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Publicado: Viernes, 18 Octubre 2019 15:17
Recientemente el Consejo Superior reafirmó el compromiso de garantizar el derecho de la persona sobreviviente, tras el fallecimiento de un servidor o servidora judiciales del mismo sexo, de solicitar el otorgamiento de una pensión.
El órgano administrativo judicial recalcó lo dispuesto en la “Política Respetuosa de la Diversidad Sexual”, aprobada por Corte Plena en setiembre del 2011, para su aplicación en estos casos, durante el análisis de un caso en particular.
El acuerdo del Consejo Superior también basó su decisión, en el criterio técnico de la Dirección Jurídica del Poder Judicial el cual, después de un amplio análisis normativo, jurisprudencia y convencional, señaló que “…El Poder Judicial está llamado a realizar las acciones afirmativas necesarias para garantizar igualdad en todo tipo de poblaciones, dada la diversidad existente en nuestro país y por consiguiente, no es dable imponer restricciones por motivos de orientación sexual” (N° DJ-C-411-2019 de 25 de setiembre de 2019).
La norma 228 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, mediante ley 9544, indica lo siguiente:
“Artículo 228- Tienen derecho a pensión por sobrevivencia: ….b) El compañero económicamente dependiente al momento del fallecimiento del jubilado, que haya convivido por lo menos tres años previos al deceso y tuvieran ambos aptitud legal para contraer nupcias, conforme la legislación civil….”, sin hacer ningún tipo de distinción respecto de la condición u orientación sexual de la persona que sea compañero o compañera del fallecido.
Este criterio, acogido por el Consejo, reviste de gran importancia al reconocer que “la opinión consultiva de la Corte Interamericana y el derecho convencional obligan al Poder Judicial al reconocimiento para las personas del mismo sexo que se encuentren un unión como proyecto de vida, así como a las que solicitan el reconocimiento de un género autopercibido, de los mismos derechos que actualmente se le otorgan a las parejas heterosexuales en virtud de las diferentes relaciones de empleo público que tiene con sus servidores o de servicio con sus usuarios.”
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Publicado: Jueves, 17 Octubre 2019 21:31
El Poder Judicial fue galardonado como la mejor institución del sector público en el “Índice de Transparencia” y acceso a la información pública a través de sitios web durante el 2019.
Así se desprende del quinto reporte anual sobre “Índice de Transparencia del Sector Público (ITSP), que acreditó a este Poder de la República con el primer lugar.
En la clasificación general de la quinta evaluación, el Poder Judicial obtuvo la calificación de 100 puntos, de un total de 254 instituciones evaluadas, seguido del Organismo de Investigación Judicial que obtuvo el segundo lugar con 98.06 puntos en temas como el acceso a la información pública, rendición de cuentas, participación ciudadana y datos abiertos de gobierno.
La premiación se llevó a cabo la mañana de este jueves 17 de octubre durante el “Foro Anual de Transparencia” que realiza cada año la Defensoría de los Habitantes en alianza con el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la Universidad de Costa Rica, con la participación de la Vice Presidenta de la Corte Suprema de Justicia y coordinadora de la Comisión de Transparencia, Magistrada Patricia Solano Castro; la Fiscal General de la República, Emilia Navas Aparicio, el Director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza Espinoza, así como de la Coordinadora de la Oficina de Cumplimiento del Poder Judicial, Kennia Alvarado Villalobos y representantes del Departamento de Tecnología de la Información.
“Recibir el día de hoy este premio es un reconocimiento de la labor de la gestión pública que ha venido realizado el Poder Judicial en transparentar todos nuestros procedimientos a la ciudadanía como una forma de combatir la corrupción.”, comentó la magistrada Patricia Solano en su condición de Coordinadora de la Comisión de Transparencia.
El Índice de Transparencia del Sector Público (ITSP) es un instrumento de medición de la transparencia de las instituciones que conforman el sector público costarricense, centrado en el acceso a la información pública disponible en sus sitios web, que busca ofrecer una medición anual con el objetivo de fortalecer la institucionalidad costarricense.
Kennia Alvarado Villalobos, encargada de la Oficina de Cumplimiento del Poder Judicial también resaltó este premio como un reconocimiento a los esfuerzos institucionales en la lucha contra la corrupción y de acceso a la información, al indicar: “Este reconocimiento es un esfuerzo conjunto que se ha venido realizando para transparentar la gestión pública y la gestión judicial, reconociendo como eje fundamental el derecho al acceso a la información como derecho de todo ciudadano y en la lucha contra la corrupción.”
“Para el Poder Judicial este reconocimiento nos compromete en una doble vía reconocer el derecho de la ciudadanía, pero también genera un compromiso para elevar los estándares en materia de transparencia, Justicia Abierta y en Rendición de cuentas.”, agregó Kennia Alvarado.
El premio reconoció el acceso a la información y la transparencia que brinda el Poder Judicial a la comunidad a través de 80 sitios web desarrollados por la institución a través de la Dirección de Tecnología de la Información (TEI).
Para el Coordinador del Portal del sitio web, Juan Diego Víquez Oviedo, el Poder Judicial ha realizado esfuerzos importantes a nivel institucional para exponer información enfocada en altos índices de transparencia y rendición de cuentas.
La actividad se llevó a cabo en el Hotel Try San José, y representa una iniciativa anual que impulsa la Defensoría de los Habitantes en alianza con el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (CICAP-UCR).
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Publicado: Lunes, 14 Octubre 2019 22:33
En la sesión de Corte Plena de este lunes 14 de octubre 2019, magistrados y magistradas aprobaron un incremento salarial de 4 mil colones a la base para las personas servidoras de este Poder de la República, la decisión los excluye, como también a las personas cuyo salario bruto sea igual o superior a 4.000.000,00 .
El acuerdo se tomó en apego a lo dispuesto por la Sala Constitucional en el voto 19511-2018 del 23 de noviembre del 2018, que evacuó la consulta de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, antes de su aprobación por el plenario legislativo.
En la citada resolución se determinó que la Ley 9635 no derogó ni modificó las disposiciones del Estatuto de Servicio Judicial, Ley de Salarios y Ley Orgánica del Poder Judicial que rigen la materia de empleo en este Poder de la República por lo que éstas se mantienen vigentes.
Es por ello que se transcribe textual lo señalado por el alto Tribunal Constitucional en la referida resolución que da claridad al tema:
“…La Sala no omite subrayar que las normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Salarios del Poder Judicial y el Estatuto de Servicio Judicial no se ven afectadas por la reforma propuesta. Dichas normas posibilitan la autonomía del Poder Judicial en lo referido a cambiar su escala salarial o variar los salarios base”.
Se agrega que: “… con claridad indiscutible que el proyecto consultado no afecta la organización o funcionamiento del Poder Judicial en materia salarial. Con fundamento en lo supra explicado, la Sala determina que la normativa cuestionada del proyecto legislativo 20.580 no afecta, en el sentido expuesto, la organización o funcionamiento del Poder Judicial”. “… La Sala resalta que el proyecto de ley no deroga ni modifica de manera alguna las disposiciones anteriormente transcritas, ni ninguna otra del Estatuto de Servicio Judicial. Este Estatuto rige la materia de empleo en el Poder Judicial y representa una garantía para los servidores judiciales, en consonancia con los postulados constitucionales que salvaguardan la independencia judicial; su modificación o derogatoria no podría ser tácita ni provenir de una mera inferencia, pues ello denotaría el desconocimiento de las reglas hermenéuticas. Nótese que la norma determina que las relaciones de empleo entre el Poder Judicial y sus servidores se encuentran reguladas por el Estatuto y su reglamento. La interpretación sistemática a que obliga ese numeral impide una regulación indirecta del servicio judicial mediante directrices o lineamientos procedentes de otras instancias”.
El informe sobre este incremento semestral fue expuesto por la Directora de Gestión Humana, Roxana Arrieta Meléndez y rige a partir del 1 de julio 2019. El aumento cubre cerca de 12. 500 personas servidoras judiciales.
El acuerdo dispone que el ajuste por costo de vida se calculará para cada servidor y servidora judicial, según la fecha de ingreso a la institución, de conformidad con la fecha de entrada en vigencia de la Ley 9635.
Se ajusta el valor del punto por carrera profesional en la suma de trece colones. Además, se dispone que “…la Dirección de Gestión Humana, en coordinación con la Dirección de Tecnología de la Información y la Dirección Jurídica, de conformidad con el artículo 173 del Código de Trabajo, deberá proceder a identificar y recuperar cualquier eventual suma de más, que puedan llegar a generarse por concepto de pago de las respectivas remuneraciones a los servidores del Poder Judicial”.
La Sala Constitucional se abstuvo de votar.
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Publicado: Miércoles, 06 Junio 2018 22:15
La necesidad de establecer un perfil del cargo de la magistratura, requisitos más rigurosos sobre preparación académica, idoneidad y experiencia, así como analizar aspectos relacionados con procesos de ampliación del nombramiento y requerimientos claros en casos de destitución fueron aspectos que se analizaron durante el Seminario Internacional organizado por el Poder Judicial.
