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Edificio de la Corte Suprema de Justicia

SALA DE PRENSA

Recorte de Ministerio de Hacienda de ¢7.838 millones afectará servicio de administración de justicia

  • Presupuesto Poder Judicial para el año  2023

El accionar operativo del Poder Judicial se verá seriamente afectado por el recorte presupuestario que aplicó el Ministerio de Hacienda, a la propuesta de plan de gasto para el año 2023 que presentó el Poder Judicial. La rebaja es por ¢7.838 millones.

Existe una preocupación en el Poder Judicial, tras la comunicación remitida por las autoridades hacendarias de la reducción presupuestaria, sin la debida coordinación y consulta, pese a que las propuestas judiciales de presupuesto para el 2023 se apegaron a las normas de contención de gasto establecidas por el Ministerio de Hacienda y cumple con el  límite fiscal establecido. Con lo cual se ponen en riesgo varias partidas.

Durante la sesión de Corte Plena del 5 de setiembre 2022, se analizaron las partidas afectadas para el año 2023, cuya exposición estuvo a cargo de la Dirección de Planificación del Poder Judicial.  El impacto negativo se evidenció en estas áreas: programa de víctimas y testigos, alimentación de personas privadas de libertad, pago de pólizas, sustitución de chalecos antibalas por vencimientos, horas extras para continuación de juicios y servicios en horas no hábiles, servicios, materiales y suministros, transferencias corrientes, transferencias de capital y cuentas especiales.

La reducción aplicada por las autoridades hacendarias representa para la institución un impacto negativo en aspectos puntuales como la compra de chalecos para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), debido a su vencimiento y pago de horas extras como se indicó, ya que la labor policial de investigación y las diligencias judiciales,  en muchas ocasiones, no es posible detenerlas. 

A esto se suma una disminución en la partida de gastos confidenciales y de viáticos al interior para diligencias propias del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)  y la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos; al respecto se detalla que estos últimos recursos se destinan a la atención de personas víctimas, lo que permitió, en los dos últimos años, atender más de 50 mil personas.

También se  afecta el pago de pólizas de riesgos del trabajo de todo el personal judicial, recursos formulados para el resguardo de la vida de personas servidoras que exponen su vida en ejercicio del cargo dadas las funciones que realizan especialmente en el ámbito policial.

El próximo año con esta reducción, se verá afectado lo correspondiente a la alimentación de personas privadas de libertad, que se encuentran en celdas judiciales. Esta es una obligación que la institución no puede obviar pues se trata de tutela de derechos humanos.

En el ámbito jurisdiccional, se limita el pago de peritajes para los procesos en materias sensibles como familia y laboral, traducción a lenguas indígenas, LESCO y otros idiomas necesarios para la continuidad de los procesos.

A nivel de servicios, el alquiler, mantenimiento, reparación y desarrollo tecnológico, los servicios de transportes y eléctricos, percibirán también una importante afectación.

El plan de gastos del próximo año el Poder Judicial incluyó recursos para implementar la Jurisdicción Especializada de Crimen Organizado, esta jurisdicción es considerada de gran relevancia para el país desde la aprobación de la Ley 9481 el 13 de setiembre del 2017,  sin embargo por la falta de recursos no ha sido posible su plena implementación. En el presupuesto 2022 se incorporaron recursos para la remodelación del espacio físico en el edificio de Tribunales del Primer Circuito Judicial de San José, la cual es necesaria por razones de seguridad tanto de personal judicial como de personas usuarias.

Una obligación que debe cumplir el Poder Judicial es el pago del fideicomiso para la construcción de edificio de Tribunales de Justicia de Puntarenas, un proyecto en marcha que no es posible paralizar ya tiene más de un 50% de avance en obra constructiva, además de que existe un criterio de la Comisión Nacional de Emergencias que indica que la ubicación del actual edificio no cumple con los estándares de seguridad requeridos ya que  riesgo es latente por la zona donde se emplaza.

En el link que se adjunta podrán acceder a la sesión de Corte Plena de hoy lunes 10 de octubre 2022 en el que los jerarcas institucionales se refirieron al tema: https://livestream.com/poderjudicial-costarica/events/10644108/videos/233266945

 

 

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