández Mendía, del Tribunal Superior de La Pampa, Argentina.
El comisionado Fernández Mendía (i.) y los secretarios ejecutivos de la CIEJ, Luis F. Lozano y David Ordóñez
Además, participaron Juan Carlos Sebiani, jefe de la Secretaría de Ética y Valores y el magistrado español, David Ordóñez Solís, Secretario Ejecutivo de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial; ambos como moderadores.
El magistrado Luis Porfirio Sánchez habló sobre la importancia de promover este tipo de actividades para divulgar los productos e informes que genera la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y la necesidad que sean de conocimiento de los diferentes poderes judiciales de Iberoamérica. Además reconoció el esfuerzo que ha hecho el Poder Judicial de Costa Rica para mantener los servicios judiciales a pesar de las medidas que se han adoptado con ocasión de la pandemia y la necesidad de fortalecer las nuevas tecnologías para la mejora constante del servicio.
“En los últimos meses hemos visto que los servicios en la administración de justicia han mantenido una producción constante, la utilización del expediente digital ha permitido utilizar el teletrabajo para servidores y servidoras judiciales así como para las personas juzgadoras. Pero además necesitamos hacer audiencias o juicios, por lo que la Corte Plena aprobó protocolos en materia laboral, civil, penal y penal juvenil; próximamente también en familia y pensiones alimentarias; para que la justicia no se suspenda. Esto solo se puedo hacer por las ventajas tecnologías que tiene esta institución”, comentó el magistrado Sánchez.
En la reunión virtual se analizó las ventajas y desafíos éticos de las nuevas tecnologías, esto en seguimiento a la XV reunión de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, celebrada en Madrid en julio de 2019, donde se acordó la elaboración de un dictamen referido a las implicaciones éticas en el uso de las nuevas tecnologías por jueces y juezas en ejercicio de la función pública.
Luis Porfirio Sánchez, magistrado de la Corte Suprema de Costa Rica y comisionado CIEJ (d.) y Juan Carlos Sebiani Serrano, Jefe de la Oficina de Ética y Valores del Poder Judicial de Costa Rica
Para Juan Carlos Sebiani “es fundamental respetar las conductas y principios contenidos en el Código de Ética, el cual abarca a jueces, fiscales, defensores, policía judicial, ámbito administrativo en general y a todos los que trabajamos en este Poder de la República. El mismo se sustenta internacionalmente por las reglas de Bangalore y el Código de Ética Iberoamericano, en el comportamiento que coadyuven el actuar judicial en esta nueva forma de hacer las cosas”.
La conferencia contó con la presencia virtual de más de 170 personas, representantes de países Europeos y América Latina, quienes expresaron sus felicitaciones a Costa Rica por buscar opciones para que la administración de justicia continúe pese a la pandemia por el coronavirus. También elogiaron el uso de las tecnologías con que cuenta el Poder Judicial que permiten avanzar en acceso a la justicia y transparencia.
Al final de la actividad intervinieron el exsecretario ejecutivo de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, juez argentino Luis Lozano, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, la delegación del Superior Tribunal de Justicia de Brasil, encabezado por la Vicepresidenta María Theresa Rocha de Assis Moura, así como varios integrantes actuales de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial.
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Publicado: Viernes, 29 Mayo 2020 08:22
Grecia realiza audiencias virtuales efectivas
- Juzgado Civil y de Trabajo de Grecia implementa el protocolo aprobado por Corte Plena y los lineamientos institucionales en materia de tecnología.
Desde el 18 de mayo, el Juzgado Civil y de Trabajo de Grecia inició con los señalamientos de audiencias bajo la modalidad virtual.
En este momento se contabilizan cuatro en total, utilizando la tecnología como medio de comunicación, entre las partes del proceso y el personal juzgador y técnico del despacho. Estas se programaron del 18 al 22 de mayo.
“Durante la realización de estas audiencias virtuales hemos aplicado el protocolo y circulares aprobadas por Corte Plena, así como las circulares de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones, en atención a la declaratoria de emergencia nacional. Desde que se contó con la capacitación y las licencias del Sistema Microsoft Teams iniciamos con su implementación”, explicó Emi Lorena Guevara Guevara, jueza Coordinadora del Juzgado Civil y de Trabajo de Grecia.
Las primeras audiencias virtuales corresponden a procesos laborales en trámite en este despacho, que también atiende asuntos civiles.
Según indicó Guevara Guevara, los señalamientos se consignan tanto en la agenda cronos como en la agenda de Microsoft Teams, enviando oportunamente los link respectivos a las partes y en los correos proporcionados, para facilitar el enlace a la hora y fecha programada.
Afirmó que se pide a las partes estar 15 minutos antes de la hora fijada para la respectiva prueba de verificación de conectividad y asistencia y las pruebas de grabación.
“A la fecha se continúa organizando la agenda, señalando y celebrando audiencias virtuales, con utilización de los medios tecnológicos proporcionados, para lograr solventar en el menor tiempo posible la afectación que ha generado la emergencia del COVID-19, en la celebración de las audiencias presenciales”, dijo la jueza.
Destacó que las personas usuarias han manifestado su voluntad y anuencia a participar bajo esta modalidad virtual y manifiestan su satisfacción y alivio con la facilidad que brinda el Poder Judicial en el uso de la tecnológica.
La primera audiencia correspondió a un proceso de fuero especial. La parte actora y la abogada de la Asistencia Social de la Defensa Pública, se ubicaron en un espacio físico asignado a la Defensa y que se dispuso con la coordinación de la Administración Regional y la defensa de la sociedad demandada, por lo que se integró desde una oficina en Grecia.
Dos de las audiencias siguientes correspondieron a procesos ordinarios laborales. En uno de ellos, las partes y sus abogados particulares realizaron la conexión con el Juzgado, desde sus propias oficinas. En el otro caso, se utilizó el espacio coordinado por la Administración Regional y la parte demandada desde sus oficinas en Alajuela.
Estas tres audiencias estuvieron a cargo de la jueza Karla Artavia Nájera, quien presidió desde la Sala de Audiencias del despacho.
Una cuarta audiencia virtual, durante esa primera semana, estuvo a cargo de la jueza Mayra Cristina Cordero Espinoza y las partes asistieron desde sus oficinas en Grecia. Aquí se cumplió con la etapa preparatoria y complementaria de juicio. Se instó a la conciliación garantizándoles la privacidad de la etapa procesal, y se dejó a las partes en una sala de espera de forma virtual, para que lograran conversar en privado con sus respectivos abogados. Posteriormente la audiencia se reanudó y se dictó la resolución oral. Se otorgó audiencia sumarísima de prueba documental incorporada de último momento y se compartió el escritorio virtual vía Teams para que las partes observaran la prueba; se recibió declaración al testigo, y se otorgó el espacio para conclusiones.
Jueza Mayra Cristina Cordero Espinoza durante audiencia virtual.
Jueza Karla Artavia Nájera, quien presidió audiencias desde la Sala de Audiencias del despacho.
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Publicado: Martes, 26 Mayo 2020 16:13
- Es el primer matrimonio civil entre personas del mismo sexo celebrada en un Juzgado de Familia, tras entrar en vigor lo resuelto por la Sala Constitucional, que declaró la inconstitucionalidad de la norma prohibitiva del Código de Familia.
El Juzgado de Familia de Desamparados celebró la mañana de este martes 26 de mayo 2020, un matrimonio civil igualitario en cumplimiento de la resolución número 12782 – 18 de la Sala Constitucional, emitida el 8 de agosto del 2018. Es el primero que se realiza en un despacho judicial, en esta oportunidad realizado por la jueza Maureen Solís Madrigal, quien también es magistrada suplente de la Sala Segunda.
La actividad judicial se realizó bajo las medidas sanitarias establecidas por la emergencia provocada por el Covid–19, en las cuales los contrayentes asistieron con mascarillas protectoras de alta calidad, a excepción de la jueza Solís Madrigal, quien estuvo protegida por una mampara.
Las personas invitadas y familiares de los contrayentes tuvieron la oportunidad de observar por medio de la plataforma, Microsoft Teams. Dos personas servidoras judiciales fueron testigos con el fin de evitar la concurrencia de personas en el despacho y así cumplir con las medidas del Ministerio de Salud dirigidas a evitar la aglomeración de personas.
Entre las personas invitadas a presenciar la audiencia de manera virtual, estuvo la Magistrada de la Sala Segunda, Julia Varela Araya, quien coordina la Comisión de la Jurisdicción de Familia; el Magistrado de la Sala Primera, Román Solís Zelaya, quien coordina la Comisión de Acceso a la Justicia de la comunidad LGTBI, así como Teresita Ramellini, Directora de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica; Rodrigo Jiménez Sandoval, Facilitador de la Fundación Justicia y Género de ILANUD; Isabel Gamboa Barboza, Directora de Posgrado de Estudios de la Mujer, en la UCR; Allen Cordero, Director de la Escuela de Sociología de la UCR; Larissa Arroyo, Activista en Derechos Humanos y Luis Fernando Fernández, juez civil, testigo e integrante de la Comisión de Diversidad Sexual del Colegio de Abogados y Abogadas, así como representantes de instituciones públicas y agrupaciones que han colaborado en la lucha histórica por el reconocimiento de derechos civiles a personas del mismo sexo, como es la inclusión en el ordenamiento jurídico nacional la regulación para contraer matrimonio.
La jueza Maureen Solís, quien como se indicó tuvo a cargo el acto judicial, señaló en la Resolución número 20-20000579 que en su condición de persona juzgadora está únicamente obligada a aplicar el ordenamiento jurídico vigente y unir a una pareja es actividad judicial administrativa, no religiosa. En la citada resolución realiza un análisis de la normativa y jurisprudencia internacional y nacional sobre el reconocimiento de derechos humanos sin distingo de ninguna clase.
“Por mi experiencia como Jueza de Familia en el Poder Judicial de más 25 años, he podido observar, lamentablemente, que la violencia es usual en las relaciones familiares tradicionales. Como jueza en esta materia, tengo la esperanza que el nuevo tipo de familia que hoy es incorporado al ordenamiento jurídico costarricense, no siga la “tradición” de violencia. Bienvenido este matrimonio al Derecho Costarricense de Las Familias, así en plural”, de esta manera la jueza Solís Madrigal finalizó la diligencia judicial. También agradeció al Poder Judicial la capacitación recibida a lo largo de su carrera en la judicatura.
En la citada resolución de la Jueza Solís Madrigal se estableció la conservación del libro de actas en el que se consignó el matrimonio al tener un valor histórico y cultural para el país, por ello cuando el tomo se remita al Archivo Judicial este deberá conservarse. Los contrayentes ratificaron su solicitud, la cual fue incluida en el acta de matrimonio y en la fórmula que se dirige al Registro Civil.
Se destaca que el Juzgado de Familia de Desamparados en el período del 23 de marzo al 25 de mayo 2020, ha realizado 6 audiencias virtuales, ha emitido 1784 resoluciones de las cuales 189 corresponden a sentencias. Es un despacho que acata las disposiciones sanitarias del Poder Judicial avaladas por el Ministerio de Salud.
Departamento de Prensa y Comunicación
Poder Judicial
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Publicado: Viernes, 22 Mayo 2020 11:18
• Tribunal Colegiado Civil de San Ramón realiza primera audiencia complementaria.
Alajuela, San Carlos, Guanacaste y Zona Sur se enlazaron este jueves 21 de mayo, en una audiencia virtual en materia civil, que realizó el Tribunal Colegiado Civil de San Ramón.
Las partes del proceso, los abogados ligantes y el público en general asistieron de forma virtual a la audiencia complementaria dirigida por los jueces Elio Campos López, presidente; Mariano Argüello y Minor Jiménez.
En esta oportunidad, la tecnología permitió la conexión desde diversos puntos del país para que el proceso se desarrollara con normalidad, en lo referente a la interrogación de las personas testigos. De igual manera, se realizó el reconocimiento de los documentos compartidos en las pantallas, se resolvieron las objeciones presentadas y se procedió con la etapa de conclusiones.
