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Publicado: Jueves, 17 Junio 2021 11:12
- Hoja de delincuencia tiene una vigencia de 3 meses
- Emprenderán plan piloto durante este año 2021, ante requerimientos de personas usuarias.
- Instan a la población a hacer uso de los medios electrónicos para la solicitud de dicho documento.
Prestar el servicio de entrega de certificaciones de antecedentes penales y de pensiones durante el cierre de fin de año, es el plan piloto que se aplicará este 2021, tanto en las oficinas centrales del Registro Judicial del I Circuito Judicial de San José, como en las Administraciones Regionales de todo el país y demás despachos judiciales autorizados.
De esta manera, para el presente año, se mantendrá la entrega de estas certificaciones judiciales del 20 al 24 de diciembre y del 27 al 31 de diciembre, fechas en las que se da un cierre colectivo en el Poder Judicial y únicamente se mantiene habilitados los servicios judiciales esenciales y trascendentales.
El plan piloto busca dar respuesta a los requerimientos de las personas usuarias, que demandan estos documentos para aplicar a puestos de trabajo.
La autoridad del Registro Judicial reitera que las certificaciones de antecedentes penales tienen una vigencia de tres meses, para que las personas usuarias puedan prevenir de manera anticipada la obtención de las certificaciones que requieran.
Además, se pretende medir la afluencia de personas que acuden a las oficinas judiciales a solicitar estos documentos.
El Poder Judicial insta a las personas usuarias a utilizar los medios tecnológicos disponibles, en la aplicación móvil y la página web del Poder Judicial www.poder-judicial.go.cr, para hacer la solicitud de la hoja de delincuencia, sin que requieran trasladarse físicamente a las diferentes instalaciones.
Para el uso de este y otros servicios digitales judiciales, se requiere un usuario y contraseña. Si aún no lo tiene, puede hacer la solicitud en el despacho judicial, Contralorías de Servicios y oficina del Registro Judicial, más cercano de su casa o lugar de trabajo.
La solicitud de la hoja de delincuencia se puede hacer por varias opciones electrónicas:
Página web del Poder Judicial:
Ingresando a la dirección electrónica del Poder Judicial www.poder-judicial.go.cr, la persona debe dirigirse a la pestaña, “Trámites en línea” y ubicar la opción, “Solicitud de Hoja de Delincuencia” y se elige la opción correspondiente. Se ingresa al sistema con el usuario y contraseña previamente solicitado en cualquier despacho judicial cercano.
Al correo electrónico indicado, le llegará la notificación de que ya puede descargar la certificación en formato PDF, el cual se encuentra en el Sistema de Gestión en Línea, mismo en el que realizó la solicitud.
Aplicación Móvil del Poder Judicial:
El Sistema de solicitud y envío de hoja de delincuencia también está disponible para las personas usuarias, desde la aplicación móvil del Poder Judicial. La cual se encuentra disponible para sistemas Android y IOS.
Igualmente, las personas usuarias requieren un usuario y contraseña, que pueden solicitarlo en cualquier despacho judicial cercano.
El plan piloto se implementará en cumplimiento al acuerdo tomado por el Consejo Superior, en la sesión N° 33-2021 celebrada el 27 de abril de 2021; en atención a la solicitud remitida por la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, que señaló que una de las consultas más frecuentes que se atendían en la línea gratuita judicial, 800-800-3000, era la referida al servicio de entrega de hoja de delincuencia durante la tercera semana de diciembre.
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Publicado: Martes, 15 Junio 2021 13:24
Ante Comisión Legislativa Especial que investiga posible penetración del narcotráfico en Zona Sur y Partidos Políticos
La especialización en la persecución y juzgamiento de los delitos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico, es una prioridad para el Poder Judicial, así lo expuso el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, ante la Comisión Legislativa Especial que investiga la posible penetración del narcotráfico en la Zona Sur y Partidos Políticos.
En el año 2015 por iniciativa del Poder Judicial se presentó ante el Poder Ejecutivo el proyecto de ley para la creación de una Jurisdicción Especializada contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, el cual fue aprobado por el Plenario Legislativo en el año 2017.
El magistrado Cruz Castro expuso las acciones y esfuerzos emprendidos por el Poder Judicial en esta materia, durante la comparecencia de este martes 15 de junio 2021, ante el órgano legislativo.
Las limitaciones presupuestarias para la implementación de la Ley 8754, Contra la Delincuencia Organizada, no ha sido obstáculo para que las autoridades judiciales, desde unidades especializadas el Ministerio Público y la Policía Judicial, se avoquen en la persecución e investigación de los delitos sobre crimen organizado y narcotráfico. En la misma línea de trabajo los Juzgados y Tribunales Penales de todo el país, realizan el juzgamiento de estos casos.
“Hay limitaciones de recursos presupuestarios, somos conscientes de la situación fiscal del país y por ello se ha postergado. El tema para la sofisticación en materia penal obviamente tiene un costo, porque esta Ley contra la Delincuencia Organizada tiene que ver con una cantidad de personas funcionarias que dan protección a jueces, fiscales o personal que puedan ser amenazados y el crear otra serie de acciones que implican una ampliación de la planilla y en las circunstancias presupuestarias actuales es difícil”, afirmó el Presidente de la Corte, Fernando Cruz.
La ley que aprobó la Asamblea Legislativa que creó esta jurisdicción especializada es de un costo económico muy alto, sin embargo mediante un esfuerzo económico más por poner en marcha la Ley en el proyecto de presupuesto judicial para el 2022, se formularon alrededor de ₡511 millones, que se destinarían para atender algunos requerimientos en materia de crimen organizado, en aspectos puntuales como remodelación de espacio físico y resguardo a la jurisdicción, con salas de juicio, acondicionamiento de celdas y zonas de seguridad. Para que esto sea posible se requiere que este monto sea aprobado por la Asamblea Legislativa.
Recursos solicitados desde el año 2018. Con el fin de implementar la Jurisdicción Especializada en Crimen Organizado, desde el año 2018, el Poder Judicial ha solicitado al Ministerio de Hacienda los recursos económicos para que esta jurisdicción inicie funciones en el juzgamiento de hechos delictivos calificados como criminalidad organizada.
Durante los últimos tres años Corte Plena solicitó ante dicho Ministerio y la Asamblea Legislativa, que se asignarán recursos presupuestarios adicionales para atender esta nueva obligación, pero por la regla fiscal que impide el crecimiento en plazas y establece un tope en el presupuesto de las instituciones públicas esto no ha sido posible.
Sin embargo, como la asignación de recursos no ha sido posible por parte del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial solicitó una vacancia de ley, la cual fue aprobada por el Plenario Legislativo. “La firmeza de la suspensión en la vigencia de la Ley 9481, se ratificó el 30 de octubre 2019 con la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. “…Entrará en vigencia dieciocho meses después de que se haya otorgado el presupuesto necesario para su implementación, conforme a los estudios técnicos del Poder Judicial”. Todos los procesos judiciales que involucran la persecución de aquellos delitos sobre delincuencia organizada mantendrán su tramitación, en aplicación de la legislación actual.
La Dirección de Planificación del Poder Judicial ha realizado los estudios técnicos para determinar los recursos económicos y humanos necesarios para que esta ley entre en funcionamiento, para lo cual, mediante el Informe 436-PLA-RH-MI-2021, se emitió una actualización del presupuesto requerido para la implementación de la citada ley, con el fin de reducir sus costos, en coordinación con las instancias y direcciones correspondientes.
De dichos estudios y según el informe mencionado, el cual se dividió en dos fases para los periodos 2022 y 2023, se señala, que el costo total en recurso humano asciende a los ₡19.469.147.061.
Dentro de esta estructura organizacional, en materia jurisdiccional se contempla la creación tanto de un Juzgado Penal, un Tribunal Penal y un Tribunal de Apelación especializados en delincuencia organizada, así como la creación de plazas para la Defensa Pública, el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, la Oficina de Atención y Protección a la Víctima y las Unidades de Protección de Funcionarios Judiciales y de Víctimas y Testigos.
Propuestas concretas. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, señaló que desde el Poder Judicial se han puesto en marcha acciones concretas para la prevención en tema de corrupción, como la creación de la Oficina de Cumplimiento y la aplicación del Reglamento “Regulación para la Prevención, Identificación y la Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial", con el fin de someter las actuaciones del persona judicial al escrutinio público y la prevención de la corrupción y la desviación del poder.
Entre las tareas judiciales pendientes, y que deben considerar las limitaciones presupuestarias, está el fortalecimiento del Tribunal de la Inspección Judicial, orientado hacia una política administrativa con mayor presencia e incidencia y el reforzamiento de una Unidad de Investigación Judicial y el emprender un estudio sobre las debilidades de las investigaciones administrativas y su corrección.
Los recursos presupuestarios son requeridos para la puesta en marcha del incinerador de la droga por parte de la policía judicial, que demanda un equipo de trabajo de al menos 22 personas a cargo. La importancia de darle mayor alcance al Centro de Intervención de la Comunicaciones, que también requiere una mejora legal para que la fiscalía tenga mayor acceso en investigaciones importantes.
Recomendó a las diputadas y diputados, la revisión de figuras penales como el del testigo de la corona, para corregir las deficiencias de la norma, sus limitaciones y mejorar su aplicación a partir de una colaboración eficaz y la figura de anticipo jurisprudencial de prueba que permita a la fiscalía agilizar su aplicación y el replanteamiento de las campañas políticas como política preventiva, a partir de un buen régimen transparente de financiamiento de campañas.
Consideró la necesidad de emprender el Análisis de Redes de Impunidad, para la revisión de los mecanismos de sanción, evasión y elusión fiscal, mismos mecanismos utilizados también por el crimen organizado y el narcotráfico, lo que demanda también un fortalecimiento de la Fiscalía contra la Legitimación de Capitales. “El ciudadano costarricense tiene la obligación de tributar, como lo hace el funcionario público”, puntualizó Fernando Cruz.
Destacó la importancia de la Ley de Capitales Emergentes, pero requiere fortalecerse y el Ministerio Público trabaja en una propuesta para mejorar su aplicación y alcance.
“La creación de una Oficina de Política Criminal que monitoree y valore constantemente, el comportamiento judicial administrativo frente al crimen organizado y la corrupción, que lleve el pulso de lo que se hace en esta materia”, propuso el jerarca judicial durante su intervención en la comisión legislativa.
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Publicado: Viernes, 11 Junio 2021 10:40
- Salas de Casación y Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia deben seguir normas internas para la recomendación de nóminas.
- Personas aspirantes a magistratura suplente se someten a análisis de atestados y estudios sociolaborales
Con la aplicación de parámetros objetivos de selección de personas aspirantes al cargo de la magistratura suplente en las tres Salas de Casación y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Plena construye las nóminas de recomendación que se envían a la Asamblea Legislativa, para el proceso de elección final por el Plenario Legislativo.
Así lo establecieron magistrados y magistradas de la Corte Plena, al aprobar los “Lineamientos para la conformación de listas de personas recomendadas para el cargo de personas Magistradas Suplentes de la Corte Suprema de Justicia, actualizados al mes de febrero del 2021.
Con el apoyo técnico de la Dirección de Gestión Humana, cada Sala solicita la elaboración de un cartel de concurso, con nueve meses de antelación al vencimiento de los cargos suplentes actuales, garantizando la divulgación pública del cartel, tanto por medios masivos, por un medio de comunicación y el Boletín Judicial.
Durante el período de inscripción, las personas aspirantes remiten sus atestados, ante la Sección de Reclutamiento y Selección y la Unidad de Investigación Sociolaboral y de Antecedentes de la Dirección de Gestión Humana, entes que tienen a cargo la verificación de los requisitos establecidos por la Constitución Política.
El estudio de Investigación Sociolaboral y de Antecedentes tiene como fin, corroborar lo correspondiente a la idoneidad ética y aptitud moral de las personas participantes en el concurso, mediante el rastreo y valoración de antecedentes de tipo judicial, policial y administrativo-disciplinario.
También se verifica que no existan prohibiciones legales y/o incompatibilidades con el servicio público y con el puesto en particular.
Este proceso permite descartar la existencia de relación importante entre la persona oferente y familiares o personas cercanas, que se encuentren relacionadas con narcotráfico, crimen organizado u otro tipo de actividades delictivas graves, que pudiesen representar un traslado de elementos objetivos de riesgo o vulnerabilidad institucional, o un eventual conflicto de intereses, en detrimento de los estrictos fines públicos de la institución, ante un eventual nombramiento.
El órgano técnico de selección elabora la nómina de aspirantes y coordina con la Sala de la Corte correspondiente, para la realización de las entrevistas, las cuales versan sobre temas atinentes al cargo y aspectos que se consideren convenientes por su carácter de actualidad, oportunidad e interés público, entre otros. Esta etapa es pública y cuentan con registro de grabación.
Finalmente, la Sala remite a Corte Plena la lista de las personas recomendadas, órgano que ratificará la nómina, para luego remitirla a la Asamblea Legislativa para continuar con el trámite de la elección.
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Publicado: Martes, 25 Mayo 2021 14:11
- Subcomisión Penal Juvenil insta a personas operadoras de justicia a profundizar el contenido de la recomendación internacional.
Con el fin de ampliar el conocimiento de las personas operadoras de justicia que atienden la materia penal juvenil, en las observaciones internacionales en la materia, la Subcomisión Penal Juvenil del Poder Judicial, hizo llegar a nivel nacional, las Observaciones Generales del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.
El objetivo es ampliar el conocimiento entre juezas y juezas penales juveniles en lo relativo a las recomendaciones internaciones existentes en esta materia, específicamente sobre la Observación General 24 del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
“Aún cuando la aplicación de estas indicaciones internacionales no son vinculantes para el país, las observaciones generales del Comité se constituyen en buenas prácticas que pueden implementarse en la materia penal juvenil y constituyen en un instrumento válido de interpretación e integración de la norma internacional sobre derechos de la niñez, sobre todo lo correspondiente a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”, explicó el magistrado Dr. Álvaro Burgos Mata, coordinador de la Subcomisión Penal Juvenil.
La Subcomisión Penal Juvenil también consideró relevante la recomendación que se desprende de la sentencia 2021-0098, del Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal Juvenil, en la cual se instaba a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y a la Sub Comisión Penal Juvenil el difundir el contenido de la citada Observación General 24 del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Para el magistrado Dr. Burgos Mata, “… desde la Subcomisión de Justicia Penal Juvenil, es importante dar conocer estas observaciones generales, desde su amplitud en la materia. Por ello, la iniciativa de remitir a todas las autoridades penales juveniles del país, una copia de la Observación General 24 para su lectura y análisis. Igualmente trabajamos en una campaña interna para profundizar sobre los diversos tópicos que aborda esta Observación 24”.
La Observación General 24 del Comité de Derechos del Niño profundiza en temas como:
- Prevención de la delincuencia infantil, incluida la intervención temprana dirigida a los niños que no alcanzan la edad mínima de responsabilidad penal.
- Intervenciones con niños que han alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal.
- La edad y los sistemas de justicia juvenil.
- Las garantías de un juicio imparcial.
- Las sanciones penales juveniles.
- Privación de libertad, incluida la detención preventiva y la prisión posterior a la sentencia.
- Cuestiones específicas.
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Publicado: Viernes, 04 Junio 2021 14:54
- Presupuesto para el 2022 disminuyó en un 0. 06% con respecto al monto aprobado por Corte Plena para el 2021, lo que representa ¢289 millones menos.
- Gasto presupuestario máximo es de ¢468.504 millones de colones.
Apegado a las directrices de restricción del gasto y atendiendo la situación fiscal del país, la Corte Plena aprobó por mayoría de 19 votos, 1 voto por no aprobar, el proyecto de presupuesto para el año 2022, durante la sesión extraordinaria celebrada el martes 1 de junio de 2021.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, señaló que “el proyecto de presupuesto judicial para el ejercicio económico del año 2022, se apega a la Regla Fiscal y a las políticas restrictivas del Ministerio de Hacienda, es un plan de gastos que cumple con los lineamientos de restricción que hemos recibido de las autoridades del Poder Ejecutivo”.
La exposición sobre el contenido del proyecto estuvo a cargo de la Directora de Planificación del Poder Judicial, Nacira Valverde Bermúdez.
“A partir también de los lineamientos del Ministerio de Hacienda, la administración judicial tomó acuerdos para sostener y dar contención al gasto, entre los lineamientos tomados por Corte Plena, fue no recortar el presupuesto de la Dirección de Tecnología para el año 2022, dado el impacto que tiene la sostenibilidad tecnológica en este momento para el Poder Judicial en la prestación del servicio público, igualmente, este presupuesto, aplica los controles mediante la metodología de proyectos establecidos y presupuestos plurianuales, asociados a los planes de trabajo presentados”, explicó Valverde Bermúdez.
Este monto representa un decrecimiento del presupuesto institucional del 0.06% (¢289 millones) en relación con el monto aprobado por Corte Plena para el 2021. Para cumplir con la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se incluyeron también los recursos necesarios para cancelar el Impuesto al Valor Agregado.
Valverde Bermúdez destacó que el Gasto Corriente se fijó en ¢443.456 millones y el Gasto de Capital en ¢25.047 millones. Estos montos se apegan a las restricciones presupuestarias establecidas.
No se crean plazas nuevas y por restricción hacendaria, el presupuesto no se incrementa por costo de vida para ninguna clase de puesto de la institución.
En materia de alquileres, no se autorizaron contratos nuevos, salvo los que por disposición legal u órdenes sanitarias, se tengan que ajustar; además los contratos en limpieza y vigilancia no se incrementan, salvo para cubrir los costos del impuesto al valor agregado.
Dentro de los proyectos prioritarios para el Poder Judicial, se contempla la inversión en tecnología, para el fortalecimiento de los servicios judiciales en línea, de relevancia para la institución, para garantizar la continuidad de los servicios judiciales y la seguridad sanitaria ante la emergencia por los efectos de la pandemia que vive el país, ante el COVID-19.
Otro de los lineamientos importantes que se genera a partir de este presupuesto 2022, es lo correspondiente a la sostenibilidad presupuestaria de las acciones tomadas por la institución para la atención de la emergencia por el impacto del COVID 19. Estos fueron muchos esfuerzos de todas las oficinas para darle contenido y formular lo necesario para cumplir con medidas sanitarias y darle prioridad a productos medicinales, limpieza, seguridad y a adquisición de licencias de trabajo para impulsar el teletrabajo, puntualizó la Directora de Planificación del Poder Judicial, Nacira Valverde.
Junta Administradora de Jubilaciones y Pensiones. La inclusión de la ésta como un programa más dentro del presupuesto institucional obedece a la solicitud de la Junta Administradora del Fondo, fundamentada en los criterios de SUPEN y la Procuraduría General de la República (PGR) que determinaron su naturaleza jurídica, como un Órgano más del Poder Judicial.
En el criterio número C-021-2021 de fecha 29 de enero 2021 de la PGR señala: “La Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial es un órgano con grado de desconcentración máxima del Poder Judicial para la administración de dicho régimen, dotado de personalidad jurídica instrumental para la gestión más eficiente de su propio presupuesto y de los recursos que componen el aludido fondo. 2. La naturaleza jurídica de la Junta, a la que el artículo 239 de la LOPJ le confiere poderes – incluso normativos – que inciden directamente en la gestión de los recursos humanos a su cargo; no desliga a su personal del Poder Judicial, con el que sigue manteniendo una relación de empleo público”, (negrita y subrayado para efectos de este comunicado).
Ejecución de nuevas leyes demandan recursos adicionales. En un esfuerzo institucional para atender el cumplimiento en la obligación de leyes especiales, se formulan recursos específicos para avanzar en la implementación de estas normas legales aprobadas sin contenido presupuestario.
De esta manera, el proyecto de presupuesto del Poder Judicial para el 2022 contempla recursos de forma prioritaria por ₡84 millones para la capacitación de las personas juzgadoras para la implementación del nuevo Código Procesal de Familia y que abarcará 106 despachos de Familia, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica. Se incluyen recursos destinados para la Reforma Procesal Agraria ante la necesidad específica en diversas zonas del traslado del personal juzgador. Para la Ley de Bienestar Animal se destinan ₡113 millones para el equipamiento de laboratorio. En cuanto a los requerimientos de crimen organizado la necesidad de remodelación de espacio físico y resguardo a la jurisdicción, con salas de juicio, acondicionamiento de celdas y zonas de seguridad por ₡511 millones.
Adicionalmente, los montos faltantes para atender la total implementación de estas leyes se remiten nuevamente al Ministerio de Hacienda para valorar la viabilidad de que en algún momento se cuente con contenido presupuestario y se pueda dotar los recursos para la implementación de esas nuevas obligaciones legales. De acuerdo con los estudios de la Dirección de Planificación se puntualizan los requerimientos anuales reales de estas leyes especiales que corresponden a:
- Ley de Bienestar Animal ₡666 millones
- Código Procesal de Familia ₡424 millones
- Código Procesal Agrario ₡460 millones
- Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada ₡19.469 millones
- Ley 9593 Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas ₡105 millones
- Ley 9582 Justicia Restaurativa ₡1.087 millones
El magistrado Fernando Castillo Víquez se inhibió de votar la formulación presupuestaria del Poder Judicial 2022, al estar habilitados para conocer la acción inconstitucional sobre el acuerdo tomado por Corte Plena para la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, del 18 de marzo de 2019. Se le aceptó la inhibitoria.
El proyecto de presupuesto 2022 del Poder Judicial, se remitirá al Ministerio de Hacienda, cuya fecha legal de entrega está fijada para el 15 de junio.
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Publicado: Miércoles, 02 Junio 2021 15:41
- Corte Plena emite criterio sobre el texto legislativo que se tramita en plenario.
Con la aprobación de los 17 magistrados y magistradas presentes, Corte Plena emitió el criterio judicial sobre el proyecto de Ley Marco de Empleo Público, expediente 21 336 en el que se concluye que el nuevo texto de la iniciativa, afecta el funcionamiento y organización del Poder Judicial.
El informe judicial se conoció y aprobó en sesión extraordinaria de este miércoles 2 de junio. El estudio estuvo a cargo del magistrado instructor, Jorge Olaso Alvarez.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, señaló que “… en el modelo costarricense se tiene una atomización parcial orgánica de Poderes y eso incluye distintas institucionales, como los municipios y con mayor razón al Poder Judicial. La discusión siempre ha sido si la gobernabilidad es concentración de poder y eso no es la democracia”.
El criterio de Corte Plena concluyó que “…, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 167 de la Constitución Política y en el inciso 1) del numeral 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el proyecto (en su nueva versión) -cuyo criterio se solicita- sí afecta el funcionamiento y organización del Poder Judicial”.
En la exposición de lo establecido por Corte, el magistrado Jorge Olaso Alvarez, señaló que aún cuando en el texto nuevo del proyecto 21336, motivo de esta consulta, introduce ciertas modificaciones y adiciones para mejorar claridad de las normas, “…lo cierto es que -en forma general- se mantiene la base normativa del anterior texto y se pretende regular un régimen de empleo público que no considera aspectos diferenciadores de las entidades y órganos que somete a su ámbito de cobertura. Así, el Poder Judicial sigue formando parte del proyecto, con las consecuencias que eso implica para su estructura interna y funcionamiento, según las observaciones hechas en los anteriores informes”, indicó.
Entre las preocupaciones que incluye el amplio y detallado criterio de Corte Plena sobre el expediente 21 336, se contemplan:
La inclusión del Poder Judicial en una normativa general de empleo público, sin tomar en cuenta la naturaleza jurídica, conformación orgánica ni la particularidad de las funciones que desempeñan las personas servidoras judiciales en los distintos ámbitos.
- La iniciativa mantiene al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), externa al Poder Judicial, como entidad gubernamental que abarca mayormente las competencias sobre lo que se ha denominado la “Gobernanza del Sistema General de Empleo Público y que existe una clara violación a la independencia de Poderes y funciones como garantía constitucional, aspecto que se destacó ampliamente en el anterior informe.
- Se continúa desconociendo el régimen salarial particular del Poder Judicial, bajo la modalidad de salario base más pluses, como sistema oficial de retribución para todos los puestos incluidos en el Manual Descriptivo de Clases del Poder Judicial, instrumento que fue elaborado por el órgano técnico correspondiente de la Corte Suprema de Justicia y aprobado por acuerdo de la Corte Plena con base en las disposiciones especiales de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto de Servicio Judicial; así como en consideración a las necesidades y particularidades propias de la institución. En el informe se resalta que el proyecto no se considera que, además de los puestos por méritos a la carrera judicial, este Poder de la República comprende a las personas servidoras judiciales que conforman el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública, entre muchas otras. Estos factores son importantes para prevenir la fuga del talento humano y la desincentivación del ingreso de personal administrativo, técnico y profesional a la institución.
- Preocupante que la escala salarial pase a ser administrada por una cartera ministerial del Poder Ejecutivo, como lo es MIDEPLAN, con la respectiva intromisión interna en la estructura y funcionamiento exclusivos de este Poder de la República.
- El proyecto no respeta la distinción que hace la Constitución Política en cuanto a las diversas formas de nombramiento y elección de las personas funcionarias, por lo que excede el marco constitucional del empleo público, de manera que la omisión de realizar esa diferenciación a nivel legal y establecer límites en derechos progresivos salariales representa una clara afectación a la organización y funcionamiento del Poder Judicial.
- Con la introducción de un capítulo referente a la Evaluación del Desempeño, se desconocen los esfuerzos del Poder Judicial en la creación de planes sobre ese tema concreto, toda vez que este proceso forma parte de un desarrollo evolutivo que la Dirección de Gestión Humana de la institución inició desde el año 2012, en complemento con el planteamiento estratégico organizacional.
- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 de la Constitución Política, se le otorga un sustento constitucional a la estructura jurisdiccional del Poder Judicial en tanto actividad exclusivamente encomendada a este. De una relación del mencionado numeral 156 con el 177 -también constitucional- se vislumbra una atenuación a la independencia presupuestaria que le dio el constituyente al Poder Judicial, derivado de la autonomía para ejercer exclusivamente esa función jurisdiccional, por lo que -en dichas disposiciones- debe entenderse incluido básicamente el sector de la Judicatura. Lo anterior significa que el salario de las personas servidoras de este Poder de la República, encargadas de ejercer función jurisdiccional, sí deriva de una norma constitucional, por lo que debe dársele un trato independiente en razón de esa misma disposición.
- Asimismo, al incluirse a la judicatura dentro de las ocho familias a que alude el numeral 12 del proyecto (concretamente en el inciso f), se daría un roce con ambas normas constitucionales, lo cual pone de manifiesto que, aún con mayoría calificada, el proyecto presenta vicios de inconstitucionalidad. Luego, al plantearse que el presupuesto debe ser utilizado para pagar salarios de acuerdo con criterios de MIDEPLAN, se da una incidencia nociva en la Judicatura.