La actividad se realiza en el marco de una iniciativa judicial de construir una propuesta de reforma para mejorar los procesos de designación de magistrados y magistradas.
Expertos nacionales expusieron sobre la evolución histórica del Poder Judicial y los cambios que ha presentado en cuanto a su integración y Gobierno Judicial.
Según explicó Manuel Solís Avendaño, Catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, a partir de los años noventa se emprenden cambios importantes para la selección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia a partir del establecimiento de la Comisión Permanente Especial de la Asamblea Legislativa, mediante una reforma al reglamento, manteniendo la potestad final del plenario legislativo.
‘Se introdujo con ello criterios calificativos para compensar la decisión política. A ello se suma una reforma constitucional del 2002-2003 que estableció los 38 votos para designar a magistrados y magistradas que fortalece su independencia’, explicó Solís Avendaño
A partir de estos años se comenzó a visualizar la necesidad de establecer un sistema de elección basado en criterios de idoneidad y se limitó la injerencia política.
Visualizar cambios trascendentales
Un segundo panel expuso sobre los aspectos positivos y negativos del modelo actual de selección.
Para Magally Hernández Rodríguez, Coordinadora de la Maestría de Derecho Público de la UCR y Letrada de la Sala Constitucional, surgen necesidades puntuales de normar el proceso de selección, valorar la posibilidad de que otros órganos políticos asuman esta competencia, el establecer más requisito para aspirar al cargo y valorar eliminar o limitar la reelección y que su condición de automática sea justificada. Además de establecer claramente en la constitución las causales de destitución y su procedimiento.
Hernández Rodríguez determinó que existen de fondo que deben tomarse en cuenta, como la discrecionalidad en la elección, la independencia e imparcialidad judicial, así como la transparencia que imponen reglas claras para cambiar la opacidad por la visibilidad, máxime que el nombramiento y el modelo de selección tienen una incidencia directa en el Estado de Derecho.
Para Alfredo Chirino Sanchez, Decano de la Faculta de Derecho de la UCR, se requiere cambios sustanciales directamente en las funciones que desarrolla la Comisión de Nombramientos del Congreso y la importancia de resolver la flexibilidad de los requisitos actuales para aspirar a estos cargos, que garantice un proceso más democrático, transparente y justo.
Jorge Vargas Cullel, Director del Estado de La Nación destacó que a partir del 2000, las designaciones fueron mayoritariamente por carrera judicial, más que por carácter político. Consideró necesario mantener la competencia de nombramiento en el Congreso, pero impulsar cambios en el sistema de elección con una reelección limitada, implantar las mismas condiciones para cargos propietarios como suplentes, una mayor calificación del método disciplinario y una revisión de los impedimentos e incompatibilidades.
Según expresó Constantino Urcuyo Catedrático de la UCR la designación de las magistraturas no pueden desligarse de la política y que el pluralismo es esencial para que funcione el sistema democrático.
Señaló que claramente el establecimiento de los 38 votos para la elección de este alto cargo judicial, dificulta que se de alguna irregularidad al requerirse más consensos para la decisión legislativa e impide la obediencia a un partido político. Consideró que sí deben existir filtros para las postulaciones y que se evalúen aspectos académicos, calidad y fondo de las sentencias, trayectoria pública personal y la relevancia de no designar personas que no hayan pasado por el filtro de la comisión.
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Publicado: Lunes, 07 Mayo 2018 21:12
Blindar de toda injerencia política el nombramiento de quien ocupe el cargo de Fiscal o Fiscala General y establecer un proceso de ingreso al Ministerio Público basado en atestados, experiencia e idoneidad, es lo que contiene el Proyecto de Carrera Fiscal que concretó Corte Plena este lunes 7 de mayo.
La propuesta de proyecto forma parte de las reformas urgentes al Poder Judicial que establecieron en su agenda de trabajo los magistrados y magistradas de la Corte Suprema Justicia.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, destacó el trabajo emprendido por las autoridades judiciales en la discusión y aprobación de propuestas de ley para una reforma integral al Poder Judicial.
“Iniciaremos un acercamiento con las autoridades del Poder Ejecutivo para darles a conocer la importancia y la urgencia de dotar al Ministerio Público con una Carrera Fiscal y desde la iniciativa de ley del Ejecutivo impulsar la aprobación de los proyectos que vamos concretando”, destacó Chinchilla Sandí.
En el caso del nombramiento de Fiscal o Fiscala General de la República, su designación requeriría la mayoría absoluta de la totalidad de los integrantes de Corte Plena. Se mantiene que el período sea por cuatro años, con posibilidad de reelección, únicamente por un período igual.
“No podrá ser nombrado como Fiscal General o Fiscala General, quien haya ocupado cargos políticos o vinculados a estos directamente en los últimos ocho años conforme lo definirá el Reglamento de esta ley”, contiene la propuesta en discusión.
También deberá cumplir con los requisitos constitucionales establecidos para ser magistrado o magistrada y se establece una experiencia mínima de 20 años de servicio como fiscal en cualquiera de sus escalafones.
El magistrado Fernando Cruz Castro, coordinador del equipo de trabajo que tuvo a cargo la construcción del texto base, destacó que la propuesta da otro impulso al Ministerio Público, “…para reivindicar a fiscalas y fiscales con una carrera y una estabilidad en el puesto. Fortalecemos con ello, el mandato de la Fiscalía General y que en el nombramiento impere la transparencia, meritocracia y la institucionalidad”.
Para el magistrado Paul Rueda Leal, “…este es el primer producto en el marco de un programa que la Corte se fijó el año pasado sobre Reformas Urgentes al Poder Judicial, donde nosotros ante la crisis quisimos aprovecharla en positivo y darle a la ciudadanía un mejor Poder Judicial, al plantear las reformas que se requieran para asegurar la independencia de esta institución y un fortalecimiento de la calidad del servicio que se brinda”.
Durante las sesiones de Corte Plena en las que se discutió la propuesta, se contó con el aporte de la Fiscala General de la República, Emilia Navas Aparicio y la Fiscala Subrogante, Mayra Campos Zúñiga.
“La propuesta aprobada por Corte Plena viene a asegurar que el Ministerio Público tenga funcionarios, funcionarias, fiscales y fiscalas con idoneidad ética y funcional, debidamente capacitadas y que los nombramientos se hagan por mérito, experiencia y trayectoria y no por otro motivo. Se regula el tema de los ascensos y el ingreso a la institución. También se fortalecerá el Consejo Fiscal y se crea el Consejo de Carrera Fiscal que colaborará en todos los trámites administrativos importantes en materia de selección, reclutamiento y capacitación”, resaltó la Fiscala General, Emilia Navas Aparicio.
En cargos como Fiscal o Fiscala Subrogante se establecería un mínimo de 10 años de experiencia continua como fiscales o fiscalas adjuntas.
Para los 11 escalafones que integran el Ministerio Público, las personas aspirantes no deben haber sido destituidos por medida disciplinaria a lo interno del Poder Judicial, ni registrar un despido en otra institución pública sin responsabilidad patronal, en los últimos 10 años.
La propuesta establece que únicamente mediante concurso por competencias, se realicen los nombramientos en propiedad de los cargos en la Fiscalía y las personas interesadas deberán ingresar al proceso de reclutamiento y selección y al Programa de Formación inicial que contempla un examen escrito, un examen oral, un curso teórico y una práctica dirigida.
Las personas aspirantes deberán someterse a unas pruebas técnicas selectivas y de valoración de idoneidad ética y moral, determinadas por la Dirección de Gestión Humana.
Además, quienes ingresen al Ministerio Público, serán sometidas a las investigaciones pertinentes mediante la oficina del Área de Valoración Psico-Sociolaboral (AVAL) del Ministerio Público.
También se estableció que el Fiscal o Fiscala General deberá rendir un informe de rendición de cuentas ante Corte Plena y la ciudadanía en general, en el marco de la transparencia y el control en la gestión de persecución penal.
El equipo de trabajo “Establecimiento de la Carrera Fiscal y requerimientos en la presentación del informe anual del Fiscal General”, fue liderado por el magistrado Fernando Cruz Castro, con la colaboración del magistrado Paul Rueda Leal, la participación de los magistrados y magistradas suplentes Jazmín Aragón Cambronero, Alicia Salas Torres, Ronald Salazar Murillo, la Fiscala General y Suborrogante, Emilia Navas Aparicio y Mayra Campos Zúñiga y la Asociación Costarricense de Fiscales.
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Publicado: Lunes, 07 Mayo 2018 19:55
Con una meta clara de reducir los tiempos en el señalamiento de los juicios e incrementar la productividad en la resolución de los conflictos penales, los Tribunales y Juzgados Penales del país emprendieron el trabajo dentro del Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal.
