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Poder Judicial actualiza puntos críticos para garantizar servicios ante una emergencia

  • Institución define 119 puntos críticos para atender en caso de una emergencia o evento disruptivo.
  • El siguiente paso es revisar las estrategias y planes de continuidad del servicio.

 La continuidad de los servicios que brinda el Poder Judicial a las personas usuarias es una prioridad y la institución se prepara para enfrentar una eventual emergencia o situación de crisis, al definir 119 puntos críticos que se valoraría, ante un escenario crítico.

 El acuerdo tomado por el Consejo Superior, en la sesión N° 09-2024, del 06 de febrero de 2024, aprobó el “Informe de Actualización del Análisis de Impacto al Servicio del Poder Judicial” presentado por el Subproceso de Gestión de Continuidad del Servicio, de la Dirección Ejecutiva.

 Las prioridades de atención del Poder Judicial, ante un posible evento disruptivo contemplan los tres ámbitos institucionales, 41% para el ámbito jurisdiccional (49 procesos definidos); 39% para el ámbito administrativo (24 procesos definidos)  y el 20% para el ámbito auxiliar de justicia (46 procesos definidos).

 “Analizar el impacto en el servicio que se presta a las personas usuarias y procurar su continuidad en situaciones de emergencia, es una prioridad para la institución. Y estos esfuerzos nos permiten prepararnos y atender con prontitud cualquier evento que ponga en riesgo la prestación de los servicios judiciales”, puntualizó la magistrada Vicepresidenta de la Corte, Damaris Vargas Vásquez, quien presidió la sesión del Consejo Superior.

 Mediante el Modelo de Priorización se valoraron los procesos o servicios institucionales que se clasifican como prioritarios, considerando el impacto en aspectos como la atención a la persona usuaria, la reputación, imagen y credibilidad de la institución, la operación interna y el impacto en materia regulatoria, contractual y legal.

 “Lo importante de tener levantado estas situaciones, en las que se puede eventualmente tener una disrupción y el tiempo en que se van a lograr levantar nuevamente esa interrupción”, destacó Sandra Pizarro Gutiérrez, integrante del Consejo Superior.

 Para Ana Isabel Orozco Álvarez, integrante del Consejo Superior, es importante que la población judicial conozca de este informe, “porque la implementación de un sistema de continuidad de servicios, es posible crear resiliencia dentro de la organización y salvaguardar la vida humana y mantener operativas las actividades esenciales ante una crisis o evento disruptivo”.

 El desarrollo de este trabajo estuvo a cargo del Subproceso de Gestión de Continuidad del Servicio de la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial y fue aprobado por el Comité Técnico de Continuidad del Servicio del Poder Judicial la Dirección Ejecutiva, el cual lo trasladó al Consejo Superior.

 El informe contó con el aporte de más de 300 personas trabajadoras judiciales, representantes de los tres ámbitos de la institución, mediante 45 reuniones personalizadas que se llevaron a cabo en los meses de octubre y diciembre de 2023.

 El siguiente paso corresponderá revisar las estrategias y los planes de continuidad existentes y la definición de los planes para los nuevos puntos críticos incorporados en esta actualización.

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