- Se crea un régimen disciplinario en el proyecto de ley, y no se toma en cuenta la existencia de un procedimiento ordinario ya regulado con normativa propia en la Ley Orgánica del Poder Judicial, con remisión -en lo que es omiso- a la Ley General de la Administración Pública, aplicable en materia disciplinaria, el cual en la práctica se complementa con otros procedimientos y reglas especiales para otros casos concretos, lo cual hace cuestionarse la necesidad de este nuevo procedimiento creado en el proyecto de ley. Se entiende que al entrar en vigencia esa normativa, deroga la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, que incluye el régimen disciplinario de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, contraviniendo el alcance de la norma constitucional que lo regula en el ordinal 165 de la Carta Magna.
Los magistrados y magistradas de la Sala Constitución, exceptuando el Presidente de la Corte, presentaron la inhibitoria y fue admitida. Fueron sustituidos por magistrados y magistradas suplentes, durante la sesión de hoy en la que se evacuó la consulta.
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Publicado: Martes, 25 Mayo 2021 16:09
- “Objeción de conciencia, servicio público y acceso a la justicia de la población LGBT”
La Subcomisión contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género del Poder Judicial, conmemoró el Día internacional y nacional de la No Homofobia, Lesbofobia y Transfobia, con el panel denominado: “Objeción de conciencia, servicio público y acceso a la justicia de la población LGBT” realizado de manera virtual, mediante la plataforma Microsoft Teams.
El moderador del foro fue el Magistrado de la Sala de Casación Penal, Dr. Álvaro Burgos Mata. Las personas panelistas fueron Larissa Arroyo Navarrete, de la Asociación Acceder y Marvin Carvajal Pérez, abogado constitucionalista. Aunque también estaba confirmada la participación de la Defensoría de los habitantes el viernes anterior la persona designada se excusó de hacerlo.
Desde el 2009, en el marco de las Reglas de acceso a la justicia para poblaciones en condición de vulnerabilidad, el Poder Judicial costarricense asume de manera expresa, la identificación de los obstáculos que para el acceso a la justicia tienen las personas gays, lesbianas, trans y la definición de acciones para superarlos.
El Magistrado Dr. Álvaro Burgos indicó que “es un verdadero placer para mí el intervenir como moderador de esta actividad, en representación y a solicitud del compañero Magistrado Román Solís, en conmemoración del Día de la no homofobia, lesbofobia y transfobia, reconociendo que todos y todas debemos ejercer un reconocimiento de las diferencias de los demás, enarbolando una bandera de la tolerancia y el respeto mutuo, como una actitud fundamental para la sana convivencia social, respetando las opiniones y diferentes posturas ideológicas, culturales, sociales, sexuales, etc. conforme a los valores éticos y morales que rigen nuestra vida en sociedad”.
Por su parte, Xinia Fernandez Vargas, de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial y quien coordina junto con el Magistrado de la Sala Primera, Román Solís Zelaya la Subcomisión contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género del Poder Judicial, señaló que “se acordó este año dedicar la actividad conmemorativa al análisis de la "objeción de conciencia". Lo anterior en razón de las implicaciones que el uso de este argumento puede tener en el efectivo acceso a la justicia de las personas de la comunidad LGBTTTI y de las obligaciones que tiene el Estado, las funcionarias y los funcionarios públicos de cumplir con las obligaciones que por ley tienen”.
Larissa Arroyo señaló en su participación que “la objeción de conciencia es un tema poco desarrollado teóricamente en Costa Rica. No hay un camino claro aún, pero sobre lo que sí hay certeza y consenso en el Estado de derecho costarricense es que hay que garantizar la libertad de conciencia y la libertad de expresión, dentro de lo cual se puede incluir la objeción de conciencia, pero esto nunca debe significar que se convierta en una barrera u obstáculo para el acceso de poblaciones históricamente vulneradas a todos sus derechos”.
“El punto de partida y de llegada siempre debe de ser la obligación estatal para garantizar los derechos humanos de todas las personas sin excepción, con particular atención a aquellas personas que históricamente han visto negados sus derechos”, aseguró la representante de la Asociación Acceder.
Marvin Carvajal puntualizó que “la objeción de conciencia es un instituto de gran trascendencia en un Estado democrático, derivado del derecho de resistencia a la opresión. Su uso es válido, en tanto no se emplee para discriminar, para denigrar o para negar los derechos de otras personas o impedir la universalidad y continuidad de los servicios públicos”.
Puede acceder por medio del siguiente enlace a la grabación completa del foro virtual:
https://1drv.ms/v/s!Asx5MlIDDyKxgnTDvCM7fSw2zyWt?e=3b8iia
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Publicado: Martes, 25 Mayo 2021 14:48
- Despacho agrario cuenta con el equipamiento físico, mobiliario y técnico.
- Juzgado inició funciones el pasado 4 de mayo.
El Juzgado Agrario de Puntarenas, sede Jicaral recibió una visita de apoyo por parte de magistrada y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el pasado viernes 14 de mayo de 2021.
Este despacho agrario inició funciones el 4 de mayo anterior y cuenta con todo el soporte técnico y administrativo, para brindar el servicio público de calidad.
Esta nueva sede tendrá competencia territorial en los distritos de Carmona, Santa Rita, Zapotal, San Pablo, Porvenir y Bejuco en el cantón de Nandayure, además de los distritos de Lepanto, Chira, Cóbano, Paquera y los pueblos de Gigante y Pueblo Nuevo, zonas pertenecientes al Cantón Central de Puntarenas.
El magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Coordinador de la Comisión de Construcciones del Poder Judicial señaló que la apertura del nuevo Juzgado Agrario acerca la administración de justicia y la solución de sus asuntos a las personas interesadas y en conflicto.
“La zona del cono peninsular, agrícola y ganadera, produce cierto tipo de conflictividad, y también sobre la propiedad de la tierra, de manera que este es un avance importante, porque permite un acceso a la justicia en esos temas más eficiente, más rápida y cercana”, expresó Rivas Loáiciga.
De igual manera, la magistrada Damaris Vargas Vásquez, integrante de la Comisión Agraria indicó que, “la inauguración del Juzgado es un hito en el Poder Judicial y en la Jurisdicción Agraria. Su creación permite un acceso más fluido y cercano a las personas usuarias del área que ahora es competencia de ese despacho lo cual permitirá una justicia eficaz y eficiente, sumados los esfuerzos que se desarrollan para que además sea de calidad, pues será asumida por un equipo de personas muy motivadas y con experiencia. Con la anuencia de ese despacho y el apoyo de CONAMAJ y la Contraloría de Servicios, la Comisión de la Jurisdicción Agraria apoyará para convertir este despacho en Modelo de Participación Ciudadana y Justicia Abierta.”
El Juzgado está conformado por una plaza de persona juzgadora supernumerario, una plaza coordinadora judicial 2 y una plaza técnica judicial 2 y se encuentra debidamente equipado con espacio físico, mobiliario y equipo de oficina, además, de un vehículo para realizar las giras de campo.
Para el magistrado Jorge López González “el cono peninsular es una zona eminentemente agrícola y ganadera y el Juzgado Agrario beneficia a la comunidad porque una de las limitaciones que tiene los ciudadanos para acceder a la justicia son las largas distancia. Este despacho en Jicaral muestra cercanía para la población.
El magistrado Gerardo Ruben Alfaro, señaló que el Juzgado Agrario de Jicaral “llega a beneficiar a la población de Jicaral y los distritos de Lepanto, Chira, Cóbano,
Paquera, entre otros y disminuye las largas distancias que anteriormente se recorrían para acceder a un servicio público en la materia agraria”.
“Resulta importante el Juzgado Agrario de Jicaral porque acerca la justicia a las personas usuarias es una zona agrícola y la cantidad de pueblos que existen generan conflictos de esa naturaleza y demanda servicios en materia agraria”, destacó el magistrado Orlando Aguirre.
En la actividad también participaron Sandra Pizarro Gutiérrez, integrante del Consejo Superior; Armando Guevara Rodríguez, Juez Coordinador del Juzgado Agrario de Jicaral; Jairo Álvarez López, Administrador Regional del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste y los Sacerdotes Mario Salazar Alvarado y Edgar Brenes Núñez, quienes bendijeron las instalaciones y la nueva función que se desarrollará.
El acto inaugural se realizó en apego al cumplimiento de las medidas y directrices sanitarias en prevención del COVID-19 emitidas por el Ministerio de Salud y avaladas por la Corte Suprema de Justicia.
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Publicado: Viernes, 14 Mayo 2021 14:23
- Ante la Caja Costarricense de Seguro Social.
- Autoridades Nacionales de Salud establecieron prioridad de vacunación en población judicial para grupos 1 y 4.
- Al 14 de mayo se registra un 68,24% de población judicial vacunada (1914 personas), según criterios de disponibilidad del medicamento, y que se ubican en grupo 1.
Remitir una solicitud respetuosa a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para agilizar el proceso de vacunación en la población judicial, según el grupo que corresponda, fue lo que acordó el Consejo Superior en su sesión del 27 de abril de 2021.
La decisión que tomó el Consejo superior en su sesión Nº 33-2021, también incluye “…solicitar al Servicio de Salud que rinda un informe a este Consejo de manera semanal para conocer el avance que se ha tenido en la vacunación en la población judicial, para determinar qué grupo ocupacional está protegido y poder retomar algunas actividades”.
La Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial desde el 8 de enero del presente año coordina con las autoridades de la CCSS y el Ministerio de Salud, para coordinar la vacunación del personal judicial que se ubiquen en los grupos 1 y 4, que corresponden a la priorización a nivel nacional.
“En todos los casos la aplicación de la vacuna ha estado a cargo del personal de la CCSS, según las fechas y lugar que dicha entidad ha definido, siempre sujeto a la disponibilidad de dosis en el país y en las Áreas de Salud de la CCSS. A este momento el abordaje del proceso de vacunación para el primer grupo se ha ejecutado con éxito, según las condiciones definidas desde inicios de año en la estrategia comunicada a la población judicial”, destacó Roxana Arrieta, Directora de Gestión Humana del Poder Judicial.
El oficio N° PJ-DGH-ADMSS-408-2021 con datos al13 de abril de 2021, elaborado por la Dirección de Gestión Humana. La actualización al 14 de mayo del 2021, determina que el porcentaje de personas vacunadas del primer grupo alcanza ya un 68,24%, de las 2861 personas trabajadoras judiciales identificadas dentro del grupo 1 de vacunación, quedando en espera 887 personas, según la disponibilidad del medicamento.
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Publicado: Jueves, 06 Mayo 2021 14:42
- Galardón reconoce los esfuerzos institucionales en la prevención de esta enfermedad.
Como premio a los esfuerzos realizados por el Poder Judicial en materia preventiva en el contexto de la pandemia por el COVID-19, se recibió el reconocimiento “Sello Centro de Trabajo Prevenido ante el COVID-19”.
El galardón es otorgado por el Consejo de Salud Ocupacional y se convierte en un mecanismo para la mejora continua de la gestión institucional de salud y seguridad por medio de la autoevaluación periódica de las estrategias de prevención de los factores de riesgo laborales asociados al coronavirus.
Para el jefe del Subproceso de Salud Ocupacional, Freddy Briceño Elizondo, este reconocimiento es una herramienta para la mejora continua en la gestión institucional de salud y seguridad laboral, ya que conlleva un proceso de autoevaluación periódica sobre las estrategias que se han implementado para la prevención, control y mitigación de los factores de riesgo laborales asociados a COVID-19.
“Es una garantía que el Poder Judicial se ha preocupado por la salud de la familia judicial y por dar la continuidad del servicio público en condiciones seguras para las personas usuarias, acorde a las directrices emitidas por los entes rectores en el manejo de la emergencia”, mencionó Briceño Elizondo.
El jefe del Subproceso de Salud Ocupacional destacó las acciones que se toman para el logro no solo de este reconocimiento sino también, para garantizar la salud de las personas usuarias del Poder Judicial.
“Son muchas las acciones que se han desarrollado a nivel institucional para alcanzar este reconocimiento, una de las primeras acciones que permitieron alcanzar este logro fueron las medidas para asegurar la continuidad en la prestación de servicios y proteger la vida, salud y seguridad de las personas usuarias y servidoras judiciales, propuestas por la Comisión Institucional de Emergencias y aprobadas por la Corte Suprema de Justicia desde abril de 2020”.
Otras acciones como los protocolos sanitarios aprobados por el Consejo Superior, las capacitaciones sobre los protocolos que se han promovido por parte de la Dirección de Gestión Humana, las diligentes acciones de limpieza realizadas por el Departamento de Servicios Generales o las Administraciones Regionales en todo el país; las campañas informativas y de sensibilización comunicadas por el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional y las más de 4000 inspecciones, asesorías y fiscalizaciones llevadas a cabo por las personas profesionales en salud ocupacional para brindar recomendaciones para disminuir el riesgo de contagio, fueron mencionadas por Briceño Elizondo.
Para el alcance de este reconocimiento, la institución realizó un proceso que involucró el registro en Plataforma de Centros de Trabajo del Consejo de Salud Ocupacional, el llenado del formulario de autoevaluación de COVID-19, la verificación del 100% de cumplimiento de la autoevaluación efectuada para finalmente obtener el sello.
Briceño Elizondo reconoció el aporte de diferentes instancias en la obtención de este premio, en donde intervienen la Comisión Institucional de Salud Ocupacional y la Dirección de Gestión Humana, el Subproceso de Salud Ocupacional, la Comisión Institucional de Emergencias, la Corte Plena y el Consejo Superior, la Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría, el Servicio de Salud, las Administraciones Regionales, las Administraciones del Ministerio Público, de la Defensa Pública y del Organismo de Investigación Judicial, entre otras oficinas.
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Publicado: Jueves, 22 Abril 2021 14:29
- Ente contralor realizó auditoría financiera a ejecución presupuestaria judicial del 2020
Los resultados se desprenden del informe DFOE-PG-IF-00004-2021 emitido por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República y comunicado el 14 de abril al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro.
“… en la revisión de la liquidación del presupuesto de egresos del Poder Judicial, no se identificaron debilidades significativas que deban ser informadas a la Administración”, así lo destaca la autoría financiera del ente contralor.
Para el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, el Poder Judicial trabaja año a año por garantizar la efectividad administrativa de los recursos públicos asignados en cada plan presupuestario.
“Este compromiso institucional permitió alcanzar un 97,76 % de ejecución presupuestaria y se evidencia al igual que, en los años anteriores, un uso eficiente de los fondos públicos. Esto, se logra a pesar de la rigidez normativa introducida en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2020”, puntualizó Cruz Castro.
El criterio del ente contralor corresponde a la auditoría financiera realizada a los saldos de las partidas presupuestarias de Remuneraciones, Servicios, Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital del Poder Judicial, contenidas en la Liquidación del Presupuesto de la República del ejercicio económico 2020.
De acuerdo con la Directora Ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins, para la administración del Poder Judicial resulta muy satisfactorio que la Contraloría General de la República, haya brindado una opinión limpia, sin ninguna reserva u objeción, en el dictamen anual que debe rendir sobre la Liquidación del Presupuesto de la República y al amparo de lo que dicta la Constitución Política y la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos.
“Esto señala que en el proceso de ejecución presupuestaria del Poder Judicial no se evidenció ninguna debilidad significativa que deba ser informada y que, por el contrario, las partidas de salarios, servicios y transferencias se presentan de manera razonable en la Liquidación Presupuestaria, con fundamento en la legislación y demás normativa vigente, lo que confirma el correcto uso de los recursos públicos en este Poder de la República.”
El informe contralor se fundamenta en lo establecido en la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 8131 y su Reglamento.
“…el saldo de las partidas de Remuneraciones, Servicios, Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital del Poder Judicial, contenidas en la Liquidación del Presupuesto de la República del ejercicio Económico 2020, se presenta razonablemente con fundamento en lo establecido en la Ley n.° 8131 y su Reglamento, así como, en las disposiciones legales, reglamentarias y otra normativa emitida por el Ministerio de Hacienda”, así concluye el informe de la Contraloría General de la República.
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Publicado: Viernes, 09 Abril 2021 15:48
El Poder Judicial transparenta el proceso de formulación presupuestaria para el año 2022.
Las actas de las sesiones extraordinarias del Consejo Superior, que contienen el proceso de análisis y elaboración del plan presupuestario judicial para el próximo año, son de acceso público y se pueden consultar desde el apartado “Transparencia” del sitio electrónico institucional.
Las personas interesadas pueden informarse sobre los requerimientos y prioridades de inversión que tendrá el Poder Judicial, para el 2022. Solo deben ingresar a la página electrónica judicial: www.poder-judicial.go.cr.
De allí dirigirse a la pestaña Transparencia → Presupuestos, que los lleva al sitio Actas de Formulación Presupuestaria y hacer clic en la opción 2022/Consultar.
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Publicado: Miércoles, 17 Febrero 2021 16:48
- Apoyo y acciones conjuntas en la materia e intercambio de buenas prácticas.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Fernando Cruz Castro y su homólogo de la República de Paraguay, Alberto Joaquín Martínez Simón firmaron un convenio para desarrollar acciones de cooperación para el fortalecimiento de la justicia restaurativa.
La firma del convenio se realiza bajo la premisa de los objetivos 16 y 17 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que consisten en la creación de alianzas para el cumplimiento de los objetivos claves en materia de instituciones sólidas, democráticas y transparentes.
En el acuerdo se estipula el desarrollo de capacitaciones sobre cuestiones teórico-prácticas en la implementación del proceso restaurativo con énfasis en la persona ofensora, la víctima y redes comunitarias, así como procesos, prácticas y resultados restaurativos en el marco del derecho penal y penal juvenil de ambas partes. También se hará material de difusión para la implementación del programa.
En dicha cooperación, el Poder Judicial de Costa Rica brindará apoyo, orientación y seguimiento de las acciones conjuntas, así como difundir, divulgar y promover los procedimientos del programa a fin de replicar las buenas prácticas. Por su parte, el Poder Judicial de Paraguay brindará apoyo y seguimiento a dichas prácticas y proyectos conjuntos.
El Magistrado Cruz Castro indicó que la firma de este convenio es una muestra de la relación de colaboración entre los Poderes Judiciales que integran la Cumbre Judicial Iberoamericana, con el objetivo de fortalecer procesos en la Administración de Justicia, para brindar servicios de calidad eficiente, oportunos y necesarios para la ciudadanía.
“Esta alianza significa que todas las instituciones tenemos la voluntad de cumplir la misión de asegurar el acceso a las personas, generar acciones para el intercambio de experiencias, buenas prácticas y conocimiento que de manera conjunta se podrá potenciar para la región iberoamericana” afirmó Cruz Castro.
Fernando Cruz aseguró que “el Poder Judicial de Paraguay ha sido un aliado, aspiramos seguir desarrollando iniciativas y proyectos en diversos temas de interés, tanto bilateral como en el ámbito iberoamericano; es de particular interés que el tema de Justicia Restaurativa lo podamos trabajar además de manera conjunta, en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana”.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial de la República de Paraguay, Alberto Joaquín Martínez Simón indicó que “este convenio que tanto nos interesa tiene un único fin que es llevar una mejor justicia a las personas que más lo necesitan. Compartir experiencia entre ambas instituciones para decir que tenemos una mejor justicia y tenemos un Poder Judicial con un rostro humano”.
En la actividad virtual participaron el Magistrado y Coordinador Nacional de Cumbre Judicial Iberoamericana, Román Solís Zelaya, así como el Magistrado Rector de Justicia Restaurativa Gerardo Rubén Alfaro Vargas. También el Ministro Coordinador Nacional Cumbre Judicial Iberoamericana de Paraguay, Luis Maria Benites Riera; el juez penal de la adolescencia y ministro encargado del programa de Justicia Restaurativa, Camilo Torres y la Ministra del Poder Judicial de Paraguay, Gladis Barreiro.
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Publicado: Miércoles, 17 Febrero 2021 16:18
- Poder Judicial trabaja en nueva política institucional orientada en la simplificación y celeridad de trámites.
El establecimiento de procesos electrónicos para la ejecución de diversas gestiones judiciales internas y esfuerzos del personal judicial para promover un ahorro en el consumo de papel, fotocopias y tóner, es lo que destaca en el informe presentado por el Programa Hacia Cero Papel del Poder Judicial, bajo la coordinación del Consejo Superior.
Los resultados obtenidos en el 2020, involucran las acciones emprendidas por los equipos de trabajo que se integraron según el ámbito institucional Administrativo, Jurisdiccional y Auxiliar de Justicia (Organismo de Investigación Judicial, Ministerio Público y Defensa Pública).
La integrante del Consejo Superior y coordinadora del Programa Hacia Cero Papel del Poder Judicial, Sandra Pizarro Gutiérrez, resaltó el trabajo de todos los órganos judiciales involucrados, que contribuyeron “…a mejorar en gran medida el acceso a la justicia y la tutela efectiva de una justicia pronta y cumplida, esto a través de la eliminación progresiva de formalismos excesivos e innecesarios en la tramitación de los procesos (administrativos y jurisdiccionales), que permita la reducción del uso del papel y la maximización de los recursos tecnológicos”.
Entre los que destacan a nivel administrativo, la implementación de los sistemas electrónicos para el control vehicular, el sistema de vehículos decomisados, el sistema integrado de correspondencia y el de asistencia electrónica institucional, este último ya registra 10.307 con carné electrónico en todo el país.
También destaca la entrega de certificaciones de antecedentes penales digitales, las cuales se entregaron bajo esta modalidad como una medida para garantizar el servicio ante la pandemia. En total se entregaron 99.739 documentos digitales, lo que representa un aumento del 292% con respecto al año 2019, que llegó a entregar 25.432 certificaciones digitales.
A estos esfuerzos se suman los sistemas de recepción de facturas de manera electrónica y la implementación de la oferta electrónica en los procedimientos de contratación.
Solo en consumo de fotocopias al compararse el II Semestre del 2019 con el I Semestre del 2020, se registra una disminución de 307.298 hojas no utilizadas, que equivale a un 50% de reducción y con un costro promedio de ahorro de ¢4.723.170,26. El Ámbito Auxiliar de Justicia registró el mayor porcentaje de ahorro con un 52%.
En cuanto al uso de resmas de papel, al compararse el II Semestre del 2019 (7.102 resmas utilizadas) con el I Semestre del 2020 (5.783 resmas utilizadas), se contabiliza una disminución de consumo en resmas de papel de 1.397 entre ambos períodos, con un valor económico de ¢6.146.800,00.
Para la integrante del Consejo Superior y coordinadora del Programa Cero Papel, Sandra Pizarro Gutiérrez, desde la Dirección Ejecutiva y las Administraciones Regionales se realiza un monitoreo periódico del consumo de papel, tóner y fotocopias en los circuitos judiciales de todo el país y existe un compromiso de parte de estas dependencias por sensibilizar a la población judicial para mantener estos esfuerzos de ahorro institucionales.
Pizarro Gutiérrez mencionó que dentro de las nuevas propuestas en las que se trabaja, está la construcción de la Política de Simplificación y Celeridad de Trámites Judiciales, que tiene entre sus objetivos promover en la población judicial mejores prácticas y procedimientos que contribuyan progresivamente a eliminar los formalismos excesivos e innecesarios entre los trámites judiciales y desarrollar una gestión más ágil y oportuna.
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Publicado: Martes, 16 Febrero 2021 15:14
Las acciones administrativas emprendidas durante el 2020 para el efectivo funcionamiento del Poder Judicial, las expuso el Consejo Superior en un detallado informe de labores que presentó en la sesión de Corte Plena de este lunes 15 de febrero de 2021.
La exposición de la gestión administrativa judicial estuvo a cargo de los y la integrante del Consejo Superior, Carlos Montero Zúñiga, Gary Amador Badilla, Gary Bonilla Garro y Sandra Pizarro Gutiérrez.
El informe del órgano judicial administrativo destacó acciones en materia presupuestaria, atención de la emergencia por COVID-19, construcción y mantenimiento de infraestructura, requerimientos y apoyo a las oficinas y despachos judiciales, el respaldo al proyecto de Modelo Integral del Proceso Penal, aplicación del régimen disciplinario, la labor en la integración de comisiones y el trabajo en el Modelo de Gestión de Riesgos de la Institución.
El integrante del Consejo Superior, Carlos Montero Zúñiga resaltó el presupuesto para la atención de la pandemia, en áreas como la compra de implementos de limpieza, equipo de protección y licencias, equipos de software y mejorar la conectividad para brindar el servicio judicial; así como el establecimiento de directrices y acuerdo administrativos para establecer medidas sanitarias. Resaltó que durante 2020 se emprendieron labores para mantener la estabilidad de la estructura judicial, con el reforzamiento estructural y eléctrico.
Por su parte, Gary Amador Badilla expuso la importancia del Plan de Modelo Integral del Proceso Penal, donde dio un fuerte apoyo en materia de administración del recurso humano; así como un monitoreo permanente para establecer las prioridades y ajustes en eficiencia, tendientes a fortalecer la gestión de los Tribunales.
La integrante Sandra Pizarro Gutiérrez afirmó que se le dio prioridad en la reducción de plazos en la resolución de asuntos disciplinarios en procesos que involucraron medidas cautelares o revocatoria de nombramientos y se trabajó de manera coordinada con la Comisión de Asuntos Laborales y el Tribunal de la Inspección Judicial. Detalló que durante el 2020 se conocieron 427 asuntos disciplinarios, de los cuales 380 de éstos se resolvieron con lugar y sanción correspondiente, además, se trabajaron planes de descongestionamiento.
En materia de participación de comisiones, la exposición estuvo a cargo del integrante Gary Bonilla Garro y señaló que se trabajó en coordinación con la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, así como el seguimiento, en conjunto con la Unidad de Control Interno, la Dirección de Planificación y de Tecnología de la Información, el modelo de gestión de riesgos para lograr la integración del Plan Estratégico Institucional y el Plan Anual Operativo y el SEVRI, con lo cual se alcanzó el alineamiento en el 2020 de un total de 109 metas, de las 120 metas estrategias existentes.
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Publicado: Martes, 16 Febrero 2021 15:11
- Funcionario rindió informe de labores 2015-2021 durante la sesión ordinaria de la Corte.
Por un nuevo período de seis años, el magistrado Max Esquivel Faerrón, asumirá el cargo en propiedad en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), luego de la designación que hizo Corte Plena este lunes 15 de febrero de 2021.
La reelección de Esquivel Faerrón se dio por unanimidad de la Corte Plena.
Durante la sesión, el funcionario del TSE dio un amplio informe de labores sobre el trabajo emprendido entre el 2015 y 2021 en el cargo de magistrado propietario del TSE. Destacó el trabajo en temas como la garantía de la participación ciudadana inclusiva y un Estado Democrático de Derecho, igualdad de género y el fortalecimiento de la deliberación informativa para el ejercicio del sufragio, entre otros temas.