El viernes 4 de mayo, el Poder Judicial hizo la presentación oficial del Proyecto, que impulsa una estandarización de los procesos en los Juzgados Penales, Tribunales Penales y de Apelación, en las oficinas de la Fiscalía, Defensa Pública y el Organismo de Investigación Judicial, con la colaboración directa de las Administraciones Regionales de todo el país.
La propuesta la lidera la Presidencia de la Corte y su implementación está a cargo de la Dirección de Planificación del Poder Judicial.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, destacó el compromiso de jueces, juezas y personal técnico judicial por emprender el plan de trabajo y con ello, mostrar en el corto plazo, resultados muy positivos desde diciembre de 2017.
“Nos debemos a la Administración de Justicia para brindar un mejor servicio. Buscamos una estandarización de los procesos para resolver los asuntos, con tiempos de respuesta efectivos. Estas acciones no han requerido reformas legales y por ello buscamos darle mayor vigor y una identidad distinta al Código Procesal Penal vigente”, manifestó Chinchilla Sandí.
Se inició en agosto del 2017, mediante la visita a todos los tribunales penales y de flagrancia del país. En cada despacho se realizó un diagnóstico y se estableció un plan de mejoras, tendientes a incrementar la productividad, la cual se refleja en el número de sentencias y asuntos terminados; así como la reorganización interna para hacer más efectivo el señalamiento de los juicios y acortar tiempos en la tramitación de los asuntos.
La meta del Proyecto es que al 30 de abril del 2020, todos los Tribunales Penales del país mantengan una agenda de señalamiento de un máximo de 6 meses, luego de ingresado un expediente.
Cabe destacar, que en los primeros tres meses del presente año, los resultados son muy positivos, ya se contabilizan 5 Tribunales Penales con agendas de señalamiento a 6 meses máximo.
El 2017 registró un incremento del 4% en el número de sentencias dictadas y los asuntos terminados registraron en ese período un aumento del 10%, con respecto al 2016.
Reorganización de las agendas de señalamiento y a lo interno del despacho, el establecimiento de secciones colegiadas en secciones unipersonales, identificación de cuellos de botella en la tramitación y coordinación con el Ministerio Público, el OIJ y la Defensa Pública, fueron protagonistas para la efectividad en la implementación del plan.
Actualmente la Dirección de Planificación trabaja en la construcción del modelo en materia penal para su establecimiento formal a lo interno de la institución. Además se definió un cronograma para la intervención integral de los 15 Circuitos Judiciales del país y establecer su implementación.
Proyecto integral
Las acciones que se emprenden dentro de este plan de mejora, integra la participación de todos los actores que contempla la Jurisdicción Penal. De ahí el compromiso de las autoridades del Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial y la Defensa Pública.
Mayra Campos Zúñiga
Fiscal Subrogante de la Fiscalía General
Esta propuesta guarda relación con las acciones que exige nuestro Estado de Derecho. Es la posibilidad de poner en movimiento la maquinaria judicial, pero con un modelo de atención que contemple las necesidades de las personas usuarias y los recursos existentes en cada despacho judicial involucrado. Un modelo que mejore los tiempos de respuesta a los conflictos de índole penal.
Diana Montero Montero
Jefa de la Defensa Pública
Se planean mejoras en el servicio público que se brinda, las cuales visualizan las necesidades de las personas usuarias de nuestro servicio, lo cual resulta encomiable. El proyecto coincide con la filosofía de la actual Dirección de la Defensa Pública, en el sentido de maximizar el desempeño y los resultados con los recursos ya existentes, pues estamos conscientes de la realidad nacional a nivel económico y social y lo hace respetando siempre los principios fundamentales de un proceso penal democrático.
Walter Espinoza Espinoza
Director del OIJ
En el OIJ nos da una luz de esperanza y una necesidad evidente de participar en este proceso, sobre todo si tomamos en cuenta que los tiempos que estamos viviendo en nuestro país, en los esquemas de seguridad y criminalidad no son los mejores y con las mismas condiciones e insumos nosotros tenemos que enfrentar una situación cada vez más agresiva. Esperamos que nos visualicen como una policía, que los indicadores del Organismo no deben ni pueden ser nunca los de un fiscal, un juez o un defensor; que las jornadas de quienes laboramos en el OIJ son disímiles, que su capacitación es diferente, que las estrategias de trabajo son divergentes con las que tienen el resto de la población judicial.
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Publicado: Viernes, 27 Abril 2018 22:25
La situación actual del Circuito Judicial de Heredia en temas de rendimiento y requerimientos prioritarios para mejorar el servicio de administración de justicia, fue expuesto este viernes 27 de abril de 2018, durante la realización del Consejo Ampliado.
La actividad estuvo dirigida por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, así como representantes del Consejo Superior, el Consejo de Administración de Heredia e integrantes de los diversos despachos judiciales de la provincia.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, resaltó la importancia de atender los requerimientos en materia de infraestructura que requiere el Circuito Judicial de Heredia y manifestó el compromiso por atender las necesidades prioritarias.
Durante la sesión de trabajo de la mañana, el Presidente del Consejo de Administración, Andrés Vargas Araya, presentó un informe de rendición de cuentas. Resaltó la importancia de atender los requerimientos con un espacio judicial más adecuado y con ello mejorar las condiciones del personal y personas usuarias, pues la construcción de un nuevo edificio es una necesidad, así como la atención en la infraestructura de los despachos fuera de la edificación principal.
Se destacó el buen trabajo de diversas jurisdicciones como los Tribunales de Flagrancia y la importancia de evaluar y promover mejoras del servicio, ante el incremento de los asuntos, cuyos casos los atiende una sección del tribunal ordinario.
La Directora de Planificación, Nacira Valverde indicó que se abordará de manera integral la jurisdicción penal para la implementación del nuevo modelo penal.
Las autoridades penales heredianas señalaron de vital importancia los temas relacionados con el espacio para salas de juicio y reforzamiento de la materia de flagrancia como prioridad, valorar jornadas vespertinas para atender el volumen de asuntos y mejorar los recursos dirigidos en la zona de Sarapiquí; propuestas que ya valora la Dirección de Planificación.
También se destacó el trabajo de oficinas como la Defensa Pública con la asesoría legal gratuita en materia laboral y considerar el servicio en el cantón de Sarapiquí.
En la mesa principal participaron el Presidente de la Corte, Carlos Chinchilla Sandí, la Vicepresidenta, Carmenmaría Escoto Fernández, los magistrados Jesús Ramírez Quirós, William Molinari Vilchez y la magistrada Sandra Zúñiga Morales; la y los integrantes del Consejo Superior, Laura Chaves Lavagni, Carlos Montero Zúñiga, Gary Amador Badilla y Ramiro Salvador Arauz; la Directora Ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins y la Secretaria General de la Corte, Silvia Navarro Romanini.
Cabe destacar que las autoridades judiciales realizaron una visita a los despachos judiciales ubicados en el edificio principal de los Tribunales de Heredia.
En la tarde, se organizó un espacio para el diálogo con la comunidad.
La actividad contó con la participación de magistrados, magistradas, integrantes del Consejo Superior, la Fiscalía General, Defensa Pública, Organismo de Investigación Judicial, directores y directoras administrativas, la Secretaría General de la Corte, la Contraloría de Servicios, funcionarios y funcionarias de Heredia, San Rafael, San Isidro, Sarapiquí, Santo Domingo y San Joaquín de Flores, los alcaldes municipales de Heredia, Belén, San Pablo y San Isidro, fuerzas vivas de la provincia, personas usuarias y del Colegio de Abogados de la Filial de Heredia, representante de la Parroquia Inmaculada Concepción de Heredia, delegaciones policiales, centros educativos, centros de salud, centros de atención a la persona adulta mayor, entre otros.
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Publicado: Viernes, 20 Abril 2018 17:38
• XIX Cumbre Judicial Iberoamericana se desarrolla en Quito, Ecuador del 18 al 20 de abril
El Poder Judicial costarricense participa durante esta semana en la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana, que se celebra en Quito, Ecuador del 18 al 20 de abril.
La delegación es liderada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Carmenmaría Escoto Fernández, el magistrado Coordinador Nacional de Cumbre Judicial Iberoamericana, Román Solís Zelaya y el magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga.
El Poder Judicial de Costa Rica reafirmó el compromiso con Cumbre Judicial, con la integración de las comisiones en temas puntuales.
El magistrado Román Solís Zelaya mantiene su designación como coordinador nacional para Costa Rica de Cumbre Judicial Iberoamericana e integrante de la Comisión de Justicia Abierta, mientras el Presidente de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas Loáiciga mantiene su labor en el Grupo E-Justicia.
La Comisión de Seguimiento de Reglas de Brasilia la integrará la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Carmenmaría Escoto Fernández. La Presidenta de la Sala de Casación Penal, Doris Arias Madrigal, dará su aporte en la Comisión Permanente de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos Tribunales de Tratamiento de Droga y Alcohol (MARC-TTD); el magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez asume la integración en la Comisión de Ética Judicial y la magistrada suplente, Damaris Vargas Vázquez formará parte de la Comisión de Ambiente.