La audiencia virtual tuvo una duración de tres horas con una conexión nítida. Además con la colaboración del personal técnico del Tribunal se procedió con la grabación y etiquetado de ésta, desde el Sistema de Grabación de Audiencias Orales (SIGAO) del Poder Judicial.
Todo este proceso se llevó acabo acatando los lineamientos establecidos en el Protocolo para la Realización de Audiencias Civiles, que impulsó la Comisión de Asuntos Civiles y que contó con la aprobación de Corte Plena.
La audiencia tuvo lugar el jueves 21 de mayo.
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Publicado: Jueves, 21 Mayo 2020 15:17
• Tribunal Colegiado Civil de Primera Instancia de San Ramón.
• Atendiendo los protocolos aprobados por Corte Plena para esta modalidad de audiencia.
San Ramón, Moravia y Zarcero se conectaron este lunes 18 de mayo, en la primera audiencia virtual en materia civil, que tuvo a cargo el Tribunal Colegiado Civil de Primer Instancia de San Ramón.
Tanto la parte juzgadora, como las partes integrantes del proceso y público en general, tuvieron un punto de encuentro, desde diferentes zonas del país y gracias a la tecnología virtual.
Las personas usuarias que accedieron a la realización de esta etapa del proceso bajo la modalidad virtual, resaltaron las ventajas del uso de esta herramienta tecnológica y la facilidad de su uso.
El Juez Carlos González Mora tuvo a cargo la dirección de la audiencia y destacó el seguimiento de los lineamientos establecidos por el protocolo para la realización de audiencias orales por medios tecnológicos en materia civil.
“La audiencia virtual contó con la participación de la parte actora, quien participó desde una oficina situada en San Ramón; la parte demandada, desde una oficina situada en Moravia, San José, e incluso con participación de público, desde Zarcero”, explicó el juez civil.
Durante el desarrollo de la audiencia, “…se estableció el objeto del proceso, se resolvió una excepción procesal, se discutió sobre la fijación de la cuantía, se definió el objeto del debate (hechos controvertidos), y finalmente la admisión de prueba. Las partes y sus respectivos abogados tuvieron la oportunidad de participar, discutir, objetar, recurrir y manifestar sus opiniones sobre los temas abordados en la audiencia virtual, todo en apego al Código Procesal Civil”, detalló el juez Carlos González.
Se utilizó la herramienta Microsoft Teams para el acto judicial virtual y el personal técnico destacado tuvo a cargo la grabación de toda la audiencia en el Sistema de Grabación de Audiencias Orales (SIGAO) del Poder Judicial; así como la etiqueta de todos los actos procesales.
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Publicado: Jueves, 21 Mayo 2020 15:10
• Iniciativa fue adoptada ante emergencia por la crisis sanitaria utilizando la herramienta Microsoft Teams.
Tras la emergencia por la crisis del Covid–19 (coronavirus), se han realizado en el Juzgado Laboral de Puntarenas audiencias virtuales en esta materia, realizadas por la jueza Wendy Martínez Garbanzo.
La primera audiencia virtual se desarrollada el jueves 07 de mayo del 2020, con anuencia de la oficina de Asistencia Social, a fin de realizar conciliación previa, ante la imposibilidad de ejecutarla de forma presenciales. Así las cosas, se consultó a las partes del proceso, su consentimiento para utilizar el sistema de audiencia virtual implementado por la institución y fue aceptado.
Según indicó Martínez Garbanzo, se efectuó una prueba con la Defensa Pública el antes del señalamiento y posteriormente se agenda en Microsoft Teams. En el calendario de la herramienta electrónica, se selecciona hora y fecha, para ingresar los correos aportados por las partes, donde llega un correo que contiene el link de invitación, donde se ingresa únicamente a la hora y fecha fijada por la autoridad judicial, quién acepta su participación.
Dentro de este tipo de audiencias, los participantes deben de contar con documento de identidad vigente, respetar las reglas de disciplina, vestimenta y ética impuestas por ley.
La segunda audiencia virtual, se realizó el martes 12 de mayo del 2020, a fin de evacuar prueba testimonial que se encontraba suspendida por la emergencia nacional. Las partes interesadas aceptan su realización y en este caso el apoderado especial judicial, contaba con cubículo en su oficina particular para realizar la audiencia de interés.
Las partes indicaron estar de acuerdo, toda vez que es una forma rápida de encontrar acceso a la justicia y resolución de sus casos.
La jueza Wendy Martínez mencionó que “es de suma importancia resaltar que la nueva herramienta que implementa el Poder Judicial nos permite brindar el servicio público con normalidad, realizando audiencias y resolviendo los procesos de una manera segura para la salud de los servidores y servidoras judiciales, así como de la persona usuaria, cumpliendo así con los objetivos institucionales”.
“Como juzgadora es causa de motivación dar continuidad al servicio público de calidad, resguardando la salud pública y superando los obstáculos que surgen ante el distanciamiento social y los que pueda surgir a futuro”, puntualizó Martínez Garbanzo.
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Publicado: Jueves, 21 Mayo 2020 11:50
- En cumplimiento con las recomendaciones de la Contraloría General de la República y los Lineamientos Generales de Gestión del Desempeño de las Personas Servidoras Públicas Ministerio de Planificación (MIDEPLAN).
Modificaciones en los factores y escalas de evaluación del desempeño, así como aspectos puntuales sobre responsabilidad y seguimiento y medidas sobre los planes de mejora y la primera evaluación institucional en esta materia, fueron los cambios que aprobaron magistradas y magistrados en la sesión de Corte Plena del lunes 18 de mayo 2020.
La exposición de los cambios a la normativa reglamentaria, estuvo a cargo de la Directora de Gestión Humana, Roxana Arrieta Meléndez y el Director Jurídico, Rodrigo Campos Hidalgo. La funcionaria Roxana Arrieta, puntualizó que esta labor se realizó en atención a lo ordenado por la Contraloría General de la República, en aplicación al Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635).
“Se identificó un total de cinco puntos en los cuales el Poder Judicial tiene autonomía para emprender cambios al reglamento, según las recomendaciones de Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) como la realización de seguimientos de desempeño, diccionarios de competencia, es discrecional el uso de las tablas de ponderaciones dentro del marco de componente de evaluación y las familias de puestos; el diseño de herramientas tecnológicas de acuerdo a las particularidades y la determinación del régimen recursivo contra el resultado final de la evaluación”, explicó Arrieta Meléndez.
El Director Jurídico, Rodrigo Campos Hidalgo, expresó que la propuesta final se basa en las disposiciones que establece la Ley 9635 “…la evaluación del desempeño en el Poder Judicial se rige bajo la normativa propia de la institución. Lo que estamos haciendo aquí, vía reglamentaria, es alinear el reglamento nuestro con los lineamientos que el Ministerio de Planificación emitió el 10 de diciembre del 2019”, detalló.
Uno de los cambios al Reglamento del Sistema Integrado de Evaluación del Desempeño del Poder Judicial, comunicado mediante circular 204-2019, señala la competencia de la Dirección de Planificación en el acompañamiento y alineación entre las metas del Plan Estratégico Institucional (PEI) y los Planes Anuales Operativo (PAOS), que serán los insumos para la evaluación del desempeño de las personas servidoras judiciales de todos los ámbitos sin distingo de puesto.
Factores de Evaluación. El primer factor es de Rendimiento que contempla cuatro niveles que involucran la contribución de la persona en el cumplimiento de los objetivos del PAO o el PEI, la percepción de la prestación de bienes y servicios realizada por la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, la contribución de los objetivos no contemplados en el primer nivel y los objetivos y metas establecidos por la persona trabajadora y el ente evaluador. El segundo Factor es el Competencial. Incluye las competencias genéricas contenidas en el perfil competencial de la institución, según el puesto y el ámbito.
La escala de evaluación se ajustó a lo establecido por MIDEPLAN, por lo que se definen las calificaciones de Insuficiente ( menos de 70 puntos), Bueno (igual o mayor a 70 y menor de 80), Muy Bueno (igual o mayor de 80 y menor de 90), Excelente ( igual o mayor de 90 y menor de 100) y Sobresaliente (igual a 100)
En el inciso 6 del artículo 20, sobre los efectos del resultado de la evaluación, se establece que cuando una persona trabajadora se niega injustificadamente a someterse a un plan de mejora, previa comprobación de la deficiencia mediante la aplicación de la evaluación del desempeño respectiva, entre otros aspectos, se pondrá en conocimiento del órgano disciplinario para lo correspondiente.
La modificación al reglamento es producto del trabajo de las personas que integran la Comisión de Evaluación del Desempeño del Poder Judicial. En este aspecto concreto se tuvieron a su cargo de la modificación al reglamento aprobado el cual se tuvo que adecuar a lo dispuesto por la Contraloría General de la República y MIDEPLAN.
En la sesión de Corte Plena del 2 de marzo 2020 se integró una comisión de seguimiento para la implementación de lo acordado por la Contraloría General de la República de cómo tenía que aplicarse en el Poder Judicial el Título III de la Ley 9635 en relación con el pago de las remuneraciones. Periódicamente se remite informes a la CGR sobre los avances.
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Publicado: Lunes, 18 Mayo 2020 13:06
- Datos registrados del 13 al 30 de abril.
- Acciones garantizan continuidad de servicios ante pandemia del COVID-19
La continuidad de los servicios de administración de justicia se mantiene como una prioridad para el Poder Judicial, ante la pandemia por el COVID-19 y las acciones emprendidas así lo demuestran.
Un total de 550 189 trámites en los diversos despachos judiciales se registran tan sólo en los últimos 15 días del pasado mes de abril. Este dato se desprende de los informes de seguimiento de la labor ejecutada por el ámbito jurisdiccional y aprobado por Corte Plena en la sesión del 13 de mayo 2020.
El estudio comprendió el trabajo de juzgados, juzgados mixtos, tribunales de primera instancia, tribunales de apelación especializados y mixtos, que presentaron sus planes de trabajo ante el Centro de Gestión Función Jurisdiccional tras la situación de emergencia sanitaria que afecta al planeta provocada por el COVID-19.
Específicamente en la atención de las gestiones de las personas usuarias de la materia Civil, Cobro, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Doméstica, Notarial, Pensiones Alimentarias, Agraria, Tránsito, Contencioso Administrativo y Contravencional.
Una de las materias con mayor demanda de servicio es la materia cobratoria que contabilizó un total de 244 863 asuntos en conocimientos, relacionados con resolución de escritos, sentencias, resolución de demandas nuevas, remates realizados, giros de dinero efectuados, entre otros.
Las materias de Familia, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica alcanzaron durante estos quince días de revisión, un total de 127 626 tramitaciones diversas como escritos resueltos, firma de asuntos varios, apremios resueltos, giros de dinero realizados y realización de diligencias, entre otras de sus labores.
En materia de Tránsito, el trabajo alcanzó la atención de 51 570 funciones bajo su competencia, entre las que destacan sentencias y otras resoluciones, atención al público vía telefónica y presencial, resoluciones agregadas y otros.
La jurisdicción civil registró un total de 43 372 trámites, que comprendieron resoluciones elaboradas, sentencias, escritos resueltos, nuevas demandas tramitadas, giro de recursos, etc.
Desde las funciones realizadas por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa se calcularon un total de 35 738 trámites diversos, que corresponden a labores como sentencias, resoluciones y expedientes firmados, resolución de escritos, entre otros.
En materia laboral se contabilizó en este período 30 648 gestiones en el país, durante el período de medición, en su mayoría sentencias, giros de dineros, escritos resueltos y expedientes firmados.
En las labores ejecutivas en materia agraria, en ese período, se registró 9083 funciones ejecutadas, como escritos resueltos, expedientes pasados a firmas, atención a personas usuarias, entre otras.