Los nombramientos a los cargos de la magistratura en el Tribunal Supremo de Elecciones son competencia de la Corte Suprema de Justicia, así lo dispone el artículo 100 de la Constitución Política de Costa Rica. La designación es por un período de seis años.
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Publicado: Viernes, 22 Enero 2021 11:39
- Corte Plena conoce informe de Contraloría de Servicios y acoge recomendaciones de mejora.
Una serie de recomendaciones se considerarán en el Poder Judicial, para mejorar la atención telefónica de las personas usuarias. Corte Plena conoció este lunes 18 de enero, un estudio elaborado por la Contraloría de Servicios para profundizar en la efectividad del servicio.
Con un total de 5.350 llamadas realizadas en todos los Circuitos Judiciales del país, durante el mes de octubre, se determinó que el 68,95% de las llamadas hechas a los despachos judiciales recibieron una respuesta positiva, al atender la consulta durante el mes en estudio. Es decir 7 de cada 10 llamadas se atienden.
El Informe denominado “Revisión y seguimiento de la atención de llamadas telefónicas en los despachos del Poder Judicial”, estuvo a cargo de la Contraloría de Servicios del Poder Judicial y las Contralorías de Servicios Regionales.
Según destacó el Contralor de Servicios del Poder Judicial, Erick Alfaro Romero, en promedio, se realizaron unas 412 llamadas diarias, entre el 14 y el 30 de octubre del año pasado.
“El propósito fue conocer la atención telefónica que se brindó en oficias judiciales especialmente en las jurisdicciones y principalmente, en el contexto de la pandemia por COVID-19 y con ello damos cumplimiento a la solicitud de Corte Plena en el tema”, afirmó Alfaro Romero.
Cabe considerar que durante el 2020, a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19, el Poder Judicial ha tenido que recurrir al cierre constante de despachos, debido a los casos positivos registrados en la población judicial y proceder con el protocolo de limpieza profunda y desinfección de los espacios de trabajo, para la protección de la salud del personal judicial y las personas usuarias que se atienden.
“Hemos estado viendo una dinámica con motivo de la pandemia y que se debe considerar en este tipo de ejercicios, como lo es el cierre de oficinas por casos positivos y órdenes sanitarias; así como la alta demanda que registran muchos servicios judiciales en la Gran Área Metropolitana”, explicó el Contralor de Servicios del Poder Judicial.
El Circuito Judicial de la Zona Atlántica es el que registra la mejor respuesta en atención telefónica al público, donde del total de 274 llamadas registradas en el
estudio, se contestaron positivamente el 87,96%. Es decir, 9 de cada 10 llamadas recibieron contestación.
El segundo lugar en efectividad en la atención telefónica al público lo ocupa el III Circuito Judicial de Alajuela, sede San Ramón con un 87% de contestación positiva en las 133 llamadas que se realizaron a sus despachos.
Si se revisan los datos del estudio por provincia, Limón mantiene el primer lugar con un 81,36% de las llamadas con contestación positiva sobre el servicio. Seguida por Puntarenas 78,07% de efectividad del total de las llamadas a los despachos de la región.
Entre las recomendaciones que conoció Corte Plena y consideraron importante poner en práctica, están el que los despachos judiciales designen al menos a una persona para atender las líneas telefónicas y de priorizar la atención por esta vía.
Se deberá corroborar con periodicidad el correcto funcionamiento de las líneas telefónicas del despacho y analizar si existe un aumento en la cantidad de llamadas que se reciben, para que se valore la habilitación de otra línea telefónica.
Se señaló la importancia de las Administraciones Regionales de emprender una actualización de las guías de contacto, de forma periódica, para que las personas usuarias cuenten con información correcta y oportunidad, acción que se encuentra contenida en la Circular 142-2020.
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Publicado: Martes, 12 Enero 2021 15:39
En el marco del informe de resultados del “Proyecto de fortalecimiento de la capacidad humana institucional en el tema de detección de fraude o corrupción y métodos anticorrupción” del National Center for State Cours (NCSC), se realizó el informe de resultados de la gestión 2020, de la Oficina de Cumplimiento del Poder Judicial.
La labor de cooperación con la Embajada de los Estados Unidos representada por la Embajadora Sharon Day y del National Center for State Court, a través de su director Juan Carlos Astúa, fue fundamental.
Durante la actividad se dio un reconocimiento por parte de la Embajada de los Estados Unidos de América, a la Magistrada Patricia Solano Castro, a la Magistrada Nancy Hernández López y al Magistrado Porfirio Sánchez Rodríguez, por su trabajo y dedicación. También se reconoció la labor de la Fiscala General, Emilia Navas Aparicio.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro destacó que la cooperación internacional, ha permitido generar importantes acciones para identificar y analizar de una mejor manera el sistema judicial, con el objetivo de encontrar todas aquellas falencias que requieren ser subsanadas.
“Nos permite profundizar y generar los elementos necesarios para un abordaje preventivo ante cualquier situación que pueda derivar en un caso de corrupción”, indicó el Magistrado Cruz Castro.
La Magistrada Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y Presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro señaló que “el acompañamiento que nos han otorgado, ha representado para nosotros un sostén invaluable en todo este proceso, en el que hemos buscado concientizar a la población judicial sobre las nuevas formas de ejercer justicia y sobre el valor de la ética como principal impulsor de la transparencia en la función pública, y por ende, del ejercicio de una labor judicial propia de un régimen democrático. Ciertamente, sin la ayuda de ustedes, no habríamos podido avanzar de la forma en la que lo hemos logrado”.
“En los últimos años, hemos conversado muchísimo sobre la importancia de la transparencia, de fortalecer las formas de atacar e impedir la corrupción pública, de la ética y de la rendición de cuentas. Para el Poder Judicial este proyecto ha sido de primer orden, y por ello ha plasmado con acciones concretas el compromiso con el cumplimiento del gerenciamiento de los riesgos en la función judicial, hemos abordado el reto en forma seria y con responsabilidad” puntualizó la Magistrada Solano Castro.
Por su parte, Kennia Alvarado Villalobos, de la Oficina de Cumplimiento puntualizó que la corrupción es un riesgo para el sistema judicial, que amenaza el logro de sus objetivos y el cumplimiento del mandato constitucional de administrar justicia en forma independiente e imparcial; la corrupción, en un contexto más amplio, no solo atenta contra el desarrollo social, económico, la institucionalidad y el Estado de derecho, también resulta una amenaza para el reconocimiento y goce de los derechos humanos.
“El mayor obstáculo para las estructuras criminales, es una judicatura independiente, imparcial, objetiva y apegada a la legalidad. Al perenne desafío al que se enfrentan los sistemas judiciales por sostener su independencia ante los embates de intereses externos, hoy se suma, los esfuerzos de las organizaciones criminales por restarle a la independencia judicial a través de la corrupción para la consecución de sus fines ilícitos”, mencionó la oficial de cumplimiento del Poder Judicial.
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Publicado: Martes, 12 Enero 2021 15:34
La Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia (CONAMAJ) presentó la Agenda Conamaj 2021 cuyo tema es dedicado al Programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura (FIAJ) de la Escuela Judicial.
La presentación se realizó de manera virtual por medio de la plataforma Microsoft Teams.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro indicó que “un año más la comisión en su constante incidencia positiva en la administración de la justicia nos presenta un insumo informativo y educativo de suma importancia para la población costarricense, ya que la agenda se ha consolidado como un valioso instrumento que brinda información clave sobre los distintos servicios que brinda el Poder Judicial, desde hace 21 años se han dedicado temas de importancia jurídica, participación ciudadana, justicia restaurativa, derechos de las personas indígenas, privadas de libertad, niñez y adolescencia, entre otros”.
“Esta publicación anual está dirigida prioritariamente a la ciudadanía, de manera que puede tener en sus manos un instrumento que lo acompaña durante todo el año, con información clave relacionados con servicios judiciales o bien como herramienta de empoderamiento en cuanto a derechos y responsabilidades, así como formas para su exigibilidad”, agregó el Magistrado Fernando Cruz.
El Magistrado y Presidente de CONAMAJ, Román Solís Zelaya aseguró que la trayectoria de proyectos conjuntos entre la Escuela Judicial y la Comisión es de larga data que se remonta incluso antes de iniciar este milenio, en donde el apoyo para la realización de proyectos de gran envergadura, alta sensibilidad social y proyección institucional a las comunidades siempre ha estado presente, en procura del bienestar de sectores con vulnerabilidad, fortalecimiento de los derechos fundamentales y su exigibilidad, como pieza clave para la construcción de una sociedad democrática en plenitud.
“Es un verdadero honor contar con un tema tan trascendental y de alto impacto social como lo es el Programa de Formación Inicial, el cual nació hace diez años y hoy está sólidamente arraigado en el Poder Judicial, dejando huella en cada despacho y función jurisdiccional, puesto que las personas formadas en este programa desempeñan su función con altos estándares de calidad”, agregó el Magistrado Solís.
La Magistrada y Presidenta a. í. del Consejo Directivo de la Escuela Judicial, Julia Varela Araya indicó que el FIAJ ha sido todo un éxito con la colaboración que ha brindado la Comisión en el apoyo de la formación de jueces y juezas y que la agenda es una evidencia de todo ese aporte para mejorar en la administración de la justicia.
Por su parte la Subdirectora a.í. de la Escuela Judicial, Kattia Escalante Barboza señaló “quiero agradecer a la Comisión por permitirnos tener en el 2021 una agenda que evidencia la importancia del programa para nuestra institución y para el país, por permitirnos integrarnos a su maravilloso equipo de trabajo para obtener este gran logro”.
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Publicado: Lunes, 11 Enero 2021 13:28
- Corte Plena la reelige en el cargo en sesión ordinaria de este lunes 11 de enero.
Dar continuidad a la labor emprendida desde la Vicepresidencia de la Corte Suprema de Justicia, es el compromiso que asumió este lunes 11 de enero, la magistrada Patricia Solano Castro, luego su reelección en el cargo.
Durante la sesión, Solano Castro entregó un amplio informe de labores al pleno de Corte Plena, donde destacó acciones de trabajo en tres vertientes: lo relativo a la materia de transparencia y anticorrupción; el rediseño del modelo penal y la prestación del servicio justicia.
“Creo en el Poder Judicial, creo en la institucionalidad, creo en la innovación, el crecimiento y la mejora continua, creo en el trabajo individual y en equipo; y que el éxito institucional no es sólo responsabilidad de uno sólo, sino que, es de todos y todas, como parte integral y orgánica de un sistema tan importante, como es el judicial”, señaló Solano Castro.
La Vicepresidenta de la Corte tiene una carrera de 32 años en la judicatura. Es Licenciada en Derecho y Notariado de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con Estudios de Post Grado de la Universidad Nacional en la Especialidad de Administración de Justicia en Derecho Penal. Enfoque Socio-Jurídico. Es egresada de la Maestría de Administración de Justicia de la UNA.
Durante el período de 1998 al 2017 asumió como Jueza del Tribunal Penal de Primer Circuito Judicial de San José, último año en el cual se acogió a su jubilación.
Inició funciones en la Judicatura en 1988 como jueza penal en Cañas. Además ejerció como jueza en el Juzgado de Instrucción de San Ramón y Cañas y en la Alcaldía Mixta de Cañas.
Se desempeñó como jueza mixta de Puriscal y en los Juzgados Penales de Puntarenas y Alajuela. En 1997 fungió como jueza en el Tribunal Superior Segundo Penal de San José.
En noviembre del 2018, asumió el cargo de magistrada de la Sala de Casación Penal, por designación de la Asamblea Legislativa.
“Es en estos tiempos donde debemos trabajar y darle el nuevo significado a “un mejor Poder Judicial” y garantizar el acceso a la justicia en forma libre, continua, oportuna, igualitaria y sin discriminación alguna; así como defender, proteger la independencia judicial de amenazas e injerencias indebidas; y además dignificar al conglomerado judicial”, finalizó la Vicepresidenta de la Corte.
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Publicado: Viernes, 27 Noviembre 2020 14:22
“Forjando justicia para la paz social”
La Sala de Casación Penal celebra 40 años forjando justicia para la paz social, aportando insumos para mejorar los métodos de investigación y de la persecución penal, por medio de acciones formativas especializadas y de alto nivel, que permiten el fortalecimiento de la institucionalidad, dotando al Poder Judicial del conocimiento que permite la robustez, calidad y especialización jurisdiccional e integridad judicial.
La Presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro señaló que como lideresa de ese equipo de trabajo, uno de sus mayores compromisos es velar por que tanto en la gestión de la Sala, como en toda la jurisdicción, se desarrolle una labor con transparencia, independiente y con eficiencia continua, como primer requerimiento para mejorar el servicio que se brinda. Adicionalmente la Magistrada Solano resaltó la conmemoración del día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
“Quiero recordar que cualquier concepción que tengamos de justicia, implica otorgar un papel protagónico a las instituciones democráticas, como órganos llamados a forjarla en sus decisiones; así que nuestra responsabilidad es tal, que se nos ha encomendado materializar con nuestro trabajo, el verdadero significado de ser una Nación democrática, libre y soberana, y el efecto de nuestra transparencia y probidad, va más allá de la forma en la que se resuelva un litigio en particular, ya que la manera en que administremos justicia, repercute de forma directa en toda la institucionalidad y en nuestro sistema de derecho”, indicó la Magistrada Patricia Solano.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro también destacó el día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, “una fecha que nos debe servir para reflexionar sobre la gran cantidad de mujeres alrededor del mundo que sufren cada día de algún tipo de violencia, en muchas ocasiones el acto violento suprime la vida de la mujer”.
Cruz Castro puntualizó que este 40 aniversario supone brindar una mirada a las cifras actuales, donde los datos estadísticos de los últimos 5 años reflejan un incremento en la cantidad de recursos que ingresan a la Sala, manteniendo cifras que promedian más de mil asuntos por año, lo cual significa un reto, tanto para las Magistradas y Magistrados, así como para todo el equipo de trabajo que conforman.
“Este reto ha sido asumido por la Sala con un alto grado de mística y compromiso, donde solo en el año 2019 se resolvieron 1252 asuntos en materia penal y 20 asuntos propios de la materia de penal juvenil. Asimismo, desde que inició la emergencia nacional por Covid-19, los despachos judiciales han asegurado la continuidad del servicio a las personas usuarias” finalizó el Magistrado Fernando Cruz.
Durante la actividad, se rindió un homenaje al ex Magistrado Armando Saborío Vargas, integrante de la Primera Sala de Casación Penal de 1980. Además, se realizaron reproducciones de videos con las palabras de los Magistrados Gerardo Rubén Alfaro y Álvaro Burgos Mata, también de la Magistradas Patricia Solano Castro y Sandra Eugenia Zúñiga Morales.
Zúñiga Morales realizó la introducción de la exposición “La globalización de la delincuencia y el uso delictivo de la tecnología y sus problemas procesales de investigación y prueba” de Juan Carlos Ortiz Pradillo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid de España.
Así mismo, el Magistrado Burgos Mata introdujo la exposición “La judicatura como pilar del Estado social y democrático de derecho” de Yara Esquivel, del Banco Mundial.
Ambas presentaciones se realizaron vía virtual por medio de la plataforma Microsoft Teams.
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Publicado: Viernes, 27 Noviembre 2020 14:14
Despacho ejerce competencia en todo el territorio nacional.
Acciones se han tomado ante la pandemia.
La Sección Primera del Tribunal Agrario realizó una audiencia de forma oral por medios tecnológicos el viernes 20 de noviembre.
La misma fue dirigida por la jueza ponente María Rosa Castro García; integraron las juezas Alexandra Alvarado Paniagua y la coordinadora de Sección Magda Díaz Bolaños; las partes estuvieron acompañadas por el abogado y abogada directora quienes intervinieron desde las oficinas de las citadas personas profesionales guardando todas las medidas de seguridad.
El presidente del Tribunal Agrario, Enrique Ulate Chacón puntualizó que el uso de la plataforma virtual le permite al tribunal, sin mayores costos de traslado, acercarse a las partes para que puedan conciliar sus intereses, sin poner en riesgo la salud de las personas usuarias, en su mayoría adultos mayores y personas en estado de vulnerabilidad. El juez Ulate resaltó que lo anterior es posible gracias a la aplicación de los protocolos aprobados por Corte Plena.
Dicha audiencia da continuidad al servicio de manera ágil y segura, evitando el contacto físico de las partes y de las personas integrantes. Además, se protege la salud e integridad de las partes porque no tiene que trasladarse de lugares lejanos a la sede.
La jueza Magda Díaz señaló que a partir de la construcción y aprobación del protocolo de actuaciones en materia agraria, se posee una forma adicional, cuando es procedente, para garantizar el acceso a la justicia de calidad, brindando seguridad jurídica a las partes, indistintamente de las alertas decretadas en cada región, porque el despacho tiene competencia en todo el país. Se suma a lo anterior que el Poder Judicial ha dotado de las herramientas tecnológicas al órgano judicial para ejecutarlas con seguridad tecnológica y para el adecuado resguardo de la información.
“Realizar una actuación judicial bajo esta modalidad virtual permite dar continuidad al servicio público que brindamos desde el Tribunal Agrario, sin mayores dilaciones en razón de la crisis sanitaria”, agregó la coordinadora de la Sección Primera.
En la audiencia, las partes quienes se encontraban en la provincia de Alajuela estuvieron anuentes a brindar la cooperación para realizar la actuación.
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Publicado: Viernes, 27 Noviembre 2020 14:09
Poder Judicial y el ICE firman convenio interinstitucional
Manual interno establece procedimiento para suscribir contratos personales con tarifa diferenciada.
Las personas trabajadoras judiciales que realizan sus funciones bajo la modalidad de teletrabajo, podrán acceder a tarifas de internet diferenciadas, con la firma del convenio interinstitucional entre el Poder Judicial y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
El Consejo Superior aprobó la suscripción del convenio en la sesión del N° 97-2020 celebrada el 8 de octubre de 2020 y se estableció un “Procedimiento institucional para que las personas funcionarias y servidoras judiciales suscriban contrato con el Instituto Costarricense de Electricidad, para optar por los beneficios del Plan Teletrabajo”.
La firma del convenio se dio este jueves 19 de noviembre entre el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro y los representantes del ICE, la Directora de la Unidad de Ingresos, Yorleny Ruiz Hernández y el asesor jurídico Juan Lisandro Cordón.
El Magistrado Fernando Cruz destacó que se permitirá brindar una alternativa a todas las personas funcionarias y servidoras judiciales, para optar a título personal por un servicio de acceso a internet con condiciones favorables.
“Nuestro país ha sido pionero en América Latina en declarar el acceso al internet como derecho humano, mediante la vía jurisprudencial. Ese acceso al internet como derecho fundamental también ha sido reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su relatoría especial para la libertad de expresión, cuando en el año 2013 señalaba que ese acceso posee una serie de principios orientadores como lo son: el acceso al internet en igualdad de condiciones, el pluralismo informativo, la no discriminación y la privacidad”, puntualizó Cruz Castro.
Por su parte, Yorleny Ruiz resaltó la consolidación de ambas instituciones que se unen para buscar un fin común que es llevar a través de la tecnología el teletrabajo en mejores condiciones.
“Este acuerdo viene a fortalecernos esa sinergia y en esa consolidación que debemos tener como empresas estatales, al ser el ICE un aliado tecnológico por excelencia”, agregó la Directora de la Unidad de Ingresos.
Los contratos que el personal judicial suscriba serían a título personal, pero con condiciones diferenciadas, que permitirán acceder a un servicio que permita una comunicación ágil, con mayor capacidad para transferencia de voz, datos y video; así como estables que permitan la continuidad del servicio de las personas teletrabajadoras.
Este es un esfuerzo más por reforzar el teletrabajo en el Poder Judicial, que se ha constituido en una herramienta institucional más, ante la situación sanitaria que enfrenta el país por el COVID-19.
El manual de procedimiento institucional establece una serie de requisitos que deben cumplir las personas trabajadoras judiciales interesadas en suscribir con el ICE- Kölbi en el Plan TELETRABAJO.
Se debe solicitar ante la Dirección de Gestión Humana o en las Administraciones Regionales del país, una certificación de que se labora en la modalidad de teletrabajo.
Según la zona de residencia, se deberá contactar a las personas ejecutivas de ventas asignados por el ICE, para determinar la zona de cobertura de fibra óptica o enlace de cobre y en este servicio se le remitirá el Formulario de mejoramiento de condiciones de conectividad”.
Solo se podrá suscribir un servicio de oferta de Teletrabajo bajo una misma cédula.
La persona funcionaria o servidora judicial deberá notificar al ICE, por medio del ejecutivo de la zona, cuando cese de laborar en la modalidad de teletrabajo para el Poder Judicial o del todo ya no labore para la institución. Para este fin, le será brindado por el ICE-Kölbi, el Formulario de Inclusión/Exclusión de Colaboradores, el cual deberá remitirse vía correo electrónico al Ejecutivo de Ventas, debidamente firmado.
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Publicado: Miércoles, 18 Noviembre 2020 10:33
El Poder Judicial cuenta con el “Protocolo para la gestión de residuos generados en el contexto de la pandemia ocasionada por el Covid–19”, el cual complementa los protocolos institucionales existentes sobre medidas para evitar el contagio y propagación de esta enfermedad.
La Magistrada y coordinadora de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional, Damaris Vargas Vásquez indicó que el objetivo del protocolo es regular la gestión integral de residuos y el uso eficiente de los recursos en el Poder Judicial.
Lo anterior, en el marco del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el país en las convenciones internacionales ambientales y la normativa interna, en especial, la Ley de Gestión Integral de Residuos y los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud, Corte Plena y Consejo Superior con ocasión de la pandemia.
“Se pretende evitar que el inadecuado manejo de los residuos impacte la salud humana y los ecosistemas, e influir en las pautas de conducta de las personas servidoras judiciales, promoviendo un enfoque preventivo en la toma de decisiones. La idea es que asumamos nuestra responsabilidad y los costos asociados a una adecuada gestión de los residuos valorizables en el contexto de la pandemia y reforzar las buenas prácticas de separación de residuos en los centros de trabajo” puntualizó Vargas Vásquez.
Para un manejo adecuado de residuos valorizables en este contexto se recomiendan las buenas prácticas de separación de residuos en los centros de trabajo, evitar y reducir al máximo la generación de residuos en su origen como un medio para prevenir la proliferación de vectores relacionados con las enfermedades infecciosas y la contaminación ambiental.
Evitar estornudar o toser encima o cerca de los residuos valorizables ya que se convierten en superficies en las cuales puede sobrevivir el virus del COVID-19, así como evitar que se llenen de polvo, pues hay mayor probabilidad de que las gotas de saliva se adhieran a ellos.
Seguirán un protocolo de desinfección y limpieza los equipos de protección personal, trapos de limpieza de superficies, botellas de alcohol de uso diario, entre otros.
Los residuos sólidos asimilables no son valorizables (reciclables), aunque posean materiales valorizables (plástico, aluminio, etc.) ya que pueden estar contaminados, por lo que deben depositarse en bolsas separadas de los residuos ordinarios. Previo a sacar la bolsa del recipiente de residuos, esta debe ser amarrada para evitar que su contenido sea vertido de manera accidental.
Los residuos sólidos asimilables de manera exclusiva se deben disponer en una bolsa plástica resistente o en su defecto en doble bolsa, la cual debe estar rotulada con la leyenda “Residuos de limpieza y desinfección”.
La aprobación del protocolo fue por el Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión N° 97-2020 celebrada el 08 de octubre del 2020.
La vigilancia del cumplimiento de las disposiciones indicadas corresponderá a las jefaturas de las distintas oficinas y despachos judiciales. De igual forma, la Comisión de Gestión Ambiental Institucional brindará seguimiento y asesoría a las directrices aquí indicadas.
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Publicado: Miércoles, 18 Noviembre 2020 09:08
Los Magistrados y Magistradas de la Corte Plena iniciaron la discusión del Informe de la Comisión de Reforma a la Carrera Judicial, como parte del avance en el trabajo de las reformas legales y administrativas que son prioridad para la institución.
El informe de la Comisión está a cargo del Presidente de la Sala Segunda de la Corte, Orlando Aguirre Gómez, quien coordina dicho grupo.
Aguirre Gómez destacó que dentro de la labor de la Comisión, se han desarrollado 12 sesiones de trabajo, en donde se analizan propuestas presentadas por los funcionarios y funcionarias judiciales, representantes de la sociedad civil y de organizaciones relacionadas con el Poder Judicial.
Durante la sesión de Corte Plena se analizaron diversos temas vinculados con el perfil competencial de las 
personas que aspiran a la función jurisdiccional, así como la posibilidad de modificar algunos requisitos de ingreso basados en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Desde finales del año 2017, se integraron diez comisiones, las cuales están integradas por los Magistrados y Magistradas de las diferentes salas, quienes trabajan en la construcción de diversas propuestas de reforma.
Dichas reformas abarcan temas como: elección de la magistratura, fortalecimiento del régimen disciplinario, incorporación de la participación ciudadana y la transparencia, carrera de la Defensa Pública, Carrera Fiscal, reforma procesal penal, la reforma de Carrera Judicial, evaluación de desempeño y las reformas a las competencias de Corte Plena.
La discusión del Informe de la Comisión de Reforma a la Carrera Judicial continuará en la sesión de Corte Plena del próximo lunes 23 de noviembre.
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Publicado: Martes, 10 Noviembre 2020 15:28
- Temas prioritarios: analizar acciones para atención de la mora judicial y las limitaciones en el crecimiento presupuestario por el cumplimiento de la regla fiscal.
Impulsar acciones de cambio en el modelo de justicia frente a la nueva realidad provocada por la pandemia; así como analizar su impacto y retos en el presupuesto judicial, para establecer prioridades y soluciones, son temas que abordarán magistradas, magistrados y equipo técnico del Poder Judicial, a partir del mes de enero 2021 cuando se integren grupos de trabajo. Lo que resta este año 2020 se definirá la metodología a aplicar para que un corto plazo se obtengan propuestas concretas.
Lo anterior es un acuerdo unánime tomado en la sesión de Corte Plena, de este lunes 9 de noviembre 2020, en el que jerarcas judiciales por unanimidad, acogieron una propuesta presentada por la magistrada Nancy Hernández López, integrante de la Sala Constitucional.