Además, el Poder Judicial de Costa Rica con el apoyo de funcionarios judiciales especializados, dieron importantes aportes en ejes de trabajo como Formación Judicial, nuevas tecnologías e innovaciones procesales, ésta última con la participación activa del magistrado William Molinari Vílchez.
Propuestas concretas en materia de Justicia Juvenil Restaurativa y Justicia Ciudadana y Participativa, fueron temas claves que se discutieron y aprobaron de forma unánime y por aclamación durante la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana que se desarrolla en Quito, Ecuador.
La participación del Poder Judicial ha sido clave en estas temáticas para favorecer el desarrollo de la justicia iberoamericana.
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Publicado: Viernes, 20 Abril 2018 17:31
• Durante VII Feria de Justicia y Tecnología, en el marco de la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana, que se realiza en Quito, Ecuador.
El Poder Judicial de Costa Rica presentó sus proyectos de investigación y desarrollo en el uso de Big Data e inteligencia de negocios.
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El equipo liderado por el magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga participa en la VII Feria de Justicia y Tecnología que se desarrolla como parte de las actividades de la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana, que tiene este año su sede en Quito, Ecuador.
El magistrado Rivas Loáiciga expuso sobre el uso de las tecnologías de innovación como el machine learning y el bid data aplicadas a las estadísticas judiciales y la inteligencia de negocios en la implementación de técnicas de manipulación, transformación y visualización de información para potenciar las habilidades del recursos humano judicial y la rendición de cuentas.
En el desarrollo tecnológico del Poder Judicial se destacaron los reportes estratégicos con información unificada de nuestras bases de datos, para controlar la formulación presupuestaria, ejecución de fondos del estado y la gestión de expedientes judiciales incluyendo materias como pensiones alimentarias, violencia doméstica, entre otras.
También se expuso sobre el análisis de sentimientos sobre redes sociales como Facebook y Twitter, con el fin de monitorear la opinión pública y realizar campañas de imagen o procesos de mejora en los diferentes servicios. El uso de predicciones para estimar la cantidad de expedientes que entrarán o que serán procesados en un juzgado, en una materia específica y los chatbots, el cual consiste en un chat automatizado para solucionar consultas comunes con personas usuarias internas y externas.
El equipo además contó con la participación de las funcionarias de la Dirección de Tecnología de la Información, Indira Melissa Calvo Gould, Carmen Quesada Chacón, Jefa, Sistemas de Información y Kattia Morales Morales, Directora, quienes tuvieron a cargo exponer los avances sobre integración tecnológica, el desarrollo del expediente electrónico y la Gestión de Archivo.
En la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana participa el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí y el Magistrado Román Solís Zelaya, Coordinador Nacional de Cumbre para Costa Rica.
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Publicado: Lunes, 02 Abril 2018 14:38
· Costa Rica recibe Presidencia Pro Témpore 2018
A partir de este jueves 22 de marzo, operadores de Justicia de los países de Centroamérica y el Caribe, se reúnen en Costa Rica para discutir los avances y compromisos sobre políticas en materia de aplicación de Justicia y Seguridad Jurídica, en la región.
Se trata de la “Reunión Ordinaria del Consejo Judicial para Centroamérica y el Caribe”, que se lleva a cabo en nuestro país los días 22 y 23 de marzo.
La cita cuenta con la participación de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Costa Rica, Presidentes de Poderes Judiciales y Tribunales de Justicia de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba; así como de España y México quienes asisten en calidad de miembros observadores.
También asisten representantes de la Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), cuerpo diplomático, organismos internacionales socios para el desarrollo.
En representación del Poder Ejecutivo participó el Ministro de Relaciones Exteriores, Manuel González Sáenz.
La apertura de la reunión realizada hoy jueves estuvo a cargo del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Hernán de León Batista, en calidad de Presidente Pro Témpore 2017.
“Esta reunión nos conducirá a tomar acuerdos importantes de nuestros pueblos hermanos y constituye un foro propicio para el intercambio de iniciativas y aspectos de justicia que permitan potenciar nuestro compromiso con la región.”; indicó el Presidente León.
En la ceremonia inaugural el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Carlos Chinchilla Sandí, recibió la Presidencia Pro Témpore del Consejo Judicial de Centroamérica y el Caribe (CJCC), para el año 2018.
“Quiero agradecer la confianza depositada por los distintos países, para que sea Costa Rica quien asuma este año ésta Presidencia. De mi parte puedo garantizarles mi mayor compromiso para asumir de manera responsable, transparente y colaborativa, esta labor; a fin de que todos los proyectos y acciones que se deriven de esta reunión, cuenten con el seguimiento adecuado para cumplir con los objetivos propios del Consejo.”, señaló el Magistrado Chinchilla Sandí, tras recibir la Presidencia Pro Témpore.
Con motivo de la celebración de ésta reunión, el magistrado Chinchilla destacó el trabajo colaborativo de los Presidentes y Presidenta de las Altas Cortes que participaron activamente en el fortalecimiento de los Poderes Judiciales, como un mecanismo garante de las democracias modernas. Así como la cooperación y voluntad de los países para el establecimiento de políticas judiciales unificadas que permitan fomentar la cooperación institucional.
Se potencia la solidaridad entre Poderes Judiciales, el intercambio y divulgación de buenas prácticas, la independencia judicial y la promoción de la impartición de Justicia en la región con un carácter más humano.
El Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe (CJCC), es el órgano integrador de políticas en materia de Aplicación de Justicia y Seguridad Jurídica entre los Poderes Judiciales de los países de la región, y que tiene como uno de sus objetivos, potenciar la institucionalidad de los operadores judiciales como instituciones del Estado con independencia política, funcional y económica, coadyuvando a la defensa del Estado de Derecho; consolidar la imparcialidad, estabilidad e independencia de los magistrados (as) y jueces (as) de los países miembros.
La actividad es organizada por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, y la Coordinación Nacional ante el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe. También asistieron Poder Ejecutivo costarricense y jerarcas de instancias judiciales del Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública y Escuela Judicial.
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Publicado: Miércoles, 14 Marzo 2018 21:02
· Emilia Navas Aparicio, primera mujer en ocupar el alto cargo del Ministerio Público
Mediante una votación pública y con la participación de medios de comunicación, los 22 magistrados y magistradas que integran la Corte Plena, acordaron nombrar de manera unánime a Emilia Navas Aparicio, en el cargo de Fiscala General de la República.
La decisión se tomó por acuerdo firme, en sesión de Corte Plena de este lunes 12 de marzo del 2018.
La elección al cargo, se realizó a través de un proceso abierto y con total transparencia. Así lo señaló el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí.
“Es una decisión histórica por dos razones muy importantes, primero porque es la primera vez que la Corte Plena con un gran compromiso democrático y de transparencia, decidió que la votación fuera abierta y pública, y con ello éste órgano se ajusta a los tiempos modernos de la trasparencia; y segundo porque Emilia Navas es la primera mujer en ocupar en propiedad el cargo de Fiscala General de la República, y eso nos llena de mucho orgullo, pues se reconoció las habilidades, capacidad, conocimiento y entrega en el trabajo que ha venido desarrollando en el Ministerio Público”, indicó Chinchilla Sandí.
Por su parte la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y Coordinadora de la Comisión de Nombramientos del Poder Judicial, Carmenmaría Escoto Fernández, destacó el nombramiento, como un acontecimiento importante al representar la primera mujer fiscal, en ocupar la máxima jerarquía del Ministerio Público. “El nombramiento de doña Emilia Navas representa otro avance muy importante en la igualdad de género de este país”.
“Me siento muy honrada con este nombramiento, al igual que lo hice hace pocos meses en el que juré cumplir fielmente el trabajo, lo vuelvo hacer hoy, poniendo en práctica una vez más, los valores con los que me he formado y que me permiten realizar cada una de mis tareas con probidad, honestidad y asumiendo con responsabilidad el compromiso con la institución, el Ministerio Público y el país”, afirmó Emilia Navas tras su juramentación como Fiscala General de la República.
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Publicado: Miércoles, 07 Marzo 2018 14:39
- Encuentro sirvió para informar sobre el trabajo que se realiza en el campo tecnológico en beneficio de la atención de la persona usuaria
Dar a conocer los avances en materia de tecnologías de la información en relación con el servicio judicial interno y externo, fue el objetivo del encuentro sostenido entre la Comisión Gerencial de Tecnología del Poder Judicial e integrantes del Consejo Superior.
La actividad se llevó a cabo el miércoles 28 de febrero en el edificio de la Corte Suprema de Justicia, en la cual la Dirección de Tecnología de la Información informó sobre los proyectos de innovación que se ha venido desarrollando en coordinación con otros órganos de la institución.