Las labores judiciales en la materia de contravenciones sumaron un total de 7207 procesos, sobre tramitación de expedientes, firma de resoluciones, sobreseimientos y escritos resueltos. Otras de las labores que atienden, se encuentran contempladas en las materias específicas del informe.
Y en materia notarial se contabilizaron 82 trámites relacionados puntualmente con sentencias del juzgado y del tribunal, así como la resolución de escritos.
Estos resultados incorporan un importante componente de reorganización interna de los despachos judiciales, siguiendo las directrices emitidas por Corte Plena y el Consejo Superior, para la prestación efectiva de los servicios ante la emergencia nacional por el COVID-19.
“Los despachos judiciales establecieron sus planes de trabajo, los cuales se analizaron desde las directrices de Corte y las Comisiones Jurisdiccionales, principalmente en la continuidad de los servicios. Este es un gran esfuerzo de cada despacho, que se vio respaldado por las herramientas tecnológicas que puso a disposición la Dirección de Tecnología de la Información”, explicó Erick Monge del Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional.
Teletrabajo judicial. Sara Castillo Vargas, integrante del Consejo Superior, tuvo a cargo la presentación del informe sobre el resultado de las directrices administrativas judiciales, emitidas por este órgano, lo que permitió poner en funciones los servicios judiciales bajo la modalidad de teletrabajo en 549 de las 838 oficinas judiciales.
Destacó que el 65% del personal judicial de estas oficinas (5795 personas trabajadoras judiciales), ejecutaron su labor desde el Teletrabajo, garantizando con ello la continuidad de los servicios y respetando con ello, las normas sanitarias.
“El teletrabajo en la institución, en esta época de crisis sanitaria, ha tenido una implementación fuerte y regulada por nuestro reglamento interno. Desde el Consejo Superior emprendimos acciones puntuales como la ampliación de las listas de puestos teletrabajables y ampliamos también las potestades de las jefaturas para que determinaran más funciones que pudieran adaptarse a esta modalidad, en un esfuerzo por garantizar la protección de las personas usuarias y la población judicial, manteniendo la continuidad de los servicios”, puntualizó Castillo Vargas.
El informe determinó que el nivel de cumplimiento y satisfacción en los planes de teletrabajo establecidos por las jefaturas para esta modalidad es contundentemente favorable y osciló de un 84% a un 95% en las distintas semanas en que se ha venido desarrollando.
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Publicado: Miércoles, 06 Mayo 2020 16:16
• Iniciativa evita el rezago en el trabajo de la Jurisdicción por motivo de la crisis provocada por el COVID-19
Erick Fernández Masís
Periodista
Los Magistrados y Magistradas de la Corte Plena aprobaron el “Protocolo para la realización de audiencias orales por medios tecnológicos en materia civil”, el cual emerge como solución ante la crisis sanitaria que se vive producto de la enfermedad del COVID-19.
Con el voto unánime de los integrantes del máximo órgano judicial, esta iniciativa busca evitar la afectación en la tramitación de los asuntos civiles, además de crear una herramienta que cotidianamente pueda ser utilizada e ir de la mano con las facilidades que permiten las nuevas tecnologías.
Esta opción avalada por la legislación civil de nuestro país, el Derecho Internacional, los Derechos Humanos en general y del Derecho Constitucional en particular, garantiza a las personas inmersas en una contienda judicial de naturaleza civil o mercantil, el derecho fundamental de un acceso real, célere, económico y efectivo a una justicia pronta y cumplida dentro de un marco de pleno respeto al debido proceso.
La propuesta posibilita que el servicio público de Administración de Justicia no se paralice o "atrofie" en cuanto a la realización de aquellas audiencias judiciales que así lo permitan, brindando un alto grado de seguridad jurídica para la materia civil y comercial, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 24.4 y 25.1 del Código Procesal Civil y 19 del Reglamento del expediente electrónico.
Para el Magistrado de la Sala Primera de la Corte y Coordinador de la Comisión de la Jurisdicción Civil, William Molinari Vílchez, este paso es importante, ya que se está optando por la modernidad y la eficacia, apelando a todas las posibilidades que tiene el Poder Judicial en materia tecnológica.
“Es increíble lo que esta institución puede hacer; mediante la Dirección de Tecnologías de la Información hemos logrado tener las herramientas necesarias para realizar audiencias virtuales y así dar una respuesta efectiva a las personas usuarias”, señaló el Magistrado Molinari Vílchez.
La iniciativa surgió mediante una propuesta del Tribunal Colegiado de Primera Instancia de San Ramón, quienes formularon un primer protocolo para la realización de las audiencias de manera virtual, el mismo fue presentado a la Comisión y junto a las Direcciones de Tecnologías de Información y Planificación, se le realizaron mejoras para su presentación.
Para Minor Jiménez, Juez Civil e integrante de la Comisión Civil, este proyecto es muy beneficioso, debido a que esta materia apuesta por la oralidad y el uso de las tecnologías, por lo que permitirá nuevas posibilidades en el ahorro de recursos para las partes en el desarrollo de las audiencias.
Por su parte, Farith Suárez Valverde, Juez Civil e integrante de la Comisión, señaló que el protocolo toma en cuenta el tipo de audiencias que se puede hacer por este medio, siendo que la Civil no presenta inconvenientes.
Enfatizó en la importancia de estandarizar reglas específicas para crear seguridad jurídica a las partes involucradas e incluir la alternativa de agregar nuevos sistemas y herramientas mediante la Dirección de Tecnologías de la Información y la aprobación del Consejo Superior.
El protocolo contiene disposiciones generales que incluyen el objeto de la realización de la audiencia, el ámbito de aplicación, la autenticación y el uso de tecnologías seguras, la identificación de las partes, el lugar, la vestimenta y el tiempo de las audiencias, así como el tema del manejo de la prueba y el respaldo de las mismas.
Otros elementos como los deberes éticos, la publicidad, el uso de intérpretes, la accesibilidad, la dirección de la audiencia, la recepción de declaraciones, la formas alternativas de resolución de conflictos, los sistemas a utilizar y lo que se debe hacer ante la interrupción de servicios son parte de las pautas generales.
Además, el documento contiene disposiciones específicas que refieren a las actuaciones previas a la audiencia, así como durante su realización.
La aprobación del Protocolo se dio en la sesión de Corte Plena del día de ayer lunes 4 de mayo.
Pies de foto:
1. El Protocolo se presentó mediante videoconferencia ante los Magistrados y Magistradas de Corte Plena.
2. Magistrado William Molinari Vílchez, Coordinador de la Comisión de la Jurisdicción Civil.
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Publicado: Martes, 05 Mayo 2020 15:49
Las audiencias en los procesos laborales que se convoquen bajo la modalidad virtual, cuentan ya con un protocolo que determina las pautas a seguir.
El Protocolo de Manejo de Audiencias Virtuales en los Procesos Laborales en Costa Rica recibió la aprobación de Corte Plena, en la sesión ordinaria de este lunes 4 de mayo.
El uso de las tecnologías bajo la modalidad virtual, se suma a las medidas de seguridad sanitaria que establecen las autoridades de Salud del país, para garantizar el distanciamiento físico entre las partes del proceso.
“La Administración de Justicia se ve sometida a cambios. Requerimos que los procesos judiciales continúen pero tutelando la salud de las personas trabajadoras y las partes en los procesos. El Poder Judicial cuenta con herramientas tecnológicas para hacer posible este cambio y en el Protocolo aprobado, la persona juzgadora estará en un lugar diferente que las partes del proceso y los testigos, de forma tal que interactuamos por medio de un sistema de videoconferencia”, destacó el magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, de la Sala Segunda.
Los lineamientos contienen aspectos como las reglas éticas de comportamiento en una audiencia virtual y las reglas para su desarrollo, cuyo primer punto corresponde al consentimiento de las partes para su realización, a partir del cual, se establece y se fija la fecha de la audiencia.
Las personas usuarias tendrán acceso a los expedientes laborales desde el Sistema de Gestión en Línea, mediante un usuario y contraseña otorgados en cualquier despacho judicial. Dicha gestión puede realizarse mediante una solicitud al correo del despacho.
El proceso se resguarda con la grabación de la audiencia y al finalizar se entrega una copia de ésta.
Cada despacho judicial realizará la coordinación correspondiente con las partes y definirán el mecanismo para llevar a cabo la audiencia virtual. En caso de que alguna de las partes no cuente con acceso a internet, la oficina judicial podrá brindar el servicio, mediante la creación de “Estaciones virtuales para audiencias”.
La Dirección de Tecnología de la Información en el corto y mediano plazo tendrá a su cargo las labores necesarias para poner a disposición los requerimientos tecnológicos.
“Nos tenemos que acostumbrar a que los asuntos judiciales se tramiten aplicando la tecnología, por lo que el cambio debe prevalecer luego de la pandemia, con el fin de hacer más eficiente la administración de justicia”, explicó el magistrado Luis Porfirio Sánchez.
El protocolo lo elaboró la Comisión de la Jurisdicción Laboral de la Sala Segunda, con la colaboración técnica de la Dirección de Planificación y de Tecnología de la Información del Poder Judicial.
Se destaca que la capacitación al personal inició desde la semana pasada.
El protocolo se aprobó en la sesión de Corte Plena del lunes 4 de mayo.
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Publicado: Miércoles, 06 Junio 2018 16:15
La necesidad de establecer un perfil del cargo de la magistratura, requisitos más rigurosos sobre preparación académica, idoneidad y experiencia, así como analizar aspectos relacionados con procesos de ampliación del nombramiento y requerimientos claros en casos de destitución fueron aspectos que se analizaron durante el Seminario Internacional organizado por el Poder Judicial.
La actividad se realiza en el marco de una iniciativa judicial de construir una propuesta de reforma para mejorar los procesos de designación de magistrados y magistradas.
Expertos nacionales expusieron sobre la evolución histórica del Poder Judicial y los cambios que ha presentado en cuanto a su integración y Gobierno Judicial.
Según explicó Manuel Solís Avendaño, Catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, a partir de los años noventa se emprenden cambios importantes para la selección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia a partir del establecimiento de la Comisión Permanente Especial de la Asamblea Legislativa, mediante una reforma al reglamento, manteniendo la potestad final del plenario legislativo.
‘Se introdujo con ello criterios calificativos para compensar la decisión política. A ello se suma una reforma constitucional del 2002-2003 que estableció los 38 votos para designar a magistrados y magistradas que fortalece su independencia’, explicó Solís Avendaño
A partir de estos años se comenzó a visualizar la necesidad de establecer un sistema de elección basado en criterios de idoneidad y se limitó la injerencia política.
Visualizar cambios trascendentales
Un segundo panel expuso sobre los aspectos positivos y negativos del modelo actual de selección.
Para Magally Hernández Rodríguez, Coordinadora de la Maestría de Derecho Público de la UCR y Letrada de la Sala Constitucional, surgen necesidades puntuales de normar el proceso de selección, valorar la posibilidad de que otros órganos políticos asuman esta competencia, el establecer más requisito para aspirar al cargo y valorar eliminar o limitar la reelección y que su condición de automática sea justificada. Además de establecer claramente en la constitución las causales de destitución y su procedimiento.
Hernández Rodríguez determinó que existen de fondo que deben tomarse en cuenta, como la discrecionalidad en la elección, la independencia e imparcialidad judicial, así como la transparencia que imponen reglas claras para cambiar la opacidad por la visibilidad, máxime que el nombramiento y el modelo de selección tienen una incidencia directa en el Estado de Derecho.
Para Alfredo Chirino Sanchez, Decano de la Faculta de Derecho de la UCR, se requiere cambios sustanciales directamente en las funciones que desarrolla la Comisión de Nombramientos del Congreso y la importancia de resolver la flexibilidad de los requisitos actuales para aspirar a estos cargos, que garantice un proceso más democrático, transparente y justo.
