- Detalles
-
Publicado: Lunes, 08 Agosto 2022 16:48
- Acuerdo se toma luego de un análisis profundo de los resultados presentados recientemente.
- Por unanimidad Corte Plena aprueba informe presentado por Dirección de Planificación
Aspectos puntuales sobre indicadores judiciales validados por el Poder Judicial, proyectos institucionales en ejecución, sistemas informáticos de seguimiento y análisis de gestión son temas que incorpora el informe aprobado por Corte Plena que será remitido al Estado de la Justicia, con el fin de que se evalúe las inconsistencias registradas en los datos del cuarto informe presentado recientemente.
El acuerdo lo tomaron magistrados y magistradas que integran Corte Plena, en la sesión de este lunes 8 de agosto, donde se realizó un profundo análisis de dicho informe.
A partir de la aprobación del informe magistrados y magistradas definirán la ruta a seguir en cumplimiento con lo que dispone el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta fue una decisión tomada por voto de mayoría.
Además, se propone al Programa Estado de la Justicia realizar un taller con autoridades judiciales para cotejar la información y brindar conclusiones más apegadas a datos institucionales oficiales.
La elaboración del informe judicial estuvo a cargo de la Dirección de Planificación del Poder Judicial, en coordinación con magistrados y magistradas de Corte Plena, direcciones administrativas, la Sala Constitucional y la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, áreas en las que se centran los capítulos del estudio.
Aspectos relacionados con la comparación de los datos entre los años 2019 y 2020, pese a lo atípico de este último año por el impacto de la pandemia en las labores de los despachos judiciales, se pusieron de manifiesto.
Se consideró necesario señalar que el estudio de la carga de trabajo y el circulante activo judicial se debe realizar de forma segregada y no global, puesto que, de 1.279.966 asuntos activos, 540 243 expedientes ya se encuentran con sentencia en ejecución o seguimiento y los 739.723 asuntos restantes se encuentran activos.
Respecto a datos relacionados con la administración judicial señalan que entre los años 2019 y 2020 no hubo aumento de plazas en la institución, como se afirma en las conclusiones del Estado de la Justicia.
En el análisis del capítulo 2 sobre la Jurisdicción Contencioso, pese a la fe de erratas de corrección de datos, se extraña el uso de los indicadores oficiales del Poder Judicial respecto a la tramitación de los asuntos sobre el circulante real de los despachos a cargo de la materia y la tramitación de los procesos de expropiaciones del Estado.
Además, se destacó que en el análisis de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, desde su Centro de Información se realiza una rigurosa clarificación de la misma, la cual se pone a disposición de manera pública.
Sobre el nombramiento en los puestos de juez o jueza 1, 2 y 3, se recalcó el proceso técnico que se aplica y que comprende un proceso de reclutamiento objetivo que considera atestados, análisis psicosocial, disciplinario y de evaluación de desempeño.
A estos se suma la puesta en marcha de herramientas tecnológicas de avanzada como el Observatorio Judicial que permite al público en general, darle seguimiento a la gestión de las oficinas y despachos judiciales con información actualizada desde 2019 a la fecha y que facilitan a las autoridades judiciales la toma de decisiones dentro de la administración de justicia.
El informe sobre las inconsistencias de los datos identificados en el IV Estado de la Justicia lo presentó la Directora de Planificación del Poder Judicial, Nacira Valverde Bermúdez.
Las magistradas y magistrados de Corte Plena coincidieron en que el informe presenta para el Poder Judicial una oportunidad de mejora, pero que demanda un análisis profundo, con datos rigurosos y objetivos.
- Detalles
-
Publicado: Lunes, 01 Agosto 2022 16:31
- Lunes 29 de agosto se realizaría sesión de debate de aspirantes y elección al cargo.
Los magistrados y magistradas de Corte Plena definieron fijaron los plazos para la inscripción, debate y elección de quien ocupará el cargo en la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia para los próximos cuatro años.
En la sesión de este lunes 1 de agosto, se realizó la convocatoria oficial para iniciar con el proceso.
Se definió que el plazo para la inscripción de candidaturas corre a partir de los próximos 15 días naturales, período que inicia este martes 2 de agosto y finalizan el 16 de agosto a las 4:30 p.m. Las y los magistrados aspirantes deben presentar sus atestados ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia.
El proceso para la elección quien asume el cargo en la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, establece que posterior a la inscripción de candidaturas, se deberá realizar un debate público, para que las y los magistrados aspirantes expongan sus propuestas y planes de gobierno judicial.
Dicho debate se fijó para el lunes 29 de agosto y una vez finalizado éste, se procederá inmediatamente con el proceso de votación.
La apertura del proceso elección del cargo en la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, siguiendo los lineamientos establecidos por la circular 88-2017, y sus artículos 2 y 9.
CIRCULAR No. 88-2017
Asunto: Modificación a la Circular N° 69-14 relativa a las “Reglas para la sucesión de una vacante permanente en la Presidencia o Vicepresidencia de la Corte”.-
A LAS INSTITUCIONES, ABOGADAS, ABOGADOS, SERVIDORAS Y SERVIDORES JUDICIALES Y PÚBLICO EN GENERAL
SE LES HACE SABER QUE:
La Corte Plena, en sesión N° 11-2017 celebrada el 15 de mayo de 2017, artículo XV, dispuso modificar el texto sobre las “Reglas para la sucesión de una vacante en la Presidencia o Vicepresidencia”, publicado mediante Circular N° 69-14 en el Boletín Judicial N° 93 del 16 de mayo del 2014, para que en adelante se lea de la siguiente manera:
“Reglas para la sucesión de una vacante permanente en la Presidencia o Vicepresidencia de la Corte.
Artículo 1. De ocurrir una vacante permanente de quien ocupe la Presidencia de la Corte se comunicará a la Asamblea Legislativa de inmediato, a fin de que proceda a la reposición del magistrado o de la magistrada respectiva.
Artículo 2. Recibida la comunicación oficial del nombramiento o una vez transcurridos treinta días naturales luego de la comunicación a la Asamblea Legislativa sin que se haya procedido a la reposición, la Corte Plena convocará a la elección de la persona que deba ocupar la Presidencia de la Corte. Para ese fin, abrirá un periodo de inscripción de candidaturas por un periodo de quince días y fijará la fecha para un debate público en los 15 días siguientes, salvo que haya acuerdo sustentado en razones fundadas de la Corte para adelantar la elección, en el que los y las postulantes expondrán sus ideas y propuestas sobre una eventual gestión institucional.
Artículo 3.- Las postulaciones se presentarán en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia. Concluido el periodo para la inscripción de candidaturas, esa Secretaría General a través del Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional, emitirá un comunicado donde informará a la ciudadanía el nombre de los y las postulantes al cargo de Presidente o Presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
Artículo 4. La sesión de debate y elección será presidida por la persona que ocupe la Vicepresidencia, salvo que quien ocupe ese cargo sea postulante al puesto, en cuyo caso la presidirá el magistrado o magistrada que no sea candidato o candidata, con mayor tiempo de servicio titular en la Corte. En igualdad de tiempo, por el de título más antiguo en el catálogo del Colegio de Abogados, de conformidad con el artículo 32 inciso 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Artículo 5. Las reglas del debate serán fijadas de común acuerdo entre las candidatas o candidatos inscritos y quien haya sido designado para dirigir el debate. El acuerdo será debidamente comunicado a la Corte. En caso de que no haya acuerdo, las reglas del debate serán definidas por la Corte Plena.
Artículo 6. Votación: Una vez concluido el debate se procederá inmediatamente a la votación. La votación será secreta, según lo dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial. Participarán los magistrados y magistradas titulares o suplentes que estén nombrados el día designado para la elección. En la misma sesión se realizarán cinco rondas de votación de la siguiente manera: primero tres rondas y de no haber elección se decretará un receso de al menos veinte minutos. Las rondas restantes iniciarán luego de agotado el tiempo de receso.
Artículo 7. De resultar infructuosas las primeras cinco rondas de elección, se convocará una segunda ronda de votación, una semana después, bajo el mismo procedimiento. Durante esa semana o bien el mismo día designado para la segunda ronda se podrán proponer nuevas candidaturas, las cuales se someterán al mismo procedimiento establecido supra. Los candidatos o candidatas que hubieran participado en el debate de la primera ronda, no están obligados a hacerlo en la segunda.
Artículo 8. Si al finalizar esta segunda ronda de votaciones no se lograre el consenso necesario para elegir, se convocará a una tercera ronda de votaciones dentro de la siguiente semana, bajo el mismo procedimiento de debate y votación; y así sucesivamente hasta lograr la elección, todo bajo las reglas supra indicadas.
Artículo 9. Si la vacante en el cargo de Presidente o Presidenta ocurriere por vencimiento del nombramiento o renuncia a ese cargo, la convocatoria estipulada en el artículo segundo se hará una vez producida cualesquiera de esas situaciones.
Artículo 10. De la sucesión de quien ocupa la Vicepresidencia. De ocurrir una vacante permanente en la Vice-presidencia, la Corte fijará una sesión para que las personas interesadas expongan las razones de su postulación. Debe contarse con un plazo razonable que no podrá ser inferior a 8 días para organizar la propuesta de género. De quedar una persona del género masculino en la Presidencia, se deberá garantizar la paridad de género en la Vicepresidencia y viceversa.
En esa sesión, una vez concluida la exposición de las personas candidatas, se procederá de inmediato a la elección.
Artículo 11. En ambas elecciones, debe garantizarse la participación con equidad de género con fundamento en los convenios internacionales, la Constitucional y la ley.
San José, 25 de mayo de 2017.
Licda. Silvia Navarro Romanini
Secretaria General
Corte Suprema de Justicia
- Detalles
-
Publicado: Lunes, 01 Agosto 2022 15:50
- Durante la sesión de Corte Plena de este lunes 1 de agosto 2022.
“Mi prioridad ha sido ejecutar acciones institucionales enfocadas en el fortalecimiento de la independencia judicial, la transparencia administrativa, la lucha contra la corrupción, el uso de la tecnología en la administración de justicia y afrontar la mora judicial en tiempos tan difíciles como los que vivimos actualmente con la pandemia por el COVID-19 y limitaciones presupuestarias”, afirmó el magistrado Fernando Cruz Castro, durante la rendición de su informe de labores, en el cargo de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
El magistrado Cruz Castro finalizó sus labores como Presidente de la Corte el 31 de julio de 2022 y detalló las acciones emprendidas durante estos cuatro años de funciones y los retos actuales del Poder Judicial.
Destacó que de las 22 propuestas de reformas urgentes al Poder Judicial, planteadas en el 2019, se alcanzó en su gestión un 81% de avance, con la aprobación de 18 de éstas, quedando pendientes reformas de igual trascendencia como la propuesta de reforma al sistema de nombramiento de magistrados y magistradas, el plan para concentrar a la Corte en aspectos macro de gobierno judicial y definición de políticas generales y el reglamento para la regulación del proceso de carrera, selección y nombramiento de la Defensa Pública, que garantice la transparencia y objetividad, criterios objetivos como calificaciones, experiencias, desempeño, antigüedad, capacitaciones, grados académicos e idoneidad.
Señaló los avances en materia de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información, protección de grupos vulnerables y derechos humanos, igualdad de género, justicia abierta, así como la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
“Es por ello que la independencia judicial y el respeto a su autonomía, debe ser una construcción constante de todos los Poderes del Estado, en el respectivo marco de sus competencias; como también lo es el trabajar por la eficiencia y la celeridad y la mejora de la calidad de la justicia. Este ha sido nuestro reiterado compromiso con el país y el que ha asumido Corte”, puntualizó el magistrado Fernando Cruz.
El impulso de la tecnología para garantizar la continuidad de los servicios judiciales, en la atención de la pandemia fue una prioridad; la aprobación de protocolos para regular las audiencias virtuales en diversas materias impidió la parálisis de la justicia frente al COVID-19, así reconocido en el Estado de la Justicia 2022.
Destacó la puesta en marcha del Observatorio Judicial como una herramienta para ofrecer a la ciudadanía información judicial, para el control de la gestión de los despachos, el análisis de la mora judicial y la medición de los tiempos de respuesta.
Además recalcó la importancia de las instancias de control ciudadano sobre la transparencia y celeridad de la justicia, que deben tener causes definidos.
“Debe mantenerse el ejercicio de rendición de cuentas tan particular que brinda el Estado de la Justicia, que es el someterse a la evaluación de un órgano externo, que examina y valora con plena independencia al sistema judicial”, puntualizó Cruz Castro.
En materia de acciones contra la corrupción, señaló la puesta en funciones de la Oficina de Cumplimiento, cuya función debe fortalecerse y que propone un control preventivo en el tema de los conflictos de interés, así como la entrada en vigor del Reglamento de Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés, para asegurar la imparcialidad en el actuar judicial, sin distingo de puestos.
- Detalles
-
Publicado: Lunes, 01 Agosto 2022 10:55
- Con una nota de 96,33%.
- Reconocimiento es otorgado por el MINAE.
- Galardón reconoce el esfuerzo de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional, las Subcomisiones de los diferentes Circuitos Judicial y en general, de toda la población judicial.
El Poder Judicial recibió la calificación de Excelencia en Gestión Ambiental, reconocimiento otorgado por parte del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), al obtener una nota de 96,33 como parte de su gestión en la protección del ambiente.
Esta calificación, la brinda la Dirección de Gestión de Calidad de la citada cartera del Poder Ejecutivo, destacando el compromiso institucional y sus esfuerzos en procura de una adecuada labor en materia ambiental.
Cabe destacar, que la Comisión Técnica Evaluadora del Programa de Gestión Ambiental Institucional de dicho Ministerio, realiza visitas de seguimiento y auditorías anuales con el fin de verificar el estado de la implementación del programa, en donde para esta ocasión, se pudo corroborar la labor de la institución y su responsabilidad con esta temática.
En su última visita, la representación de la Comisión Técnica Evaluadora fue recibida por las personas integrantes de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional, magistrada Damaris María Vargas Vásquez, el magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, la señora Adriana Esquivel Sanabria, y los señores Eugenio Solís Rodríguez, Wilberth Kidd Alvarado, José Luis Soto Richmond y Allan Delgado Cairol, quienes acompañaron durante el recorrido a la funcionaria que les visitó y expusieron un panorama detallado de lo que viene haciendo la Institución en materia ambiental, tanto en lo directamente vinculado con la implementación del Plan de Gestión Ambiental Institucional, como en otras acciones ambientales conexas.
En el documento remitido a este Poder de la República por parte del MINAE, se destaca que la Institución muestra un gran compromiso e interiorización con el PGAI y la temática ambiental en general, ejemplificado esto con el Proyecto Estratégico Política Ambiental del Poder Judicial aprobado por Corte Plena, que se desarrolla conforme a la Metodología de Políticas Institucionales y la Metodología de Administración de Proyectos, aprobado por Corte Plena, con el que se pretende actualizar la Política Ambiental Institucional, así como su divulgación y seguimiento.
Además, se destacan los esfuerzos realizados en la aplicación de medidas en favor del ambiente en las nuevas edificaciones, tal es el caso del edificio Torre Judicial y los edificios de Jicaral y Los Chiles, en donde se cuenta con certificaciones LEED o EDGE, que evidencian la construcción de estas edificaciones bajo criterios ambientales. Adicionalmente, en el documento se extiende la felicitación por las campañas de reforestación y recolección de basura realizadas por distintas instancias del Poder Judicial junto con actores locales.
Por otra parte, se aplaude que el Poder Judicial cuente con procedimientos de gestión de residuos y conducción eficiente y a la vez, se insta a continuar avanzando para contar con todo procedimiento que garantice la continuidad de las acciones ambientales que se ejecutan para el cumplimiento del PGAI u otras líneas en pro del ambiente, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Gestión Integral de Residuos, impulsando acciones para la mejora constante de la calidad ambiental.
Es importante resaltar, que este reconocimiento se da gracias a la labor de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional, la cual ha estado detrás de todos estos esfuerzos, los cuales responden al Plan de Gestión Ambiental Institucional, aprobado por Corte Plena y propuesto por dicha Comisión; esfuerzos que se suman a los realizados por todas las personas integrantes de la Subcomisiones Ambientales de los diferentes Circuitos Judicial y en general, de todas las personas servidoras judicial que con sus acciones han acreditado un alto compromiso y responsabilidad por el Ambiente.
Como lo señala DIGECA, este “efecto en cadena” apunta y suma de forma significativa al cambio cultural necesario para lograr una sociedad costarricense verdaderamente comprometida con la sostenibilidad, tal como lo dicta nuestra normativa y los acuerdos internacionales que ha suscrito Costa Rica en materia ambiental.
- Detalles
-
Publicado: Jueves, 28 Julio 2022 15:13
El Juzgado Concursal de San José hace la siguiente aclaración, en atención a las afirmaciones imprecisas, hechas contra lo actuado por el despacho, en el conocido casos Aldesa y publicadas en las noticias informativas de Diario Extra en las fechas 22 y 27 de julio de 2022, tituladas, “Remueven a curadora del caso Aldesa” y “Piden declarar quiebra de Aldesa como fraudulenta”.
No es cierto que “Un año debió trascurrir para que el Juzgado Concursal se enterara de que la curadora que nombraron en el caso ALDESA no tenía experiencia en la materia”, como afirma el medio de comunicación.
El Juzgado procedió con la remoción de la persona curadora por no cumplir con una serie de prevenciones hechas por el propio juzgado, respecto a la entrega de los 516 informes de legalización de los acreedores, con los que debía cumplir.
La sentencia que ordena la remoción de la curadora con fecha del 20 de julio de 2022, la dictó el Juzgado Concursal de oficio, nunca recibió gestión de ninguna de las 645 partes que integran el proceso, ante el incumplimiento de la curada en la entrega de las 516 legalizaciones prevenidas, sin que se hubiera presentado al menos un informe de legalizaciones y que se detallan cronológicamente a continuación:
- El 8 de octubre de 2020, el Juzgado Concursal nombra la curadora, luego de revisar la lista emitida por la Dirección Ejecutiva.
- El 26 de octubre 2020, se tiene por recibido la aceptación del cargo por parte de la persona nombrada.
- El 5 de mayo de 2021 el Juzgado le amplía el plazo por tres más para la presentación del informe de legalizaciones.
- El 21 de julio de 2021, Representante legal de dos demandantes interpuso subsidio de insubsistencia de convenio preventivo.
- El 17 de noviembre de 2021, la curadora remite respuesta de contar con el 70% del informe a su cargo y solicita un plazo adicional de tres meses para su entrega.
- El 22 de noviembre 2021, el Juzgado solicita respuesta a la curadora en término de tres días por el subsidio de insubsistencia de convenio preventivo presentado por el representante legal de dos partes del proceso. Sobre el cual el Juzgado Concursal constata el incumplimiento del deber por parte de la curadora.
- El 14 enero 2022, el Juzgado Concursal ordena a la curadora presentar el informe de legalizaciones de una parte de los acreedores
- El 14 de febrero de 2022 el Juzgado Concursal ordenó a la curadora presentar el informe de legalización de otro grupo de acreedores.
- El 19 de abril de 2022, el Juzgado Concursal ordenó a la curadora presentar el informe de legalizaciones de otro grupo de acreedores. Adicionalmente se reitera la obligación de rendir los informes solicitados en enero y febrero del presente año.
- El 29 de abril de 2022, la curadora solicita que se le autorice realizar el informe en tres o más entregables. Y el pago de un anticipo de honorarios, el cual fue rechazado por el Juzgado por no haberse representado los informes requeridos.
- El 20 de mayo de 2022, el Juzgado ordena a la curadora entregar las legalizaciones de otro grupo de acreedores.
- El 20 de junio de 2022, el Juzgado ordena a la curadora entregar las legalizaciones de otro grupo de acreedores.
Se aclara que al iniciarse el proceso de quiebra en el caso de interés, en el año 2019, se mantenía vigente la normativa del Código Procesal Civil anterior, el cual señalaba como único requisito para ser curador, el ser abogado. La verificación de los requisitos de las personas curadoras no es competencia del Juzgado Concursal, sino de la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial. El Juzgado al remitir solicitud de personas curadoras en un proceso, únicamente puede nombrar a las personas que integran las listas oficiales que remite la Dirección Ejecutiva.
Resulta falsa la afirmación que realiza el medio de comunicación de que el expediente esté paralizado, toda vez que desde marzo del 2021, el Juzgado Concursal solicitó personal adicional para atender los más de 600 escritos por resolver, en un caso tan complejo y que contabiliza 645 actores apersonados. Al día de hoy, el expediente está al día y el Juzgado Concursal mantuvo activo el proceso con la resolución de múltiples recursos de revocatoria y apelación, resoluciones provenientes del Tribunal Contencioso Administrativo y medidas cautelares, solicitudes de la Superintendencia General de Valores y demás requerimientos de las partes apersonadas al proceso.
- Detalles
-
Publicado: Jueves, 21 Julio 2022 16:36
Reformas legales en materia de crimen organizado y lucha contra la corrupción, fueron los temas focales que expusieron las autoridades judiciales, durante la comparecencia en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro y la Vicepresidenta y Presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro, atendieron la convocatoria legislativa, de este jueves 21 de julio 2022, para referirse a los retos y necesidades del Poder Judicial para asegurar la seguridad nacional, las necesidades legales, específicamente en materia penal y procesal penal nacional y el trámite de los casos por delincuencia organizada; con ambos jerarcas asistió el Director del Despacho de la Presidencia, Irving Vargas Rodríguez.
“Considero importante que se pueda concretar un centro o sección que se encargue de diseñar una política criminal, que integre todo lo penal y el crimen
organizado en todas sus dimensiones, sería muy importante, porque permite que los estudios se realicen de forma sistemática en esta materia, con el uso de la exploración de datos y un enfoque de la ciencia de la política criminal”, afirmó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro.
El jerarca judicial señaló la importancia de analizar reformas al marco jurídico procesal en temas como el anticipo jurisdiccional de prueba, para que la Fiscalía General tenga mayor potestad y agilidad en emprender este tipo de diligencias, únicamente con una comunicación expresa al juez o jueza.
Además, el fortalecer la etapa intermedia mediante la vinculación de ésta con el debate a juicio y lo que no se plantee en esta etapa no pueda abordarse con posterioridad. Señaló la importancia de analizarse la figura del testigo colaborador dentro del Código Procesal Penal (CPP) y que permita disminuir su pena sin que quede absuelto.
En materia de crimen organizado, el magistrado Fernando Cruz, puntualizó la importancia de establecer plazos a las diligencias judiciales de apertura telefónica, intervención de las comunicaciones y el secreto bancario, para darle agilidad a la gestión de la fiscalía y la investigación.
Además señaló la necesidad de fortalecer el Centro de Intervenciones Judiciales en materia de infraestructura, el ámbito técnico y de recursos humanos, por ser una herramienta vital para la persecución de los delitos de crimen organizado.
La Presidenta de la Sala de Casación Penal, magistrada Patricia Solano Castro puntualizó en los proyectos de mayor interés para mejorar la acción penal judicial como el expediente 22 838, que corresponde a una reforma al Código Procesal Penal para darle prioridad a las diligencias judiciales donde se tienen víctimas protegidas, así como en allanamientos y el anticipo jurisdiccional de la prueba con plazos para el dictado de estas resoluciones.
El proyecto de ley número 22 838, para la incorporación de las intervenciones telefónicas en los procesos disciplinarios administrativos en el tema de la probidad y la ética en la función pública. El proyecto 22 834, que es una reforma a la Ley Sobre Crimen Organizado y fortalecer la jurisdicción contenciosa administrativa para la recuperación de activos que se tramitan por esta vía, mediante medidas anticipadas en aquellos bienes vinculados a actividades delictivas.
Solano Castro también destacó la propuesta de ley 22 529 propuestas por el Tribunal Supremo de Elecciones y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), relacionada con el financiamiento de partidos políticos y el proyecto 22 837 que busca reformar la Ley sobre Estupefacientes, sustancias psicotrópicas, uso de drogas no autorizadas y actividades conexas.
“El Poder Judicial sí investiga, persigue y juzga casos de crimen organizado y la institución se ha estado preparando por años, para la persecución de este tipo de delincuencia”, puntualizó la Vicepresidenta de la Corte, Patricia Solano Castro.
La jerarca judicial aclaró en la comisión el presupuesto que requería la ley que crea la Jurisdicción Especializada en Crimen Organizado aprobada en el 2017 para la protección de víctimas y testigos el cual fue reducido considerablemente y hacer posible la implementación de esa jurisdicción este año 2022.
Acompañaron a ambos jerarcas judiciales en la intervención ante diputados y diputadas de la comisión, la Directora de Planificación, Nacira Valverde Bermúdez y la Oficial de Cumplimiento del Poder Judicial, Kenia Alvarado Villalobos.
La Oficial de Cumplimiento, Alvarado Villalobos, se refirió a las acciones impulsadas en el Poder Judicial tras la aprobación por Corte Plena de un reglamento para la adecuada gestión de los conflictos de interés de todo el personal judicial de todos los órganos y puestos. Explicó las funciones que esta oficina tiene en la prevención de los conflictos de interés, la gestión de éstos para evitar la corrupción, “hacemos una labor especializada dentro del Poder Judicial, en todas áreas sin distingo de puestos, aplica para todo el personal”, puntualizó. Agregó que esta es una materia preventiva que permite al funcionario utilizarlo para su correcto actuar y garantizar su imparcialidad.
Por su parte la Directora de Planificación, Valverde Bermúdez, realizó una serie de aclaraciones en relación con la cantidad de casos entrados, en ejecución y seguimiento que componen el circulante judicial, explicó en detalle cuando se da por terminado un proceso judicial pues no siempre es con el dictado de una sentencia, sino que con ésta el caso inicia y se computa como procesos en ejecución o seguimiento por ejemplo las medidas de protección en materia de violencia doméstica que tienen un plazo de un año, los procesos cobratorios cuando inicia el pago, las medidas alternas al juicio en materia penal que pueden tardar en seguimiento de 2 a 5 años según el plazo acordado por las partes involucradas en el proceso. Aclaró aspectos de restricción presupuestaria aplicados en el Poder Judicial desde el 2018 al año 2021, acentuada por la pandemia.
A la sesión, también asistieron el asesor de Presidencia Jorge D. Morales Ramírez y el ingeniero industrial de la Dirección de Planificación Jorge F. Rodríguez Salazar.
- Detalles
-
Publicado: Jueves, 21 Julio 2022 15:12
- Informe de la OCDE sobre Integridad en Costa Rica: Protegiendo los logros democráticos
El avance del Poder Judicial de Costa Rica en materia de gestión de los conflictos de interés y la prevención y combate a la corrupción, se destaca en el Informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sobre Integridad en Costa Rica: Protegiendo los logros democráticos.
El estudio se publicó este 18 de julio de 2022, en la página oficial de la OCDE y su objetivo fue realizar un análisis de Costa Rica y la forma en que la reciente Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción, se convierta en una política de integridad concreta y coherente.
“…el Poder Judicial de Costa Rica ha avanzado en el establecimiento de regulaciones específicas y bien definidas sobre conflicto de interés y en proporcionar orientación a este respecto. El Reglamento para la Prevención, Identificación y Gestión del Conflicto de Interés en el Poder Judicial busca ayudar al personal judicial a prevenir, identificar y gestionar posibles conflictos de interés. También proporciona una definición de conflicto de interés en el Poder Judicial y de los tipos de intereses privados con el potencial de generar tales conflictos”, señala el estudio.
Resalta las obligaciones que dicho reglamento del Poder Judicial establece para sus cargos de gerencia, en la identificación y gestión efectiva de los posibles conflictos de interés en sus oficinas, la sensibilización permanente entre el personal a cargo, entre otros aspectos.
Para la Oficial de Cumplimiento del Poder Judicial, Kenia Alvarado Villalobos, “en el capítulo sobre el sistema de gestión de los conflictos de intereses, el estudio reconoce y destaca que la regulación del Poder Judicial es específica, bien definida y proporciona orientación en esta materia y recomienda construir sobre esta experiencia, pues cataloga la experiencia de la institución como un referente, lo cual es un indicativo de que el Poder Judicial está avanzando en el camino correcto”.
La OCDE determinó que “…Construyendo sobre esta positiva experiencia en el Poder Judicial, Costa Rica podría considerar establecer normas y reglamentos adicionales… incluyendo regulaciones para situaciones que se presenten antes y después de ocupar un cargo público (i.e. períodos de enfriamiento) y para la gestión adecuada del conflicto de interés. De igual forma, Costa Rica podría evaluar otras medidas relevantes en materia de conflicto de interés, más allá de puras reformas legales, tales como brindar orientación y regulaciones en sectores específicos”.
También recomienda, que como país se trabaje en fortalecer el marco legal y ético dirigido a la identificación y gestión de conflictos de interés y lograr con ello un control, monitoreo y evaluación efectivos, incluyendo un sistema de declaraciones patrimoniales.
El informe completo de la OCDE, se puede consultar en la página oficial, puede ingresar directamente al siguiente link:
Estudio de la OCDE sobre Integridad en Costa Rica: Protegiendo los logros democráticos | es | OCDE | OECD )
- Detalles
-
Publicado: Lunes, 18 Julio 2022 15:42
- Poder Judicial y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica analizan la mora judicial en materia contra la violencia doméstica.
Analizar las propuestas y proponer reformas legales que inciden en la mora judicial en materia contra la violencia doméstica, a partir de los principales resultados obtenidos de procesos de consulta al personal judicial y estudios realizados a lo interno del Poder Judicial, fue el objetivo de la primera reunión de la Comisión Mixta.
Dicha comisión la integran representantes del Poder Judicial y del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia a través del Despacho de la Presidencia envió un mensaje en el cual resaltó la disposición de este colegio profesional por la disposición de colaborar con la institución y a partir de coordinaciones para tener un espacio de reflexión, diálogo, análisis para que se permitiera definir una ruta a seguir para abordar el tema de la mora judicial.
La Magistrada y coordinadora de la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia, y coordinadora de la Comisión de la jurisdicción de Violencia Doméstica, Roxana Chacón Artavia indicó que “estamos comprometidos en dar lo mejor para abordar este tema, escuchar a todos los sectores y a todas las personas que tengan que opinar para hacer un mejor análisis y una mejor administración de la mora judicial”.
El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, Álvaro Sánchez González aseguró que “reconocemos la honestidad que tienen en su propio actuar el Poder Judicial para someterse al Informe del Estado de la Nación, creo que esa es la forma correcta de hacer las cosas en donde se evidencian sus virtudes y sus defectos y de la que todos creemos que se pueden lograr cosas positivas, porque las cosas positivas se trabajan en equipo”.
Las personas participantes realizaron mesas de trabajo en las cuales analizaron las propuestas formuladas, dieron observaciones y aportes. La metodología fue dirigida por la Dirección de Planificación del Poder Judicial.
La actividad se realizó en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 12 Julio 2022 12:01
- 572 medidas aprobó el Gobierno Judicial para garantizar el acceso al proceso judicial frente a la pandemia.
- Justicia electrónica generó las condiciones necesarias para responder con rapidez y eficiencia las condiciones generadas por la pandemia.
La continuidad de los servicios judiciales, la atención virtual y presencial de las personas usuarias y el impulso de los sistemas tecnológicos para facilitar las gestiones judiciales fueron aspectos que destacó el Cuarto Estado de la Justicia 2022, en su Capítulo 5, ¿Justicia pronta, cumplida y electrónica? Una mirada al Poder Judicial durante la pandemia por el Covid-19.
Este apartado evaluó las actuaciones administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial en el marco de la atención de la emergencia sanitaria, durante los años 2020 y 2021.
Se destacó la toma de acuerdos y directrices por parte de Corte Plena y el Consejo Superior, que contabilizaron un total de 572 medidas que garantizaron el acceso al proceso judicial de manera pronta, cumplida e igualitaria. El 33,6% de estas medidas se orientaron a la atención de personas usuarias y la virtualización de trámites y servicios.
El Informe resaltó la apertura de los despachos penales de todo el país en la atención de los asuntos según su competencia, la maximización del uso del proceso de flagrancia en los delitos que procediera y la no suspensión de audiencias de procesos ya iniciados.
Procesos digitales se potencian
El Estado de la Justicia también reconoció el avance que tuvo el Poder Judicial en la ola reformista e inversión en la justicia electrónica, que impulsó el uso de la tecnología y que facilitó la administración de justicia y los servicios que brinda la institución; beneficios que se tradujeron hacia las personas usuarias, al reducir la necesidad de trasladarse hasta las oficinas.
“Ante la emergencia sanitaria, la estrategia planteada por el Poder Judicial fue utilizar las plataformas tecnológicas ya existentes y depositar la mayor cantidad de recursos en la implementación de acciones de pronta adaptación, que fueran efectivas en la consecución del debido proceso y del acceso a la justicia”, puntualiza el Informe.
El estudio determinó que durante el año 2020, el uso de los servicios en línea muestra un incremento, a partir de la optimización de la infraestructura tecnológica judicial y las audiencias virtuales funcionaron adecuadamente durante la pandemia
“El Poder Judicial logró garantizar y proteger los derechos fundamentales de la población costarricense al mantener una continuidad de los servicios, tanto de forma presencial como virtual. Cabe señalar que actuó en un contexto restrictivo del gasto, lo cual le obligó a maximizar su distribución de recursos materiales y humanos. De igual forma, logró responder a aquellas poblaciones que por su condición pueden estar expuestas a situaciones de vulnerabilidad”, detalló el Estado de la Justicia.
- Detalles
-
Publicado: Lunes, 11 Julio 2022 15:42
Los magistrados y magistradas integrantes de Corte Plena acordaron analizar a fondo las recomendaciones y resultados expuestos en el Cuarto Informe del Estado de la Justicia 2022, divulgado la semana anterior.
El acuerdo se tomó por unanimidad en la sesión de este lunes 11 de julio, por considerar que las conclusiones emitidas por el Estado de la Justicia, revisten de interés para el Poder Judicial, frente a las oportunidades de mejora que señala en sus capítulos.
Para el estudio se integrará un equipo de trabajo con la participación de un magistrado o magistrada de cada Sala de la Corte Suprema de Justicia, con el apoyo de representantes de los órganos técnicos judiciales como lo son Gestión Humana, Planificación y se solicitará la participación del Estado de la Justicia, con el fin de analizar y corroborar los datos expuestos.
Esta labor tiene como objetivo determinar acciones afirmativas que tiendan a mejorar el servicio de administración de justicia que se brinda a las personas usuarias en las diversas jurisdicciones.
En la sesión del próximo lunes 18 de julio de 2022, se presentará el análisis elaborado y se espera contar con la participación de representantes del Estado de la Justicia.
El acuerdo tomado por las y los jerarcas judiciales es que en un plazo menor se establezca una hoja de ruta y darle garantía a la ciudadanía de que el Poder Judicial emprenderá acciones concretas para mejorar aquellas áreas vulnerables y con el firme compromiso de trabajar por el bienestar de la justicia y la democracia costarricense.
El trabajo de análisis también contempla reuniones con la Jurisdicción Contencioso Administrativo y la Sala Constitucionales, en las cuales el Cuarto Informe del Estado de la Justicia centra un capítulo de investigación y resultados.
- Detalles
-
Publicado: Lunes, 11 Julio 2022 11:50
- Atención a las demandas permite que la ciudadanía tenga un papel protagónico en el funcionamiento de la democracia costarricense
El Cuarto Estudio sobre el Estado de la Justicia 2022 deja en evidencia una mejora constante en los tiempos de resolución de los diversos recursos planteados por la ciudadanía ante la Sala Constitucional.
El capítulo 4 de este proyecto de análisis indaga sobre diversos temas como la emisión de sentencias, la cantidad de recursos presentados, el plazo promedio de resolución, datos demográficos sobre quiénes presentan los recursos y las razones principales que dan origen a dichos recursos.
Entre los principales resultados se tiene que el plazo promedio de resolución de una acción de inconstitucionalidad pasó de 2.035 días en 2001, a 134 en 2018, mientras que en el caso de los recursos de amparo y los Hábeas Corpus se pasó de 519 días calendario a 33 días, y de 297 días calendario a 24 días, respectivamente.
Otro dato importante contenido en el informe es que entre 1989 y 2018 la Sala Constitucional emitió 348.452 sentencias. El 52,9% de ellas estuvieron asociadas a temas de trabajo y salud.
Entre todos los recursos que se presentaron en el mismo período, el 34,3% fueron rechazados, mientras un 28,6% se declararon sin lugar.
Otros datos adicionales señalan que el 97,9% de los recurrentes en las sentencias son personas físicas, con una predominancia de varones en un 76,9%.
Es importante resaltar dos conceptos que el informe investigó a través del uso de herramientas de inteligencia artificial y ciencia de datos: se trata de las sentencias estructurales y las sentencias referentes.
El término sentencias estructurales hace referencia a aquellas resoluciones que solucionan problemas reiterados y que afectan los derechos de muchas personas, como por ejemplo, problemas de acceso al agua potable, o algunas resoluciones sobre citas médicas.
El otro término, denominado sentencias referentes, es sugerido por el estudio y contempla a aquellas que son ampliamente recurridas en la argumentación de otros procesos jurídicos. Para que entren en esta categoría, las sentencias deben de haberse citado en al menos 10 ocasiones. En la investigación se determinó que estas resoluciones tratan principalmente sobre cinco temas: ambiente, trabajo, petición, pronta resolución y servicios público.
Para analizar las sentencias de este informe, se utilizó inteligencia artificial para detectar palabras clave, en un periodo que contempla desde el año 1989 hasta el 2021. Se identificó un grupo de 17.065 sentencias que establecen órdenes precisas para distintos autores. El informe señala que las técnicas de búsqueda y clasificación deben mejorarse a futuro, con el fin de obtener datos todavía más puntuales.
“Asimismo, del análisis de las sentencias emitidas por la jurisdicción constitucional entre 1989 y 2018 se pudo constatar un amplio y extendido uso de los recursos de amparo que evidencia un protagonismo de la ciudadanía, así como una reducción del plazo promedio de resolución de las sentencias”, afirmó Fernando Cruz Castro, Presidente de la Corte suprema de Justicia durante la presentación del informe a la ciudadanía.
Los medios de comunicación también son mencionados en el análisis, pues se señala un incremento en el interés por parte de estos en el quehacer de la Sala Constitucional, debido principalmente al resultado de las interacciones del Poder Judicial con otros actores del sistema político, así como sus decisiones en otros campos de interés popular. Esto genera una mayor cobertura noticiosa sobre los temas relacionados con el ente constitucional y una mayor presión sobre sus actuaciones.
El Cuarto Estudio sobre el Estado de la Justicia evidencia un protagonismo de la ciudadanía que utiliza las herramientas que la Sala Constitucional pone a su disposición para hacer valer sus derechos y garantías. Una muestra de ello es que entre las partes recurridas sobresalen instituciones que tienen entre sus responsabilidades la implementación de políticas públicas y la prestación de servicios públicos, cómo es el caso de los ministerios y las municipalidades.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 06 Julio 2022 15:57
- Resultados destacan acción judicial en continuidad de los servicios a personas usuarias ante crisis fiscal y sanitaria
El Poder Judicial desde su propia iniciativa, se abre a la evaluación y análisis de su gestión, con la investigación que se presenta en el Cuarto Informe del Estado de la Justicia 2022.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, destacó que el Estado de la Justicia es un proyecto en el que el Poder Judicial de forma voluntaria se somete y colabora brindando la información y datos necesarios para ser evaluado por un centro especializado e independiente, algo inédito en América Latina.
“El Informe del Estado de la Justicia constituye en sí misma una práctica democrática inusual, desde el punto de vista del derecho comparado. Demuestra esto nuestro compromiso con una cultura institucional abierta. Ninguna institución estatal se expone y asume el riesgo que asume el Poder Judicial, porque abre sus puertas y propicia la investigación, en la que no existe ningún sesgo institucional”, manifestó Cruz Castro en el acto de presentación de resultados.
La presentación del Cuarto Informe del Estado de la Justicia se realizó este miércoles 6 de julio, en el Salón Multiusos del Poder Judicial y fue trasmitido virtualmente por Facebook Live y contó con la participación de autoridades judiciales de los tres ámbitos judiciales, Jurisdiccional, Auxiliar de Justicia y Administrativo, asociaciones gremiales, la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales.
Rodrigo Arias Camacho, representante del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), destacó que “el país necesita un Poder Judicial robusto, que responda a las demandas crecientes de la ciudadanía, que esté a la altura de las necesidades de los tiempos cambiantes en los que nos encontramos y no puede estar sujeta a presiones de ningún otro Poder de la República y para ello, la información es clave, no solo para que el Poder Judicial pueda enriquecer las decisiones, sino que todas las personas de los demás poderes puedan analizar objetivamente esa información, que por medio de este informe se pone al servicio de Costa Rica”.
De acuerdo con Jorge Vargas Cullell, Director del Programa Estado de la Nación (PEN), este Informe representa una práctica única de transparencia y rendición de cuentas a la cual el Poder Judicial se somete voluntariamente, a un órgano externo independiente que valora su desempeño, y colabora con su elaboración de manera activa.
El estudio comprendió el análisis del período 2019-2021, marcado por dos crisis país: la fiscal, que redujo los recursos presupuestarios y la crisis sanitaria por el Covid-19.
Se resalta que, ante condiciones excepcionales, el Poder Judicial logró mantener los servicios que presta a la población, donde varios factores facilitaron la buena repuesta judicial como lo son el sistema de gestión en línea, el expediente digital, la virtualización de los procesos judiciales que ya estaban en funcionamiento en la institución y que dieron paso al teletrabajo y a la justicia electrónica. Además, se menciona el impulso de la justicia restaurativa y contra el crimen organizado.
“En el balance, debe decirse que el Poder Judicial respondió satisfactoriamente a la emergencia”, determinó el informe del Estado de la Justicia 2022.
La exposición de los hallazgos del estudio estuvo a cargo de Evelyn Villarreal Fernández, Coordinadora del Informe Estado de la Justicia, quien destacó que el Cuarto Informe contempla una serie de innovaciones en su estructura y abordaje de investigación.
“La primera consistió en transformar el Informe en una plataforma compuesta de una serie de productos que han sido publicados a lo largo del 2021, es decir previo a su lanzamiento…Otra de las innovaciones es que cada capítulo del Informe contiene una sección propositiva de recomendaciones, que contempla la sistematización de los resultados de una serie de sesiones de trabajo que se realizaron con personal y jerarcas del Poder Judicial, integrantes del Consejo Asesor”, destacó Villareal Fernández.
El Informe está dividido en dos grandes apartados. El primero corresponde a una sección de investigaciones a profundidad, que consta de cuatro capítulos con información inédita y poco explorada anteriormente por el Estado de la Justicia y que desarrolla los temas: la tutela efectiva de derechos en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la gestión del recurso humano desde el Gobierno Judicial para una justicia independiente y de calidad; los aportes para el análisis automatizado de las sentencias de la Sala Constitucional y ¿Justicia pronta, cumplida y electrónica? Una mirada al Poder Judicial durante la pandemia por el Covid-19.
El segundo apartado corresponde a la sección de seguimiento, la cual se organizó en torno a indicadores de tres áreas: administrativa, jurisdiccional y política. Algunos de estos indicadores corresponden al análisis de las duraciones, costos, y productividad en el sistema judicial del país y tienen como finalidad construir un observatorio de los hallazgos recopilados en los anteriores informes del Estado de la Justicia.
El Informe señala como temas pendientes, el avance en las reformas estructurales en gestión, el nombramiento de las magistraturas y reformas en el Gobierno Judicial.
- Detalles
-
Publicado: Lunes, 04 Julio 2022 14:41
- Anuncia que no aspirará a un nuevo período como Presidente de la Corte
- Mantiene sus labores como magistrado de la Sala Constitucional, cuyo período vence en octubre de 2028.
- Proceso de elección al cargo de la Presidencia se realizará en aplicación del artículo 9 de circular 88-2017, aprobada por Corte Plena.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, anunció que no postulará su nombre para un nuevo período como máximo jerarca de la Corte Suprema de Justicia.
La comunicación oficial la realizó este lunes 4 de julio en la sesión ordinaria de Corte Plena y de acuerdo con el proceso interno establecido para dar paso al proceso de elección del próximo magistrado o magistrada que ocupará el cargo en la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
El magistrado Fernando Cruz finalizará sus funciones en la Presidencia de la Corte el próximo 31 de julio de 2022.
Cruz Castro mantendrá sus labores como magistrado de la Sala Constitucional, cuyo nombramiento está vigente hasta octubre de 2028, así dispuesto por la Asamblea Legislativa.
El magistrado Fernando Cruz Castro es Doctor en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid, con estudios de postgrado en criminología de esa misma universidad. Además, es Licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica.
Su carrera judicial la inició como Agente de Faltas y Contravenciones de Alajuela en 1972, se desempeñó como actuario, Agente fiscal, Fiscal General, Juez Superior y Presidente del Tribunal de Casación Penal.
En el año 2004 asumió el cargo de magistrado titular de la Sala Constitucional hasta la fecha. En octubre del año 2020, la Asamblea Legislativa lo reeligió en sus labores en la magistratura por un nuevo período constitucional, el cual vence en octubre de 2028.
Fernando Cruz Castro asumió la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia en agosto de 2018 y hasta el próximo 31 de julio de 2022.
Reglas para para la sucesión de una vacante permanente en la Presidencia o Vicepresidencia de la Corte
La circular 88-2017 establece las reglas internas que deberá seguir Corte Plena para abrir el proceso para la vacante permanente en la Presidencia de la Corte y en aplicación al artículo 9 de la norma interna:
Artículo 9. Si la vacante en el cargo de Presidente o Presidenta ocurriere por vencimiento del nombramiento o renuncia a ese cargo, la convocatoria estipulada en el artículo segundo se hará una vez producida cualesquiera de esas situaciones.
En cuanto al procedimiento de elección, el artículo 2 establece que la Corte Plena procederá a realizar la convocatoria a la elección de la persona que ocupará la Presidencia de la Corte.
El período de inscripción de candidaturas tendrá un plazo de quince días y en los siguientes quince días se fijará un debate público entre las magistradas y los magistrados postulantes, para que expongan sus ideas y propuesta ante una eventual gestión institucional. Mediante acuerdo de Corte Plena se podría adelantar el proceso de elección por razones fundadas.
La sesión de debate y elección la presidirá la persona que ocupa el cargo de la Vicepresidencia de la Corte. Una vez concluido el debate, se procederá inmediatamente con la votación para elegir a la próxima persona que ocupará la Presidencia de la Corte.
- Detalles
-
Publicado: Viernes, 01 Julio 2022 09:38
- Datos actuales a mayo de 2022.
- 60% restante corresponde a procesos judiciales en trámite: 540 476 casos en trámite de la materia cobratoria y 247 280 casos en trámite de las demás materias jurisdiccionales.
El circulante activo total del Poder Judicial, al mes de mayo 2022, corresponde a 1.318.063 expedientes, el cual se compone de los casos en trámite y los casos que ya tienen una resolución dictada, sea intermedia, en ejecución o en seguimiento.
De esta manera, en el 40% del circulante judicial activo total, ya se brindó una respuesta a la persona usuaria, pero por la naturaleza de la tramitación judicial, se mantienen activos en los despachos judiciales, hasta su cumplimiento final.