Para el Magistrado coordinador de la Comisión Gerencial, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, es fundamental destacar el trabajo que se desarrolla en materia de tecnologías de la información, específicamente en la creación de diferentes programas y aplicaciones para la mejora de la tramitación judicial.
“Las tecnologías de la información se adaptan completamente a la tramitación judicial, ya que nos permiten manejar y analizar documentos para resolver los asuntos con mayor rapidez y seguridad, lo que potencia la decisión judicial, haciéndola más asequible, ágil y segura” señaló el Magistrado.
Para Kattia Morales Navarro, Directora de Tecnologías de la Información, es importante resaltar que todo esta labor tiene como fin mejorar los procesos judiciales en todas las áreas de la institución, por lo que este acercamiento con el Consejo Superior se reviste de relevancia para actualizarles sobre el avance tecnológico judicial.
Morales Navarro señaló que es vital que la gerencia de la institución esté enterada de los pasos que se han venido dando, para así definir hacia donde se quiere llevar a la institución en materia tecnológica en los próximos años, planificar el trabajo y mejorar en las áreas que así lo ameriten.
También, Carmen Quesada Chacón, Jefa de la Sección de Sistemas de Información, destacó los servicios diseñados para el beneficio de la persona usuaria, tanto en la aplicación móvil como en la página web del Poder Judicial, resaltando temas como la consulta de la hoja de antecedentes penales, las pensiones alimentarias, impedimentos de salida del país entre otros.
“Es importante que el Comité Gerencial y el Consejo Superior conozcan sobre el trabajo que hacemos, el cual se hace con mucho esfuerzo y aprovechando los recursos existentes. Presentamos resultados y demostramos que contribuimos con la transparencia y la eficiencia del Poder Judicial” indicó Quesada Chacón.
Entre los diferentes proyectos que se presentaron destaca el Big Data, en que contempla el análisis de información en torno a los sentimientos en redes sociales como Facebook y Twitter en relación con el Poder Judicial.
Dicha herramienta permite analizar el comportamiento de las redes sociales y lo que ahí se dice de la institución, lo que permite dar una respuesta adecuada ante cada publicación que así lo requiera. Además, mediante este sistema, se puede almacenar información estadística sobre diferentes temas, lo que permite hacer mediciones y predicciones.
La presentación estuvo a cargo de Vivian Rímolo Soto, de la Gestión de Despachos Judiciales, Martín Hernández Serrano, Jefe del Área de Infraestructura y Carmen Quesada Chacón, jefa de la Sección de Sistemas de información.
En la reunión también estuvieron presentes el Presidente de la Corte, Carlos Chinchilla Sandí, la Vicepresidenta de la Corte, Carmenmaría Escoto Fernández, la Directora Ejecutiva, Ana Eugenia Romero Jenkins y los integrantes del Consejo Superior, Carlos Montero Zúñiga, Gary Amador Badilla, Ramiro Arauz Montero y Laura Chaves Lavagni.
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Publicado: Miércoles, 07 Marzo 2018 14:36
- Poder Judicial pone a disposición nuevo servicio
- Personas usuarias pueden consultar horarios de entrega
- Gestión en línea es personal y debe solicitar usuario y contraseña.
Con solicitar un usuario y contraseña en cualquier despacho o Contralorías de Servicios en todo el país o en el Registro Judicial de San José, las personas pueden obtener la hoja de delincuencia en forma digital.
En el Sistema de Gestión en Línea, ubicado en la página web del Poder Judicial (www.poder-judicial.go.cr) puede consultar los horarios de envío del documento, para que elija el que mejor se adapte a sus necesidades.
El trámite es una gestión personal y también puede solicitarse mediante la aplicación móvil del Poder Judicial, disponible en sistema Android y IOS.
“El importante avance e innovación tecnológica que hoy presenta el Poder Judicial, significa un paso más en beneficio de los servicios que nosotros prestamos todos los días. También significa un acercamiento hacia el usuario, en reconocimiento del acceso a la justicia como un derecho fundamental,que implica para nosotros funcionarios y funcionarias judiciales ese dinamo que nos permite aproximar los servicios que presta el poder judicial a nuestro destinatario”, comentó Carlos Chinchilla, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Paso a seguir
“El servicio está concebido para que la persona usuaria solicite a través del Sistema de Gestión en Línea la certificación para fines laborales. El usuario y contraseña, podrá obtenerlo en las Contralorías de Servicios del Poder Judicial, o en las ventanillas del Registro Judicial. Esta contraseña garantiza que la persona usuaria sólo podrá acceder a la información relacionada con su identificación, en resguardo al derecho a la intimidad protegido constitucionalmente”, explicó Saúl Arce Brenes, Jefe del Registro Judicial.
Luego, las personas solo deben ingresar al Sistema de Gestión en Línea, ubicado en la página web institucional: www.poder-judicial.go.cr.
Se elige la opción “Solicitud de hoja de antecedentes penales”. Con solo ingresar el nombre y número de cédula, el sistema automáticamente llena la información personal y al final del formulario, solo debe introducirse el número de teléfono y un correo electrónico en el cual recibirá un enlace para descargar la certificación, según los horarios de entrega establecidos por el Registro Judicial.
Las solicitudes que ingresen en días no hábiles el día anterior y hasta las 9:59 a.m. podrán contar con la certificación de antecedentes penales alrededor de las 10 de la mañana.
Quienes ingresen la solicitud entre las 10 a.m. y 11:49 a.m., el sistema generaría el documento alrededor de las 11:50 a.m.
Las gestiones entre las 11:50 p.m. y las 2:29 p.m., el documento se enviaría a las 2:30 p.m.
Y las que ingresan a partir de las 2:30 p.m. y hasta las 4:24 p.m., las certificaciones se enviarían a las 4:25 p.m.
Según explicó Arce Brenes, “… el nuevo servicio incorpora la firma digital, que otorga y garantiza autenticidad a la certificación electrónica. Si el documento es alterado, la firma se invalida”.
De acuerdo con el Contralor de Servicios del Poder Judicial, Erick Alfaro Romero, al poner a disposición este servicio, el Poder Judicial demuestra que escucha a la persona usuaria.
“Esta era una mejora que solicitaban las personas usuarias, aprovechando el desarrollo tecnológico. El documento digital que se expide cumple con todas las características formales de la certificación física y tiene el mismo valor, siempre que se entregue en formato digital en los lugares donde la soliciten y contiene lamisma información para fines laborales. Hay que recalcar que sigue siendo un trámite personal y que la contraseña y usuario, solo sirve para hacer gestiones personales”, puntualizó Alfaro Romero.
Para consultas y guía en el uso del sistema, se habilitaron las líneas telefónicas 2295-3682 / 2295-3460.
Además, está en desarrollo una aplicación para que los empleadores y empresas que reclutan personal puedan, más adelante, verificar la autenticidad de las certificaciones de antecedentes digitales, que presenten las personas.
Este trabajo ha sido posible, gracias a labor conjunta de la Dirección de Tecnología de Información, la Dirección Ejecutiva, el Registro Judicial y la Contraloría de Servicios, con el apoyo del Despacho de la Presidencia de la Corte.
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Publicado: Martes, 27 Febrero 2018 17:39
“Esta es una obra constructiva que responde a un proyecto institucional.
Esta es una zona de alto riesgo por inundaciones, por lo que estamos en la obligación de darle tranquilidad a nuestro personal judicial y personas usuarias la seguridad que necesitan”, así se expresó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí al llegar a la zona donde se construye el nuevo edificio de Tribunales de Justicia ubicado en la cabecera del cantón de Osa, Ciudad Cortés, localizado en lo que será el Complejo Cívico Cantonal.
La nueva obra la entregará la empresa constructora antes que termine este año 2018, que albergará 65 colaboradores quienes integran nueve despachos judiciales.
Posteriormente se realizó una visita a cada una de las oficinas del actual edificio, llevando la buena noticia de que pronto tendrán un lugar seguro para realizar sus tareas diarias.
En cada oficina el personal judicial se mostró complacido por la construcción del nuevo inmueble. Atrás quedará la angustia de inundación en época lluviosa, con la esperanza y convicción de que su lugar de trabajo soportará las inclemencias del tiempo en el invierno.
Las oficinas judiciales en Osa fueron una de las regiones más afectadas por el embate de la tormenta Nate el año anterior, por ello la Presidencia de la Corte y la Comisión de Construcciones ubicaron a Osa dentro del plan constructivo como una obra prioritaria y así lo aprobó Corte Plena.
La visita la realizó el jerarca judicial el 15 de febrero 2018, en compañía del Alcalde Municipal Alberto Cole de León, la Presidenta del Concejo Municipal Maritza Jiménez, la administradora del circuito Aura Yanes.
También participaron integrantes del Consejo Superior, Dirección Ejecutiva, Comisión Institucional de Emergencias y Comisión de Construcciones. El equipo técnico mostró los planos que identifican la ubicación de cada oficina y las áreas públicas de atención a las personas usuarias.