Jorge Vargas Cullel, Director del Estado de La Nación destacó que a partir del 2000, las designaciones fueron mayoritariamente por carrera judicial, más que por carácter político. Consideró necesario mantener la competencia de nombramiento en el Congreso, pero impulsar cambios en el sistema de elección con una reelección limitada, implantar las mismas condiciones para cargos propietarios como suplentes, una mayor calificación del método disciplinario y una revisión de los impedimentos e incompatibilidades.
Según expresó Constantino Urcuyo Catedrático de la UCR la designación de las magistraturas no pueden desligarse de la política y que el pluralismo es esencial para que funcione el sistema democrático.
Señaló que claramente el establecimiento de los 38 votos para la elección de este alto cargo judicial, dificulta que se de alguna irregularidad al requerirse más consensos para la decisión legislativa e impide la obediencia a un partido político. Consideró que sí deben existir filtros para las postulaciones y que se evalúen aspectos académicos, calidad y fondo de las sentencias, trayectoria pública personal y la relevancia de no designar personas que no hayan pasado por el filtro de la comisión.
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Publicado: Lunes, 07 Mayo 2018 15:12
Blindar de toda injerencia política el nombramiento de quien ocupe el cargo de Fiscal o Fiscala General y establecer un proceso de ingreso al Ministerio Público basado en atestados, experiencia e idoneidad, es lo que contiene el Proyecto de Carrera Fiscal que concretó Corte Plena este lunes 7 de mayo.
La propuesta de proyecto forma parte de las reformas urgentes al Poder Judicial que establecieron en su agenda de trabajo los magistrados y magistradas de la Corte Suprema Justicia.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, destacó el trabajo emprendido por las autoridades judiciales en la discusión y aprobación de propuestas de ley para una reforma integral al Poder Judicial.
“Iniciaremos un acercamiento con las autoridades del Poder Ejecutivo para darles a conocer la importancia y la urgencia de dotar al Ministerio Público con una Carrera Fiscal y desde la iniciativa de ley del Ejecutivo impulsar la aprobación de los proyectos que vamos concretando”, destacó Chinchilla Sandí.
En el caso del nombramiento de Fiscal o Fiscala General de la República, su designación requeriría la mayoría absoluta de la totalidad de los integrantes de Corte Plena. Se mantiene que el período sea por cuatro años, con posibilidad de reelección, únicamente por un período igual.
“No podrá ser nombrado como Fiscal General o Fiscala General, quien haya ocupado cargos políticos o vinculados a estos directamente en los últimos ocho años conforme lo definirá el Reglamento de esta ley”, contiene la propuesta en discusión.
También deberá cumplir con los requisitos constitucionales establecidos para ser magistrado o magistrada y se establece una experiencia mínima de 20 años de servicio como fiscal en cualquiera de sus escalafones.
El magistrado Fernando Cruz Castro, coordinador del equipo de trabajo que tuvo a cargo la construcción del texto base, destacó que la propuesta da otro impulso al Ministerio Público, “…para reivindicar a fiscalas y fiscales con una carrera y una estabilidad en el puesto. Fortalecemos con ello, el mandato de la Fiscalía General y que en el nombramiento impere la transparencia, meritocracia y la institucionalidad”.
Para el magistrado Paul Rueda Leal, “…este es el primer producto en el marco de un programa que la Corte se fijó el año pasado sobre Reformas Urgentes al Poder Judicial, donde nosotros ante la crisis quisimos aprovecharla en positivo y darle a la ciudadanía un mejor Poder Judicial, al plantear las reformas que se requieran para asegurar la independencia de esta institución y un fortalecimiento de la calidad del servicio que se brinda”.
Durante las sesiones de Corte Plena en las que se discutió la propuesta, se contó con el aporte de la Fiscala General de la República, Emilia Navas Aparicio y la Fiscala Subrogante, Mayra Campos Zúñiga.
“La propuesta aprobada por Corte Plena viene a asegurar que el Ministerio Público tenga funcionarios, funcionarias, fiscales y fiscalas con idoneidad ética y funcional, debidamente capacitadas y que los nombramientos se hagan por mérito, experiencia y trayectoria y no por otro motivo. Se regula el tema de los ascensos y el ingreso a la institución. También se fortalecerá el Consejo Fiscal y se crea el Consejo de Carrera Fiscal que colaborará en todos los trámites administrativos importantes en materia de selección, reclutamiento y capacitación”, resaltó la Fiscala General, Emilia Navas Aparicio.
En cargos como Fiscal o Fiscala Subrogante se establecería un mínimo de 10 años de experiencia continua como fiscales o fiscalas adjuntas.
Para los 11 escalafones que integran el Ministerio Público, las personas aspirantes no deben haber sido destituidos por medida disciplinaria a lo interno del Poder Judicial, ni registrar un despido en otra institución pública sin responsabilidad patronal, en los últimos 10 años.
La propuesta establece que únicamente mediante concurso por competencias, se realicen los nombramientos en propiedad de los cargos en la Fiscalía y las personas interesadas deberán ingresar al proceso de reclutamiento y selección y al Programa de Formación inicial que contempla un examen escrito, un examen oral, un curso teórico y una práctica dirigida.
Las personas aspirantes deberán someterse a unas pruebas técnicas selectivas y de valoración de idoneidad ética y moral, determinadas por la Dirección de Gestión Humana.
Además, quienes ingresen al Ministerio Público, serán sometidas a las investigaciones pertinentes mediante la oficina del Área de Valoración Psico-Sociolaboral (AVAL) del Ministerio Público.
También se estableció que el Fiscal o Fiscala General deberá rendir un informe de rendición de cuentas ante Corte Plena y la ciudadanía en general, en el marco de la transparencia y el control en la gestión de persecución penal.
El equipo de trabajo “Establecimiento de la Carrera Fiscal y requerimientos en la presentación del informe anual del Fiscal General”, fue liderado por el magistrado Fernando Cruz Castro, con la colaboración del magistrado Paul Rueda Leal, la participación de los magistrados y magistradas suplentes Jazmín Aragón Cambronero, Alicia Salas Torres, Ronald Salazar Murillo, la Fiscala General y Suborrogante, Emilia Navas Aparicio y Mayra Campos Zúñiga y la Asociación Costarricense de Fiscales.
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Publicado: Lunes, 07 Mayo 2018 13:55
Con una meta clara de reducir los tiempos en el señalamiento de los juicios e incrementar la productividad en la resolución de los conflictos penales, los Tribunales y Juzgados Penales del país emprendieron el trabajo dentro del Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal.
El viernes 4 de mayo, el Poder Judicial hizo la presentación oficial del Proyecto, que impulsa una estandarización de los procesos en los Juzgados Penales, Tribunales Penales y de Apelación, en las oficinas de la Fiscalía, Defensa Pública y el Organismo de Investigación Judicial, con la colaboración directa de las Administraciones Regionales de todo el país.
La propuesta la lidera la Presidencia de la Corte y su implementación está a cargo de la Dirección de Planificación del Poder Judicial.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, destacó el compromiso de jueces, juezas y personal técnico judicial por emprender el plan de trabajo y con ello, mostrar en el corto plazo, resultados muy positivos desde diciembre de 2017.
“Nos debemos a la Administración de Justicia para brindar un mejor servicio. Buscamos una estandarización de los procesos para resolver los asuntos, con tiempos de respuesta efectivos. Estas acciones no han requerido reformas legales y por ello buscamos darle mayor vigor y una identidad distinta al Código Procesal Penal vigente”, manifestó Chinchilla Sandí.
Se inició en agosto del 2017, mediante la visita a todos los tribunales penales y de flagrancia del país. En cada despacho se realizó un diagnóstico y se estableció un plan de mejoras, tendientes a incrementar la productividad, la cual se refleja en el número de sentencias y asuntos terminados; así como la reorganización interna para hacer más efectivo el señalamiento de los juicios y acortar tiempos en la tramitación de los asuntos.
La meta del Proyecto es que al 30 de abril del 2020, todos los Tribunales Penales del país mantengan una agenda de señalamiento de un máximo de 6 meses, luego de ingresado un expediente.
Cabe destacar, que en los primeros tres meses del presente año, los resultados son muy positivos, ya se contabilizan 5 Tribunales Penales con agendas de señalamiento a 6 meses máximo.
El 2017 registró un incremento del 4% en el número de sentencias dictadas y los asuntos terminados registraron en ese período un aumento del 10%, con respecto al 2016.
Reorganización de las agendas de señalamiento y a lo interno del despacho, el establecimiento de secciones colegiadas en secciones unipersonales, identificación de cuellos de botella en la tramitación y coordinación con el Ministerio Público, el OIJ y la Defensa Pública, fueron protagonistas para la efectividad en la implementación del plan.
Actualmente la Dirección de Planificación trabaja en la construcción del modelo en materia penal para su establecimiento formal a lo interno de la institución. Además se definió un cronograma para la intervención integral de los 15 Circuitos Judiciales del país y establecer su implementación.
Proyecto integral
Las acciones que se emprenden dentro de este plan de mejora, integra la participación de todos los actores que contempla la Jurisdicción Penal. De ahí el compromiso de las autoridades del Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial y la Defensa Pública.
Mayra Campos Zúñiga
Fiscal Subrogante de la Fiscalía General
Esta propuesta guarda relación con las acciones que exige nuestro Estado de Derecho. Es la posibilidad de poner en movimiento la maquinaria judicial, pero con un modelo de atención que contemple las necesidades de las personas usuarias y los recursos existentes en cada despacho judicial involucrado. Un modelo que mejore los tiempos de respuesta a los conflictos de índole penal.
Diana Montero Montero
Jefa de la Defensa Pública
Se planean mejoras en el servicio público que se brinda, las cuales visualizan las necesidades de las personas usuarias de nuestro servicio, lo cual resulta encomiable. El proyecto coincide con la filosofía de la actual Dirección de la Defensa Pública, en el sentido de maximizar el desempeño y los resultados con los recursos ya existentes, pues estamos conscientes de la realidad nacional a nivel económico y social y lo hace respetando siempre los principios fundamentales de un proceso penal democrático.
Walter Espinoza Espinoza
Director del OIJ
En el OIJ nos da una luz de esperanza y una necesidad evidente de participar en este proceso, sobre todo si tomamos en cuenta que los tiempos que estamos viviendo en nuestro país, en los esquemas de seguridad y criminalidad no son los mejores y con las mismas condiciones e insumos nosotros tenemos que enfrentar una situación cada vez más agresiva. Esperamos que nos visualicen como una policía, que los indicadores del Organismo no deben ni pueden ser nunca los de un fiscal, un juez o un defensor; que las jornadas de quienes laboramos en el OIJ son disímiles, que su capacitación es diferente, que las estrategias de trabajo son divergentes con las que tienen el resto de la población judicial.
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Publicado: Viernes, 27 Abril 2018 16:25
La situación actual del Circuito Judicial de Heredia en temas de rendimiento y requerimientos prioritarios para mejorar el servicio de administración de justicia, fue expuesto este viernes 27 de abril de 2018, durante la realización del Consejo Ampliado.
La actividad estuvo dirigida por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, así como representantes del Consejo Superior, el Consejo de Administración de Heredia e integrantes de los diversos despachos judiciales de la provincia.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, resaltó la importancia de atender los requerimientos en materia de infraestructura que requiere el Circuito Judicial de Heredia y manifestó el compromiso por atender las necesidades prioritarias.
Durante la sesión de trabajo de la mañana, el Presidente del Consejo de Administración, Andrés Vargas Araya, presentó un informe de rendición de cuentas. Resaltó la importancia de atender los requerimientos con un espacio judicial más adecuado y con ello mejorar las condiciones del personal y personas usuarias, pues la construcción de un nuevo edificio es una necesidad, así como la atención en la infraestructura de los despachos fuera de la edificación principal.
Se destacó el buen trabajo de diversas jurisdicciones como los Tribunales de Flagrancia y la importancia de evaluar y promover mejoras del servicio, ante el incremento de los asuntos, cuyos casos los atiende una sección del tribunal ordinario.