El 60% restante corresponde a expedientes en trámite, es decir, casos que se encuentran a la espera del dictado de una resolución (intermedia, ejecución y seguimiento) o sentencia en primera instancia.
Estos datos actualizados aclaran, los expuestos en la reciente intervención de una señora legisladora en el espacio de control político en el Plenario Legislativo, en la cual indicó que el Poder Judicial tiene 1.252.182 de casos sin darle respuesta a las personas usuarias. La cifra corresponde a la sumatoria de todos los casos en el circulante activo total del Poder Judicial del año 2018.
En dicha intervención se omite el detalle de la composición real del circulante judicial activo, pues a mayo del 2022, se registra 1. 318. 063 de casos activos totales en el Poder Judicial, que se desglosan de esta manera:
- 530 307 casos en los que el Poder Judicial brindó respuesta a la persona usuaria; a través del dictado de una resolución, la cual está en ejecución o con medidas de protección, en materias no penales; o corresponde a resoluciones intermedias en materia penal que requiere del cumplimiento de un plazo para su finalización. (40% del total)
- 787 756 caso en trámite en todas las materias a nivel nacional. (60% del total).
Si se analiza en detalle el circulante judicial en trámite se determina que:
- 540 476 casos en trámite corresponden a la materia cobratoria (41% del total), el cual obedece principalmente a un impedimento de notificar a la parte demandada por inexactitud en el domicilio brindado por la parte actora.
- 247 280 casos en trámite en otras materias jurisdiccionales (19% del total).
Cabe destacar que, del 2018 a mayo del 2022, se ha dado un incremento del 22% en el dictado de resoluciones intermedias como conciliaciones, reparación del daño y suspensión del proceso a prueba en materia penal y de un 27% en el dictado de resoluciones de los procesos no penales que se encuentran en etapa de ejecución y seguimiento. Estos aspectos mantienen el circulante activo, en espera de los plazos de cumplimiento.
Los indicadores de la Dirección de Planificación del Poder Judicial también muestran el incremento de los casos terminados entre el 2018 y el 2019, cuyo crecimiento se registró en un 16%. Para el 2020 estos valores disminuyeron en un 13% al compararlo con el dato del 2019, producto de la atención de la emergencia sanitaria y las acciones de cara a garantizar la continuidad de los servicios, frente al cierre de despachos por contagios como cumplimiento a las medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud en resguardo de la salud de personas usuarias y el personal judicial.
No obstante, en el 2021, los casos terminados se incrementan en un 10% al compararlo con los datos del 2020, lo que claramente se demuestra que el Poder Judicial ha venido orientando a la institución, a pesar de la nueva normalidad, en reducir la mora judicial de manera continua, dado que es uno de los principales temas prioritarios como parte de la estrategia institucional.
Presupuesto y recursos humanos
El crecimiento presupuestario y de recurso humano que se observó en el Poder Judicial entre el período 2000-2018, tiene su causa en la puesta en implementación de una serie de reformas legales a nivel nacional y por tanto, la apertura de nuevas oficinas judiciales en todo el territorio nacional. El 2005 registraba 648 oficinas judiciales y el 2021 finalmente alcanzó 880 oficinas en todo el país.
Solo entre 1990 y el 2018, el Poder Judicial registró la aplicación de 114 leyes nuevas y 1034 competencias nuevas, muchas de éstas sin contenido presupuestario específico dado por ley.
En el tema del costo de la materia cobratoria, el Informe del Costo de la Justicia 2021 que está en construcción, arroja como dato preliminar que esta jurisdicción abarca el 2,66% del presupuesto judicial.
Combate a la corrupción
La Cuarta Edición del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2022, coloca a Costa Rica en el segundo lugar en América Latina, con una puntuación de 7,11 en acciones para detectar, castigar y prevenir la corrupción, superado únicamente por Uruguay con 7.42.
Tema en el que el Poder Judicial es referente por su avance en un modelo de combate a la corrupción interna, el fraude organizacional e infracción al deber de probidad, la creación de la Oficina de Cumplimiento, la aprobación del Código de Ética Judicial, el reglamento de conflictos de intereses, los resultados del Índice de Transparencia del Sector Público -posicionando a tres instancias (Organismo de Investigación Judicial, Ministerio Público y Poder Judicial) del Poder Judicial en los primeros tres lugares-, y la adopción de políticas que fortalecen la transparencia y rendición de cuentas -como Justicia Abierta y participación ciudadana y el Observatorio Judicial. Además, se trabaja en la construcción de la Política Institucional de Anticorrupción.
En marzo del 2019, la Corte Plena planteó la creación de la Sección de Anticorrupción en el Organismo de Investigación Judicial, además el fortalecimiento en el Ministerio Público para contribuir con la celeridad, eficacia y eficiencia en la resolución de los casos de corrupción que ingresan al Poder Judicial y es hasta el 2021, donde las autoridades del Ministerio de Hacienda y el Poder Ejecutivo dotan de recursos dicho plan.
Asimismo, en el 2021, se dio la segmentación de la Fiscalía de Probidad para contar con sedes regionales.
Finalmente, como parte del proceso de implementación del proyecto de la mejora integral del proceso penal, se implementó una sección especializada dentro del Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José que atiende los asuntos de Penal de Hacienda, los cuales involucran la atención de los casos de corrupción.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 29 Junio 2022 13:55
- Índice de Capacidad para combatir la corrupción 2022 evalúa la capacidad de los países de América Latina para detectar, castigar y prevenir la corrupción.
Con un puntaje de 7.11, Costa Rica ocupa para este 2022 el segundo lugar en el Índice de Capacidad para combatir la Corrupción, que mide a los países de América Latina.
En esta materia el país solo es superado por Uruguay que obtuvo una puntuación de 7.42, mientras el tercer lugar lo ocupa Chile con 6.88 puntos.
“El segundo lugar obtenido por Costa Rica en el índice que evalúa la capacidad de combatir la corrupción es un reconocimiento a los esfuerzos que se vienen impulsado a nivel país, y en donde el Poder Judicial ha tenido un papel fundamental”, destacó Kennia Alvarado Villalobos, Oficial de Cumplimiento del Poder Judicial de Costa Rica.
Esta es la cuarta edición del estudio, publicado por los entes internacionales Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks.
Con respecto a Costa Rica, el informe destaca el avance progresivo del país en consolidar esfuerzos para mejorar la lucha contra la corrupción, como el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (2021-2030), en la que el Poder Judicial asumió el compromiso.
Se evaluaron tres categorías: Capacidad legal, Democracia e instituciones políticas y la Sociedad Civil y medios de comunicación.
En caso de la capacidad legal resaltan los aspectos de independencia y eficacia de los organismos anticorrupción, el nivel de cooperación internacional en materia de orden público, la independencia y eficiencia judicial y la independencia y recursos de la Fiscalía General y de los agentes de investigación.
“Importante destacar que, en el factor sobre la independencia judicial y la institucionalidad, componente de la categoría de capacidad legal que mide este índice, Costa Rica obtuvo la mejor calificación a nivel regional, lo que nos confirma la relevancia que el aseguramiento de estos factores tiene en el combate de la corrupción, entre otros efectos. Esta calificación nos revela, además, que las acciones internas emprendidas por el Poder Judicial para la gestión del riesgo de corrupción interna, y que hoy nos posicionan como referentes en el sector público, resultan necesarias para el aseguramiento de una justicia independiente, imparcial, objetiva e íntegra”, destacó la Oficial de Cumplimiento.
- Detalles
-
Publicado: Viernes, 24 Junio 2022 15:12
- En el 2021 al sumar todos los casos nuevos, incluyendo materia de cobro se contabilizan 601 069 asuntos ingresados y se resolvieron 574 956 procesos judiciales, en ese mismo año.
Un total de 574.956 procesos judiciales resolvieron los despachos del Poder Judicial del país, durante el 2021, en todas las materias que se atienden.
Al comparar los casos nuevos frente a los casos terminados, en todas las materias, excluyendo los procesos cobratorios; se refleja un crecimiento constante en la resolución de los procesos judiciales. Esta productividad de resolución se percibe tanto en el año 2021 como en el 2020. Solo el 2021 se registraron un total de 445.642 procesos judiciales nuevos. Al finalizar el año, se contabilizaron 476.561 casos terminados en todo el país. Esto demuestra la resolución de 30.919 expedientes más, con respecto al número de ingresos nuevos.
Este mismo comportamiento se presentó en el año 2020, al comparar los mismos indicadores. Pues se contabilizaron 411.457 asuntos nuevos a nivel nacional y al término de ese año, los casos finalizados en sede judicial alcanzaron un total de 445.672. Es decir, 34.215 más expedientes terminados con respecto a la cantidad de expedientes nuevos en ese año.
En cuanto al movimiento de los casos entrados y terminados en materia cobratoria, durante el 2021 ingresaron un total de 155.427 asuntos nuevos y el año finalizó con la resolución de 98.395 expedientes cobratorios.
Para el 2020, tuvo una tendencia similar, al ingresar 182.485 expedientes nuevos y una resolución de 98.230 casos, al término de ese año.
- Detalles
-
Publicado: Jueves, 23 Junio 2022 14:01
- Visita se realizó el pasado 17 de junio
Conocer las realidades de los despachos judiciales es parte de lo que promueve el Consejo Superior con las giras que realiza a los circuitos judiciales del país. La más reciente tuvo lugar en la Zona Sur, en Pérez Zeledón.
De parte del Consejo Superior participaron el y las integrantes Gary Bonilla Garro, Dinorah Álvarez Acosta, Siria Carmona Castro y Rosa María Rodríguez Bonilla, así como el Subdirector Ejecutivo, Wilberth Kidd Alvarado.
El Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Pérez Zeledón tuvo como representantes al Fiscal Adjunto, Edgar Ramírez Villalobos; el Jefe de la Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial, Randy Trejos Morales y la Administradora Regional de Pérez Zeledón, Wendy Beita Ureña.
El encuentro permitió la retroalimentación entre las autoridades judiciales, para conocer el estado actual de los despachos judiciales del circuito y acercase más a las necesidades y requerimientos actuales.
Dentro de la agenda de trabajo, se realizó un recorrido por las instalaciones. Se destacó la reunión en el Juzgado Especializado de Cobro Judicial para conocer los avances a nivel tecnológico que ha experimentado este despacho, que emprende un plan piloto en aplicación de la inteligencia artificial para agilizar la tramitación de los procesos, mediante un sistema informático que por medio de palabras claves y un lector automático clasifica los documentos en una categoría específica; lo que permite al personal judicial brindar mayor atención a las labores sustantivas.
También analizaron temas como el seguimiento de los Planes Anuales Operativos de cada oficia y despacho, el estado de la gestión de los procesos penales desde la visión jurisdiccional y órganos auxiliares de justicia, así como el avance y los requerimientos del proyecto de construcción del Edificio de Buenos Aires.
Las autoridades judiciales representantes del Consejo Superior destacaron la importancia de estas visitas regionales, que corresponde al programa de giras que se emprende desde el 2021, con el fin de estrechar la comunicación entre las y los presidentes y secretarios y otros miembros de los Consejo de Administración de Circuitos, en todo el país, y que permite tener una visión más amplia y cercana sobre la realidad de cada circuito y así tomar decisiones administrativas más acertadas, en atención a sus demandas.
- Detalles
-
Publicado: Jueves, 23 Junio 2022 11:40
- El Poder Judicial cuenta con ocho Juzgados de Ejecución de la Pena.
- Implementación de formatos jurídicos, uso de Expediente Electrónico y realización de audiencias virtuales son parte de los esfuerzos en esta materia.
- El Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela es el más grande y atiende el 70% de la población penitenciaria del país.
¿Es correcto garantizar y luchar por los derechos de quienes han delinquido?, ¿Podría sentirse esto como popularmente se dice una “alcahuetería”?... Quizás usted haya escuchado este tipo de frases cuando se habla de la defensa de los derechos fundamentales y las condiciones dignas para las personas privadas de libertad que cumplen una condena, pero ciertamente, hay una etapa en el proceso penal que garantiza el cumplimiento de estas condiciones, denominado Ejecución de la Pena.
El Poder Judicial vela por el respeto a la dignidad de las personas durante el cumplimiento de la pena impuesta a las personas privadas de libertad.
Corresponde al Ministerio de Justicia la administración de los centros penitenciarios y el efectivo cumplimiento de las penas de cárcel, de arresto domiciliario con monitoreo electrónico y de prestación de servicios de utilidad pública. También porque las condiciones de estancia de estas personas sean respetuosas de la dignidad humana, y porque existan programas para reincorporación a la sociedad.
A las personas juzgadores de la fase de ejecución les corresponde velar porque las condiciones de ejecución de la pena sean respetuosas de la dignidad y los derechos humanos de estas personas.
A esta fase del proceso penal se le denomina “Ejecución de la Pena”. Es la última fase del proceso penal y comienza cuando la sentencia condenatoria esté firme y deba comenzar a cumplirse la pena impuesta.
El Ordenamiento Jurídico costarricense también comprende tanto la pena de prisión, como la ejecución condicional de la pena, el monitoreo electrónico y la prestación de servicios de utilidad pública. En los dos primeros casos, la persona sentenciada puede cumplir su condena con restricción de su libertad de circulación, limitada a ciertos lugares, en determinado horario, y la prohibición de acercarse a determinadas personas o lugares.
Otra forma de cumplimiento de la pena es cuando la persona juzgadora de ejecución de la pena autoriza que la persona privada de libertad pueda salir durante el día a trabajar y regresar a dormir al centro penal, previos dictámenes favorables del Instituto Nacional de Criminología perteneciente al Ministerio de Justicia, con ello se pretende, entre otras cosas, que la persona pueda ayudar a su familia o a cubrir sus gastos personales según el caso.
El sustento normativo se encuentra en el Código Procesal Penal, en el artículo 477, que literalmente indica: “Las resoluciones judiciales serán ejecutadas, salvo disposición en contrario, por el tribunal que las dictó en primera o en única instancia. El tribunal de sentencia será competente para realizar la primera fijación de la pena o las medidas de seguridad, así como de las condiciones de su cumplimiento. Lo relativo a las sucesivas fijaciones, extinción, sustitución o modificación de aquellas será competencia del tribunal de ejecución de la pena”.
La persona juzgadora de ejecución de la pena es la instancia judicial que conoce los asuntos relativos a fase del cumplimiento de la pena impuesta en proceso penal. Si la persona condenada enferma durante la ejecución de la pena privativa de libertad, le corresponde a esta persona juzgadora requerir los informes pertinentes y disponer en su caso su internación en un centro adecuado y ordenar las medidas necesarias para evitar su fuga (art. 485 CPP).
Así mismo, también es posible que ordene suspender el cumplimiento de la pena de cárcel, en el caso de una mujer en estado de embarazo, o con hijos menores de tres meses de edad, siempre que la privación de libertad ponga en peligro la vida, la salud o de la integridad de madre o de su hijo aunque esté aún por nacer. (art. 486)
También cuando la persona condenada sea madre esté en estado avanzado de embarazo al momento de ir a prisión; también cuando sea madre jefa de hogar de un hijo (a) menor de doce años, o que éste tenga alguna discapacidad o enfermedad grave, y se acredite que no hay otra persona que pueda ocuparse del cuidado de esas personas. (Art. 486 bis)
De la misma forma, cuando a la persona condenada le sobrevenga una enfermedad grave debidamente demostrada y que lo amerite, pero también cuando se presenten situaciones que ameriten el resguardo del principio de humanidad, sujeto a que su personalidad y modalidad del delito justifiquen la sustitución de la prisión. En estos casos el juez puede sustituir el cumplimiento de la pena con arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Además, puede autorizar la salida para que la persona se realice controles médicos de rigor; acudir al parto y a obligaciones relacionadas con sus hijos menores a su cargo, o personas con discapacidad o descendientes. Todo lo anterior con el monitoreo pertinente. (Art. 186 bis CPP)
Además, cuando una persona ha sido sentenciada en el extranjero, para poder entrar a descontar su pena en nuestro país, se hace la repatriación de la persona y la “nacionalización” de la ejecución de la pena por parte de los jueces y juezas.
Pero se debe mencionar, que la persona juzgadora no trabaja sola, también intervienen profesionales de la Fiscalía y de la Defensa Pública especializadas, garantizándose la representación de todos los intereses de las partes involucradas y del Estado, para asegurar que la pena se ejecute conforme al principio de legalidad, sin detrimento de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
“El juez de ejecución de la pena tiene una enorme responsabilidad y un objetivo muy claro: velar porque que se cumpla la pena impuesta en juicio y sus fines, pero que se cumpla también junto con el objetivo de ella, que es que la persona pueda reintegrarse a la sociedad, respetando la dignidad de las personas. Se entiende que la persona que comete un delito realiza un daño a la víctima y a la sociedad en general, pero más grave sería el daño si el juez que tiene bajo su responsabilidad velar por el respeto de los derechos, los incumpla. No se trata de beneficiar ni de perjudicar a nadie arbitrariamente, se trata de que el cumplimiento de las sentencias y la observancia de los derechos fundamentes y del ordenamiento penal en general, lo garanticen los jueces de ejecución de la pena en forma racional y proporcional, conforme a los fines y al poder que le ha sido conferido a estas personas por las leyes y la Constitución Política, aun en las tensiones que siempre existen en un sistema de pesos y contrapesos como lo es el ordenamiento jurídico penal costarricense; es un tema de balance de derechos”, dijo Carlos Jiménez.
Esfuerzos realizados en materia de Ejecución de la Pena
Expediente Electrónico: La implantación del Expediente Electrónico en materia de Ejecución de la Pena, es uno de los esfuerzos que se realiza en este proceso
con la finalidad de obtener mayores beneficios a la hora de brindar los servicios a la población usuaria, entre los que se pueden mencionar los siguientes: 100% de la jurisdicción bajo la modalidad de Escritorio Virtual, una metodología de trabajo estandarizada, la facilidad de que los expedientes ingresan ya creados desde las Oficinas de Recepción de Documentos o por medio del Gestión en Línea, lo que genera un ahorro de tiempo; la facilidad de envío de información de escritos e incidentes.
También, la reducción del consumo de papel, la celeridad en la entrega de notificaciones al ser automáticas, la facilidad de realizar solicitudes más rápidas por parte de los defensores públicos, así como la incorporación de prueba en línea, un mejor respaldo institucional y la generación de estadísticas de manera virtual, el registro automatizado de las resoluciones y el voto automático y la facilidad de la numeración automática con un número de consecutivo asignado de manera electrónica.
Según datos de la Dirección de Planificación, los Juzgados de Ejecución de la Pena de Cartago y Pérez Zeledón son electrónicos desde el 2015, Alajuela desde el 2019 y San José desde el 2020 y desde el 25 de marzo de 2022, toda la Jurisdicción que comprende Ejecución de la Pena (Juzgados, Fiscalías y Defensa Pública) ya tramitan bajo la modalidad electrónica (Expediente electrónico), contemplando de esta forma al Juzgado de Ejecución de la Pena y Fiscalía de Ejecución de la Pena del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Pococí), el Juzgado de Ejecución de la Pena y Fiscalía de Ejecución de la Pena del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Limón), el Juzgado de Ejecución de la Pena Puntarenas, Sede Guanacaste y Fiscalía de Ejecución de la Pena del I Circuito Judicial de Guanacaste y el Juzgado de Ejecución de la Pena y Fiscalía de Ejecución de la Pena del I Circuito Judicial de Puntarenas.
Implementación de formatos jurídicos en los sistemas de información de los Juzgados de Ejecución de la Pena: Como parte del proyecto de Mejora Integral del Modelo Penal, se estableció un modelo de tramitación para los Juzgados de Ejecución de la Pena, en el que se determinó la necesidad de crear formatos jurídicos específicos para esta jurisdicción; el proyecto estuvo cargo de la Dirección de Planificación en conjunto con el despacho modelo, el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela.
Al finalizar el proyecto se contabilizó un total de 124 nuevos formatos jurídicos para la jurisdicción de Ejecución de la Pena, de los cuales 89 ya fueron aprobados por la Comisión de la Jurisdicción Penal y el Consejo Superior y actualmente se encuentra en proceso de remisión de esas instancias los faltantes 35, para posteriormente pasar a la fase de implementación en los sistemas, labor que estará cargo de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación. Una vez implementados los nuevos formatos jurídicos, se espera que la jurisdicción de Ejecución de la Pena cuente con herramientas tecnológicas adaptadas a su materia.
Realización de audiencias a través de video conferencia: A raíz de la pandemia provocada por la enfermedad del COVID-19, Corte Plena aprobó en mayo del 2020 el “Protocolo para la realización de videoconferencias en procesos penales”, el cual permite a los Juzgados de Ejecución de la Pena realizar audiencias de manera virtual, a través de medios tecnológicos que permiten una interacción por video y audio en tiempo real.
Datos suministrados por la Dirección de Planificación, señalan que, durante los meses de enero a setiembre del 2021, se realizaron 1162 audiencias en los despachos de Ejecución de la Pena, de las cuales 904 se efectuaron por medio de video conferencia, es decir el 78%, cifra que demuestra el impacto positivo que tuvo en esta jurisdicción la implementación de dicho protocolo.
Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, el más grande del país.
El Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela fue uno de los primeros en entrar en funcionamiento y en la actualidad es el más grande a nivel nacional, ya que atiende al 70% de la población penitenciaria del país, lo que comprende el complejo de centros penitenciarios ubicados en la provincia, más los centros semi-institucionales como por ejemplo el de San Ramón, además de la población sentenciada que no cumple condena en privación de libertad pero que territorialmente se ubica en las diferentes zonas de Alajuela.
Para el juez coordinador de este Juzgado, Mario Rodríguez Arguedas, el proceso de ejecución de la pena es importante por muchos motivos, pero principalmente, por la persona que está ahí, “debemos tener claro que no tenemos un depósito de seres humanos que van a estar encerrados y los sacamos solo cuando cumplan la sentencia que la legislación les interponga, el objetivo es la resocialización de esas personas y la única forma de poder sacar un mejor ser humano es brindándole las condiciones mínimas necesarias de una manera humanitaria”.
Por su parte, el juez del mismo Juzgado, Roy Murillo Rodríguez señaló que la Ejecución de la Pena es relevante en la democracia, porque comprende la atención de una de las poblaciones consideradas en condición de vulnerabilidad, las personas privadas de libertad, a quienes se le dificulta enormemente el acceso a la justicia y el poder reclamar sus derechos mediante el accionar de la vía judicial. Lo anterior, tomando en cuenta que el único derecho que se le restringe es el derecho ambulatorio de movimiento o de tránsito.
“La importancia de la función del juez, adicionalmente de la defensa de los derechos fundamentales de esta población, es legitimar el sistema, de manera que la sanción sea legítima y que no exceda sus límites”, destacó Murillo Rodríguez.
Experiencia en Audiencias Virtuales
En relación con el tema de la virtualidad, según indicó el juez coordinador de dicho Juzgado, Mario Rodriguez Arguedas, desde antes de iniciar la pandemia en el 2020, ya se trabajaba en la posibilidad de audiencias virtuales, ya que se enfrentaban algunos inconvenientes en materia de espacio, traslados de las personas privadas de libertad y otros que afectaban la realización de las audiencias.
Lo anterior se une a que un año antes, habían iniciado con el tema del Escritorio Virtual, lo cual fue el click perfecto para iniciar con esta modalidad de audiencias mediante la plataforma “Microsoft Teams”, lo que generó que se pudiesen hacer más audiencias sin las limitaciones de espacio y con la posibilidad de hacer teletrabajo, lo que aumentó la capacidad de trabajo de los jueces y juezas.
“Esto ha hecho que nosotros, de una efectividad del 60% en audiencias que teníamos antes de pandemia, en este momento tengamos alrededor del 90% de aciertos en audiencias” señaló el juez.
Rodríguez Arguedas mencionó que ellos participaron en el concurso de Buenas Prácticas con la iniciativa del señalamiento de audiencias de manera virtual por medio de la plataforma Teams, donde obtuvieron un segundo lugar, proyecto que abarca desde el señalamiento, el trabajo en el tema de la agenda cronos, la coordinación con el centro penitenciario y finalmente la realización de la audiencia.
De acuerdo con la jueza Odilie Robles Escobar, el tema de las audiencias virtuales también ha ayudado mucho cuando hay población usuaria de zonas muy alejadas; “nosotros conocemos casos de San Carlos y de Upala, que corresponden a este circuito, así como personas que viven cerca de la frontera con Nicaragua y que no descuentan precisamente la pena con privación de libertad, a quienes también les damos atención y mediante las audiencias virtuales se ha facilitado el trabajo y el acceso a la justicia para todas estas personas”.
Cabe destacar, que, en materia de Ejecución de la Pena, en los casos de penas no privativas de libertad, la competencia territorial se asigna a partir del domicilio de la persona y no a partir del Tribunal que le sentenció.
También se resalta que el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela es el único que trabaja al 100% de forma virtual. Actualmente, el Poder Judicial cuenta con ocho Juzgados de Ejecución de la Pena en todas las provincias a excepción de Heredia, que es conocido por el Juzgado de Ejecución de la Pena de San José.
Necesidad de creación de un Tribunal Especializado de Ejecución de la Pena
En la actualidad, en la corriente legislativa se tramita el expediente 21.800, el cual corresponde a la necesidad de la creación de un Tribunal Especializado de Ejecución de la Pena y que contó con la colaboración en la redacción original del despacho de la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano Castro, quien considera que este proyecto responde a “una deuda histórica de la legislación penal”.
Dicho proyecto de ley, fue sometido a estudio por parte de la Corte Plena, en donde la magistrada Solano Castro, instructora del estudio determinó que “…el contenido de este proyecto de ley sí incide en el funcionamiento y la organización del Poder Judicial, ya que modifica normas de carácter procesal, aumenta considerablemente las competencias para las personas juzgadoras y crea un Tribunal de Ejecución de la Pena, teniendo con ello una correlación de contenido presupuestario para el Poder Judicial, por lo que, indiscutiblemente, en el trámite legislativo, debe seguirse lo dispuesto por la normativa constitucional referida”.
Se destacan las proyecciones hechas por la Dirección de Planificación del Poder Judicial que estima un costo por el orden de los ¢269.245.000,00 para la implementación de un tribunal especializado, con personal jurisdiccional y de apoyo técnico, equipo tecnológico y recursos para la Sección de Cárceles, entre otros.
Se resalta que el proyecto de Ley de Ejecución de la Pena llena importantes vacíos en el cumplimiento y conclusión de sentencias penales, por lo que la magistrada Solano Castro menciona que de las principales razones para ello es que se crearía un tribunal de ejecución de la pena, lo cual “parece positivo en tanto se puede centralizar y especializar un tema tan importante”.
El proyecto tiene el objeto de regular las sanciones penales y las medidas de seguridad dispuestas por tribunales y otorga al Ministerio de Justicia la facultad para que “administrativamente pueda variar la modalidad de ejecución de las penas por razones de oportunidad o humanidad” a personas cuya sentencia sea de menos de 10 años, con excepciones como tráfico de drogas, de órganos o algunos delitos sexuales.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 22 Junio 2022 16:36
- Delegación del Poder Judicial de Honduras recibió explicación del Modelo GICA – Justicia y la Metodología de Sellos de Gestión de Calidad.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Fernando Cruz Castro y su homólogo de Honduras, Rolando Edgardo Argueta Pérez firmaron el convenio marco de colaboración interinstitucional.
Dicho convenio contribuye al fortalecimiento de la administración de la justicia por medio del intercambio de información, conocimiento y buenas prácticas para mejorar el servicio público de acceso a la justicia que se brinda a las personas usuarias.
El Magistrado Fernando Cruz indicó que “estos convenios son muy oportunos, ojalá que fueran también regionales para poder mejorar y ver las cualidades de unos y de otros”.
Por su parte, el Magistrado Rolando Edgardo Argueta señaló que “admiramos mucho el sistema de justicia costarricense y queremos seguir las buenas prácticas e implementarlas en el Poder Judicial hondureño, no solo en tema de calidad, sino también en temas como virtualidad en los procesos judiciales, los modelos de gestión de las audiencias y la disminución de la mora judicial, que es muy importante para darle respuestas a tiempo a las personas”.
Adicionalmente, el Presidente de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y coordinador del Modelo GICA – Justicia, Luis Guillermo Rivas Loáiciga aseguró “para nosotros en un honor recibirlos para compartir experiencias en administración de justicia. A nosotros nos corresponde dentro del Estado una misión que es esencial establecer el derecho violado, hacer cumplir los contratos que es esencial dentro de la vida de una sociedad”.
A la delegación del Poder Judicial de Honduras le acompañó el representante del proyecto USAID (La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), Gustavo Urbina quien mencionó que “el servicio debe de ser de calidad, pero más allá de eso también tenemos que dar resultados de calidad y en eso nos comprometemos como proyecto, estaremos apoyando y agradecemos al gobierno de Costa Rica y al Poder Judicial de Costa Rica”.
Los representantes de la delegación de Honduras recibieron la explicación del Modelo GICA – Justicia y la Metodología de Sellos de Gestión de Calidad. Además, realizaron un recorrido por el Salón de la Corte Suprema de Justicia, las salas de vista, la Torre Judicial y posteriormente se trasladarán a los Tribunales de Pérez Zeledón para visitar el juzgado penal y conocer la experiencia del impacto de la implementación de la Gestión de Calidad.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 22 Junio 2022 13:51
- Aclaración y rectificación de la magistrada Roxana Chacón Artavia sobre información divulgada por un medio televisivo de prensa.
Documentos adjuntos al acuerdo:
Acuerdo: 6164-2022.docx
https://pj.poder-judicial.go.cr/images/acuerdo_6164_2022/6164-2022.docx
Aclaración Corte:
https://pj.poder-judicial.go.cr/images/acuerdo_6164_2022/Aclaracin_Corte.docx
Video entrevista Canal 13: https://youtu.be/ggA4nPfnEpA
Archivo de expedientes tramitados:
https://pj.poder-judicial.go.cr/images/acuerdo_6164_2022/Archivo_Expedientes_Tramitados.xlsx
Archivo Magistrada:
https://pj.poder-judicial.go.cr/images/acuerdo_6164_2022/Magistrada.xlsx
Certificación # 1 TI:
https://pj.poder-judicial.go.cr/images/acuerdo_6164_2022/Certificacin_1_TI.pdf
Certificación # 2 TI: https://pj.poder-judicial.go.cr/images/acuerdo_6164_2022/Certificacin_2_TI.pdf
Comprobante de envío de Informe
https://pj.poder-judicial.go.cr/images/acuerdo_6164_2022/Comprobante_de_envio_del_informe.pdf
Más estos expedientes:
https://pj.poder-judicial.go.cr/images/acuerdo_6164_2022/Mas_estos_expedientes.docx
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 15 Junio 2022 15:46
- A cargo de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional.
Como parte de la iniciativa de “Healing Trees”, una campaña que invitó a las personas que perdieron a un familiar, amigo o amiga a causa de Covid-19, a que sembraran un árbol y a la cual se sumó el Poder Judicial, la organización promotora indicó que se logró la meta con más de 5.3 millones de árboles plantados alrededor del mundo.
Se movilizaron 65 países de 5 continentes, más de 200 organizaciones incluyendo empresas privadas, Organizaciones No Gubernamentales locales e internacionales, proyectos de reforestación, universidades y escuelas, gobiernos locales y nacionales, así como familiares, amigos y colegas de víctimas del Covid-19.
Según indicaron en la organización Healing Trees “le dimos a las personas la oportunidad de hacer duelo y sanar juntos, como una sola familia alrededor del mundo; conmemorar de manera simbólica la vida de ese ser querido y tener esperanza, participando activamente en un movimiento de unidad, solidaridad y empatía. Además, como acción climática, Healing Trees tendrá un gran impacto en el medio ambiente y el cambio climático”.
La iniciativa en el Poder Judicial estuvo a cargo de la Comisión de Gestión Ambiental en atención a la invitación de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, en coordinación con la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI), la Dirección Ejecutiva y la Dirección de Gestión Humana.
La Magistrada de la Sala Primera, Damaris Vargas Vásquez es quien coordina la Comisión de Gestión Ambiental Institucional y la siembra de árboles se realizó en la Ciudad Judicial en San Joaquín de Flores.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 15 Junio 2022 15:42
- Songhay White, coordinadora Subcomisión de Acceso a la Justicia de la Población Afrodescendiente del Poder Judicial
Personal judicial e invitados especiales recibieron la charla “Garantías Constitucionales para la Afro descendencia en Costa Rica: el papel de los derechos”.
La actividad fue organizada por la Comisión de Acceso a la Justicia y la Subcomisión de Acceso a la Justicia de la Población Afrodescendiente del Poder Judicial.
Songhay White Curling, coordinadora de la Subcomisión señaló que “la población afrodescendiente en cuanto al tema de la desigualdad ha afrontado una lucha de muchos años y Costa Rica no es la excepción, ya que estudios han confirmado que existe una condición desventajosa para esta población. Costa Rica es signataria de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada por nuestro país desde 1967 y todas las personas afrodescendientes deberán de disfrutar de los Derechos Humanos, las libertades fundamentales de conformidad con las leyes y las normas internacionales en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna”.
“Tenemos que rediseñarnos, reeducarnos y promover dentro de nuestro país y por tanto dentro de nuestra institución una cultura que tolere la diferencia y la diversidad de conformidad con el artículo primero de nuestra Constitución Política, que habla de que Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural, así mismo el artículo 33, nos habla de que todos somos iguales ante la ley”, agregó Songhay White.
La Charla estuvo a cargo de Diana Senior Angulo, politóloga, historiadora y directora de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Universidad de Costa Rica, quien realizó un recorrido histórico sobre las garantías constitucionales que se han implementado junto al desarrollo del marco legal nacional para garantizar el acceso pleno a las oportunidades, así como a la vida nacional de la población afro costarricense.
En la presentación se trataron temas de antecedentes históricos de dicha población en Costa Rica, la abolición de la esclavitud (1824), Ley de bases y colonización (1862), Contratos con la United Fruit Company, censos poblacionales y diversas leyes, entre otros.
La ponente indicó que “todavía nos queda camino por recorrer y los avances individuales que realmente cuentan son los que suman en resultados colectivos, tanto para la comunidad afro como para el país en conjunto”.
Las personas participantes tuvieron la oportunidad de realizar consultas a la expositora e intercambiar ideas. La actividad se realizó por medio de la plataforma Microsoft Teams.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 08 Junio 2022 18:58
Generar alianzas necesarias para hacer realidad el proyecto de la construcción de un complejo judicial en Buenos Aires de Puntarenas fue el propósito de una reunión entre fuerzas vivas de la zona sur del país y representantes del Poder Judicial.
En dicho complejo se albergaría un edificio de los Tribunales de Justicia y la Morgue Judicial, con el fin de mejorar la atención y accesibilidad de los servicios judiciales para la población de esta zona.
La Magistrada Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano Castro indicó que “hay una idea, un interés y acciones en común, existe unión entre las fuerzas vivas de la comunidad y el Poder Judicial para llevar adelante, no un proyecto institucional, un proyecto en pro del país y de las comunidades más vulnerables de una zona pobre del país”.
Por su parte, la diputada Sonia Rojas Méndez señaló “la disposición del Poder Judicial de atender este proyecto, porque eso nos da la esperanza a todo el sur y sobre todo a las poblaciones más vulnerables, como las personas indígenas. Para mí esto es una esperanza, una alegría y espero en Dios primero a que esto sea una realidad”.
Les acompañaron en la reunión Roger Mata Brenes, director del Despacho de la Presidencia; Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva del Poder Judicial; Emil Fallas Cerdas, Alcaldesa de Corredores; José Rojas Mendez, Alcalde de Buenos Aires, Julián Lizano Quiros, Consejo Municipal de Buenos Aires y Teresa Gardela Arguello, representante de Puerto Jiménez.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 07 Junio 2022 14:43
- Magistrada Damaris Vargas Vásquez participa como Coordinadora de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional y representante del Poder Judicial ante la Comisión de Justicia Ambiental de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
El avance del Derecho Constitucional Ambiental en Latinoamérica y el rol de la Judicatura Ambiental fueron temas que se desarrollaron a nivel internacional en el Día Mundial del Medio Ambiente, con la participación de la magistrada Damaris Vargas Vásquez, de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) abre esta plataforma mundial cada año y en esta ocasión, su sede fue Suecia. Bajo el lema “Una sola tierra”, se realizaron 3 sesiones plenarias con líderes y lideresas ambientales, quienes expusieron acciones necesarias para salvaguardar el Ambiente y acelerar la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y varios eventos paralelos.
La magistrada Damaris Vargas, Coordinadora de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional y representante del Poder Judicial ante la Comisión de Justicia Ambiental de la Cumbre Judicial Iberoamericana destacó los ejes temáticos desarrollados en el “Simposio sobre Jueces y Medio Ambiente: El Impacto de la Declaración de Estocolmo en la conformación del Derecho Ambiental Global y Jurisprudencia”.
“El Simposio reunió a personas juzgadoras y magistradas de distintos países, quienes abordaron tres temas principales relacionados con el papel del Poder Judicial en la implementación del Estado de Derecho Ambiental.; el papel de las personas juzgadoras en la incorporación del derecho, los acuerdos y las declaraciones internacionales en la legislación nacional, reflexionándose sobre cómo la Declaración de Estocolmo ha dado forma y sigue influyendo en el derecho y el pensamiento jurídico actual, la necesidad del fortalecimiento de la independencia y la integridad judicial como requisitos del Estado de Derecho Ambiental y el desafió de la educación judicial para los Poderes Judiciales de todo el mundo en el área de Derecho Ambiental”, destacó Vargas Vásquez.
La Magistrada Vargas Vásquez, participó en el Panel “Principios de Derecho Ambiental Emergentes desde la Declaración de Estocolmo”, junto con Michelle Weeks, del Tribunal Superior de Barbados como copresidentas. Además, fungieron como expositores David Boyd, Relator de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Medio Ambiente; Antonio Herman Benjamín, del Alto Tribunal Nacional de Brasil y Ricardo Lorenzetti, de la Corte Suprema de Justicia de Argentina.
En el Simposio 24 horas: Estado de Derecho Ambiental, Simposio para conmemorar el 40° Aniversario del Programa de Montevideo y los 50 años del Derecho Ambiental Internacional, que inició en Asia y culminó en Sudáfrica, la magistrada Vargas Vásquez fue una de las expositoras en la Sesión 12: El Constitucionalismo Ambiental en América Latina, espacio en el que se desarrollaron temas sobre las tendencias consolidadas, las ideas y las vías jurídicas más prometedoras del derecho constitucional ambiental latinoamericano; así como el rol de la Judicatura Ambiental.
Charla Virtual Movilidad Eléctrica en Costa Rica
Desde Costa Rica y en el marco de las acciones que emprende el Poder Judicial en materia ambiental, se participó en la charla virtual Movilidad Eléctrica que tuvo lugar el pasado 2 de junio, cuyo fin es sensibilizar sobre el uso de vehículos eléctricos, sus ventajas, desventajas y beneficios ambientales.
La actividad reunió a personal judicial y de otras instituciones públicas y la impartió la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (ASOMOVE).
- Detalles
-
Publicado: Lunes, 06 Junio 2022 11:33
La Plataforma Integrada de Servicios de Atención a la Víctima (PISAV) de La Unión está ubicada en avenida uno sobre calle vieja, 400 metros oeste del cementerio de Tres Ríos, junto al Taller del Artista; inició sus servicios en esta comunidad el 02 de marzo del 2015.
PISAV ofrece en un solo lugar servicios a las víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar y sexual, así como a personas usuarias de pensiones alimentarias y familia.
Cuenta con Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica, Defensa Pública, Fiscalía, Oficina de Trabajo Social y Psicología, Oficina de Atención y Protección a la Víctima (OAPVD) y Unidad Médico Legal.
Se puede interponer demandas por pensión alimentaria, pedir medidas de protección o plantear una denuncia penal en caso de violencia física, psicológica, sexual o patrimonial, solicitar representación de la Defensa Pública en materia de familia, así como atención psicológica y asistencia social, así recibir servicios del programa de Atención o una valoración de situación de riesgo por parte de la OAPVD
Laura Salas Boschini, defensora pública de esta plataforma se refirió a la facilidad en el acceso al servicio que se brinda a las personas usuarias al encontrarse todas las oficinas relacionadas con la materia en un mismo edificio, y aseguró que esto evita en gran medida la revictimización de un buen sector de las personas usuarias, ya que resalta la empatía y mística con la que las personas servidoras realizan su trabajo día a día.
“Nos esmeramos para que la persona usuaria tenga la certeza de lo importante que es, para cada uno de nosotros, ayudarle y acompañarle en la situación que está enfrentando y que se hará el máximo esfuerzo porque se obtenga la justicia pronta y cumplida a la cual tiene derecho”, indicó Laura Salas.
El correo electrónico al que se pueden dirigir es: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Teléfono: 2278-2233 / 2279-5064 Fax: 2278-0600.
Convenio de cooperación interinstitucional
Gracias al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y el Colegio de Abogados y Abogadas, se cuenta con Defensorías Sociales, en las plataformas de Pavas, La Unión y Siquirres, quienes brindan asesoría y representación jurídica a personas en condiciones de vulnerabilidad, en violencia doméstica, asuntos de pensiones alimentarias referidos por las Defensas Públicas, modalidad PISAV, además de asuntos que les refiera el Juzgado de Familia, el Patronato Nacional de la Infancia y el Instituto Nacional de las Mujeres.
El horario de atención en La Unión son los lunes y viernes de 8:00 am a 2:00 pm., el correo electrónico de contacto es Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. Para obtener una cita se puede visitar los PISAV o comunicarse a los teléfonos de cada plataforma, en el horario anterior.
- Detalles
-
Publicado: Viernes, 03 Junio 2022 09:09
- Prioriza necesidades en la implementación de la Jurisdicción Especializada de Crimen Organizado y el pago del Fideicomiso para la construcción del Edificio de Tribunales de Justicia de Puntarenas.
- Gasto presupuestario máximo para el próximo año es de ¢490.479 millones.
- El anteproyecto de presupuesto debe ser entregado a más tardar el 15 de junio próximo ante el Ministerio de Hacienda.
En sesión extraordinaria de Corte Plena realizada el pasado miércoles 1 de junio, los magistrados y magistradas del máximo órgano judicial conocieron el Anteproyecto de Presupuesto 2023 institucional, el cual ya fue aprobado por el Consejo Superior. Dicho anteproyecto fue presentado por la Directora de Planificación del Poder Judicial, Nacira Valverde Bermúdez.
Se destaca en la presentación, que el gasto presupuestario máximo para el próximo año es de ¢490.479 millones, en donde el Gasto Corriente se fijó en ¢464.937,5 millones y el Gasto de Capital es de ¢25.541,5 millones, lo cual representa una variación del 3,86% en relación con el presupuesto de ley 2022, autorizado por el Ministerio de Hacienda en oficio DM-0426-2022.
Dentro de este límite planteado, se incluyen gastos de carácter ineludible que cubren la totalidad de las operaciones, tales como las remuneraciones, las contribuciones asociadas, los servicios públicos y los contratos vigentes.
El financiamiento del gasto considera los ingresos por: Impuestos a Personas Jurídicas, Honorarios Oficina Defensa Civil, Plataforma Información Policial, Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones y Ministerio Público y al monto del gasto máximo aprobado se incorporan los recursos para implementar la Jurisdicción Especializada de Crimen Organizado y los recursos de Fideicomiso de Edificio de Puntarenas. Es importante indicar que no se autoriza la creación de nuevas plazas.
El anteproyecto considera dentro del gasto presupuestario máximo el monto correspondiente a las anualidades por el agotamiento de la vigencia temporal de la norma transitoria adicionada por la Ley 9908 que suspendía este incentivo para los periodos 2020-2021 y 2021-2022.
Dentro de las direcciones técnicas aprobadas por el Consejo Superior para el siguiente ejercicio presupuestario, se estableció en materia de construcciones que la Dirección Ejecutiva y la Comisión de Construcciones deben definir las necesidades y dar énfasis a los proyectos de mantenimiento; en lo referente a la materia tecnológica, las oficinas que tengan a cargo proyectos estratégicos deben consignar los recursos de cada período en el Sistema de Proyección Plurianual, además, se determinó no ampliar los servicios por concepto de contratos de seguridad y limpieza, salvo los estrictamente necesarios y se estableció internamente que para el presupuesto máximo autorizado para el 2023, el límite presupuestario debe ser igual o menor al aprobado para el presupuesto del 2022.
En relación con el presupuesto asociado a la ejecución de proyectos estratégicos, se mantienen un total de 75 proyectos activos entre los diferentes programas incluidos en la propuesta, para un total de ¢11,452,219,623 en la formulación.
Sobre los aspectos relevantes del presupuesto de las distintas áreas, en materia de vehículos, en las directrices de Formulación Presupuestaria 2023, se autoriza el cambio de los vehículos cuyo modelo sea del año 2017 o anterior a este. El incremento en el 2023 se debe a los recursos aprobados para atender el requerimiento en la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada por ¢1,099,909,440 para equipo de transporte. Si se excluye esta suma, el Presupuesto de vehículos mostraría un decrecimiento del 1,54% con relación al monto aprobado para el 2022.
El gasto tecnológico a nivel institucional presupuestó un total de ¢9,589,186,307, en sus diferentes temas estratégicos que incluyen la confianza y la probidad en la justicia, la gestión de personal, la optimización y la innovación de los servicios judiciales, la planificación institucional y la seguridad informática.
En lo que tiene que ver con los proyectos constructivos, se presupuestaron ¢9 997 millones, en donde se incluyen proyectos estratégicos en circuitos judiciales como San Ramón, San Carlos, San José, Turrialba, Corredores, Golfito, el Segundo Circuito Judicial de San José y el Departamento de Ciencias Forenses, entre otros.
En cuanto a seguridad, el monto total es de ¢640,884,267, monto que no registra ningún crecimiento relacionado al 2022, en rubros como el control de acceso inteligente, la modernización de los sistemas de seguridad electrónicos del Poder Judicial y el reforzamiento de la seguridad de los despachos judiciales.
Necesidades institucionales sin contenido presupuestario: Pese a lo anterior, existen necesidades que no tienen contenido presupuestario y que son fundamentales para la institución, como las que se detallan a continuación:
- Presupuesto requerido para la Atención y Acceso a la Justicia de Personas con Asuntos relacionados a Pensiones Alimentarias (18 plazas): ¢938,568,280.
- Necesidad de 22 plazas de Custodio de Detenidos para diferentes oficinas del OIJ a nivel nacional, estimado en ¢599,111,228 millones aproximadamente.
- Acceso a la Justicia de las personas ciudadanas en Zonas cercanas a Puerto Jiménez "Tribunales Peninsulares": ¢518,645,894.
- Requerimientos de personal Fiscal de Juicio en el Ministerio Público: ¢1,327,689,735.
- Tribunales de Juicio Penal a nivel nacional: Completar estructuras mínimas: ¢2,297,039,367.
Sumado lo anterior a las necesidades legales por la creación de nuevas leyes como la Ley N°9458 Ley de Bienestar de los Animales, la Ley N°9582 de Justicia Restaurativa, el Código Procesal de Familia y la Ley N°9609 del Nuevo Código Procesal Agrario, entre otras reformas legales y proyectos de ley.