“Las consecuencias económicas de la pandemia generan una enorme tensión sobre el sistema de administración de justicia en al menos dos sentidos: primero, porque el aumento del desempleo y la crisis económica, tienen un efecto directo sobre las materias de pensiones alimentarias, laboral, cobros, el sistema penal y la jurisdicción constitucional, pero su afectación se refleja en todo el sistema de administración de justicia. En segundo lugar, porque la crisis presupuestaria nos afecta transversalmente de tal forma que, básicamente contaríamos con menos recursos para atender los mismos servicios que ya venían recargados, más el aumento en la conflictividad producto de los efectos de la crisis de la pandemia”, puntualizó Hernández López en la propuesta.
Agregó que en su criterio es importante que la Corte Plena realice un análisis de los efectos de la pandemia tanto en el presupuesto como los ajustes estructurales necesarios para atender la nueva realidad y la atención urgente de la mora judicial que se va a agravar, ante el aumento generado por los efectos de la pandemia y la limitación de recursos.
En el marco de la discusión magistradas y magistrados acordaron integrar dos grupos de trabajo, el primero analizará los efectos de la pandemia sobre la administración de justicia y dentro de sus recomendaciones abordar el tema de la reducción de la mora judicial mediante posibles cambios en el modelo actual de justicia.
El segundo grupo tendrá a su cargo el estudio objetivo de las directrices emanadas del Ministerio de Hacienda en materia presupuestaria, que aún con respeto de la regla fiscal, afectan la toma de decisiones y el abordaje de los retos más apremiantes y las posibles soluciones para lograr una mayor flexibilidad, sin afectar el cumplimiento de la regla fiscal.
Como se indicó, lo que resta de este año, la Presidencia de la Corte dará el impulso necesario para definir la metodología en el análisis de los temas que se incluyan en la agenda de trabajo. La meta es integrar los grupos en enero y tener unas propuestas en el primer semestre del año.
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Publicado: Miércoles, 28 Octubre 2020 14:21
- Corte Plena aprobó recomendaciones de órganos técnicos.
- Establece planes de trabajo remediales en todas las jurisdicciones.
- Se ejecutarán acciones a partir del 1 de noviembre 2020.
Los despachos judiciales del país y que atienden todas las materias jurisdiccionales reprogramarán y realizarán las audiencias suspendidas por la afectación de la pandemia provocada por el COVID-19. Así lo acordaron magistrados y magistradas en la sesión de Corte Plena de este lunes 26 de octubre 2020, tras la exposición del informe 1627 PLA-2020 371CACMFJF-JEF-2020, elaborado por la Directora de Planificación, Nacira Bermúdez Valverde y la Jefa del Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, Maricruz Chacón Cubillo.
Mediante planes remediales con plazos de ejecución, seguimientos y fiscalización, se retomarán las audiencias presenciales para reducir los efectos causados por la emergencia sanitaria. El proceso se iniciará a partir del 1 de noviembre, garantizando las medidas de seguridad sanitarias establecidas por la institución y el Ministerio de Salud.
El magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, coordinador de la Comisión de Emergencias Institucional del Poder Judicial, señaló que el Poder Judicial ha tomado medidas desde marzo para garantizar la continuidad de los servicios, manteniendo el aforo y evitando el contagio.
“La pandemia aún no ha terminado y en estos siete meses se ha afectado el servicio judicial. El proceso de apertura judicial debe darse y debe ser seguro para resguardar la salud de las personas usuarias y la población judicial, debido a que la institución también se ha visto afectada con personas positivas por COVID-19, y ello implica en este momento el cierre temporal de despachos judiciales”, expresó Rivas Loáiciga.
La Directora de Planificación, Nacira Valverde, señaló que sumando todas las jurisdicciones, al finalizar setiembre se tenía un pendiente de 13, 941 expedientes pendientes de agendar. “En este proceso, la coordinación con las administraciones regionales de las zonas será importante, para garantizar el aforo, las medidas de seguridad y sanitarias deberán reforzarse. Además, las oficinas judiciales en materia penal han propuesto en sus planes de trabajo, aumentar la cantidad de señalamientos por juez o jueza a celebrar por semana, potenciar la plataforma TEAMS y contar con jueces y juezas de apoyo”, explicó Valverde Bermúdez.
Cabe destacar que al 30 de setiembre, en las agendas de las diferentes oficinas se tienen 46,773 audiencias señaladas para después de septiembre.
El estudio establece que de los 254 despachos no penales, 140 deberán emprender las acciones para retomar las audiencias judiciales rezagadas. Cien despachos no registran audiencias pendientes de agendar o reprogramar y 14 despachos se excluyen por no realizar audiencias, estos son los que atienden las materias Civil, Concursal, Cobro, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Doméstica, Pensiones Alimentarias, Notarial, Agrario, Tránsito, Contencioso Administrativo y Contravencional. En este trabajo se destacó la labor emprendida por los juzgados para la elaboración y cumplimiento de los planes remediales.
En el caso de la materia penal se retomará la posibilidad de realizar las audiencias de forma presencial, según los planes remitidos por cada una de las oficinas de las audiencias suspendidas, deben reprogramarse un total de 1749 audiencias y juicios, que corresponden a poco más del 50% del total a cargo de juzgados penales y tribunales penales. A partir del 1 de noviembre, se retomarán los juicios contra personas no privadas de libertad.
Durante estos siete meses de medición, se destaca que los Tribunales Penales que conocen Flagrancia registran la mayor efectividad en la realización de audiencias con un 72% a su cargo y deben reprogramarse un total de 166 audiencias suspendidas.
Lo Juzgados Penales alcanzaron un 56% de efectividad en estos procesos y un 46% los Juzgado Penales Juveniles y deberán reprogramar 850 audiencias. En el caso de los Tribunales Penales alcanzaron un 44% de efectividad en las audiencias y emprenderán el plan remedial en 899 procesos pendientes de juicio o audiencia.
En el informe se determinó que producto de la pandemia por el COVID-19, muchas de las audiencias judiciales se suspendieron por diversas causas como el cierre de despachos por algún caso positivo de COVID-19, o por nexo.
Datos de Planificación destacan que de enero a agosto, se registró la entrada de 558,115 asuntos nuevos y se terminaron 545,259 casos, labor que han emprendido las personas trabajadoras en la institución considerando la calificación de las diferentes alertas sanitarias, atendiendo las cargas de trabajo, respetando el aforo sanitario y utilizando las herramientas tecnológicas disponibles.
La Presidenta del Tribunal de la Inspección Judicial, Siria Carmona Castro y el Director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo también rindieron informes sobre las labores emprendidas durante estos siete meses, con motivo de la prórroga de las medidas adoptadas por el Poder Judicial ante emergencia mundial por Covid-2019 que afecta a la país.
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Publicado: Jueves, 15 Octubre 2020 11:55
El promedio general salarial que se paga en el Poder Judicial no se obtiene de la partida de remuneraciones, sino del análisis de salarios, que incluye personas profesionales y no profesionales que laboran en judicatura, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública y ámbito administrativo de este Poder de la República. 
El resultado obtenido por la Dirección de Gestión Humana arroja que el promedio general salarial es de ¢1. 586. 544.73 y no ¢2. 500. 000. 00 como lo ha indicado un economista en medios de comunicación y cuyas apreciaciones circulan en redes sociales.
Este monto se obtiene del estudio correspondiente al mes de septiembre del año en curso. La partida de remuneraciones incluye otros componentes como sustituciones, horas extra, pagos por sentencias judiciales, aguinaldos, salario escolar, entre otros componentes que integran esa partida presupuestaria, que no es recibido por toda la población judicial esto depende de las necesidades del servicio público y lo que disponen leyes especiales en materia laboral.
Se reitera que el salario que percibe la jerarquía judicial están congelados desde el primer semestre del año 2018,
es decir no reciben aumento por costo de vida, desde el primer semestre del año 2018.
El Poder Judicial tiene 894 oficinas distribuidas en todo el país entre tribunales, juzgados, fiscalías, defensa pública, administrativas, delegaciones y subdelegaciones regionales de la policía judicial, laboratorios forenses, patología y medicina legal, así como el personal técnico y de apoyo lo que hace que los grupos ocupacionales sean muy diversos y respondan a perfiles diferentes, para la ejecución de tareas y obligaciones según las necesidades y demandas del servicio público de administración de judicial.
El personal judicial debe por ley garantizar un servicio continuo de 24 horas, los 7 días de la semana, con cobertura en todo el territorio nacional, para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico, homicidios, demandas por violencia doméstica, delitos contra la propiedad, trámite de pensiones alimentarias y otros servicios que nunca pueden para detenerse.
Los salarios se ajustan al costo de vida en el mismo monto definido para todo el sector público, asumiendo la institución el aumento de los precios, sin menoscabo de los servicios judiciales que se brindan.
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Publicado: Lunes, 12 Octubre 2020 15:38
- También se brinda información sobre uso de sistemas de videoconferencias.
- 13, 751 gestiones de personas usuarias se han atendido desde el 15 de mayo al 30 de setiembre.
El Poder Judicial pone a disposición de las personas usuarias una línea directa, para atender las inquietudes en relación con la realización de audiencias virtuales por medios tecnológicos o videoconferencias.
Estos sistemas tecnológicos se implementaron en la institución, como una herramienta más para garantizar la continuidad de los servicios judiciales y para mitigar el contagio y la propagación de la enfermedad del Covid-19.
Desde el servicio de atención telefónica 2284-2062, la persona usuaria puede informarse sobre cómo gestionar y solicitar una audiencia virtual, dentro del trámite de su proceso judicial y evitar el traslado a los edificios judiciales y con ello proteger su salud al disminuir riesgos.
En total la línea directa de consulta contabiliza 13, 751 gestiones, desde el 15 de mayo y hasta el 30 de setiembre y en promedio se atienden 3000 consultas al mes.
Catalina Mora Calvo de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, señaló que el proyecto de atención de consultas sobre audiencias virtuales y gestión en línea surge de la necesidad de contar con asesoría técnica por parte de dicha Dirección, según los protocolos en manejo de audiencias virtuales aprobados en las diferentes jurisdicciones.
“La misión de los compañeros en este proyecto ha sido evacuar dudas, orientar a la persona usuaria en el uso de la herramienta, así como solucionar problemas que se le presenten al ingresar o al utilizar los servicios que brinda la plataforma. Es importante aclarar que las personas especializadas a cargo de este proyecto cuentan con experiencia en el uso y soporte de diferentes plataformas a nivel de la DTIC, lo que les permite tener un conocimiento más amplio a la hora de resolver las diferentes consultas o problemas que tienen las personas usuarias”.
Además, se brindan capacitaciones a las personas usuarias externas en las audiencias virtuales y orientación en la utilización de la herramienta Microsoft Teams, las cuales se manejan por medio de citas con la persona usuaria para una atención personalizada.
Tal como indica Melissa Durán Gamboa, de la Dirección de Planificación, el propósito de crear la línea de consulta fue atender cualquier duda a nivel tecnológico, tanto del personal judicial como de las personas usuarias externas, con el fin de que puedan conectarse a las audiencias por medios tecnológicos, sin contratiempos.
“Las consultas las puede realizar cualquier persona, y se ideó como un apoyo o requerimiento necesario para la implementación de los distintos protocolos, aprobados por Corte Plena”. señaló Durán Gamboa.
Si desea acceder a este servicio, puede marcar la línea telefónica 2284-2062 o bien escribir al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o visitar la página https://audienciasvirtuales.poder-judicial.go.cr/.
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Publicado: Viernes, 09 Octubre 2020 16:00
- Brindando un servicio de excelencia y calidad a lo largo del país, para cumplir con el mandato de justicia pronta y cumplida.
El Poder Judicial llevó a cabo la conmemoración del l 25 Aniversario de la creación de las Administraciones Regionales, que brindan un servicio de calidad a las oficinas judiciales y personas usuarias.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, resaltó que al día de hoy se cuenta con 22 administraciones al servicio de la ciudadanía, que ofrecen un servicio en forma ágil, eficiente y oportuna, con responsabilidades permanentes y que realizan esfuerzos dirigidos a satisfacer esas exigencias.
“Han demostrado ser el mecanismo eficiente y directo que garantiza la solución de situaciones locales de manera expedita. Su labor es vital para garantizar la continuidad de los servicios de administración de justicia y forma parte del engranaje que permite al personal judicial contar con recursos, insumos, servicios como aseo y seguridad, operatividad de equipos, y mantenimiento de infraestructura en óptimas condiciones, incluso han asumido servicios comunes de manera centralizada en procura de mejorar el servicio público”, aseguró el Magistrado Fernando Cruz.
La Directora Ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins, puntualizó que se cuenta con estructuras robustas con labores administrativas, que también apoyan a los despachos judiciales mediante la recepción de documentos, notificaciones y citaciones, en el proceso de planificación y presupuestación, custodia de títulos valores, cuentas corrientes, correo interno y agenda única, entre otras.
“Hoy las Administraciones Regionales enfrentan nuevos desafíos, la situación fiscal del país nos obliga a ser cada día más eficientes en la administración de lo público. Además, los planes de rediseño de los despachos judiciales demandan una mayor asesoría técnica, también, la ciudadanía exige servicios más oportunos y de calidad” indicó Ana Eugenia Romero Jenkins.
El Administrador Regional del Circuito Judicial de San Carlos, Alexander Matarrita Casanova, recordó como les ha tocado atender las más apremiantes emergencias, como el terremoto de Cinchona, inundaciones en Guanacaste, Limón y Quepos, la tormenta tropical Nate en Ciudad Cortés, y el Huracán Otto en Upala, así como hoy libran desde las regiones, una lucha frontal contra la pandemia.
“Ninguna de todas esas situaciones, gracias al aporte de las Administraciones Regionales, han logrado poner de rodillas al Poder Judicial, y tener que suspender su esencial servicio, la continuidad de los servicios judiciales es nuestra consigna, y lo hemos alcanzado. También por eso somos tradición, porque tenemos un pasado y un presente que nos enorgullece”, afirmó Alexander Matarrita Casanova.
Durante la semana, la Dirección Ejecutiva y las Administraciones Regionales organizaron actividades, dentro de las cuales se contó con conferencias magistrales a través de la plataforma Microsoft Teams, donde se tuvo la oportunidad de hacer un intercambio de experiencias y buenas prácticas con Poderes Judiciales de Paraguay, Chile y República Dominicana.
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Publicado: Viernes, 09 Octubre 2020 08:29
- Ante Comisión de Asuntos Hacendarios de Asamblea Legislativa
- Acceso a la justicia es esencial para el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.
- Plan de gastos para el ejercicio económico 2021 registra una reducción de 9.972.000.000 millones de colones.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro detalló ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, el presupuesto de este Poder de la República para el ejercicio económico año 2021.
El monto total de presupuesto ordinario del Poder Judicial para el próximo año es de 462.705.000.000 colones y registra una reducción porcentual de 2.1% respecto al año en curso. Esta disminución es el resultado del cumplimiento de las directrices presupuestarias giradas por el Ministerio de Hacienda y la voluntad institucional de recortar el plan de gastos para como Estado, hacerle frente a la crisis económica que vive el país, agravada por la pandemia mundial provocada por el virus SARS- CoV-2.
“Señalamos que para el 2021 la reducción presupuestaria será del 2,1% por que a lo largo del año 2020 hicimos una reducción importante del presupuesto ordinario, por ello nuestra comparación no es con el presupuesto aprobado en el 2020, sino con el contenido presupuestario final que considera las disminuciones hechas para aportar al país por la situación financiera provocada por la emergencia de la COVID-19”, manifestó el magistrado Cruz Castro.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia contó con el apoyo técnico de la Directora Ejecutiva, Ana Eugenia Romero Jenkins, la Directora de Planificación, Nacira Valverde Bermúdez y la Directora de Gestión Humana, Roxana Arrieta Meléndez.
El jerarca judicial puntualizó ante la comisión que el presupuesto de este Poder de la República se presentó conforme al marco legal, ajustándose a la regla fiscal y directrices de contención del gasto emitidas por el Ministerio de Hacienda. En total a lo interno de la institución se emitieron 129 directrices de contención del gasto, vinculando el presupuesto con los resultados de gestión y de ejecución presupuestaria.
“Se cumple plenamente la Ley 9635 con la nominalización de componentes salariales como dedicación exclusiva, la prohibición, la evaluación de desempeño, la creación de nuevos componentes salariales con reserva de ley y pago del IVA por compras que también ha significado un importante esfuerzo en materia fiscal”.
El presupuesto 2021 contiene el ajuste nominal de los componentes salariales, y no se incluyen recursos para el aumento de costo de vida. En materia de alquileres, no se autorizaron contratos nuevos y se adecuó la fecha de vigencia de los actuales, además se ajustaron los contratos en limpieza, vigilancia y bienes y servicios, aumentando únicamente los montos para cubrir el costo del impuesto del valor agregado. Se disminuyo también en subpartidas como información, horas extras, suplencias, vehículos, transporte en el exterior, viáticos al exterior, becas, alimentos y bebidas, entre otras subpartidas.
Así mismo, se incluyen los recursos para asumir el costo económico de hacerle frente a los procesos de desinfección y limpieza profunda por los casos positivos de Covid -19, ya que se enfrentan con presupuesto propio. Estos procedimientos deben realizarse a la mayor brevedad por protección y resguardo de las personas usuarias y del personal judicial, para evitar el contagio dentro de instalaciones judiciales.
El Poder Judicial actualmente se compone de 894 oficinas distribuidas en 294 edificaciones, que brindan atención a personas usuarias en diferentes áreas del servicio de justicia, entre ellas las poblaciones en vulnerabilidad, quienes demandan los servicios de pensiones alimentarias, violencia doméstica, procesos laborales, delitos sexuales, población con discapacidad, adulta mayor, privada de libertad, migrante y refugiada, sexualmente diversa, indígena, niños, niñas y adolescentes y personas en conflicto con la Ley Penal Juvenil, entre otras poblaciones.
Nuevas obligaciones sin contenido presupuestario. Para el cumplimiento de leyes especiales aprobadas por el Plenario Legislativo que imponen nuevas obligaciones al Poder Judicial, la Corte Plena acordó remitir al Ministerio de Hacienda, una propuesta adicional al proyecto de presupuesto ordinario de la institución, con los requerimientos que se necesitan para su implementación. Este acuerdo se toma ante la rigidez presupuestaria y la aplicación de la regla fiscal, es decir fuera del límite del presupuesto ordinario.
Recursos adicionales que el Poder Judicial requiere para atender nuevas obligaciones legales se detalla en la infografía que se adjunta:
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Publicado: Jueves, 08 Octubre 2020 14:50
Los procesos disciplinarios del Poder Judicial ya cuentan con el Protocolo para actuaciones judiciales en materia disciplinaria por videoconferencia como parte de las medidas adoptadas ante el estado de emergencia nacional por COVID-19”. El acuerdo lo tomó Corte Plena en su sesión del 5 de octubre.
El magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez manifestó la importancia de contar con este Protocolo, el cual se diseñó en la Comisión Régimen Disciplinario, en colaboración con el Tribunal de la Inspección Judicial, la Dirección de Planificación y la Dirección Jurídica.
“El protocolo está formulado para que sea aplicado por todos los operadores a cargo del régimen disciplinario en el Poder Judicial, inclusive por Corte Plena y contempla los principios éticos que han sido regulados en los otros protocolos”, comentó el magistrado Sánchez Rodríguez.
Siria Carmona Castro, Presidenta del Tribunal de la Inspección Judicial fue quien expuso el contenido de la norma interna y explicó que el objetivo del mismo es brindar una guía práctica sobre el uso de las herramientas tecnológicas para la realización de las audiencias de recepción de pruebas de forma virtual.
“Este protocolo abarca a las instancias que instruyen y aplican el régimen disciplinario administrativo en la institución, y las normas como la Constitución Política, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley General de la Administración Pública y todas aquellas que vengan a integrar el ordenamiento para el régimen disciplinario”, explicó Carmona Castro.
El Protocolo establece que cuando las personas no tengan acceso a medios tecnológicos, el defensor deberá informarlo al órgano disciplinario con al menos 10 días de anticipación, para coordinar con las Administraciones Regionales.
Es importante resaltar que las partes, testigos o peritos no van a requerir tener acceso a la licencia del software de Microsoft Teams, solamente deben tener acceso a internet con un ancho de banda de 3 Mb.
El órgano disciplinario podrá realizar la audiencia desde las salas establecidas para este fin, oficinas o donde se realice teletrabajo, así como las partes y sus abogados y abogadas.
Las audiencias serán privadas, pero con previa autorización se permitirá que otras personas se encuentren presentes para efectos académicos o de formación profesional, pero sin participación activa de la misma.
El acoso sexual y laboral se exceptúan de la aplicación del protocolo en aras de garantizar el principio de confidencialidad por su propia naturaleza; sin embargo, en aquellos casos en que la presunta (s) victima (s) manifieste su consentimiento, la audiencia virtual se podrá realizar en este tipo de procesos.
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Publicado: Jueves, 08 Octubre 2020 13:28
- Audiencia se dio como parte del conocimiento del expediente legislativo 21360.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro y la Magistrada de Sala Primera y Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, Damaris Vargas Vásquez, comparecieron ante la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, con el objetivo de exponer las acciones que realiza el Poder Judicial en la protección de esta población.
La audiencia se llevó a cabo el pasado 6 de octubre y tuvo como objetivo dar seguimiento al expediente legislativo 21360, el cual analiza las acciones adoptadas por el Estado en protección de los pueblos indígenas Teribe y Bribri de Salitre, según lo dispuesto en la resolución 16/15 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, medida cautelar n° 321-12 del 30 de abril de 2015.
Entre lo expuesto, se trataron los temas de los desalojos de personas indígenas realizados en sede judicial, así como de la protección de los derechos fundamentales de este grupo poblacional en relación con sus territorios, en donde los diputados y diputadas expusieron sus inquietudes sobre el trabajo que realiza el Poder Judicial.
El Presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro, destacó que es importante mencionar que el planteamiento de acciones concretas requiere también una voluntad política, por lo que el trabajo debe ser conjunto entre los tres Poderes de la República. Además, dijo que en cuanto a las resoluciones judiciales se debe respetar la independencia judicial de los jueces y juezas en la materia.
Cruz Castro señaló que es importante trabajar en la capacitación de los profesionales en derecho del Estado en materia de defensa de las poblaciones indígenas y subrayó que el Poder Judicial con las directrices que ha tomado, es consciente de un problema que hay que abordar.
Por su parte, la magistrada Damaris Vargas, acotó que dentro de las funciones de la Subcomisión se han formulado propuestas de circulares con el visto bueno de la Comisión de Acceso a la Justicia, tanto a Corte Plena como al Consejo Superior para mejorar el acceso a la justicia de las personas indígenas, entre ellas, la Circular 188-19 que da lineamientos para la atención de esta población y de las Medidas Cautelares 321-12 de la CIDH contra el Estado, entre otras relevantes para mejorar la calidad, eficacia y eficiencia del servicio de administración de justicia que se imparte a las personas indígenas.
Vargas Vásquez subrayó la importancia de la creación de una jurisdicción especializada para abordar de manera coherente y prioritaria los temas indígenas, el valor de los peritajes culturales realizados por las universidades estatales, para conocer la realidad de estas poblaciones y enfatizó en la importancia del tema presupuestario para poder lograr estas acciones.
También, se destacó el trabajo que se realiza desde la Defensa Pública en materia de atención a los pueblos indígenas.
La legisladora Nielsen Pérez, destacó las iniciativas propuestas por los altos jueces, haciendo énfasis en que se debe trabajar fuertemente para que estas poblaciones no sean consideradas usurpadoras en sus propias tierras y así lograr un marco de protección en sus territorios, ya que los problemas que sufren a raíz de esto son inadmisibles en un Estado de Derecho.
En la audiencia, también participó el Director del Despacho de la Presidencia, Roger Mata Brenes, así como diputados y diputadas integrantes de la Comisión.
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Publicado: Jueves, 08 Octubre 2020 11:02
- Contraloría realizó evaluación de acciones judiciales aplicadas para enfrentar emergencia sanitaria por COVID-19.
- Desarrollan encuesta a usuarias y usuarios de servicios presenciales, electrónicos y virtuales.
Una alta satisfacción evidenciaron personas usuarias que utilizaron los servicios judiciales entre marzo y agosto del presente año, al aplicarse una serie de medidas institucionales para garantizar los servicios judiciales frente a la pandemia por el COVID-19.
Así lo reflejó el estudio de Percepción de los servicios del Poder Judicial bajo las medidas aplicadas debido a la crisis sanitaria COVID-19MARZO-AGOSTO 2020, elaborado por la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, el cual se conoció en Corte Plena el pasado lunes 28 de setiembre.
El informe contiene las respuestas brindadas por 861 personas usuarias de los servicios judiciales, de las cuales 687 mencionaron haber utilizado servicios presenciales, 318 realizaron trámites no presenciales y 65 personas participaron en audiencias virtuales. En total se aplicaron 1271 encuestas, sin embargo 410 personas no habían utilizado los servicios durante el periodo evaluado.
Entre los principales hallazgos se destaca que el servicio presencial recibió una calificación favorable del 82% en el promedio general, donde Guanacaste y Limón alcanzan el mayor porcentaje con un 89% y la provincia de San José el más bajo con un 70%.
“Las medidas sanitarias implementadas para garantizar la salud de las personas usuarias y servidores judiciales son valoradas con altas calificaciones (89%) y las
hacen sentirse seguras”, puntualiza el informe de la Contraloría de Servicios. En cuanto a los servicios no presenciales que la institución tiene disponibles, el Sistema de Gestión en Línea es el de mayor demanda, con un porcentaje de satisfacción del 87%; seguido por el medio telefónico, como mecanismo para consultas.
En el tema del uso de audiencias virtuales, las personas usuarias consultadas señalaron su funcionalidad en un 88%.
La Contraloría de Servicios también incluyó recomendaciones con el fin de mejorar los servicios judiciales y considerando los requerimientos de las personas usuarias, como lo es el reforzar las informaciones dirigidas a la población usuaria, desde la página web del Poder Judicial y las redes sociales.
Además, la valoración de mejoras en los sistemas informáticos, en ampliación de la vía electrónica de servicios de valor para la persona usuaria, la atención por vía telefónica en los despachos judiciales y velar porque las piletas y otros implementos de desinfección sean aptos para personas con discapacidad.
Estos y otros aportes se obtuvieron de la consulta a la sociedad civil organizada, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y a las personas usuarias de los servicios electrónicos institucionales.
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Publicado: Miércoles, 07 Octubre 2020 13:02
El magistrado de la Sala Constitucional y Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, rindió juramento ante la Asamblea Legislativa, luego de ser reelecto por un nuevo periodo constitucional de 8 años, en la sesión del plenario legislativo del pasado 5 de octubre 2020. En el acto de juramentación se realizó en la sesión legislativa extraordinaria de ayer martes 6 de octubre de 2020.