La Directora de Planificación, Nacira Valverde indicó que se abordará de manera integral la jurisdicción penal para la implementación del nuevo modelo penal.
Las autoridades penales heredianas señalaron de vital importancia los temas relacionados con el espacio para salas de juicio y reforzamiento de la materia de flagrancia como prioridad, valorar jornadas vespertinas para atender el volumen de asuntos y mejorar los recursos dirigidos en la zona de Sarapiquí; propuestas que ya valora la Dirección de Planificación.
También se destacó el trabajo de oficinas como la Defensa Pública con la asesoría legal gratuita en materia laboral y considerar el servicio en el cantón de Sarapiquí.
En la mesa principal participaron el Presidente de la Corte, Carlos Chinchilla Sandí, la Vicepresidenta, Carmenmaría Escoto Fernández, los magistrados Jesús Ramírez Quirós, William Molinari Vilchez y la magistrada Sandra Zúñiga Morales; la y los integrantes del Consejo Superior, Laura Chaves Lavagni, Carlos Montero Zúñiga, Gary Amador Badilla y Ramiro Salvador Arauz; la Directora Ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins y la Secretaria General de la Corte, Silvia Navarro Romanini.
Cabe destacar que las autoridades judiciales realizaron una visita a los despachos judiciales ubicados en el edificio principal de los Tribunales de Heredia.
En la tarde, se organizó un espacio para el diálogo con la comunidad.
La actividad contó con la participación de magistrados, magistradas, integrantes del Consejo Superior, la Fiscalía General, Defensa Pública, Organismo de Investigación Judicial, directores y directoras administrativas, la Secretaría General de la Corte, la Contraloría de Servicios, funcionarios y funcionarias de Heredia, San Rafael, San Isidro, Sarapiquí, Santo Domingo y San Joaquín de Flores, los alcaldes municipales de Heredia, Belén, San Pablo y San Isidro, fuerzas vivas de la provincia, personas usuarias y del Colegio de Abogados de la Filial de Heredia, representante de la Parroquia Inmaculada Concepción de Heredia, delegaciones policiales, centros educativos, centros de salud, centros de atención a la persona adulta mayor, entre otros.
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Publicado: Viernes, 20 Abril 2018 11:38
• XIX Cumbre Judicial Iberoamericana se desarrolla en Quito, Ecuador del 18 al 20 de abril
El Poder Judicial costarricense participa durante esta semana en la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana, que se celebra en Quito, Ecuador del 18 al 20 de abril.
La delegación es liderada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Carmenmaría Escoto Fernández, el magistrado Coordinador Nacional de Cumbre Judicial Iberoamericana, Román Solís Zelaya y el magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga.
El Poder Judicial de Costa Rica reafirmó el compromiso con Cumbre Judicial, con la integración de las comisiones en temas puntuales.
El magistrado Román Solís Zelaya mantiene su designación como coordinador nacional para Costa Rica de Cumbre Judicial Iberoamericana e integrante de la Comisión de Justicia Abierta, mientras el Presidente de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas Loáiciga mantiene su labor en el Grupo E-Justicia.
La Comisión de Seguimiento de Reglas de Brasilia la integrará la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Carmenmaría Escoto Fernández. La Presidenta de la Sala de Casación Penal, Doris Arias Madrigal, dará su aporte en la Comisión Permanente de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos Tribunales de Tratamiento de Droga y Alcohol (MARC-TTD); el magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez asume la integración en la Comisión de Ética Judicial y la magistrada suplente, Damaris Vargas Vázquez formará parte de la Comisión de Ambiente.
Además, el Poder Judicial de Costa Rica con el apoyo de funcionarios judiciales especializados, dieron importantes aportes en ejes de trabajo como Formación Judicial, nuevas tecnologías e innovaciones procesales, ésta última con la participación activa del magistrado William Molinari Vílchez.
Propuestas concretas en materia de Justicia Juvenil Restaurativa y Justicia Ciudadana y Participativa, fueron temas claves que se discutieron y aprobaron de forma unánime y por aclamación durante la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana que se desarrolla en Quito, Ecuador.
La participación del Poder Judicial ha sido clave en estas temáticas para favorecer el desarrollo de la justicia iberoamericana.
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Publicado: Viernes, 20 Abril 2018 11:31
• Durante VII Feria de Justicia y Tecnología, en el marco de la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana, que se realiza en Quito, Ecuador.
El Poder Judicial de Costa Rica presentó sus proyectos de investigación y desarrollo en el uso de Big Data e inteligencia de negocios.
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El equipo liderado por el magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga participa en la VII Feria de Justicia y Tecnología que se desarrolla como parte de las actividades de la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana, que tiene este año su sede en Quito, Ecuador.
El magistrado Rivas Loáiciga expuso sobre el uso de las tecnologías de innovación como el machine learning y el bid data aplicadas a las estadísticas judiciales y la inteligencia de negocios en la implementación de técnicas de manipulación, transformación y visualización de información para potenciar las habilidades del recursos humano judicial y la rendición de cuentas.
En el desarrollo tecnológico del Poder Judicial se destacaron los reportes estratégicos con información unificada de nuestras bases de datos, para controlar la formulación presupuestaria, ejecución de fondos del estado y la gestión de expedientes judiciales incluyendo materias como pensiones alimentarias, violencia doméstica, entre otras.
También se expuso sobre el análisis de sentimientos sobre redes sociales como Facebook y Twitter, con el fin de monitorear la opinión pública y realizar campañas de imagen o procesos de mejora en los diferentes servicios. El uso de predicciones para estimar la cantidad de expedientes que entrarán o que serán procesados en un juzgado, en una materia específica y los chatbots, el cual consiste en un chat automatizado para solucionar consultas comunes con personas usuarias internas y externas.
El equipo además contó con la participación de las funcionarias de la Dirección de Tecnología de la Información, Indira Melissa Calvo Gould, Carmen Quesada Chacón, Jefa, Sistemas de Información y Kattia Morales Morales, Directora, quienes tuvieron a cargo exponer los avances sobre integración tecnológica, el desarrollo del expediente electrónico y la Gestión de Archivo.
En la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana participa el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí y el Magistrado Román Solís Zelaya, Coordinador Nacional de Cumbre para Costa Rica.
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Publicado: Lunes, 02 Abril 2018 08:38
· Costa Rica recibe Presidencia Pro Témpore 2018
A partir de este jueves 22 de marzo, operadores de Justicia de los países de Centroamérica y el Caribe, se reúnen en Costa Rica para discutir los avances y compromisos sobre políticas en materia de aplicación de Justicia y Seguridad Jurídica, en la región.
Se trata de la “Reunión Ordinaria del Consejo Judicial para Centroamérica y el Caribe”, que se lleva a cabo en nuestro país los días 22 y 23 de marzo.
La cita cuenta con la participación de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Costa Rica, Presidentes de Poderes Judiciales y Tribunales de Justicia de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba; así como de España y México quienes asisten en calidad de miembros observadores.
También asisten representantes de la Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), cuerpo diplomático, organismos internacionales socios para el desarrollo.
En representación del Poder Ejecutivo participó el Ministro de Relaciones Exteriores, Manuel González Sáenz.
La apertura de la reunión realizada hoy jueves estuvo a cargo del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Hernán de León Batista, en calidad de Presidente Pro Témpore 2017.
“Esta reunión nos conducirá a tomar acuerdos importantes de nuestros pueblos hermanos y constituye un foro propicio para el intercambio de iniciativas y aspectos de justicia que permitan potenciar nuestro compromiso con la región.”; indicó el Presidente León.
En la ceremonia inaugural el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Carlos Chinchilla Sandí, recibió la Presidencia Pro Témpore del Consejo Judicial de Centroamérica y el Caribe (CJCC), para el año 2018.
“Quiero agradecer la confianza depositada por los distintos países, para que sea Costa Rica quien asuma este año ésta Presidencia. De mi parte puedo garantizarles mi mayor compromiso para asumir de manera responsable, transparente y colaborativa, esta labor; a fin de que todos los proyectos y acciones que se deriven de esta reunión, cuenten con el seguimiento adecuado para cumplir con los objetivos propios del Consejo.”, señaló el Magistrado Chinchilla Sandí, tras recibir la Presidencia Pro Témpore.
Con motivo de la celebración de ésta reunión, el magistrado Chinchilla destacó el trabajo colaborativo de los Presidentes y Presidenta de las Altas Cortes que participaron activamente en el fortalecimiento de los Poderes Judiciales, como un mecanismo garante de las democracias modernas. Así como la cooperación y voluntad de los países para el establecimiento de políticas judiciales unificadas que permitan fomentar la cooperación institucional.
Se potencia la solidaridad entre Poderes Judiciales, el intercambio y divulgación de buenas prácticas, la independencia judicial y la promoción de la impartición de Justicia en la región con un carácter más humano.
El Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe (CJCC), es el órgano integrador de políticas en materia de Aplicación de Justicia y Seguridad Jurídica entre los Poderes Judiciales de los países de la región, y que tiene como uno de sus objetivos, potenciar la institucionalidad de los operadores judiciales como instituciones del Estado con independencia política, funcional y económica, coadyuvando a la defensa del Estado de Derecho; consolidar la imparcialidad, estabilidad e independencia de los magistrados (as) y jueces (as) de los países miembros.
La actividad es organizada por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, y la Coordinación Nacional ante el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe. También asistieron Poder Ejecutivo costarricense y jerarcas de instancias judiciales del Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública y Escuela Judicial.
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Publicado: Miércoles, 14 Marzo 2018 15:02
· Emilia Navas Aparicio, primera mujer en ocupar el alto cargo del Ministerio Público
Mediante una votación pública y con la participación de medios de comunicación, los 22 magistrados y magistradas que integran la Corte Plena, acordaron nombrar de manera unánime a Emilia Navas Aparicio, en el cargo de Fiscala General de la República.
La decisión se tomó por acuerdo firme, en sesión de Corte Plena de este lunes 12 de marzo del 2018.
La elección al cargo, se realizó a través de un proceso abierto y con total transparencia. Así lo señaló el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí.
“Es una decisión histórica por dos razones muy importantes, primero porque es la primera vez que la Corte Plena con un gran compromiso democrático y de transparencia, decidió que la votación fuera abierta y pública, y con ello éste órgano se ajusta a los tiempos modernos de la trasparencia; y segundo porque Emilia Navas es la primera mujer en ocupar en propiedad el cargo de Fiscala General de la República, y eso nos llena de mucho orgullo, pues se reconoció las habilidades, capacidad, conocimiento y entrega en el trabajo que ha venido desarrollando en el Ministerio Público”, indicó Chinchilla Sandí.
Por su parte la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y Coordinadora de la Comisión de Nombramientos del Poder Judicial, Carmenmaría Escoto Fernández, destacó el nombramiento, como un acontecimiento importante al representar la primera mujer fiscal, en ocupar la máxima jerarquía del Ministerio Público. “El nombramiento de doña Emilia Navas representa otro avance muy importante en la igualdad de género de este país”.
“Me siento muy honrada con este nombramiento, al igual que lo hice hace pocos meses en el que juré cumplir fielmente el trabajo, lo vuelvo hacer hoy, poniendo en práctica una vez más, los valores con los que me he formado y que me permiten realizar cada una de mis tareas con probidad, honestidad y asumiendo con responsabilidad el compromiso con la institución, el Ministerio Público y el país”, afirmó Emilia Navas tras su juramentación como Fiscala General de la República.
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Publicado: Miércoles, 07 Marzo 2018 08:39
- Encuentro sirvió para informar sobre el trabajo que se realiza en el campo tecnológico en beneficio de la atención de la persona usuaria
Dar a conocer los avances en materia de tecnologías de la información en relación con el servicio judicial interno y externo, fue el objetivo del encuentro sostenido entre la Comisión Gerencial de Tecnología del Poder Judicial e integrantes del Consejo Superior.