También, dentro de los aspectos relevantes que impactan el presupuesto para el año 2023, resaltan el incremento por tipo de cambio, el incremento en el Aporte Estatal al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, el pago de especies fiscales por Adjudicaciones, el tema de la Anualidad con aguinaldo y cargas sociales y el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Además, se aprobó el presupuesto de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones por un monto de 1.687.929.676, que son con recursos propios de la JUNAFO y financiado por el Poder Judicial 594.566.314.
Cabe indicar, que por disposición de la Procuraduría General de la República, el presupuesto de la JUNAFO se debe presentar en conjunto con el presupuesto del Poder Judicial.
El anteproyecto fue aprobado de manera unánime por los magistrados y magistradas de la Corte Plena y se deberá remitir a más tardar el 15 de junio al Ministerio de Hacienda.
En la presentación del anteproyecto estuvieron presentes los y las integrantes del Consejo Superior, los y las directoras de la Dirección Jurídica, la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, la Dirección de Gestión Humana, así como la Dirección de la Defensa Pública, el Organismo de Investigación Judicial y el Fiscal General de la República.
- Detalles
-
Publicado: Jueves, 02 Junio 2022 14:05
En favor de las personas menores de edad privadas de libertad del Centro de Formación Juvenil Zurquí, se presentó obra de teatro denominada "Si nosotras fuéramos ellos".
Dicha obra forma parte del proyecto de cooperación entre la Embajada de Francia, la Universidad Nacional, el Ministerio de Cultura y Juventud, Los Centros Cívicos para la Paz y el Centro de Formación Juvenil Zurquí, y se presentará en el Teatro Melico Salazar los días 10,11 y 12 de junio.
El Magistrado de la Sala Tercera y coordinador de la Sub-Comisión de Acceso a la Justicia en materia Penal Juvenil, Rafael Segura Bonilla y la jueza del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, Marianela Corrales Pampillo hicieron entrega como resultado de la campaña de colaboración para dotar de alimentación fuera del centro penal, vestido y otros implementos necesarios, a las cuatro personas menores de edad que participarán en dicha producción.
Segura Bonilla indicó que “el involucramiento de los jóvenes sentenciados con el arte es de vital importancia para su reinserción a la sociedad, de allí que cualquier acción que desde la Subcomisión Penal Juvenil se pueda hacer es fundamental. En el caso concreto, las alianzas estratégicas entre lo jurisdiccional, el Ejecutivo, la Universidad Nacional (UNA), el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas (ILANUD) y la Embajada de Francia, nos han permitido dar una nueva oportunidad a cuatro muchachos y muchachas en conflicto con la ley, quienes se presentarán como actores y actrices en una obra de teatro”.
Ignacio Mayoral Narros, del ILANUD hizo una donación en nombre de dicho instituto, que en conjunto con los aportes obtenidos por la campaña realizada desde el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil y la Sub-Comisión de Acceso a la Justicia en Materia Penal Juvenil, permitirá que sean cubiertas las necesidades alimentarias y de vestido de las personas menores en sus días de ensayos y funciones, para las cuales no hay dotación institucional de recursos.
El Magistrado señaló que la campaña no solo permite dotar de fondos a este proyecto en particular, sino que facilitó articular esfuerzos, trabajar en conjunto con organizaciones como el ILANUD e instituciones como el Ministerio de Justicia. “Principalmente se logró activar y sensibilizar a la población judicial, así como a los miembros de la comunidad, quienes son conscientes de la potencialidad de las personas menores de edad privadas de libertad y que el delito no debe definir sus derechos ni su futuro y así colaboran con la construcción de oportunidades de cambio e inserción”.
- Detalles
-
Publicado: Lunes, 30 Mayo 2022 14:56
La primera de las Plataformas Integrada de Servicios de Atención a la Víctima (PISAV) en abrir sus puertas un 5 de diciembre del 2011, fue en Pavas.
PISAV ofrece en un solo lugar servicios a las víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar y sexual, así como a personas usuarias de pensiones alimentarias y familia.
Cuenta con los servicios de Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica, Defensa Pública, Fiscalía, Oficina de Trabajo Social y Psicología, Oficina de Atención y Protección a la Víctima y Unidad Médico Legal. Está ubicada de Plaza Rohrmoser, 100 metros norte y 75 metros oeste, en Pavas.
Se puede interponer demandas por pensión alimentaria, pedir medidas de protección o plantear una denuncia penal en caso de violencia física, psicológica, sexual o patrimonial, solicitar representación de la Defensa Pública en materia de familia, así como atención psicológica y asistencia social.
El Dr. José Enrique Ramírez Muñoz, jefe médico forense de esta plataforma indicó que realizan un trabajo coordinado y engranado en equipo, con el objetivo ulterior de brindarle a la persona usuaria una atención integral tanto a nivel operativo como humano.
“El paso de los años nos ha llevado a desarrollar un sistema interdisciplinario coordinado y armónico que permite ofrecerle a aquella persona que ha sido víctima de violencia intrafamiliar o sexual, una combinación de servicios necesarios para el manejo de su caso sin que esta persona requiera desplazarse a otras dependencias, previniendo un desgaste físico y emocional de la persona vulnerada” indicó Ramírez Muñoz.
Agregó que “tenemos claro nuestro rol como personal profesional médico forense y es un orgullo contribuir de alguna forma con personas víctimas de violencia para que sus casos sean tramitados con objetividad y brindando insumos importantes a las autoridades judiciales para resolver”.
Para comunicaciones se pueden realizar al correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , Teléfonos: 2291-5846 / 2291-5855 / 2291-5875 / Fax: 2291-5869.
Convenio de cooperación interinstitucional
Gracias al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y el Colegio de Abogados y Abogadas, se cuenta con Defensorías Sociales, en las plataformas de Pavas, La Unión y Siquirres, quienes brindan asesoría y representación jurídica a personas en condiciones de vulnerabilidad, en violencia doméstica, asuntos de pensiones alimentarias referidos por las Defensas Públicas, modalidad PISAV, además de asuntos que les refiera el Juzgado de Familia, el Patronato Nacional de la Infancia y el Instituto Nacional de las Mujeres.
El horario de atención en Pavas, son los martes y jueves de 8:00 am a 2:00 pm, el correo electrónico de contacto es Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. Para obtener una cita se puede visitar los PISAV o comunicarse a los teléfonos de cada plataforma, en el horario anterior.
- Detalles
-
Publicado: Lunes, 30 Mayo 2022 14:53
La Plataforma Integrada de Servicios de Atención a la Víctima (PISAV) en San Joaquín de Flores ofrece en un solo lugar servicios a las víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar y sexual, así como a personas usuarias de pensiones alimentarias y familia.
Desde el 5 de diciembre del 2016 brinda los servicios de Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica, Defensa Pública, Fiscalía, Oficina de Atención y Protección a la Víctima, Departamento de Trabajo Social y Psicología.
Se puede interponer demandas por pensión alimentaria, pedir medidas de protección o plantear una denuncia penal en caso de violencia física, psicológica, sexual o patrimonial, solicitar representación de la Defensa Pública en materia de familia, solicitar una valoración de riesgo para su vida e integridad física, así como atención psicológica y asistencia social.
Su dirección es del Banco Nacional 300 metros oeste, frente a la gasolinera San Joaquín.
Melissa Román Quesada, fiscal auxiliar de esta plataforma comentó que “uno de los aspectos que puedo resaltar es el compromiso de la mayoría de los funcionarios y funcionarias que laboran en cada uno de los despachos que integran la plataforma. Esto nos permite brindar a los y las usuarias una pronta respuesta a las gestiones que a diario se reciben, nuestro trabajo es de relevancia porque mediante una intervención interdisciplinaria escuchamos a las personas para ofrecer y brindar los servicios que puedan dar solución al conflicto en un proceso judicial”.
“A las personas usuarias que se acerquen a los despachos de la plataforma les podemos decir que nuestras oficinas se encuentran en la mayor disponibilidad de atender sus procesos dentro del marco legal que se nos ha otorgado. Reiterarles que nuestro compromiso no es solo con la institución, sino también con cada usuario y usuaria que acuda a los despachos en la búsqueda de los conflictos sociales que surjan y con la consigna de ser un instrumento de cambio para el ejercicio de una vida libre y sin violencia” afirmó Melissa Durán.
Para consultar sobre los servicios se puede hacer en el correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Teléfono: 2265-5640 / 2265-7833 Fax: 2265-8038.
- Detalles
-
Publicado: Lunes, 23 Mayo 2022 15:13
En la localidad de Siquirres, del Banco Nacional 150 metros norte, contiguo al edificio del AyA, un 23 de noviembre del 2018 dio inicio con sus labores la Plataforma Integrada de Servicios de Atención a la Víctima (PISAV).
PISAV Siquirres ofrece en un solo lugar servicios a las víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar y sexual, así como a personas usuarias de pensiones alimentarias y familia.
Reúne los servicios de Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica, Defensa Pública, Fiscalía, Oficina de Trabajo Social y Psicología, Oficina de Atención y Protección a la Víctima, además de un Consultorio Médico Legal, éste último atiende únicamente los viernes de 08:00 a 03:00 p.m., previa coordinación de citas con la Unidad Médico Legal de Guápiles.
Se puede interponer demandas por pensión alimentaria, pedir medidas de protección o plantear una denuncia penal en caso de violencia física, psicológica, sexual o patrimonial, solicitar representación de la Defensa Pública en materia de familia, así como atención psicológica y asistencia social.
Roy Córdoba Hernández, juez del Juzgado de Pensiones y Violencia Doméstica de esta plataforma resaltó que se procura realizar un abordaje integral de las situaciones que las partes ponen en su conocimiento, de modo que se pueda dar una solución completa a sus problemas, “no siendo necesario acudir a otras oficinas cuando las situaciones planteadas pueden ser resueltas con nosotros”.
“La población ha logrado encontrar en nosotros solución a los conflictos integralmente, incluso recibiendo abordaje no solo desde el punto de vista de la norma, sino en parte en lo emocional, al intervenir la oficina de Trabajo Social y Psicología. A las personas usuarias les puedo decir que se acerquen a la oficina, contamos con un equipo interdisciplinario con todas las capacidades para ayudarles a encontrar solución a sus problemas, comprometido, con mística y entrega”, finalizó el juez Córdoba Hernández.
El correo electrónico de la Plataforma de Siquirres es: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. / Teléfonos: 2768-9204 / 2768-2628 / 2768-1033 Fax: 2768-5829.
Convenio de cooperación interinstitucional
Gracias al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y el Colegio de Abogados y Abogadas, se cuenta con Defensorías Sociales, en las plataformas de Pavas, La Unión y Siquirres, quienes brindan asesoría y representación jurídica a personas en condiciones de vulnerabilidad, en violencia doméstica, asuntos de pensiones alimentarias referidos por las Defensas Públicas, modalidad PISAV, además de asuntos que les refiera el Juzgado de Familia, el Patronato Nacional de la Infancia y el Instituto Nacional de las Mujeres.
El horario de atención en Siquirres es de lunes a miércoles de 07:00 am a 03:00 pm, el correo electrónico de contacto es Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. Para obtener una cita se puede visitar las PISAV o comunicarse a los teléfonos de cada plataforma, en el horario antes indicado.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 18 Mayo 2022 15:17
Las niñas, niños y adolescentes cuentan con una ventana web denominada “Poder Juvenil”, https://poderjuvenil.poder-judicial.go.cr/, que les lleva a conocer las particularidades de la administración de justicia en materia penal juvenil, reconocer sus derechos y obligaciones y los mecanismos que se utilizan en la resolución de los procesos de las personas menores de edad en conflicto con la ley.
De acuerdo con el magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Rector de Justicia Restaurativa, la página electrónica es una herramienta interactiva, sencilla, fácil de navegar y con mucha información de interés para la población infantil y adolescente.
“Poder Juvenil es la página web que se construyó desde el Poder Judicial para que los jóvenes, las instituciones públicas, las familias y todas las personas que tengan relación con niñas, niños y jóvenes conozcan cuál es el engranaje que sustenta la administración de justicia en materia penal juvenil. Ofrecemos con ella una mejor administración de justicia en penal juvenil y facilitamos la asistencia informativa de nuestros muchachos y muchachas”, explicó Alfaro Vargas durante la conferencia de prensa de presentación.
La explicación del contenido de la página web estuvo a cargo de Orlando Vargas Chacón, Supervisor de Modernización Institucional de la Defensa Pública.
“Es una página totalmente dedicada y específica para personas menores de edad, con mediación pedagógica, haciendo una división de dos grupos etéreos. De manera tal que el contenido se presta para que tanto las personas menores de edad de primera infancia como las personas adolescentes puedan ingresar a cada una de las secciones y el contenido está adecuado para cada grupo”, detalló Vargas Chacón.
Dentro de los contenidos fundamentales brinda detalles sobre qué es el Poder Judicial, en qué consisten los derechos y deberes a los que están sujetas las personas menores de edad. Permite conocer las vías para acceder a la justicia para reclamar sus derechos o eventualmente, para que conozcan cómo canalizar la solución a los conflictos con la ley penal juvenil.
Además, cuenta con una sección que detalla la Justicia Juvenil Restaurativa, como mecanismo moderno para la solución jurídico-penal.
La página “Poder Juvenil” busca fortalecer la cultura cívica de las personas menores de edad y promover la paz.
El Poder Judicial desarrolló este proyecto con la cooperación internacional de la Embajada de los Estados Unidos y la National Center for States Courts (NCSC) y la participación de la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa, la Dirección de Tecnología de la Información y la Defensa Pública del Poder Judicial y la Fundación PANIAMOR.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 18 Mayo 2022 13:52
- Visita tiene como finalidad conocer condiciones y requerimientos de mejora de los servicios judiciales que se prestan en la zona.
Un acercamiento a las situaciones actuales en las que se prestan los servicios judiciales en la zona de Sarapiquí, valorar sus principales requerimientos y necesidades, fue el objetivo de la gira que realizaron integrantes del Consejo Superior.
La visita tuvo lugar el pasado 13 de mayo y comprendió un recorrido por los inmuebles que albergan las oficinas administrativas y despachos judiciales que prestan sus servicios a la comunidad de Sarapiquí.
El encuentro estuvo a cargo de la y el integrante del Consejo Superior, Sandra Pizarro Gutiérrez y Gary Bonilla Garro, quienes destacaron que la finalidad de la gira es conocer la realidad de los despachos judiciales de la zona, lo que permite contar con insumos para mejorar la toma de decisiones administrativas.
Esta actividad permitió una amplia reunión con las jefaturas y coordinadores de la Administración Regional de Circuito, el Tribunal y el Juzgado Penal, de la Oficina de Trabajo Social y Psicología, del Juzgado de Tránsito, el Juzgado Mixto Civil, Penal Juvenil, Violencia Doméstica y de Trabajo, la Oficina de Atención y Protección a Víctimas y Testigos, la Defensa Pública y el Organismo de Investigación Judicial.
Se analizaron diversos temas entre los que destacan las condiciones de infraestructura, aspectos relacionados con los procesos de eliminación y gestión de expedientes para liberar espacio y requerimientos frente a nuevas reformas procesales.
Igualmente, las autoridades del Consejo Superior informaron a la población judicial sobre el avance en las actuaciones administrativas para la creación del Consejo de Administración de Sarapiquí, por considerarse una prioridad para esta zona.
- Detalles
-
Publicado: Viernes, 06 Mayo 2022 14:24
- En Informe de la Contraloría General de la República.
Los saldos en las partidas que integraron el presupuesto 2021 del Poder Judicial, recibieron de parte de la Contraloría General de la República, la calificación de Favorable, así establecido en el estudio de liquidación.
El informe N° DFOE-GOB-IF-00003-2022, sobre la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico 2021 del Poder Judicial, comprendió el análisis de las partidas de remuneraciones, servicios, bienes duraderos, transferencias corrientes y transferencias de capital.
La Contraloría determinó que los saldos de cada partida judicial, se presentan razonablemente, de conformidad con lo que establece la Ley 8131 y la normativa aplicable al proceso presupuestario.
El informe señala que la opinión favorable se obtiene de evidencia de auditoría suficiente y adecuada y que cada uno de los saldos en las partidas mencionadas, “…cumple razonablemente con los criterios de auditoría aplicados, sin que se hayan
identificado incorrecciones o incumplimientos materiales, es decir significativos, en el saldo de la partida presupuestaria examinada”.
La auditoría financiera concluye que “…se consideraron procedimientos sobre los controles internos relevantes en la emisión de información presupuestaria, tales como verificación del contenido presupuestario, cumplimiento de atributos para el registro de los gastos conforme a la normativa técnica y respaldo documental de las transacciones, a partir de lo cual no se detectaron situaciones significativas que afecten la razonabilidad del saldo”, puntualizó el informe de la Contraloría.
En cuatro de las partidas presupuestarias se registró una ejecución mayor al 91%. Únicamente en el caso de la partida de Bienes Duraderos el nivel de ejecución fue de un 74,2%, cuya justificación administrativa corresponde a los efectos generados por la emergencia sanitaria en los procesos de contratación administrativa, así como a características propias de la adquisición de mobiliario o equipos o la construcción de edificios.
El informe de la Contraloría se da para dar cumplimiento de los artículos 181 y 184 de la Constitución Política y con el artículo 52 de la Ley de la Administración
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, n.° 8131.
Estas normas legales establecen la fiscalización que debe realizar el Órgano Contralor en los temas de ejecución y liquidación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República.
- Detalles
-
Publicado: Lunes, 02 Mayo 2022 13:34
- 80% de las personas encuestadas evaluaron como satisfactoria o muy satisfactoria la atención y trato recibido.
La atención, el trato, los tiempos de respuesta, el uso de sistemas digitales y los mecanismos de información, fueron algunos de los temas en los que las personas usuarias de los servicios del Poder Judicial externaron su criterio.
Mediante el estudio “Percepción y Satisfacción de los Usuarios con los Servicios que brinda el Poder Judicial”, se evaluaron temas de importancia para la institución.
El análisis estuvo bajo la dirección de la Contraloría de Servicios del Poder Judicial y forma parte del Proyecto Modelo Integral de Atención al Público y se presentó en la sesión N° 23-2022 del Consejo Superior , del 15 de marzo de 2022.
El informe midió la satisfacción de las personas usuarias respecto a los servicios institucionales que obtienen, la cual alcanzó una calificación de satisfactoria o muy satisfactoria en el 80% de las personas encuestadas.
Reforzar la capacitación de las servidoras y servidores que atienen público y que la información esté más accesible, fueron dos de las principales recomendaciones señaladas por las usuarias y usuarios consultados. Además, consideraron que las características más deseables que debe mostrar una persona que atiende público son la comprensión y la capacidad de escucha (con un 93% de alta importancia cada una).
“Sobre las variables deseables al recibir un servicio del Poder Judicial, aunque todas son deseables, ubican en primer lugar tanto la Atención y trato como la Información u orientación, con el 92% como muy importante en ambos casos. Siempre importante, pero con la proporción más baja se ubican las instalaciones físicas”, señala una de las conclusiones del estudio.
El tipo de trámite de mayor demanda es la hoja de delincuencia, con un 40%, seguido por la presentación de una demanda o denuncia que lo realizan 3 de cada 10 usuarios o usuarias y en un tercer lugar la asistencia a un juicio o audiencia.
Para el 66% de las personas es importante que se brinde información sobre el funcionamiento de los servicios digitales.
La atención presencial es el canal de contacto más importante para los usuarios, seguido por la consulta desde la línea gratuita 800-800-3000. Para el 71% de las personas encuestadas el canal presencial facilita dar mayores detalles en la consulta, una atención más rápida y efectiva y un mayor contacto humano.
El estudio comprendió un total de 784 entrevistas efectivas, que se realizaron del 5 al 23 de agosto de 2021. 51% de las personas entrevistas fueron mujeres y un 49% hombres. El 71% reside en el Gran Área Metropolitana y un 29% fuera de ésta.
La mayor concentración de usuarios se ubica entre los 26 y 45 años, con una escolaridad variada.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 26 Abril 2022 14:29
- Trámite solo se realiza desde Gestión en Línea por página web o aplicación móvil.
- Solo debe contar con un usuario y contraseña por una única vez en cualquier despacho judicial.
Sin filas, sin desplazarse hasta las oficinas judiciales, usted puede obtener la hoja de delincuencia en formato digital. Desde el Sistema de Gestión en Línea, el trámite se hace rápido y seguro.
Para hacer uso de los servicios judiciales digitales, solo requiere solicitar por una única vez un usuario y contraseña, en el despacho u oficina del Poder Judicial más cerca de usted, para lo cual deberá presentar su cédula de identidad. Si usted cuenta con firma digital también puede utilizarla.
Esta clave y usuario es de uso exclusivo de la persona solicitante, no debe compartirla, con ello garantizamos que el servicio de hoja de delincuencia digital es ágil y seguro.
Solicitud vía página web
Mediante la página web del Poder Judicial, https://pj.poder-judicial.go.cr, se puede realizar la solicitud de hoja de delincuencia. Al ingresar a la opción Trámites en Línea, puede ubicar el apartado Personas Físicas y luego buscar la opción Solicitud Hoja de Delincuencia.
Al elegir la opción Hoja de Delincuencia Electrónica, se abrirá el acceso al Sistema de Gestión en Línea, que le solicitará el usuario y contraseña. Al ingresar al sistema de solicitud, ubica la opción Servicios y luego Hoja de Delincuencia Electrónica.
Una vez que complete los datos solicitados deberá de indicar un número de celular o correo electrónico, donde se enviará la hoja de delincuencia electrónica. Al dar Registrar Solicitud, se le enviará un código de registro, que confirma la efectividad de la solicitud.
Cuando el documento sea emitido, la persona usuaria recibirá un mensaje de texto SMS de aviso o una comunicación oficial al correo electrónico aportado. Este documento se remite en formato PDF y cuenta con firma digital de la jefatura del Registro Judicial que garantiza su autenticidad.
Solicitud Aplicación Móvil
La Aplicación Móvil del Poder Judicial, APP Poder Judicial, se encuentra disponible para los sistemas Android y IOS.
Usted deberá utilizar el usuario y contraseña previamente solicitado en cualquier despacho u oficina judicial.
La App despliega las opciones de servicio. Ingrese a Hoja de Delincuencia y elija el formato Hoja Delincuencia Electrónica. Introduzca el usuario y contraseña y llene la información que se le solicita.
El sistema le solicitará el medio en el que desea que sea notificado de la disponibilidad del documento. Dicha notificación puede ser por mensaje de texto, incluyendo su número de celular o vía correo electrónico.
Asegúrese de introducir correctamente sus datos de celular o correo electrónico.
Ante cualquier duda, comuníquese a la línea gratuita del Poder Judicial 800-800-3000.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 26 Abril 2022 07:28
- Asume nuevo período en el cargo por 8 años
En la sesión ordinaria de este lunes 25 de abril de 2022, del plenario legislativo, la magistrada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Iris Rocío Rojas Morales, recibió el juramento para un nuevo período constitucional en su cargo.
El acto estuvo a cargo de la Presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández Sánchez.
El Congreso aprobó la reelección de la magistrada Rojas Morales en su sesión ordinaria del pasado miércoles 20 de abril, por un período de ocho años.
La Magistrada Iris Rocío Rojas Morales tiene un Doctorado Académico SUMMA CUM LADE PROBATUS de la Universidad Escuela Libre de Derecho 2008. Además, es especialista en Ciencias Penales por la Universidad de Costa Rica, Sistema de Estudios de Postgrado, Graduación de Honor y Licenciada en Derecho de la Universidad Autónoma de Centroamérica, Escuela Libre de Derecho, Graduación de Honor.
Trabajó como Fiscala del Ministerio Público, también se ha desempeñado como Jueza de Instrucción en Golfito, Jueza Mixta de Aserrí, Letrada de la Sala Constitucional, Magistrada Suplente de la Sala Segunda.
Se desempeñó como Jueza Coordinadora del Tribunal Contencioso Administrativo y como Jueza integrante del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil Hacienda.
- Detalles
-
Publicado: Viernes, 22 Abril 2022 15:52
- Actividad contó con la participación de autoridades judiciales y representantes del Banco de Costa Rica, la Unidad Administradora del Proyecto, el Consorcio Consultor y la Empresa Constructora.
En un acto celebrado este viernes 22 de abril, se inauguró oficialmente el edificio Torre Judicial, inmueble que se caracteriza por ser el primero que se construye con el Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial- BCR 2015, mediante la modalidad de obra pública.
La actividad contó con la participación del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro; la Vicepresidenta de la Corte, Patricia Solano Castro; el magistrado coordinador de la Comisión de Construcciones del Poder Judicial, Luis Guillermo Rivas Loáiciga; el presidente del Consejo de Administración del Primer y Tercer Circuito Judicial de San José, Aisen Herrera López; así como magistrados y magistradas de la Corte, integrantes del Consejo Superior y de otras autoridades judiciales y personal de la institución.
Además, se contó con la presencia de representantes del Banco de Costa Rica, la Unidad Administradora del Proyecto, el Consorcio Consultor y la Empresa
Constructora Volio Y Trejos.
Para el Presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro, este edificio representa un gran avance en las acciones tendientes a garantizar el derecho al acceso a la justicia, un mejor servicio público, así como una mayor cercanía del Poder Judicial con la ciudadanía, resaltando que una sobria y elegante edificación dignifica al ciudadano usuario y visibiliza la relevancia del servicio de justicia.
“El día de hoy inauguramos una edificación moderna, accesible y sostenible que constituye un esfuerzo de todas y todos y que estará al servicio de toda la ciudadanía que requiera acudir a obtener una justicia pronta y cumplida. Tenemos una linda edificación, pero falta mucho, lograr que la justicia sea humana y que sea pronta y cumplida”, señaló Cruz Castro.
Por su parte, el Coordinador de la Comisión de Construcciones del Poder Judicial, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, reconoció el trabajo de quienes construyeron el edificio e indicó que esta es la forma de construir un país, ya que el mismo es una combinación de voluntades públicas y privadas, construido de una forma colaborativa, con la cooperación de muchas partes.
“Estos son momentos especiales y nos toca a nosotros el regocijo de venir a celebrar la construcción de un edificio para alojar a los compañeros y compañeras judiciales y darles mejores condiciones a nuestros usuarios y usuarias para mejorar el servicio”, indicó Rivas Loáiciga.
Aisen Herrera López, presidente del Consejo de Administración del Primer y Tercer Circuito Judicial de San José, destacó el esfuerzo de las diferentes dependencias judiciales para concretar este proyecto, a la vez que resaltó el beneficio para las personas usuarias al concentrar los servicios en un solo lugar.
“Damos un agradecimiento y el reconocimiento a todas las instancias superiores por hacer posible este proyecto en pro de nuestro sistema de justicia, con el compromiso y sacrificio que siempre ha caracterizado al Poder Judicial”, dijo Herrera López.
El inmueble, fue recibido de manera formal por el Poder Judicial el pasado 25 de enero, durante el acto de firma de entrega realizado por el Presidente de la Corte y representantes del Banco de Costa Rica, como Fiduciario del Fideicomiso Inmobiliario, así como la Unidad Administradora de Proyectos (ICC Proyectos) y del Consorcio Constructivo.
Esta nueva edificación, se construyó para responder a las necesidades que surgen a partir del Nuevo Código Procesal Civil y la Reforma Laboral, por lo que albergará las oficinas del Primer Circuito Judicial de San José de las materias civil, laboral, justicia restaurativa, seguridad social, defensa pública laboral, así como salas de audiencia de familia.
El traslado de los despachos judiciales a un edificio propio permite al Poder Judicial finalizar una serie de contratos de alquiler en los alrededores del Circuito Judicial de San José y generar un ahorro para la institución y el país, el cual representa un total anual de ₡1.340.660.049.63 en contratos de alquiler, de acuerdo con los cálculos elaborados por el Departamento de Financiero Contable.
Esta edificación se ubica al costado norte de la Corte Suprema de Justicia y cuenta con 14 pisos y dos sótanos y fue desarrollado bajo la certificación Leed (Líder en eficiencia energética y Diseño Sostenible), cuenta con un sistema de seguridad de avanzada, cumple con los lineamientos que establece el Código Sísmico, cuenta con un área de lactancia, ubicada en el piso 14, obedece a todos los requerimientos de accesibilidad de la Ley 7600, tiene espacios de parqueo para bicicletas y se adapta a los lineamientos sanitarios ante la situación de pandemia por la enfermedad del Covid-19.
En el acto oficial, se dio la bendición de las instalaciones por parte del sacerdote Carlos Humberto Rojas Sánchez, presbítero de la iglesia de La Soledad.
- Detalles
-
Publicado: Lunes, 04 Abril 2022 14:54
- Durante sesión ordinaria de Corte Plena
Las acciones administrativas del Poder Judicial emprendidas durante el 2021, se dieron a conocer este lunes 28 de lunes en la sesión ordinaria de Corte Plena. Las y los integrantes del Consejo Superior rindieron el informe de labores correspondiente, que se consolidaron en 6839 acuerdos tomados en 109 sesiones realizadas.
El acto se enmarca en el cumplimiento de la política institucional de transparencia y rendición de cuentas, a partir de una coordinación con las Direcciones Administrativas de la institución.
Se destacaron temas como el apoyo a la Jurisdicción Penal, mediante la continuidad de los planes de descongestionamiento, con el fin de mejorar la gestión en los Tribunales Penales de Quepos, Sarapiquí, Siquirres, Turrialba, Cañas, Santa Cruz, Limón y Golfito, y reducir los plazos de resolución, así lo destacó el integrante del Consejo Superior, Gary Amador Badilla.
Desde la labor emprendida en materia de infraestructura, la integrante del Consejo, Dinorah Alvarez Acosta resaltó los esfuerzos institucionales para tener los requerimientos de espacio judicial, considerando las limitaciones presupuestarias del país y desde la figura del fideicomiso inmobiliario del Poder Judicial, que contempla la Torre Judicial en San José, que implica un ahorro anual en alquileres de más de ₡1300 millones. A este se suma el inicio en noviembre del 2021 de la construcción del Edificio de los Tribunales de Puntarenas, con un plazo de construcción de 14 meses y medio. Así como también aprobó el Consejo Superior la versión actualizada del proyecto “Consultoría y Construcción de un Complejo Judicial para el Poder Judicial en Buenos Aires de Puntarenas” y el uso de recursos institucionales para mantenimiento de edificaciones actuales; además se iniciaron contrataciones con el uso del presupuesto ordinario para proyectos de impacto en obras de construcción , entre otros. Aunado de la renegociación de 70 contratos de alquileres que representaron para el presupuesto judicial un ahorro de poco más de ₡151 millones al año.
En cuanto al régimen disciplinario, cuya competencia asume el Consejo Superior en apelación, la integrante, Sandra Pizarro Gutiérrez expuso datos estadísticos en esta materia, que comprendió un total de 128 apelaciones resueltas, de las cuales 90 asuntos se declararon con lugar, en el 75,5% de estos casos se ordenó la sanción de suspensión sin goce de salario, un 16,6% ameritaron la revocatoria del nombramiento, un 6,6% correspondieron a amonestaciones escritas y 38 asuntos fueron declarados sin lugar.
Por su parte, el integrante Gary Bonilla Garro, explicó la labor de coordinación que desarrolla el Consejo Superior con directores y jefes de los departamentos administrativos judiciales; las visitas a los circuitos judiciales de Guanacaste, Cañas-Bagaces y Limón-Bataán y las zonas afectadas por las inundaciones como Sarapiquí, Guatuso y Upala, cuyo fin es conocer de cerca las realidades y requerimientos de cada región. También amplió sobre el avance del programa de reuniones con los Consejos de Administración de todos los circuitos judiciales del país, que inició en el 2021 y culmina este 2022, que permite crear espacios de retroalimentación y conocer el estado de cada circuito, para la toma de decisiones oportunas por parte de la Administración Judicial.
Así mismo, el Consejo Superior mantiene la integración en comisiones y grupos de trabajo dentro el Poder Judicial para brindar sus aportes desde la gestión administrativa y técnica.
- Detalles
-
Publicado: Lunes, 04 Abril 2022 14:49
- Personal operativo interinstitucional y comunidad profundizan sobre “Programa: “Protocolo de Atención a Víctimas de Violación en las Primeras 72 horas de Ocurrido el Evento”
El Poder Judicial sumó esfuerzos para la aplicación del Protocolo, con la comunidad de Talamanca y el personal operativo del Poder Judicial, el Área de Salud de Talamanca, cuerpos policiales de fuerza pública, guardacostas, fronteras y policía turística del Ministerio de Seguridad Pública, PANI e INAMU, para atender y aportar, desde sus competencias, la problemática de incidencia por delitos sexuales, que registra este cantón, con la participación de 140 asistentes.
La iniciativa fue consensuada entre la magistrada Roxana Chacón Artavia en su calidad de coordinadora de la Comisión de Género, el Fiscal General a.i, Warner Molina, el Director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza y la Jefa de la Secretaría Técnica de Género, Jeannette Arias Meza; en reunión realizada el pasado 3 de febrero que tuvo como objetivo, analizar estrategias de abordaje, de la situación que vive el cantón de Talamanca frente a la incidencia de los delitos sexuales en la zona y la importancia de llevar de capacitación de manera directa y presencial.
En tal sentido, el pasado 23 y 24 de marzo, se realizaron dos talleres, facilitados por Xinia Fernández, profesional de la Secretaría Técnica de Género, dirigidos a la comunidad, uno a mujeres facilitadoras del Programa de Facilitadoras y Facilitadores de la CONAMAJ, en coordinación con esta Comisión, y otro dirigido a mujeres de la comunidad en coordinación con el INAMU, enfocados en información sobre los derechos de las víctimas y los servicios que pueden recibir por parte de las diferentes instituciones.
Adicionalmente y de manera paralela, Jeannette Arias, Jefa de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial tuvo a cargo la coordinación de las capacitaciones, dirigidas al personal operativo interinstitucional de Bribrí y Bataán para reforzar las acciones de articulación, con el Equipo de Respuesta Rápida para la Atención de Víctimas de Violación de Limón.
El tema principal de estos talleres giró sobre el “Programa: Protocolo de Atención a Víctimas de Violación en las Primeras 72 horas de Ocurrido el Evento” centrado en la atención integral que deben recibir las víctimas.
Además, el espacio fue propicio para que las personas participantes externaran los temas de interés para futuros procesos de capacitación. De igual manera, se distribuyó material informativo digital e impreso sobre la temática, tanto para uso interno de las instituciones, como otro diseñado para la comunidad.
“El objetivo fue facilitar información básica sobre la aplicación del “Protocolo de Atención a Víctimas de Violación en las Primeras 72 horas de Ocurrido el Evento’’. Explicar las funciones de cada institución o área institucional y mecanismos de articulación para brindar los servicios a víctimas-pacientes de violación, de manera integral. Además, que conocieran sobre el funcionamiento del Equipo de Respuesta Rápida de Limón y cómo coordina con las zonas de Bribrí y Batán”, explicó Jeannette Arias Meza, Jefa de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial.
De parte del Poder Judicial se contó con participación de representantes de la Secretaría Técnica de Género, la Fiscalía Adjunta de Limón, Fiscalía Adjunta de Género, las Jefaturas de la Delegación del OIJ de Limón y de las Oficinas Regionales de Bribrí y Batán, la Sección Especializada contra la Violencia de Género, Medicina Legal, Ciencias Forenses y la Unidad de Género del Organismo de Investigación Judicial, la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito y el Departamento de Trabajo Social y Psicología; instancias que a su vez, expusieron sobre temas claves en sus áreas de experticia.
Por parte de la CCSS se involucraron en las actividades las coordinadoras nacionales del Programa Normalización de atención VIH.ITS, del Programa Normalización atención de la Violencia, representantes del Hospital Tony Facio de Limón, la Coordinación Nacional de Trabajo Social de la CCSS y el Director del Área de Salud de Talamanca, quienes también participaron en las exposiciones.
- Detalles
-
Publicado: Lunes, 28 Marzo 2022 15:48
- Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de San José, realizó audiencia, recepción de prueba y dictado de sentencia en Barbilla, en el Distrito de Chirripó.
La justicia en materia de Familia se hizo presente en el territorio indígena de Manteco. Las diligencias judiciales dentro del proceso que llevó a cabo el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de San José, se realizaron in situ.
Mediante la realización de una audiencia, la recepción de prueba y el dictado de sentencia, se le dio respuesta a las partes del proceso de Familia, que son parte del pueblo Cabécar de este territorio indígena.
“La audiencia, la recepción de prueba y la sentencia fueron traducidas de manera íntegra y simultánea, al idioma cabécar, gracias a la colaboración de la intérprete indígena. Este proceso judicial que involucra a una persona menor de edad, se desarrolló mediante un trabajo interinstitucional y su realización en territorio indígena, se da en cumplimiento de lo que ordena la Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de Costa Rica y en completo respeto a su dignidad humana y realidad cultural”, explicó la jueza coordinadora a.i del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de San José, Nelda Jiménez Rojas.
La audiencia se realizó el pasado 22 de marzo, en el que participaron la técnica judicial Cindy Brenes, la jueza Nelda Jiménez Rojas, el fiscal Juan Carlos González Chaves y la intérprete del idioma cabécar, Esther Aguilar Payan.
También se contó con la participación de representantes del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y del Hospital Nacional Psiquiátrico.
“Como jueza de la República, esta coordinación interinstitucional es la confirmación de que Poder Judicial trabaja por los pueblos indígenas, que no son olvidados, que el compromiso es uno solo y que donde exista un jueza o jueza que administre justicia, se hará siempre respetar la dignidad humana”, afirmó la jueza Jiménez Rojas.
- Detalles
-
Publicado: Lunes, 28 Marzo 2022 14:10
- Afirmó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro rinde informe de labores en Inauguración del Año Judicial 2022.
Las labores emprendidas por el Poder Judicial durante el 2021, los retos y prioridades, así como el ejercicio de la función constitucional de administrar justicia, fueron los ejes centrales del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, en el marco de la Inauguración del Año Judicial 2022.
El acto tuvo lugar en la sesión solemne de Corte Plena celebrada este viernes 25 de marzo en la que participaron representantes de los Supremos Poderes, Fernando Cruz Castro, Presidente de la Corte; Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República; Carlos Avendaño Calvo, Presidenta a.i de la Asamblea Legislativa y Max Esquivel Faerrón, Presidente a.i del Tribunal Supremo de Elecciones.
La actividad se realizó de forma presencial, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios establecidos por la pandemia y se trasmitió de forma virtual por los canales oficiales del Poder Judicial.
“La independencia del Poder Judicial debe ser considerada por todos los y las ciudadanas como una garantía de control, libertad, respeto de los derechos humanos y justicia imparcial, libre de influencias externas, es decir, que los procesos judiciales se resuelvan de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente y sin injerencia de otros órganos estatales o privados. El equilibrio de los poderes, en su dimensión social e individual, gravita en la judicatura.”, destacó el Presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro, quien rindió su cuarto informe de labores desde su gestión.
Tecnología y continuidad del servicio judicial
Durante el 2021 el Poder Judicial, frente a la cuarta ola que afectó al país por la pandemia del Covid-19, se potenció el uso de las tecnologías, para garantizar la continuidad de los servicios judiciales.
“Estos facilitaron a las personas usuarias la realización de una serie de trámites sin que tuvieran que trasladarse a los distintos despachos judiciales del país. El uso de los avances tecnológicos presentes en lo que ha sido caracterizado como “la sociedad 4.0” permitieron a los usuarios no sólo un acceso a la justicia de manera virtual, sino la tramitación y resolución de los procesos judiciales”, destacó el jerarca judicial.
Se emitieron más de 500 mil hojas de delincuencia durante el 2021, se tramitaron vía electrónica más de 240 mil demandas y más de 2 300 000 mil escritos en línea. Desde el Sistema de Depósitos Judiciales se inyectó a la economía nacional más de ₡277 mil millones.
Actualmente se trabaja en el denominado tipificador de documentos, que es una herramienta capaz de leer escritos para clasificarlos de forma automática, sin intervención del personal del despacho. Actualmente, un plan piloto se emprende en el Jugado de Cobros de Pérez Zeledón y se registra una precisión global del 80% actualmente.
Al finalizar el 2021, el Poder Judicial finalizó con un circulante activo de 1 353 897 asuntos, un 1,81% más que en el 2020 y 527 821 expedientes se resolvieron. En el caso específico de la materia cobratoria, el circulante al final del año pasado fue de 247 892 casos activo, que representa el punto más bajo de asuntos pendientes en los últimos 22 años, muestra de las acciones institucionales emprendidas.
Prioridades institucionales
"Conscientes de la difícil situación económica del país y como es característico del Poder Judicial, se realizaron los mayores esfuerzos para hacer un uso eficiente y efectivo del presupuesto asignado, lográndose una ejecución presupuestaria del 98,55% del presupuesto, que atendieron las necesidades de la Judicatura, del Organismo de Investigación Judicial, del Ministerio Público, de la Oficina de Atención y Protección a Víctimas del Delito, de la Defensa Pública y del ámbito administrativo”, puntualizó el Presidente de la Corte.
En esta línea de la transparencia y rendición de cuentas, destacó el lanzamiento del Observatorio Judicial, por ser una plataforma virtual que pone el Poder Judicial a disposición de la ciudadanía, con información sobre el funcionamiento y los servicios que se brindan.
Se suma el avance en la construcción de la Política Anticorrupción del Poder Judicial como herramienta orientadora que norme e impulse las acciones coordinadas de este Poder la República, para la prevención, detención, mitigación y reacción de los actos de corrupción en la gestión pública judicial, aprobado por Corte Plena.
Se destacó la labor emprendida por la Oficina de Cumplimiento en la identificación de amenazas provenientes de la corrupción, el fraude interno y las faltas a la ética y la probidad, con el fin de establecer actividades de prevención, control y sanción, desde la capacitación interna a la población judicial, asesoría y atención de consultas referentes al Reglamento de Conflicto de Interés del Poder Judicial; así como la puesta en funciones del simulador de conflictos de interés, que pretende ser un instrumento de construcción de conocimiento, así como de consulta y valoración, de uso voluntario.
Las acciones afirmativas en esta materia, permitió al Poder Judicial alcanzar en el 2021 el segundo lugar en el Índice de Transparencia Institucional, al obtener una evaluación de su sitio web de 99,77 puntos, de 256 instituciones públicas. Resaltó el primer y tercer lugar obtenidos por el Ministerio Público y el OIJ respectivamente.
En gestión ambiental, este Poder de la Repúblico obtuvo una nota de 98.68% en el índice anual que desarrolla la Dirección de Gestión y Calidad del Ministerio del Ambiente y Energía.
En el tema de proyectos constructivos, la labor de la Comisión de Construcciones permitió hacer realidad la puesta en funciones del edificio Torre Judicial, que alberga las
materias laboral, civil, concursal, defensa pública laboral y justicia restaurativa. Obra que se desarrolló bajo la figura del fideicomiso. Con este mecanismo financiero, en noviembre del 2021 se inició la construcción del edificio de Tribunales de Justicia de Puntarenas, con un costo de $39 millones y albergará una población judicial de 368 personas servidoras, con un área de construcción de aproximadamente 23 000 m2 y un área externa de 6 200 m2.
Retos judiciales
Para el 2022, el Poder Judicial mediante un esfuerzo presupuestario logró incluir la suma de ₡511 276 926,79, destinados a acondicionar un espacio físico en el edificio de Tribunales del Primer Circuito Judicial de San José y que albergará a la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (judicatura, Ministerio Público y Defensa Pública. “Esos recursos permitirán la construcción y remodelación de salas de juicio, que se adapten a las condiciones particulares de seguridad que son necesarias en causas de gran complejidad, en las que intervienen numerosas partes y testigos, tal y como es característico en esta jurisdicción”, explicó Cruz Castro, de cara a la preparación de la institución para la puesta en marcha de esta jurisdicción y que se sumaría a los recursos aprobados por la Asamblea Legislativa para tal fin.
Fortalecer el gobierno judicial desde la reforma de la estructura administrativa de la Corte Plena se mantiene latente, para darle eficiencia y celeridad. “La modernización real y profunda de la institución y en cuenta de su modelo de gobernanza, deviene en uno de los elementos indispensables para fortalecer la independencia judicial y garantizar la calidad, legitimidad, transparencia, eficiencia y credibilidad, en el sistema de gobierno y gestión del servicio de Administración de Justicia. Tiene que existir un generoso desprendimiento de parte de los magistrados y las magistradas, un desapego hacia el modelo tradicional.”, expresó el magistrado Fernando Cruz.
A estos retos, el Presidente de la Corte sumó la imperiosa labor de fortalecer el mecanismo de selección y nombramiento de magistrados y magistradas propietarios y suplentes, con criterios objetivos y de transparencia a fin de que se nombre a las mejores personas juristas del país que cuenten con una sólida experiencia profesional, formación académica, altos valores éticos y que se respete la paridad de género.
“La construcción y el fortalecimiento de la independencia de la judicatura, debe ser un propósito de todos los poderes, en el respectivo ámbito de sus competencias. La voluntad de poder de los partidos políticos, del parlamento y del Poder Ejecutivo, pueden barrer y socavar la independencia de Poder de la judicatura, por eso la construcción de la independencia judicial es una exigencia que no es exclusiva de la judicatura, sino que es un imperativo para los actores políticos, de lo contrario, el poder de la judicatura siempre será letra mojada, una denominación sin relevancia para la vigencia de la democracia”, determinó el Presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro, en su discurso.
- Detalles
-
Publicado: Jueves, 24 Marzo 2022 15:50
- Ana Luisa Meseguer Monge, reconocimiento “La justicia con rostro de mujer”.
Sus aportes al Poder Judicial en el fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres hoy hacen a la jueza Ana Luisa Meseguer Monge, merecedora del reconocimiento: “La justicia con rostro de mujer”, que otorgó Corte Plena en el marco de la Inauguración del Año Judicial 2022.
El galardón procura destacar a las mujeres empleadas o exempleadas judiciales, administradoras de justicia o no, que en el desempeño de sus labores destaquen por su honradez, mística, transparencia, excelencia y dedicación al trabajo y con sus acciones, ejemplo y actitud resalten el aporte de las mujeres en las funciones encomendadas al Poder Judicial, hayan influido o influyan en la erradicación de la violencia y de cualquier otra forma de discriminación en detrimento de los derechos humanos de las mujeres.
“Desde mi cargo judicial, la contribución ha sido juzgar con imparcialidad y objetividad, pero, con perspectiva de género, aplicar el principio de no discriminación sin distinción de ninguna clase, utilizar el lenguaje no sexista y respetar la diversidad. Durante muchos años atrás, desde la Asociación Costarricense de Juezas, hemos venido promoviendo la utilización de la perspectiva de género en el dictado de las sentencias judiciales, como un valioso instrumento de hermenéutica o interpretación, por estar convencidas que sólo así, es posible respetar los derechos humanos, cumplir la prohibición de no discriminación y asegurar el acceso a la justicia de toda la población costarricense, sin importar el sexo”, destacó la Jueza coordinadora del Tribunal de Apelación de Trabajo del II Circuito Judicial de San José.
En 1991, participó en la fundación de la Asociación Costarricense de Juezas. Del 2003 al 2019 fue presidenta de esa organización social, con el firme compromiso de emprender las luchas por el reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres dentro de la carrera judicial, basadas en los principios de solidaridad y sororidad.