El Presidente de la Corte, Fernando Cruz, destacó, que para el Poder Judicial es una prioridad el trabajo en el tema de la mora judicial, que es un objetivo constante que no se puede perder de vista en el quehacer judicial, sobre todo en la administración de tribunales, por eso desde la Presidencia ha impulsado un proyecto que visualice la información judicial en temas como las cifras del desempeño de jueces y juezas, los informes de planificación y las observaciones sobre tardanzas, “con la finalidad de obtener con la mayor fluidez y transparencia la información judicial y que las personas ciudadanas pueda tener un fácil acceso a esos datos”, puntualizó.
El Presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank Smith, tuvo a cargo el acto formal y manifestó al magistrado Cruz Castro “éxitos en esa labor que la Asamblea Legislativa y Dios ha puesto en sus manos”.
El jerarca judicial es licenciado en Derecho, graduado en la Universidad de Costa Rica y Doctor en Derecho, título obtenido en la Universidad Complutense de Madrid, entre otros estudios académicos.
Es Presidente de la Corte Suprema de Justicia desde agosto del 2018 y magistrado propietario de la Sala Constitucional desde el año 2004.
Algunos de los cargos que desempeñó anteriormente fue Presidente a.i de la Sala Constitucional, Presidente del Tribunal de Casación Penal, Fiscal General del Ministerio Público. Se hizo acreedor del premio Ulises Odio Santos, por la contribución al desarrollo teórico del derecho penal y procesal penal.
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Publicado: Martes, 06 Octubre 2020 16:22
- Oficina de Cumplimiento realizó exposición ante Corte Plena sobre la regulación de conflictos de interés.
Los magistrados y magistradas que integran Corte Plena conocieron en la sesión del 5 de octubre 2020, una presentación sobre la aplicación y alcances del Reglamento para la prevención, identificación y la gestión adecuada de los conflictos de interés en el Poder Judicial, por parte de la Oficina de Cumplimiento de este Poder de la República.
“Este es un tema de primer orden en la institución dado que el reglamento entró en vigor este año. Es una normativa que cubre todas las actividades de nuestro quehacer institucional. Su aplicación ha generado muchas inquietudes sobre la aplicación y extensión del reglamento, de manera que celebro, como coordinadora de la Comisión de Transparencia todas las inquietudes y el interés que ha despertado este tema tan necesario en la función judicial, somos pioneros a nivel internacional en tener un reglamento de esta naturaleza dentro de la administración de justicia”, destacó la Presidenta en ejercicio, magistrada Patricia Solano Castro.
La exposición estuvo a cargo de la Oficial de Cumplimiento, Kennia Alvarado Villalobos quien puntualizó que con esta regulación, el Poder Judicial responde a instrumentos internacionales adoptados por el país, así como a estándares y recomendaciones de la OCDE en esta materia. Indicó que:
“Como institución y como personas funcionarias, el reglamento fortalece la administración de justicia independiente y la gestión del cargo de forma imparcial, objetiva y transparente”, señaló.
Detalló una serie de instrumentos internacionales asociados que colocan a esta clase de regulaciones como una forma de lograr la protección de la integridad en la función pública con altos estándares de contenido ético. Para ello aclaró que el conflicto de interés no es sinónimo de corrupción; sin embargo, fue enfática en que una situación de conflicto de interés que no se identifique, gestione o resuelva puede conllevar a responsabilidad administrativa disciplinaria o ser constitutivo de una conducta delictiva, que es precisamente lo que se busca evitar con la aplicación del reglamento en cuestión. “El propósito de la regulación es gestionar en forma preventiva los intereses privados legítimos de las personas servidoras judiciales que tengan la capacidad de interferir indebidamente en el ejercicio de sus funciones, para garantizar la toma de decisiones de forma imparcial y objetiva”, comentó.
La funcionaria explicó conceptos que contiene el reglamento, necesarios para garantizar la imparcialidad de la persona funcionaria, quien al tomar una decisión sobre un caso determinado o bien dictar una resolución jurisdiccional, está en la obligación de hacerlo sin generar dudas razonables sobre la legalidad e integridad de su actuación.
Se refirió al concepto de conflicto de interés aparente, desarrollado en la normativa reglamentaria, artículo 7 y 9 inciso 11, entendido como aquella situación que, en sentido estricto, no se subsume en un supuesto de hecho específico de los incisos 1 a 10 de este numeral, pero la circunstancia que se presenta puede generar dudas razonables y justificadas respecto a la imparcialidad y objetividad de quien debe tomar una decisión. La gestión del conflicto aparente procura la protección tanto de la integridad de la persona funcionaria como de la institución.
En criterio de la Oficial de Cumplimiento el rol de las jefaturas es sumamente relevante en la gestión del riesgo y la sensibilización del personal a cargo sobre esta temática, sobre quienes recaen responsabilidades puntuales, según lo dispone el numeral 11 del reglamento.
Entre los aspectos que consideró relevantes es el correcto manejo de posibles datos sensibles por parte de las jefaturas de oficina y de despacho, quienes deben realizar un manejo reservado de la información y adoptar las medidas preventivas para evitar que los presuntos conflictos de interés en el personal a su cargo se materialicen.
Finalmente respondió consultas puntuales de magistrados y magistradas como las etapas de gestión de estos procesos y los plazos para las resoluciones correspondientes, al ser una normativa reglamentaria que aplica a todos los ámbitos del Poder Judicial. Esta regulación fortalece el compromiso institucional sobre la transparencia de la gestión judicial y de la actuación proba y ética de quienes laboramos en este Poder de la República.
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Publicado: Miércoles, 23 Septiembre 2020 13:41
- Iniciativa propone declarar como “esenciales” los servicios judiciales
- Presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro y Presidente de Sala Segunda, Orlando Aguirre Gómez, comparecen ante Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.
La incidencia en el Poder Judicial de la propuesta legislativa que declararían el carácter esencial de los servicios judiciales y limitarían el derecho a huelga, fue expuesta por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro y el Presidente de la Sala Segunda, Orlando Aguirre Gómez, ante la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.
La comparecencia de los jerarcas judiciales ante el órgano legislativo se llevó a cabo este martes 22 de setiembre.
La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales tiene a cargo la tramitación del proyecto de ley, expediente 21.755 Ley para declarar el servicio de justicia como servicio público esencial” .
El Presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro destacó el criterio emitido por la Corte Plena sobre la iniciativa de ley, basado en lo señalado por la Sala Constitucional sobre la incidencia y organización en el Poder Judicial de esta propuesta.
El magistrado Cruz Castro resaltó que debe existir una determinación de servicios esenciales y que desde el Poder Judicial se defina; pero ante una norma que lo establezca, es importante dejar abierta la posibilidad de calibrar las normas ante los cambios sociales que no se pueden prever.
Corte Plena en la sesión del pasado 6 de julio emitió el criterio sobre la iniciativa de ley, cuyo informe concluyó que el texto legislativo sí inciden en el funcionamiento y organización del Poder Judicial y recalcaron lo que indicó la Sala Constitucional, ante una consulta legislativa facultativa sobre el proyecto 21.049, que incluía una reforma en similar sentido.
El Tribunal Constitucional concluyó que “…la determinación de los servicios que deben permanecer activos en el desarrollo de una huelga afecta el funcionamiento de este Poder de la República, aparte de que se trata de una competencia de la Corte Plena”.
Por su parte, el magistrado Presidente de la Sala de Casación Laboral, Orlando Aguirre Gómez, reiteró que el proyecto sí incide en el funcionamiento y organización, respaldado por la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República, al determinarse qué servicios se pueden cerrar y cuáles no.
Recomendó darle claridad a la norma propuesta sobre cuáles son los servicios esenciales dentro del Sistema de la Administración de Justicia, considerando que no existe una especialización por materia en todo el territorio nacional y esta se concentra en la Gran Área Metropolitana.
Los jerarcas explicaron que el Poder Judicial establece la regulación del derecho a huelga dentro de los servicios que presta, desde la circular 110-17 del Consejo Superior que define un total de 15 servicios esenciales que deben garantizarse en una eventual huelga.
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Publicado: Miércoles, 23 Septiembre 2020 11:58
- Autoridades judiciales se reunieron con Presidente de la República
- El Poder Judicial no puede paralizar servicios, el acceso a la justicia es un principio esencial del Estado Social de Derecho.
- Presupuesto institucional para el 2021 registra una disminución de un 2,7%, cerca de ¢12.799 millones de colones menos en comparación con el presupuesto del 2020.
T
al y como lo acordó Corte Plena en la sesión del 3 de agosto último, jerarcas judiciales se reunieron hoy viernes con el Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada con el fin de exponerle al mandatario el impacto directo que tienen los recientes recortes presupuestarios en los servicios de administración de justicia.
A la cita acudieron el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, el presidente de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, el Presidente de la Sala Segunda, Orlando Aguirre Gómez, la presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro, así como el equipo técnico de la institución, la Directora Ejecutiva, Ana Eugenia Romero Jenkins, la Directora de Planificación, Nacira Valverde Bermúdez y el Director del Despacho de la Presidencia de la Corte, Róger Mata Brenes.
El Presidente de la Corte, Fernando Cruz, indicó que en el marco del encuentro se expuso la preocupación que a lo interno existe en el Poder Judicial por la gravedad de la crisis económica y la afectación que los recortes presupuestarios tienen en la administración de justicia. “ Hemos ajustado nuestro presupuesto a las directrices del Ministerio de Hacienda y al cumplimiento de la regla fiscal, por lo que los recortes adicionales ponen en peligro la efectividad del servicio”.
La Magistrada Patricia Solano puntualizó que existe una apertura de parte del Presidente Carlos Alvarado y del Ministro de Hacienda, Elián Villegas en abrir los espacios de diálogo con este Poder de la República, así mismo reconocen el esfuerzo que el Poder Judicial ha realizado en reducir el presupuesto para el 2021. Agregó que en la reunión se hizo ver que una reducción mayor tendría como consecuencia paralizar servicios esenciales de justicia.
El Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial para el 2021 remitido en el mes de junio de este año al Ministerio de Hacienda, se formuló con una disminución de ¢3.884 millones en relación con el presupuesto aprobado para el 2020, lo que implica un decrecimiento de un 0.8% en relación con el presupuesto aprobado por Ley para el 2020 , no obstante con una serie de recortes adicionales para atender la petición de rebajo del Ministerio de Hacienda, el recorte total oscila los ¢12.799 millones para una disminución del 2.7%.
En este monto total están incorporados los rebajos acordados en la sesión de Corte Plena del 3 de agosto, que se detallan:
- Recurso humano ₡4.830.567.129.
- Construcciones ₡1.479.335.840.
- Vehículos ₡1.113.691.135
- Informática ₡1.072.365.099
- Capacitación ₡273.598.349
- Otros Gastos de Operación ₡148.000.000: información; impresión y encuadernación; viáticos y transporte al interior y al exterior; actividades protocolarias y sociales; alimentos y bebidas.
Estas sumas cedidas a las autoridades hacendarias no son sobrantes de partidas presupuestarias, sino que obedecen a la postergación de proyectos y obligaciones a las que la institución debe hacerle frente, sin embargo el impacto en servicios sensibls es una preocupación latente por la falta de recursos.
El Poder Judicial actualmente se compone de 894 oficinas distribuidas en 294 edificaciones, que brindan atención a personas usuarias en diferentes áreas del servicio de justicia, entre ellas las poblaciones en vulnerabilidad, quienes demandan los servicios de pensiones alimentarias, violencia doméstica, procesos laborales, delitos sexuales, población con discapacidad, adulta mayor, privada de libertad, migrante y refugiada, sexualmente diversa, indígena, niños, niñas y adolescentes y personas en conflicto con la Ley Penal Juvenil, entre otras poblaciones.
Cumplimiento de directrices de contención. En el año 2019, el Poder Judicial brindó servicios con el mismo presupuesto que se aprobó en el 2018, aproximadamente con 473 mil millones de colones. Para este año 2020, dicho monto registró una disminución del 0,2% y bajó a ¢472.677 millones de colones.
La propuesta para el 2021 registra una disminución de un 2,7%, es decir cerca de ¢12.799 millones de colones menos en comparación con el presupuesto del 2020. Esta disminución es producto del cumplimiento de las directrices presupuestarias giradas por el Ministerio de Hacienda y la voluntad institucional de recortar el plan de gastos para como Estado, hacerle frente a la crisis económica que vive el país, agravada por la pandemia mundial.
Para el 2021 no se crean plazas nuevas y por restricción hacendaria, el presupuesto no se incrementa por costo de vida. De igual manera, el presupuesto 2021 contiene el ajuste nominal de los componentes salariales. En materia de alquileres, no se autorizaron contratos nuevos, salvo en aquellas localidades donde se debe cumplir con órdenes sanitarias; además se ajustaron los contratos en limpieza, vigilancia y bienes y servicios.
Ejecución del Presupuesto 2020. El pasado 3 de abril, el Poder Judicial aprobó una modificación a su presupuesto mediante la cual se trasladaron recursos al Ministerio de Hacienda para atender la emergencia generada por el Covid-19. La suma trasladada fue de ¢1.700 millones de colones, conforme recursos aportados por Ministerio Público (¢136 millones), Defensa Pública (¢79 millones), Organismo de Investigación Judicial (¢1.000 millones) y ámbito administrativo (¢80 millones), entre otros. También en fecha 20 de julio 2020 Corte Plena aprobó una reducción por un monto de ¢2.562.738.982,00, sin embargo el monto total rebajado superó los ¢5 mil millones.
Así mismo, el costo económico de hacerle frente a los procesos de desinfección y limpieza profunda por los casos positivos de Covid -19 y a la dotación de equipos de protección y materiales de limpieza se enfrentan con presupuesto propio. Estos procedimientos deben realizarse a la mayor brevedad por protección y resguardo de las personas usuarias y del personal judicial, para evitar el contagio dentro de instalaciones judiciales.
Nuevas obligaciones sin contenido presupuestario. Para el cumplimiento de leyes especiales aprobadas por el Plenario Legislativo que imponen nuevas obligaciones al Poder Judicial, Corte Plena acordó remitir al Ministerio de Hacienda, una propuesta aparte al proyecto de presupuesto ordinario de la institución, con los requerimientos que se necesitan para su implementación. Este acuerdo se toma ante la rigidez presupuestaria y la aplicación de la regla fiscal, es decir fuera del límite del presupuesto ordinario.
La información se detalla en el cuadro que se adjunta:
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Publicado: Viernes, 18 Septiembre 2020 14:44
El esfuerzo en la implementación de medidas responsables con el medio ambiente que ejecuta el Poder Judicial de Costa Rica, en la construcción de sus edificaciones con criterios de sostenibilidad, nuevamente permitió el reconocimiento de la empresa Green Building Council Costa Rica.
De esta forma, el pasado 1 de setiembre, dicha empresa comunicó que el proyecto Tribunales de Justicia de Los Chiles, obtuvo la Certificación Final EDGE, lo cual demuestra que el edificio se diseñó considerando aspectos de eficiencia que resultarán en ahorros en el consumo energético, de agua y en la energía incorporada en los materiales para su construcción.
El reconocimiento enviado por parte de Green Building Council Costa Rica, indica textualmente lo siguiente:
“El Green Building Council Costa Rica desea externarles sus felicitaciones al Poder Judicial por alcanzar la certificación final EDGE por el proyecto Tribunales de Justicia de Los Chiles en Los Chiles, Alajuela, Costa Rica. Nuestra evaluación confirma el reporte del auditor de que el diseño eficiente en el uso de recursos del proyecto Tribunales de Justicia de Los Chiles resultará en reducciones del 39% en el consumo energético, de 98% en el consumo de agua y de 26% en la energía incorporada en los materiales, en comparación a una línea base local”.
Así mismo, la empresa reconoce los esfuerzos en innovación realizados por el Poder Judicial, los cuales realzan su marca de excelencia corporativa y responsabilidad ambiental, al tiempo que aseguran que los ocupantes y usuarios de este edificio judicial se beneficien de menores costos de servicios públicos y un menor impacto ambiental.
El edificio de Tribunales de Los Chiles obtuvo la Certificación Preliminar Edge en febrero anterior, por lo que esta certificación final representa una mejora en su gestión de responsabilidad social y excelencia ambiental, convirtiéndose en un ejemplo a seguir entre las instituciones públicas y otras entidades del Estado.
La empresa Green Building Council Costa Rica es una compañía dedicada a brindar soluciones integrales para proyectos de emprendimiento sustentables y que está asociada al Banco Mundial.
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Publicado: Jueves, 10 Septiembre 2020 10:40
- Dedicado al Magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones, Max Alberto Esquivel.
- Por una justicia innovadora: Conamaj y Participación Ciudadana.
En el marco de las actividades que realiza la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj), en celebración de su 35 Aniversario, se realizó una dedicatoria al Magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones, Max Alberto Esquivel Faerron, así como el conversatorio denominado: “Por una justicia innovadora, Conamaj y Participación Ciudadana”.
La Directora Ejecutiva a.í., Ingrid Bermúdez Vindas, aseguró que ha sido una labor intrainstitucional e interinstitucional donde se ha tratado de armonizar el sector justicia mediante coordinaciones y trabajos conjuntos con instituciones clave del sector justicia. “Estamos muy orgullosos de trabajar con todas las instituciones que conforman la Comisión y desarrollar trabajos conjuntos que van a tener mayor impacto en la administración de justicia”.
“Estamos celebrando 35 años de innovación en la gestión judicial, Conamaj ha sido un laboratorio de innovación social, con proyectos que han impactado el servicio de justicia para hacerlo más oportuno, accesible, inclusivo, democrático, pero sobre todo atendiendo la misión del Poder Judicial hacia una justicia más pronta y cumplida”, aseguró Bermúdez Vindas.
La actividad se realizó vía remota por Facebook Live y tuvo una primera parte en la cual se realizó la dedicatoria al Magistrado Max Alberto Esquivel, por su destacada trayectoria como integrante de Conamaj y su invaluable aporte en materia de derechos fundamentales y participación ciudadana en la administración de justicia.
El presidente de esta Comisión, Magistrado Román Solís Zelaya mencionó que “este reconocimiento se da por los aportes, ideas, consejos y sugerencias que ha dado durante todo este tiempo que ha compartido en la junta directiva”.
El Magistrado Esquivel indicó que "la administración de justicia tiene un rostro humano que, al fin de cuentas, debe constituirse en la causa y fin de todo su accionar. Los esfuerzos desplegados para trabajar a lo largo de todos estos años con poblaciones en condición de vulnerabilidad con dificultades de acceso a la justicia, y la promoción de programas de participación ciudadana en el sistema de administración de justicia, han marcado un antes y un después en la institucionalidad democrática del país”.
Posteriormente, se realizó el conversatorio “Por una justicia innovadora, Conamaj y Participación Ciudadana”, con los panelistas, Magistrado Max Esquivel; Evelyn Villareal, del Estado de la Justicia y Carlos Campos, de Territorios Seguros.
Carlos Campos resaltó temas de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. Por su parte, Evelyn Villareal felicitó a la comisión por el trabajo interinstitucional y se refirió a los desafíos en materia participación ciudadana, lucha contra la corrupción, entre otros.
Finalmente, Max Esquivel resaltó el aporte de Conamaj en el sector justicia, para dar abordaje distinto y enfocarse en fortalecer la administración de justicia como un servicio público que le permitía a las personas el acceso al derecho fundamental para exigir justicia y así proteger los derechos de las personas.
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Publicado: Lunes, 31 Agosto 2020 15:05
- Juan Carlos Pérez Murillo asume oficialmente el cargo
El nuevo Director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo, designado en el cargo por la Corte Plena, rindió juramento en la sesión de este lunes 31 de agosto.
El acto estuvo a cargo del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro.
“Mi compromiso moral es con mi país, con el Poder Judicial, con todos y todas las funcionarias de la institución para que la Defensa Pública camine, como siempre lo ha hecho, en la búsqueda y mejora del buen servicio. Me debo a las personas usuarias, a las poblaciones en vulnerabilidad y me debo a los hombres y mujeres que requieren de los servicios de la Defensa Pública. Vamos a luchar para que la labor profesional de las defensoras y defensores sean de excelencia, en beneficio de la institución y del Estado costarricense”, afirmó el Director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez.
Además, agradeció a la Corte Suprema de Justicia, por la confianza depositada en su nombramiento.
Las magistradas y magistrados que integran Corte Plena señalaron las calidades humanas y profesionales de Pérez Murillo y destacaron el gran reto de asumir la dirección de un órgano auxiliar de justicia tan importante como la Defensa Pública y su valiosa función en las diversas materias en las que tiene competencia.
Juan Carlos Pérez Murillo cuenta con una Maestría en Administración de Justicia Penal de la Universidad Nacional y es Licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Centroamérica, con una especialización en Administración de Justicia Penal de la Universidad Nacional.
Además, tiene una experiencia profesional de 29 años en la carrera judicial. Su último cargo en el Poder Judicial lo desempeñó como juez coordinador del Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, que finalizó al acogerse a su jubilación en marzo del 2019.
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Publicado: Miércoles, 26 Agosto 2020 10:46
El Tribunal Colegiado Civil de Primera Instancia del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, sede Liberia, se sumó a los despachos que desarrollan audiencias orales por medios tecnológicos por medio de la plataforma Microsoft Teams, siguiendo los lineamientos institucionales.
La misma se realizó el viernes 21 de agosto y se contó con la colaboración de dos despachos judiciales y un enlace internacional. Este fue un proceso ordinario, para lo cual se señaló la audiencia preliminar.
David Matamoros Salazar, juez coordinador del Tribunal indicó que se aplicaron los lineamientos establecidos en el protocolo aprobado por Corte Plena, para la realización de audiencias orales por medios tecnológicos en materia civil.
"Este es un logro institucional que fue posible alcanzar gracias a la mística de los funcionarios y las funcionarias que participaron en el proceso antes indicado, no omito agradecer especialmente a la licenciada Maribel Seing quien nos brindó todas las facilidades necesarias para llevar a cabo esta audiencia. Es preciso rescatar que hacia el futuro se cuenta con estas herramientas tecnológicas y posibilidades procesales que inciden en la economía y celeridad procesal, aspectos que benefician directamente a las personas usuarias de los servicios de administración de justicia que presta nuestra institución", señaló el juez David Matamoros.
Se contó con la participación de la abogada de la parte demandada que se encontraba en San José, mientras el representante legal de la sociedad accionada se unió desde Madrid, España, el actor y su abogado se enlazaron desde la sala unipersonal del Tribunal Segundo Colegiado Civil de San José.
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Publicado: Miércoles, 19 Agosto 2020 11:46
- Estudio de Opinión Sociopolítica del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR.
Un repunte registra la valoración que tiene la ciudadanía sobre las diferentes instituciones públicas del país que se consultaron, así lo señaló el Estudio de Opinión Sociopolítica del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la UCR. El Poder Judicial ocupa el puesto 11, a nivel general.
El estudio corresponde al mes de agosto y posiciona al Poder Judicial en el puesto 11, al obtener una evaluación de 6,7 puntos, cuyo valor subió con respecto a la encuesta realizada por el CIEP en noviembre de 2020, donde se registraron 6,3 puntos.
En la encuesta destaca también la valoración obtenida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que ocupa el puesto 5 con una valoración de 7,5; es decir 0.3 puntos más que en el mes de noviembre.
El Estudio de Opinión Sociopolítica del CIEP realizó una encuesta a ciudadanos y ciudadanas costarricenses por medio de teléfono celular y abarcó el 97% de la población, mediante el uso de una muestra aleatoria.
En total se realizaron 877 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años, entre el 3 y el 11 de agosto.
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Publicado: Jueves, 13 Agosto 2020 12:59
- Medida se da en concordancia con los protocolos aprobados por Corte Plena en diferentes jurisdicciones
- Audiencias se realizarán mediante la plataforma “Microsoft Teams”
Los Magistrados y Magistradas de la Corte Plena aprobaron el “Protocolo para la realización de audiencias de Resolución Alterna de Conflictos y Justicia Restaurativa por medios tecnológicos en los Centros de Conciliación del Poder Judicial".
Este protocolo tiene como objetivo ofrecer a las personas usuarias la posibilidad de realizar audiencias a través de medios virtuales, con el fin de dar continuidad al servicio, salvaguardando la salud tanto de las personas usuarias, como de quienes laboran para el Centro de Conciliación en todas sus sedes y con la posibilidad de brindar un acceso de forma oportuna a la resolución alterna del conflicto planteado ante el sistema judicial.
Esta modalidad busca que las audiencias que deban ser llevadas a cabo mediante plataformas tecnológicas brinden el servicio a las personas usuarias y garanticen la seguridad, confidencialidad y autenticidad en la obtención de la información, al llevarse a cabo en tiempo real con las partes intervinientes en lugares distintos.
El documento fue elaborado por el Centro de Conciliación, con el apoyo de la Comisión RAC y mediante trabajo en equipo, logrando potenciar aún más las ventajas de sus servicios, a través del uso de las tecnologías de la Institución.
Cabe destacar que la Comisión RAC, es liderada por la Magistrada de la Sala Primera de la Corte, Iris Rocío Rojas Morales y cuenta con el apoyo del Magistrado de la Sala de Casación Penal, Gerardo Rubén Alfaro Vargas de la Dirección de Justicia Restaurativa.
Para Carmen Cerdas Cisneros, Coordinadora General del Centro de Conciliación y quien tuvo a cargo la presentación del protocolo, más que un logro, este documento representa un compromiso para el Centro de Conciliación, el cual busca mayor agilidad en la solución de los procesos judiciales.
“Desde el Centro de Conciliación debo destacar el apoyo de la licenciada Julieta Barboza Cordero y del señor Leonardo Vega Aguilar, pues gracias a su iniciativa contamos con el video explicativo que orienta a las partes en el uso de esta herramienta, el WhatsApp Empresarial, desvío de llamadas para atención de consultas, aún en etapas de confinamiento y cierre físico de oficinas del sector público, así como la página de Facebook del Centro”.
El ámbito de aplicación de este protocolo comprende las audiencias de Resolución Alterna de Conflictos y Justicia Restaurativa en todas las materias y jurisdicciones que se atienden en el Centro de Conciliación y sus sedes actuales y futuras, y su acatamiento será de carácter obligatorio para dichas oficinas.
Dentro de los aspectos que incluye el protocolo, destacan el tema de los lugares de locación de las partes, donde se otorga la posibilidad a la persona juzgadora de ejecutar la audiencia desde el despacho judicial o la casa de habitación en caso de teletrabajo, así mismo, se permite la ubicación de las partes intervinientes en un lugar de domicilio físico o social que cumpla con los requisitos técnicos.
Estos requisitos técnicos son la posibilidad de contar con equipo tecnológico con cámara y micrófono, una buena conexión a internet y un espacio apropiado que permita la confidencialidad del proceso, no será requisito que las partes y sus abogados o abogadas se encuentren en el mismo lugar.