La actividad se llevó a cabo el miércoles 28 de febrero en el edificio de la Corte Suprema de Justicia, en la cual la Dirección de Tecnología de la Información informó sobre los proyectos de innovación que se ha venido desarrollando en coordinación con otros órganos de la institución.
Para el Magistrado coordinador de la Comisión Gerencial, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, es fundamental destacar el trabajo que se desarrolla en materia de tecnologías de la información, específicamente en la creación de diferentes programas y aplicaciones para la mejora de la tramitación judicial.
“Las tecnologías de la información se adaptan completamente a la tramitación judicial, ya que nos permiten manejar y analizar documentos para resolver los asuntos con mayor rapidez y seguridad, lo que potencia la decisión judicial, haciéndola más asequible, ágil y segura” señaló el Magistrado.
Para Kattia Morales Navarro, Directora de Tecnologías de la Información, es importante resaltar que todo esta labor tiene como fin mejorar los procesos judiciales en todas las áreas de la institución, por lo que este acercamiento con el Consejo Superior se reviste de relevancia para actualizarles sobre el avance tecnológico judicial.
Morales Navarro señaló que es vital que la gerencia de la institución esté enterada de los pasos que se han venido dando, para así definir hacia donde se quiere llevar a la institución en materia tecnológica en los próximos años, planificar el trabajo y mejorar en las áreas que así lo ameriten.
También, Carmen Quesada Chacón, Jefa de la Sección de Sistemas de Información, destacó los servicios diseñados para el beneficio de la persona usuaria, tanto en la aplicación móvil como en la página web del Poder Judicial, resaltando temas como la consulta de la hoja de antecedentes penales, las pensiones alimentarias, impedimentos de salida del país entre otros.
“Es importante que el Comité Gerencial y el Consejo Superior conozcan sobre el trabajo que hacemos, el cual se hace con mucho esfuerzo y aprovechando los recursos existentes. Presentamos resultados y demostramos que contribuimos con la transparencia y la eficiencia del Poder Judicial” indicó Quesada Chacón.
Entre los diferentes proyectos que se presentaron destaca el Big Data, en que contempla el análisis de información en torno a los sentimientos en redes sociales como Facebook y Twitter en relación con el Poder Judicial.
Dicha herramienta permite analizar el comportamiento de las redes sociales y lo que ahí se dice de la institución, lo que permite dar una respuesta adecuada ante cada publicación que así lo requiera. Además, mediante este sistema, se puede almacenar información estadística sobre diferentes temas, lo que permite hacer mediciones y predicciones.
La presentación estuvo a cargo de Vivian Rímolo Soto, de la Gestión de Despachos Judiciales, Martín Hernández Serrano, Jefe del Área de Infraestructura y Carmen Quesada Chacón, jefa de la Sección de Sistemas de información.
En la reunión también estuvieron presentes el Presidente de la Corte, Carlos Chinchilla Sandí, la Vicepresidenta de la Corte, Carmenmaría Escoto Fernández, la Directora Ejecutiva, Ana Eugenia Romero Jenkins y los integrantes del Consejo Superior, Carlos Montero Zúñiga, Gary Amador Badilla, Ramiro Arauz Montero y Laura Chaves Lavagni.
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Publicado: Miércoles, 07 Marzo 2018 08:36
- Poder Judicial pone a disposición nuevo servicio
- Personas usuarias pueden consultar horarios de entrega
- Gestión en línea es personal y debe solicitar usuario y contraseña.
Con solicitar un usuario y contraseña en cualquier despacho o Contralorías de Servicios en todo el país o en el Registro Judicial de San José, las personas pueden obtener la hoja de delincuencia en forma digital.
En el Sistema de Gestión en Línea, ubicado en la página web del Poder Judicial (www.poder-judicial.go.cr) puede consultar los horarios de envío del documento, para que elija el que mejor se adapte a sus necesidades.
El trámite es una gestión personal y también puede solicitarse mediante la aplicación móvil del Poder Judicial, disponible en sistema Android y IOS.
“El importante avance e innovación tecnológica que hoy presenta el Poder Judicial, significa un paso más en beneficio de los servicios que nosotros prestamos todos los días. También significa un acercamiento hacia el usuario, en reconocimiento del acceso a la justicia como un derecho fundamental,que implica para nosotros funcionarios y funcionarias judiciales ese dinamo que nos permite aproximar los servicios que presta el poder judicial a nuestro destinatario”, comentó Carlos Chinchilla, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Paso a seguir
“El servicio está concebido para que la persona usuaria solicite a través del Sistema de Gestión en Línea la certificación para fines laborales. El usuario y contraseña, podrá obtenerlo en las Contralorías de Servicios del Poder Judicial, o en las ventanillas del Registro Judicial. Esta contraseña garantiza que la persona usuaria sólo podrá acceder a la información relacionada con su identificación, en resguardo al derecho a la intimidad protegido constitucionalmente”, explicó Saúl Arce Brenes, Jefe del Registro Judicial.
Luego, las personas solo deben ingresar al Sistema de Gestión en Línea, ubicado en la página web institucional: www.poder-judicial.go.cr.
Se elige la opción “Solicitud de hoja de antecedentes penales”. Con solo ingresar el nombre y número de cédula, el sistema automáticamente llena la información personal y al final del formulario, solo debe introducirse el número de teléfono y un correo electrónico en el cual recibirá un enlace para descargar la certificación, según los horarios de entrega establecidos por el Registro Judicial.
Las solicitudes que ingresen en días no hábiles el día anterior y hasta las 9:59 a.m. podrán contar con la certificación de antecedentes penales alrededor de las 10 de la mañana.
Quienes ingresen la solicitud entre las 10 a.m. y 11:49 a.m., el sistema generaría el documento alrededor de las 11:50 a.m.
Las gestiones entre las 11:50 p.m. y las 2:29 p.m., el documento se enviaría a las 2:30 p.m.
Y las que ingresan a partir de las 2:30 p.m. y hasta las 4:24 p.m., las certificaciones se enviarían a las 4:25 p.m.
Según explicó Arce Brenes, “… el nuevo servicio incorpora la firma digital, que otorga y garantiza autenticidad a la certificación electrónica. Si el documento es alterado, la firma se invalida”.
De acuerdo con el Contralor de Servicios del Poder Judicial, Erick Alfaro Romero, al poner a disposición este servicio, el Poder Judicial demuestra que escucha a la persona usuaria.
“Esta era una mejora que solicitaban las personas usuarias, aprovechando el desarrollo tecnológico. El documento digital que se expide cumple con todas las características formales de la certificación física y tiene el mismo valor, siempre que se entregue en formato digital en los lugares donde la soliciten y contiene lamisma información para fines laborales. Hay que recalcar que sigue siendo un trámite personal y que la contraseña y usuario, solo sirve para hacer gestiones personales”, puntualizó Alfaro Romero.
Para consultas y guía en el uso del sistema, se habilitaron las líneas telefónicas 2295-3682 / 2295-3460.
Además, está en desarrollo una aplicación para que los empleadores y empresas que reclutan personal puedan, más adelante, verificar la autenticidad de las certificaciones de antecedentes digitales, que presenten las personas.
Este trabajo ha sido posible, gracias a labor conjunta de la Dirección de Tecnología de Información, la Dirección Ejecutiva, el Registro Judicial y la Contraloría de Servicios, con el apoyo del Despacho de la Presidencia de la Corte.
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Publicado: Martes, 27 Febrero 2018 11:39
“Esta es una obra constructiva que responde a un proyecto institucional.
Esta es una zona de alto riesgo por inundaciones, por lo que estamos en la obligación de darle tranquilidad a nuestro personal judicial y personas usuarias la seguridad que necesitan”, así se expresó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí al llegar a la zona donde se construye el nuevo edificio de Tribunales de Justicia ubicado en la cabecera del cantón de Osa, Ciudad Cortés, localizado en lo que será el Complejo Cívico Cantonal.
La nueva obra la entregará la empresa constructora antes que termine este año 2018, que albergará 65 colaboradores quienes integran nueve despachos judiciales.
Posteriormente se realizó una visita a cada una de las oficinas del actual edificio, llevando la buena noticia de que pronto tendrán un lugar seguro para realizar sus tareas diarias.
En cada oficina el personal judicial se mostró complacido por la construcción del nuevo inmueble. Atrás quedará la angustia de inundación en época lluviosa, con la esperanza y convicción de que su lugar de trabajo soportará las inclemencias del tiempo en el invierno.
Las oficinas judiciales en Osa fueron una de las regiones más afectadas por el embate de la tormenta Nate el año anterior, por ello la Presidencia de la Corte y la Comisión de Construcciones ubicaron a Osa dentro del plan constructivo como una obra prioritaria y así lo aprobó Corte Plena.
La visita la realizó el jerarca judicial el 15 de febrero 2018, en compañía del Alcalde Municipal Alberto Cole de León, la Presidenta del Concejo Municipal Maritza Jiménez, la administradora del circuito Aura Yanes.
También participaron integrantes del Consejo Superior, Dirección Ejecutiva, Comisión Institucional de Emergencias y Comisión de Construcciones. El equipo técnico mostró los planos que identifican la ubicación de cada oficina y las áreas públicas de atención a las personas usuarias.
En la visita a los despachos, la Asociación Solidarista de Empleados Judiciales (ASOSEJUD) entregó mobiliario y electrodomésticos a las personas afectadas por el embate de Nate el año anterior.
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Publicado: Martes, 30 Enero 2018 11:39
Limón: Infraestructura judicial moderna es una realidad
· Diseño toma en cuenta criterios de accesibilidad y condiciones amigables con el ambiente.
Una Tercera Torre en el edificio de los Tribunales de Limón entró en funciones y refuerza los servicios de administración de justicia que se brindan desde la policía judicial y los despachos en materia civil, laboral, penal y penal juvenil.
El levantamiento de la obra gris tuvo una duración de un año y 9 meses aproximadamente, con un costo total de ¢3.248.088.123,40, en un área de construcción de 3 053 metros cuadrados.
Atendiendo criterios de accesibilidad, siguiendo las disposiciones de la Ley 7600 y criterios ambientales, la Tercera Torre Judicial de Limón se conecta con el edificio principal de Tribunales.
Para el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, las nuevas instalaciones otorgarán beneficios a la administración de justicia para la comunidad limonense y con ello el acceso a la justicia sin limitaciones.
“La Edificación de esta tercera Torre en los Tribunales de Justicia de Limón nos permite reforzar la presencia institucional del Poder Judicial. De igual manera, mayor cercanía para brindar un mejor servicio a la ciudadanía por medio de una infraestructura de primer nivel mediante condiciones modernas” destacó Chinchilla Sandí.
El coordinador de la Comisión de Construcciones del Poder Judicial, el magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga recalcó el impulso y desarrollo que se ha dirigido a Limón.
“Este esfuerzo es importante porque demostramos que los recursos públicos se invierten bien en infraestructura, que alberga en condiciones adecuadas a los funcionarios judiciales y con ello mejora el servicio a las personas usuarias” puntualizó Rivas Loáiciga.
Una parte del edificio está integrada por dos niveles y albergará a la Delegación del OIJ de Limón, espacio que se amplía para contar con cuarto de custodios, de contención, de reconocimiento con cámara de Gessell y dos celdas con sistema antivandálico en los accesorios iluminación y mecánicos.
La otra parte se compone de cuatro niveles y se ubicarán salas de juicio; una de estas con cámara de gessell para atender a personas víctimas, salas de testigos, de deliberación, un cuarto de lactancia. Además se ubican el Juzgado Penal Juvenil, Juzgado Civil, Tribunal Civil, entre otros espacios específicos.
La Torre incluye ascensores, escaleras de emergencia, sistema de aire acondicionado, de iluminación con ahorro energético, de alarma contra incendios, sistema de paneles solares fotovoltaicos, ahorro de agua, entre otros.