En la visita a los despachos, la Asociación Solidarista de Empleados Judiciales (ASOSEJUD) entregó mobiliario y electrodomésticos a las personas afectadas por el embate de Nate el año anterior.
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Publicado: Martes, 30 Enero 2018 17:39
Limón: Infraestructura judicial moderna es una realidad
· Diseño toma en cuenta criterios de accesibilidad y condiciones amigables con el ambiente.
Una Tercera Torre en el edificio de los Tribunales de Limón entró en funciones y refuerza los servicios de administración de justicia que se brindan desde la policía judicial y los despachos en materia civil, laboral, penal y penal juvenil.
El levantamiento de la obra gris tuvo una duración de un año y 9 meses aproximadamente, con un costo total de ¢3.248.088.123,40, en un área de construcción de 3 053 metros cuadrados.
Atendiendo criterios de accesibilidad, siguiendo las disposiciones de la Ley 7600 y criterios ambientales, la Tercera Torre Judicial de Limón se conecta con el edificio principal de Tribunales.
Para el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, las nuevas instalaciones otorgarán beneficios a la administración de justicia para la comunidad limonense y con ello el acceso a la justicia sin limitaciones.
“La Edificación de esta tercera Torre en los Tribunales de Justicia de Limón nos permite reforzar la presencia institucional del Poder Judicial. De igual manera, mayor cercanía para brindar un mejor servicio a la ciudadanía por medio de una infraestructura de primer nivel mediante condiciones modernas” destacó Chinchilla Sandí.
El coordinador de la Comisión de Construcciones del Poder Judicial, el magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga recalcó el impulso y desarrollo que se ha dirigido a Limón.
“Este esfuerzo es importante porque demostramos que los recursos públicos se invierten bien en infraestructura, que alberga en condiciones adecuadas a los funcionarios judiciales y con ello mejora el servicio a las personas usuarias” puntualizó Rivas Loáiciga.
Una parte del edificio está integrada por dos niveles y albergará a la Delegación del OIJ de Limón, espacio que se amplía para contar con cuarto de custodios, de contención, de reconocimiento con cámara de Gessell y dos celdas con sistema antivandálico en los accesorios iluminación y mecánicos.
La otra parte se compone de cuatro niveles y se ubicarán salas de juicio; una de estas con cámara de gessell para atender a personas víctimas, salas de testigos, de deliberación, un cuarto de lactancia. Además se ubican el Juzgado Penal Juvenil, Juzgado Civil, Tribunal Civil, entre otros espacios específicos.
La Torre incluye ascensores, escaleras de emergencia, sistema de aire acondicionado, de iluminación con ahorro energético, de alarma contra incendios, sistema de paneles solares fotovoltaicos, ahorro de agua, entre otros.
En el acto oficial participaron magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, representantes del Consejo Superior, de los Tribunales de Limón, de la Defensa Pública, el Organismo de Investigación Judicial, el Despacho de la Presidencia, la Dirección Ejecutiva, Dirección de Tecnología de la Información, Gestión Humana, Servicios Generales, la Contraloría de Servicios, el Centro de Apoyo a la Gestión Jurisdiccional, diputados de la región y representantes de la Municipalidad.
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Publicado: Lunes, 22 Enero 2018 21:37
La Corte Plena inició la discusión de la propuesta de ley para establecer la Carrera Fiscal, para garantizar la idoneidad y capacidad de las personas que se nombren en propiedad y de forma interna en el Ministerio Público.
Se analiza que únicamente mediante concurso por competencias, se realicen los nombramientos en propiedad de los cargos en la Fiscalía.
Las magistradas y los magistrados aprobaron durante la sesión de Corte Plena de esta mañana, los primeros 9 artículos de la propuesta de proyectos de ley sobre Carrera Fiscal. Y se contó con los aportes de la Fiscala General y la Fiscala Subrogante, Emilia Navas Aparicio y Mayra Campos Zúñiga, respectivamente.
La administración de la Carrera Fiscal estará bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa del Ministerio Público y la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, con el apoyo de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial.
Además, se crea el Consejo de la Carrera Fiscal, el cual estará integrado por la Fiscala o Fiscal General, el Fiscal o Fiscala Adjunto de la Unidad de Capacitación, la Jefatura de la Unidad Administrativa del Ministerio Público y por dos fiscales o fiscalas adjuntas nombradas por el Consejo Fiscal.
El Consejo de la Carrera Fiscal deberá recomendar los requisitos de los diversos concursos internos; así como presentar la terna conformada con las tres personas que hayan obtenido la mejor calificación, en el registro elegibles y según el puesto para el cual ofertaron. Además será un órgano consultor de la Fiscalía General, entre otras atribuciones.
Se estableció que el escalafón de las personas integrantes del Ministerio Público será un registro de acceso público, el cual deberá considerarse a la hora de evaluar los ascensos y movimientos internos dentro del Ministerio Público, pues se tomará en cuenta méritos, evaluación de desempeño, capacitación y tiempo servido.
Se deberá mantener un expediente de cada persona funcionaria del Ministerio Público, con datos como nombramientos, ingreso, declaraciones juradas, movimientos, reconocimientos, acciones disciplinarias, capacitaciones recibidas, entre otros.
Con ello se busca potenciar y desarrollar las competencias profesionales básicas, para el desempeño de sus labores, garantizando con ello la capacidad e idoneidad funcional y ética, sobre la base de criterios objetivos y transparencia en la valoración.
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Publicado: Miércoles, 17 Enero 2018 22:06
Agilizar la discusión en el pleno de la Corte Plena durante el conocimiento de los proyectos de reformas urgentes al Poder Judicial, es el compromiso que asumieron los magistrados y magistradas este lunes 15 de enero, al aprobar una serie de reglas básicas.
“Con ello hemos logrado poner un orden y tiempos relevantes para ser céleres en el conocimiento de los proyectos de reformas urgentes. Reafirmamos el proceder responsable de la Corte Suprema de Justicia, de sus magistrados y magistradas. Este reglamento permitirá que en tiempos efectivos concretemos un compromiso que adquirimos con la ciudadanía”, puntualizó Carlos Chinchilla Sandí, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
El acuerdo de Corte Plena definió que las reformas se conocerán los lunes en las sesiones de la mañana. Además se mantiene abierta la posibilidad de convocar sesiones extraordinarias para continuar con el análisis, si así lo considera el Presidente de la Corte o a solicitud de siete magistrados y magistradas.
Las propuestas se conocerán conforme cada equipo de trabajo las concreta y las remita ante Corte Plena y se tomará en consideración el interés institucional y la necesidad del programa de medidas urgentes.
Se establecen tiempos específicos para el uso de la palabra de magistrados y magistradas, el cual no podrá exceder los cinco minutos durante la discusión y podrá cederse este tiempo a otro integrante de la Corte.
En la página web http://www.poder-judicial.go.cr/unmejorpj/index.php/documentos-corte-plena, se pueden ubicar los productos entregados a Corte Plena y listos para discusión. Una vez aprobados los documentos, también se publicarán en este sitio.
Carrera Fiscal inicia trámite de aprobación
El establecimiento de la Carrera Fiscal será el primer producto que se someterá a discusión y aprobación de Corte Plena, bajo estos nuevos lineamientos internos, durante la sesión de la mañana del lunes 22 de enero.
Se definió que por lo complejo de la propuesta, se analizará y aprobará el documento por segmentos. En esta primera sesión se analizarán del artículo primero al 20. Para el 29 de enero, se procederá con la discusión del artículo 21 al 31 y se espera finalizar el 5 de febrero, del artículo 32 al 41, hasta su aprobación final.
Para el magistrado Fernando Cruz Castro, coordinador del equipo de trabajo que tuvo a cargo trabajar en la propuesta de Carrera Fiscal, “…esta es una aspiración de hace muchos años, porque considero que este es uno de los proyectos urgentes y que permitirá fortalecer la institucionalidad de la Corte y de la Fiscalía. Hoy se cuenta con más de 450 fiscales en el país, con el conocimiento de asuntos de mayor complejidad y sensibilización política ante reformas legales”.
Además destacó el trabajo emprendido por la Fiscalía General, el magistrado Paul Rueda Leal y la Asociación Costarricense de Fiscales y Fiscalas de Costa Rica.
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Publicado: Martes, 16 Enero 2018 16:21
La Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Carmenmaría Escoto Fernández planteó en Corte Plena de este lunes, un pronunciamiento en defensa de la dignidad de las mujeres que laboran para el Poder Judicial, tras las manifestaciones de un candidato a la presidencia días atrás, quien cuestionó los ascensos de las funcionarias judiciales.
La iniciativa fue apoyada por las magistradas Doris Arias Madrigal, Iris Rocío Rojas Morales y las magistradas suplentes Sandra Zúñiga Morales y Marcela Allón Zúñiga. El pronunciamiento oficial fue avalado por Corte Plena y declarado acuerdo firme.
Las magistradas que integran el máximo órgano judicial, defendieron los procesos transparentes y profesionales que marcan la carrera judicial de las mujeres que laboran para la institución.