“Mi labor en la Asociación se ha centrado en valorizar y visibilizar la gran necesidad de aplicar medidas afirmativas en la carrera judicial y tratar de hacer cumplir la política de género del Poder Judicial, dirigida a aplicar los principios de todos los instrumentos internacionales de derechos humanos y, en nuestro caso, a desterrar todas las prácticas que discriminen por motivos de sexo y, además, eliminar el sesgo por género en la Administración de Justicia, con la finalidad de conseguir la ansiada igualdad”, destacó.
Afirma que ha sido intensa la labor de tratar de superar la brecha de inequidad de género, en el acceso a los puestos más altos de la función judicial, que garantice una justicia más inclusiva, más humanizada y una verdadera equidad de género en la conformación de los altos Tribunales.
Trayectoria judicial
“Los principios que rigen mi desempeño profesional son los propios de la ética judicial: la independencia, la imparcialidad, la objetividad, la probidad y la excelencia en el servicio público de la Administración de Justicia, entendido como un sistema que, en forma permanente, debe resguardar los derechos humanos de todas las personas”, recalcó la jueza Ana Luisa Meseguer Monge.
Licenciada en Derecho con énfasis en Derecho Público, de la Universidad de Costa Rica en 1977; cuenta con el grado de Especialista en la Jurisdicción Social y el Nuevo Derecho del Trabajo, en La Coruña, España (1999). Es Máster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, en la Universidad Estatal a Distancia (UNED-2004). En la actualidad realiza las conclusiones y prepara la defensa final de su investigación “El Daño Moral en la jurisprudencia laboral”, para obtener el Doctorado en Derecho en la UNED.
Ingresó al Poder Judicial realizando nombramientos interinos como jueza de instrucción penal de Turrialba y Goicoechea. Posteriormente, fue nombrada en propiedad como defensora pública de San José. En 1985 fue designada en el Juzgado II de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda donde trabajó 5 años, para luego asumir el cargo de Jueza en el Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de San José, hasta alcanzar el puesto actual.
Se desempeñó como magistrada suplente de la Sala Segunda y fue integrante del Consejo de Personal, en representación de la judicatura.
“…deslindar lo justo de lo injusto”
Nacida en Cartago. Vivió en San Marcos de Tarrazú, donde pasó sus primeros años de infancia, para luego trasladarse a San Pedro de Montes de Oca. Recuerda que desde muy joven descubrió su vocación por el Derecho, pues siempre le interesó deslindar lo justo de lo injusto, acompañada de los valores que le inculcaron: la igualdad real de todas las personas, el respeto de los derechos humanos y de las mujeres, la autonomía y el poder de decisión de las mujeres, la prohibición de discriminar entre géneros, la solidaridad y el concepto que, hoy día, se denomina sororidad, con sus congéneres, víctimas de violencia y en estado de vulnerabilidad.
En su formación personal y profesional, reconoce el privilegio de haber ingresado por tercera generación en línea materna al Colegio Superior de Señoritas, institución benemérita de la cultura costarricense, considerada como la cuna de diferentes movimientos democráticos relevantes, dirigidos a obtener reformas sociales para mejorar las condiciones de vida y los derechos de las mujeres.
“La designación efectuada por la Corte Plena significa para mí, un inmenso honor. Recibo este galardón, en nombre de la Asociación Costarricense de Juezas, con suma gratitud, alegría y optimismo, pensando en los cambios que, también, habrán de darse a nivel de la Asamblea Legislativa y, en las magnas transformaciones sociales que harán las nuevas y futuras generaciones de mujeres juezas”, expresó la jueza Ana Luisa Meseguer.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 23 Marzo 2022 16:10
- Tatiana López Morales, Técnica Especializada 6 de la Unidad Canina obtuvo reconocimiento “Miguel Blanco Quirós”.
Recrear escenas del crimen a partir de una gota de sangre latente, es decir, que no sea perceptible al ojo humano, es un trabajo que se realiza con responsabilidad, destreza y pasión, cualidades que hicieron merecedora del premio “Miguel Blanco Quirós” a Tatiana López Morales, Técnica Especializada 6 de la Unidad Canina.
La Corte Plena otorga esta distinción a la empleada, que en el desempeño de sus labores se haya destacado por su honradez, mística, transparencia, excelencia y dedicación al trabajo.
Desde niña, Tatiana López relata que su mayor pasatiempo eran los juegos de química, investigación y análisis, siempre tuvo una conexión muy fuerte con el mundo científico que involucrara resolver casos con pocos indicios.
Tatiana es oriunda de San José, madre de dos hijos: Oscar y Mariela, los describe como su motor de vida, inspiración y orgullo. Además, es la hermana mayor de cinco hermanos.
A nivel académico, estudió bachiller en Biología Tropical, es Licenciada en Criminología y tiene estudios es Postgrado en Ciencias Forenses; CSI analista de la escena del crimen.
Con aproximadamente 25 años de laborar para el Poder Judicial, Tatiana recuerda sus inicios como una etapa de mucha alegría y a la vez de retos. Para 1996 tuvo sus primeros nombramientos como Asistente de Laboratorio en Secciones de Bioquímica, Biología Forense y Toxicología del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
En esa época, era una joven que todavía cursaba la universidad, pero estaba llena de sueños, energía y felicidad, por lo que se propuso combinar el estudio con el trabajo para lograr consolidarse en estas dos áreas, que era su prioridad.
Para 1997 gracias a su esfuerzo y esmero logró nombramientos de manera continua hasta la actualidad, destacándose como Asistente de Laboratorio en las Secciones de Bilogía, Toxicología y Bioquímica y Perito 1 en Sección de Análisis de Escritura y Documentos Dudosos, Técnico especializado 6 de la Sección de Biología Forense y de la Sección de Bioquímica, Profesional en Biología Forense, entre otros puestos.
Actualmente labora en la Unidad Canina de la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, donde desarrolla el Proyecto de interés Institucional denominado “Consolidación del equipo multidisciplinario en criminalística”, que consiste en ampliar la cantidad de servicios en los que se utilice de manera conjunta pruebas de laboratorio y canes especializados en búsqueda de sangre y restos humanos, búsqueda de fluidos y de olor humano. También le corresponde la atención de escenarios en búsqueda de sangre latente, indicios con sangre, restos humanos y fluido tipo seminal.
La mujer, mamá y servidora judicial acreedora del reconocimiento “Miguel Blanco Quirós”, siempre estuvo consiente de la responsabilidad que conlleva trabajar en el Poder Judicial.
Aporte a la sociedad.
Con su profesionalismo, entrega y pasión, Tatiana forma parte del equipo de investigación científica y pioneros a nivel mundial en el uso de canes especializados en la búsqueda de sangre latente en escenarios modificados. Este reconocimiento la ha llevado a compartir esta experiencia ante los países más desarrollados en Ciencias Forenses. Además, por el trabajo realizado, permitió a la Unidad Canina contar con un laboratorio especializado, el LACEBET, mismo que ha traído grandes beneficios en los análisis de vehículos entre otros, el cual era necesario desde que se instauró la técnica de luminol en 1998, y que por sus aportes a la institución se cuenta con dicho espacio hoy en día.
Esta técnica científica viene a reducir el tiempo de respuesta en las investigaciones, porque con rastros de sangre es posible levantar un perfil genético que ayude a dar con la persona responsable de realizar un delito.
Su trabajo tiene un objetivo y se mentaliza en trabajar por la familia de una víctima que quiere comprender que fue lo que le ocurrió y saber quién fue el responsable de cometer el delito. También, trabaja por aquellas personas que están tratando de incriminar en algo que no cometieron y que a partir de su experiencia y capacidades va encontrando respuesta para aportar a las investigaciones.
Su mayor satisfacción es saber que el trabajo de la Unidad Canina ha sido medular para que las personas que cometieron un delito sean juzgadas, lo importante es llevar, de cierta forma, una respuesta a la familia de la víctima.
Dentro de los retos en su vida laboral, López Morales señala que, “siempre he sido muy persistente y no me rindo fácilmente con los obstáculos que la vida da, siempre se pueden superar demostrando calidad en el trabajo y confiando en mis capacidades”.
Siempre hay personas que son importante en la vida de todo ser humano, pero para Tatiana, su abuelo Isauro Morales y su tía Hilda Morales Carvajal, han sido un alma gemela que le enseñaron a ver las cosas con amor.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 23 Marzo 2022 10:27
- Shirley Víquez Vargas, Premio “Ulises Odio Santos” 2022.
Por su aporte en la doctrina jurídica, la jueza Shirley Víquez Vargas recibe este 2022, el Premio “Ulises Odio Santos”, que otorga la Corte Suprema de Justicia durante su Sesión Solemne de Inauguración del Año Judicial.
“Las mujeres no tenemos límites. Los límites los ponemos nosotras. Lo que hay que hacer es salir de la zona de confort, perseguir los sueños y metas que una se imponga a nivel personal y laboral. Hay que trabajar y luchar por obtener el éxito, pues éste no toca la puerta” destacó la jueza del Tribunal de Familia de San José.
El premio “Ulises Odio Santos”, se otorga al autor o autora que hubiese publicado un trabajo, artículo o escrito en general de utilidad y trascendencia para el Poder Judicial y donde se evalúan aspectos como novedad, actualidad, el valor científico de la contribución, relevancia teórica o práctica, fundamentación doctrinal y jurisprudencial y el aporte que represente para la vida jurídica nacional.
Se valoró su aporte jurídico con la obra de su autoría “Medidas Autosatisfactivas en el Proceso Civil y de Familia” y las publicaciones, la “Reforma Procesal Familiar Práctica”, con la coautoría del señor Carlos Adolfo Picado Vargas y la obra colectiva “Derecho de Familia: Nuevos Retos y Realidades”.
“Este es un reconocimiento a todo el esfuerzo, el compromiso y la disciplina que he tenido durante tantos años para poder leer, investigar y escribir doctrina que ha sido publicada pensando siempre en brindar un servicio a los demás.”, afirmó Víquez Vargas.
“Me siento muy satisfecha porque la investigación sobre las medidas autosatisfactivas, que me llevó más de diez años desarrollar, ha dado frutos. Otro de los libros que publiqué en coautoría, se constituye en la primera obra científica procesal en su especie de cara a la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia. El otro libro que coordiné, analiza temas que son retos o desafíos actuales del derecho de familia, pero transversalizado con los derechos humanos, por ello todos los ensayos son de temas novedosos para este siglo XXI”, destacó la jurista.
Carrera judicial
Su labor en el Poder Judicial suma aproximadamente veinte años. Hoy se desempeña como jueza del Tribunal de Familia de San José y magistrada suplente de la Sala Segunda. Afirma que lo que más la marcó en su trayectoria judicial ha sido asumir el cargo de magistrada suplente, al poder contribuir con su conocimiento y experiencia, pero a la vez retroalimentarse de las personas que allí laboran.
Es Licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Costa Rica, Master en Protección Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá de Henares, España, Doctora en Derecho Procesal Civil por la Universidad Escuela Libre de Derecho de Costa Rica y cuenta con un Post Doctorado en Retos de la Gobernanza Pública por la Universidad de Salamanca de España.
En el 2001 ingresó a la institución como meritoria en el Juzgado Segundo Civil y de Menor Cuantía, luego fue técnica judicial en el Juzgado Segundo de Familia, ambos de San José; sin dejar de estudiar la carrera de Derecho.
“Trabajé en muchos puestos. Fui conserje, notificadora, manifestadora, técnica judicial. Me gradué e hice los exámenes de juez. El primer nombramiento como jueza fue en el Juzgado de Pensiones Alimentarias del II Circuito Judicial de San José y ahí comenzó mi carrera en la Judicatura en el año 2004”, narró Shirley Víquez.
Asumió funciones en todas las categorías como jueza de familia y penal juvenil, en muchos juzgados de todo el país, fue nombrada en propiedad la primera vez en el juzgado de familia en Nicoya. La carrera judicial la llevó a trabajar en propiedad en los juzgados de familia de Pérez Zeledón y Primero de San José. En el 2018 concursó para el puesto titular en el Tribunal de Familia que actualmente ostenta.
La unión familiar y el respeto
“Soy una persona muy responsable con mi trabajo, con un gran respeto hacia todos mis compañeros y compañeras y con todas las personas que se relacionan conmigo en la institución y fuera de ella. Trabajo siempre con ética judicial y con imparcialidad, es lo más importante para un juez o jueza”, comentó.
La unión familiar y el respeto a los miembros de la familia han sido principios que dirigen su vida. Viene de una familia muy unida en el Barrio Los Ángeles en el centro de San José, siendo la mayor de cuatro hermanas y hermano.
“Puedo decirle que mi familia es lo más importante que puedo tener en la vida.” manifestó la jueza Shirley Víquez.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 22 Marzo 2022 16:48
- Juez Fernando Ramírez, galardonado con el premio “Fernando Coto Albán, Al buen juez”.
Fernando Ramírez Serrano a sus 23 años de edad ingresó al Poder Judicial en mayo 2011, un anhelo que tenía desde que estudiaba derecho en la Universidad de Costa Rica.
Su aspiración era ingresar a la judicatura, propiamente en el área penal. “Hice los trámites para ingresar a la carrera judicial, me convocaron a realizar la prueba de conocimientos, obtuve una buena nota, solicité la certificación de mi nota del examen a Carrera Judicial para presentarlo a Presidencia de la Corte, y quince días después me estaban llamando para ejecutar mi primer nombramiento, que por cierto fue en el Juzgado Penal de Turno Extraordinario del Segundo Circuito Judicial de San José”.
Posteriormente realizó nombramientos interinos, por períodos cortos, en varios juzgados penales del país, entre ellos: Siquirres, Turrialba, Sarapiquí, Upala y Heredia. Luego, por nueve meses, estuvo en el Juzgado Penal de Puntarenas, después fue nombrado por un año en el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica.
Un 3 de junio del 2013, precisamente el día de su cumpleaños le designaron la propiedad como juez 3 penal en Golfito, donde se desempeñó por cinco años.
Posteriormente, estuvo en el Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones (CJIC), ejerciendo el cargo de juez de escucha, y unos meses después asumió la dirección de dicho centro, “habiendo aportado todo lo que pude para mejorar la productividad y condiciones en el CJIC. Luego de dos años, decidí retomar el ejercicio de la judicatura, siendo nombrado en el Juzgado Penal de Pavas, durante siete meses me desempeñé como juez penal, para finalmente concursar a un lugar más cercano al de mi residencia, siendo que, desde julio de 2021, ejerzo el digno cargo de juez en el Juzgado Penal de Heredia”.
“Ejercer la judicatura en materia penal trae aparejado la vivencia de varias anécdotas, muchas buenas y otras no tan agradables, desde tener que trasladarme en lancha para llegar a las comunidades a realizar levantamientos de cadáveres o desarrollar audiencias, y de ese modo, permitir un adecuado acceso a la justicia, hasta viajar en avioneta desde Golfito hasta Alajuela, para poder realizar escuchas en vivo en el CJIC, porque la investigación así lo ameritaba, lo que hace que el ejercicio de esta labor esté llena de adrenalina. También, tuve la posibilidad de realizar varias audiencias en diversas comunidades indígenas, para poder acercar nuestra institución a las personas usuarias, sin que sean ellas quienes deban trasladarse por horas, muchas veces a pie, para llegar a una diligencia en los Tribunales de Justicia, esto ha permitido conocer de primera mano las dificultades que tienen”, comentó Fernando Ramírez.
El juez dijo ser una persona muy comprometida con lo que hace, que le encanta el orden, y siempre que esté a su alcance, le gusta colaborarle a los demás. A su vez, es fanático de mejorar los procesos en los despachos para que estos sean cada vez más eficientes.
Sobre el premio afirmó que “es un gran honor esta distinción que realiza el Poder Judicial, que viene a significar la ratificación de mi compromiso de seguir ejecutando mi labor con esmero, dedicación, pero, sobre todo, con los más altos valores éticos y morales. Definitivamente, el otorgamiento de este galardón no me lo esperaba, uno trabaja, y trata de dar lo mejor de sí, sin esperar nada a cambio, mucho menos un reconocimiento de este calibre. Esto no hace más que confirmar que las cosas se están haciendo de la manera correcta y que se va por buen camino”.
“A mí me honra ser compañero de este premio con juezas y jueces del más alto nivel como la Dra. Sandra Zúñiga, el Dr. Manuel Rojas, la Dra. Rosaura García, la Dra. Jenny Quirós, la Dra. Isabel Porras, la Dra. Teresita Rodríguez, entre otros”, indicó el homenajeado.
Nació en Limón, cursó la primaria y la secundaria en dicha provincia y se trasladó a San José para iniciar con sus estudios universitarios, “desde que estaba estudiando derecho, siempre estuve orientado a la rama del derecho penal, y mi vocación era la judicatura. Cuando visitaba la madre de una compañera de la universidad que se desempeñaba como jueza, yo le decía a mi amiga, que cuando terminara los estudios superiores, yo me convertiría en juez”.
Actualmente vive con su esposa e hija en Heredia, y aseguró que disfruta mucho el tiempo al lado de su familia. “En el tiempo libre, vemos películas; conversamos sobre diversos temas; jugamos con los perros. Cuando tenemos la oportunidad, los fines de semana, aprovechamos para visitar las hermosas playas del Caribe Sur, o bien, acudimos a relajarnos en las montañas de Monteverde”.
“El ser juez conlleva una vocación de servicio, y, por consiguiente, debemos atender a las personas usuarias de la mejor manera, pues son nuestra razón de ser, a pesar de la crisis institucional que se vive en la actualidad, y del ataque frontal que ha estado sufriendo en los últimos años el Poder Judicial, en donde se ha cuestionado la integridad e independencia de este Poder la República, debemos recordar que es precisamente la institución, la que da la cara a la ciudadanía, y por consiguiente, nuestras acciones son las que recuerdan las personas usuarias. Por ello, debemos de estar comprometidos en brindar un servicio de calidad, con probidad, integridad, y sobre todo con humanismo”, finalizó Fernando Ramírez.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 22 Marzo 2022 16:45
- Jose Luis Soto Richmond, premio “Luis Paulino Mora Mora, Al Buen Profesional”
El premio “Luis Paulino Mora Mora, Al Buen Profesional” está destinado a la persona profesional que, por su quehacer, hubiese influido o influya en el ámbito jurídico nacional… en este 2022 se le otorgó a José Luis Soto Richmond, quien se ha caracterizado por su integridad, espíritu de servicio y colaboración.
Soto Richmond ingresó a laborar en el Poder Judicial en enero de 1993, durante estos 29 años de servicio se ha desempañado en diferentes puestos asistenciales, técnicos, profesionales y jefaturas administrativas. Ha laborado en el Departamento de Proveeduría, la Administración de la Defensa Pública, el Departamento de Servicios Generales y actualmente es el Administrador Regional del Segundo Circuito Judicial de San José.
“En mis inicios me correspondió laborar con compañeros y compañeras que también lo habían sido de mi padre, quien fue ex funcionario, judicial fallecido y que los había conocido en mi período de niñez, lo que trajo consigo recuerdos y sentimientos importantes”, comentó José Luis Soto.
Vive en la Guácima de Alajuela, tiene 17 años de estar casado con una funcionaria judicial, quien labora como jueza y tienen cuatro perros: Audrey, Ema, Teo y Sara. En su tiempo libre le gusta ir al cine, viajar y conocer nuevas culturas y costumbres.
Cursó su nivel universitario en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Alcalá de Henares, en Madrid, España; cuenta con dos licenciaturas y dos maestrías en finanzas, contaduría pública, administración de empresas, en liderazgo y dirección pública.
Sobre el galardón señaló que es una motivación y que lo impulsa a seguir comprometido con su labor del día a día, “comparto el reconocimiento con todos los compañeros y compañeras que he tenido durante 29 años en la institución y de los que he aprendido cada día para mi crecimiento personal y profesional”.
“Nos levantamos todos los días teniendo como norte generar valor público y todo es una cuestión de actitud, recordar lo afortunados que somos por el trabajo que realizamos y por pertenecer a una Institución tan importante y sobre todo servir nos hace mejores personas”, aseguró el ganador del reconocimiento Al Buen Profesional.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 22 Marzo 2022 15:40
- La exposición estará disponible a todo público del 21 de marzo al 29 de abril
- Las obras retratan los sueños, la noche, la música, el agua, la maternidad y el encanto
En el marco de la Apertura del Año Judicial 2022, el Presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro inauguró la exposición de esculturas denominada: “Veredas del Ensueño”, del escultor costarricense Aquiles Jiménez Arias.
Esta exhibición engalana el vestíbulo del Edificio de la Corte Suprema de Justicia, del 21 de marzo al 29 de abril, con esculturas que retratan los sueños, la noche, la música, el agua, el amanecer, la maternidad y el encanto.
Según indicó Cruz Castro, el arte es la manifestación de la libertad que llama a la reflexión y al vuelo de la fantasía. Estas esculturas influyen en diferentes etapas y estilos, como una forma de expresar ideas y sentimientos que el artista logra representar de una excelente forma.
“Así es el artista, es creador y comparte su obra, nos la regala porque el arte es de valor inestimable, vale porque a pesar de su precio transitorio es una obra que adquiere autonomía, es la que le da el aire y existencia de don Aquiles. Su obra no solo se expresa en mármol, basalto, metal y en piezas volcánicas, también, lo hace en prosa y poesía, pues considera que hay un vínculo importante entre la poesía y la escultura”, señaló el Presidente de la Corte.
El escultor Aquiles Jiménez Arias, resalta que su pasión por el arte se debe a que en su infancia tuvo “la suerte de vivir en una casa a la orilla de un río y al frente de un bosque enorme poblado de piedras volcánicas, fue en ese bosque y ese río donde yo viví, imaginé y soñé”.
Jiménez Arias ha obtenido premios en Italia, Perú, Brasil y Costa Rica y ha participado en exposiciones y simposios en diferentes partes del mundo. Sus obras se encuentran en colecciones privadas y en sitios públicos en diferentes países.
La exposición de esculturas estará disponible para todo el público que desee apreciar esta obra de arte.
La actividad contó con la participación de magistrados, magistradas, integrantes del Consejo Superior, personal judicial, así como de Gina Marín Rojas, Asesora Nacional de Arte del Ministerio de Educación Pública.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 22 Marzo 2022 07:02
- Para este año se entregarán los premios “Fernando Coto Albán”, “Ulises Odio Santos”, “Luis Paulino Mora Mora”, “Miguel Blanco Quirós” y “Justicia con rostro de mujer”
Los Magistrados y Magistradas de la Corte Plena, harán entrega este año 2022 de los reconocimientos “Fernando Coto Albán”, “Ulises Odio Santos”, “Luis Paulino Mora Mora”, “Miguel Blanco Quirós” y “Justicia con rostro de mujer”, galardones que premian la transparencia, trayectoria, dedicación y aporte de los y las funcionarias que con su trabajo engrandecen a la institución.
Para este año y con motivo de la celebración de la Sesión Solemne de Inauguración de Año Judicial, a efectuarse el próximo viernes 25 de marzo, se reconocerá el trabajo de las personas ganadoras, que, con su esfuerzo, ayudan a brindar un servicio de justicia de calidad.
El reconocimiento “Fernando Coto Albán, distingue al buen administrador o ex administrador de justicia que se haya destacado por su mística, honradez, transparencia y dedicación al trabajo y que sus cualidades y logros profesionales hayan contribuido a enaltecer la labor del Juez o Jueza en la sociedad costarricense. Esta distinción se le entregará a Fernando Ramírez Serrano, Juez del Juzgado Penal de Heredia.
Por su parte, la distinción al premio “Ulises Odio Santos”, se otorgará al autor o autora que hubiese publicado un trabajo, artículo o escrito en general de utilidad y trascendencia para el Poder Judicial. Dentro de los aspectos que se evalúan en las obras son: su novedad, actualidad, el valor científico de la contribución, su relevancia teórica o práctica, fundamentación doctrinal y jurisprudencial y el aporte que represente para la vida jurídica nacional. Este reconocimiento lo recibirá Shirley Vanessa Víquez Vargas, Jueza en el Tribunal de Familia, autora del libro “Reforma Procesal Familiar Práctica”, en coautoría con el señor Carlos Adolfo Picado Vargas.
El premio “Luis Paulino Mora Mora”, se reconoce al buen profesional y es destinado a las personas profesionales que, en su quehacer, hayan incidido positivamente en el acceso a la justicia. En esta ocasión, el ganador del reconocimiento es José Luis Soto Richmond, Administrador Regional del Segundo Circuito Judicial de San José.
Para este año, el premio “Miguel Blanco Quirós”, recae en la servidora judicial Tatiana López Morales, Técnica Especializada 6 de la Unidad Canina. Este premio está destinado al empleado (a), o ex-empleado (a), que en el desempeño de sus labores se haya destacado por su honradez, mística, transparencia, excelencia y dedicación al trabajo y que con su actitud hubiese enaltecido al Poder Judicial.
En la sesión de Año Judicial, se entregará por primera vez el reconocimiento denominado “La justicia con rostro de mujer” y se reconocerá a Ana Luisa Meseguer Monge, Jueza Coordinadora del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito Judicial de San José. Esta distinción está dirigida para mujeres empleadas o exempleadas judiciales, administradoras de justicia o no, que en el desempeño de sus labores se hayan destacado por su honradez, mística, transparencia, excelencia y dedicación al trabajo; quienes con sus acciones, ejemplo y actitud hayan resaltado el aporte de las mujeres en las funciones encomendadas al Poder Judicial e influido o influyan en la erradicación de la violencia y de cualquier otra forma de discriminación en detrimento de los derechos humanos de las mujeres.
Los premios serán entregados en la Sesión Solemne de Año Judicial el próximo viernes 25 de marzo.
- Detalles
-
Publicado: Lunes, 21 Marzo 2022 14:51
En el marco del taller denominado “La Especialización de la Jurisdicción Frente al Crimen Organizado”, que organizó el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (EL PAcCTO) de la Unión Europea UE, se realizaron dos exposiciones por parte del Poder Judicial de Costa Rica.
La primera la realizó la Magistrada Presidenta de la Sala de Casación Penal y Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Patricia Solano Castro, quien expuso sobre la puesta en marcha del sistema e indicó que “este proceso de mejora y modernización de la Administración de Justicia, constituido por reformas normativas, con proyectos de cooperación internacional para la especialización y la capacitación del personal judicial, así como con la implementación de medidas asertivas y creación de órganos para la vigilancia de la ética en la función pública, se ha visto acompañado de importantes momentos de reflexión sobre la trascendencia de atender con urgencia la problemática del crimen organizado”.
“Tras superar grandes obstáculos, principalmente de tipo presupuestario, avanzamos realmente hacia la creación de la Jurisdicción Especializada contra la Delincuencia Organizada en Costa Rica. Esto no solo constituye el esfuerzo institucional por atacar las formas más complejas de la criminalidad, sino el inicio de las labores que nos han sido asignadas constitucionalmente. Los retos y compromisos que ahora asumimos se relacionan con el talento humano, la sensibilización y especialización en la materia, para realizar con ética, transparencia, integridad y sobre todo con eficacia, la gran labor que tenemos delante”, aseguró la Magistrada Patricia Solano.
Por su parte, la Oficial de Cumplimiento del Poder Judicial, Kennia Alvarado Villalobos expuso sobre las “Cualidades y requisitos para ser juez en el ámbito de las Cortes y Unidades Especializadas”.
“Garantizar la idoneidad comprobada -principio de rango constitucional- de las personas que se desempeñen en la jurisdicción especializada de crimen organizado, forma parte de los esfuerzos que las autoridades del Poder Judicial de Costa Rica vienen realizando para asegurar que los servidores y servidoras judiciales reúnan las condiciones y características que los faculten para desempeñarse en forma eficiente”, señaló Kennia Alvarado.
La Oficial de Cumplimiento agregó que “la comprobación de la idoneidad comprende tanto la capacitación o formación especializada como la idoneidad desde el punto de vista ético y moral. Estas dos aristas resultan un factor importante a considerar para el aseguramiento del servicio de Administración de Justicia”.
Dicho taller reunió representantes de países como España, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Francia, Panamá, Paraguay y Perú, con la participación de representantes de Cumbre Judicial Iberoamericana y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), para intercambiar experiencias y actualizar en el tema de la acción judicial contra el crimen organizado.
La actividad contó con la colaboración de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Poder Judicial (OCRI).
- Detalles
-
Publicado: Viernes, 18 Marzo 2022 14:38
- Aplicación se consulta desde la página web del Poder Judicial.
Mediante un taller virtual de capacitación, el Poder Judicial promueve que personal de la Procuraduría General de la República conozcan el manejo de la herramienta tecnológica Observatorio Judicial, que ofrece una gran variedad de datos públicos.
El Observatorio Judicial es de consulta pública y los datos que ofrece se encuentran en formato abierto, lo que los hace accesibles, de uso libre sin restricción y de forma gratuita.
“La aplicación digital sirve para monitorear el quehacer institucional, a través de información estadística sistematizada de manera novedosa. Esta herramienta sirve a nivel interno para promover la responsabilidad judicial y tomar decisiones en cuanto a la distribución de los recursos. A lo externo, tenemos la responsabilidad de presentar información para que la sociedad monitoree lo que se hace desde las distintas áreas del Poder Judicial y a partir de ahí, con datos objetivos, tomar decisiones para un mejor rendimiento” destacó Laura Soley Gutiérrez, asesora de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
La explicación sobre el uso de la aplicación tecnológica estuvo a cargo de Graciela Lugo Solano y Johana Castillo Rojas, de la Dirección de Planificación del Poder Judicial.
Se destacó que en el Observatorio Judicial se puede consultar información estadística, presupuestaria, demográfica, indicadores judiciales sobre casos ingresados y terminados, duración en la tramitación, cantidad de personas asignadas en cada despacho, duración de procesos, antigüedad de expedientes activos, motivos de terminación, promedio de asuntos resueltos por medida alterna y otros indicadores relevantes.
La herramienta digital Observatorio Judicial es una iniciativa de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, para permitir un acceso directo y comprensible a la ciudadanía, de la información sobre el funcionamiento y organización de los distintos despachos judiciales en sus distintos ámbitos judicial, administrativo y auxiliar de justicia, con altos estándares de transparencia y rendición de cuentas.
Además, el proyecto se vincula con el convenio marco para promover el Estado Abierto de la República de Costa Rica, que promueve valores de transparencia, acceso a la información pública, la ética en la función pública y la lucha contra la corrupción.
- Detalles
-
Publicado: Jueves, 17 Marzo 2022 11:22
- Autoridades judiciales realizan visita informativa al pueblo indígena de Matambú
El Proyecto Política de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas que desarrolla el Poder Judicial, continúa con sus giras informativas en los diversos territorios indígenas.
La más reciente de las visitas se realizó al Territorio de Matambú, que alberga al pueblo indígena chorotega, ubicado en Hojancha, Guanacaste.
El Proyecto se encuentra en la etapa de Diagnóstico con el objetivo de brindar información in situ a los diferentes pueblos indígenas del país, para darles a conocer el proyecto y extenderles una invitación a participar activamente en su construcción. 
Durante la gira al territorio indígena de Matambú, se sostuvo reuniones con la Asociación de Desarrollo Indígena y el Grupo de Cultura, a quienes se les brindó información sobre el Proyecto, dirigida a mejorar el servicio de administración de justicia que se brinda a la población indígena.
De parte del Poder Judicial participaron la magistrada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas Vásquez, coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas y Directora del Proyecto. Además asistió el magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector del Programa de Justicia Restaurativa, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, así como la máster Melissa Benavides Víquez, coordinadora del Proyecto.
La magistrada Damaris Vargas Vásquez destacó: “Este es un proyecto estratégico alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Se desarrolla con la cooperación internacional de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas por medio de la asesoría experta, con el fin de cumplir con la normativa internacional que regula los derechos de la población indígena, la jurisprudencia de la Corte IDH y los más altos estándares internacionales de derechos humanos de esa población. Por ello, se ejecuta en co-construcción con los 8 pueblos ubicados en los 24 territorios indígenas del país. Tanto la etapa de Diagnóstico como la de implementación del Mecanismo de Consulta Indígena pretenden fortalecer la confianza intercultural y construir sobre la base de la cosmovisión de esa población. La participación del Magistrado Gerardo Rubén Alfaro dio un gran valor agregado a la actividad. Sus aportes fueron significativos para dar a conocer los servicios que ofrece el Poder Judicial desde la Rectoría de Justicia Restaurativa y la Jurisdicción Penal.”
De acuerdo con Melissa Benavides Víquez, coordinadora del Proyecto, “esta primera etapa es informativa. El equipo de trabajo se traslada a los territorios indígenas del país, visitando las comunidades indígenas, escuchándoles y extendiéndoles la invitación para que sean parte de este importante proyecto de interés mutuo. Buscamos generar confianza con los pueblos, manifestar nuestra buena fe, con miras al mecanismo de consulta que se pretende aplicar. Queremos que las personas se sientan cómodas, invitadas, con confianza y entusiasmadas a participar, conocerles y que nos conozcan en la segunda etapa”, explicó Melissa Benavides Víquez, coordinadora del Proyecto.
El trabajo para la creación de la Política Institucional de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas se trabaja bajo la metodología de administración de proyectos y de creación de políticas institucionales aprobadas por Corte Plena.
Su plan de acción establece un cronograma de trabajo, que demanda una serie de requisitos y planeamiento. En esta primera etapa de giras informativas en los territorios indígenas de todo el país, las visitas se coordinan conforme a las posibilidades de las comunidades, el acceso a los puntos de reunión y las condiciones climáticas.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 16 Marzo 2022 17:51
- Se trataron temas de cooperación, formación y capacitación, entre otros.
Autoridades judiciales costarricenses se reunieron con Antonio Roma, Coordinador Componente Judicial del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado Europa - Latinoamérica (PAcCTO), para fortalecer la cooperación para la puesta en marcha de la jurisdicción especializada en crimen organizado en Costa Rica, así como para fomentar espacios para el intercambio de formación y capacitación que integran en dicha materia.
En una primera reunión que se realizó sobre materia ambiental, estuvieron presentes la Magistrada Damaris Vargas Vásquez, coordinadora de la Comisión Institucional Ambiental; Rebeca Guardia Morales, Directora a.i., de la Escuela Judicial; Flor Arroyo Morera, gestora de capacitación de la Escuela Judicial; Karen Leiva Chavarría, Jefa de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Poder Judicial (OCRI) y Yonathan Alfaro Agüero, Coordinador de Cooperación de la OCRI.
La Magistrada Damaris Vargas indicó que el Poder Judicial está desarrollando un proyecto sobre política ambiental que tiene dos componentes, uno que tiene que ver con la gestión ambiental que se realiza a través del Plan de Gestión Institucional y el otro componente es el fortalecimiento de la judicatura; que requiere el apoyo de internacional para la construcción de una jurisdicción ambiental especializada.
“Lo que queremos es fortalecer las competencias de las personas servidoras judiciales de todos los ámbitos en el área ambiental para que las respuestas que se den en los procesos que se nos presentan sean de una muy alta calidad” señaló la Magistrada Damaris Vargas.
En una segunda junta con el representante de PAcCTO, se refirieron a la cooperación que se ha venido diseñando para la especialización del personal judicial en crimen organizado, así como formación y capacitación en esta materia que se pueda continuar desarrollando.
Este tema lo trataron con la Magistrada Sandra Eugenia Zúñiga Morales, coordinadora de la Subcomisión de Crimen Organizado, así como con las y los representantes de la Escuela Judicial, Unidad de Capacitación, Ministerio Público, Unidad de Capacitación del OIJ, Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público (OATRI), la Oficina de Enlace de Relaciones Internacionales del Organismo de Investigación Judicial (ODERI) y la OCRI.
La Magistrada Sandra Zúñiga aseguró que un factor importante en el proceso fue el poder expresar cuáles son esas urgencias institucionales en la especialización y continuar en un diálogo sobre las alternativas y posibilidades que existen en cooperación y llegar a acuerdos concretos para trabajar en los próximos meses.
“Agradecemos el acercamiento de PAcCTO para tendernos la mano y ayudarnos a desarrollar y tratar puntos importantes que son de alta prioridad en nuestro ordenamiento jurídico y que representan además fenómenos criminales que afectan no solamente a Costa Rica, sino al área Centroamericana y al mundo entero” agregó la Magistrada Zúñiga.
Adicionalmente, Antonio Roma se reunió con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro; la Magistrada Sandra Zúñiga, Roger Mata Brenes, director Despacho de la Presidencia y las personas representantes de la OCRI.
El Magistrado Fernando Cruz resaltó que “esta cooperación que se recibe sobre el crimen organizado tiene una dimensión trasnacional y se necesita porque la perspectiva que tenemos a nivel nacional tiene muchas limitaciones, es una labor que de manera conjunta con socios para el desarrollo se deben continuar realizando, dado que la cooperación internacional es fundamental en tiempos de limitaciones presupuestarias”.
Por su parte, Antonio Roma puntualizó que “es muy saludable que el Poder Judicial de Costa Rica haya generado una jurisdicción especializada en crimen organizado y para nosotros es un gusto trabajar con el Poder Judicial y la Escuela Judicial, lo estamos haciendo desde una perspectiva regional. Hemos encontrado nuevas formas de cooperación hacia el futuro, el programa está en su fase final, lo cual no impide que se puedan actuar en determinados puntos, primero extendiendo el marco de cursos de formación, segundo trabajando en la mejora de la normativa en legitimación de capitales y tercero nuevos hallazgos en materia de medio ambiente y hemos encontrado una forma de cooperación para que puedan alcanzar un resultado adecuado”.
PAcCTO (Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado Europa - Latinoamérica) es un programa de cooperación internacional financiado por la Unión Europea que busca contribuir a la seguridad y la justicia en América Latina a través del apoyo a la lucha contra el crimen transnacional organizado, que trabaja de manera conjunta con la OCRI para identificar acciones y proyectos de interés institucional.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 08 Marzo 2022 16:21
- Se realizó el foro “En la búsqueda de la igualdad de género: el aporte de las juezas”.
Con un acto protocolario, uno cultural y un panel, la Comisión de Género y la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial conmemoraron el “Día Internacional de la Mujer”.
En la actividad se reflexionó acerca de los avances logrados en el cierre de las brechas de género, los retos pendientes y el reconocimiento a la valentía y determinación de las mujeres perseverantes que han jugado un papel clave en la historia.
Hace más de 20, el Poder Judicial de Costa Rica, inició los procesos de cambio dirigidos a las mujeres usuarias y funcionarias, con el propósito de que el acceso a la justicia permita a las mujeres, sin discriminación alguna, que les sean garantizados los servicios judiciales, considerando en ellos su ubicación dentro de la sociedad, para ofrecer así una justicia pronta y cumplida.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro indicó “con la entrada en vigor de la Ley de Carrera Judicial en 1993, se estableció un mecanismo que, sin lugar a dudas, representa un cambio radical en el sistema de reclutamiento, selección, nombramiento y ascenso de juezas y jueces, superando el subjetivismo y la arbitrariedad del anterior sistema, que en la práctica no lo era. La ley de Carrera judicial fue un paso más hacia un sistema de reclutamiento más objetivo, más igualitario, sin alcanzar, por supuesto la perfección”.
Por su parte, la Magistrada y coordinadora de la Comisión de Género, Roxana Chacón Artavia aseguró “las luchas por las reivindicaciones de los derechos de las mujeres y el trabajo constante por sostenerlas continúan. Este esfuerzo requiere cada vez de mayores compromisos pues, sin duda, el impacto que en los últimos dos años ha provocado la crisis derivada de la pandemia hace peligrar -según lo señala Naciones Unidas- los escasos logros de los últimos decenios”.
El foro “En la búsqueda de la igualdad de género: el aporte de las juezas”, fue moderado por Jeannette Arias Meza, jefa de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia, y las panelistas fueron Rosaura Chinchilla Calderón, jueza del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José; Shirley González Quirós, jueza de Violencia Doméstica en Alajuela y Magda Díaz Bolaños, presidenta de la Asociación Costarricense de Juezas.
"La incorporación de la perspectiva de género en las sentencias es indispensable para el acceso a la justicia de las mujeres y poblaciones en condición de vulnerabilidad. Como metodología, permite: Operativizar los instrumentos de derechos humanos de las mujeres, de manera que quienes realizan la labor de impartir justicia, traduzcan la normativa internacional en realidades para las personas, superando el mero formalismo; aplicar el principio de igualdad y no discriminación; identificar y erradicar estereotipos, roles y perjuicios sexistas y discriminatorios; identificar las discriminaciones directas o expresas y las discriminaciones por efecto o resultado; conocer que las desigualdades, asimetrías de poder, violencia y discriminaciones, se pueden encontrar en los casos sometidos a la jurisdicción, en cualquier etapa del proceso, y en cualquier materia y facilita un análisis orientado a detectar estas situaciones y ofrece un método para encontrar la solución al conflicto, apegada al derecho.", puntualizó Jeannette Arias.
El acto cultural estuvo a cargo de cuatro profesoras que conforman el Cuarteto de Cuerdas Docentes de la escuela del Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM) Parque La Libertad: las violinistas Sandra Ramírez Ayala y Maribelle Rivera Valverde; la violista Ericka Arias León y la violonchelista Isolina Muñoz Solano.
- Detalles
-
Publicado: Lunes, 07 Marzo 2022 14:11
- Se mejoraron las condiciones de trabajo del personal judicial, a la vez que se cumplen lineamientos institucionales para brindar una atención de calidad a las personas usuarias.
La Ciudad Judicial está ubicada en San Joaquín de Flores en Heredia y desde que abrió sus puertas cumple con brindar una buena atención a las personas usuarias.
A inicios de la década de 1990, el Poder Judicial adquirió la Finca La Soledad en San Joaquín de Flores, considerando la posibilidad de trasladar algunas dependencias que por su ubicación ocasionaban serios problemas de salubridad, como lo era la presencia de una Morgue Judicial y Laboratorios de Ciencias Forenses en el edificio central del Organismo de Investigación Judicial en el Primer Circuito Judicial de San José.
Se construyeron instalaciones adecuadas a las exigencias sanitarias de aquel momento, por lo que el 26 de abril de 1997, se reubicó la Morgue Judicial, los laboratorios de Ciencias Forenses y las secciones de Medicina Legal, en condiciones distintas a las que mantenían en el centro de San José.
Se reubicaron otras dependencias para propiciar nuevas y mejores estrategias en la atención al público, aunado a un ahorro en el pago de alquileres, pues para ello se contaba con la propiedad de 36 hectáreas.
De esta forma se trasladó la Imprenta (hoy Departamento de Artes Gráficas), el Archivo Judicial, el Depósito de Vehículos Decomisados y se creó un espacio ideal para la atención y cuido de los canes de la Unidad Canina. Se construyeron instalaciones para la Escuela Judicial con espacios modernos para la capacitación, en un ambiente rodeado de naturaleza, con áreas de recreación, lo que propició una mayor concentración y por ende un mejor aprendizaje de las personas estudiantes.
Adicionalmente, en la actualidad la Ciudad Judicial cuenta con secciones como Documentos Dudosos, Biología Forense, Ingeniería Forense, Química Analítica, Toxicología, entre otras.
Cabe destacar, que en una iniciativa para darle el nombre a las instalaciones y que representara a las oficinas que alberga, se realizó en el año 2006 un concurso en la intranet, el cual ganó José Rubén Dimas Portillo, jefe del Departamento de Artes Gráficas, y de ahí nace el nombre que hoy se le denomina de “Ciudad Judicial de San Joaquín de Flores”.
“De inmediato vi la oportunidad de proponer un nombre que fuese representativo e inclusivo para todas las oficinas que se encontraban aquí, dadas las características propias que se tenían, como calles con aceras, tránsito frecuente de vehículos, señales de alto y de ceda, señales de velocidad máxima, bulevares, zonas verdes, edificios independientes, entrada con agujas, parqueos y planes para crear nuevas edificaciones; no fue difícil llegar a la conclusión de que éramos una pequeña ciudad, de ahí que me pareció que un nombre adecuado por todas las características antes citadas”, comentó José Rubén Dimas.
Siguiendo la política institucional de mejora en atención a las personas usuarias, se habilitó un área especial para la toma de muestras, principalmente para estudios de ADN (ácido desoxirribonucleico). Lo que ha permitido incluso la obtención de premios y acreditaciones a nivel internacional.
Según señaló Ronald Vargas Bolaños, Administrador Regional de la Cuidad Judicial, “la presencia de una propiedad de tales dimensiones ha favorecido la introducción de nuevas y mejoras formas de trabajo, habilitando espacios que mejoran radicalmente las condiciones laborales de las personas funcionarias y se ha brindado la posibilidad de experimentar e implementar nuevas estrategias de trabajo y de atención a las personas usuarias todo ello en un espacio en total armonía con la naturaleza”.
“Aprovecho la ocasión para invitar a toda la población judicial, para que visite la Ciudad Judicial, así como la finca La Soledad, un espacio habilitado para realizar actividades de capacitación fomentado la conservación del ambiente y evidencien que hay formas distintas de ejecutar nuestras labores fomentando la inclusión dentro de espacios en armonía con la naturaleza, si bien, tenemos muchos proyectos por desarrollar, siempre se procura mantener como elemento indispensable, el conservar el paisaje y la mínima afectación al ambiente”, agregó Ronald Vargas.
- Detalles
-
Publicado: Lunes, 07 Marzo 2022 14:06
- Para conocer beneficios que se brindan a las personas usuarias y al personal judicial.
Antes de sesionar, las personas integrantes del Consejo de Administración del Primer y Tercer Circuito Judicial de San José realizaron un recorrido por la Torre Judicial, con la finalidad de conocer las bondades con las que cuenta la nueva construcción.
Según indicó Esteban Solano Alvarado, administrador regional del I y III Circuito, la idea de la visita de los miembros del consejo es que tuvieran una visión más amplia de los despachos que se encuentran en la nueva torre y brindar un mejor servicio tanto al personal judicial como a las personas usuarias.
“También que conozcan el tema de seguridad y accesibilidad integrado en el proceso del edificio, aspectos importantes para las personas usuarias externas e internas, también se visitó el área de salas de juicio, salas de reuniones, sala de lactancia, entre otros.
La visita también propicio el conocimiento integral del inmueble, aspecto fundamental para la tramitación de las distintas gestiones de los funcionarios o funcionarias que laboran en el inmueble, señaló Esteban Solano.
Por su parte, Aisen Herrera López, presidente del Consejo de la Administración resaltó que “con la visita se materializa lo que hemos estado viendo a través de diferentes proyectos que tiene que conocer el consejo, no es lo mismo verlo en el papel que verlo ya materializado y conocer que lo que estaba afuera en tres lugares distintos, puede estar en un solo edificio con los beneficios que eso genera para la persona usuaria y para las mismas personas servidoras judiciales”.
Aisen Herrera resaltó la seguridad del edificio, las condiciones que cumple para la Ley 7600 y que se trata de un espacio más armonioso tanto para el público como para los mismos servidores judiciales.
La nueva Torre Judicial se ubica al costado norte de la Corte Suprema de Justicia en San José y reúne a oficinas como Juzgado Laboral, Seguridad Social, Justicia Restaurativa, Concursal, Juzgados Civiles, Cobratorios, Unidad de la Defensa Laboral, salas de juicio, cafetería y áreas comunes.