En el acto oficial participaron magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, representantes del Consejo Superior, de los Tribunales de Limón, de la Defensa Pública, el Organismo de Investigación Judicial, el Despacho de la Presidencia, la Dirección Ejecutiva, Dirección de Tecnología de la Información, Gestión Humana, Servicios Generales, la Contraloría de Servicios, el Centro de Apoyo a la Gestión Jurisdiccional, diputados de la región y representantes de la Municipalidad.
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Publicado: Lunes, 22 Enero 2018 15:37
La Corte Plena inició la discusión de la propuesta de ley para establecer la Carrera Fiscal, para garantizar la idoneidad y capacidad de las personas que se nombren en propiedad y de forma interna en el Ministerio Público.
Se analiza que únicamente mediante concurso por competencias, se realicen los nombramientos en propiedad de los cargos en la Fiscalía.
Las magistradas y los magistrados aprobaron durante la sesión de Corte Plena de esta mañana, los primeros 9 artículos de la propuesta de proyectos de ley sobre Carrera Fiscal. Y se contó con los aportes de la Fiscala General y la Fiscala Subrogante, Emilia Navas Aparicio y Mayra Campos Zúñiga, respectivamente.
La administración de la Carrera Fiscal estará bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa del Ministerio Público y la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, con el apoyo de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial.
Además, se crea el Consejo de la Carrera Fiscal, el cual estará integrado por la Fiscala o Fiscal General, el Fiscal o Fiscala Adjunto de la Unidad de Capacitación, la Jefatura de la Unidad Administrativa del Ministerio Público y por dos fiscales o fiscalas adjuntas nombradas por el Consejo Fiscal.
El Consejo de la Carrera Fiscal deberá recomendar los requisitos de los diversos concursos internos; así como presentar la terna conformada con las tres personas que hayan obtenido la mejor calificación, en el registro elegibles y según el puesto para el cual ofertaron. Además será un órgano consultor de la Fiscalía General, entre otras atribuciones.
Se estableció que el escalafón de las personas integrantes del Ministerio Público será un registro de acceso público, el cual deberá considerarse a la hora de evaluar los ascensos y movimientos internos dentro del Ministerio Público, pues se tomará en cuenta méritos, evaluación de desempeño, capacitación y tiempo servido.
Se deberá mantener un expediente de cada persona funcionaria del Ministerio Público, con datos como nombramientos, ingreso, declaraciones juradas, movimientos, reconocimientos, acciones disciplinarias, capacitaciones recibidas, entre otros.
Con ello se busca potenciar y desarrollar las competencias profesionales básicas, para el desempeño de sus labores, garantizando con ello la capacidad e idoneidad funcional y ética, sobre la base de criterios objetivos y transparencia en la valoración.
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Publicado: Miércoles, 17 Enero 2018 16:06
Agilizar la discusión en el pleno de la Corte Plena durante el conocimiento de los proyectos de reformas urgentes al Poder Judicial, es el compromiso que asumieron los magistrados y magistradas este lunes 15 de enero, al aprobar una serie de reglas básicas.
“Con ello hemos logrado poner un orden y tiempos relevantes para ser céleres en el conocimiento de los proyectos de reformas urgentes. Reafirmamos el proceder responsable de la Corte Suprema de Justicia, de sus magistrados y magistradas. Este reglamento permitirá que en tiempos efectivos concretemos un compromiso que adquirimos con la ciudadanía”, puntualizó Carlos Chinchilla Sandí, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
El acuerdo de Corte Plena definió que las reformas se conocerán los lunes en las sesiones de la mañana. Además se mantiene abierta la posibilidad de convocar sesiones extraordinarias para continuar con el análisis, si así lo considera el Presidente de la Corte o a solicitud de siete magistrados y magistradas.
Las propuestas se conocerán conforme cada equipo de trabajo las concreta y las remita ante Corte Plena y se tomará en consideración el interés institucional y la necesidad del programa de medidas urgentes.
Se establecen tiempos específicos para el uso de la palabra de magistrados y magistradas, el cual no podrá exceder los cinco minutos durante la discusión y podrá cederse este tiempo a otro integrante de la Corte.
En la página web http://www.poder-judicial.go.cr/unmejorpj/index.php/documentos-corte-plena, se pueden ubicar los productos entregados a Corte Plena y listos para discusión. Una vez aprobados los documentos, también se publicarán en este sitio.
Carrera Fiscal inicia trámite de aprobación
El establecimiento de la Carrera Fiscal será el primer producto que se someterá a discusión y aprobación de Corte Plena, bajo estos nuevos lineamientos internos, durante la sesión de la mañana del lunes 22 de enero.
Se definió que por lo complejo de la propuesta, se analizará y aprobará el documento por segmentos. En esta primera sesión se analizarán del artículo primero al 20. Para el 29 de enero, se procederá con la discusión del artículo 21 al 31 y se espera finalizar el 5 de febrero, del artículo 32 al 41, hasta su aprobación final.
Para el magistrado Fernando Cruz Castro, coordinador del equipo de trabajo que tuvo a cargo trabajar en la propuesta de Carrera Fiscal, “…esta es una aspiración de hace muchos años, porque considero que este es uno de los proyectos urgentes y que permitirá fortalecer la institucionalidad de la Corte y de la Fiscalía. Hoy se cuenta con más de 450 fiscales en el país, con el conocimiento de asuntos de mayor complejidad y sensibilización política ante reformas legales”.
Además destacó el trabajo emprendido por la Fiscalía General, el magistrado Paul Rueda Leal y la Asociación Costarricense de Fiscales y Fiscalas de Costa Rica.
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Publicado: Martes, 16 Enero 2018 10:21
La Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Carmenmaría Escoto Fernández planteó en Corte Plena de este lunes, un pronunciamiento en defensa de la dignidad de las mujeres que laboran para el Poder Judicial, tras las manifestaciones de un candidato a la presidencia días atrás, quien cuestionó los ascensos de las funcionarias judiciales.
La iniciativa fue apoyada por las magistradas Doris Arias Madrigal, Iris Rocío Rojas Morales y las magistradas suplentes Sandra Zúñiga Morales y Marcela Allón Zúñiga. El pronunciamiento oficial fue avalado por Corte Plena y declarado acuerdo firme.
Las magistradas que integran el máximo órgano judicial, defendieron los procesos transparentes y profesionales que marcan la carrera judicial de las mujeres que laboran para la institución.
La Vicepresidenta Carmenmaría Escoto Fernández señaló que “…como mujer, como Vicepresidenta de la Corte, de manera enfática, no acepto que se ponga en duda ningún proceso o procedimiento de ascenso, de las mujeres juzgadoras y demás funcionarios y funcionarias del Poder Judicial. Tengo más de 30 años en la institución y con orgullo, claridad y viéndoles a los ojos, al igual que mis compañeras, les hemos de decir que estamos aquí por nuestros logros, del sacrificio nuestro y de nuestras familias, por todo lo que aprendemos a diario”.
Por su parte, la magistrada de la Sala Primera, Rocío Rojas Morales indicó que “…las mujeres en el Poder Judicial hemos ascendido con esfuerzo y dedicación. Para nosotras que nos corresponde participar en la formación de los hijos, de la atención del hogar y la oficina, la tarea es muy agotante. Las mujeres hemos hecho un gran esfuerzo por ascender en lo que nos hemos formado y de manera alguna, vamos a permitir que se sugiera que aquí se logra alcanzar estos puestos con otra forma que no sea la excelencia profesional y la excelencia de nuestro esfuerzo y el de nuestras familias. Este es el ejemplo de sacrificio de esfuerzo y de valentía de las que estamos aquí y no vamos a permitir que nadie menoscabe esto y lo hacemos por nosotras y las futuras generaciones”.
En criterio de la Presidenta de la Sala de Casación Penal, Doris Arias Madrigal, “…el Poder Judicial desde hace más de 20 años tiene una carrera judicial instaurada. Todas las personas para poder ascender a los cargos, gracias a esta legislación, pasarnos por criterios objetivos de selección y frente a esos criterios de selección debemos demostrar la idoneidad en el ejercicio de los cargos públicos. En razón de ello, me siento orgullosa de ser costarricense, pero también me siento orgullosa de ser funcionaria judicial, que ha logrado los ascensos en esta institución gracias a la excelente carrera judicial que tenemos. No debemos ser violentadas desde el punto de vista de la violencia política y la violencia estructural”.
La magistrada suplente de la Sala de Casación Penal, Sandra Zúñiga Morales, hizo hincapié en unirse “…a cada una de las manifestaciones de apoyo que se han expresado a través de la Presidencia y de los diversos gremios de la institución. Rechazo cualquier insinuación que denigre los esfuerzos y sacrificios de cada mujer de esta institución y en general del país. Invito a cada una de las mujeres judiciales para que sigan profesionalizándose, superándose y dando un ejemplo no solamente a la sociedad actual, sino también a las futuras generaciones. La llave del éxito siempre estará en el mayor esfuerzo en cada una de nuestras labores”.
Por su parte, la magistrada suplente de la Sala Segunda, Marcela Allón Zúñiga, expresó que “…como mujer, frente a una serie de comentarios que nos deslegitiman los esfuerzos que cada una de las mujeres de este país hacemos por sacar adelante, no solamente a nosotras mismas y superarnos, sino también a nuestras familias. Las estadísticas demuestran el nivel educativo en la formación formal que hemos superado las mujeres de este país”.
Finalmente, los magistrados y la magistrada de la Sala Constitucional no se pronuncian sobre el tema planteado en el comunicado porque tienen en conocimiento, recursos que figura como parte, el candidato presidencial Juan Diego Castro Fernández.
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Publicado: Jueves, 21 Diciembre 2017 16:14
La Ley Orgánica del Poder Judicial, vigente desde 1994, autoriza a disponer de licencias con goce de salario para ejecutar proyectos de interés institucional y urgentes, para brindar un servicio público de calidad.
Estas licencias tienen respaldo en lo que dispone el numeral 44, párrafo cuarto, de dicha Ley, que en lo que interesa señala: “…en casos muy calificados y para asuntos que interesen al Poder Judicial, la Corte podrá conceder licencias con goce de sueldo o sin el a los Magistrados y el Consejo a los demás servidores hasta por un año prorrogable por periodos iguales, a fin de que los servidores judiciales se desempeñen temporalmente en otras dependencias del Estado, o bien cuando les encargue labores y estudios especiales”.
Así mismo en el artículo 81, inciso 18) se dispone que al Consejo Superior del Poder Judicial le corresponde: “… conceder licencias con goce de sueldo a los servidores judiciales, para realizar estudios o proyectos que interesen al Poder Judicial”.
Consecuentemente, este es un mecanismo legal y ordinario al cual se ha venido recurriendo desde hace varios años atrás, para cubrir las necesidades del servicio público en proyectos estratégicos de interés nacional.
El costo económico para cubrir esas licencias, se incluyeron dentro del presupuesto institucional, tramitado por el Ministerio de Hacienda, expuesto ante la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios y aprobado por el Plenario Legislativo, en segundo debate el día 23 de noviembre del presente año.
Riguroso control. La ejecución e implementación de los proyectos en donde se empleará el recurso humano tienen fundamento en estudios técnicos, realizado por las unidades administrativas responsables, según las necesidades del servicio público y con el fin de garantizar una mejor atención al usuario y una mayor eficiencia, sin que implique la creación de nuevas plazas permanentes ordinarias.
El seguimiento y control se realiza bajo un enfoque científico de administración de proyectos, sujeto a evaluación del desempeño de los servidores y las servidoras judiciales.
El nombramiento de las personas juzgadoras que forman parte del plan se apega a la Ley de Carrera Judicial, que garantiza un proceso transparente, objetivo y bajo parámetros de idoneidad, y que cuenta con los controles y procedimientos respectivos por parte de las unidades técnicas responsables y en donde no hay injerencia del nivel de dirección del Poder Judicial.
Es decir, se eligen profesionales tomando en cuenta el cumplimiento de los requisitos que exige el Manual de Puestos del Poder Judicial. Estos requisitos también deben cumplirlos las demás personas servidoras del Poder Judicial.