La Vicepresidenta Carmenmaría Escoto Fernández señaló que “…como mujer, como Vicepresidenta de la Corte, de manera enfática, no acepto que se ponga en duda ningún proceso o procedimiento de ascenso, de las mujeres juzgadoras y demás funcionarios y funcionarias del Poder Judicial. Tengo más de 30 años en la institución y con orgullo, claridad y viéndoles a los ojos, al igual que mis compañeras, les hemos de decir que estamos aquí por nuestros logros, del sacrificio nuestro y de nuestras familias, por todo lo que aprendemos a diario”.
Por su parte, la magistrada de la Sala Primera, Rocío Rojas Morales indicó que “…las mujeres en el Poder Judicial hemos ascendido con esfuerzo y dedicación. Para nosotras que nos corresponde participar en la formación de los hijos, de la atención del hogar y la oficina, la tarea es muy agotante. Las mujeres hemos hecho un gran esfuerzo por ascender en lo que nos hemos formado y de manera alguna, vamos a permitir que se sugiera que aquí se logra alcanzar estos puestos con otra forma que no sea la excelencia profesional y la excelencia de nuestro esfuerzo y el de nuestras familias. Este es el ejemplo de sacrificio de esfuerzo y de valentía de las que estamos aquí y no vamos a permitir que nadie menoscabe esto y lo hacemos por nosotras y las futuras generaciones”.
En criterio de la Presidenta de la Sala de Casación Penal, Doris Arias Madrigal, “…el Poder Judicial desde hace más de 20 años tiene una carrera judicial instaurada. Todas las personas para poder ascender a los cargos, gracias a esta legislación, pasarnos por criterios objetivos de selección y frente a esos criterios de selección debemos demostrar la idoneidad en el ejercicio de los cargos públicos. En razón de ello, me siento orgullosa de ser costarricense, pero también me siento orgullosa de ser funcionaria judicial, que ha logrado los ascensos en esta institución gracias a la excelente carrera judicial que tenemos. No debemos ser violentadas desde el punto de vista de la violencia política y la violencia estructural”.
La magistrada suplente de la Sala de Casación Penal, Sandra Zúñiga Morales, hizo hincapié en unirse “…a cada una de las manifestaciones de apoyo que se han expresado a través de la Presidencia y de los diversos gremios de la institución. Rechazo cualquier insinuación que denigre los esfuerzos y sacrificios de cada mujer de esta institución y en general del país. Invito a cada una de las mujeres judiciales para que sigan profesionalizándose, superándose y dando un ejemplo no solamente a la sociedad actual, sino también a las futuras generaciones. La llave del éxito siempre estará en el mayor esfuerzo en cada una de nuestras labores”.
Por su parte, la magistrada suplente de la Sala Segunda, Marcela Allón Zúñiga, expresó que “…como mujer, frente a una serie de comentarios que nos deslegitiman los esfuerzos que cada una de las mujeres de este país hacemos por sacar adelante, no solamente a nosotras mismas y superarnos, sino también a nuestras familias. Las estadísticas demuestran el nivel educativo en la formación formal que hemos superado las mujeres de este país”.
Finalmente, los magistrados y la magistrada de la Sala Constitucional no se pronuncian sobre el tema planteado en el comunicado porque tienen en conocimiento, recursos que figura como parte, el candidato presidencial Juan Diego Castro Fernández.
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Publicado: Jueves, 21 Diciembre 2017 22:14
La Ley Orgánica del Poder Judicial, vigente desde 1994, autoriza a disponer de licencias con goce de salario para ejecutar proyectos de interés institucional y urgentes, para brindar un servicio público de calidad.
Estas licencias tienen respaldo en lo que dispone el numeral 44, párrafo cuarto, de dicha Ley, que en lo que interesa señala: “…en casos muy calificados y para asuntos que interesen al Poder Judicial, la Corte podrá conceder licencias con goce de sueldo o sin el a los Magistrados y el Consejo a los demás servidores hasta por un año prorrogable por periodos iguales, a fin de que los servidores judiciales se desempeñen temporalmente en otras dependencias del Estado, o bien cuando les encargue labores y estudios especiales”.
Así mismo en el artículo 81, inciso 18) se dispone que al Consejo Superior del Poder Judicial le corresponde: “… conceder licencias con goce de sueldo a los servidores judiciales, para realizar estudios o proyectos que interesen al Poder Judicial”.
Consecuentemente, este es un mecanismo legal y ordinario al cual se ha venido recurriendo desde hace varios años atrás, para cubrir las necesidades del servicio público en proyectos estratégicos de interés nacional.
El costo económico para cubrir esas licencias, se incluyeron dentro del presupuesto institucional, tramitado por el Ministerio de Hacienda, expuesto ante la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios y aprobado por el Plenario Legislativo, en segundo debate el día 23 de noviembre del presente año.
Riguroso control. La ejecución e implementación de los proyectos en donde se empleará el recurso humano tienen fundamento en estudios técnicos, realizado por las unidades administrativas responsables, según las necesidades del servicio público y con el fin de garantizar una mejor atención al usuario y una mayor eficiencia, sin que implique la creación de nuevas plazas permanentes ordinarias.
El seguimiento y control se realiza bajo un enfoque científico de administración de proyectos, sujeto a evaluación del desempeño de los servidores y las servidoras judiciales.
El nombramiento de las personas juzgadoras que forman parte del plan se apega a la Ley de Carrera Judicial, que garantiza un proceso transparente, objetivo y bajo parámetros de idoneidad, y que cuenta con los controles y procedimientos respectivos por parte de las unidades técnicas responsables y en donde no hay injerencia del nivel de dirección del Poder Judicial.
Es decir, se eligen profesionales tomando en cuenta el cumplimiento de los requisitos que exige el Manual de Puestos del Poder Judicial. Estos requisitos también deben cumplirlos las demás personas servidoras del Poder Judicial.
Actualmente la institución desarrolla proyectos para ejecutarse en el 2018, por ello se requiere personal adicional, aprobados por el Consejo Superior en la sesión del 7 de diciembre 2017 por un plazo de tres meses, costos que se encuentran contemplados en el presupuesto recién aprobado por la Asamblea Legislativa.
De no hacerlo se impactaría de manera abierta la ejecución de proyectos estratégicos para la mejor atención de la persona usuaria y el desarrollo institucional.
Beneficios para las personas usuarias. La institución tiene previsto con estos recursos exclusivamente impulsar proyectos que incidirán en la prestación de un mejor servicio público, donde se espera obtener, entre otros, los siguientes beneficios para las personas usuarias.
- Transformación física a electrónica en los diferentes despachos judiciales, que permitirá un acceso digital a los expedientes por parte de la ciudadanía.
- Incremento en la cantidad de señalamientos y sentencias.
- Disminución en los tiempos de espera para la realización de juicios.
- Definición de indicadores de gestión en todas las oficinas.
- Estandarización de agendas.
- Definición de una estructura modelo de trabajo en las diferentes oficinas.
- Mejor aprovechamiento de los recursos institucionales.
Entre los proyectos prioritarios se encuentra reforzar la jurisdicción penal, principalmente en el señalamiento de audiencias y juicios para reducir los tiempos de duración, que es una de las principales quejas de las personas usuarias.
Es así que la institución procura y propone acciones concretas para cumplir con el mandato constitucional de justicia pronta y cumplida.
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Publicado: Jueves, 21 Diciembre 2017 16:32
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí y los coordinadores de los equipos de trabajo que tiene a cargo la construcción de las propuestas de reformas urgentes al Poder Judicial se reunieron para analizar la forma de garantizar la agilidad en las discusiones de estos temas en las sesiones de Corte Plena.
El producto sobre Carrera Fiscal tendrá la prioridad de discusión a partir del mes de enero de 2018.
Se definió que las sesiones de los lunes en la mañana, de 8:00 a.m a 12:00 m.d, serán el espacio de discusión de los productos de reformas urgentes.
“Definimos prioridades durante la reunión de coordinadores de equipos de trabajo. En este momento la propuesta del proyecto de ley de Carrera Fiscal es la que consideramos más importante, por lo que proponemos algunas normas prácticas para sacar en tiempo efectivo las reformas definidas, con el fin de que de parte del Poder Judicial se implementen de forma inmediata las que así lo permitan, y acudiríamos a la Asamblea Legislativa en aquellas propuestas que requieran una reforma legal y constitucional”, explicó Chinchilla Sandí.
Para los magistrados y magistradas de Corte Plena es fundamental que la ciudadanía esté informada del trabajo que se realiza en esta materia.
En la reunión participaron los magistrados Carlos Chinchilla Sandí, Presidente de la Corte, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Román Solís Zelaya, William Molinari Vílchez, Orlando Aguirre Gómez, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, Fernando Cruz Castro y Paul Rueda Leal, el letrado de la Sala de Casación Penal, Ricardo Salas Porras, la Directora de la Defensa Pública Diana Montero Montero, la Directora Ejecutiva de la CONAMAJ, Sara Castillo Vargas, la Directora del Despacho de la Presidencia, Patricia Bonilla Rodríguez y el asesor de la Presidencia, Juan Humberto Rodríguez Barrios.