- Detalles
-
Publicado: Jueves, 03 Marzo 2022 20:38
La Comisión de Transparencia y la Oficina de Cumplimiento del Poder Judicial presentaron el “Simulador de Conflictos de Interés”, herramienta tecnológica a disposición de la población judicial y de las personas interesadas en conocer de esta materia como forma de control ciudadano, la transparencia y aseguramiento de la independencia judicial.
Este importante proyecto es una iniciativa de la Oficina de Cumplimiento, con la respuesta de la Cooperación Internacional por medio de la Embajada de los Estados Unidos de América y el Centro Nacional de Cortes Estatales (NCSC por sus siglas en inglés), y el apoyo de una persona experta que junto a dicha oficina dieron la estructura y el contenido; sumándose la Dirección de Tecnología de la Información para la implementación de la misma.
Según indicó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro el lanzamiento de esta herramienta permitirá a las personas funcionarias judiciales, la posibilidad de realizar de manera anónima, sencilla y no vinculante, una serie de consultas a través de este simulador mediante las diferentes opciones, que dentro de él se plantean y así identificar, si alguno de los supuestos en los cuales se encuentra constituye o no una causal de conflicto de interés y así abordar la situación de manera preventiva mediante los protocolos y directrices que la institución ya ha aprobado.
“Asimismo, viene a fortalecer significativamente la independencia judicial, al brindarle a los operadores de justicia un simulador que contribuye a identificar los posibles problemas, que puedan surgir tanto con su accionar como el del personal en sus despachos y de esta manera evitar que existan afectaciones, que pongan en tela de duda el principio de imparcialidad que debe imperar en la función judicial”, agregó el Magistrado Fernando Cruz.
Por su parte, la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Presidenta de la Sala de Casación Penal y coordinadora de la Comisión de Transparencia indicó que “con la puesta en marcha de este instrumento, dejamos constancia que seguimos a la vanguardia a nivel regional e internacional, y un caso de éxito a nivel de administraciones de justicia”.
“El Simulador de Conflictos de Interés, es de los pocos, por no decir el único cuya robustes, permite a cualquier persona interesada, contar con un árbol de decisiones tan suficiente, que cubre todas las actividades de nuestro quehacer judicial y procura prevenir cualquier situación que pueda comprometer la probidad y la ética en el ejercicio de la función judicial, motivo por el cual resulta ineludible que todos los funcionarios activos de la institución se familiaricen con ella, logra su objetivo orientador, formativo y de consulta social. Hoy, todas y todos, seamos servidores judiciales o sociedad en general, contamos con una herramienta que permitirá la transparencia, la autoevaluación y la participación ciudadana para asegurar el valor de administración de justicia y la independencia judicial”, puntualizó la Magistrada Solano.
Kennia Alvarado Villalobos, Oficial de Cumplimiento aseguró que la puesta en producción de una herramienta como esta, representa un paso más en la institución en instaurar buenas prácticas para el fortalecimiento de la decisión del gobierno judicial de prevenir la corrupción pública, a través de la gestión del riesgo y el cumplimiento normativo.
“Se busca, entre otros, cumplir los siguientes objetivos: el fortalecimiento de la cultura de integridad a través del conocimiento, el auto aprendizaje y la auto evaluación de diversos supuestos de potenciales situaciones de conflictos de interés, robustecer el ejercicio ciudadano de control y vigilancia, como eje de la transparencia y rendición de cuentas, y ser, en materia de conflictos de intereses, un elemento de apoyo en la prevención de riesgos de corrupción y fraude organizacional interno, para el aseguramiento de la imparcialidad, la objetividad e independencia en el ejercicio de la función judicial, en garantía del valor del servicio de administración de justicia, al que la población judicial se debe, hacia la sociedad, la paz y el desarrollo social”, puntualizó Kennia Alvarado.
Adicionalmente, se realizó la exposición “El Combate de la corrupción pública a través de la gestión de los conflictos de interés: experiencia Uruguay”, por parte del Ricardo Gil Iribarte, ex presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública de Uruguay (JUTEP).
“En tiempos en que la corrupción golpea fuertemente a nuestras sociedades, es fundamental reconocer el derecho de los ciudadanos a reclamar respuestas tanto en el castigo a quienes traicionan la confianza pública como en la promoción de una escala de valores compartidos que sea la principal barrera preventiva. En particular, es razonable que los ciudadanos exijan que no exista confusión entre los intereses personales de un funcionario y sus obligaciones como servidor público”, aseguró Ricardo Gil.
Para poder acceder a este instrumento se puede hacer por medio de la página web del Poder Judicial o en el enlace: https://oficinacumplimiento.poder-judicial.go.cr/index.php/simulador
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 02 Marzo 2022 15:39
- Foro internacional se desarrolla en el marco de la transparencia y la rendición de cuentas “Año Judicial 2022” ante la ciudadanía.
Las tecnologías, su aplicación y desarrollo en la administración de justicia fue el tema que se desarrolló en el Foro Internacional “Tics en la Administración de Justicia: Retos y oportunidades post pandemia”.
La actividad académica se desarrolla en el marco de las actividades de transparencia y rendición de cuentas del “Año Judicial 2022” que realiza este mes el Poder Judicial ante la ciudadanía.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, afirmó que “…el uso de las herramientas tecnológicas seguras, es una ruta para fortalecer y modernizar al Poder Judicial. En este campo, enfrentamos una paradoja, en una época de limitaciones presupuestarias, es necesaria la inversión económica para la sostenibilidad de los sistemas informáticos como respuesta a la crisis y para el beneficio de las personas usuarias, porque se ha demostrado que es una herramienta útil y efectiva para el servicio público.”.
En la actividad, el Presidente de la Sala Primera y coordinador de la Comisión Gerencial de Tecnología del Poder Judicial, destacó que las tecnologías se constituyeron en una revolución en los Poderes Judiciales y Tribunales que deben adaptarse y adoptar su uso en las decisiones jurisdiccionales. “Las tecnologías tocan de forma esencial nuestra labor y al resolver no se deben olvidar los principios como la imparcialidad, igualdad y el trato equitativo a las dos partes que contienden. Sin duda la experiencia internacional es de gran importancia, para dar nosotros ese paso hacia la automatización en la tramitación judicial que impactará positivamente nuestra actividad, puntualizó el magistrado Rivas Loáiciga.
El experto Internacional del Centro Nacional de Tribunales Estatales (NCSC siglas inglés) Lorenzo-Mateo Bujosa Vadell, expuso sobre el “Impacto en el uso de la tecnología y desafíos globales para la Administración de Justicia”, y señaló la preocupación de la Unión Europea por la dimensión de la ética de la inteligencia artificial.
“Se destaca que la inteligencia artificial no es un fin en sí mismo, sino un medio que debe servir a las personas con el objetivo último de aumentar su bienestar, para ello, la fiabilidad debe estar garantizada, centrado en el ser humano. El marco normativo que se va construyendo tiene la finalidad de reforzar la confianza en el mundo digital, la dignidad humana, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de Derechos Humanos como los valores en los que se fundamenta la Unión Europea”, detalló Bujosa Vadell.
En la exposición “Algoritmización de la Justicia. ¿Hacia el “robot judicial?” la Catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia, Silvia Barona Vilar, destacó que “la digitalización y la tecnología han facilitado que todo fluya a una velocidad de vértigo inalcanzable y haya generado la existencia de dos mundos, el mundo presencial y el mundo virtual y hemos aprendido a vivir en ambos”.
El espacio permitió mostrar la herramienta digital Observatorio Judicial que tiene a disposición el Poder Judicial de Costa Rica al público en general. La explicación sobre su funcionamiento estuvo a cargo de la representante de la Dirección de Tecnología de la Información, Indira Calvo Gould.
La plataforma de información ofrece estadísticas de juzgados, tribunales y órganos auxiliares de justicia, datos presupuestarios, sobre servicios tecnológicos, entre otros, que facilita la toma de decisiones y conocimiento a las personas usuarias, que contribuye a la transparencia de la información judicial pública.
La actividad la promovió el Despacho de la Presidencia bajo la coordinación de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI), con el apoyo técnico la Dirección de Tecnología del Poder Judicial.
- Detalles
-
Publicado: Viernes, 25 Febrero 2022 15:53
- Curso de Control Interno ya está disponible en plataforma institucional Capacítate
- Oferta de matrícula de curso sobre SEVRI se anunciará oficialmente mediante comunicación interna
La población judicial podrá mejorar y actualizar sus conocimientos en materia de Control Interno y Valoración de Riesgos, con los nuevos cursos virtuales.
La oferta formativa es un proyecto que desarrolló la Oficina de Control Interno, en conjunto con el Subproceso de Gestión de la Capacitación de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial y con el apoyo técnico de la Contraloría General de la República.
La presentación oficial de los cursos virtuales Control Interno y SEVRI-PJ, se realizó este viernes 25 de febrero, mediante la plataforma de Microsoft Teams.
El magistrado Presidente de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas Loáiciga destacó que “…cuando tenemos la administración de bienes públicos, debemos tratar de lograr que se realice de una manera eficiente y eficaz. Y esta capacitación se vuelve oportuna, al entregarse a cada uno de nosotros para que encontremos el beneficio y el lado positivo en el mantener controles, que nos permitan ser más eficientes en esta doble administración de justicia, ya sea directamente desde la decisión judicial o desde el gerenciamiento de los bienes”.
Para el Jefe de la Oficina de Control Interno del Poder Judicial, Hugo Hernández Alfaro, los cursos que se ponen a disposición, permitirán a la población judicial inducir y ampliar sus conocimientos en la Normativa.
“En los cursos se introducen contenidos en aspectos normativos y prácticos, con un formato agradable y sencillo, abarcando temas como los alcances de la ley que regula la materia, los componentes orgánicos y funcionales y cada una de las normas que los integran, brindando una orientación oportuna para su debido entendimiento y aplicación dentro de los despachos y oficinas judiciales. Todos los aspectos que conforman la gestión de riesgos y la aplicación de su sistema de valoración son parte de los aspectos desarrollados en estos nuevos cursos, explicando detalladamente la metodología requerida para su aplicación”, explicó Hernández Alfaro.
Ambos cursos se desarrollan bajo la modalidad virtual y se construyeron con un enfoque andragógico y de la neuro didáctica, que introduce los escenarios de la preparación e iniciación del aprendizaje, la adquisición del conocimiento y habilidades desde la experiencia, la orquestación de redes y la integración funcional de todos los elementos adquiridos, así lo detalló Cheryl Bolaños Madrigal, Jefa del Subproceso de Gestión de la Capacitación, de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial.
Están organizados por módulos, con ejercicios prácticos y recursos que facilitan su aprendizaje como pantallas con recursos de apoyo, documentos de lectura, videos, imágenes, y dos tipos de evaluación, la formativa que se encuentra a lo largo de cada módulo y la sumativa, que involucra un cuestionario final cuya nota debe ser mayor o igual a 70, para la aprobación de cada curso y el otorgamiento del certificado respectivo.
El curso de Control Interno ya está disponible en la plataforma Capacítate y próximamente de forma oficial se comunicará a la población judicial la disponibilidad del curso SEVRI-PJ, en la oferta de matrícula.
“Para el Subproceso de Gestión de la Capacitación ha sido una gran experiencia en temas tan relevantes y críticos para el Poder Judicial, en conjunto con la Oficina de Control Interno que nos permitió contar con los insumos necesarios para el desarrollo de ambos cursos. Hago el reconocimiento al equipo del Subproceso de Gestión de la Capacitación que una vez más hace posible poner a disposición de la población judicial, recursos de aprendizaje innovadores y oportunos”, resaltó Bolaños Madrigal.
- Detalles
-
Publicado: Viernes, 18 Febrero 2022 10:03
- Gira se realizó el pasado 11 de febrero.
El pueblo indígena huetar, ubicado en el territorio de Zapatón de Puriscal, se informó sobre el proceso de co-construcción de la Política de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas y asumió el compromiso de participar en el proyecto que desarrolla el Poder Judicial.
Mediante una gira informativa sobre el proceso, las personas indígenas mostraron su interés en la invitación para emprender el trabajo de mejorar el servicio de Administración de Justicia.
El trabajo se realiza desde el liderazgo de la magistrada Damaris Vargas Vásquez, coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas del Poder Judicial y Directora del Proyecto; el magistrado Jorge Olaso Álvarez, Coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia; Angie Calderón, Jefa a.i. de la Unidad de Acceso a la Justicia y Melissa Benavides Víquez, coordinadora del Proyecto de Co-Construcción de la Política Institucional y el apoyo técnico de la Contraloría de Servicios, la Dirección de Planificación y demás oficinas que conforman la Subcomisión del Ministerio Público, Defensa Pública, Organismo de Investigación Judicial y sector Administrativo.
“Logramos el compromiso e interés de la población de sumarse al proceso de co-construcción de la Política de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas. Uno de los aspectos que rescato es la necesidad de que la población indígena conozca qué es el Poder Judicial, su forma organizativa, cuáles son los servicios que les podemos brindar, hasta donde pueden ellos tener acceso a las diferentes oficinas, cómo opera la judicatura, el Ministerio Público, la Defensa Pública, entre otros datos relevantes. Fue motivador para ellos saber que tienen derecho a personas defensoras públicas que les pueden atender directamente. Se coordinó con la Defensa Pública y se les suministró el dato de contacto de con quien coordinar y qué teléfonos y direcciones electrónicas. También nos acompañó el señor Jorge Barquero de la Dirección de Planificación quien expuso al pueblo indígena el Proyecto de Jurisdicción Indígena Especializada, el cual es esencial para garantizar no solo el acceso a la justicia Indígena sino además, resoluciones de calidad, prontas y oportunas”, detalló la magistrada Damaris Vargas.
El espacio permitió a la población indígena de Zapatón exponer algunas problemáticas en materia territorial, de transporte, salud, vías de comunicación y el trámite de procesos judiciales, en los cuales, la Contraloría de Servicios se comprometió a darles seguimiento y verificar la posibilidad de brindar apoyo para darles prioridad en los despachos correspondientes.
Melissa Benavidez Víquez, coordinadora del Proyecto de Creación de la Política Institucional para el Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, destacó que “…esta etapa nos permite recolectar insumos preliminares, realizar un mapeo de las organizaciones indígenas presentes en los territorios, elaborar una contabilidad de los obstáculos, para el efectivo acceso a la justicia y los requerimientos para participar en el proceso de co-creación. Además, identificamos las necesidades de interpretación, sus lineamientos gastronómicos y espirituales que es parte de su cosmovisión. Con estos elementos, tenemos claridad, que la siguiente etapa es aplicar la metodología para la realización del diagnóstico y qué se requiere en cada territorio”, afirmó.
Benavides Víquez indicó que la gira permitió informar a la población indígena de Zapatón sobre lo que es una política institucional, para qué les servirá y el impacto que va a tener en el Poder Judicial.
La gira permitió también informar en el territorio indígena de Zapatón sobre el proyecto de construcción de la jurisdicción indígena especializada, a cargo de un representante de la Dirección de Planificación.
- Detalles
-
Publicado: Viernes, 28 Enero 2022 15:27
- Inicia fase de formulación y publicación de las notas de los postulantes al cargo.
- En los próximos días se resolverán las apelaciones presentadas.
La Comisión de Nombramientos de la Corte Suprema de Justicia se encuentra en la etapa final de las entrevistas públicas de las personas que aspiran al cargo de Fiscal General de la República.
Este viernes 28 de enero concluyeron las entrevistas de 18 oferentes al puesto, solamente resta una entrevista para concluir esta fase, la cual se reprogramó para el jueves 3 de febrero 2022 a las 4:30 pm. la misma se transmitirá vía livestreaming y por el perfil de Facebook del Poder Judicial.
La Comisión resolvió el día de ayer el recurso de revocatoria presentado por el postulante, señor Francis Geovanny Porras León, el recurso de apelación planteado por esta persona debe resolverlo Corte Plena, la comisión carece de competencia para ello.
Posteriormente se entraría a la etapa de formulación y publicación de las notas obtenidas de cada una de las personas entrevistadas. Las notificaciones de los resultados de la nota de entrevista y la nota de elegibilidad, requieren que se otorgue el plazo legal a los postulantes para la presentación de las apelaciones si a bien lo tienen. Concluida esta etapa se trasladará a la Comisión de Nombramientos la nómina para su valoración y posteriormente se remitirá a Corte Plena para la elección de quien asumirá el cargo de Fiscal General de la República, por un período de cuatro años.
Cabe resaltar que para garantizar la publicidad de todas las entrevistas, se transmitieron vía livestreaming, desde el Facebook Poder Judicial CR.
El detalle de todo el proceso del concurso está disponible en la página web del Poder Judicial, así como lo correspondiente a los atestados de las personas postulantes y sus entrevistas. Se adjunta el enlace que contiene toda la información del concurso: https://ghreclutamientoyseleccion.poder-judicial.go.cr/index.php/concurso-de-fiscal-y-fiscala-de-la-republica
La Comisión de Nombramientos del Poder Judicial la integran magistrados y magistradas, con el apoyo técnico de la Dirección de Gestión Humana.
- Fernando Cruz Castro, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
- Patricia Solano Castro, Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia.
- Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Presidente de la Sala Primera.
- Jesús Ramírez Quirós, magistrado Sala de Casación Penal.
- Luis Fernando Salazar Alvarado, magistrado Sala Constitucional.
- Julia Varela Araya, magistrada Sala Segunda
- Detalles
-
Publicado: Jueves, 27 Enero 2022 10:39
- En cumplimiento a lo que establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
En cumplimiento de las normas legales del país aprobadas en los últimos dos años, el Poder Judicial ha cumplido con el pago de las obligaciones tributarias. Durante el año 2021, el aporte a la hacienda pública del Estado, en el pago del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) representó un total de ¢5.624.767.265,87 del monto devengado para ese periodo.
Los datos los aportó el Macroproceso de Financiero Contable del Poder Judicial, en coordinación con la Dirección de Tecnología de la información y Comunicaciones, a partir de una revisión de los pagos tramitados y registrados en la liquidación presupuestaria del Poder Judicial, correspondiente al año 2021.
De acuerdo con la Directora Ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins, “el Poder Judicial ha venido cumpliendo con el pago de las obligaciones fiscales que le impone la Ley, no obstante, asumir el pago del Impuesto al Valor Agregado, del cual con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se gozaba de una exención, ha causado un deterioro de la capacidad presupuestaria de la institución. Esto por cuanto no hemos recibido recursos adicionales para pagar este tributo, sino que con los mismos recursos hemos tenido que hacerle frente, lo que finalmente ha ocasionado una disminución en los bienes a adquirir y servicios a contratar para hacerle ya que se debe pagar su costo original más un 13% por concepto del IVA”.
Romero Jenkins destacó que entre el 2020 y el 2021, años en los que entró en vigencia la ley fiscal, el Poder Judicial asumió el pago de más de ₡11 mil millones por concepto del IVA y que con dicha cuantía, de manera indirecta, se ha disminuido el poder adquisitivo del Poder Judicial.
La entrada en vigencia de la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en el año 2019, incorporó una reforma a la Ley 6826, Ley de Impuesto General sobre las Ventas, de 8 de noviembre de 1982, en la cual se señalaba que la Corte Suprema de Justicia estaba exenta del pago del impuesto sobre las ventas.
La ley 9635 estableció el Impuesto al Valor Agregado en la venta de bienes y en la prestación de servicios, estableciendo la obligación de su pago, a la Corte Suprema de Justicia.
El transitorio XIV, estableció que las institucionales que se encontraban exonerados del impuesto sobre las ventas, mantendrían dicha condición durante el ejercicio presupuestario vigente y debían incorporar en los presupuestos para el ejercicio económico inmediato posterior, los montos para la cancelación del impuesto al valor agregado.
Con la aplicación de las tarifas señaladas por la Ley 9635, dicho monto ascendió a ¢5.645.165.224.27 durante el 2020 y para el 2021, la Corte Suprema de Justicia destinó para el pago del Impuesto al Valor agregado ¢5.624.767.265,87.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 26 Enero 2022 15:59
- Encuentro sirvió como espacio para escuchar las inquietudes y necesidades en materia de justicia de este sector de la población.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, se reunió este miércoles 26 de enero con líderes indígenas de la Asociación de Desarrollo de Bajo Chirripó, la Organización Ambientalista Bloque Verde y organizaciones feministas y otras representaciones.
El encuentro sirvió como espacio para que el alto jerarca del Poder Judicial escuchara las inquietudes de los representantes en materia de necesidades e inconformidades en temas de seguridad, disputa de terrenos y propiamente en el servicio de administración de justicia.
Para el magistrado Cruz Castro, es importante reconocer la independencia de los jueces y juezas, pero esto no quiere decir, que el presidente de la Corte no pueda hacer instancias para que se aceleren los procesos, exista mejor comunicación y que los casos no tarden tanto en resolverse.
El máximo jerarca de la Corte destacó que adicionalmente del abordaje judicial, este tema debe tener un abordaje político, ya que debe reconocerse una acción política de expropiación para reconocer las tierras que les pertenecen a las personas indígenas. Cruz Castro señala que esto debe ser un complemento para atender las graves agresiones que sufren las personas de estas poblaciones.
“No puedo desconocer que este es un tema muy serio y muy grave, ya que está de por medio, la libertad, la dignidad y la vida de muchas personas y esto no me excluye para hacer el máximo esfuerzo para dar un trato digno que ustedes merecen al igual que cualquier otro ciudadano y ciudadana”, manifestó Cruz Castro.
Don Fernando señaló adicionalmente que hará el máximo esfuerzo para mediante la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, recoger todas las inquietudes que se vienen a plantear y así mediante dicho esfuerzo, el cual debe salir de los tres Poderes de la República, poder brindar una atención especial para atender la situación y el drama que viven actualmente estas poblaciones.
El encuentro se dio como parte de un manifiesto que hacen estas organizaciones indígenas al Gobierno, en donde muestran su preocupación por los hechos de violencia que se dan en sus territorios, preocupación que el Poder Judicial comparte y que es parte de sus esfuerzos institucionales en la búsqueda de una justicia de calidad para todos por igual.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 25 Enero 2022 13:29
Las autoridades del Poder Judicial recibieron formalmente el Edificio Torre Judicial, durante el acto de firma de entrega.
En la actividad participaron el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, autoridades administrativas del Poder Judicial y representantes del Banco de Costa Rica, como Fiduciario del Fideicomiso Inmobiliario, así como la Unidad Administradora de Proyectos (ICC Proyectos) y del Consorcio Constructivo.
“Es un acto muy importante de recepción del edificio para iniciar ya efectivamente la ocupación y la prestación de servicio para la población, que va a ser muy positivo, porque las condiciones planificadas son adecuadas y con ello mantener siempre el mismo nivel y calidad del servicio público”, afirmó el Presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro.
Con la recepción del edificio, se iniciará con la implementación del traslado del personal de los 18 despachos que brindarán sus servicios en el nuevo edificio, proceso que ha planificado con la debida antelación.
En materia civil funcionarán los Juzgados Primero, Segundo y Tercero Civil, los Tribunales Primero y Segundo Colegiados de Primera Instancia Civil y los Tribunales Primero y Segundo de Apelación Civil, así como el Juzgado Concursal, los Juzgados Primero, Segundo y Tercero Especializados de Cobro Judicial.
En el caso de la materia laboral, se concentrarán los cuatro despachos que integran la Jurisdicción en el I Circuito Judicial de San José, como lo son la Sección Primera y Segunda del Juzgado de Trabajo, el Tribunal de Apelación Laboral y la Sección Especializada de Asistencia Social de la Defensa Pública, así como el Juzgado de Seguridad Social y la Unidad Médico Legal de Seguridad Social.
También se instalará la Oficina de Recepción de Documentos del Primero Circuito Judicial de San José y la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa, al igual que una oficina de la Administración del I Circuito Judicial de San José, que atenderá todas las necesidades que surjan en esta materia en la edificación.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 11 Enero 2022 14:23
- Para construcción de presupuesto judicial 2022
Las acciones que emprende el Poder Judicial y su población trabajadora de cara al ahorro en recursos como papel, tóner, impresión y servicios de agua, electricidad y telecomunicaciones, se reflejan en la etapa de elaboración del anteproyecto de presupuesto del 2023.
El Consejo Superior en la sesión N°103-2021 celebrada el 01 de diciembre del 2021, artículo XXV, aprobó una serie de lineamientos propuestos por la Dirección de Planificación, que deben seguir los Centros de Responsabilidad del Poder Judicial, en la formulación de sus anteproyectos de presupuesto de cara al próximo año.
Las Directrices Técnicas para la Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2023, se elaboran en el Subproceso de Formulación de Presupuesto y Portafolio de Proyectos Institucional, de la Dirección de Planificación, quienes durante el proceso las remiten a conocimiento y aprobación de las diferentes Direcciones, Departamentos y Programas Presupuestarios.
“La Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas implicó limitaciones de crecimiento presupuestario desde el 2020, y bajo el supuesto de que se mantendrán las mismas medidas de contención del gasto y que nuevamente no habrá posibilidad de un incremento en el presupuesto solicitado por el Poder Judicial, los Centros de Responsabilidad deben ajustar el límite de sus solicitudes de gasto.”, se puntualiza en el documento.
Con las medidas de contención del gasto establecidas, las acciones que emprende la población judicial en el uso racional de los recursos, aunadas a las gestiones administrativas, se generará un impacto positivo.
El acuerdo del órgano judicial administrativo avaló las acciones que amplíen los esfuerzos institucionales de “…reducir el uso de papel y tóner, promover el uso de medios tecnológicos, sensibilizar a las servidoras y los servidores judiciales sobre el consumo del papel y la necesidad de disminuir el tiempo de respuesta sin deterioro de los derechos fundamentales de las personas usuarias.”.
Se dispuso la aplicación de medidas de control de crecimiento por parte de los Centros de Responsabilidad, en los servicios de fotocopiado.
También se estableció la revisión del Banco de Buenas Prácticas para valorar la aplicación de experiencias exitosas de otras oficinas en materia de uso de papel y el compromiso del establecimiento de planes para disminuir su consumo, sin que se genere un faltante de suministros en las oficinas y despachos.
En cuanto a las Comisiones que a la fecha producen agendas o calendarios para distribuir, se indica que se debe acordar la forma en que se reduzca el número de ediciones, tratando de que las publicaciones satisfagan las necesidades de todos.
Se destacan los sistemas de agenda administrativa y agenda judicial que permiten realizar la programación de las gestiones judiciales de forma electrónica, tanto de oficinas como despachos.
El Consejo Superior reiteró la directriz relacionada con la solicitud “…a las Administraciones Regionales y demás centros de responsabilidad, que para la adquisición de equipos con especificaciones técnicas que permitan el ahorro de agua y electricidad, consideren el “Catálogo de Especificaciones Técnicas Básicas, para la Estandarización del Suministro de Equipos de Ahorro del Consumo de Agua y Energía Eléctrica, en las Edificaciones Sostenibles del Poder Judicial”, de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional”., detalló el acuerdo.
A esto se suma la directriz establecida desde el 2018, para que las oficinas y Centros de Responsabilidad del Poder Judicial, implementen medidas para disminuir de forma paulatina el consumo de plásticos de un solo uso, mediante alternativas renovables o biodegradables, amigables con el ambiente.
Las Directrices Técnicas para la Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2023, también contemplan aspectos puntuales sobre el cumplimiento de las normas de la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en temas como el límite de crecimiento presupuestario, pago del Impuesto al Valor Agregado en las compras judiciales de bienes y servicios.
Además, en cuanto a los recursos que sean formulados para la atención y ejecución de proyectos se deberán aplicar los lineamientos de la Metodología de Administración de Proyectos aprobados por la Corte Plena en la Sesión N°02-2020 del 13 de enero del 2020, artículo XXXIII, entre otros aspectos técnicos.
- Detalles
-
Publicado: Viernes, 17 Diciembre 2021 15:16
- En informe anual de labores con medios de comunicación
- Se destacó las ventajas del edificio Torreo Judicial que abrirá sus puertas a las personas usuarias el próximo año.
Acciones tendientes a garantizar la continuidad de los servicios de Administración de Justicia, de la mano del desarrollo tecnológico, fueron temas que destacó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, durante el informe anual que dio ante los medios de comunicación.
La conferencia de prensa virtual se realizó este viernes 17 de diciembre de 2021 y contó con la participación de la Directora Ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins.
“La labor judicial no es fácil. La justicia tiene muchos elementos dramáticos, las personas sufren con los temas y los casos. La labor demanda celeridad y que cada juez, jueza y fiscal ejerza su labor con prudencia, con mucho equilibrio y la prestación del servicio de calidad, de manera continua, se establece como prioridad”, afirmó el magistrado Fernando Cruz Castro.
En esta labor, la inversión tecnológica jugó un papel importante para ofrecer facilidades a las personas usuarias en la gestión de trámites judiciales. La puesta en marcha de la herramienta tecnológica Observatorio Judicial, abrió una ventana a la información judicial pública y actualizada, que transparenta el trabajo del Poder Judicial.
El jerarca judicial destacó que para el 2022, el presupuesto judicial se apega a las disposiciones que establece la Regla Fiscal y a los lineamientos del Ministerio de Hacienda en materia de contención del gasto.
A esto se suma también las acciones tendientes a fortalecer las políticas institucionales en materia ambiental, de género, acceso a la justicia de poblaciones vulnerables y normas de calidad.
Edificio Torre Judicial abrirá puertas en 2022
El Poder Judicial estableció como una de sus prioridades la construcción de infraestructura propia, para mejorar la prestación del servicio público y reducir el costo presupuestario en materia de alquileres.
El Edificio Torre Judicial estará a disposición de las personas usuarias a partir del 2022.
“Este es el primer edificio que desarrolla el Poder Judicial a través del Fideicomiso inmobiliario, Poder Judicial-BCR 2015. Este es un vehículo financiero que nos permite desarrollar infraestructura en un terreno propio. Albergará a un total de 20 despachos judiciales, que actualmente se ubican en locales alquilados lo que representará un ahorro mensual aproximado de ¢104 millones y anualmente, esta cifra será de más de ¢1252 millones”, explicó Romero Jenkins.
Esto permitirá centralizar los servicios en materia civil, concursal, laboral, Justicia Restaurativa, seguridad social y cobro judicial y cuenta con todas las normas de accesibilidad que establece la Ley 7600.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 14 Diciembre 2021 07:41
- Comisión Gerencial de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Poder Judicial se reúne con autoridades del Ministerio.
“Los esfuerzos que el Poder Judicial realice en términos de la digitalización de servicios, la eficiencia organizacional de los procesos apoyándose en las tecnologías de información y comunicaciones, así como la alfabetización digital y la creación de más y mejores canales de interacción con el ciudadano, deben ir de la mano con los avances en Gobierno y transformación digital que a nivel país se realicen a través de las diversas políticas públicas”, afirmó el magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, coordinador de la Comisión Gerencial de Tecnologías de Información del Poder Judicial.
Rivas Loáiciga destacó la reunión que sostuvieron representantes de la Comisión Judicial y la Dirección de Tecnología de la Información, con la Ministra de Ciencia y Tecnología, Paola Vega Castillo; el Director de Gobernanza Digital, Jorge Mora Flores y el jefe del Despacho ministerial, Dagoberto Mata Herrera.
La Comisión Gerencial de TI propició el encuentro con el fin de comprender los alcances de la Agencia de Gobierno Digital y la Estrategia de Transformación Digital que el país tiene establecida y analizar, desde la estrategia tecnológica judicial, las posibles alianzas y modelos de relación que permitan un impulso mayor a las metas trazadas.
“Es de suma importancia que la Justicia Digital forme parte de los esfuerzos país y se espera que los proyectos que se lideren desde el Poder Judicial puedan verse beneficiados a través de la colaboración con el MICITT y la Agencia de Gobierno Digital” puntualizó el magistrado Luis Guillermo Rivas.
Se destacó que el Poder Judicial, líder y pionero iberoamericano en los procesos de transformación digital de la administración de justicia, sostiene una reunión de acercamiento con representantes de la Agencia de Gobierno Digital.
Para las autoridades judiciales, la alianza estratégica Poder Judicial- MICIT, será de gran beneficio para las personas usuarias de la administración de justicia y de otros servicios que se brindan y a través del intercambio de ideas y de experiencias, que permitirá a este Poder de la República contribuir con el desarrollo digital del país.
- Detalles
-
Publicado: Lunes, 13 Diciembre 2021 14:49
- Iniciaron visitas en el Territorio Térraba
La construcción de la Política Institucional de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas se realiza conforme al Modelo de Administración de Proyectos y el Modelo de Políticas Públicas, aprobados por Corte Plena. Ello supone la co-construcción de la Política con los pueblos indígenas beneficiados, lo cual se realizará mediante visitas a los 24 territorios indígenas del país, y posterior proceso de consulta a los 8 pueblos radicados en esos territorios en los términos dispuestos por el artículo 6 inciso 1) del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 1989 (Convenio 169 OIT).
La primera etapa de las visitas iniciales se realizará en los territorios indígenas de Salitre y de Térraba ubicados en Buenos Aires de Puntarenas, ambos beneficiarios de las Medidas Cautelares 321-12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado; así como en el territorio Maleku localizado en Guatuso; lo anterior, con el objetivo de propiciar una participación activa de esta población costarricense. 
La primera visita realizada en el Territorio de Térraba el sábado 6 de noviembre pasado, contó con el acompañamiento de la magistrada Damaris Vargas Vásquez, coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas del Poder Judicial; la máster Melissa Benavides Víquez, lideresa del Proyecto y el señor Carlos Romero Rivera, Contralor de Servicios del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur.
Para la Magistrada Damaris Vargas Vásquez “Es un acontecimiento histórico que este Poder de la República haya dispuesto la creación de esta Política, la cual se ejecuta conforme a las Metodologías de Administración de Proyectos y de Políticas Institucionales aprobadas por Corte Plena y además, responde a los Altos Estándares Internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia reiterada basada en el Convenio 169 de la OIT. Premisa básica para su éxito es poder crear confianza intercultural con los pueblos indígenas, sus organizaciones representativas, sus líderes y lideresas; en especial, atender la cosmovisión de los 8 pueblos indígenas ubicados en los 24 territorios de todo el país, lo cual se espera lograr mediante la co-construcción y la implementación del Mecanismo de Consulta indígena. Además, ha sido clave y digno de reconocer el compromiso de la alta jerarquía institucional del Poder Judicial y de las personas servidoras judiciales de los ámbitos de la Judicatura, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Organismo de Investigación Judicial y el sector Administrativo, sumado el apoyo y asesoría técnica del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Para la Comisión de Acceso a la Justicia que preside el Magistrado Jorge Olaso Álvarez y para la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas a mi cargo, este Proyecto es una oportunidad de mejora sustancial al servicio de administración de justicia que brinda el Poder Judicial a la población indígena”.
“La presentación de la buena fe y compromiso del Poder Judicial con los Pueblos Indígenas mediante la primera visita a distintas comunidades del territorio de Térraba en Buenos Aires de Puntarenas, tuvo la finalidad de informar sobre el inicio del proceso de creación de la política para el acceso a la justicia de Pueblos Indígenas del Poder Judicial, sus alcances, invitarles a participar mediante la co-creación y el mecanismo de consulta, así como escuchar sobre sus requerimientos materiales y culturales que incentiven su involucramiento en el proyecto”, explicó la lideresa del proyecto Melissa Benavidez Víquez.
De los resultados de la visita se rendirá un informe de resultados sobre los espacios de diálogo y retroalimentación con las personas participantes y sus órganos representativos.
El trabajo en grupos focales permitió definir la forma de participación de las y los representantes indígenas de las comunidades visitadas, en aspectos como la determinación conjunta de los lineamientos que guiarán el proceso de creación de la política institucional, las personas indígenas y sus organizaciones representativas, las personas intérpretes oficiales, las propuestas metodológicas y la definición de un cronograma de trabajo.
Los sábados 20 y 27 de noviembre se visitarán los Territorio Maleku Salitre, respectivamente.
De acuerdo con Benavides Víquez, el Proyecto de Política de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas del Poder Judicial espera abarcar e incorporar activamente a los pueblos indígenas, la población judicial, oficinas de institucionales estatales que brindan servicios a esta población y a la sociedad civil en general.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 08 Diciembre 2021 15:19
El proceso riguroso de las evaluaciones psico-laborales y de antecedentes de las personas que postularon sus nombres para el cargo de Fiscal o Fiscala General de la República, se encuentra en la etapa final de notificaciones y resolución de las apelaciones que se puedan presentar.
De acuerdo con la Directora de Gestión Humana del Poder Judicial, Roxana Arrieta Meléndez, es requisito la notificación a las personas oferentes de los resultados obtenidos en las evaluaciones de los estudios técnicos.
En cumplimiento con el debido proceso se les otorga un plazo de tres días hábiles para interponer cualquier observación que consideren pertinente. En este momento, solo se tramita una apelación en el caso de las evaluaciones psico-laborales.
Los informes correspondientes a los estudios de antecedentes se encuentran en redacción y notificación. Igualmente, las personas aspirantes tienen el plazo de tres días hábiles para interponer apelaciones.
“Trasladadas estas notificaciones y si no se tienen apelaciones, se procederá con la comunicación de los listados de las personas preseleccionadas, con todos sus antecedentes, a la Comisión de Nombramientos del Poder Judicial. Este órgano tendrá a cargo la etapa de las entrevistas públicas. Se proyecta que éstas inicien en el mes de enero del 2022”, explicó Arrieta Meléndez.
Con las entrevistas públicas se continua con la ponderación final de las notas de las personas que participaron para el cargo y se trasladaría la nómina final con el listado de personas que superaron la entrevista a Corte Plena para su debida discusión y designación del nuevo Fiscal o Fiscala General de la República.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 07 Diciembre 2021 14:15
- Avances y desafíos para el acceso a la justicia de la ciudadanía con discapacidad.
El Poder Judicial y el Sistema de Naciones Unidas realizó el foro internacional virtual: “Para una justicia inclusiva y accesible – avances y desafíos para el acceso a la justicia de la ciudadanía con discapacidad”.
El día internacional de la personas con discapacidad promueve y reconoce sus derechos en todos los ámbitos desde la participación social, así como la concientización sobre las diversas realidades políticas, sociales, económicas y culturales en un contexto donde además se debe impulsar el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que buscan la construcción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas, que proporcionen igualdad de acceso a la justicia y se basen en el respeto a los derechos humanos en un Estado de Derecho efectivo, con independencia judicial, una gobernanza en todos los niveles, con instituciones transparentes y eficaces que rindan cuentas.
Allegra Baiocchi, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas indicó que “es importante agradecer al Poder Judicial por su apertura, su disposición y su voluntad para trabajar por los derechos de esta población, pues las brechas y rezagos que enfrentan son innegables, muy reales y por eso nuestra tarea tiene que ser enforcarnos en transformar y revertir estas desigualdades especialmente las que se han agudizado por la pandemia”.
El Magistrado y coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia, Jorge Olaso Álvarez expuso sobre el “Acceso a la justicia de las personas con discapacidad”, en la cual explicó el voto número 00017 – 2010 del Tribunal Segundo Civil de San José, el Voto número 1768-2020 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, así como artículos de distintas leyes.
La Magistrada y coordinadora de la Subcomisión de Personas con Discapacidad, Damaris Vargas Vásquez realizó su exposición titulada “Avances y desafíos en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad”.
“Con ocasión de esta política que estamos construyendo y actualizando de equiparación de oportunidades y de igualdad de derechos de las personas con discapacidad para el acceso a la justicia, estamos incorporando la equiparación de oportunidades, es decir se le da un enfoque diferenciado que también está vinculado con la política de empleabilidad de esta población”, puntualizó la Magistrada Vargas Vásquez.
Así mismo, realizaron ponencias las personas panelistas Catalina Devandas Aguilar, Embajadora de Costa Rica ante las Naciones Unidas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, con la exposición “Principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia para personas con discapacidad” y Rodrigo Jiménez Sandoval, experto de la Fundación Justicia y Género con la ponencia titulada “Enfoque de género en el acceso a la justicia para las personas con discapacidad”.
Alberto Brunori, representante regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que “corresponde eliminar todas las barreras que restrinjan a esta población el acceso a la justicia”.
- Detalles
-
Publicado: Lunes, 06 Diciembre 2021 13:19
- Reconocimientos son otorgados por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS).
El Poder Judicial de Costa Rica obtuvo el primer lugar en el Sector Seguridad Ciudadana y el tercer lugar general en el Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad (IGEDA) 2021, por sus esfuerzos en la garantía y el respeto a los derechos y la adecuada atención de las personas con discapacidad.
Dichos galardones son entregados por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), institución que, en dicho índice, evalúo 103 instituciones públicas, 46 municipalidades y 10 colegios profesionales, de los cuales solo cuatro instituciones y una municipalidad superaron la nota de 601 a 800 que las cataloga como excelentes, en las que destaca el Poder Judicial.
El estudio, evaluó aspectos como la ejecución de diagnósticos sobre accesibilidad en los entornos físicos, la realización de planes de mejora con base en esos diagnósticos, los niveles de accesibilidad en los sitios web, la implementación de acciones como la promoción de derechos, la asistencia humana, la accesibilidad digital y la información y comunicación, la adaptación de formatos para brindar dicha información de acuerdo a las necesidades de esta población, la disponibilidad de productos de apoyo y la presencia de personas con discapacidad en los servicios.
Dicha actividad, se desarrolló en el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que busca generar conciencia en las instituciones públicas y privadas, así como en las empresas sobre la importancia de eliminar la discriminación, garantizar el respeto a los derechos y el acceso
a los servicios, así como la inclusión y la posibilidad de tener oportunidades reales de trabajo que permitan el empoderamiento de este sector de la población, que representa en el rango de personas adultas del país, un 18.3% de la población.
El reconocimiento por parte de la institución fue recibido por Angie Calderón Chaves, encargada a.i. de la Unidad de Acceso a la Justicia del Poder Judicial. La actividad se llevó a cabo este viernes 3 de diciembre en las instalaciones del CONAPDIS.
El galardón se obtuvo gracias al compromiso y esfuerzo de toda la población judicial, liderada por la Comisión de Acceso a la Justicia coordinada por el Magistrado Jorge Olaso Álvarez, la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad coordinada por la Magistrada Damaris Vargas Vásquez y la Unidad de Acceso a la Justicia cuya jefatura a.i. corresponde a la señora Angie Calderón Chaves.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 30 Noviembre 2021 10:19
- 9 despachos y oficinas judiciales reciben Acreditación de Calidad GICA-Justicia y 9 más se reacreditan.
Oficinas administrativas, despachos jurisdiccionales y auxiliares de justicia recibieron la Acreditación de Calidad bajo la Norma GICA-Justicia, al cumplir con los estándares requeridos para brindar un mejor servicio a la persona usuaria.
En un acto oficial este viernes 26 de noviembre, se hizo entrega de la Acreditación de Calidad GICA-Justicia a 9 oficinas y despachos judiciales y 9 más, recibieron su reacreditación.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro afirmó que “… las acreditaciones que se entregan hoy son el reflejo de una ardua labor de cada uno de los servidores judiciales que conforman las 18 oficinas, que con dedicación y esmero han logrado que sus despachos se certifiquen como oficinas con estándares de gestión de calidad. Esto representa que el servicio público, brindado a las personas usuarias, sea de mayor calidad. Es un esfuerzo que merece ser destacado, por el servidor público, en especial el servidor judicial que presta un servicio valioso al país”.
Para el magistrado y coordinador de la Comisión de Gestión de la Calidad del Poder Judicial, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, “la Comisión y el CEGECA han logrado establecer una serie de procedimientos y un acercamiento a todas estas oficinas, que han permitido que todas tengan la introducción de estas formas de organización, de mejora de procesos y de orden de documentos, que nos permiten hacer mejor nuestro trabajo y hoy lo demuestran con la entrega de las acreditaciones de calidad”.
Como invitada especial se contó con la participación de la magistrada del Poder Judicial de Honduras, María Fernanda Castro Mendoza quien destacó que “la calidad nos sirve de puente para acercar el servicio que prestamos, teniendo como centro a la persona usuaria, la satisfacción de sus necesidades y expectativas y que nos recuerda que todos los procesos son perfectibles”.
Despachos acreditados en Normas GICA-Justicia:
Secretaría General del OIJ- Sello Gestión Documental
- Sección de Apoyo Psicológico Operacional del OIJ- Sello Gestión Procesos
- Subproceso de Contabilidad de Macroproceso Financiero Contable- Sello Gestión Documental
- Proceso Financiero de la Dirección de la Junta Administrativa del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial – Sello Gestión Documental
- Administración Regional de Turrialba- Sello Gestión Documental
- Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público- Sello Gestión Documental
- Subproceso de Servicios de Salud, Sede I Circuito Judicial de San José- Sello Gestión Documental
- Administración Regional de Nicoya- Sello Gestión Documental
- Unidad de Atención Psicosocial de la Dirección de Gestión Humana- Sello Gestión de Proceso
Además, la Unidad de Atención Psicosocial de Gestión Humana- Sello Gestión de Procesos recibió un reconocimiento por obtener la acreditación en los tres sellos de calidad
En el acto participaron el magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas, la integrante del Consejo Superior, Sandra Pizarro Gutiérrez, representantes del National Center for State Courts de la Embajada de los Estados Unidos, del SINCA-Justicia y representantes de los despachos y oficinas acreditadas.
- Detalles
-
Publicado: Viernes, 26 Noviembre 2021 12:00
- Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
La Comisión de Género y la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial realizaron un acto conmemorativo al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el cine foro “Audrie & Daisy: Cuando la violencia se viraliza”.
La violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos y es consecuencia de la discriminación que sufren tanto en leyes como en la práctica, así como en la persistencia de desigualdades por razón de género. La violencia contra las mujeres se da en niñas y adolescentes y se puede evitar, la prevención es posible y es esencial.
Para el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro “la reflexión en torno a este tema no debe quedarse sólo en palabras y por lo tanto, conlleva el compromiso activo de quienes conformamos la sociedad costarricense, particularmente un esfuerzo mayor por parte de la institucionalidad pública para ser garantes del respeto, tutela y protección de los derechos de las mujeres. No puede existir satisfacción ni respiro frente a un hecho tan grave, tan arraigado”.
“Desde la óptica del Poder Judicial es importante resaltar que la institución ha venido trabajando activamente en el logro de la agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo 5 incluye metas dirigidas expresamente a “eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación”, agregó el Magistrado Cruz Castro.
La Magistrada de la Sala Segunda y coordinadora de la Comisión de Género, Roxana Chacón Artavia señaló que en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres, organizaron dicha actividad con el propósito de continuar evidenciando las dificultades que enfrentan las mujeres víctimas de violencia sexual y particularmente, las víctimas de violación.
“Año con año llegamos a esta fecha con la esperanza de que el trabajo que desde muy diversos frentes se realiza para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres se evidencie en las estadísticas, pero lamentablemente, una y otra vez, enfrentamos la crudeza de la realidad que nos informa lo mucho que aún tenemos pendiente para asegurar a las mujeres de todas las edades y condiciones, un mundo seguro, libre de cualquier forma de violencia y discriminación” puntualizó la Magistrada Roxana Chacón.