Además, en caso de que se presente algún inconveniente de índole técnico, se da la posibilidad a las partes de utilizar sus dispositivos móviles para comunicar el problema y que así el juez o la jueza haga una valoración de la situación y determine si es necesario suspender la audiencia en tanto se resuelva la situación, de igual forma, si esto no llega a suceder cabe la posibilidad de reprogramar la audiencia.
Por otra parte, el documento también contiene los lineamientos en temas de vestimenta, en donde se establece que todas las personas participantes deberán respetar las reglas de vestimenta establecidas por el Poder Judicial para las audiencias presenciales.
El protocolo incluye todas las fases del proceso, desde las actuaciones previas, en lo que refiere al señalamiento de las audiencias, las actuaciones durante el desarrollo de estas y su conclusión. La audiencia de Conciliación o de Justicia Restaurativa es privada, por lo que únicamente podrán estar en ella las partes debidamente apersonadas al proceso y/o sus abogados o abogadas.
Se grabará el inicio de la audiencia para que quede constancia de la información ofrecida a las partes, así como de las reglas. También, se grabará el final de la diligencia que corresponde a la lectura del acta de conciliación o medida alterna o de los acuerdos restaurativos y la respectiva ratificación de las partes a viva voz, manifestando su conformidad con los términos del acuerdo, o bien para consignar la razón de cierre de la audiencia, no acuerdo o suspensión y continuación.
En caso de interrupción en la comunicación por problemas técnicos o de conectividad, la persona juzgadora contactará a las partes de inmediato vía telefónica, para coordinar acciones, si la interrupción se extiende por más de diez minutos, se retomará a la hora siguiente, si no fuera posible en ese tiempo, se reprogramará la audiencia.
Las audiencias se realizarán utilizando la plataforma “Microsoft Teams”.
En lo no establecido expresamente en este Protocolo, podrá aplicarse, en lo procedente, lo indicado en los Protocolos aprobados por la Corte Suprema de Justicia para las diferentes jurisdicciones.
El protocolo fue aprobado en la sesión de Corte Plena del pasado 10 de agosto.
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Publicado: Jueves, 13 Agosto 2020 08:46
En el marco de la emergencia sanitaria por el virus del Covid–19.
La Corte Plena aprobó en sesión de este 10 de agosto, el “Protocolo para actuaciones judicialesen materia agraria, por videoconferencia y de manera presencial, durante la emergencia nacional por Covid-19”.
El objetivo es brindar una guía práctica donde se establecen los criterios y las reglas básicas en esta materia, para la realización de actuaciones por videoconferencia, por medio del uso de las herramientas tecnológicas aprobadas por el Poder Judicial, con el fin de brindar continuidad al servicio público de administración de justicia.
El coordinador de la Comisión de la Jurisdicción Agraria y Presidente de la Sala Primera, Magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga indicó que “normalmente se realizan audiencias en el sitio, a la intemperie, en ocasiones con defensa pública agraria, sin embargo, la situación de salud exige distanciamiento para evitar el contagio del nuevo virus, esto ha hecho necesario usar las computadoras y la virtualización de la comunicación, por lo que este protocolo establece los nuevos modos y métodos de resolver conflictos con seguridad para los participantes”.
Una de las impulsoras de esta iniciativa es la Magistrada Damaris Vargas Vásquez, quien aseguró que la respuesta institucional a la pandemia Covid-19 ha permitido maximizar el aprovechamiento de las modernas tecnologías en las que se ha invertido, así como potenciar las competencias desarrolladas por las personas servidoras judiciales para garantizar la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión.
“Importante señalar que la correcta aplicación de estos protocolos depende de las sinergias que se desarrollen entre las personas servidoras judiciales, los abogados y abogadas, personas usuarias y ciudadanía en general, por lo que debe darse un robusto proceso de comunicación y socialización de sus alcances, orientado al logro de resultados esperados”, agregó la Magistrada Damaris Vargas.
El documento fue elaborado por los jueces y juezas de esta materia y establece en forma práctica y sencilla el debido proceso para esta fase de la tramitación en lo agrario. Fue presentado ante Corte Plena por la jueza Tatiana Rodriguez Herrera y el juez Luis Alonso Madrigal Pacheco.
La jueza agraria Tatiana Rodríguez señaló que "para la jurisdicción agraria es evidente que hay una gran brecha digital entre el campo y la ciudad, este protocolo tiene pautas claves para ir sorteando esas barreras tecnológicas, además visibiliza a las poblaciones en estado de vulnerabilidad. Se exigen valores éticos para las partes e intervinientes. Igualmente, resulta esencial una persona juzgadora empática, afable y sobre todo accesible."
Por su parte, el juez agrario Luis Alonso Madrigal puntualizó que “este Protocolo es el fruto de un trabajo en equipo de juezas y jueces de todo el país, quienes consideramos las particularidades de nuestra Ley y de las personas que participan en los procesos, incluyendo reglas de protección sanitaria; así seguimos llevando la justicia al campo, aún en tiempos de emergencia nacional”.
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Publicado: Jueves, 06 Agosto 2020 11:38
- Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José sigue con la aplicación de esta modalidad en sus diferentes procesos.
Garantizar la continuidad de los servicios que brinda el Poder Judicial ante la emergencia sanitaria con motivo del COVID-19, es la consigna del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, en donde se desarrollaron este 5 de agosto, dos audiencias bajo la modalidad virtual, como parte de las acciones que se toman para evitar el retraso en los diferentes asuntos que llegan a su conocimiento.
En un procedimiento especial de Flagrancia en dicho tribunal, se realizó un juicio mediante la herramienta “Microsoft Teams”, en donde se logró conectar con la Unidad de Atención Integral (UAI) del Centro Penitenciario Reynaldo Villalobos, con el fin de que la persona imputada estuviera presente de manera virtual en el juicio.
Adicional a este enlace, se hizo conexión simultánea mediante videoconferencia con los Tribunales de Puntarenas, para la recepción de un testimonio.
Este juicio es llevado por el juez Luis Fernando González Hernández y las juezas Patricia Herrera Gómez y Andrea Fonseca Sáenz y se desarrolla por el delito de robo agravado.
Por otra parte, también se desarrolló una audiencia virtual para conocer un recurso de apelación de un sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado Penal de San José en un caso que se sigue por el delito de Administración Fraudulenta, esta diligencia fue celebrada por la Jueza Mariela Villalobos Soto.
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Publicado: Viernes, 31 Julio 2020 08:25
- Presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro, participó en foro virtual internacional.
La continuidad de los servicios judiciales y la tutela la vida y la salud del personal y personas usuarias, son los ejes para definición de acciones emprendidas por el Poder Judicial, ante la pandemia que vive el país por el COVID-19.
Así lo expuso el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, durante el foro virtual internacional que se llevó a cabo este jueves 30 de julio con representantes de las Cortes Supremas de Brasil, Canadá, Ecuador y de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“La Corte Plena, máximo órgano del Poder Judicial y el Consejo Superior, a quien le corresponde ejercer la administración han dictado más de 50 acuerdos y circulares que deben acatarse en diferentes ámbitos de la institución” destacó el magistrado Cruz Castro.
El Presidente de la Corte explicó que a lo externo “… se ha tratado de asegurar el respeto y promoción de los derechos humanos y del acceso a la justicia de grupos vulnerables, por medio de una atención y servicio constante para las personas usuarias externas y continuar atendiendo sus necesidades. Que es uno de los principales retos en esta pandemia”.
También destacó que a lo interno, el Sistema Judicial aplica un marco regulatorio general para la tutela del derecho a la salud y la vida del personal judicial, mediante la potenciación del teletrabajo y el uso de los servicios judiciales electrónicos.
Ello implicó el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica como herramienta para la continuidad del servicio público
El trabajo se acompaña con la labor de la Comisión de Emergencias del Poder Judicial, la cual mantiene una comunicación permanente con las autoridades de Salud del país, para seguir los lineamientos nacionales y remitir las propuestas para la toma de decisiones, que finalmente conoce Corte Plena.
Esto contempla los protocolos institucionales sobre medidas sanitarias y técnicas para enfrentar la pandemia, así como los protocolos para la realización de audiencias virtuales en las diversas jurisdicciones, para su aplicación por los juzgados y tribunales en todo el territorio nacional.
La activación del Fondo de Emergencias del Poder Judicial también permitió la compra de artículos de primera necesidad para la limpieza y desinfección, mascarillas y termómetros, entre otros.
En la actividad participaron el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro; el Presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil José Antonio Días Toffoli; la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, Pualina Aguirre Suárez; el Presidente de la Corte Suprema de Canadá, Richard Wagner y el Secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean Michel Arrighi.
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Publicado: Miércoles, 22 Julio 2020 10:00
Mantener la prestación de los servicios esenciales y ordinarios es una prioridad en el Poder Judicial frente al impacto que representa trabajar con un presupuesto ajustado desde el 2018.
El decrecimiento presupuestario debe distribuirse entre los ámbitos Administrativo, Jurisdiccional y Auxiliar de Justicia, que involucra al Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial y la Defensa Pública, obligando a la institución a priorizar sin posibilidad de asumir nuevas funciones y hacerle frente a obligaciones legales aprobadas por la Asamblea Legislativa.
Cumplimiento de directrices presupuestarias. En el 2019, el Poder Judicial brindó servicios con el mismo presupuesto que se aprobó en el 2018, aproximadamente con 474 mil millones de colones. Para este año 2020, dicho monto registró una disminución del 0,2% y bajó a 472.677 millones colones. La propuesta para el 2021 registra un 0,87% de recursos menos, es decir cerca de 468.793 millones de colones.
Esta disminución paulatina que se refleja en cada ejercicio económico es producto del cumplimiento de las directrices presupuestarias giradas por el Ministerio de Hacienda y la voluntad institucional de recortar el plan de gastos para, como Estado, hacerle frente a la crisis económica que vive el país.
Esta estrechez presupuestaria la visibiliza el Tercer Informe del Estado de la Justicia, en el que se indica que a partir del 2018, el presupuesto de este Poder de la República inició un decrecimiento ante la situación fiscal del país, por lo que actualmente, el Poder Judicial tiene un margen mínimo para financiar nuevas competencias. Esta limitación fiscal dificulta la implementación y el seguimiento de leyes que aunque aprobadas, no se han desplegado en su totalidad. La mayoría de estas reformas legales afectan al ámbito jurisdiccional.
Ajuste en el presupuesto. Al recibir la solicitud del Ministerio de Hacienda para reducir el plan de gastos en ejecución, se realizó un análisis técnico para determinar el monto y las subpartidas que se podían reducir sin afectar la operatividad institucional y consecuentemente el servicio público de los órganos judiciales.
Es por ello que el estudio técnico de la institución, concluyó que la reducción y contención del gasto procedía por un monto de ¢2.562.738.982,00, en los programas presupuestarios Administrativo, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública, Servicios Jurisdiccionales y el Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos.
Tal y como se detalló en la sesión de Corte Plena del lunes 20 de julio 2020, el Consejo Superior aprobó la propuesta técnica, por el monto señalado. Sin embargo sin consultar al Poder Judicial, la cartera de Hacienda duplicó ese monto que no toma en consideración los compromisos a los que debe hacerle frente el Poder Judicial.
Además debe tenerse presente, que desde el 3 de abril 2020, el Poder Judicial aprobó una modificación a su presupuesto mediante la cual se trasladaron recursos al Ministerio de Hacienda para atender la emergencia generada por el Covid-19. La suma trasladada fue de 1.700 millones de colones, conforme recursos aportados por Ministerio Público (136 millones), Defensa Pública (79 millones), Organismo de Investigación Judicial (1.000 millones) y ámbito administrativo (80 millones), entre otros.
Ambos rebajos parten de proyecciones y estudios, a diferencia de esta reducción adicional que fue tramitado de manera inconsulta por el Ministerio de Hacienda y sin rigor técnico, por lo que impactará el cumplimiento de las metas y objetivos trazados por el Poder Judicial para el actual ejercicio presupuestario.
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Publicado: Miércoles, 08 Julio 2020 10:27
- Consejo Superior aprobó informe de la Dirección de Planificación sobre evaluación de Planes Anuales Operativos del 2019.
La gestión de los despachos judiciales del país durante el 2019 alcanzó un nivel de cumplimiento de metas operativas de un 96,77%. Así se desprende del informe N° 721-PLA-EV-2020 del 20 de mayo de 2020, del Proceso de Planeación y Evaluación de la Dirección de Planificación, el cual conoció y aprobó el Consejo Superior del Poder Judicial.
Para el seguimiento de las labores operativas y su vinculación con el Plan Estratégico Institucional, la Dirección de Planificación diseñó la herramienta informática “Sistema PEI”, para el control del cumplimiento de los compromisos del Plan Estratégico Institucional.
Además se emprendieron mejoras al Sistema de Formulación y Seguimiento de los Planes Anuales Operativos, para la vinculación de ambos.
La evaluación de los cumplimientos de las metas de los PAO se realizó con corte al 24 de enero de 2020 y midió el estado de los avances de las metas operativas del 99,88% de las oficinas judiciales del país.
Cabe destacar que el 96,77% de cumplimiento que se registró en el 2019 es mayor al de años anteriores.
“Para ser un porcentaje que equivale a todas las labores ejecutadas a lo largo del año podría constituirse como un valor con un comportamiento mayor que en años anteriores, debido al impacto y al uso cada vez más extenso del Sistema, así como una mayor aceptación y adecuación al mismo, y la cultura de planificar las metas y actividades. Resulta relevante destacar que para el 2018 los avances registrados fueron de 80,15% y para el 2017 el cumplimiento fue de 76,34%.”, destacó el informe de Planificación.
El nivel de cumplimiento según los programas presupuestarios, destaca el alto avance de la Defensa Pública que superó el 99%, seguido del Servicio de Atención y Protección a la Víctima y Testigos y al Organismo de Investigación Judicial que reportaron un 98% de cumplimiento. El Programa Servicio Jurisdiccional se mantiene por encima del 95% y abarca a 410 despachos.
En el tema de cumplimiento por Ejes Transversales, el promedio de cumplimiento registra un 96,5%. “…es un dato que destaca por el compromiso implícito en el cumplimiento de las metas operativas y su alineación de acuerdo con los ejes transversales, los cuales están presentes en el quehacer institucional con el fin de cumplir las obligaciones establecidas en los convenios e instrumentos internacionales, la legislación nacional, la normativa institucional y los compromisos asumidos por la institución” resaltó el estudio.
En cuanto a avances de cumplimiento por Temas Estratégicos, el porcentaje alcanzado fue del 97%, con el mayor número de metas obtenidas en los temas “Confianza y probidad en la Justicia” y “Planificación Institucional”.
El informe de Planificación detalló que de las 5.136 metas formuladas en todos los PAO de los despachos judiciales a nivel nacional, 1.784 de estas metas operativas provienen del PEI. El 87% de las metas alcanzaron el 100% de cumplimiento, lo que generó un impacto positivo en el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.
El Consejo Superior aprobó el informe y las recomendaciones de mejora que incluye la Dirección de Planificación y que están dirigidas a las Administraciones Regionales, Centros de Responsabilidad, oficinas y despachos judiciales del país, con el fin de consolidar la cultura de planificación de metas en la gestión.
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Publicado: Martes, 30 Junio 2020 15:28
- Corte Plena aprueba protocolo para la realización de audiencias orales por medios tecnológicos.
La Jurisdicción Contenciosa Administrativa se suma al uso de las tecnologías disponibles en el Poder Judicial, para brindar a las personas usuarias una alternativa segura en la realización de las audiencias orales.
Este lunes 29 de junio, en la sesión ordinaria de Corte Plena, se aprobó el Protocolo para la realización de audiencias orales por medios tecnológicos para la Jurisdicción Contencioso Administrativo.
El magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, coordinador de la Comisión de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, destacó que la construcción de este documento contó con la participación de juezas y jueces de la jurisdicción.
“El protocolo resulta de vital importancia para la materia contenciosa administrativa, por estar concentrada en San José y que tiene asuntos que se ubican en todo el país. Esto va a tener una gran ventaja porque acerca todo el territorio nacional a la Jurisdicción”, afirmó Rivas Loáiciga.
La exposición del contenido del protocolo estuvo a cargo de Ileana Isabel Sánchez Navarro, jueza coordinadora del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, quien destacó que esta es una nueva opción a las personas usuarias, para garantizar la continuidad de los servicios, donde la tecnología sirve como un instrumento frente a situaciones especiales.
“Se pretende acercar la justicia Contencioso Administrativa a las personas usuarias, a través de la utilización de las herramientas tecnológicas como un instrumento de descentralización del servicio. De igual forma, se potencia el teletrabajo, como una modalidad de llevar a cabo la función jurisdiccional, acorde con las nuevas dinámicas de prestación de servicios, tanto en el ámbito público, como en el privado”, puntualizó la jueza Sánchez Navarro.
La normativa interna abarca los actos procesales del Juzgado, el Tribunal y el Tribunal de Apelación Contenciosos Administrativos.
Se garantiza que la modalidad virtual de las audiencias se realizará cuando se cuente con el consentimiento de las partes. Se recalca el respeto al debido proceso en las audiencias bajo la modalidad virtual y la posibilidad de realizar audiencias de recepción de prueba y de conciliación, en el caso de éstas últimas se resguarda la privacidad.
El medio tecnológico oficial será el sistema de Microsoft Teams, autorizado por la Dirección de Tecnología de la Información. Las Direcciones de Tecnología de la Información y de Planificación emprenderán las acciones correspondientes a corto y mediano plazo para su implementación.
Se mantendrá el carácter público de las audiencias virtuales, salvo en aquellos casos en los que por resolución del Tribunal se declare su privacidad, debidamente justificada.
En atención a los requerimientos técnicos de las partes o testigos, al no contar con acceso a medios tecnológicos, los despachos judiciales coordinarán con la Administración Regional para propiciar espacios en el recinto judicial y con los equipos necesarios, que reúnan las condiciones de seguridad e higiene, como lo son las salas de juicio, salas de testigos o cubículos equipados para estos fines.
Se dispone la posibilidad de realizar audiencias virtuales y mixtas, cuando se requiera la comparecencia de forma presencial de alguna de las partes.
Las audiencias se grabarán mediante el Sistema de Grabación de Audiencias Orales del Poder Judicial (SIGAO), como medio oficial.
Para la atención de los procesos donde las personas intervinientes se encuentren en condición de vulnerabilidad o se requieran necesidades especiales, las personas juzgadoras deben tomar las previsiones para la participación en la audiencia y atendiendo a los lineamientos de las políticas institucionales de accesibilidad.
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Publicado: Miércoles, 06 Junio 2018 16:15
La necesidad de establecer un perfil del cargo de la magistratura, requisitos más rigurosos sobre preparación académica, idoneidad y experiencia, así como analizar aspectos relacionados con procesos de ampliación del nombramiento y requerimientos claros en casos de destitución fueron aspectos que se analizaron durante el Seminario Internacional organizado por el Poder Judicial.
La actividad se realiza en el marco de una iniciativa judicial de construir una propuesta de reforma para mejorar los procesos de designación de magistrados y magistradas.
Expertos nacionales expusieron sobre la evolución histórica del Poder Judicial y los cambios que ha presentado en cuanto a su integración y Gobierno Judicial.
Según explicó Manuel Solís Avendaño, Catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, a partir de los años noventa se emprenden cambios importantes para la selección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia a partir del establecimiento de la Comisión Permanente Especial de la Asamblea Legislativa, mediante una reforma al reglamento, manteniendo la potestad final del plenario legislativo.
‘Se introdujo con ello criterios calificativos para compensar la decisión política. A ello se suma una reforma constitucional del 2002-2003 que estableció los 38 votos para designar a magistrados y magistradas que fortalece su independencia’, explicó Solís Avendaño
A partir de estos años se comenzó a visualizar la necesidad de establecer un sistema de elección basado en criterios de idoneidad y se limitó la injerencia política.
Visualizar cambios trascendentales
Un segundo panel expuso sobre los aspectos positivos y negativos del modelo actual de selección.
Para Magally Hernández Rodríguez, Coordinadora de la Maestría de Derecho Público de la UCR y Letrada de la Sala Constitucional, surgen necesidades puntuales de normar el proceso de selección, valorar la posibilidad de que otros órganos políticos asuman esta competencia, el establecer más requisito para aspirar al cargo y valorar eliminar o limitar la reelección y que su condición de automática sea justificada. Además de establecer claramente en la constitución las causales de destitución y su procedimiento.
Hernández Rodríguez determinó que existen de fondo que deben tomarse en cuenta, como la discrecionalidad en la elección, la independencia e imparcialidad judicial, así como la transparencia que imponen reglas claras para cambiar la opacidad por la visibilidad, máxime que el nombramiento y el modelo de selección tienen una incidencia directa en el Estado de Derecho.
Para Alfredo Chirino Sanchez, Decano de la Faculta de Derecho de la UCR, se requiere cambios sustanciales directamente en las funciones que desarrolla la Comisión de Nombramientos del Congreso y la importancia de resolver la flexibilidad de los requisitos actuales para aspirar a estos cargos, que garantice un proceso más democrático, transparente y justo.
Jorge Vargas Cullel, Director del Estado de La Nación destacó que a partir del 2000, las designaciones fueron mayoritariamente por carrera judicial, más que por carácter político. Consideró necesario mantener la competencia de nombramiento en el Congreso, pero impulsar cambios en el sistema de elección con una reelección limitada, implantar las mismas condiciones para cargos propietarios como suplentes, una mayor calificación del método disciplinario y una revisión de los impedimentos e incompatibilidades.
Según expresó Constantino Urcuyo Catedrático de la UCR la designación de las magistraturas no pueden desligarse de la política y que el pluralismo es esencial para que funcione el sistema democrático.
Señaló que claramente el establecimiento de los 38 votos para la elección de este alto cargo judicial, dificulta que se de alguna irregularidad al requerirse más consensos para la decisión legislativa e impide la obediencia a un partido político. Consideró que sí deben existir filtros para las postulaciones y que se evalúen aspectos académicos, calidad y fondo de las sentencias, trayectoria pública personal y la relevancia de no designar personas que no hayan pasado por el filtro de la comisión.
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Publicado: Lunes, 07 Mayo 2018 15:12
Blindar de toda injerencia política el nombramiento de quien ocupe el cargo de Fiscal o Fiscala General y establecer un proceso de ingreso al Ministerio Público basado en atestados, experiencia e idoneidad, es lo que contiene el Proyecto de Carrera Fiscal que concretó Corte Plena este lunes 7 de mayo.
La propuesta de proyecto forma parte de las reformas urgentes al Poder Judicial que establecieron en su agenda de trabajo los magistrados y magistradas de la Corte Suprema Justicia.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, destacó el trabajo emprendido por las autoridades judiciales en la discusión y aprobación de propuestas de ley para una reforma integral al Poder Judicial.
“Iniciaremos un acercamiento con las autoridades del Poder Ejecutivo para darles a conocer la importancia y la urgencia de dotar al Ministerio Público con una Carrera Fiscal y desde la iniciativa de ley del Ejecutivo impulsar la aprobación de los proyectos que vamos concretando”, destacó Chinchilla Sandí.
En el caso del nombramiento de Fiscal o Fiscala General de la República, su designación requeriría la mayoría absoluta de la totalidad de los integrantes de Corte Plena. Se mantiene que el período sea por cuatro años, con posibilidad de reelección, únicamente por un período igual.
“No podrá ser nombrado como Fiscal General o Fiscala General, quien haya ocupado cargos políticos o vinculados a estos directamente en los últimos ocho años conforme lo definirá el Reglamento de esta ley”, contiene la propuesta en discusión.
También deberá cumplir con los requisitos constitucionales establecidos para ser magistrado o magistrada y se establece una experiencia mínima de 20 años de servicio como fiscal en cualquiera de sus escalafones.
El magistrado Fernando Cruz Castro, coordinador del equipo de trabajo que tuvo a cargo la construcción del texto base, destacó que la propuesta da otro impulso al Ministerio Público, “…para reivindicar a fiscalas y fiscales con una carrera y una estabilidad en el puesto. Fortalecemos con ello, el mandato de la Fiscalía General y que en el nombramiento impere la transparencia, meritocracia y la institucionalidad”.
Para el magistrado Paul Rueda Leal, “…este es el primer producto en el marco de un programa que la Corte se fijó el año pasado sobre Reformas Urgentes al Poder Judicial, donde nosotros ante la crisis quisimos aprovecharla en positivo y darle a la ciudadanía un mejor Poder Judicial, al plantear las reformas que se requieran para asegurar la independencia de esta institución y un fortalecimiento de la calidad del servicio que se brinda”.
Durante las sesiones de Corte Plena en las que se discutió la propuesta, se contó con el aporte de la Fiscala General de la República, Emilia Navas Aparicio y la Fiscala Subrogante, Mayra Campos Zúñiga.
“La propuesta aprobada por Corte Plena viene a asegurar que el Ministerio Público tenga funcionarios, funcionarias, fiscales y fiscalas con idoneidad ética y funcional, debidamente capacitadas y que los nombramientos se hagan por mérito, experiencia y trayectoria y no por otro motivo. Se regula el tema de los ascensos y el ingreso a la institución. También se fortalecerá el Consejo Fiscal y se crea el Consejo de Carrera Fiscal que colaborará en todos los trámites administrativos importantes en materia de selección, reclutamiento y capacitación”, resaltó la Fiscala General, Emilia Navas Aparicio.
En cargos como Fiscal o Fiscala Subrogante se establecería un mínimo de 10 años de experiencia continua como fiscales o fiscalas adjuntas.
Para los 11 escalafones que integran el Ministerio Público, las personas aspirantes no deben haber sido destituidos por medida disciplinaria a lo interno del Poder Judicial, ni registrar un despido en otra institución pública sin responsabilidad patronal, en los últimos 10 años.
La propuesta establece que únicamente mediante concurso por competencias, se realicen los nombramientos en propiedad de los cargos en la Fiscalía y las personas interesadas deberán ingresar al proceso de reclutamiento y selección y al Programa de Formación inicial que contempla un examen escrito, un examen oral, un curso teórico y una práctica dirigida.
Las personas aspirantes deberán someterse a unas pruebas técnicas selectivas y de valoración de idoneidad ética y moral, determinadas por la Dirección de Gestión Humana.
Además, quienes ingresen al Ministerio Público, serán sometidas a las investigaciones pertinentes mediante la oficina del Área de Valoración Psico-Sociolaboral (AVAL) del Ministerio Público.
También se estableció que el Fiscal o Fiscala General deberá rendir un informe de rendición de cuentas ante Corte Plena y la ciudadanía en general, en el marco de la transparencia y el control en la gestión de persecución penal.