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Publicado: Domingo, 10 Diciembre 2017 17:35
Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia no tienen competencia alguna para determinar cuándo, cómo o por qué se jubila un empleado judicial, ese es un tema que le corresponde definir a ciertos órganos técnicos e independientes como lo son el Departamento de Gestión Humana, el Consejo Superior del Poder Judicial y, cuando hay una especial condición de salud, el Departamento de Medicina Legal (Medicatura Forense) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en particular el Consejo Médico Forense (órgano colegiado integrado por diversos especialistas en ciencias médicas y de la salud, previsto en los artículos 34 y 35 de la Ley Orgánica del OIJ).
La verificación o cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y técnicos para una jubilación son resorte de los órganos técnicos indicados.
El artículo 81, inciso 15), de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que es una competencia exclusiva del Consejo Superior del Poder Judicial “otorgar toda clase de jubilaciones y pensiones judiciales”.
En el caso de la jubilación por especiales condiciones de salud que generan un grado de incapacidad para ejercer sus funciones, llamada en el argot judicial como “separación para el mejor servicio público”, al empleado se le otorga una jubilación proporcional y permanente, además de liquidársele los derechos laborales correspondientes. Eso lo disponen los órganos técnicos e independientes señalados con fundamento en leyes vigentes y plenamente aplicables como lo son los artículos 223 del Código de Trabajo, 26, párrafo 4°, 226 y 228 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El Consejo Superior del Poder Judicial en reiteradas ocasiones ha utilizado esa facultad legal de jubilar a un empleado judicial por razones de salud e incapacidad para ejercer sus funciones. Obviamente, la persona a quien se le aplica puede discutir el asunto en las instancias administrativas y judiciales respectivas.
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Publicado: Miércoles, 01 Noviembre 2017 19:58
Con la integración formal de la Comisión de Crisis del Poder Judicial, la institución mantiene la coordinación permanente de las acciones que corresponden tras el paso de la Tormenta Nate en el país. Los esfuerzos se concentran en la atención de la población judicial afectada (Osa, Quepos, Guanacaste, Aserrí y Acosta) y la habilitación de los despachos judiciales en Osa.
Las decisiones han sido inmediatas, gracias al trabajo coordinado de la Presidencia de la Corte, que lidera el trabajo, los magistrados Luis Guillermo Rivas Loáiciga y Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, así como el Consejo Superior, la Dirección Ejecutiva, los Consejos de Administración de los Circuitos Judiciales del país, las Direcciones de Tecnología de la Información, Gestión Humana, el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público, el Centro de Apoyo a la Función Jurisdiccional, el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional y la Comisiones de Ética y Valores y Acceso a la Justicia.
A nivel administrativo, desde el Consejo Superior se han dictado directrices que permitieron al Poder Judicial actuar de forma expedita, como la declaratoria del asueto los días jueves 5 y viernes 6 de octubre, la potestad de los Consejos de Administración de las zonas afectas, para evaluar las condiciones y tomar acciones a favor de la seguridad del personal judicial, las personas usuarias, así como de los bienes de la institución.
La Comisión de Crisis y los Consejos de Administración mantienen una comunicación permanente para establecer las necesidades prioritarias de los despachos afectados y el personal judicial y se trabaja desde el pasado viernes 6 de octubre, en la rehabilitación de los servicios judiciales esenciales, en las zonas de mayor afectación.
Se ha coordinado el envío de ayuda para la limpieza de los inmuebles y el reemplazo del equipo y mobiliario de oficina que quedaron en desuso debido a las inundaciones. También se coordina el acopio y envío de alimentos no perecederos, de higiene básica y limpieza para las y los servidores judiciales en diferentes zonas del país que lo requieren y se emprenden acciones para atender al personal que aún se encuentra en las zonas de riesgo.
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Publicado: Miércoles, 01 Noviembre 2017 19:57
Debido a los trabajos de reforzamiento estructural del edificio de la Corte Suprema de Justicia, a partir de este lunes 23 de octubre, se habilitará la puerta del costado este, la cual se encuentra detrás del edificio, como único acceso para personal judicial y personas usuarias, así mismo se mantendrá clausurada la puerta de acceso principal del costado oeste, la cual está frente del edificio.
Adicionalmente, se reubicaron temporalmente oficinas y despachos como la Secretaría General de la Corte: piso 8 (oficinas 802, 803, 805, 806 y 807), Secretaría Sala Primera: pisos 6 y 8 (oficinas 604, 605 y 804), Secretaría Sala Tercera: piso 6 (oficinas 603, 606 y 607), Contraloría de Servicios: piso 6 (oficina 601),Secretaría de Género: piso 8 (oficina 801), Justicia Restaurativa: pisos 6 y 8 (oficinas 602 y 808) y Oficina Contra el Retraso Judicial: piso 4, edificio del Juzgado de Tránsito.
Según explicó el Ingeniero de Poder Judicial, José Guillermo Vindas Cantillano, el edificio se reforzará por medio de la inserción de muros estructurales principalmente, estos se colocarán desde sus cimientos hasta el último nivel (piso 9). El objetivo principal es salvaguardar a la población civil que habita y visita el inmueble, mitigando finalmente la vulnerabilidad sísmica que tiene el edificio en la actualidad.
“Este reforzamiento actualizará su comportamiento ante cargas de solicitación sísmica según los requerimientos que exige el Código Sísmico 2010. Además, complementariamente se actualizarán todos los sistemas electromecánicos según lo solicitado por los códigos vigentes respectivos, incluida también algunas actividades internas en el área arquitectónica”, agregó Vindas Cantillano.
Estos cambios se mantendrán mientras los trabajos de reforzamiento así lo requieran y hasta nuevo aviso, con el fin de resguardar la seguridad de todas las personas que ingresen al edificio. El reforzamiento estructural inició este mes de octubre y está previsto que termine en abril del 2019 aproximadamente.
Los despachos de la Sala Segunda se trasladaron al edificio Mira, en Zapote y la Sala Constitucional al edificio Impala ubicado en Calle Morenos, sin embargo, esta última mantiene una oficina auxiliar de Recepción de Documentos en el piso 8 (oficina 800).
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Publicado: Miércoles, 01 Noviembre 2017 19:54
Autoridades judiciales inauguraron la mañana de este viernes 27 de octubre, el nuevo edificio de los Tribunales de Justicia de Jicaral de Puntarenas.
Durante el acto oficial de apertura, el Presidente de la Comisión de Construcciones y de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas Loáiciga indicó que en los edificios judiciales, los funcionarios y las funcionarias tienen que resolver los casos con justicia, con imparcialidad e independencia para terminar con los conflictos para beneficio de las comunidades.
"Tenemos que regocijarnos con estas construcciones, con estos proyectos que llegan a su final, como es el caso de Jicaral", dijo el Magistrado Rivas Loáiciga.
Para la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Carmenmaría Escoto Fernández, esta es una ocasión muy trascendental e histórica, pues es una muestra del compromiso que tiene el Poder Judicial, por fortalecer su institucionalidad y reforzar su presencia en todas las localidades del país.
"Hoy inauguramos un edificio que traerá muchos beneficios para esta comunidad, pero también para todas las zonas aledañas de Puntarenas, porque tendrán oficinas judiciales más cercanas" señaló la vicepresidenta.
Luis Fernando Barrantes Chavarría, representante de la comunidad, aseguró que este edificio representa un sueño hecho realidad y mencionó que "la historia de las instituciones se construye a partir de los sueños de sus miembros y por qué no de su pueblo, la historia de nuestra comunidad ha sido construida a partir del impulso vital de generaciones de líderes".
El nuevo inmueble es una construcción sostenible, amigable con el ambiente, cuenta con un área de 1045 m2 y albergará el Juzgado Contravencional, Defensa Pública, OIJ, Juzgado Penal, Trabajo Social, celdas y oficinas administrativas.
En la actividad participaron además la Magistrada Julia Varela Araya y los Magistrados Román Solís Zelaya, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, Jesús Ramírez Quirós, Luis Fernando Salazar Alvarado y Orlando Aguirre Gómez, así como integrantes del Consejo Superior Carlos Montero Zúñiga, Hugo Hernández Alfaro y Milena Conejo Aguilar.
De igual manera, la Directora a.i de la Defensa Pública, Diana Montero Montero; el Subdirector del OIJ, Gerald Campos Valverde; la Directora Ejecutiva, Ana Eugenia Romero Jenkins; la Directora del Departamento de Planificación, Nacira Valverde Bermúdez; la Directora de Tecnología de la Información, Kattia Morales Navarro y la Jefa y el Subjefe de Servicios Generales, Alexandra Mora Steller y José Guillermo Vindas Cantillano respectivamente.