Durante la actividad se transmitió el cine foro “Audrie & Daisy: Cuando la violencia se viraliza”, posteriormente se realizó un análisis con las personas panelistas
Karen Valverde Chaves, jueza del Tribunal Penal de San José; Vanessa Villalobos Montero, subjefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología y Larisa Tristán Jiménez, directora del Observatorio de la Comunicación Digital de la Universidad de Costa Rica. La actividad fue moderada por Daniel Ureña Varela, perito judicial de la Sección de Toxicología, Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial.
Alguna de las consideraciones que se dieron sobre la película fueron las presiones que tienen las mujeres especialmente las adolescentes, presiones para que consuman alcohol, normalización de la violencia, cómo se culpabiliza a la víctima (aumentando su sensación de vergüenza), el papel de los dispositivos móviles y redes sociales como factores que intensifican dinámicas estructurales de dominación y violencia, entre otros.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 16 Noviembre 2021 15:02
- Proyecto se realiza mediante el Contrato de Fideicomiso Inmobiliario del Poder Judicial 2015 con el Banco de Costa Rica.
- Autorización para inicio de trámites de construcción mediante dicho fideicomiso se dio por acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en setiembre del 2017.
El Circuito Judicial de Puntarenas dio inicio al proyecto de construcción del edificio de Tribunales de Justicia de esta localidad, con la celebración del acto oficial de la colocación de la primera piedra, el pasado viernes 12 de noviembre.
Dicho proyecto se realiza mediante el Contrato de Fideicomiso Inmobiliario del Poder Judicial 2015 con el Banco de Costa Rica, aprobado por Corte Plena el 8 de junio del 2015.
El acto contó con la participación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, el presidente de la Sala Primera de la Corte y coordinador de la Comisión de Construcciones, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, el Subgerente General de Banca Corporativa del Banco de Costa Rica, Alvaro Camacho de la O y el representante del consorcio IECA-AYD-GENSLER, Samuel Bermúdez Ureña.
Para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, el impacto de esta construcción es muy positivo, máxime en una comunidad que requiere inversión, desarrollo y reactivación económica, por lo que este proyecto tiene un efecto muy favorable, no sólo por la construcción en sí misma, sino por el impacto en todo el contexto urbano de la zona del Roble de Puntarenas.
“Hacemos siempre el mejor esfuerzo para dar un mejor servicio pese a las limitaciones, para la Presidencia de la Corte es un privilegio, tener la posibilidad de ver cómo se inicia un proyecto tan ambicioso, que, de alguna manera, traerá mejores luces a una comunidad que requiere apoyo tanto económico, social y educacional”, indicó Cruz Castro.
Por su parte, el coordinador de la Comisión de Construcciones del Poder Judicial, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, señaló que construir un edificio en una zona con las características que tiene Puntarenas, es fundamental para acercar la justicia a las comunidades y representará un beneficio para las personas que asistan a reclamar sus derechos cuando consideren que han sido violentados.
“La Comisión de Construcciones ha sido exitosa, desde luego que, con la colaboración de un grupo muy importante de personas. Hemos estado contribuyendo y construyendo en diferentes partes del país y llegar al inicio de una construcción como esta es muy satisfactorio, es una muestra de que se están haciendo bien las cosas y esto repercute en una buena administración de justicia” indicó el magistrado.
Por su parte, El Subgerente General de Banca Corporativa del Banco de Costa Rica, Alvaro Camacho de la O, manifestó que para la entidad bancaria es un gran honor participar en conjunto con el Poder Judicial en el desarrollo de los Tribunales de Puntarenas, desarrollando obra pública con el objetivo de llegar a la ciudadanía costarricense, y en este caso en el pueblo de Puntarenas.
“Creemos que con esta obra en conjunto estamos provocando desarrollo de la actividad económica, pero sobre todo una mejora en el servicio y en la calidad de la administración de justicia en la zona de Puntarenas, que sabemos tanto lo requiere”, dijo Camacho de la O.
La exposición del proyecto estuvo a cargo del representante del consorcio IECA-AYD-GENSLER, Samuel Bermúdez Ureña, quien detalló aspectos relevantes del inmueble y proyectó un video de como lucirá el mismo una vez finalizado.
El desarrollo de este proyecto se da gracias al acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión Nº81-17 celebrada el 5 de setiembre del 2017, que literalmente dice:
“Autorizar a la Dirección Ejecutiva para que a través del Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015 con el Banco de Costa Rica, se dé inicio a los trámites respectivos para la construcción de un nuevo edificio para los Tribunales de Puntarenas, en la finca 163655, de conformidad con los acuerdos de Corte Plena, tomados en Sesión No. 04-15, celebrada el 2 de febrero de 2015, artículo IX y la aprobación del Contrato de Fideicomiso, tomado por Corte Plena, en sesión N°23-15, celebrada el 8 de junio de 2015, artículo XVI”.
Este inmueble estará ubicado contiguo al Plantel Municipal, finca Socorrito, en el Roble de Puntarenas, terreno que fue donado por la Municipalidad de Puntarenas
e inscrito a nombre del Poder Judicial en el año 2008. El área de construcción es de 23.000 m² en una edificación de tres niveles; área que al considerar los parqueos arrojaría un total aproximado de 29.200 m2.
De dicha área de construcción, 7622 metros cuadrados corresponderán a zonas verdes, 730 al patio central, 4174 corresponderán a la zona de parqueos los cuales se distribuirán en 56 espacios para los tribunales y 27 para el OIJ para un total de 83 estacionamientos.
Cabe destacar que para la administración de esta obra, el Fideicomiso contrató una Unidad Administradora de Proyectos (UAP), la que a su vez contrató una empresa consultora (Consorcio denominado IECA-AYD-GENSLER) para la confección del anteproyecto, diseño de los planos, especificaciones técnicas y presupuesto detallado y demás actividades conexas relacionadas, el 14 de setiembre de 2021 quedó en firme el acto de adjudicación del concurso de construcción del proyecto a favor de la empresa EDICA LIMITADA.
El costo total de la obra ronda los $39 millones y la edificación albergará aproximadamente 368 servidores y servidoras judiciales en más de 30 oficinas de los tres ámbitos auxiliares de justicia y diferentes programas institucionales.
Cualidades del edificio
El edificio contará con una certificación LEED (Líder en Eficiencia Energética y Diseño sostenible), que se refiere está construido con los estándares de ecoeficiencia y cumple con los requisitos de sostenibilidad. Este certificado, basado en estándares científicos, premia el uso de estrategias sostenibles en todos los procesos de construcción del edificio, desde la adecuación de la parcela donde se ubica, hasta la eficiencia del uso del agua y energía, la selección de materiales sostenibles y proporcionar una calidad medioambiental interior.
Además, contará con sistema de paneles solares, permitirá unificar en un solo edificio todos los despachos y servicios que se brindan en la zona de Puntarenas, tendrá salas de juicio por materia y salas de capacitación para todo el personal judicial, una sala magna que funge como sala colegiada en materia penal y en su acceso como en las áreas complementarias cumplirá con la Ley 7600.
Por otra parte, tendrá capacidad para la reutilización de aguas de lluvias en servicios sanitarios, contará con un comedor y un gimnasio para los y las trabajadoras, tendrá accesos independientes para garantizar el servicio continuo del OIJ y finalmente cumplirá a cabalidad según el cuerpo de bomberos con toda la normativa vigente para garantizar la seguridad humana.
El acto protocolario se llevó a cabo en el terreno destinado a la construcción y en las instalaciones de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) con sede en Puntarenas, en donde se dio un acto simbólico con la colocación en una cápsula del tiempo de los principales acuerdos y documentos que dieron como resultado el inicio de este proyecto.
La actividad contó con la presencia de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, integrantes del Consejo Superior, jefaturas judiciales, representantes del BCR, Proyecto ICC, representantes del Consorcio y de la empresa adjudicada, de la Municipalidad de Puntarenas, así como personal judicial de Puntarenas y otras personas invitadas externas.
Se estima contar con el edificio concluido para febrero del 2023.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 16 Noviembre 2021 10:34
Los alcances de la jurisprudencia supranacional en materia de pueblos indígenas se profundizó en el último día del Ciclo de Conferencias “Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas”, que organizó la Escuela Judicial.
El desarrollo de la temática estuvo a cargo del juez del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, Jorge Leiva Poveda, el cual impartió su conferencia mediante la modalidad virtual y desde la plataforma Microsoft Teams.
Durante la actividad formativa se analizó la riqueza jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en temas puntuales como familia, civil, penal y constitucional.
Se amplió sobre el tema del respeto al Derecho consuetudinario de los Pueblos indígenas, frente a la actuación de las autoridades judiciales, en el marco de sus costumbres y prácticas ancestrales. El juez Leiva Poveda explicó que desde la CorteIDH existen sentencias donde se detalla un esquema general de derechos humanos que protege la integridad física y mental específicamente en el caso de personas menores de edad.
“En materia de territorios indígenas la Corte Interamericana ya ha entrado a conocer el tema del derecho que tienen los pueblos indígenas a tener legitimación y personalidad jurídica y ya hay un caso costarricense presentado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos contra el Estado de Costa Rica respecto de la violación de los derechos de los pueblos indígenas a que se organicen a través de sus agrupaciones tradicionales”, puntualizó Jorge Leiva.
Durante la conferencia se hizo referencia a las sentencias dictadas por la CorteIDH en materia de derechos humanos colectivos, la discusión sobre quién determina que una persona es indígena y que se señala como quien se autodenomine y sea reconocido por la comunidad respectiva, pues esto le genera un fuero procesal y sustantivo de derechos humanos.
El juez hizo énfasis en el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que hace una protección genérica a pueblos indígenas, al incorporar una lista dentro de la convención, denominada categorías prohibidas, “que significa una categoría o grupo o pueblo de personas, respecto de la cual está prohibida el ejercicio de actividades discriminatorias. Si bien la convención no hace referencia a los pueblos indígenas de manera expresa, pues en la mayoría de sus referencias corresponden a grupos que requieren este tipo de protección especial, la Corte Interamericana ha incorporado en su jurisprudencia a los pueblos indígenas dentro de su elenco de categorías prohibidas”.
Durante la actividad académica, a las personas participantes se les distribuyó un material con jurisprudencia variada de la CorteIDH, sobre la materia en estudio.
- Detalles
-
Publicado: Lunes, 08 Noviembre 2021 14:11
- En Foro internacional: Sistema de Gestión de la Calidad, Un Modelo para la Administración de Justicia.
El compromiso institucional y del personal judicial por brindar un servicio efectivo a partir de la aplicación de la Norma de Calidad GICA-Judicial, permite hoy consolidar 10 años de su implementación, donde el talento humano y las mejoras continuas que promueve el modelo de gestión de calidad, muestra sus resultados exitosos, en el Foro Internacional: Sistema de Gestión de la Calidad, Un Modelo para la Administración de Justicia.
El magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas integrante de la Comisión GICA-Justicia, destacó que la Política Institucional de Gestión Integral de Calidad y Acreditación (GICA), “se ha venido sustentando en el desarrollo del talento humano. Sin las personas, las organizaciones no avanzan ni mejoran, con esa base se construye el sistema de gestión de calidad, a partir de un modelo para mejorar la gestión de la oficina, con el enfoque de prestar un servicio eficiente y de calidad a las personas usuarias”.
El Foro Internacional contó con la participación del experto internacional en calidad, Rafael Chinchilla Salazar, quien impartió la exposición “Impacto de los Sistemas de Gestión de Calidad en las Organizaciones", quien destacó que “…hoy hablamos de procesos, de insumos y proveedores de excelencia y de talento humano y ese aseguramiento de calidad le agregamos el componente de la mejora continua. El aseguramiento y calidad, más la mejora continua, significa gestión de calidad. La calidad no solo se administra, sino se hace crecer, en las organizaciones que la deben adoptar como un pilar estratégico”.
Es espacio permitió conocer las experiencias como despachos acreditados de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, a cargo de la Fiscala Adjunta, Mayra Campos Zúñiga y del Juzgado Penal de Pérez Zeledón, por parte del representante Brandon Mora Elizondo, quienes destacaron la tecnología, la organización y la planificación como aliados dentro de la norma de calidad y el compromiso del personal judicial de las oficinas.
El Poder Judicial de Honduras expuso su experiencia en la implementación de la Norma GICA-Judicial, con la participación de la Magistrada de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y Coordinadora General de GICA-Justicia Honduras, María Fernanda Castro Mendoza y el juez del Juzgado de Letras Penal con Competencia en Materia de Extorsión de Honduras, Alexis Castillo Vásquez.
Ambos destacaron la puesta en marcha de las buenas prácticas en materia de normas de calidad que se impulsaron desde Cumbre Judicial Iberoamericana y la experiencia compartida por parte del Poder Judicial de Costa Rica y que hoy impactan en la satisfacción de la persona usuaria que recibe un servicio ágil y eficaz, que se consolida con su incorporación dentro del Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial hondureño.
El cierre del Foro Internacional estuvo a cargo de la magistrada integrante de la Comisión GICA-Justicia y representante judicial en la Comisión Iberoamericana de Gestión de la Calidad, Julia Varela Araya, quien destacó el compromiso voluntario que asumen los despachos judiciales costarricenses y su personal.
“El asumir este reto tan importante, para mejorar la gestión en sus despachos tiene gran relevancia por el impacto a nivel de ambiente laboral, porque como parte de la organización y planificación para mejorar la gestión de la calidad, se tiene muy presente al servidor judicial. El talento humano es fundamental para tener éxito en una organización y con ello se ha logrado un cambio cultural, donde las personas usuarias son nuestro objetivo principal y tiene evidencia sobre el servicio que reciben a partir de esta gestión de calidad”, afirmó la magistrada Varela Araya.
- Detalles
-
Publicado: Viernes, 05 Noviembre 2021 14:54
- Plataforma judicial muestra estadísticas judiciales de los despachos judiciales, información sobre presupuesto, gestión del personal, demográficos, entre otros.
Presentar la información estadística de los despachos judiciales, así como el manejo de la herramienta electrónica del Observatorio Judicial, fue el centro de la capacitación que desarrolló el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial con la participación de periodistas de diversos medios de comunicación.
El taller se realizó este miércoles 3 de noviembre, bajo la modalidad virtual y desde la plataforma Microsoft Teams y se contó con la colaboración de Graciela Lugo Solano y Karen Segura Herrera, de la Dirección de Planificación del Poder Judicial, quienes tuvieron a cargo el desarrollo de la capacitación sobre el uso de la plataforma judicial y las opciones de búsqueda de información que ofrece.
Se destacó que algunos gráficos cuentan con notas aclaratorias, para una mejor comprensión. Además, se puso a disposición en el Observatorio la pestaña de “Ayuda y Contacto”, con el fin de evacuar las consultas que surgen durante la navegación en éste.
Se detalló que la herramienta tecnológica judicial actualmente cuenta con los datos estadísticos del ámbito jurisdiccional y del Ministerio Público, así como datos presupuestarios y mapas con información georreferencial, contacto, entre otros. Se trabaja para mostrar la información actualizada de los tres ámbitos de la institución, administrativo, jurisdiccional y auxiliar de justicia.
De esta manera, la herramienta tecnológica del Observatorio Judicial garantiza el derecho a la información y ofrece datos del funcionamiento y organización de los juzgados, tribunales, Salas y demás oficinas del Poder Judicial; lo que permite conocer el nivel de desempeño del personal judicial y detectar situaciones que requieran de acciones correctivas o preventivas, para una mejor administración de justicia.
Las personas pueden navegar por la plataforma del Observatorio Judicial desde la página web del Poder Judicial o ingresando a la dirección https://observatoriojudicial.poder-judicial.go.cr/
“La herramienta electrónica Observatorio Judicial es resultado de la filosofía de justicia abierta y responde al compromiso de alianza del Poder Judicial hacia el Gobierno Abierto, que busca una justicia más cercana con la ciudadanía a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación. Representa una comunicación por internet, y satisface la obligación de poner de oficio, a disposición de toda persona, información actualizada del funcionamiento y organización institucional, a través de datos estadísticos y otros como mapas georreferenciados, para que toda persona que lo desee, pueda informarse y ejercer el derecho de buscar y encontrar información judicial que sea pública”, señaló Laura Soley, coordinadora del Observatorio Judicial.
El Observatorio Judicial es un proyecto que impulsa la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, con el apoyo del equipo técnico desarrollador de las Direcciones de Planificación, de Tecnología de la Información, con la coordinación del Despacho de la Presidencia, con el objetivo de mostrar la información judicial pública de forma más ágil, actualizada y sencilla.
- Detalles
-
Publicado: Viernes, 05 Noviembre 2021 14:49
- Aportes, propuestas e innovación tecnológica se destacó en XX Cumbre Judicial Iberoamericana
El Poder Judicial de Costa Rica deja huella en la región iberoamericana y se posiciona en el trabajo que desarrollan los poderes judiciales desde la Cumbre Judicial Iberoamericana, cuya vigésima edición tuvo lugar en el mes de octubre en Panamá.
La delegación judicial estuvo integrada por las magistradas Roxana Chacón Artavia, Damaris Vargas Vázquez y los magistrados Luis Guillermo Rivas Loáiciga y Luis Porfirio Sánchez Rodríguez. El magistrado Sánchez destacó el interés de la institución por promover aportes que mejoren la administración de justicia de la región iberoamericana, a partir del trabajo activo en órganos internos de Cumbre y propuestas tecnológicas.
“La participación del Poder Judicial de Costa Rica en la pasada Cumbre Judicial Iberoamericana fue exitosa. Costa Rica junto con España, promovieron una mayor presencia y participación en el trabajo de las diversas comisiones en la Cumbre y en cuya propuesta, nuestro país logró la representación en 5 de los 7 órganos permanentes. Esta labor nos hace un Poder Judicial muy activo en el funcionamiento de esa organización de poderes judiciales de Iberoamérica”, destacó el magistrado Sánchez Rodríguez.
De esta manera, el Poder Judicial de Costa Rica mantiene su representación en la la Comisión Permanente de Coordinación y Seguimiento, cargo asignado al magistrado de la Sala Primera y Coordinador Nacional, Román Solís Zelaya; en la Comisión de Calidad para la Justicia, se contará con el trabajo de la magistrada de la Sala Segunda, Julia Varela Araya.
La Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia, incorpora la labor de la magistrada de la Sala Segunda, Roxana Chacón Artavia. En la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y la Comisión de Justicia Medioambiental también se contará con la representación del magistrado de la Sala Segunda, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez y la magistrada de la Sala Primera, Damaris Vargas Vásquez, respectivamente.
Por su parte, el magistrado presidente de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, mantiene sus funciones en la construcción de propuestas en el grupo de trabajo permanente E-Justicia.
Poder Judicial comparte innovación tecnológica con Iberoamérica
Uno de los grandes logros del Poder Judicial de Costa Rica, durante la realización de la XX Cumbre Judicial Iberoamericana, fue el primer lugar obtenido en el Primer Concurso de Justicia y Tecnología de la VIII Feria de Justicia y Tecnología.
“La innovación y el desarrollo que ha caracterizado al Poder Judicial en los últimos años, nos hizo destacar en la Feria de Tecnología, al obtener el primer premio con la Plataforma electrónica de Litigios, bajo el liderazgo del magistrado Luis Guillermo Rivas. Esto genera buenos comentarios y los países iberoamericanos vuelven sus miradas hacia Costa Rica para darle seguimiento al trabajo que emprendemos. A nivel tecnológico, estos resultados convierten a nuestro país en un líder iberoamericano y este primer lugar obtenido, resalta el desarrollo tecnológico del Poder Judicial”, puntualizó el magistrado Luis Porfirio Sánchez.
El proyecto ganador “Litigación electrónica de casos judiciales”, dotó a la ciudadanía, a los litigantes, a otras instituciones públicas y empresas privadas, de modernos mecanismos para gestionar sus causas, para consultar la jurisprudencia y para interactuar con los servicios judiciales y se consideró como el mejor sistema de servicio digital para gestionar judicialmente de forma electrónica a través de aplicaciones web.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 03 Noviembre 2021 11:50
- Galardón fue otorgado en la categoría de Cambio Climático del año 2020.
En el edificio de la Corte Suprema de Justicia, en el Primer Circuito Judicial de San José se puede admirar desde este 2 de noviembre la Bandera Azul Ecológica.
Se cuenta con este galardón gracias a la labor de la Comisión de Gestión Ambiental y la Subcomisión de Gestión Ambiental del Programa Bandera Azul del edificio de Corte.
Para obtenerlo se cumplieron una serie de parámetros a través de la ejecución de acciones dirigidas a controlar y disminuir el uso del agua, energía eléctrica, combustibles fósiles, la generación de residuos e impulsar la reforestación, entre otros aspectos, requisitos que la Corte Suprema de Justicia cumplió para ganar la categoría de Cambio Climático en el año 2020.
Los objetivos del Plan de Gestión Ambiental Institucional están relacionados a la gestión del agua, manejo de residuos sólidos, cambio climático, energía, consumo de papel y adquisición de bienes; promoviendo a través de la sensibilización y la capacitación del personal judicial la adopción de buenas prácticas ambientales y mejora continua de todas sus actividades.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro indicó que “la Bandera Azul Ecológica es un valor simbólico muy grande que se obtiene como parte de un compromiso con el medio ambiente por parte de todas las personas funcionarias judiciales que laboran activamente en el edificio y gracias al trabajo y al esfuerzo de la Subcomisión de Gestión Ambiental”.
“La Constitución Política establece en su artículo 50, el derecho a un “ambiente sano y ecológicamente equilibrado” y paralelamente establece un deber a la institucionalidad de garantizar, defender y preservar ese derecho. Sin embargo, la dinámica de los tiempos actuales exige contemplar esa norma bajo un imperativo social y cultural. Es decir, la necesidad de realizar esfuerzos como sociedad para garantizar la preservación y recuperación del ambiente, constituye obligación de todos y todas”, aseguró el Magistrado Cruz Castro.
Por su parte, la Magistrada de la Sala Primera y coordinadora de la Comisión Ambiental del Poder Judicial, Damaris Vargas Vásquez señaló que “Este galardón evidencia el compromiso y el trabajo voluntario desarrollado por todas las personas quienes trabajamos en el edificio de la Corte Suprema de Justicia para mejorar las condiciones ambientales del país y del planeta. Se trata de acciones dirigidas a enfrentar el cambio climático, adaptarnos y mitigar sus efectos. No es un simple premio que se otorga por presentar informes y listo, sino que está sometido a una exhaustiva auditoría ambiental que realiza el Ministerio de Ambiente y Energía durante el año. Como se otorga anualmente, debemos renovar continuamente nuestros esfuerzos y seguir trabajando en los siguientes periodos para mantener este galardón y trascenderlo en búsqueda de más estrellas que evidencien nuestro compromiso y la responsabilidad ambiental del Poder Judicial”.
La finalidad de la categoría de cambio climático es incentivar a las organizaciones a tener un desarrollo de criterios de sostenibilidad socioambiental, minimizando el riesgo provocado por efectos del cambio climático, mediante una gestión ambiental integral, que genere un efecto multiplicador en diferentes sectores del país y que se les permita ser competitivas.
El equipo técnico determinó que los esfuerzos implementados por la Corte Suprema de Justicia para reducir sus impactos ambientales dieron excelentes resultados, obteniendo así el galardón con una nota de 100 y dos estrellas blancas.
La actividad contó con la presencia del Magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga. También el Magistrado Luis Porfirio Sánchez, integrante de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional.
- Detalles
-
Publicado: Lunes, 01 Noviembre 2021 14:31
- Foro internacional: Sistema de Gestión de la Calidad, Un Modelo para la Administración de Justicia.
El compromiso del Poder Judicial con la aplicación de normas de calidad es evidente.
Un total de 40 procesos de acreditación y reacreditación, en marcha durante este 2021, destacan en el X Aniversario de la implementación de la Política Institucional de Gestión Integral de Calidad y Acreditación (GICA).
Mediante el Foro Internacional, Sistema de Gestión de la Calidad, Un Modelo para la Administración de Justicia, se destacó la labor emprendida por el Poder Judicial para la consolidación del Modelo de Calidad en estos 10 años.
“Esta política estableció un modelo único, creado específicamente para la administración de justicia, con parámetros de bajo costo en su implementación y mediante un modelo que puede reproducirse en diferentes contextos. Su perdurabilidad y vigencia a través del tiempo se reflejan en el respaldo a nivel judicial y en el ámbito nacional mediante la declaratoria de interés público, cuyo decreto ejecutivo creó el Sistema Nacional de Calidad y Acreditación para la Justicia (SINCA-Justicia)”, destacó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro.
El jerarca judicial resaltó el papel de la cooperación internacional en el desarrollo de la política institucional y el reconocimiento recibido a nivel internacional en el 2013, por parte de la Organización de Estados Americanos, en el marco del premio interamericano de innovación para la gestión pública efectiva. Así como el impulso del modelo en el ámbito iberoamericano, que permitió compartir la Norma de Calidad con diferentes Poderes Judicial de la región, alcanzando con ello tres acreditaciones a nivel internacional.
“El compromiso es de todo el personal judicial al asumir con responsabilidad cambios necesarios, que permitan optimizar la forma de como se gestionan los despachos”, puntualizó Cruz Castro.
Para el Presidente de la Sala Primera y coordinador de la Comisión GICA-Justicia, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, “hemos venido tratando de lograr una mejor organización de la oficina judicial para tener mejores resultados, de más calidad, de más cantidad y con mayor prontitud, desde la Norma GICA, que pretende introducir elementos de administración dentro de la oficina judicial y lograr organizar con la incorporación de conceptos de eficiencia, eficacia, mejora continua en el procedimiento jurisdiccional en beneficio de la administración de justicia y las personas usuarias”.
De acuerdo con el Jefe del Centro de Gestión de la Calidad del Poder Judicial (CEGECA), Andrés Méndez Bonilla, “nuestra Norma GICA implica un modelo cíclico en el cual se hace primero un diagnóstico de la oficina, se procede con una acreditación desde la implementación de los criterios de calidad y se le da un seguimiento continuo, lo cual, le permite ser sostenible en el tiempo, con el compromiso y participación del personal, que se involucran durante todo el proceso y en la construcción del Sistema de Gestión de Calidad”.
La actividad contó con la charla sobre Inteligencia Emocional, Compromiso y Trabajo en Equipo, factor para la continuidad en la prestación de los servicios públicos, a cargo de experto, Eduardo Gómez Aguilar.
El Archivo Criminal del Poder Judicial y el Servicio de Apoyo Psicológico Operacional del OIG, expusieron sus experiencias en la aplicación del modelo de calidad.
Hoy en día el Poder Judicial cuenta con la redacción y aplicación de las Normas de Gestión de Calidad para el Ámbito Jurisdiccional, con su versión en inglés, la norma para el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Ámbito Administrativo y la Policía Judicial.
El acto contó con la participación de magistradas y magistrados de la Corte, integrantes del Consejo Superior, representantes de los Poderes Judicial de Iberoamérica, del Consejo Judicial Centroamericano y de El Caribe, representantes diplomáticos, de organismos internacionales, del Colegio de Abogados Abogadas de Costa Rica y funcionarios y funcionarias judiciales.
- Detalles
-
Publicado: Lunes, 01 Noviembre 2021 07:59
- Último taller presencial desarrolló los temas sobre los procesos institucionales de reclutamiento y selección de personal y de contratación pública.
Blindar al Poder Judicial con un instrumento para la gestión de acciones contra la corrupción a lo interno de la institución, es el trabajo que se desarrolla en la construcción de la Política Anticorrupción, que mediante talleres presenciales, permitió alimentarse de los aportes de diversos sectores judiciales.
Jefaturas, personal profesional y técnico de los tres ámbitos judiciales (Administrativo, Jurisdiccional y Auxiliar de Justicia) y representantes de las asociaciones gremiales, tuvieron una participación activa en la etapa de la definición del plan de acción de la política institucional.
El último de los talleres presenciales programados para el mes de octubre, desarrolló de forma especializada los procesos de reclutamiento y selección del personal judicial y los procesos de contratación pública; de gran relevancia para la materia que se trabaja.
La Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y coordinadora de la Comisión de Transparencia del Poder Judicial, Patricia Solano Castro, enfatizó en el valor supremo de la administración de justicia que se le confió a la institución y de ahí la importancia de responder a la ciudadanía con compromiso, trabajo, con un servicio eficiente, de calidad, objetivo, igualitario y recto. Además resaltó los temas de primer orden.
“El proceso de reclutamiento del personal judicial debe reforzarse institucionalmente, pues demanda una modernización de sus modelos, para fortalecer los mecanismos internos que aseguren la contratación de personal idóneo y ese debe ser el norte en esta institución y el eje central para la prevención de la corrupción. Igualmente, el proceso de contratación de bienes y servicios institucionales y la relación pública-privada es de la mayor importancia, por ello, todas las medidas que aseguren estos procesos y que nos generen insumos para la administración, en la prevención de actos de corrupción, deben ser adoptados en procura de resguardar la imagen, reputación y credibilidad de la institución”, afirmó Solano Castro.
La Oficina de Cumplimiento tiene a cargo el proceso de construcción de la política anticorrupción y se constituye como facilitador de los talleres.
“Los talleres nos han permitido establecer una serie de hallazgos importantes como la importancia de que exista una coordinación efectiva entre las diversas oficinas que tienen a cargo la gestión del riesgo de la corrupción y así tenga un mayor impacto y efecto en el Poder Judicial. También que existe mucha información de calidad en materia de corrupción, que permitiría un amplio análisis de datos para trabajar el tema, garantizado que sea compartida de forma efectiva”, explicó Kenia Alvarado Rodríguez, Oficial de Cumplimiento del Poder Judicial.
Los talleres permitieron la identificación de 11 temas estratégicos que van desde las buenas prácticas en Gobernanza Judicial, hasta el análisis de riesgos especializados como el de la corrupción, gestión de ética e integridad y la capacitación para la sensibilización en la temática; así como los temas centrales en materia de reclutamiento y selección del personal judicial y la contratación administrativa.
Con los insumos obtenidos en el taller, se iniciará un proceso de validación de las líneas de acción definidas, para luego elaborar un documento consolidado de la Política Anticorrupción que se presentaría ante Corte Plena para su valoración y aprobación.
- Detalles
-
Publicado: Viernes, 29 Octubre 2021 13:34
- Sobre las personas aspirantes al cargo de Fiscal o Fiscala General de la República
En la página web del concurso al cargo de Fiscal o Fiscala General se encuentra habilitado un buzón de comentarios, para que la ciudadanía pueda registrar algún antecedente de importancia con respecto a alguna de las personas candidatas al cargo de Fiscal o Fiscala General de la República. Dicha herramienta estará disponible hasta el 11 de noviembre del año en curso.
En este espacio, se podrá aportar cualquier opinión o antecedente de importancia e interés público en relación con alguna de las personas preseleccionadas. Esta información se valorará durante el proceso de investigación y si fuera del caso, se elevaría para conocimiento de la Comisión de Nombramientos de la Corte, el nombre ni el contenido de los comentarios de las personas serán expuestos ante terceros sin el respectivo consentimiento.
Dicho buzón de comentarios y los demás detalles de cada una de las etapas del proceso los puede encontrar en el enlace oficial del concurso: https://ghreclutamientoyseleccion.poder-judicial.go.cr/index.php/concurso-de-fiscal-y-fiscala-de-la-republica, de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, el cual se mantiene actualizado en cumplimiento con los principios de transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto que caracterizan a este Poder de la República.
Información importante sobre el uso del buzón de comentarios
Para ingresar un comentario al buzón la persona interesada debe brindar datos personales básicos de identificación y ubicación o contacto, a efectos de que, si se considera pertinente, se le contacte por parte de la Unidad de Investigación Sociolaboral y de Antecedentes (UISA) de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial para obtener mayores detalles que permita orientar la investigación que eventualmente se realice.
Tal requisito para hacer uso del buzón se estableció de esta forma con el propósito de procurar un uso adecuado de la herramienta y evitar que robots informáticos u otros mecanismos despersonalizados hagan uso inadecuado de la misma.
Los requisitos para ingresar los comentarios, no podría bajo ninguna circunstancia publicarse éstos ni los datos de las personas de que los hacen, toda vez que esto podría afectar derechos fundamentales.
Los comentarios u observaciones que se reciban por medio de esta herramienta son analizados con rigurosidad en la UISA, quienes identificarán si el comentario contiene elementos objetivos cuya relevancia merezcan retomarse en la investigación que tiene en proceso dicha unidad como parte del estudio sociolaboral y de antecedentes que debe rendirse a la Comisión de Nombramientos de Corte Plena. La procedencia o no de una línea de investigación puntual como derivación de un comentario se decide con base a la verificación mediante herramientas tecnológicas y criterios técnicos especializados en la materia.
Estado del Concurso
Un total de 22 personas aspirantes se mantienen en el concurso por el cargo de Fiscal(a) General de la República del Ministerio Público, concurso que se encuentra en su sexta etapa correspondiente a la valoración de técnicas selectivas y de los estudios sociolaborales de antecedentes, fase prevista hasta el 15 de noviembre del 2021.
Este listado de personas, lo puede consultar en la página oficial del concurso en el enlace: https://ghreclutamientoyseleccion.poder-judicial.go.cr/index.php/listado-de-preseleccionados.
Una vez finalizada esta etapa, se hará el traslado de la lista de preselección de las y los postulados a la Comisión de Nombramientos, la cual posteriormente se encargará de la realización de las entrevistas; se debe subrayar que únicamente las personas que obtuvieron una nota de preselección igual o superior a 80.00, serán llamadas a la entrevista con la Comisión de Nombramientos de la Corte Suprema de Justicia.
Acto seguido, se procederá con la valoración de la nota de elegibilidad, la cual incluye la nota de preselección y la entrevista, con el fin de definir la nómina de elegibles, para la presentación de la propuesta de la Comisión a la Corte Plena, órgano que tendrá la responsabilidad de la votación y el respectivo nombramiento de la persona elegida.
- Detalles
-
Publicado: Lunes, 25 Octubre 2021 15:10
- Establecen representación en la XX Cumbre Judicial Iberoamericana.
El Poder Judicial de Costa Rica mantendrá una participación activa en favor de la administración de justicia de la región Iberoamericana. Los aportes en propuestas de mejoras se consolidan en seis órganos de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
Así se estableció en el segundo día de la XX Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
Desde la Comisión Perm
anente de Coordinación y Seguimiento, el magistrado de la Sala Primera y Coordinador Nacional, Román Solís Zelaya, continuará sus labores, como representante del Poder Judicial de Costa Rica.
En la Comisión de Calidad para la Justicia, se contará con el trabajo de la magistrada de la Sala Segunda, Julia Varela Araya. La Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia, incorpora la labor de la magistrada de la Sala Segunda, Roxana Chacón Artavia.
El Poder Judicial también tendrá representación en la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y la Comisión de Justicia Medioambiental, con los aportes del magistrado de la Sala Segunda, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez y la magistrada de la Sala Primera, Damaris Vargas Vásquez, respectivamente.
Por su parte, el magistrado Presidente de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, mantiene sus funciones en la construcción de propuestas en el grupo de trabajo permanente E-Justicia.
Desde la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacional (OCRI), se brindó asesoría y acompañamiento para la participación institucional en la XX Cumbre Judicial Iberoamericana que se realizó en la Ciudad de Panamá los días 21 y 22 de octubre de 2021.
La Cumbre se constituye en una estructura de cooperación, concertación e intercambio de experiencias, que se articulan con las máximas instancias de los Poderes Judiciales de la región Iberoamericana, la cual está constituida por Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
- Detalles
-
Publicado: Jueves, 21 Octubre 2021 16:15
- Inician Talleres de validación del plan de acción de la política anticorrupción del Poder Judicial de Costa Rica.
- Participan jerarcas judiciales, organizaciones gremiales del Poder Judicial, población judicial y sociedad civil.
Jefaturas judiciales de los tres ámbitos del Poder Judicial, Jurisdiccional, Auxiliar de Justicia y Administrativo se reunión para trabajar en los aspectos puntuales del plan de acción para la construcción de la Política Anticorrupción institucional.
El primer Taller de validación del plan de acción de la política anticorrupción del Poder Judicial de Costa Rica se realizó el pasado viernes 15 de octubre, en el Salón Multiusos del Edificio de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de que las jefaturas judiciales brinden sus aportes.
“Hoy nos hacemos presentes jerarcas, coordinadores y responsables de unidades y oficinas para trabajar con una visión participativa y responsable, en este importante instrumento y lograr de una manera técnica y objetiva, gestionar de forma adecuada, planificación y con incidencia estructural y operacional, el fenómeno de la corrupción y fraude organizacional en el Poder Judicial de Costa Rica”, afirmó la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y coordinadora de la Comisión de Transparencia del Poder Judicial, Patricia Solano Castro.
Solano Castro destacó que estos espacios permitirán construir un instrumento que genere identidad y compromiso judicial; medible y ajustada a las necesidades institucionales, con un carácter general y vinculantes para toda la estructura institucional, desde la innovación.
La coordinación de los talleres está a cargo de la Oficina de Cumplimiento del Poder Judicial.
“Esta política viene a sumar en esa línea establecida ya por la institución, de una cultura que nos lleve a prevenir los actos de corrupción y saber reaccionar oportunamente. La institución tiene buenas herramientas para trabajar y abordar el tema de la corrupción y lo que viene a hacer la política es sistematizar todos esos instrumentos, encontrar y resolver las debilidades en ciertos temas, superar brechas, para gestionar desde todas las instancias involucradas, acciones que vengan a impactar el tema de la corrupción”, explicó Kenia Alvarado Villalobos, Oficial de Cumplimiento.
Durante los talleras se conforman equipos de trabajo, en los que se promueven actividades de generación de propuestas dentro del plan de acción de construcción de la política.
Los próximos talleres tendrán lugar en este mes de octubre. El 20 y 21 de octubre, se reciben los aportes de las organizaciones gremiales del Poder Judicial y para el 27 de octubre se trabajará con oficinas vinculadas con la institución.
Además, la construcción de la política tiene previsto un instrumento de consulta general, mediante la metodología de encuesta, para obtener una retroalimentación con la población interna y externa del Poder Judicial.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 20 Octubre 2021 17:12
- En Categoría I: Sistema de Gestión Electrónica. “Litigación electrónica de casos judiciales”.
El Poder Judicial de Costa Rica ganó en la Categoría I: Sistema de Gestión Electrónica el Primer Concurso de Justicia y Tecnología de la XX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana 2021 con el proyecto “Litigación electrónica de casos judiciales”.
Dicha categoría se otorgó al mejor sistema de servicio digital para gestionar judicialmente de forma electrónica a través de aplicaciones web.
Lo logrado con estos esfuerzos del Poder Judicial, han impactado no solamente a la misma institución, sino que ha propiciado una transformación nacional en lo que al acceso a la justicia se refiere, al dotar a la ciudadanía, a los litigantes, a otras instituciones públicas y empresas privadas, de modernos mecanismos para gestionar sus causas, para consultar la jurisprudencia y para interactuar con los servicios judiciales.
Como parte de estos esfuerzos, se incluye la automatización de los procesos organizacionales y por ende un mejoramiento en la gestión interna que se traduce también en beneficios para el ciudadano, muchos de los cuales pasan por la transparencia, la celeridad en la atención de los casos, y en una participación activa de las partes intervinientes en todo el modelo de justicia costarricense.
Esta fue una iniciativa que fue presentada desde la Dirección de Tecnología de la Información del Poder Judicial, para participar en el Primer Concurso de Justicia y Tecnología de la VIII Feria de Justicia y Tecnología, cuya premiación se realizará durante la Asamblea Plenaria que se llevará a cabo los días 21 y 22 de octubre en Panamá.
La actividad se realizó de manera virtual por medio de la plataforma Zoom y transmitida por la página web y el canal de YouTube del Órgano Judicial de Panamá.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 20 Octubre 2021 17:08
- Presidente de la Corte presenta herramienta tecnológica del Observatorio Judicial.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro compartió información sobre la herramienta electrónica del Observatorio Judicial, que muestra información estadística y datos del quehacer en todos los ámbitos: jurisdiccional, ámbito auxiliar de justicia y administrativo del Poder Judicial.
Cruz Castro indicó que “se muestra la información estadística e indicadores judiciales de manera integrada, con la información contenida en el Sistema Georreferencial, se enseñan indicadores de rendimiento de las distintas oficinas y los datos reflejan en general, cuantitativa y temporalmente, la función de quienes administran justicia, lo que favorece un mayor conocimiento de la labor que realiza la institución”.
“La herramienta electrónica es el resultado de un cambio de visión hacia una justicia abierta, a través de la implementación de esta forma de gestión pública se busca una justicia más cercana con la ciudadanía, aplicando las tecnologías de información y comunicación. El proyecto responde a los principios de transparencia, rendición de cuentas, máxima divulgación, publicidad, acceso a la información, participación ciudadana e innovación”, afirmó el Presidente de la Corte.
Como parte de la exposición de Costa Rica en la Cumbre Judicial Iberoamericana con el tema “Observatorio Judicial: una Ventana para el Acceso a la Información Pública” se presentó la ponencia de Indira Melissa Calvo Gould, coordinadora de la Unidad de Servicios al Ciudadano en el Subproceso de Sistemas Administrativos de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones.
En su presentación, Indira Calvo resaltó la información que se muestra en el sitio web; algunos de estos puntos fueron la cantidad de casos nuevos, en proceso y resueltos, duración de procesos judiciales activos y terminados, estadísticas de sentencias y resoluciones atendidas por materia y oficina.
“El Observatorio Judicial es el resultado de un trabajo en equipo a nivel institucional, que refleja la visión que el Poder Judicial ha tenido para invertir en tecnología, buscando mejorar la labor judicial y la atención a la persona usuaria. Es una herramienta tecnológica de avanzada, la cual desde su creación ha considerado las necesidades de la población judicial y la ciudadanía, lo que constituye un pilar de la justicia abierta”, puntualizó Calvo Gould.
La actividad se realizó de manera virtual por medio de la plataforma Zoom y transmitida por la página web y el canal de YouTube del Órgano Judicial de Panamá, en el marco de la VIII Feria de Justicia y Tecnología de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 19 Octubre 2021 15:48
- En el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana 2020 -2021
El Poder Judicial participa en la VIII Feria de Justicia y Tecnología de la XX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana 2021, que se realizó los días 18 y 19 de octubre, de manera virtual por medio de la plataforma Zoom y transmitida por la página web y el canal de YouTube del Órgano Judicial de Panamá.
Los tres proyectos en los cuales se participó son Categoría I: Sistema de Gestión Electrónica “Litigación electrónica de casos judiciales”; Categoría II: Innovación y Justicia, “Chatbot de consultas frecuentes del Poder Judicial de Costa Rica” y Categoría III: Acceso, Justicia e Igualdad “Nexus. PJ Plataforma tecnológica que permite al público en general la búsqueda de jurisprudencia”.
En la actividad se realizaron charlas con expositores internacionales, siendo que en este primer día, participó Gezer Ramiro Molina Colomer, Coordinador de la Unidad de Seguridad Informática de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones del Poder Judicial de Costa Rica con el tema “Human Hacking: Tácticas y Herramientas del Arte del Engaño”.
En su charla, Gezer Ramiro Molina resaltó temas como Ciberdelincuencia y tipos de ingeniería social, el cerebro y el proceso cognitivo de Human Hacking, cuando la realidad supera la ficción, data points y dio recomendaciones para no ser víctimas de la ciberdelincuencia.
“Las tácticas de ingeniería social aplicando tecnología de información ha causado grandes brechas de seguridad que ponen en riesgo la información personal y organizacional que manejemos en medios tecnológicos. Por tal motivo es imperativo concientizar a las personas usuarias a emplear medidas de protección a la información y estar capacitados para mitigar las amenazas emergentes”, indicó el coordinador de la Unidad de Seguridad Informática de la DTIC.
La VIII Feria de Justicia y Tecnología se desarrolla en el marco de la XX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, cuya Asamblea Plenaria se realizará los días 21 y 22 de octubre de 2021.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 19 Octubre 2021 14:45
- Hoja de delincuencia tiene una vigencia de 3 meses
- Emprenderán plan piloto durante este año 2021, ante requerimientos de personas usuarias.
- Instan a la población a hacer uso de los medios electrónicos para la solicitud de dicho documento.
Prestar el servicio de entrega de certificaciones de antecedentes penales y de pensiones durante el cierre de fin de año, es el plan piloto que se aplicará este 2021, tanto en las oficinas centrales del Registro Judicial del I Circuito Judicial de San José, como en las Administraciones Regionales de todo el país y demás despachos judiciales autorizados.
De esta manera, para el presente año, se mantendrá la entrega de estas certificaciones judiciales del 20 al 24 de diciembre y del 27 al 31 de diciembre, fechas en las que se da un cierre colectivo en el Poder Judicial y únicamente se mantiene habilitados los servicios judiciales esenciales y trascendentales.
El plan piloto busca dar respuesta a los requerimientos de las personas usuarias, que demandan estos documentos para aplicar a puestos de trabajo.
La autoridad del Registro Judicial reitera que las certificaciones de antecedentes penales tienen una vigencia de tres meses, para que las personas usuarias puedan prevenir de manera anticipada la obtención de las certificaciones que requieran.
Se pretende medir la afluencia de personas que acuden a las oficinas judiciales a solicitar estos documentos.
Además, el Poder Judicial insta a las personas usuarias a utilizar los medios tecnológicos disponibles, en la aplicación móvil y la página web del Poder Judicial www.poder-judicial.go.cr, para hacer la solicitud de la hoja de delincuencia, sin que requieran trasladarse físicamente a las diferentes instalaciones.
Para el uso de este y otros servicios digitales judiciales, se requiere un usuario y contraseña. Si aún no lo tiene, puede hacer la solicitud en el despacho judicial, Contralorías de Servicios y oficina del Registro Judicial, más cercano de su casa o lugar de trabajo.
La solicitud de la hoja de delincuencia se puede hacer por varias opciones electrónicas:
Página web del Poder Judicial:
Ingresando a la dirección electrónica del Poder Judicial www.poder-judicial.go.cr, la persona debe dirigirse a la pestaña, “Trámites en línea” y ubicar la opción, “Solicitud de Hoja de Delincuencia” y se elige la opción correspondiente. Se ingresa al sistema con el usuario y contraseña previamente solicitado en cualquier despacho judicial cercano.
Al correo electrónico indicado, le llegará la notificación de que ya puede descargar la certificación en formato PDF, el cual se encuentra en el Sistema de Gestión en Línea, mismo en el que realizó la solicitud.
Aplicación Móvil del Poder Judicial:
El Sistema de solicitud y envío de hoja de delincuencia también está disponible para las personas usuarias, desde la aplicación móvil del Poder Judicial. La cual se encuentra disponible para sistemas Android y IOS.
Igualmente, las personas usuarias requieren un usuario y contraseña, que pueden solicitarlo en cualquier despacho judicial cercano.
El plan piloto se implementará en cumplimiento al acuerdo tomado por el Consejo Superior, en la sesión N° 33-2021 celebrada el 27 de abril de 2021; en atención a la solicitud remitida por la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, que señaló que una de las consultas más frecuentes que se atendían en la línea gratuita judicial, 800-800-3000, era la referida al servicio de entrega de hoja de delincuencia durante la tercera semana de diciembre.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 19 Octubre 2021 14:32
- Se ubica en el puesto 25 de 142 instituciones públicas evaluadas.
- Únicamente superada por entidades financieras y bancarias.