Actualmente la institución desarrolla proyectos para ejecutarse en el 2018, por ello se requiere personal adicional, aprobados por el Consejo Superior en la sesión del 7 de diciembre 2017 por un plazo de tres meses, costos que se encuentran contemplados en el presupuesto recién aprobado por la Asamblea Legislativa.
De no hacerlo se impactaría de manera abierta la ejecución de proyectos estratégicos para la mejor atención de la persona usuaria y el desarrollo institucional.
Beneficios para las personas usuarias. La institución tiene previsto con estos recursos exclusivamente impulsar proyectos que incidirán en la prestación de un mejor servicio público, donde se espera obtener, entre otros, los siguientes beneficios para las personas usuarias.
- Transformación física a electrónica en los diferentes despachos judiciales, que permitirá un acceso digital a los expedientes por parte de la ciudadanía.
- Incremento en la cantidad de señalamientos y sentencias.
- Disminución en los tiempos de espera para la realización de juicios.
- Definición de indicadores de gestión en todas las oficinas.
- Estandarización de agendas.
- Definición de una estructura modelo de trabajo en las diferentes oficinas.
- Mejor aprovechamiento de los recursos institucionales.
Entre los proyectos prioritarios se encuentra reforzar la jurisdicción penal, principalmente en el señalamiento de audiencias y juicios para reducir los tiempos de duración, que es una de las principales quejas de las personas usuarias.
Es así que la institución procura y propone acciones concretas para cumplir con el mandato constitucional de justicia pronta y cumplida.
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Publicado: Jueves, 21 Diciembre 2017 10:32
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí y los coordinadores de los equipos de trabajo que tiene a cargo la construcción de las propuestas de reformas urgentes al Poder Judicial se reunieron para analizar la forma de garantizar la agilidad en las discusiones de estos temas en las sesiones de Corte Plena.
El producto sobre Carrera Fiscal tendrá la prioridad de discusión a partir del mes de enero de 2018.
Se definió que las sesiones de los lunes en la mañana, de 8:00 a.m a 12:00 m.d, serán el espacio de discusión de los productos de reformas urgentes.
“Definimos prioridades durante la reunión de coordinadores de equipos de trabajo. En este momento la propuesta del proyecto de ley de Carrera Fiscal es la que consideramos más importante, por lo que proponemos algunas normas prácticas para sacar en tiempo efectivo las reformas definidas, con el fin de que de parte del Poder Judicial se implementen de forma inmediata las que así lo permitan, y acudiríamos a la Asamblea Legislativa en aquellas propuestas que requieran una reforma legal y constitucional”, explicó Chinchilla Sandí.
Para los magistrados y magistradas de Corte Plena es fundamental que la ciudadanía esté informada del trabajo que se realiza en esta materia.
En la reunión participaron los magistrados Carlos Chinchilla Sandí, Presidente de la Corte, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Román Solís Zelaya, William Molinari Vílchez, Orlando Aguirre Gómez, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, Fernando Cruz Castro y Paul Rueda Leal, el letrado de la Sala de Casación Penal, Ricardo Salas Porras, la Directora de la Defensa Pública Diana Montero Montero, la Directora Ejecutiva de la CONAMAJ, Sara Castillo Vargas, la Directora del Despacho de la Presidencia, Patricia Bonilla Rodríguez y el asesor de la Presidencia, Juan Humberto Rodríguez Barrios.
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Publicado: Domingo, 10 Diciembre 2017 11:35
Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia no tienen competencia alguna para determinar cuándo, cómo o por qué se jubila un empleado judicial, ese es un tema que le corresponde definir a ciertos órganos técnicos e independientes como lo son el Departamento de Gestión Humana, el Consejo Superior del Poder Judicial y, cuando hay una especial condición de salud, el Departamento de Medicina Legal (Medicatura Forense) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en particular el Consejo Médico Forense (órgano colegiado integrado por diversos especialistas en ciencias médicas y de la salud, previsto en los artículos 34 y 35 de la Ley Orgánica del OIJ).
La verificación o cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y técnicos para una jubilación son resorte de los órganos técnicos indicados.
El artículo 81, inciso 15), de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que es una competencia exclusiva del Consejo Superior del Poder Judicial “otorgar toda clase de jubilaciones y pensiones judiciales”.
En el caso de la jubilación por especiales condiciones de salud que generan un grado de incapacidad para ejercer sus funciones, llamada en el argot judicial como “separación para el mejor servicio público”, al empleado se le otorga una jubilación proporcional y permanente, además de liquidársele los derechos laborales correspondientes. Eso lo disponen los órganos técnicos e independientes señalados con fundamento en leyes vigentes y plenamente aplicables como lo son los artículos 223 del Código de Trabajo, 26, párrafo 4°, 226 y 228 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El Consejo Superior del Poder Judicial en reiteradas ocasiones ha utilizado esa facultad legal de jubilar a un empleado judicial por razones de salud e incapacidad para ejercer sus funciones. Obviamente, la persona a quien se le aplica puede discutir el asunto en las instancias administrativas y judiciales respectivas.
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Publicado: Miércoles, 01 Noviembre 2017 13:58
Con la integración formal de la Comisión de Crisis del Poder Judicial, la institución mantiene la coordinación permanente de las acciones que corresponden tras el paso de la Tormenta Nate en el país. Los esfuerzos se concentran en la atención de la población judicial afectada (Osa, Quepos, Guanacaste, Aserrí y Acosta) y la habilitación de los despachos judiciales en Osa.
Las decisiones han sido inmediatas, gracias al trabajo coordinado de la Presidencia de la Corte, que lidera el trabajo, los magistrados Luis Guillermo Rivas Loáiciga y Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, así como el Consejo Superior, la Dirección Ejecutiva, los Consejos de Administración de los Circuitos Judiciales del país, las Direcciones de Tecnología de la Información, Gestión Humana, el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público, el Centro de Apoyo a la Función Jurisdiccional, el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional y la Comisiones de Ética y Valores y Acceso a la Justicia.
A nivel administrativo, desde el Consejo Superior se han dictado directrices que permitieron al Poder Judicial actuar de forma expedita, como la declaratoria del asueto los días jueves 5 y viernes 6 de octubre, la potestad de los Consejos de Administración de las zonas afectas, para evaluar las condiciones y tomar acciones a favor de la seguridad del personal judicial, las personas usuarias, así como de los bienes de la institución.
La Comisión de Crisis y los Consejos de Administración mantienen una comunicación permanente para establecer las necesidades prioritarias de los despachos afectados y el personal judicial y se trabaja desde el pasado viernes 6 de octubre, en la rehabilitación de los servicios judiciales esenciales, en las zonas de mayor afectación.
Se ha coordinado el envío de ayuda para la limpieza de los inmuebles y el reemplazo del equipo y mobiliario de oficina que quedaron en desuso debido a las inundaciones. También se coordina el acopio y envío de alimentos no perecederos, de higiene básica y limpieza para las y los servidores judiciales en diferentes zonas del país que lo requieren y se emprenden acciones para atender al personal que aún se encuentra en las zonas de riesgo.
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Publicado: Miércoles, 01 Noviembre 2017 13:57
Debido a los trabajos de reforzamiento estructural del edificio de la Corte Suprema de Justicia, a partir de este lunes 23 de octubre, se habilitará la puerta del costado este, la cual se encuentra detrás del edificio, como único acceso para personal judicial y personas usuarias, así mismo se mantendrá clausurada la puerta de acceso principal del costado oeste, la cual está frente del edificio.
Adicionalmente, se reubicaron temporalmente oficinas y despachos como la Secretaría General de la Corte: piso 8 (oficinas 802, 803, 805, 806 y 807), Secretaría Sala Primera: pisos 6 y 8 (oficinas 604, 605 y 804), Secretaría Sala Tercera: piso 6 (oficinas 603, 606 y 607), Contraloría de Servicios: piso 6 (oficina 601),Secretaría de Género: piso 8 (oficina 801), Justicia Restaurativa: pisos 6 y 8 (oficinas 602 y 808) y Oficina Contra el Retraso Judicial: piso 4, edificio del Juzgado de Tránsito.
Según explicó el Ingeniero de Poder Judicial, José Guillermo Vindas Cantillano, el edificio se reforzará por medio de la inserción de muros estructurales principalmente, estos se colocarán desde sus cimientos hasta el último nivel (piso 9). El objetivo principal es salvaguardar a la población civil que habita y visita el inmueble, mitigando finalmente la vulnerabilidad sísmica que tiene el edificio en la actualidad.
“Este reforzamiento actualizará su comportamiento ante cargas de solicitación sísmica según los requerimientos que exige el Código Sísmico 2010. Además, complementariamente se actualizarán todos los sistemas electromecánicos según lo solicitado por los códigos vigentes respectivos, incluida también algunas actividades internas en el área arquitectónica”, agregó Vindas Cantillano.
Estos cambios se mantendrán mientras los trabajos de reforzamiento así lo requieran y hasta nuevo aviso, con el fin de resguardar la seguridad de todas las personas que ingresen al edificio. El reforzamiento estructural inició este mes de octubre y está previsto que termine en abril del 2019 aproximadamente.
Los despachos de la Sala Segunda se trasladaron al edificio Mira, en Zapote y la Sala Constitucional al edificio Impala ubicado en Calle Morenos, sin embargo, esta última mantiene una oficina auxiliar de Recepción de Documentos en el piso 8 (oficina 800).
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Publicado: Miércoles, 01 Noviembre 2017 13:54
Autoridades judiciales inauguraron la mañana de este viernes 27 de octubre, el nuevo edificio de los Tribunales de Justicia de Jicaral de Puntarenas.
Durante el acto oficial de apertura, el Presidente de la Comisión de Construcciones y de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas Loáiciga indicó que en los edificios judiciales, los funcionarios y las funcionarias tienen que resolver los casos con justicia, con imparcialidad e independencia para terminar con los conflictos para beneficio de las comunidades.
"Tenemos que regocijarnos con estas construcciones, con estos proyectos que llegan a su final, como es el caso de Jicaral", dijo el Magistrado Rivas Loáiciga.
Para la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Carmenmaría Escoto Fernández, esta es una ocasión muy trascendental e histórica, pues es una muestra del compromiso que tiene el Poder Judicial, por fortalecer su institucionalidad y reforzar su presencia en todas las localidades del país.
"Hoy inauguramos un edificio que traerá muchos beneficios para esta comunidad, pero también para todas las zonas aledañas de Puntarenas, porque tendrán oficinas judiciales más cercanas" señaló la vicepresidenta.
Luis Fernando Barrantes Chavarría, representante de la comunidad, aseguró que este edificio representa un sueño hecho realidad y mencionó que "la historia de las instituciones se construye a partir de los sueños de sus miembros y por qué no de su pueblo, la historia de nuestra comunidad ha sido construida a partir del impulso vital de generaciones de líderes".
El nuevo inmueble es una construcción sostenible, amigable con el ambiente, cuenta con un área de 1045 m2 y albergará el Juzgado Contravencional, Defensa Pública, OIJ, Juzgado Penal, Trabajo Social, celdas y oficinas administrativas.
En la actividad participaron además la Magistrada Julia Varela Araya y los Magistrados Román Solís Zelaya, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, Jesús Ramírez Quirós, Luis Fernando Salazar Alvarado y Orlando Aguirre Gómez, así como integrantes del Consejo Superior Carlos Montero Zúñiga, Hugo Hernández Alfaro y Milena Conejo Aguilar.
De igual manera, la Directora a.i de la Defensa Pública, Diana Montero Montero; el Subdirector del OIJ, Gerald Campos Valverde; la Directora Ejecutiva, Ana Eugenia Romero Jenkins; la Directora del Departamento de Planificación, Nacira Valverde Bermúdez; la Directora de Tecnología de la Información, Kattia Morales Navarro y la Jefa y el Subjefe de Servicios Generales, Alexandra Mora Steller y José Guillermo Vindas Cantillano respectivamente.