El equipo de trabajo “Establecimiento de la Carrera Fiscal y requerimientos en la presentación del informe anual del Fiscal General”, fue liderado por el magistrado Fernando Cruz Castro, con la colaboración del magistrado Paul Rueda Leal, la participación de los magistrados y magistradas suplentes Jazmín Aragón Cambronero, Alicia Salas Torres, Ronald Salazar Murillo, la Fiscala General y Suborrogante, Emilia Navas Aparicio y Mayra Campos Zúñiga y la Asociación Costarricense de Fiscales.
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Publicado: Lunes, 07 Mayo 2018 13:55
Con una meta clara de reducir los tiempos en el señalamiento de los juicios e incrementar la productividad en la resolución de los conflictos penales, los Tribunales y Juzgados Penales del país emprendieron el trabajo dentro del Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal.
El viernes 4 de mayo, el Poder Judicial hizo la presentación oficial del Proyecto, que impulsa una estandarización de los procesos en los Juzgados Penales, Tribunales Penales y de Apelación, en las oficinas de la Fiscalía, Defensa Pública y el Organismo de Investigación Judicial, con la colaboración directa de las Administraciones Regionales de todo el país.
La propuesta la lidera la Presidencia de la Corte y su implementación está a cargo de la Dirección de Planificación del Poder Judicial.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, destacó el compromiso de jueces, juezas y personal técnico judicial por emprender el plan de trabajo y con ello, mostrar en el corto plazo, resultados muy positivos desde diciembre de 2017.
“Nos debemos a la Administración de Justicia para brindar un mejor servicio. Buscamos una estandarización de los procesos para resolver los asuntos, con tiempos de respuesta efectivos. Estas acciones no han requerido reformas legales y por ello buscamos darle mayor vigor y una identidad distinta al Código Procesal Penal vigente”, manifestó Chinchilla Sandí.
Se inició en agosto del 2017, mediante la visita a todos los tribunales penales y de flagrancia del país. En cada despacho se realizó un diagnóstico y se estableció un plan de mejoras, tendientes a incrementar la productividad, la cual se refleja en el número de sentencias y asuntos terminados; así como la reorganización interna para hacer más efectivo el señalamiento de los juicios y acortar tiempos en la tramitación de los asuntos.
La meta del Proyecto es que al 30 de abril del 2020, todos los Tribunales Penales del país mantengan una agenda de señalamiento de un máximo de 6 meses, luego de ingresado un expediente.
Cabe destacar, que en los primeros tres meses del presente año, los resultados son muy positivos, ya se contabilizan 5 Tribunales Penales con agendas de señalamiento a 6 meses máximo.
El 2017 registró un incremento del 4% en el número de sentencias dictadas y los asuntos terminados registraron en ese período un aumento del 10%, con respecto al 2016.
Reorganización de las agendas de señalamiento y a lo interno del despacho, el establecimiento de secciones colegiadas en secciones unipersonales, identificación de cuellos de botella en la tramitación y coordinación con el Ministerio Público, el OIJ y la Defensa Pública, fueron protagonistas para la efectividad en la implementación del plan.
Actualmente la Dirección de Planificación trabaja en la construcción del modelo en materia penal para su establecimiento formal a lo interno de la institución. Además se definió un cronograma para la intervención integral de los 15 Circuitos Judiciales del país y establecer su implementación.
Proyecto integral
Las acciones que se emprenden dentro de este plan de mejora, integra la participación de todos los actores que contempla la Jurisdicción Penal. De ahí el compromiso de las autoridades del Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial y la Defensa Pública.
Mayra Campos Zúñiga
Fiscal Subrogante de la Fiscalía General
Esta propuesta guarda relación con las acciones que exige nuestro Estado de Derecho. Es la posibilidad de poner en movimiento la maquinaria judicial, pero con un modelo de atención que contemple las necesidades de las personas usuarias y los recursos existentes en cada despacho judicial involucrado. Un modelo que mejore los tiempos de respuesta a los conflictos de índole penal.
Diana Montero Montero
Jefa de la Defensa Pública
Se planean mejoras en el servicio público que se brinda, las cuales visualizan las necesidades de las personas usuarias de nuestro servicio, lo cual resulta encomiable. El proyecto coincide con la filosofía de la actual Dirección de la Defensa Pública, en el sentido de maximizar el desempeño y los resultados con los recursos ya existentes, pues estamos conscientes de la realidad nacional a nivel económico y social y lo hace respetando siempre los principios fundamentales de un proceso penal democrático.
Walter Espinoza Espinoza
Director del OIJ
En el OIJ nos da una luz de esperanza y una necesidad evidente de participar en este proceso, sobre todo si tomamos en cuenta que los tiempos que estamos viviendo en nuestro país, en los esquemas de seguridad y criminalidad no son los mejores y con las mismas condiciones e insumos nosotros tenemos que enfrentar una situación cada vez más agresiva. Esperamos que nos visualicen como una policía, que los indicadores del Organismo no deben ni pueden ser nunca los de un fiscal, un juez o un defensor; que las jornadas de quienes laboramos en el OIJ son disímiles, que su capacitación es diferente, que las estrategias de trabajo son divergentes con las que tienen el resto de la población judicial.
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Publicado: Viernes, 27 Abril 2018 16:25
La situación actual del Circuito Judicial de Heredia en temas de rendimiento y requerimientos prioritarios para mejorar el servicio de administración de justicia, fue expuesto este viernes 27 de abril de 2018, durante la realización del Consejo Ampliado.
La actividad estuvo dirigida por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, así como representantes del Consejo Superior, el Consejo de Administración de Heredia e integrantes de los diversos despachos judiciales de la provincia.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, resaltó la importancia de atender los requerimientos en materia de infraestructura que requiere el Circuito Judicial de Heredia y manifestó el compromiso por atender las necesidades prioritarias.
Durante la sesión de trabajo de la mañana, el Presidente del Consejo de Administración, Andrés Vargas Araya, presentó un informe de rendición de cuentas. Resaltó la importancia de atender los requerimientos con un espacio judicial más adecuado y con ello mejorar las condiciones del personal y personas usuarias, pues la construcción de un nuevo edificio es una necesidad, así como la atención en la infraestructura de los despachos fuera de la edificación principal.
Se destacó el buen trabajo de diversas jurisdicciones como los Tribunales de Flagrancia y la importancia de evaluar y promover mejoras del servicio, ante el incremento de los asuntos, cuyos casos los atiende una sección del tribunal ordinario.
La Directora de Planificación, Nacira Valverde indicó que se abordará de manera integral la jurisdicción penal para la implementación del nuevo modelo penal.
Las autoridades penales heredianas señalaron de vital importancia los temas relacionados con el espacio para salas de juicio y reforzamiento de la materia de flagrancia como prioridad, valorar jornadas vespertinas para atender el volumen de asuntos y mejorar los recursos dirigidos en la zona de Sarapiquí; propuestas que ya valora la Dirección de Planificación.
También se destacó el trabajo de oficinas como la Defensa Pública con la asesoría legal gratuita en materia laboral y considerar el servicio en el cantón de Sarapiquí.
En la mesa principal participaron el Presidente de la Corte, Carlos Chinchilla Sandí, la Vicepresidenta, Carmenmaría Escoto Fernández, los magistrados Jesús Ramírez Quirós, William Molinari Vilchez y la magistrada Sandra Zúñiga Morales; la y los integrantes del Consejo Superior, Laura Chaves Lavagni, Carlos Montero Zúñiga, Gary Amador Badilla y Ramiro Salvador Arauz; la Directora Ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins y la Secretaria General de la Corte, Silvia Navarro Romanini.
Cabe destacar que las autoridades judiciales realizaron una visita a los despachos judiciales ubicados en el edificio principal de los Tribunales de Heredia.
En la tarde, se organizó un espacio para el diálogo con la comunidad.
La actividad contó con la participación de magistrados, magistradas, integrantes del Consejo Superior, la Fiscalía General, Defensa Pública, Organismo de Investigación Judicial, directores y directoras administrativas, la Secretaría General de la Corte, la Contraloría de Servicios, funcionarios y funcionarias de Heredia, San Rafael, San Isidro, Sarapiquí, Santo Domingo y San Joaquín de Flores, los alcaldes municipales de Heredia, Belén, San Pablo y San Isidro, fuerzas vivas de la provincia, personas usuarias y del Colegio de Abogados de la Filial de Heredia, representante de la Parroquia Inmaculada Concepción de Heredia, delegaciones policiales, centros educativos, centros de salud, centros de atención a la persona adulta mayor, entre otros.
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Publicado: Viernes, 20 Abril 2018 11:38
• XIX Cumbre Judicial Iberoamericana se desarrolla en Quito, Ecuador del 18 al 20 de abril
El Poder Judicial costarricense participa durante esta semana en la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana, que se celebra en Quito, Ecuador del 18 al 20 de abril.
La delegación es liderada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Carmenmaría Escoto Fernández, el magistrado Coordinador Nacional de Cumbre Judicial Iberoamericana, Román Solís Zelaya y el magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga.
El Poder Judicial de Costa Rica reafirmó el compromiso con Cumbre Judicial, con la integración de las comisiones en temas puntuales.
El magistrado Román Solís Zelaya mantiene su designación como coordinador nacional para Costa Rica de Cumbre Judicial Iberoamericana e integrante de la Comisión de Justicia Abierta, mientras el Presidente de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas Loáiciga mantiene su labor en el Grupo E-Justicia.
La Comisión de Seguimiento de Reglas de Brasilia la integrará la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Carmenmaría Escoto Fernández. La Presidenta de la Sala de Casación Penal, Doris Arias Madrigal, dará su aporte en la Comisión Permanente de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos Tribunales de Tratamiento de Droga y Alcohol (MARC-TTD); el magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez asume la integración en la Comisión de Ética Judicial y la magistrada suplente, Damaris Vargas Vázquez formará parte de la Comisión de Ambiente.
Además, el Poder Judicial de Costa Rica con el apoyo de funcionarios judiciales especializados, dieron importantes aportes en ejes de trabajo como Formación Judicial, nuevas tecnologías e innovaciones procesales, ésta última con la participación activa del magistrado William Molinari Vílchez.
Propuestas concretas en materia de Justicia Juvenil Restaurativa y Justicia Ciudadana y Participativa, fueron temas claves que se discutieron y aprobaron de forma unánime y por aclamación durante la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana que se desarrolla en Quito, Ecuador.
La participación del Poder Judicial ha sido clave en estas temáticas para favorecer el desarrollo de la justicia iberoamericana.
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Publicado: Viernes, 20 Abril 2018 11:31
• Durante VII Feria de Justicia y Tecnología, en el marco de la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana, que se realiza en Quito, Ecuador.
El Poder Judicial de Costa Rica presentó sus proyectos de investigación y desarrollo en el uso de Big Data e inteligencia de negocios.
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El equipo liderado por el magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga participa en la VII Feria de Justicia y Tecnología que se desarrolla como parte de las actividades de la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana, que tiene este año su sede en Quito, Ecuador.
El magistrado Rivas Loáiciga expuso sobre el uso de las tecnologías de innovación como el machine learning y el bid data aplicadas a las estadísticas judiciales y la inteligencia de negocios en la implementación de técnicas de manipulación, transformación y visualización de información para potenciar las habilidades del recursos humano judicial y la rendición de cuentas.
En el desarrollo tecnológico del Poder Judicial se destacaron los reportes estratégicos con información unificada de nuestras bases de datos, para controlar la formulación presupuestaria, ejecución de fondos del estado y la gestión de expedientes judiciales incluyendo materias como pensiones alimentarias, violencia doméstica, entre otras.
También se expuso sobre el análisis de sentimientos sobre redes sociales como Facebook y Twitter, con el fin de monitorear la opinión pública y realizar campañas de imagen o procesos de mejora en los diferentes servicios. El uso de predicciones para estimar la cantidad de expedientes que entrarán o que serán procesados en un juzgado, en una materia específica y los chatbots, el cual consiste en un chat automatizado para solucionar consultas comunes con personas usuarias internas y externas.
El equipo además contó con la participación de las funcionarias de la Dirección de Tecnología de la Información, Indira Melissa Calvo Gould, Carmen Quesada Chacón, Jefa, Sistemas de Información y Kattia Morales Morales, Directora, quienes tuvieron a cargo exponer los avances sobre integración tecnológica, el desarrollo del expediente electrónico y la Gestión de Archivo.
En la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana participa el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí y el Magistrado Román Solís Zelaya, Coordinador Nacional de Cumbre para Costa Rica.
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Publicado: Lunes, 02 Abril 2018 08:38
· Costa Rica recibe Presidencia Pro Témpore 2018
A partir de este jueves 22 de marzo, operadores de Justicia de los países de Centroamérica y el Caribe, se reúnen en Costa Rica para discutir los avances y compromisos sobre políticas en materia de aplicación de Justicia y Seguridad Jurídica, en la región.
Se trata de la “Reunión Ordinaria del Consejo Judicial para Centroamérica y el Caribe”, que se lleva a cabo en nuestro país los días 22 y 23 de marzo.
La cita cuenta con la participación de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Costa Rica, Presidentes de Poderes Judiciales y Tribunales de Justicia de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba; así como de España y México quienes asisten en calidad de miembros observadores.
También asisten representantes de la Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), cuerpo diplomático, organismos internacionales socios para el desarrollo.
En representación del Poder Ejecutivo participó el Ministro de Relaciones Exteriores, Manuel González Sáenz.
La apertura de la reunión realizada hoy jueves estuvo a cargo del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Hernán de León Batista, en calidad de Presidente Pro Témpore 2017.
“Esta reunión nos conducirá a tomar acuerdos importantes de nuestros pueblos hermanos y constituye un foro propicio para el intercambio de iniciativas y aspectos de justicia que permitan potenciar nuestro compromiso con la región.”; indicó el Presidente León.
En la ceremonia inaugural el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Carlos Chinchilla Sandí, recibió la Presidencia Pro Témpore del Consejo Judicial de Centroamérica y el Caribe (CJCC), para el año 2018.
“Quiero agradecer la confianza depositada por los distintos países, para que sea Costa Rica quien asuma este año ésta Presidencia. De mi parte puedo garantizarles mi mayor compromiso para asumir de manera responsable, transparente y colaborativa, esta labor; a fin de que todos los proyectos y acciones que se deriven de esta reunión, cuenten con el seguimiento adecuado para cumplir con los objetivos propios del Consejo.”, señaló el Magistrado Chinchilla Sandí, tras recibir la Presidencia Pro Témpore.
Con motivo de la celebración de ésta reunión, el magistrado Chinchilla destacó el trabajo colaborativo de los Presidentes y Presidenta de las Altas Cortes que participaron activamente en el fortalecimiento de los Poderes Judiciales, como un mecanismo garante de las democracias modernas. Así como la cooperación y voluntad de los países para el establecimiento de políticas judiciales unificadas que permitan fomentar la cooperación institucional.
Se potencia la solidaridad entre Poderes Judiciales, el intercambio y divulgación de buenas prácticas, la independencia judicial y la promoción de la impartición de Justicia en la región con un carácter más humano.
El Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe (CJCC), es el órgano integrador de políticas en materia de Aplicación de Justicia y Seguridad Jurídica entre los Poderes Judiciales de los países de la región, y que tiene como uno de sus objetivos, potenciar la institucionalidad de los operadores judiciales como instituciones del Estado con independencia política, funcional y económica, coadyuvando a la defensa del Estado de Derecho; consolidar la imparcialidad, estabilidad e independencia de los magistrados (as) y jueces (as) de los países miembros.
La actividad es organizada por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, y la Coordinación Nacional ante el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe. También asistieron Poder Ejecutivo costarricense y jerarcas de instancias judiciales del Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública y Escuela Judicial.
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Publicado: Miércoles, 14 Marzo 2018 15:02
· Emilia Navas Aparicio, primera mujer en ocupar el alto cargo del Ministerio Público
Mediante una votación pública y con la participación de medios de comunicación, los 22 magistrados y magistradas que integran la Corte Plena, acordaron nombrar de manera unánime a Emilia Navas Aparicio, en el cargo de Fiscala General de la República.
La decisión se tomó por acuerdo firme, en sesión de Corte Plena de este lunes 12 de marzo del 2018.
La elección al cargo, se realizó a través de un proceso abierto y con total transparencia. Así lo señaló el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí.
“Es una decisión histórica por dos razones muy importantes, primero porque es la primera vez que la Corte Plena con un gran compromiso democrático y de transparencia, decidió que la votación fuera abierta y pública, y con ello éste órgano se ajusta a los tiempos modernos de la trasparencia; y segundo porque Emilia Navas es la primera mujer en ocupar en propiedad el cargo de Fiscala General de la República, y eso nos llena de mucho orgullo, pues se reconoció las habilidades, capacidad, conocimiento y entrega en el trabajo que ha venido desarrollando en el Ministerio Público”, indicó Chinchilla Sandí.
Por su parte la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y Coordinadora de la Comisión de Nombramientos del Poder Judicial, Carmenmaría Escoto Fernández, destacó el nombramiento, como un acontecimiento importante al representar la primera mujer fiscal, en ocupar la máxima jerarquía del Ministerio Público. “El nombramiento de doña Emilia Navas representa otro avance muy importante en la igualdad de género de este país”.
“Me siento muy honrada con este nombramiento, al igual que lo hice hace pocos meses en el que juré cumplir fielmente el trabajo, lo vuelvo hacer hoy, poniendo en práctica una vez más, los valores con los que me he formado y que me permiten realizar cada una de mis tareas con probidad, honestidad y asumiendo con responsabilidad el compromiso con la institución, el Ministerio Público y el país”, afirmó Emilia Navas tras su juramentación como Fiscala General de la República.
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Publicado: Miércoles, 07 Marzo 2018 08:39
- Encuentro sirvió para informar sobre el trabajo que se realiza en el campo tecnológico en beneficio de la atención de la persona usuaria
Dar a conocer los avances en materia de tecnologías de la información en relación con el servicio judicial interno y externo, fue el objetivo del encuentro sostenido entre la Comisión Gerencial de Tecnología del Poder Judicial e integrantes del Consejo Superior.
La actividad se llevó a cabo el miércoles 28 de febrero en el edificio de la Corte Suprema de Justicia, en la cual la Dirección de Tecnología de la Información informó sobre los proyectos de innovación que se ha venido desarrollando en coordinación con otros órganos de la institución.
Para el Magistrado coordinador de la Comisión Gerencial, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, es fundamental destacar el trabajo que se desarrolla en materia de tecnologías de la información, específicamente en la creación de diferentes programas y aplicaciones para la mejora de la tramitación judicial.
“Las tecnologías de la información se adaptan completamente a la tramitación judicial, ya que nos permiten manejar y analizar documentos para resolver los asuntos con mayor rapidez y seguridad, lo que potencia la decisión judicial, haciéndola más asequible, ágil y segura” señaló el Magistrado.
Para Kattia Morales Navarro, Directora de Tecnologías de la Información, es importante resaltar que todo esta labor tiene como fin mejorar los procesos judiciales en todas las áreas de la institución, por lo que este acercamiento con el Consejo Superior se reviste de relevancia para actualizarles sobre el avance tecnológico judicial.
Morales Navarro señaló que es vital que la gerencia de la institución esté enterada de los pasos que se han venido dando, para así definir hacia donde se quiere llevar a la institución en materia tecnológica en los próximos años, planificar el trabajo y mejorar en las áreas que así lo ameriten.
También, Carmen Quesada Chacón, Jefa de la Sección de Sistemas de Información, destacó los servicios diseñados para el beneficio de la persona usuaria, tanto en la aplicación móvil como en la página web del Poder Judicial, resaltando temas como la consulta de la hoja de antecedentes penales, las pensiones alimentarias, impedimentos de salida del país entre otros.
“Es importante que el Comité Gerencial y el Consejo Superior conozcan sobre el trabajo que hacemos, el cual se hace con mucho esfuerzo y aprovechando los recursos existentes. Presentamos resultados y demostramos que contribuimos con la transparencia y la eficiencia del Poder Judicial” indicó Quesada Chacón.
Entre los diferentes proyectos que se presentaron destaca el Big Data, en que contempla el análisis de información en torno a los sentimientos en redes sociales como Facebook y Twitter en relación con el Poder Judicial.
Dicha herramienta permite analizar el comportamiento de las redes sociales y lo que ahí se dice de la institución, lo que permite dar una respuesta adecuada ante cada publicación que así lo requiera. Además, mediante este sistema, se puede almacenar información estadística sobre diferentes temas, lo que permite hacer mediciones y predicciones.
La presentación estuvo a cargo de Vivian Rímolo Soto, de la Gestión de Despachos Judiciales, Martín Hernández Serrano, Jefe del Área de Infraestructura y Carmen Quesada Chacón, jefa de la Sección de Sistemas de información.
En la reunión también estuvieron presentes el Presidente de la Corte, Carlos Chinchilla Sandí, la Vicepresidenta de la Corte, Carmenmaría Escoto Fernández, la Directora Ejecutiva, Ana Eugenia Romero Jenkins y los integrantes del Consejo Superior, Carlos Montero Zúñiga, Gary Amador Badilla, Ramiro Arauz Montero y Laura Chaves Lavagni.
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Publicado: Miércoles, 07 Marzo 2018 08:36
- Poder Judicial pone a disposición nuevo servicio
- Personas usuarias pueden consultar horarios de entrega
- Gestión en línea es personal y debe solicitar usuario y contraseña.
Con solicitar un usuario y contraseña en cualquier despacho o Contralorías de Servicios en todo el país o en el Registro Judicial de San José, las personas pueden obtener la hoja de delincuencia en forma digital.
En el Sistema de Gestión en Línea, ubicado en la página web del Poder Judicial (www.poder-judicial.go.cr) puede consultar los horarios de envío del documento, para que elija el que mejor se adapte a sus necesidades.
El trámite es una gestión personal y también puede solicitarse mediante la aplicación móvil del Poder Judicial, disponible en sistema Android y IOS.
“El importante avance e innovación tecnológica que hoy presenta el Poder Judicial, significa un paso más en beneficio de los servicios que nosotros prestamos todos los días. También significa un acercamiento hacia el usuario, en reconocimiento del acceso a la justicia como un derecho fundamental,que implica para nosotros funcionarios y funcionarias judiciales ese dinamo que nos permite aproximar los servicios que presta el poder judicial a nuestro destinatario”, comentó Carlos Chinchilla, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Paso a seguir
“El servicio está concebido para que la persona usuaria solicite a través del Sistema de Gestión en Línea la certificación para fines laborales. El usuario y contraseña, podrá obtenerlo en las Contralorías de Servicios del Poder Judicial, o en las ventanillas del Registro Judicial. Esta contraseña garantiza que la persona usuaria sólo podrá acceder a la información relacionada con su identificación, en resguardo al derecho a la intimidad protegido constitucionalmente”, explicó Saúl Arce Brenes, Jefe del Registro Judicial.
Luego, las personas solo deben ingresar al Sistema de Gestión en Línea, ubicado en la página web institucional: www.poder-judicial.go.cr.
Se elige la opción “Solicitud de hoja de antecedentes penales”. Con solo ingresar el nombre y número de cédula, el sistema automáticamente llena la información personal y al final del formulario, solo debe introducirse el número de teléfono y un correo electrónico en el cual recibirá un enlace para descargar la certificación, según los horarios de entrega establecidos por el Registro Judicial.
Las solicitudes que ingresen en días no hábiles el día anterior y hasta las 9:59 a.m. podrán contar con la certificación de antecedentes penales alrededor de las 10 de la mañana.
Quienes ingresen la solicitud entre las 10 a.m. y 11:49 a.m., el sistema generaría el documento alrededor de las 11:50 a.m.
Las gestiones entre las 11:50 p.m. y las 2:29 p.m., el documento se enviaría a las 2:30 p.m.
Y las que ingresan a partir de las 2:30 p.m. y hasta las 4:24 p.m., las certificaciones se enviarían a las 4:25 p.m.
Según explicó Arce Brenes, “… el nuevo servicio incorpora la firma digital, que otorga y garantiza autenticidad a la certificación electrónica. Si el documento es alterado, la firma se invalida”.
De acuerdo con el Contralor de Servicios del Poder Judicial, Erick Alfaro Romero, al poner a disposición este servicio, el Poder Judicial demuestra que escucha a la persona usuaria.
“Esta era una mejora que solicitaban las personas usuarias, aprovechando el desarrollo tecnológico. El documento digital que se expide cumple con todas las características formales de la certificación física y tiene el mismo valor, siempre que se entregue en formato digital en los lugares donde la soliciten y contiene lamisma información para fines laborales. Hay que recalcar que sigue siendo un trámite personal y que la contraseña y usuario, solo sirve para hacer gestiones personales”, puntualizó Alfaro Romero.
Para consultas y guía en el uso del sistema, se habilitaron las líneas telefónicas 2295-3682 / 2295-3460.
Además, está en desarrollo una aplicación para que los empleadores y empresas que reclutan personal puedan, más adelante, verificar la autenticidad de las certificaciones de antecedentes digitales, que presenten las personas.
Este trabajo ha sido posible, gracias a labor conjunta de la Dirección de Tecnología de Información, la Dirección Ejecutiva, el Registro Judicial y la Contraloría de Servicios, con el apoyo del Despacho de la Presidencia de la Corte.
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Publicado: Martes, 27 Febrero 2018 11:39
“Esta es una obra constructiva que responde a un proyecto institucional.
Esta es una zona de alto riesgo por inundaciones, por lo que estamos en la obligación de darle tranquilidad a nuestro personal judicial y personas usuarias la seguridad que necesitan”, así se expresó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí al llegar a la zona donde se construye el nuevo edificio de Tribunales de Justicia ubicado en la cabecera del cantón de Osa, Ciudad Cortés, localizado en lo que será el Complejo Cívico Cantonal.
La nueva obra la entregará la empresa constructora antes que termine este año 2018, que albergará 65 colaboradores quienes integran nueve despachos judiciales.
Posteriormente se realizó una visita a cada una de las oficinas del actual edificio, llevando la buena noticia de que pronto tendrán un lugar seguro para realizar sus tareas diarias.
En cada oficina el personal judicial se mostró complacido por la construcción del nuevo inmueble. Atrás quedará la angustia de inundación en época lluviosa, con la esperanza y convicción de que su lugar de trabajo soportará las inclemencias del tiempo en el invierno.
Las oficinas judiciales en Osa fueron una de las regiones más afectadas por el embate de la tormenta Nate el año anterior, por ello la Presidencia de la Corte y la Comisión de Construcciones ubicaron a Osa dentro del plan constructivo como una obra prioritaria y así lo aprobó Corte Plena.