El Poder Judicial se encuentra entre el 19% de las instituciones públicas que se ubican en la clasificación de competente y avanzado en la aplicación de prácticas que impactan positivamente su gestión financiera.
Específicamente, este Poder de la República alcanzó la calificación de competente, ocupando el puesto 25 de 142 instituciones públicas evaluadas, superado en su mayoría por entes del sector bancario y financiero.
Los datos se desprenden del Informe N° DFOE-CAP-SGP-00003-2021, Gestión Financiera a cargo de los Jerarcas y Alta Gerencia en las Instituciones Públicas, preparado por el Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, de la Contraloría General de la República.
De acuerdo con Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva del Poder Judicial, “…el resultado obtenido por el Poder Judicial es sobresaliente, dado que se han implementado acciones por medio de los jerarcas y alta gerencia que permiten establecer estrategias para abordar situaciones económicas y presupuestarias adversas o cambiantes, el monitoreo oportuno de las necesidades de recursos disponibles para cumplir los objetivos institucionales, determinar las brechas financieras entre la situación económica actual y la deseada; así como, identificar espacios de eficiencia y posibles ahorros, dentro del marco de la administración de justicia y su financiamiento, soportado por la asignación presupuestaria aprobada por ley”.
“Las instituciones que presentan niveles competentes y avanzados de aplicación de funciones y prácticas reflejan una serie de elementos que se han integrado como parte de la gestión financiera y según lo informado han contribuido de forma positiva en dicha gestión”, señaló el ente contralor.
Entre estas prácticas se destacan la implementación de mecanismos de monitoreo constante del entorno institucional y externo y de sistemas de gestión de calidad, la conformación de planes de contingencia de liquidez, la comunicación constante entre jerarcas, alta gerencia y niveles operativos y el empleo sistemático y de procesos para la priorización de temas asociados a la gestión financiera.
El estudio de la Contraloría comprendió la evaluación de aspectos como, la estrategia y estructura, el liderazgo y cultura, los procesos e información y las competencias y equipos.
La Dirección Ejecutiva remitió el informe ante el Consejo Superior para su conocimiento. El cual se analizó en su sesión del N° 87-2021 celebrada el 7 de octubre de 2021.
Con la finalizad de conocer mejores prácticas y desafíos dentro de las funciones en gestión financiera del Poder Judicial, el Departamento de Financiero Contable participó de los talleres virtuales que imparte el ente contralor en esta materia.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 19 Octubre 2021 14:25
- Desarrollan foro virtual en el marco de la celebración de los 195 años del Poder Judicial.
Los desafíos actuales de la denominada “posverdad”, se analizaron en el foro virtual, que desarrolló el Poder Judicial, para celebrar sus 195 años de funciones.
La actividad se realizó el pasado viernes 15 de octubre, con la participación como expositor de Gustavo Román Jacobo, profesor universitario, especialista en comunicación política y gestor político institucional del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
En la apertura de la actividad el magistrado Presidente de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Luis Guillermo Rivas Loáiciga señaló la importancia de la adaptación de los nuevos instrumentos de la comunicación, al quehacer diario del Poder Judicial y a la vida en democracia.
“Nosotros dentro del Estado tenemos una misión importante, el resolver los conflictos, y tenemos unas características especiales, porque no solamente somos jurisdicción, sino también somo acción penal, defensa penal, investigación, investigación científica y estamos dentro del Estado y debemos entender como encajar en el diagrama y el cómo trasladar el conocimiento y los datos desde el acercamiento con las personas con las que interactuamos”, puntualizó Rivas Loáiciga.
El especialista Gustavo Román Jacobo indicó que parte de la crisis en torno al tema de la posverdad, es no comprender los entornos y el perfil de la situación que enfrentamos, por ser éste un fenómeno nuevo en la historia, en el que convergen cuatro factores fundamentales. El primero tiene que ver con cómo son los seres humanos, el segundo cómo organizamos nuestra vida en común y que tiene que ver con la política, el tercer factor corresponde a qué creemos y el cuarto, cómo nos comunicamos.
“La alta interconexión, la abundancia de información y la libertad de expresión no alcanza, por las brechas en la enorme capacidad tecnológica y una bajísima educación sobre cómo utilizar inteligentemente estas herramientas y una muy poca conciencia sobre la responsabilidad que implica su uso”, explicó Román Jacobo.
Señaló que a estas brechas, se le suma la enorme complejidad de los asuntos públicos y el poco tiempo y la escasa información para comprenderlos, por cuanto se consume información con mucha rapidez.
“La posverdad es una amenaza para la democracia, porque sin consenso sobre los hechos, no es posible el debate y si no es posible el debate, no son posibles los acuerdos políticos. El tema también tiene que ver con la supervivencia nuestra y la supervivencia de la libertad. La democracia requiere respeto por la libertad de la administración de justicia, para ser aceptada, reconocida por la sociedad, requiere respeto por la verdad”, detalló el experto.
Además consideró algunos aspectos importantes para combatir la posverdad como la profesionalización de la comunicación institucional, la defensa del periodismo profesional, la búsqueda de nuevas formas de financiar el periodismo que permita un desarrollo profesional e independiente de agendas políticas, económicas y empresariales.
Señalo la relevancia de promover el pensamiento crítico y las actitudes dialógicas con quienes piensan distinto; así como el apoyo de la investigación científica en comunicación y el sometimiento de las empresas de internet al Estado de Derecho, pues existe el reto de regular la tecnología que evoluciona en la época, desde un esfuerzo internacional, para la preservación de la democracia.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 12 Octubre 2021 15:14
- Monto presupuestado es de ₡469.364 millones.
- Presupuesto aprobado por Corte Plena para 2022 disminuyó un 0,06% en comparación con el plan de gastos aprobado por la Corte Plena inicialmente para el 2021.
- En el proceso de aprobación del Presupuesto 2021, el Poder Judicial cedió más de ₡ 11.622 millones al Poder Ejecutivo.
Las autoridades judiciales expusieron el presupuesto del Poder Judicial para el 2022 ante la Comisión Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, monto que alcanza un total de ₡469.364.168.719, excluyendo los ₡1.214.831.281 correspondientes a los recursos propios del Fondo de Jubilaciones.
En la audiencia, convocada de manera virtual, se contó con la exposición del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Fernando Cruz Castro y la Vicepresidenta, magistrada Patricia Solano Castro.
En su intervención el magistrado Cruz Castro detalló: “…el presupuesto está muy ajustado a la situación fiscal del país, dentro de los parámetros que fijó Hacienda y las limitaciones de la Regla Fiscal, con la aplicación de 139 directrices internas de contención del gasto. Con ello, el plan de gasto representa un 4% del total del presupuesto nacional. Cumplimos con los mínimos y quedan muchas necesidades aún por llenar, pero debemos tener una visión realista de la situación del país”.
Por su parte la Vicepresidenta de la Corte, Patricia Solano Castro, señaló el esfuerzo judicial para dotar recursos en el 2022, para la implementación de la Ley de la Jurisdicción Especializada de Crimen Organizado con la inclusión de ₡500 millones para dotar de planta física estos tribunales.
“Lo que requeriríamos es un presupuesto adicional de 2900 millones, consensuado con los Supremos Poderes, que se destinaría para instalar el recurso humano en la Judicatura, Ministerio Público y OIJ y poner en marcha esta jurisdicción especializada. Recalcamos que nosotros seguimos investigando crimen organizado, con los recursos que tenemos”, manifestó Solano Castro.
El presupuesto del Poder Judicial para el año 2022, cumple a cabalidad los lineamientos de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Pública y las especificidades de la Regla Fiscal en temas como dedicación exclusiva, prohibición, evaluación de desempeño, la creación de nuevas competencias por reserva de ley, los topes salariales, el pago del IVA y la nominalización de los componentes salariales.
En el tema de crecimiento presupuestario, alineado a la Regla Fiscal, se cumple con la disposición establecida por el Ministerio de Hacienda.
Por disposiciones hacendarias, se incluye dentro del límite de crecimiento, lo correspondiente al financiamiento del gasto de los ingresos por: Impuestos a Personas Jurídicas, Honorarios Oficina Defensa Civil, Plataforma Información Policial, Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones y Ministerio Público.
La propuesta procura darle sostenibilidad al funcionamiento de las 894 oficinas judiciales que atienden en todo el país en el ámbito de la judicatura, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público, la Defensa Pública y la administración, así como mantener más de 169 tipos de servicios judiciales que se brindan.
También se estableció como prioridad la inversión tecnológica para mantener la plataforma y continuidad de los servicios tecnológicos, lo que ha permitido en el 2021 más de 27 millones de consultas a expedientes digitales por parte de las personas usuarias y la presentación en línea de más de 1.6 millones de escritos ante instancias judiciales, entre otros.
Para continuar con la atención de la pandemia por el COVID-19, para el 2022 se refuerza en aproximadamente ₡270 millones las subpartidas afines a la adquisición de productos farmacéuticos y medicinales, útiles y materiales de limpieza y de resguardo y seguridad, para la protección de las personas usuarias y la población judicial.
En cuanto a plazas nuevas, el Ministerio de Hacienda autorizó la inclusión en el proceso de aprobación las correspondientes al OIJ para la administración del incinerador de drogas, así como las requeridas para la Defensa Pública y así extender el servicio en pensiones alimentarias y en atención de asuntos indígenas en las zonas de Turrialba y Buenos Aires.
Leyes especiales demandan presupuesto adicional. Las nuevas obligaciones legales aprobadas por la Asamblea Legislativa y necesidades en Pensiones Alimentarias le demandan recursos adicionales al Poder Judicial para el 2022, por el orden de los ₡22.738 millones, indispensables para su aplicación en:
La comparecencia de los jerarcas judiciales contó con el acompañamiento del equipo técnico institucional integrado por Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva; Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación; Roxana Arrieta Meléndez, Directora de Gestión Humana; Irving Vargas Rodríguez, Director a.i del Despacho de la Presidencia; así como los jerarcas de los órganos judiciales, Walter Espinoza Espinoza, Director del Organismo de Investigación Judicial; Warner Molina Ruiz, Ministerio Público; Juan Carlos Pérez Murillo, Defensa Pública. También intervino Arnoldo Hernández Solano, quien preside la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 12 Octubre 2021 14:48
- Realizan gira a Limón y Bataán.
Un diálogo abierto promovió el Consejo Superior del Poder Judicial con representantes administrativos y jurisdiccionales que brindan el servicio de Administración de Justicia en Limón y Bataán.
Mediante una gira a estas regiones el 23 y 24 de setiembre, Sandra Pizarro Gutiérrez y Gary Bonilla Garro, integrantes del Consejo Superior, se acercaron a la realidad de los despachos judiciales y los principales requerimientos.
En esta gira también se contó con la participación de la gestora en materia penal Msc. Nuria Villalobos Solano quien atendió aspectos propios de la jurisdicción penal.
“En cumplimiento con lo establecido en el artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en apego a la Política Justicia Abierta del Poder Judicial, desde el Consejo Superior establecimos como objetivo de la visita, realizar un encuentro y un acercamiento con los coordinadores de despachos, así como con el Consejo de Administración del Circuito Judicial de Limón, para conversar sobre aspectos relevantes del Circuito que consideren importante trasladar al Consejo Superior”, explicó Sandra Pizarro Gutiérrez.
“Se les explicó que el objetivo de la reunión fue conversar activamente sobre temas propios del Circuito para que las decisiones se tomen de la mejor forma, además se insistió en la importancia de contar con una comunicación efectiva con los circuitos de Bataán y Bribri, mediante reuniones virtuales y presenciales para su efectiva inclusión”, destacó Gary Bonilla Garro.
La gira permitió ampliar en temas como la gestión del recurso humano, en cuanto a requerimientos para mejorar el servicio, las labores bajo la modalidad de teletrabajo y la aplicación del reglamento institucional en esta materia.
Se analizaron temas de infraestructura, aspectos relacionados con el presupuesto judicial y el servicio de administración de justicia en materias como la penal y la coordinación vital entre juzgados, tribunales y órganos auxiliares de justicia.
Se ahondó en el avance del proyecto para la implementación de herramientas tecnológicas, específicamente lo relacionado con el escritorio virtual en el circuito; así como la aplicación de las circulares y lineamientos que emite la institución a partir de las circulares internas.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 12 Octubre 2021 14:47
- La transparencia y rendición de cuentas son pilares fundamentales de la democracia, y una forma de que la ciudadanía conozca las acciones que desarrolla el Poder Judicial.
En un acto de transparencia y rendición de cuentas a la comunidad en general, se expuso el informe de acciones y avances realizados en Justicia Restaurativa, labores enfocadas en el mandato legal de implementar a nivel nacional los procesos restaurativos.
El trabajo es en conjunto con el Ministerio Público, Defensa Pública, Departamento de Trabajo Social y Psicología, Centro de Resolución Alterna de Conflictos, la judicatura en materia penal y penal juvenil, así como el ámbito administrativo, sin dejar de lado las acciones interinstitucionales.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro señaló que al hablar de esta materia, debe concebirla como una forma distinta de repensar el clásico paradigma de la justicia penal, aquel centrado únicamente en el factor punitivo de la acción jurídicamente reprochable, pero que dejaba de lado a la víctima y el daño ocasionado, “Es ahí donde cobra un papel fundamental, centrando su accionar en las víctimas, buscando que la persona causante del daño asuma de manera responsable las acciones realizadas e intente reparar el daño”.
“En el caso de nuestro país, este enfoque de justicia se ha ido desarrollando paulatinamente y materializándose con una mayor fuerza, gracias a la aprobación de la Ley de Justicia Restaurativa (Ley N° 9582), la cual entró en vigor a partir de enero de 2019”, indicó Cruz Castro.
Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa brindó datos estadísticos y puntualizó que “durante el año 2020 y 2021 se ha puesto a prueba la innovación, la resiliencia y compromiso del personal judicial y a pesar de los ajustes producto de la pandemia, y las restricciones presupuestarias, se continúa avanzando en el mandato legal de brindar el servicio de Justicia Restaurativa a nivel nacional”.
“Aún en pandemia, con la inclusión de virtualidad, con reprogramaciones de diligencias por restricciones, la calidad del servicio que brindaron los equipos interdisciplinarios de Justicia Restaurativa se mantienen en un 95% de satisfacción, y como se aprecia se logró como forma de reparación del daño: 69.089 horas de servicio comunitario y 96.116.889 colones”, afirmó el Magistrado Alfaro.
Adicionalmente, rindieron un informe Warner Molina Ruiz, Fiscal General en ejercicio del Ministerio Público; Juan Carlos Pérez Murillo, Director de la Defensa Pública y Alba Gutiérrez Villalobos, Jefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología.
También se realizó la capacitación denominada “Actividad sobre liderazgo con enfoque restaurativo” a cargo de Msc Claire De Merzerville, experta del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas (IRP) por sus siglas en inglés.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 12 Octubre 2021 14:45
- Actividad se dio en el marco de las celebraciones del 195 Aniversario del Poder Judicial.
Como parte de las actividades que se realizan con motivo de la celebración del 195 Aniversario de la creación del Poder Judicial, se desarrolló el pasado 8 de octubre la conferencia denominada “La Evolución Histórica del Poder Judicial y los Retos de la Administración de Justicia”, la cual estuvo a cargo del Historiador y Decano de la Universidad Nacional, Vladimir de la Cruz.
En dicha actividad, se contó con la participación del Magistrado Presidente de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, quien destacó las celebraciones del Bicentenario y el 195 Aniversario del Poder Judicial, como fechas para reflexionar, pensar y ver hacia el futuro.
“Hemos visto a raíz de esta pandemia un aumento en el uso de nuevas tecnologías, que nos hacen prever que la labor que nosotros hacemos va a tener un cambio importante y la idea es que esto sea para mejorar y responder de una forma más ágil y con más calidad”, señaló el Magistrado Rivas Loáiciga.
Durante su exposición, Vladimir de la Cruz hizo un repaso histórico de la importancia que ha tenido el Poder Judicial en la vida independiente del país en estos 195
años de existencia, destacando aspectos como su creación, la evolución de su estructura a través de los años y el papel determinante en la institucionalidad del país.
El historiador destacó de manera muy precisa, aspectos como el tema de la elección de magistrados y magistradas, la evolución de las leyes y la creación de los diferentes códigos en las distintas materias que tutela la institución, así como los cambios que se dieron luego de la Constitución del 49 que le dieron al Poder Judicial la autonomía en lo que refiere a la Administración de Justicia, convirtiéndolo en un pilar fundamental de la democracia en nuestro país.
Otros acontecimientos como la creación de la Sala Constitucional, los Tribunales de Apelación y otros elementos de reorganización dentro de este Poder de la República, fueron mencionados en la conferencia.
El Decano de la Universidad Nacional señaló los principales retos para la institución, en donde mencionó temas como la burocracia, el acceso a la justicia para ciertas poblaciones, la duración de los procesos, la eficiencia y eficacia del sistema de justicia ante los delitos de cuello blanco y la lucha contra el narcotráfico.
Indicó que el reto más importante es informar a los ciudadanos y ciudadanas sobre sus derechos y sus libertades, mencionando que informatizar la justicia es el reto más significativo, ya que la pandemia ha puesto a todos y todas a pensar en nuevos métodos de trabajo.
“Hay un elemento muy importante y es que la justicia se considere siempre como un servicio público de calidad y la Corte Suprema de Justicia debe preocuparse de que así sea en todos sus funcionarios y en todas sus actividades. En el Bicentenario de la Independencia que estamos celebrando y cerrando en estos días, sin lugar a dudas, la Corte Suprema de Justicia tiene un lugar de honor y de distinción, ya que ha sido uno de los pilares importantes del desarrollo de la institucionalidad democrática y del sistema democrático y del ejercicio de libertades y derechos ciudadanos en Costa Rica”, finalizó el historiador.
La actividad se desarrolló de manera presencial y virtual, siguiendo todos los protocolos de las autoridades de Salud.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 05 Octubre 2021 15:41
- Promueve la mejora del servicio público en aras de una mayor eficiencia en la gestión.
La Comisión de Buenas Prácticas del Poder Judicial realizó la clausura oficial del concurso en su VIII edición 2021, y entregó los reconocimientos a las oficinas que participaron y que obtuvieron el primer y segundo lugar por cada ámbito: jurisdiccional, auxiliar de justicia y administrativo.
Así mismo, se realizó la entrega de reconocimientos a aquellas oficinas que aplicaron en sus buenas prácticas los criterios y políticas relacionadas con el acceso a la justicia a las poblaciones en condición de vulnerabilidad.
El concurso tiene como objetivo promover la mejora continua del servicio público de administración de justicia, a través de la participación del personal judicial, en aras de lograr mayor eficiencia en la gestión y mejora en la calidad del servicio brindado a las personas usuarias.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro indicó que “a las oficinas participantes les brindo mi mayor agradecimiento y reconocimiento por el compromiso no solo de participar en el concurso, sino también en la búsqueda de oportunidades de mejora en procura de brindar un servicio público de calidad y acorde con las exigencias de la sociedad actual”.
“Asimismo, deseo brindar mi reconocimiento a las oficinas ganadoras en cada uno de los ámbitos, ya que, las iniciativas planteadas permitirán trazar el camino para que otras puedan replicar estas grandes ideas y así de manera conjunta hacer de esta, una mejor institución”, agregó el Magistrado Cruz Castro.
Para el Magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Presidente de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y Coordinador de la Comisión Buenas Prácticas “la participación de tantas oficinas de todos los ámbitos y todo el país muestra un compromiso arraigado entre los empleados judiciales por mejorar continuamente la gestión de su trabajo en beneficio de los usuarios”.
En el marco de la VIII Edición del Concurso de Buenas Prácticas 2021 se inscribieron un total de 30 buenas prácticas, 14 del ámbito jurisdiccional, 10 del ámbito auxiliar de justicia y 6 del ámbito administrativo.
Cada una de ellas fue evaluada por parte de un jurado calificador en el que se valoró si la buena práctica promueve un mejor aprovechamiento de los recursos, contribuye con la simplificación de trámites, es creativa, sostenible, puede ser replicable, mejora la calidad del servicio brindado y sobre todo se demuestra que ha sido implementada y acogida por parte del personal de la oficina participante.
- Detalles
-
Publicado: Lunes, 04 Octubre 2021 16:32
- Poder Judicial desarrolla conferencia virtual “Más Independencia que lograr”, en el marco de los 195 Aniversario de la instalación del Poder Judicial en Costa Rica.
El Poder Judicial abrió un espacio de análisis, para conocer la realidad nacional y el papel de la institución, al cumplirse los 195 años de su creación en Costa Rica.
Mediante una serie de conferencias virtuales se abre el debate sobre la independencia judicial y el rol en el Estado costarricense.
“Más independencia que lograr”, fue la primera conferencia virtual que tuvo lugar este jueves 30 de setiembre, con la participación del Director Académico del Centro de Investigación y Adiestramiento Político Administrativo (CIAPA) y Catedrático de la UCR, Constantino Urcuyo Fournier.
“Lo que buscamos con estos espacios de discusión es lograr un acercamiento con nuestra realidad, en la que estamos inmersos, que tenemos que conocer, entender y tener claridad sobre la ruta que debemos seguir. El expositor nos muestra que estamos en una sociedad que está en un punto de cambio, en cuyas tendencias debemos integrarnos, desde nuestra función esencial de satisfacer las demandas de nuestros administrados, con el objeto de construir paz y desarrollo en el país. Este proceso debe ser paulatino”, destacó el Presidente de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Luis Guillermo Rivas Loáiciga.
El expositor, Constantino Urcuyo Fournier, hizo un recorrido por la constitución del Estado costarricense, en estos 200 años de vida independiente y señaló entre los desafíos, la importancia de que “…reafirmemos la autodeterminación. La independencia se sigue construyendo en este mundo complejo, donde tratamos de ampliar nuestros márgenes de maniobra, en lo comercial y lo político, favoreciendo la inserción en el mercado mundial, inevitable, con respeto de los derechos humanos y la defensa de la autodeterminación”.
“Para lograr mucha más independencia, nosotros tenemos que construir más márgenes de maniobra, aprender del afuera y desarrollar lo propio. Y en este sentido la educación sigue como la primera opción. La revolución tecnológica obliga a nuestros jóvenes a salir al mundo, estudiar las nuevas tecnologías en las universidades de vanguardia. Sin la formación de más ingenieros y científicas, las fuerzas productivas no se desarrollan. La inteligencia cauta nos debe llevar a escrutar con agudeza, las macrotendencias globales”, puntualizó Urcuyo Fournier.
La actividad se realizó bajo la modalidad virtual, con la participación de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, jefaturas judiciales administrativas y jurisdiccionales.
- Detalles
-
Publicado: Viernes, 01 Octubre 2021 16:17
Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, en 195 Aniversario del Poder Judicial
- Conversatorio internacional analizó los desafíos de la Independencia Judicial en Costa Rica, América Latina y la Unión Europea.
Los retos y desafíos de la Independencia Judicial fue el tema focal en la celebración de los 195 años de la creación del Poder Judicial en Costa Rica; por el papel que cumple como pilar del Estado Constitucional de Derecho del país y del régimen democrático.
Mediante el Foro Virtual: 195 Aniversario del Poder Judicial: Retos y Desafíos, se abrió el espacio para conocer el panorama actual de Costa Rica, América Latina y la Unión Europea, con la participación de expertos internacionales.
“La construcción y fortalecimiento de la Independencia de la Judicatura debe ser un propósito de todos los Poderes, en el respectivo ámbito de sus competencias. Es una exigencia que no es exclusiva de la judicatura, sino que es un imperativo para los actores políticos, de lo contario, el poder de la judicatura será letra mojada”, afirmó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro.
El máximo jerarca judicial recalcó que “…la independencia del Poder Judicial en la determinación de salarios de sus funcionarios, la evaluación de su desempeño y su control disciplinario, no son materias que puedan quedar en control del Poder Ejecutivo”.
Sara Iglesias Sánchez, Letrada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hizo referencia a los procesos que ha tenido en conocimiento el Tribunal, relacionados con la independencia judicial, en temas como la crisis del Estado de Derecho, las remuneraciones, la organización de los propios sistemas jurisdiccionales y el nombramiento de jueces.
“Van a existir muchos retos para nuestro Tribunal, porque una vez que se ha abierto la puerta para estudiar el principio de la independencia judicial, los Estados miembros y sus jurisdicciones van a someter muchas otras cuestiones. Este es un gran reto, mantener el equilibrio entre salvaguardar el principio de independencia judicial y proteger y respetar la autonomía procesal de los Estados miembros”, explicó Iglesias Sánchez.
Resaltó el deber de respetar el principio de separación de Poderes y hacer que los jueces se encuentren protegidos de intervenciones internas e influencias directas e indirectas.
Roberto Gargarella, Catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, tuvo a cargo el análisis de los retos de la Independencia Judicial en América Latina. En su exposición resaltó que la Independencia Judicial debe estar en un vínculo fuerte con la ciudadanía.
“Hay algunas reformas institucionales que nos han ayudado a dirigirnos a una relación más fluyente entre jueces y ciudadanos. Ya los jueces reconocen que no pueden ser el reemplazo de la voz ciudadana, sino que tienen que ser partícipes y activadores del diálogo ciudadano y que pueden cumplir una función primordial en ese diálogo, a través de audiencias públicas, de decisiones de compromiso significativo, de sentencias exhortativas y que alienten el debate público”.
En el foro virtual participaron magistrados, magistradas, integrantes del Consejo Superior, representantes de la Direcciones Administrativas y de Órganos Jurisdiccionales y Auxiliares de Justicia, personal judicial y representantes de instituciones públicas y órganos internacionales.
- Detalles
-
Publicado: Jueves, 30 Septiembre 2021 16:02
- En el curso denominado “Delitos Económicos y Legitimación de Capitales” en el cual participan representantes de la judicatura, Ministerio Público, Defensa Publica, OIJ, así como letrados y letradas.
Personal judicial participa en el curso denominado “Delitos Económicos y Legitimación de Capitales”, el cual se realiza del 21 de setiembre al 28 de octubre.
Dicha capacitación constituye el último eslabón del ciclo de capacitaciones 2020-2021, organizado por la SubComisión de Delincuencia Organizada, bajo el auspicio de INL (Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley, por sus siglas en inglés), con la colaboración de la Universidad Internacional de la Florida y la Escuela Judicial.
El ciclo de capacitaciones inició, en modalidad virtual, a finales de julio de 2020, y en su desarrollo se han abordado temas como la ciberdelincuencia, la omisión impropia, delitos financieros y fiscales, el deber de garante de los funcionarios públicos en actividades financieras, bancarias y fiscales, temas de seguridad para operadores informáticos, así como seguridad administrativa en diligencias judiciales.
La Magistrada de la Sala de Casación Penal, Sandra Eugenia Zúñiga Morales, coordinadora de la SubComisión, resaltó la importancia de la colaboración de la Embajada de los Estados Unidos, para fortalecer y ampliar conocimientos, esenciales para la lucha contra el crimen organizado, a la vez que se da cumplimiento a la obligación fijada en la Ley de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, de capacitar a quienes en el futuro, formen parte de dicha jurisdicción.
“El esfuerzo debe reconocerse también, a las personas capacitadas, entre quienes se encuentran jueces y juezas penales, de juicio y de Apelación de Sentencia, así como defensores y defensoras públicas, fiscales, fiscalas, letrados y letradas e investigadores e investigadoras judiciales, ya que la especialización la realizan sacrificando su tiempo de descanso, a fin de no afectar la prestación del servicio público”, indicó la Magistrada Sandra Zúñiga.
Uno de los subproductos del curso de “Delitos Económicos y Legitimación de Capitales”, es una obra, escrita por las docentes, Catalina Vidales Rodríguez, Andrea Planchadell Gargallo y Beatriz Larriba Hinojar, la cual compara la normativa costarricense y española en el tema de legitimación de capitales, y será un insumo de gran valor no sólo para las cuarenta personas que participan activamente del curso en la actualidad, sino como material de referencia en el futuro, que puede ser aprovechado, en general, por los operadores en materia penal.
En virtud de la importancia del contenido de la capacitación que recibirán, los servidores y las servidoras que participen en el curso de especialización deberán coordinar lo necesario, con el fin de transmitir los conocimientos adquiridos durante esta experiencia formativa, al equipo de trabajo del cual forman parte, según los requerimientos institucionales.
- Detalles
-
Publicado: Jueves, 30 Septiembre 2021 15:57
- En conmemoración del Día Internacional de Acceso a la Información Pública.
El Poder Judicial de Costa Rica y la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj) realizaron el foro internacional de alto Nivel denominado “Acceso a la Información Pública en el marco de la Justicia Abierta”.
La actividad contó con la participación del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, y fue moderada por Ana Virginia Calzada Miranda, Expresidenta de la Sala Constitucional de Costa Rica.
Los panelistas fueron Eduardo Bertoni, de la Oficina Regional de América del Sur, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con la ponencia: Referentes latinoamericanos y desarrollo del derecho al acceso a la información pública.
Además expuso Alfredo Chirino, Decano de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Costa Rica, quien presentó el tema: Perspectivas contemporáneas del derecho a la información pública y finalmente Jaime Moreno Valle, del Departamento de Derecho Internacional, de la Organización de Estados Americanos expuso sobre: Estándares de la Ley Modelo del Acceso a la Información Pública 2.0.
Así mismo la Magistrada Vocal XII de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, María Eugenia Morales Aceña expuso sobre el tema de la situación del derecho al acceso a la información pública en Guatemala.
Para el Magistrado Fernando Cruz “hablar del Derecho Universal al acceso a la información pública, es hablar de un derecho muy propio y característico de las democracias, que ha ido evolucionando con el paso del tiempo, gracias en una gran medida a los avances tecnológicos que -cuando se usan para bien- pueden democratizar el conocimiento y brindar acceso a información de gran utilidad. La información y el acceso a ella es fundamental”.
“Pero nada más sugiero que la información, no es sólo la de los entes públicos o gubernamentales, sino también las empresas o corporaciones que realizan funciones de un indiscutido interés público. El poder no lo ejerce sólo el sector público formal, también lo ejercen las empresas o entes privados que realizan actividades de un indiscutido interés público, como servicios, actividades de medios, etc”, señaló el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
El Magistrado Cruz Castro agregó que el Poder Judicial ha realizado esfuerzos importantes, desde la Política de Justicia Abierta, hasta el trabajo que realiza CONAMAJ, para construir una cultura donde los esfuerzos institucionales puedan acoplarse adecuadamente a estos principios y hacer una institución de puertas más abiertas hacia la ciudadanía.
- Detalles
-
Publicado: Jueves, 30 Septiembre 2021 11:30
- Se conocieron resultados del Diagnóstico Regional sobre Lavado de Activos en Centroamérica y el Caribe.
Representantes de los Poderes Judiciales y Tribunales Supremos de Centroamérica y el Caribe, dieron a conocer los resultados obtenidos del diagnóstico regional sobre el análisis comparativo sobre la normativa jurídica y la organización institucional en la lucha contra el delito de legitimación de capitales, en el marco del Consejo Judicial Centroamericano y el Caribe (CJCC).
La reunión tuvo como sede Costa Rica y se realizó bajo la modalidad virtual y presencial, con la participación de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana.
El magistrado Oscar Alberto López Jerez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, y Presidente Pro Témpore del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe (CJCC), señaló que el diagnóstico “…en una herramienta en la lucha contra esta modalidad de criminalidad organizada dinámica que confirma el rol del Consejo Judicial Centroamericano y de El Caribe, como órgano integrador de políticas en materia de aplicación de justicia y seguridad jurídica entre los Poderes Judiciales de la región”.
En el acto oficial, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Fernando Cruz Castro, destacó que el Proyecto Lucha contra la Legitimación de Capitales y financiamiento al Terrorismo, “… es una necesidad impostergable en la Región de Centroamérica y el Caribe, avalado por el Consejo ante la necesidad de construir una agenda regional contra el lavado de dinero y activos, que además, cuenta con el valioso apoyo de la cooperación internacional de la Unión Europea por medio del Programa de Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado, El PacCto y del Centro Nacional de Cortes Estatales (NCSC siglas en inglés), que han mostrado un gran compromiso para contribuir con el bienestar de las personas de cada uno de los países de la región que integran el Consejo”.
La actividad contó con la participación de altas autoridades de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana, así como representantes del PACcTO, Delegación de la Unión Europea y del NCSC.
Sandra Zúñiga Morales, Magistrada de la Sala de Casación Penal, destacó la importancia del proyecto, el cual inició con la labor de un grupo de personas expertas de los países representantes y el desarrollo del diagnóstico regional, por medio del Grupo Especializado de Trabajo de Combate al Delito del CJCC.
“Costa Rica tuvo la iniciativa de presentar al Consejo Judicial Centroamericano y de El Caribe un proyecto para dar un paso al combate de este tipo de delincuencia y nos encontramos concluyendo la primera fase, que nos permitirá construir una hoja de ruta regional. Los datos que aportan las agencias que dan seguimiento a este tipo de criminalidad, nos advierten de que continua en crecimiento y por eso era necesario tomar acciones”, afirmó.
- Detalles
-
Publicado: Jueves, 30 Septiembre 2021 11:07
- En el marco del Programa ADELANTE 2 de la Unión Europea, los Poderes Judiciales de Costa Rica, El Estado de México, Paraguay y República Dominicana, así como las universidades españolas de Vigo y de Santiago de Compostela.
Intercambiar experiencias exitosas de justicia restaurativa y justicia terapéutica para que los países evalúen su incorporación en la administración de justicia, con el propósito de mejorar el servicio público que se brinda, es el propósito del “Taller de Intercambio de Buenas Prácticas en Justicia Restaurativa y Justicia Terapéutica”.
La actividad se realiza en el marco del Programa ADELANTE 2 de la Unión Europea, los Poderes Judiciales de Costa Rica, El Estado de México y Paraguay, en conjunto con las universidades españolas de Vigo y de Santiago de Compostela, quienes conforman la Alianza, para desarrollar la iniciativa de formación en Justicia Restaurativa y Justicia Terapéutica, donde figura como entidad participante el Poder Judicial de República Dominicana.
El taller pretende solventar retos en común, la continuidad de los servicios en esta materia en época de pandemia, promoviendo la virtualidad, para lo cual se hace indispensable la formación accesible y de calidad, destacándola como una alternativa satisfactoria para la resolución de conflictos.
El Magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa de Costa Rica, Gerardo Rubén Alfaro Vargas indicó que “La búsqueda de soluciones conjuntas entre socios, que dedicarán estos tres días, a compartir conocimientos, así como experiencias, ante los retos comunes identificados, potencian los recursos, de manera que los resultados sean de mayor impacto local y regional”.
“La experiencia de Justicia Restaurativa, próxima a cumplir diez años de aplicación, permite asegurar que es una forma de resolver problemas de delincuencia que tanto nos preocupa y ocupa como sociedad, brindando a las personas usuarias de manera real, efectiva y rápida, una respuesta al conflicto que lo llevó a solicitar los servicios de la administración de justicia. Por ello, el empeño en seguir conociendo y consolidando esta forma de atención a las personas usuarias” señaló el Magistrado Gerardo Rubén Alfaro.
En la apertura de la actividad virtual participó además Luis María Benítez Riera, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Paraguay y delegado representante en la Comisión MARC – TTD de Cumbre Judicial Iberoamericana, así como Laura Cabral del Programa ADELANTE 2 de la Unión Europea.
En la agenda del primer día se realizaron exposiciones sobre experiencias en la implementación de Justicia Restaurativa y Justicia Terapéutica en las cuales participaron representantes de España, República Dominicana, Paraguay, México y Costa Rica, esta última estuvo a cargo de Jovanna Calderón Altamirano, de la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa.
Las personas participantes se reunieron en grupos de trabajo de forma presencial y virtual para poder desarrollar los temas e intercambiar las acciones con los otros países participantes.
- Detalles
-
Publicado: Viernes, 24 Septiembre 2021 15:15
- Saturación lesiona derechos fundamentales de personas detenidas que únicamente pueden permanecer 72 horas como máximo.
El Poder Judicial, consciente de la situación carcelaria que enfrenta el país y en especial las celdas judiciales, manifiesta su preocupación y busca generar soluciones para solventar esta problemática y garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Según datos suministrados por el Organismo de Investigación Judicial, al día de hoy, las celdas del Poder Judicial a nivel nacional tienen un total de 335 personas detenidas, de las cuales 252 ya tienen una resolución judicial que ordena su traslado a un Centro Penal del Ministerio de Justicia.
Para el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, esta saturación de las celdas del Organismos de Investigación Judicial es muy preocupante, máxime con la situación que se vive a raíz de la pandemia por la enfermedad de COVID-19.
“Es una situación apremiante y angustiante pues no se está abordando está problemática como se debe; somos respetuosos de las competencias constitucionales y legales de los Poderes del Estado, por supuesto, porque somos un Estado de Derecho. Pero esta situación está provocando un colapso del sistema penal, con suspensiones de audiencias y juicios, convirtiendo celdas que son sólo de paso, en un sitio de encarcelamiento que contraviene las exigencias internacionales sobre la privación de la libertad”, mencionó Cruz Castro.
El máximo jerarca de la Corte fue enfático en que este problema del hacinamiento en centros penitenciarios que desde hace meses se trasladó a celdas judiciales del OIJ, debe ser abordado y solucionado por el Ministerio de Justicia, ya que es esta cartera la que tiene la responsabilidad legal en esto.
“Las deficiencias de la administración penitenciaria, de vieja data, se convirtió en un problema estructural que tiene un impacto en la justicia penal, no podemos exponernos a paralizar juicios y audiencias a nivel nacional por esta situación, hacerlo es irrespetar los derechos de las personas imputadas, de las víctimas que tienen derecho a que se les resuelva su proceso sin dilaciones, y no menos importante el costo para el erario público que esto significa. El encarcelamiento no puede convertirse en instrumento contrario a la dignidad humana”, manifestó el Presidente de la Corte.
Así mismo, la Vicepresidenta de la Corte, Patricia Solano Castro, señaló que este no es un problema reciente, y que, desde hace varios años, los espacios penitenciarios se están viendo reducidos, lo que afecta directamente los aforos en las celdas judiciales, que son espacios finitos y en donde la Sala Constitucional ha reiterado que su paso es de máximo 72 horas.
Según señala la magistrada, esto afecta no solo en el tema de la sobrepoblación, sino también el retraso de diligencias judiciales ante la imposibilidad de trasladar a las personas que están en centros penales y que deben utilizar las celdas del Organismo mientras se realizan dichas diligencias.
Adicionalmente, Solano Castro mostró su preocupación por el señalamiento de responsabilidad que se hace al Poder Judicial a razón de las órdenes de cierre de algunas cárceles, las cuales se dan en resguardo de las condiciones dignas que deben tener quienes están privados de libertad.
“Esta labor, que está encomendada a los jueces de ejecución de la pena, es un resguardo a las condiciones que deben tener las personas privadas de libertad en los diferentes centros penitenciarios, ya que cuando se pone una orden de cierre se hace basado en mecanismos nacionales e internacionales que señalan cuál es la cantidad de población que puede haber en un centro penal, cuando sobrepasa un 20% de población, no es posible que más personas estén albergadas en un centro institucional, si esto no se cumple, no se pueden levantar las órdenes de cierre por las autoridades judiciales”, señaló la Magistrada Solano Castro.
La Vicepresidenta de la Corte se refirió además a los inconvenientes en materia de mora judicial que esto produce y a la incapacidad de atender las audiencias con personas detenidas que son prioridad para la institución, lo cual también tiene repercusiones en el erario público.
El Magistrado Coordinador de la Comisión Corte-OIJ, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, se mostró preocupado por esta problemática, en donde se plantea por parte de las autoridades carcelarias la justificación por los cierres de las cárceles, el cual se da por un problema sistémico de la administración penitenciaria que viene desde hace muchos años.
“Sabemos que estamos ante un problema de Estado, pero que debe ser resuelto a lo interno del sistema penitenciario, ya que no podemos nosotros resolver porque las celdas judiciales están hechas para que las personas que tienen que atender diligencias específicas en ciertos circuitos vayan y puedan tener una estancia momentánea, porque no tienen condiciones para que una persona cumpla una prisión preventiva o una pena ordenada por un juez”, indicó Alfaro Vargas.
Por su parte, el Director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza Espinoza indicó que este es un problema muy grave, que pone en una situación crítica al sistema de Administración de Justicia penal a causa del incumplimiento del Ministerio de Justicia.
“Esto es un problema que puede colapsar el sistema administración de justicia penal, porque nosotros ya no podemos recibir a más personas que son detenidas diariamente en las calles por haber cometido un delito, porque ya no se tiene la capacidad de cupo, lo que podría provocar que el Organismo ya no realice allanamientos, no haga detenciones y que le tenga que pedir a Fuerza Pública que dosifique sus actividades, porque no hay lugar donde acomodar a las personas que están siendo detenidas como consecuencia de las acciones policiales que se ejecutan”, indicó el Director del OIJ.
Espinoza Espinoza señaló que adicional a la situación que se vive en las celdas judiciales, se violenta el respeto a las garantías fundamentales mínimas que deben tener las personas detenidas, ya que estas celdas están destinadas a una estancia no mayor de 72 horas, por lo que no cuentan con las condiciones necesarias para una permanencia mayor a este tiempo.
El máximo jerarca del OIJ también se refirió al problema que representa para la seguridad de los agentes judiciales esta situación, quienes deben trabajar jornadas más largas y custodiar a un número más grande de personas detenidas, lo que dificulta aún más sus funciones.
Este problema de exceso en el aforo ocasiona que en algunas sedes judiciales se dé la suspensión de diligencias que ya estaban programadas, además, del problema que representa que algunos circuitos judiciales deban albergar personas detenidas de otras sedes que superaron su capacidad de contención.
La problemática se presenta actualmente en las sedes del Primer Circuito Judicial de San José, en el Segundo Circuito Judicial de San José, Heredia, Alajuela, San Ramón, Sarapiquí, Pococí, Limón, Nicoya, Siquirres, Liberia, Cartago, San Carlos y Corredores.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 21 Septiembre 2021 11:38
- Recibe oficialmente Galardón de Excelencia Ambiental en V Edición 2021 del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI)
El compromiso del Poder Judicial en materia ambiental y desde la gestión sostenible se destacó con el Reconocimiento de Excelencia Ambiental obtenido en la V Edición 2021 del Programa de Gestión Ambiental Institucional, al alcanzar la nota de 99,68%.
El galardón lo entregaron las autoridades ambientales nacionales el pasado 16 de setiembre, en el cual se destaca la responsabilidad y cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental Institucional del Poder Judicial, cuya labor coordinadora está a cargo de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional y la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial.
Para Eugenio Solís Rodríguez, Gestor Ambiental del Poder Judicial “El galardón es el reflejo de los esfuerzos realizados por la institución para reducir o controlar los impactos ambientales que genera su quehacer”
De esta manera el Poder Judicial cumple con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley No. 8839 “Ley para la Gestión Integral de Residuos” y con el Decreto Ejecutivo No. 36499-S-MINAE, de procurar acciones para mejorar la calidad ambiental, ejecutar un reordenamiento institucional en pro de hacer un uso más racional de los recursos y apoyar con las metas nacionales en materia de adaptación y mitigación al Cambio Climático.
Actualmente, la institución ya trabaja en la construcción de Plan de Gestión Ambiental Institucional para los próximos cinco años, según lo establece la legislación nacional.
El reconocimiento lo otorga la Dirección de Gestión Ambiental Institucional del Ministerio de Ambiente y Energía, con la participación de las autoridades institucionales reconocidas.
Para la V Edición del Galardón Ambiental se reconocieron 78 instituciones públicas, que obtuvieron una nota superior al 92.5%, de un total 165 entes con PGAI en el sector público.
- Detalles
-
Publicado: Lunes, 20 Septiembre 2021 16:26
- Del 13 al 17 de setiembre se celebró la “Semana de la Movilidad”.
En la búsqueda por fomentar medios de transporte alternativos al vehículo, la Comisión de Gestión Ambiental del Poder Judicial celebró la “Semana de la Movilidad” en donde destacan acciones como la implementación de espacios para el parqueo de bicicletas para las personas usuarias, tanto internas como externas, en diferentes circuitos judiciales del país.
De esta forma, en el Primer y Segundo Circuito Judicial de San José, en los Tribunales de Osa, Guápiles y San Ramón, se han dedicado espacios para que los y las compañeras judiciales puedan ubicar sus bicicletas y así llegar a sus trabajos de una manera diferente, en beneficio del ambiente y por supuesto de su salud.
Para el Gestor Ambiental de la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, Eugenio Solís Rodríguez, se debe fomentar el uso de la bicicleta porque es un transporte simple, accesible, confiable, limpio y ambientalmente amigable. “Viajar en bicicleta contribuye a descongestionar las calles de vehículos y a limpiar el aire, además permite que los servicios de educación, salud y otros sean más accesibles a las poblaciones más vulnerables”, indicó Solís Rodríguez.
Entre las ventajas que enumera el Gestor Ambiental destacan en materia de salud, la prevención de enfermedades como la diabetes, algunas formas de cáncer, enfermedades cardiovasculares, la obesidad y la depresión, además de mejorar la respiración y la condición física; también, contribuye en la menor contaminación del aire, al circular menos vehículos, produciendo menos emisiones de dióxido de carbono, contribuyendo al combate del cambio climático y produce un ahorro económico para las personas.
José Luis Soto Richmond, Administrador Regional del Segundo Circuito Judicial de San José, señala que desde el año 2014, el edificio judicial de esta sede cuenta con 20 espacios para el parqueo de bicicletas, el cual está disponible para los servidores judiciales y para las personas usuarias, en donde destaca los beneficios en salud y mejora en la calidad de vida que esto proporciona a quienes se trasportan por este medio.
Para Soto Richmond, es importante fomentar el uso de la bicicleta con acciones como la habilitación de más espacios, divulgación de capsulas informativas con los beneficios a la salud y en materia ambiental que esto genera, la habilitación de centros de recarga de bicimotos y la coordinación mediante ferias con ciclos para que la gente se informe sobre el uso de este medio de transporte.
Por su parte, Esteban Solano Alvarado, Administrador Regional del Primer y Tercer Circuito Judicial de San José, resalta la importancia de fomentar el uso de la bicicleta, reiterando los beneficios a la salud física y mental, así como en materia ambiental y descongestionamiento de las carreteras.
Solano Alvarado señala que actualmente se cuenta con siete espacios para bicicletas en los Tribunales de San José, adicional a los ubicados en la Plaza de la Justicia e indica que estos también serán implementados en la nueva Torre Judicial, tanto para usuarios internos y externos. “Con estos espacios, se generan beneficios al personal judicial que utiliza la bicicleta como medio de transporte primario, pues son seguros para el cuido de las mismas y favorecen la salud de quienes a diario viajan de esta forma”.
Esteban Solano Godínez, Administrador Regional de Osa señaló que en dicha sede judicial se cuenta con 18 espacios para personas usuarias y 10 para los y las funcionarios judiciales, lo que promueve prácticas saludables para las personas que utilizan ese medio de transporte, además de contribuir a la disminución de consumo de combustibles fósiles, favoreciendo también las políticas medioambientales.
Agregó que en la localidad de Osa históricamente es una práctica arraigada en la población y que sigue siendo común ver desde infantes hasta adultos mayores utilizando la bicicleta como medio de transporte.