La visita la realizó el jerarca judicial el 15 de febrero 2018, en compañía del Alcalde Municipal Alberto Cole de León, la Presidenta del Concejo Municipal Maritza Jiménez, la administradora del circuito Aura Yanes.
También participaron integrantes del Consejo Superior, Dirección Ejecutiva, Comisión Institucional de Emergencias y Comisión de Construcciones. El equipo técnico mostró los planos que identifican la ubicación de cada oficina y las áreas públicas de atención a las personas usuarias.
En la visita a los despachos, la Asociación Solidarista de Empleados Judiciales (ASOSEJUD) entregó mobiliario y electrodomésticos a las personas afectadas por el embate de Nate el año anterior.
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Publicado: Martes, 30 Enero 2018 11:39
Limón: Infraestructura judicial moderna es una realidad
· Diseño toma en cuenta criterios de accesibilidad y condiciones amigables con el ambiente.
Una Tercera Torre en el edificio de los Tribunales de Limón entró en funciones y refuerza los servicios de administración de justicia que se brindan desde la policía judicial y los despachos en materia civil, laboral, penal y penal juvenil.
El levantamiento de la obra gris tuvo una duración de un año y 9 meses aproximadamente, con un costo total de ¢3.248.088.123,40, en un área de construcción de 3 053 metros cuadrados.
Atendiendo criterios de accesibilidad, siguiendo las disposiciones de la Ley 7600 y criterios ambientales, la Tercera Torre Judicial de Limón se conecta con el edificio principal de Tribunales.
Para el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, las nuevas instalaciones otorgarán beneficios a la administración de justicia para la comunidad limonense y con ello el acceso a la justicia sin limitaciones.
“La Edificación de esta tercera Torre en los Tribunales de Justicia de Limón nos permite reforzar la presencia institucional del Poder Judicial. De igual manera, mayor cercanía para brindar un mejor servicio a la ciudadanía por medio de una infraestructura de primer nivel mediante condiciones modernas” destacó Chinchilla Sandí.
El coordinador de la Comisión de Construcciones del Poder Judicial, el magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga recalcó el impulso y desarrollo que se ha dirigido a Limón.
“Este esfuerzo es importante porque demostramos que los recursos públicos se invierten bien en infraestructura, que alberga en condiciones adecuadas a los funcionarios judiciales y con ello mejora el servicio a las personas usuarias” puntualizó Rivas Loáiciga.
Una parte del edificio está integrada por dos niveles y albergará a la Delegación del OIJ de Limón, espacio que se amplía para contar con cuarto de custodios, de contención, de reconocimiento con cámara de Gessell y dos celdas con sistema antivandálico en los accesorios iluminación y mecánicos.
La otra parte se compone de cuatro niveles y se ubicarán salas de juicio; una de estas con cámara de gessell para atender a personas víctimas, salas de testigos, de deliberación, un cuarto de lactancia. Además se ubican el Juzgado Penal Juvenil, Juzgado Civil, Tribunal Civil, entre otros espacios específicos.
La Torre incluye ascensores, escaleras de emergencia, sistema de aire acondicionado, de iluminación con ahorro energético, de alarma contra incendios, sistema de paneles solares fotovoltaicos, ahorro de agua, entre otros.
En el acto oficial participaron magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, representantes del Consejo Superior, de los Tribunales de Limón, de la Defensa Pública, el Organismo de Investigación Judicial, el Despacho de la Presidencia, la Dirección Ejecutiva, Dirección de Tecnología de la Información, Gestión Humana, Servicios Generales, la Contraloría de Servicios, el Centro de Apoyo a la Gestión Jurisdiccional, diputados de la región y representantes de la Municipalidad.
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Publicado: Lunes, 22 Enero 2018 15:37
La Corte Plena inició la discusión de la propuesta de ley para establecer la Carrera Fiscal, para garantizar la idoneidad y capacidad de las personas que se nombren en propiedad y de forma interna en el Ministerio Público.
Se analiza que únicamente mediante concurso por competencias, se realicen los nombramientos en propiedad de los cargos en la Fiscalía.
Las magistradas y los magistrados aprobaron durante la sesión de Corte Plena de esta mañana, los primeros 9 artículos de la propuesta de proyectos de ley sobre Carrera Fiscal. Y se contó con los aportes de la Fiscala General y la Fiscala Subrogante, Emilia Navas Aparicio y Mayra Campos Zúñiga, respectivamente.
La administración de la Carrera Fiscal estará bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa del Ministerio Público y la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, con el apoyo de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial.
Además, se crea el Consejo de la Carrera Fiscal, el cual estará integrado por la Fiscala o Fiscal General, el Fiscal o Fiscala Adjunto de la Unidad de Capacitación, la Jefatura de la Unidad Administrativa del Ministerio Público y por dos fiscales o fiscalas adjuntas nombradas por el Consejo Fiscal.
El Consejo de la Carrera Fiscal deberá recomendar los requisitos de los diversos concursos internos; así como presentar la terna conformada con las tres personas que hayan obtenido la mejor calificación, en el registro elegibles y según el puesto para el cual ofertaron. Además será un órgano consultor de la Fiscalía General, entre otras atribuciones.
Se estableció que el escalafón de las personas integrantes del Ministerio Público será un registro de acceso público, el cual deberá considerarse a la hora de evaluar los ascensos y movimientos internos dentro del Ministerio Público, pues se tomará en cuenta méritos, evaluación de desempeño, capacitación y tiempo servido.
Se deberá mantener un expediente de cada persona funcionaria del Ministerio Público, con datos como nombramientos, ingreso, declaraciones juradas, movimientos, reconocimientos, acciones disciplinarias, capacitaciones recibidas, entre otros.
Con ello se busca potenciar y desarrollar las competencias profesionales básicas, para el desempeño de sus labores, garantizando con ello la capacidad e idoneidad funcional y ética, sobre la base de criterios objetivos y transparencia en la valoración.
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Publicado: Miércoles, 17 Enero 2018 16:06
Agilizar la discusión en el pleno de la Corte Plena durante el conocimiento de los proyectos de reformas urgentes al Poder Judicial, es el compromiso que asumieron los magistrados y magistradas este lunes 15 de enero, al aprobar una serie de reglas básicas.
“Con ello hemos logrado poner un orden y tiempos relevantes para ser céleres en el conocimiento de los proyectos de reformas urgentes. Reafirmamos el proceder responsable de la Corte Suprema de Justicia, de sus magistrados y magistradas. Este reglamento permitirá que en tiempos efectivos concretemos un compromiso que adquirimos con la ciudadanía”, puntualizó Carlos Chinchilla Sandí, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
El acuerdo de Corte Plena definió que las reformas se conocerán los lunes en las sesiones de la mañana. Además se mantiene abierta la posibilidad de convocar sesiones extraordinarias para continuar con el análisis, si así lo considera el Presidente de la Corte o a solicitud de siete magistrados y magistradas.
Las propuestas se conocerán conforme cada equipo de trabajo las concreta y las remita ante Corte Plena y se tomará en consideración el interés institucional y la necesidad del programa de medidas urgentes.
Se establecen tiempos específicos para el uso de la palabra de magistrados y magistradas, el cual no podrá exceder los cinco minutos durante la discusión y podrá cederse este tiempo a otro integrante de la Corte.
En la página web http://www.poder-judicial.go.cr/unmejorpj/index.php/documentos-corte-plena, se pueden ubicar los productos entregados a Corte Plena y listos para discusión. Una vez aprobados los documentos, también se publicarán en este sitio.
Carrera Fiscal inicia trámite de aprobación
El establecimiento de la Carrera Fiscal será el primer producto que se someterá a discusión y aprobación de Corte Plena, bajo estos nuevos lineamientos internos, durante la sesión de la mañana del lunes 22 de enero.
Se definió que por lo complejo de la propuesta, se analizará y aprobará el documento por segmentos. En esta primera sesión se analizarán del artículo primero al 20. Para el 29 de enero, se procederá con la discusión del artículo 21 al 31 y se espera finalizar el 5 de febrero, del artículo 32 al 41, hasta su aprobación final.
Para el magistrado Fernando Cruz Castro, coordinador del equipo de trabajo que tuvo a cargo trabajar en la propuesta de Carrera Fiscal, “…esta es una aspiración de hace muchos años, porque considero que este es uno de los proyectos urgentes y que permitirá fortalecer la institucionalidad de la Corte y de la Fiscalía. Hoy se cuenta con más de 450 fiscales en el país, con el conocimiento de asuntos de mayor complejidad y sensibilización política ante reformas legales”.
Además destacó el trabajo emprendido por la Fiscalía General, el magistrado Paul Rueda Leal y la Asociación Costarricense de Fiscales y Fiscalas de Costa Rica.
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Publicado: Martes, 16 Enero 2018 10:21
La Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Carmenmaría Escoto Fernández planteó en Corte Plena de este lunes, un pronunciamiento en defensa de la dignidad de las mujeres que laboran para el Poder Judicial, tras las manifestaciones de un candidato a la presidencia días atrás, quien cuestionó los ascensos de las funcionarias judiciales.
La iniciativa fue apoyada por las magistradas Doris Arias Madrigal, Iris Rocío Rojas Morales y las magistradas suplentes Sandra Zúñiga Morales y Marcela Allón Zúñiga. El pronunciamiento oficial fue avalado por Corte Plena y declarado acuerdo firme.
Las magistradas que integran el máximo órgano judicial, defendieron los procesos transparentes y profesionales que marcan la carrera judicial de las mujeres que laboran para la institución.
La Vicepresidenta Carmenmaría Escoto Fernández señaló que “…como mujer, como Vicepresidenta de la Corte, de manera enfática, no acepto que se ponga en duda ningún proceso o procedimiento de ascenso, de las mujeres juzgadoras y demás funcionarios y funcionarias del Poder Judicial. Tengo más de 30 años en la institución y con orgullo, claridad y viéndoles a los ojos, al igual que mis compañeras, les hemos de decir que estamos aquí por nuestros logros, del sacrificio nuestro y de nuestras familias, por todo lo que aprendemos a diario”.
Por su parte, la magistrada de la Sala Primera, Rocío Rojas Morales indicó que “…las mujeres en el Poder Judicial hemos ascendido con esfuerzo y dedicación. Para nosotras que nos corresponde participar en la formación de los hijos, de la atención del hogar y la oficina, la tarea es muy agotante. Las mujeres hemos hecho un gran esfuerzo por ascender en lo que nos hemos formado y de manera alguna, vamos a permitir que se sugiera que aquí se logra alcanzar estos puestos con otra forma que no sea la excelencia profesional y la excelencia de nuestro esfuerzo y el de nuestras familias. Este es el ejemplo de sacrificio de esfuerzo y de valentía de las que estamos aquí y no vamos a permitir que nadie menoscabe esto y lo hacemos por nosotras y las futuras generaciones”.
En criterio de la Presidenta de la Sala de Casación Penal, Doris Arias Madrigal, “…el Poder Judicial desde hace más de 20 años tiene una carrera judicial instaurada. Todas las personas para poder ascender a los cargos, gracias a esta legislación, pasarnos por criterios objetivos de selección y frente a esos criterios de selección debemos demostrar la idoneidad en el ejercicio de los cargos públicos. En razón de ello, me siento orgullosa de ser costarricense, pero también me siento orgullosa de ser funcionaria judicial, que ha logrado los ascensos en esta institución gracias a la excelente carrera judicial que tenemos. No debemos ser violentadas desde el punto de vista de la violencia política y la violencia estructural”.
La magistrada suplente de la Sala de Casación Penal, Sandra Zúñiga Morales, hizo hincapié en unirse “…a cada una de las manifestaciones de apoyo que se han expresado a través de la Presidencia y de los diversos gremios de la institución. Rechazo cualquier insinuación que denigre los esfuerzos y sacrificios de cada mujer de esta institución y en general del país. Invito a cada una de las mujeres judiciales para que sigan profesionalizándose, superándose y dando un ejemplo no solamente a la sociedad actual, sino también a las futuras generaciones. La llave del éxito siempre estará en el mayor esfuerzo en cada una de nuestras labores”.
Por su parte, la magistrada suplente de la Sala Segunda, Marcela Allón Zúñiga, expresó que “…como mujer, frente a una serie de comentarios que nos deslegitiman los esfuerzos que cada una de las mujeres de este país hacemos por sacar adelante, no solamente a nosotras mismas y superarnos, sino también a nuestras familias. Las estadísticas demuestran el nivel educativo en la formación formal que hemos superado las mujeres de este país”.
Finalmente, los magistrados y la magistrada de la Sala Constitucional no se pronuncian sobre el tema planteado en el comunicado porque tienen en conocimiento, recursos que figura como parte, el candidato presidencial Juan Diego Castro Fernández.
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Publicado: Jueves, 21 Diciembre 2017 16:14
La Ley Orgánica del Poder Judicial, vigente desde 1994, autoriza a disponer de licencias con goce de salario para ejecutar proyectos de interés institucional y urgentes, para brindar un servicio público de calidad.
Estas licencias tienen respaldo en lo que dispone el numeral 44, párrafo cuarto, de dicha Ley, que en lo que interesa señala: “…en casos muy calificados y para asuntos que interesen al Poder Judicial, la Corte podrá conceder licencias con goce de sueldo o sin el a los Magistrados y el Consejo a los demás servidores hasta por un año prorrogable por periodos iguales, a fin de que los servidores judiciales se desempeñen temporalmente en otras dependencias del Estado, o bien cuando les encargue labores y estudios especiales”.
Así mismo en el artículo 81, inciso 18) se dispone que al Consejo Superior del Poder Judicial le corresponde: “… conceder licencias con goce de sueldo a los servidores judiciales, para realizar estudios o proyectos que interesen al Poder Judicial”.
Consecuentemente, este es un mecanismo legal y ordinario al cual se ha venido recurriendo desde hace varios años atrás, para cubrir las necesidades del servicio público en proyectos estratégicos de interés nacional.
El costo económico para cubrir esas licencias, se incluyeron dentro del presupuesto institucional, tramitado por el Ministerio de Hacienda, expuesto ante la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios y aprobado por el Plenario Legislativo, en segundo debate el día 23 de noviembre del presente año.
Riguroso control. La ejecución e implementación de los proyectos en donde se empleará el recurso humano tienen fundamento en estudios técnicos, realizado por las unidades administrativas responsables, según las necesidades del servicio público y con el fin de garantizar una mejor atención al usuario y una mayor eficiencia, sin que implique la creación de nuevas plazas permanentes ordinarias.
El seguimiento y control se realiza bajo un enfoque científico de administración de proyectos, sujeto a evaluación del desempeño de los servidores y las servidoras judiciales.
El nombramiento de las personas juzgadoras que forman parte del plan se apega a la Ley de Carrera Judicial, que garantiza un proceso transparente, objetivo y bajo parámetros de idoneidad, y que cuenta con los controles y procedimientos respectivos por parte de las unidades técnicas responsables y en donde no hay injerencia del nivel de dirección del Poder Judicial.
Es decir, se eligen profesionales tomando en cuenta el cumplimiento de los requisitos que exige el Manual de Puestos del Poder Judicial. Estos requisitos también deben cumplirlos las demás personas servidoras del Poder Judicial.
Actualmente la institución desarrolla proyectos para ejecutarse en el 2018, por ello se requiere personal adicional, aprobados por el Consejo Superior en la sesión del 7 de diciembre 2017 por un plazo de tres meses, costos que se encuentran contemplados en el presupuesto recién aprobado por la Asamblea Legislativa.
De no hacerlo se impactaría de manera abierta la ejecución de proyectos estratégicos para la mejor atención de la persona usuaria y el desarrollo institucional.
Beneficios para las personas usuarias. La institución tiene previsto con estos recursos exclusivamente impulsar proyectos que incidirán en la prestación de un mejor servicio público, donde se espera obtener, entre otros, los siguientes beneficios para las personas usuarias.
- Transformación física a electrónica en los diferentes despachos judiciales, que permitirá un acceso digital a los expedientes por parte de la ciudadanía.
- Incremento en la cantidad de señalamientos y sentencias.
- Disminución en los tiempos de espera para la realización de juicios.
- Definición de indicadores de gestión en todas las oficinas.
- Estandarización de agendas.
- Definición de una estructura modelo de trabajo en las diferentes oficinas.
- Mejor aprovechamiento de los recursos institucionales.
Entre los proyectos prioritarios se encuentra reforzar la jurisdicción penal, principalmente en el señalamiento de audiencias y juicios para reducir los tiempos de duración, que es una de las principales quejas de las personas usuarias.
Es así que la institución procura y propone acciones concretas para cumplir con el mandato constitucional de justicia pronta y cumplida.
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Publicado: Jueves, 21 Diciembre 2017 10:32
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí y los coordinadores de los equipos de trabajo que tiene a cargo la construcción de las propuestas de reformas urgentes al Poder Judicial se reunieron para analizar la forma de garantizar la agilidad en las discusiones de estos temas en las sesiones de Corte Plena.
El producto sobre Carrera Fiscal tendrá la prioridad de discusión a partir del mes de enero de 2018.
Se definió que las sesiones de los lunes en la mañana, de 8:00 a.m a 12:00 m.d, serán el espacio de discusión de los productos de reformas urgentes.
“Definimos prioridades durante la reunión de coordinadores de equipos de trabajo. En este momento la propuesta del proyecto de ley de Carrera Fiscal es la que consideramos más importante, por lo que proponemos algunas normas prácticas para sacar en tiempo efectivo las reformas definidas, con el fin de que de parte del Poder Judicial se implementen de forma inmediata las que así lo permitan, y acudiríamos a la Asamblea Legislativa en aquellas propuestas que requieran una reforma legal y constitucional”, explicó Chinchilla Sandí.
Para los magistrados y magistradas de Corte Plena es fundamental que la ciudadanía esté informada del trabajo que se realiza en esta materia.
En la reunión participaron los magistrados Carlos Chinchilla Sandí, Presidente de la Corte, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Román Solís Zelaya, William Molinari Vílchez, Orlando Aguirre Gómez, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, Fernando Cruz Castro y Paul Rueda Leal, el letrado de la Sala de Casación Penal, Ricardo Salas Porras, la Directora de la Defensa Pública Diana Montero Montero, la Directora Ejecutiva de la CONAMAJ, Sara Castillo Vargas, la Directora del Despacho de la Presidencia, Patricia Bonilla Rodríguez y el asesor de la Presidencia, Juan Humberto Rodríguez Barrios.
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Publicado: Domingo, 10 Diciembre 2017 11:35
Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia no tienen competencia alguna para determinar cuándo, cómo o por qué se jubila un empleado judicial, ese es un tema que le corresponde definir a ciertos órganos técnicos e independientes como lo son el Departamento de Gestión Humana, el Consejo Superior del Poder Judicial y, cuando hay una especial condición de salud, el Departamento de Medicina Legal (Medicatura Forense) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en particular el Consejo Médico Forense (órgano colegiado integrado por diversos especialistas en ciencias médicas y de la salud, previsto en los artículos 34 y 35 de la Ley Orgánica del OIJ).
La verificación o cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y técnicos para una jubilación son resorte de los órganos técnicos indicados.
El artículo 81, inciso 15), de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que es una competencia exclusiva del Consejo Superior del Poder Judicial “otorgar toda clase de jubilaciones y pensiones judiciales”.
En el caso de la jubilación por especiales condiciones de salud que generan un grado de incapacidad para ejercer sus funciones, llamada en el argot judicial como “separación para el mejor servicio público”, al empleado se le otorga una jubilación proporcional y permanente, además de liquidársele los derechos laborales correspondientes. Eso lo disponen los órganos técnicos e independientes señalados con fundamento en leyes vigentes y plenamente aplicables como lo son los artículos 223 del Código de Trabajo, 26, párrafo 4°, 226 y 228 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El Consejo Superior del Poder Judicial en reiteradas ocasiones ha utilizado esa facultad legal de jubilar a un empleado judicial por razones de salud e incapacidad para ejercer sus funciones. Obviamente, la persona a quien se le aplica puede discutir el asunto en las instancias administrativas y judiciales respectivas.
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Publicado: Miércoles, 01 Noviembre 2017 13:58
Con la integración formal de la Comisión de Crisis del Poder Judicial, la institución mantiene la coordinación permanente de las acciones que corresponden tras el paso de la Tormenta Nate en el país. Los esfuerzos se concentran en la atención de la población judicial afectada (Osa, Quepos, Guanacaste, Aserrí y Acosta) y la habilitación de los despachos judiciales en Osa.
Las decisiones han sido inmediatas, gracias al trabajo coordinado de la Presidencia de la Corte, que lidera el trabajo, los magistrados Luis Guillermo Rivas Loáiciga y Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, así como el Consejo Superior, la Dirección Ejecutiva, los Consejos de Administración de los Circuitos Judiciales del país, las Direcciones de Tecnología de la Información, Gestión Humana, el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público, el Centro de Apoyo a la Función Jurisdiccional, el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional y la Comisiones de Ética y Valores y Acceso a la Justicia.
A nivel administrativo, desde el Consejo Superior se han dictado directrices que permitieron al Poder Judicial actuar de forma expedita, como la declaratoria del asueto los días jueves 5 y viernes 6 de octubre, la potestad de los Consejos de Administración de las zonas afectas, para evaluar las condiciones y tomar acciones a favor de la seguridad del personal judicial, las personas usuarias, así como de los bienes de la institución.
La Comisión de Crisis y los Consejos de Administración mantienen una comunicación permanente para establecer las necesidades prioritarias de los despachos afectados y el personal judicial y se trabaja desde el pasado viernes 6 de octubre, en la rehabilitación de los servicios judiciales esenciales, en las zonas de mayor afectación.
Se ha coordinado el envío de ayuda para la limpieza de los inmuebles y el reemplazo del equipo y mobiliario de oficina que quedaron en desuso debido a las inundaciones. También se coordina el acopio y envío de alimentos no perecederos, de higiene básica y limpieza para las y los servidores judiciales en diferentes zonas del país que lo requieren y se emprenden acciones para atender al personal que aún se encuentra en las zonas de riesgo.
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Publicado: Miércoles, 01 Noviembre 2017 13:57
Debido a los trabajos de reforzamiento estructural del edificio de la Corte Suprema de Justicia, a partir de este lunes 23 de octubre, se habilitará la puerta del costado este, la cual se encuentra detrás del edificio, como único acceso para personal judicial y personas usuarias, así mismo se mantendrá clausurada la puerta de acceso principal del costado oeste, la cual está frente del edificio.
Adicionalmente, se reubicaron temporalmente oficinas y despachos como la Secretaría General de la Corte: piso 8 (oficinas 802, 803, 805, 806 y 807), Secretaría Sala Primera: pisos 6 y 8 (oficinas 604, 605 y 804), Secretaría Sala Tercera: piso 6 (oficinas 603, 606 y 607), Contraloría de Servicios: piso 6 (oficina 601),Secretaría de Género: piso 8 (oficina 801), Justicia Restaurativa: pisos 6 y 8 (oficinas 602 y 808) y Oficina Contra el Retraso Judicial: piso 4, edificio del Juzgado de Tránsito.
Según explicó el Ingeniero de Poder Judicial, José Guillermo Vindas Cantillano, el edificio se reforzará por medio de la inserción de muros estructurales principalmente, estos se colocarán desde sus cimientos hasta el último nivel (piso 9). El objetivo principal es salvaguardar a la población civil que habita y visita el inmueble, mitigando finalmente la vulnerabilidad sísmica que tiene el edificio en la actualidad.
“Este reforzamiento actualizará su comportamiento ante cargas de solicitación sísmica según los requerimientos que exige el Código Sísmico 2010. Además, complementariamente se actualizarán todos los sistemas electromecánicos según lo solicitado por los códigos vigentes respectivos, incluida también algunas actividades internas en el área arquitectónica”, agregó Vindas Cantillano.
Estos cambios se mantendrán mientras los trabajos de reforzamiento así lo requieran y hasta nuevo aviso, con el fin de resguardar la seguridad de todas las personas que ingresen al edificio. El reforzamiento estructural inició este mes de octubre y está previsto que termine en abril del 2019 aproximadamente.
Los despachos de la Sala Segunda se trasladaron al edificio Mira, en Zapote y la Sala Constitucional al edificio Impala ubicado en Calle Morenos, sin embargo, esta última mantiene una oficina auxiliar de Recepción de Documentos en el piso 8 (oficina 800).
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Publicado: Miércoles, 01 Noviembre 2017 13:54
Autoridades judiciales inauguraron la mañana de este viernes 27 de octubre, el nuevo edificio de los Tribunales de Justicia de Jicaral de Puntarenas.
Durante el acto oficial de apertura, el Presidente de la Comisión de Construcciones y de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas Loáiciga indicó que en los edificios judiciales, los funcionarios y las funcionarias tienen que resolver los casos con justicia, con imparcialidad e independencia para terminar con los conflictos para beneficio de las comunidades.
"Tenemos que regocijarnos con estas construcciones, con estos proyectos que llegan a su final, como es el caso de Jicaral", dijo el Magistrado Rivas Loáiciga.
Para la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Carmenmaría Escoto Fernández, esta es una ocasión muy trascendental e histórica, pues es una muestra del compromiso que tiene el Poder Judicial, por fortalecer su institucionalidad y reforzar su presencia en todas las localidades del país.
"Hoy inauguramos un edificio que traerá muchos beneficios para esta comunidad, pero también para todas las zonas aledañas de Puntarenas, porque tendrán oficinas judiciales más cercanas" señaló la vicepresidenta.
Luis Fernando Barrantes Chavarría, representante de la comunidad, aseguró que este edificio representa un sueño hecho realidad y mencionó que "la historia de las instituciones se construye a partir de los sueños de sus miembros y por qué no de su pueblo, la historia de nuestra comunidad ha sido construida a partir del impulso vital de generaciones de líderes".
El nuevo inmueble es una construcción sostenible, amigable con el ambiente, cuenta con un área de 1045 m2 y albergará el Juzgado Contravencional, Defensa Pública, OIJ, Juzgado Penal, Trabajo Social, celdas y oficinas administrativas.
En la actividad participaron además la Magistrada Julia Varela Araya y los Magistrados Román Solís Zelaya, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, Jesús Ramírez Quirós, Luis Fernando Salazar Alvarado y Orlando Aguirre Gómez, así como integrantes del Consejo Superior Carlos Montero Zúñiga, Hugo Hernández Alfaro y Milena Conejo Aguilar.
De igual manera, la Directora a.i de la Defensa Pública, Diana Montero Montero; el Subdirector del OIJ, Gerald Campos Valverde; la Directora Ejecutiva, Ana Eugenia Romero Jenkins; la Directora del Departamento de Planificación, Nacira Valverde Bermúdez; la Directora de Tecnología de la Información, Kattia Morales Navarro y la Jefa y el Subjefe de Servicios Generales, Alexandra Mora Steller y José Guillermo Vindas Cantillano respectivamente.