Finalmente, Miguel Gutiérrez Fernández, Administrador Regional de Pococí, señaló que en dicha localidad se cuenta con un parqueo de bicicletas para personas usuarias y menciona que en este momento está en construcción un parqueo interno para personas servidoras judiciales.
“La construcción del estacionamiento interno se decidió realizar este año luego de ver que varias personas viajan por medio de bicicleta y otras solicitaron un espacio para parqueo a fin de considerar este medio de transporte, siendo que el proyecto inicio hace dos semanas, es necesario contar con los espacios para el resguardo de las bicicletas, así como construcciones complementarias como duchas, espacios para cambiarse y lockers. El mayor incentivo es contribuir con la descarbonización y mitigar la huella ca carbono conforme los ODS”, detalló Gutiérrez Fernández.
Voces de los usuarios:
Randy Alberto Solís Arguedas
Coordinador de Unidad 2 a.í.
Administración Regional II Circuito Judicial de la Zona Atlántica.
“Para las personas que viven cerca de su lugar de trabajo es una ventaja, pues la bicicleta es un medio de transporte ágil, limpio y económico. El principal beneficio que percibo es que me permite ahorrar en pasajes de taxi, porque vivo a un kilómetro del edificio y por mi casa no pasa una ruta de autobús. Otros beneficios, no menos importantes, es la salud, el bienestar físico y el aporte a reducir el consumo de combustibles fósiles”.
Pablo Jaramillo Barquero
Técnico Administrativo 2
Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de San José
“Esta experiencia es muy positiva, ya que la bicicleta me ejercita y mejora mi salud; además, no me preocupo por temas de tiempo y espacio, ya que la dejo en una zona segura y demarcada por la institución”.
Leonardo Mora Camacho
Coordinador de Unidad 1
Administración Regional de Osa.
“Una de las cosas que me llamó poderosamente la atención, fue el uso generalizado de la bicicleta en muchas de las localidades que conforman el cantón de Osa, principalmente en Ciudad Cortes, donde se encuentra el edificio, esto motivó la adquisición de una bicicleta para poder desplazarme tanto al trabajo como en los alrededores, lo cual ha sido una experiencia agradable, principalmente durante la época seca, que me permite disfrutar de la naturaleza y hacer un poco de ejercicio”.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 15 Septiembre 2021 16:52
- La actividad se realizó de manera virtual-presencial
En celebración del Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el Poder Judicial realizó el acto cívico de manera virtual-presencial, este 15 de setiembre, en el vestíbulo de la Corte Suprema de Justicia.
Esta celebración patriótica estuvo organizada por la Comisión y la Secretaría Técnica de Ética y Valores del Poder Judicial. La trasmisión virtual se realizó mediante la Plataforma Microsoft Teams y con la presencia de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia.
El Presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro, resaltó la importancia de la celebración de dos fechas de trascendental importancia, el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica y el 195 Aniversario de la creación del Poder Judicial
“La ciudadanía de la época se organizó políticamente y construyeron un gobierno propio, la independencia, la democracia y la lucha que se mantuvo para alcanzar este ideal debe celebrarse con orgullo y regocijo. Nuestra vida Republicana nació con el Pacto de Concordia, considerado el primer documento constitucional del país, en su contenido se plasma derechos y deberes, reconociendo la libertad civil, la propiedad y demás derechos naturales y legítimos de toda persona”, indicó el señor Presidente.
Por su parte, el magistrado de la Sala Segunda y Coordinador de la Comisión de Ética y Valores del Poder Judicial, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, indicó que la celebración del Bicentenario de Independencia hace un llamado para esforzarnos como servidores y servidoras judiciales y seguir edificando la libertad.
“Nuestros valores institucionales no deben cambiar y estamos llamados a fortalecerlos para enfrentar las nuevas circunstancias adversas. Nuestra patria cumple un bicentenario de vida independiente, dos siglos en que nuestros próceres se esforzaron para construir el país de paz y de derecho que disfrutamos. Tenemos sobradas razones para sentirnos orgullosos de nuestro país”, externó el magistrado Sánchez Rodríguez.
Para el Presidente de la Asociación Solidarista de Empleados Judiciales (ASOSEJUD), Parris Quesada Madrigal, a raíz del Acta de Independencia del año 1821. “…Costa Rica es un país independiente, amamos celebrar el 14 y 15 de setiembre. También se celebra con faroles, bailes tradicionales y comida típica, es importante no perder nuestros valores, hay que mantener presente lo que realmente significa ser una República Independiente”.
En la actividad se proyectaron diferentes actividades artísticas que resaltaba la identidad de la población costarricense.
Este acto cívico se realizó en apego a las normas sanitarias establecidas por las autoridades de Salud.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 14 Septiembre 2021 15:00
- Se puede acceder por medio de la página web desde una computadora o desde equipo móvil tal como teléfono celular o tableta.
- Contiene información estadística actualizada, datos sobre el presupuesto judicial, duración de procesos y ubicación de despachos, entre otros.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro presentó este martes 14 de setiembre la nueva herramienta tecnológica denominada "Observatorio Judicial", la cual estará disponible en la página web institucional, o en el enlace: https://observatoriojudicial.poder-judicial.go.cr/
El Observatorio Judicial contiene información de la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial. Es de acceso público y presentada de una manera transparente, oportuna e integral. Los datos estadísticos se muestran en tablas, mapas y gráficos de fácil visualización e interpretación; y se pueden exportar libremente, en distintos formatos.
El Observatorio Judicial cuenta con datos sobre el presupuesto formulado y ejecutado, cantidad de la población judicial, duración de los procesos judiciales, ubicación y el medio de contacto de los despachos y oficinas, así como áreas geográficas que atienden los juzgados, tribunales y fiscalías, entre otros datos de interés para la ciudadana.
En la presentación, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, indicó que “el Observatorio Judicial es un homenaje palpable al compromiso que tiene la institución con la transparencia. Sistematizamos datos y los sometemos a la indagación libre de comunicadores, investigadores sociales, ciudadanos y ciudadanas, con esta plataforma que informa sobre el servicio y el funcionamiento del Poder Judicial como garantía de este principio”.
Por su parte, la magistrada de la Sala Segunda, Julia Varela Araya manifestó que “…este esfuerzo institucional da otro paso más hacia la transparencia. Esta es una 
herramienta poderosísima para que las personas tengan información con facilidad, en tiempo real. La transparencia se acompaña con estrategia técnica y es una evidencia más de que estamos trabajando por hacer más accesible la información judicial”.
En la creación del Observatorio Judicial se trabajó en actividades de cocreación con la ciudadanía en las cuales participaron fuerzas vivas que representan diferentes sectores de la población como adultos mayores, jóvenes, personas con necesidades especiales, indígenas, además de agremiados del Colegio de Abogados y Abogadas y Colegio de Periodistas de Costa Rica.
La nueva herramienta tecnológica fue coordinada por el Despacho de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, con la Dirección de Tecnología de la Información, la Dirección de Planificación y el apoyo del Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional y la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ).
En la presentación de la herramienta participaron además el Presidente de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas Loáiciga; la magistrada Julia Varela Araya y el magistrado Jesús Ramírez Quirós, así como la Directora de Planificación, Nacira Valverde Bermúdez y la Directora de Tecnología de la Información, Kattia Morales Navarro.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 08 Septiembre 2021 15:57
- Informe Anual de Labores se rindió ante Corte Plena.
Un servicio efectivo y ágil, de la mano de la tecnología, es lo que consolida el accionar de la Defensa Pública ante el reto de garantizar la tutela efectiva de los derechos de las personas usuarias. Así lo destacó el Director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo, durante el Informe Anual de Labores que presentó en la Corte Plena.
“Con la virtualización del servicio de la Defensa Pública, en tiempos de pandemia, hemos optimizado el acceso a la justicia y un importante ahorro de recursos para el Poder Judicial; con la posibilidad de que todas las personas tengan mejores condiciones para poder ser atendidas en materia de pensiones alimentarias, laboral, disciplinaria, contencioso administrativo. También hemos atendido personas indígenas y realizado incluso visitas carcelarias”, puntualizó Pérez Murillo, quien asumió la Dirección del órgano auxiliar de justicia en setiembre del 2020.
Se resalta el impacto de la virtualización en el servicio de pensiones alimentarias, que mediante el establecimiento de estaciones virtuales de atención, se llegó a localidades como Jicaral, Osa, Jimenez, San Vito de Coto Brus, donde no se contaba con personal de la Defensa Pública destacada, acercando la justicia a estas comunidades.
El éxito de la atención virtual se extiende a la materia laboral, que ha permitido llevar los servicios de asistencia legal, sin requerir el desplazamiento del personal judicial, ni de las personas usuarias. Además, desde la página web de la Defensa Pública se incorporaron formularios en línea con códigos QR que permiten a las personas usuarias adelantar sus procesos en línea y solicitar el servicio de esta manera.
Esta modalidad también alcanzó la capacitación del personal y las reuniones a lo interno de la Defensa en todo el país, optimizando los tiempos y generando un ahorro económico en viáticos y transporte.
Desde la política institucional de teletrabajo, la Defensa Pública apuesta a esta modalidad y cuenta con 80 funcionarios y funcionarias que laboran con la suscripción de los respectivos contratos.
A nivel general, la materia penal es el servicio de mayor demanda en la Defensa al contabilizar a marzo de 2021 un total de 77 783 casos activos, seguido de la materia laboral con 32 146 asuntos y pensiones alimentarias con 12 787 procesos activos. Sin dejar de lado la atención de procesos judiciales en ejecución de la pena, penalización de la violencia, penal juvenil, agrario, disciplinario, ejecución penal juvenil, contravencional y familia.
En cuanto a la atención de poblaciones indígenas, se contabiliza la representación legal de un total de 2279 personas usuarias.
El Director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez, destacó la revisión de los procesos de la entidad, para impulsar la modernización, como un objetivo estratégico.
“Se mantienen los distintos proyectos de virtualización y se está trabajando en conjunto con la Dirección de Tecnología de la Información con proyectos de modernización, así como la propuesta, con la colaboración de una Universidad, de la construcción de una App para las personas usuarias de la Defensa Pública”, afirmó el jerarca judicial.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 08 Septiembre 2021 09:59
- En acto oficial se firma Carta de Entendimiento.
La cooperación del Poder Judicial y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, en materia de Justicia Restaurativa hoy se fortalece con la firma de la Carta de Entendimiento entre ambas entidades.
La alianza de cooperación interinstitucional en Justicia Restaurativa permitirá emprender acciones conjuntas en materia de formación y capacitación, investigación técnica y el intercambio de conocimientos e información de interés y la asesoría en esta materia.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, afirmó que “el Colegio de Abogados es un aliado natural, indispensable para el Poder Judicial y esta iniciativa refuerza los lazos históricos de cooperación. La Agenda 2030 de Naciones para el Desarrollo Sostenible, establece en su numeral 17 la creación de alianzas para lograr objetivos en un mundo globalizado. La búsqueda de esas alianzas entre instituciones, sociedad civil y ciudadanía constituyen la meta para materializar objetivos conjuntos”.
El magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, resaltó que “En este mes de celebración del bicentenario de la independencia del país, que mejor forma de que se continúe escribiendo historia, que: entrelazando esfuerzo, trabajo y visiones, en pro de Costa Rica. El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, a 140 años de su creación, continúa realizando importantes aportes para la mejora en la Administración de Justicia, precisamente el día de hoy se reafirma, una vez más, ese compromiso con el Poder Judicial, al rubricarse la carta de entendimiento con Justicia Restaurativa. ”
Para el Presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, Alvaro Sánchez González, la Justicia Restaurativa contribuye con la humanización del proceso penal, con lo cual se comparte la visión de Derechos Humanos del Colegio de Profesionales que representa.
Desde hace casi 10 años Costa Rica realiza una apuesta por la incorporación de la Justicia Restaurativa en los procesos penales, penales juveniles y actualmente contravencionales. El modelo se consolidó con la entrada en vigencia de la Ley 9582 de Justicia Restaurativa, en enero de 2019. Sumando a estos procedimientos, el aprobado por Reglamento de la Corte Suprema de Justicia en setiembre del 2019, para atender por Justicia Restaurativa asuntos disciplinarios.
- Detalles
-
Publicado: Jueves, 02 Septiembre 2021 15:25
Actividad contó con la participación virtual de representantes de los países integrantes del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe.
Conmemorar el décimo aniversario del papel de la Escuela Judicial “Lic. Édgar Cervantes Villalta” como sede del Centro de Capacitación para Centroamérica y el Caribe fue el motivo de la actividad desarrollada el pasado 31 de agosto en el Salón Multiuso de la Corte Suprema de Justicia.
Dicha actividad, fue organizada por el Poder Judicial, el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, el Centro de Capacitación para Centroamérica y el Caribe y la Escuela Judicial, con el apoyo de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Poder Judicial (OCRI) y la National Center for State Courts (NCSC).
Para el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, la actividad formativa está llamada a brindar a los jueces y juezas, además de conocimientos técnico-legales, herramientas culturales y espacios de discusión, que propicie un mejoramiento en el acceso a la justicia a las personas usuarias que así lo demandan.
“Se debe garantizar al “servicio de justicia” una alta capacidad profesional y la necesaria apertura hacia la sociedad, para tomar en cuenta sus necesidades y particularidades. La formación de los servidores judiciales debe orientarse hacia los valores de independencia judicial, transparencia y judicatura en democracia”, señaló Cruz Castro.
El Presidente de la Corte destacó que para el Poder Judicial ha sido un honor y un privilegio a lo largo de estos años, que la Escuela Judicial, que recientemente conmemoró su 40 aniversario, ostente la sede del Centro, lo cual es un esfuerzo regional que fortalece una visión integral de la institucionalidad judicial.
“El compromiso depositado por las Presidentas y los Presidentes de las Cortes en nuestro país, ha propiciado un mayor esfuerzo a nivel humano, físico, tecnológico y presupuestario, desarrollando e impulsando procesos de formación judicial que atiendan las necesidades priorizadas desde el Consejo. Así en la práctica construimos una visión de cooperación y comunidad”, acotó el Presidente de la Corte.
Por su parte, Rebeca Guardia Morales, Directora a.i de la Escuela Judicial y Directora Regional del Centro de Capacitación para Centroamérica y el Caribe, resaltó la importancia de la efectiva integración en la búsqueda del bien común y el mejoramiento de la justicia e indicó que la designación de Costa Rica como sede, les
ha permitido identificar las necesidades para desarrollar acciones articuladas con los países integrantes del Consejo.
“Desde hace 10 años el impulso más importante para cumplir con la misión encomendada por el Consejo Judicial vio en los procesos formativos, la oportunidad de mejorar la sociedad de nuestros países, dotando a nuestras personas juzgadoras de las herramientas necesarias para la aplicación del derecho, con una visión humana y una justicia más eficaz. Han sido las voluntades de las personas directoras de los centros de formación y sus equipos de trabajo, cuya constancia en el trabajo y compromiso nos ha permitido crecer y apuntar al desarrollo de proyectos regionales con el apoyo la cooperación internacional”, indicó Guardia Morales.
La Directora a.i de la Escuela Judicial señaló que a lo largo de estos 10 años se han capacitado a más de cinco mil personas, en temas como derechos humanos, ciberdelincuencia, tráfico de personas, crimen organizado, entre otros.
El acto contó con la participación del Magistrado Héctor Martínez García, en representación del señor Oscar Alberto López Jerez, Secretario Pro Tempore del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe y de representantes de los países integrantes del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, quienes siguieron la actividad de manera virtual. La actividad cerró con la exposición “Desarrollo de la formación Judicial como Garante de los Derechos” a cargo de la experta internacional, Cesia Marina Romero.
- Detalles
-
Publicado: Jueves, 26 Agosto 2021 17:01
- Actividad destacó el papel realizado por este órgano auxiliar de justicia desde su creación.
Con un recorrido visual y las palabras de quienes trabajan de cerca en el fortalecimiento de la formación y capacitación del personal judicial, se celebró el pasado martes 24 de agosto, el 40 Aniversario de la Escuela Judicial “Edgar Cervantes Villalta”.
Dicha actividad, se realizó de manera presencial y virtual y contó con la presencia del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro; la magistrada de Sala de Casación Penal y Presidenta del Consejo Directivo de la Escuela Judicial, Sandra Zúñiga Morales; la Directora a.i. de la Escuela Judicial, Rebeca Guardia Morales; el magistrado de la Sala Segunda, Jorge Olaso Álvarez, además de magistrados y magistradas de las diferentes Salas de la Corte, jerarcas de los órganos auxiliares de justicia y ex directores de la Escuela.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro destacó la trascendencia de la Escuela Judicial a través del tiempo, en donde resaltó su vocación en el tema académico y la concentración del saber, manifestando la posibilidad de este órgano auxiliar de justicia de impulsar investigaciones sobre temas judiciales.
Cruz Castro enfatizó en la importancia de la labor de la Escuela, y mencionó que su función trasciende la manufacturación de sentencias, sino que se enfoca en la investigación, formación y la proyección, por lo que señaló que se podría otorgar a futuro mayor autonomía.
Por su parte, la magistrada Sandra Zúñiga Morales señaló que la Escuela es un orgullo no solo para la institución, sino también para el país, y señala que es una de las tres mejores de América Latina, por lo cual fue seleccionada para desarrollar un programa de capacitación a nivel latinoamericano.
“El conocimiento siempre hace la diferencia en los pueblos, la Escuela Judicial tiene la noble y vital tarea de darle a nuestra Costa Rica una población judicial de jueces, fiscales, defensores y personal de apoyo de la más alta calidad, para cada día mejorar en nuestra meta en la Administración de Justicia”, indicó Zúñiga Morales.
La Directora a.i. de la Escuela, Rebeca Guardia Morales mencionó que “celebrar el 40 aniversario de la Escuela Judicial no sólo llena de orgullo a quienes en este momento laboramos en ella, sino que es la oportunidad propicia de hacer un reconocimiento al trabajo arduo y visionario de las personas que plantaron las bases de lo que hoy es la Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta”.
Guardia Morales indicó que es importante reconocer la labor de aquellos y aquellas que décadas más tarde emprendieron la labor para modernizarla, para contar con una estructura metodológica que responda a las necesidades de la institución y su proyección a nivel internacional.
Durante el acto conmemorativo, se presentó la exposición “La Capacitación Judicial, Fortaleciendo el Acceso de Justicia”, la cual estuvo a cargo del magistrado Jorge Olaso Álvarez y en donde se analizaron temas como la integración de la justicia a la tutela judicial efectiva del punto de vista de la formación de las personas juzgadoras, el comportamiento en las audiencias, el lenguaje claro, entre otras. Además, se presentó el programa “Café con la Escuela Judicial”.
La actividad se desarrolló en el Salón Multiuso de la Corte Suprema de Justicia respetando todos los protocolos sanitarios de las autoridades de Salud.
Se comparte la memoria del 40 Aniversario de la Escuela Judicial, así como la dirección electrónica de la misma en el siguiente enlace.
https://indd.adobe.com/view/95438c9b-071c-4ab7-8dab-18c1f73536a9
- Detalles
-
Publicado: Jueves, 26 Agosto 2021 16:40
- Se contó con exposiciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Culto y de MIDEPLAN.
Una contextualización del panorama nacional en lo que refiere a la gestión de la cooperación internacional de Costa Rica fue el tema de la segunda fecha del “Primer Seminario sobre tendencias, retos y oportunidades para la eficacia de la Cooperación Internacional en el Poder Judicial de Costa Rica”.
Para esta ocasión, se contó con la participación de la Directora de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Rita Hernández Bolaños y la Directora de Cooperación Internacional del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), Saskia Rodríguez Steichen.
En el mensaje de bienvenida, el integrante del Consejo Superior, Gary Bonilla Garro, señaló que la coyuntura actual causada por la incidencia de la pandemia por el COVID-19, presenta grandes desafíos a la institucionalidad pública para cumplir con los compromisos internacionales asumidos.
“El Poder Judicial de Costa Rica es consciente de esa realidad y tiene claros los desafíos y las oportunidades que representa la cooperación internacional, con la finalidad de maximizar los resultados en las políticas, programas y proyectos en procura de fortalecer el sistema y el servicio de acceso a la justicia para todas las personas”, señaló Bonilla Garro.
En su exposición, la Embajadora Hernández Bolaños, se refirió a los antecedentes de la cooperación internacional en Costa Rica, así como de las nuevas tenencias y paradigmas, la normativa nacional, la forma de impulsar iniciativas de cooperación, sus características, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, además de las modalidades de cooperación en donde destacan la Cooperación Sur-Sur, la Cooperación Triangular, la Cooperación Centralizada y la Cooperación Académica, para finalizar con el tema del contexto internacional.
Por su parte, la Directora Rodríguez Steichen, expuso sobre las acciones nacionales en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Costa Rica, en donde habló de aspectos como los actores estratégicos en materia de cooperación, la composición del Subsistema Nacional de Cooperación Internacional, las últimas tendencias en la implementación y la canalización de la cooperación internacional en el país, la respuesta internacional ante la pandemia producida por el COVID-19, la vinculación con los ODS y la agenda 2030 y las principales características nacionales como agente dual de Cooperación Internacional, entre otros.
Finalmente, Karen Leiva Chavarría, Jefa de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Poder Judicial (OCRI), destacó las exposiciones de este día y señaló que se revisten de gran importancia para que el Poder Judicial oriente sus esfuerzos, para que la eficacia y la gestión de la cooperación internacional que se solicite a las instancias internacionales sea estratégica, oportuna y prioritaria de acuerdo con el Plan Estratégico Institucional.
Leiva Chavarría indicó que la idea con este tipo de espacios de diálogo es sensibilizar al personal judicial y enrumbar de mejor manera los procesos institucionales que se están impulsando desde la Oficina. “Para poder construir, también debemos tener presente ese panorama internacional y nacional que hoy se expuso, lo cual permitirá encausar todos los procesos de co-construcción que se tienen programados realizar en los próximos meses, de cara a establecer una agenda y una estrategia de cooperación internacional para la eficacia de la misma en la institución”, finalizó.
El seminario se dio como parte del proceso de co-construcción impulsado por la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI) en alianza con el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), con el fin de fortalecer la eficacia en esta materia en el Poder Judicial, en la búsqueda de robustecer la Administración de Justicia y así brindar un mejor servicio.
Esta segunda fecha se llevó a cabo de manera virtual este miércoles 25 de agosto y fue moderada por Román Cordero Mojica, del ICAP. Participaron de manera virtual personal judicial, representantes de las instituciones nacionales, Poderes Judiciales de Iberoamérica y representaciones diplomáticas en nuestro país.
- Detalles
-
Publicado: Jueves, 26 Agosto 2021 07:36
- En el marco de la realización de las IV Jornadas Institucionales de Reflexión Jurídica 2021, del ente Contralor.
Ante las autoridades y representantes de la Contraloría General de la República se presentaron los beneficios que brindará la herramienta tecnológica Observatorio Judicial, para transparentar el quehacer judicial en todos los ámbitos: jurisdiccional, auxiliar y administrativo. La misma responde al compromiso del Poder Judicial con la política nacional de Gobierno Abierto, Plan de Acción 2019-2022.
La herramienta tecnológica del Observatorio Judicial es una iniciativa de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y estará disponible para el público en general, en las próximas semanas; así se destacó en la IV Jornadas Institucionales de Reflexión Jurídica 2021, de la Contraloría General. En esta actividad se contó con la participación de representantes de la Presidencia de la Corte y las Direcciones de Tecnología de la Información y Planificación, todas del Poder Judicial.
“El Observatorio Judicial va a mostrar información estadística y datos del quehacer del Poder Judicial. Este tiene su origen en el IV Plan de Acción de Estado Abierto, en el cual los Poderes de la República de Costa Rica se comprometen a trabajar por un país más abierto, inclusivo y participativo”, expuso la Msc. Laura Soley Gutiérrez, asesora de la Presidencia de la Corte y Coordinadora del Proyecto del Observatorio Judicial.
Asimismo, añadió que la herramienta tecnológica abarcará información de todos los ámbitos del Poder Judicial, jurisdiccional, auxiliar de justicia y el administrativo; con el compromiso de dar a la ciudadanía información del quehacer judicial, que sea lo más fácil posible de entender, de utilidad y que pueda ser usada, exportada y reutilizada en distintos formatos.
“El impacto esperado a mediano y largo plazo, es el mejoramiento de los procesos de rendición de cuentas, la fiscalización por parte de la ciudadanía, la apertura de los datos y su reutilización tecnológica. En la sistematización de los datos del Observatorio Judicial se toma en cuenta la participación ciudadana y se establecen mecanismos para que los ciudadanos puedan colaborar y mejorar la herramienta. Por parte del Poder Judicial, la información del Observatorio Judicial es un insumo para la toma de mejores decisiones y control de la gestión judicial.” puntualizó Soley Gutiérrez.
Graciela Lugo Solano y Johana Castillo Rojas, representantes de la Dirección de Planificación, realizaron una amplia explicación de cómo funciona la plataforma del Observatorio Judicial, las opciones de información referentes a presupuesto, gestión del personal, gestión de los despachos judiciales, a nivel general, por materia y por juez o jueza, entre otras opciones que se ofrecerá.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 25 Agosto 2021 16:30
- Actividad se da como parte del proceso de co-construcción impulsado por la OCRI para fortalecer la eficacia en esta materia.
Como parte del gran desafío que representa la gestión de la cooperación internacional en la actualidad, donde se presentan un gran número de retos y oportunidades, se desarrolla el “Primer Seminario sobre tendencias, retos y oportunidades para la eficacia de la Cooperación Internacional en el Poder Judicial de Costa Rica”.
Dicha actividad, se da como parte del proceso de co-construcción impulsado por la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI), con el fin de fortalecer la eficacia en esta materia en el Poder Judicial, en la búsqueda de robustecer la Administración de Justicia y así brindar un mejor servicio.
Este seminario, se da en la alianza con el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) y tiene como objetivo, generar un espacio de reflexión para abordar el tema de la gestión de la cooperación internacional como un instrumento que contribuye al acceso a la justicia para todas las personas y que además, permite fortalecer la eficacia y eficiencia de los procesos institucionales, la transparencia y la rendición de cuentas en la Administración de Justicia.
Para el Director del Despacho de la Presidencia, Roger Mata Brenes, es importante destacar que para la institución, históricamente la cooperación internacional ha constituido una herramienta muy importante para desarrollar una serie de proyectos vinculados con el tema acceso a la justicia.
Mata Brenes mencionó que se debe pensar cómo hacer atractiva las propuestas institucionales para atraer a los socios cooperantes, resaltando la fortaleza del Poder Judicial de Costa Rica en la seriedad y compromiso con la que asumen los proyectos, la transparencia con que se ejecutan, junto con los resultados que se obtienen orientados a la sostenibilidad en el tiempo.
Como parte de las exposiciones de esta primera fecha del Seminario, Óscar Quesada Madriz, Coordinador de Asistencia Técnica del ICAP destacó los esfuerzos realizados por la OCRI y el Poder Judicial en la realización de esta actividad, donde la cooperación internacional enfrenta grandes retos.
Quesada Madriz habló de temas como la cooperación internacional en el contexto del Sistema Internacional, la definición y los tipos de cooperación, las dinámicas históricas y la evolución reciente en esta materia, donde destacan aspectos como el concepto de actor internacional, las condiciones que favorecen la cooperación, principios compartidos, las nuevas temáticas en estas relaciones por efectos de la globalización como clima, derechos humanos, desarrollo, equidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por supuesto la respuesta sanitaria ante la pandemia por el COVID-19.
Por su parte, Jaime Miranda, de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN) resaltó la relevancia de la actividad en la situación actual del
planeta, enfatizando en la importancia de la OCRI en el sistema de cooperación en el marco del Poder Judicial de Costa Rica, en la búsqueda de satisfacer las necesidades básicas de la población y el fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad.
Durante su exposición, se trataron y fortalecieron temas como los tipos y modalidades de cooperación, su concepto, la Agenda para el Desarrollo, Cooperación Internacional y Sector Público, los retos y oportunidades en el contexto de la pandemia, los cambios en la agenda internacional con la entrada del nuevo milenio, el desarrollo y planificación de los procesos colaborativos, entre otros.
Para concluir esta primera fecha del Seminario, la jefa de la OCRI, Karen Leiva Chavarría, destacó la importancia de las exposiciones de los especialistas, las cuales permiten tener un mejor panorama de los aspectos que debe tener en cuenta el Poder Judicial para fortalecer los procesos que tiene la Administración de Justicia y brindar un servicio de calidad y acorde con las necesidades de las personas que acuden a la institución a demandar sus derechos, especialmente las poblaciones más vulnerables.
“Nosotros desde la OCRI venimos impulsando varios procesos que nos han permitido encausar todo este gran tema, que a veces pareciera muy sencillo, pero que realmente requiere un proceso ordenado, sistemático y orientado a lo que son las prioridades y necesidades institucionales, pero además, con el compromiso que debe asumir la institución ante el socio cooperante” señaló Leiva Chavarría.
La actividad se desarrolló este miércoles 18 de agosto mediante la plataforma Microsoft Teams y fue moderada por Román Cordero Mojica, de la ICAP y contó con la participación de representantes de Poderes Judiciales y Tribunales Supremos que integran la Cumbre Judicial Iberoamericana y el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, instituciones nacionales, Organismos internacionales y Cuerpo Diplomático acreditado en nuestro país, Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia y representantes del Consejo Superior, Red de Enlaces de Cooperación y Relaciones Internacionales del Poder Judicial y personal judicial y de la ciudadanía en general. La segunda fecha se realizará el próximo 25 de agosto.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 25 Agosto 2021 13:17
- Nombramiento rige desde el pasado martes 24 de agosto.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, juramentó el pasado martes 24 de agosto a la nueva Fiscala Subrogante, Sara Arce Moya, quien asume el cargo de manera interina.
Arce Moya es Licenciada en Derecho de la Universidad Panamericana, tiene una Maestría en el Estudio de la Violencia Social y Familiar en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), es Especialista en Administración de Proyectos del Tecnológico de Costa Rica (TEC) y posee Estudios Interdisciplinarios en Victimología Orientado al Sistema Penal Acusatorio.
Además, es Máster Universitario en Victimología y su Tratamiento Integral con Víctimas en Riesgo de Vulnerabilidad, Título Oficial de la Universidad Pegaso y cuenta con un Diplomado Internacional de Criminología en Violencia Sistémica.
En relación con su experiencia laboral, cuenta con una trayectoria de 32 años en la institución, en donde se ha desempeñado como jueza en diferentes juzgados y tribunales del país, así como Fiscal Auxiliar y Fiscala coordinadora de la Fiscalía de Hatillo, Fiscal Auxiliar en Heredia, la Unidad Especializada en Fraudes del I Circuito Judicial de San José, Robos y Asaltos II Circuito Judicial de San José y Fiscal Auxiliar y Fiscal Coordinadora en la Unidad de Trámite Rápido del I Circuito Judicial de San José.
Adicionalmente, ha fungido como Fiscal Coordinadora en la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida y la Integridad Física, ha sido Coordinadora y Fiscal Adjunta del Programa de Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, Coordinadora Técnica de la Plataforma Integrada de Servicios a Víctimas de Violencia (PISAV) y del 2018 hasta la fecha se ha desempeñado como jefa de la Oficina de Atención a la Víctima y Fiscal Adjunta de Justicia Restaurativa y Justicia Alternativa.
“Para mí este nombramiento representa una gran responsabilidad, es un reto muy grande de coadyuvar a la persona que ocupa el cargo de Fiscal General de la República y sustituirle en el momento que así se requiera, con el mayor respeto y responsabilidad, espero poder aportar toda la experiencia adquirida en las oficinas en las que he trabajado” señaló Arce Moya.
El nombramiento rige a partir del pasado martes 24 de agosto.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 18 Agosto 2021 16:18
- Se refuta cualquier manifestación que insinúe su debilitamiento en el ejercicio de sus competencias.
La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia reitera el respeto absoluto hacia la independencia funcional y la autonomía del Ministerio Público, a quien ocupe el cargo de Fiscal o Fiscala General de la República, a las personas Fiscales Adjuntos, Fiscales Auxiliares y en general a todo el personal que labora en ese de ese órgano judicial, esencial para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
Por ello se refuta categóricamente las manifestaciones que la señora Emilia Navas Aparicio expresó en un programa de radio y redes sociales la noche de este martes 17 de agosto 2021, en el que se refirió a la existencia de una campaña de desinformación proferidas por el Presidente de la Corte, magistrado Fernando Cruz Castro para desestabilizar al Ministerio Público en las investigaciones penales por hechos relacionados con corrupción.
Presupuesto institucional. En el proceso de construcción del presupuesto del Poder Judicial, que incluye el plan de gastos de los órganos auxiliares de justicia, siempre se ha respetado la independencia con la que el Ministerio Público establece sus prioridades de gasto e inversión, las cuales, únicamente deben acatarse y apegarse a las limitaciones y directrices establecidas por las autoridades del Ministerio de Hacienda, entre ellas la aplicación de la regla fiscal y las disposiciones restrictivas por la crisis fiscal. Este proceso al que se integran todos los órganos judiciales está a cargo del Consejo Superior en la formulación del proyecto de presupuesto para finalmente aprobarse en el seno de Corte Plena y su presentación ante las autoridades hacendarias.
Procesos disciplinarios. En relación con los procesos disciplinarios que se abrieron tras la jubilación de la señora Navas Aparicio, los mismos responden al cumplimiento de la normativa establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Control Interno y la Ley General de la Administración Pública, tras el ingreso de quejas de personas sobre temas concretos relacionados con la gestión de la señora Navas. No es de recibo que tanto la Presidencia de la Corte como Corte Plena tengan conocimiento de quejas de la ciudadanía y omita darles el trámite que la legislación exige. Esta es una obligación que impone la ley, sin posibilidad de evadir o suprimir tal responsabilidad.
Informe final. Sobre el informe final de gestión presentado por la señora Navas Aparicio, luego de que decidiera acogerse a su derecho a la jubilación, por mayoría de las y los integrantes de Corte Plena se concluyó que dicho informe no era el adecuado para el cargo y las responsabilidades asumidas por la exfuncionaria en un cargo de tanta trascendencia para el país. Por ello se acordó trasladarlo a la Auditoría Judicial, Contraloría General de la República y a la Fiscalía General para lo que les compete resolver. Esta decisión colegiada del órgano en pleno, se fundamenta a los lineamientos establecidos por normas constitucionales y legales que regulan la función pública, principalmente por respeto al principio de rendición de cuentas.
Carrera fiscal. En el marco de los grupos de trabajo de reformas urgentes al Poder Judicial se encuentra el fortalecimiento de la carrera fiscal en el Ministerio Público. Este grupo de trabajo fue coordinado por el magistrado Fernando Cruz Castro en conjunto con las entonces Fiscala General y Suborrogante, Emilia Navas Aparicio y Mayra Campos Zúñiga, respectivamente y la Asociación Costarricense de Fiscales, así como con magistrados y magistradas titulares y suplentes. El texto base del proyecto de ley, fue aprobado por Corte Plena el 7 de mayo del 2018 y fue remitido por el Ministerio de la Presidencia de la República a la Asamblea Legislativa en fecha 23 de agosto del 2018. El objetivo de este producto es procurar mediante una ley una carrera y una estabilidad en el puesto para todo el personal del Ministerio Público y así fortalecer el mandato de la Fiscalía General y que en el nombramiento impere la transparencia, meritocracia y la institucionalidad. Los documentos relevantes sobre esta propuesta puede ser accesado en el siguiente enlace: https://unmejorpj.poder-judicial.go.cr/index.php/comisiones/carrera-fiscal
Finalmente se reitera que, declarar el derecho jubilatorio de una persona funcionaria judicial es una competencia exclusiva por ley de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial. En caso de que existan causas e investigaciones contra las personas en el momento en que converge con su retiro laboral, se debe cumplir los procesos establecidos y acatar las consecuencias dispuestas por la ley, en caso que así se determine mediante resolución, sea esta jurisdiccional o administrativa. Estas son acciones como parte de un ejercicio responsable en la función pública que deben cumplirse por exigencia legal.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 17 Agosto 2021 15:58
- Propuesta la presentó Comisión de Género y la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial.
Establecer mediante un criterio técnico, los requerimientos en recursos humanos y financieros para un plan piloto que tendrá como objetivo dar representación legal a víctimas de delitos sexuales y violencia doméstica en los procesos penales, es lo que aprobó Corte Plena en su sesión de este lunes 16 de agosto de 2021
La decisión se toma luego de la solicitud realizada por la magistrada Roxana Chacón Artavia, coordinadora de la Comisión de Género, basada en el informe estadístico presentado por la Licda. Jeannette Arias Meza, jefa de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial.
El estudio técnico estará a cargo de la Dirección de Planificación, para que establezca los insumos humanos y financieros que demandaría el plan piloto propuesto y la definición de la provincia en la que se podría poner en práctica.
“Las altas estadísticas judiciales respecto a sobreseimientos y desestimaciones en los que terminan la mayoría de los procesos penales sobre delitos sexuales y violencia doméstica, en donde más del 70% las víctimas son mujeres, adolescentes y niñas, nos preocupan y nos ocupa en buscar mecanismos para darles garantía de una justicia pronta y cumplida. Queremos hacer un cambio que impacte los plazos y el tipo de resolución”, afirmó Chacón Artavia.
La primera parte de este trabajo y que llevó a la propuesta aprobada por Corte Plena, comprendió el análisis de las estadísticas judiciales en materia de delitos sexuales y de los casos en aplicación de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, en cumplimiento a un fallo de la Sala Constitucional a favor de una víctima menor de edad, quien cuestionó la duración del proceso penal y en el que se estableció la recomendación de emprender un estudio sobre el estado y los plazos en la tramitación de estos procesos penales.
Según detalló la magistrada Chacón Artavia en la sesión de Corte, desde el año anterior, se abrieron espacios de análisis con las instancias judiciales a cargo de la tramitación de estos delitos, como el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Género y la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, el Departamento de Trabajo Social y Psicología, el Organismo de Investigación Judicial e instancias externas como el INAMU, el PANI y la CCSS, para mejorar el abordaje integral de las personas víctimas.
Por su parte, la Jefa de la Secretaría Técnica de Género, Jeannette Arias Meza, expuso los resultados obtenidos por el Subproceso de Estadísticas de la Dirección de Planificación del Poder Judicial, que revelaron altos porcentajes de terminación de los procesos por sobreseimientos y desestimaciones.
“Algunos de los nudos críticos que podrían estar dando pie a estos niveles de motivos de terminación de estos procesos, son la mayor necesidad de capacitación sostenible y permanente con cobertura a todo el personal que atiende los delitos en temas como la erradicación de los patrones culturales y estereotipos sexistas; así como mejoras en las técnicas de investigación. Además, no existe una representación legal gratuita para las víctimas, que no cuentan con recursos económicos ni sus familiares, de manera que puedan ejercer el derecho de querellar, pero también para ejercer todas las acciones recursivas correspondientes”, explicó Arias Meza.
Estadísticas
En el año anterior, un total de 9443 delitos sexuales se denunciaron en instancias judiciales, con una mayor incidencia de abusos sexuales contra persona menor de edad (3404 casos), relaciones sexuales con personal menor de edad (2865 casos), violación (1707 casos) y abuso sexual contra persona mayor de edad (702 casos). En cuyos procesos, el 71% corresponde a víctimas mujeres.
Un total de 8476 casos llegaron a instancia de juzgado penal, de las cuales solo en 1478 se ordenó apertura a juicio (17,44%); 5204 asuntos recibieron una desestimación (61,40%) y en 963 asuntos se ordenó un sobreseimiento (11,36%).
Solo en el 2020, se registraron un total de 20 747 asuntos ingresados por concepto de delitos de la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer en juzgados penales. La provincia con mayor incidencia es San José con un 26% de los asuntos registrados. Del total, solo 1664 casos llegaron con apertura a juicio (9,48%), en 12068 asuntos se ordenó una desestimación (68,76% ) y 2692 registraron un sobreseimiento (15,34%).
- Detalles
-
Publicado: Martes, 10 Agosto 2021 08:10
- El documento completo lo puede consultar en la página: www.enipc.co.cr
Los Supremos Poderes de la República integraron un frente común contra la corrupción, mediante la firma de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC).
La firma formal se realizó el viernes 6 de agosto, con la participación del Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada; la Presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández Sánchez; el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro y la Presidenta a.i. del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora Chavaría.
“… El compromiso es de toda la institucionalidad pública de dirigirse a generar normas, mecanismos, coordinaciones y estructuras que permitan blindar el accionar público del flagelo del crimen organizado y la corrupción. Las acciones en el marco de esta Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción, encuentran su génesis en la convocatoria de la Presidencia de la República a finales del año 2019, época previa a la pandemia. El documento que se presenta el día de hoy refleja el compromiso de las instituciones públicas, el sector privado y la sociedad civil, mediante un trabajo de co-creación”, afirmó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro.
El jerarca judicial destacó las acciones emprendidas por el Poder Judicial en esta materia como la puesta en marcha del modelo de cumplimiento normativo de anticorrupción, mediante la detección y reacción ante conflictos de interés que eventualmente pueden afectar a la institución, la creación de mecanismos para transparentar el quehacer institucional como lo es el Observatorio Judicial, una herramienta que contribuirá con el acceso a la información de interés público y rendición de cuentas.
El Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, resaltó que “…Estamos aquí los Poderes de la República con la convicción de combatir, prevenir y sancionar los actos de corrupción, se necesita del trabajo coordinado, orquestado y comprometido de todos los actores de la sociedad para proteger nuestro Estado Social de Derecho y el bienestar de todas las personas”.
La ENIPC propone una serie de medidas a corto, mediano y largo plazo, como una respuesta institucional frente a la corrupción, las cuales se agrupan en cinco ejes: Gobernanza en la lucha contra la corrupción, Gestión del talento humano para luchar contra la corrupción, Promoción de la participación y el control ciudadano, Gestión de los riesgos de corrupción en la interacción público-privada y Acceso a la información de interés público y rendición de cuentas.
El proyecto se desarrolló bajo la coordinación de la Procuraduría de la Ética Pública y la organización de sociedad civil Asociación Costa Rica Integra, con la cooperación de la Embajada de los Estados Unidos.
La Presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández Sánchez, recalcó que “… desde la legislación pasada hemos hecho y continuamos haciendo esfuerzos por fortalecer la política de parlamento abierto, permitiendo a la ciudadanía conocer el trabajo que nos corresponde, con el libre acceso a la toda la información”.
Por su parte, la Presidenta a.i del TSE, Eugenia Zamora Chavaría señaló que “por imperativo normativo y por convencimiento de quienes laboramos en él, fomenta la cultura y los valores democráticos, referentes incompletos si no integran la transparencia, el acceso a datos, la probidad y la promoción de una ciudadanía activa, en donde la fiscalización responsable e informada es medular”.
En la actividad participaron por parte del Poder Judicial, la magistrada Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano Castro, el magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, así como representantes de la Fiscalía General, la Secretaría Técnica de Ética y Valores, de la Oficina de Cumplimiento y la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ).
- Detalles
-
Publicado: Viernes, 06 Agosto 2021 13:04
- Actividad fue organizada por el Poder Judicial de Perú.
El Magistrado de la Sala Segunda de la Corte y Coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, Jorge Olaso Álvarez, participó en el Congreso Internacional de Acceso a la Justicia de Personas Adultas Mayores, actividad organizada por el Poder Judicial de Perú.
Dicho encuentro virtual se llevó a cabo el pasado 27 de julio y constituyó la oportunidad de exponer lo que el país mediante el Poder Judicial realiza en materia de la defensa de los derechos de esta población en condición de vulnerabilidad.
Durante su participación, el magistrado Olaso Álvarez se refirió a diferentes aspectos en torno a la situación actual de esta población en Costa Rica, destacando el número de personas pertenecientes a este grupo en el país, sus características demográficas, los diferentes enfoques para la protección de sus derechos y la normativa que garantiza su pleno goce.
Entre los datos más destacados, se mencionó que para el 2020, según datos del INEC, en Costa Rica vivían 626.297 personas de este grupo de la población, de los cuales un 56,8% son mujeres.
Además, dentro de sus características demográficas, es importante señalar que, si bien las nuevas generaciones de personas adultas mayores presentan una leve mejoría en los campos educativo y económico, se mantiene una brecha significativa entre la población rural y la población urbana.
Por otra parte, en lo que respecta a la adultez mayor y la interseccionalidad, el magistrado señaló que, según el Segundo Informe del Estado de la Situación de la Persona Adulta Mayor realizado en el 2020, la población afrodescendiente en Costa Rica es menos envejecida que la del resto del país, ya que apenas un 5% tiene 65 años o más.
También, se subraya que, en materia de poblaciones indígenas, el nivel de envejecimiento de este segmento de la población es mayor al promedio del país, con un porcentaje de 9 y 7 respectivamente, tomando en cuenta que existe una mayor proporción de personas adultas mayores que se autodenomina indígena, pero que vive fuera de sus territorios.
En el caso de la población migrante, la comunidad extranjera nicaragüense es la más representativa, abarcando un 7% de la población nacional, de los cuales un 4% tiene 65 años o más.
Otro tema desarrollado por el Magistrado Olaso fue el enfoque de los derechos de las personas adultas mayores, enfatizando en el concepto de los Derechos Humanos y el Derecho Gerontológico, el cual promueve el empoderamiento de las personas mayores como sujetos de derecho con garantías y responsabilidades, con sus enfoques de planificación de la fase final de la vida, de derecho y economía, el jurisprudencial terapéutico y el enfoque feminista de la ética del cuidado.
“En este concepto, el Derecho Internacional es el marco conceptual aceptado, ya que es capaz de obtener un sistema coherente de principios y reglas que guíen la doctrina y la jurisprudencia, así como las políticas públicas”, destacó el magistrado.
Además, se refirió a la normativa que vela por el cumplimiento del respeto de los derechos de esta población, destacando la normativa nacional como la Constitución Política, la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y su Reglamento, el Código de Trabajo, la Ley de Fortalecimiento de del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), la jurisprudencia constitucional y la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021, así como los instrumentos internacionales ratificados por el país como lo son la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, CEDAW, Belem Do Pará, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las Reglas de Brasilia para el Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y la jurisprudencia de la CIDH.
En sus conclusiones, el Coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia resaltó el compromiso del Estado costarricense de proteger a las personas mayores y garantizar sus derechos, gracias a la protección especial tanto nacional e internacional que les asiste, además de destacar la importancia de las Reglas de Brasilia para establecer parámetros de acceso a la justicia al calificar a los adultos mayores como personas en condición de vulnerabilidad.
La actividad se desarrolló de manera virtual.
- Detalles
-
Publicado: Viernes, 30 Julio 2021 11:51
- En el marco del cierre del ciclo de especialización en conmemoración del 40 aniversario de sus funciones.
“El Poder Judicial ocupa un papel protagónico en la sostenibilidad de la democracia en nuestro país, siendo esta la principal razón por la que el blindaje contra la corrupción en esta institución es actualmente nuestra prioridad”, así lo afirmó la Vicepresidenta de la Corte y Presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro, durante el cierre de las actividades de conmemoración de los 40 años de funciones del máximo tribunal penal, que tuvo lugar este miércoles 27 de julio.
La Presidenta de la Sala, Patricia Solano reafirmó el compromiso de que “…la mejor forma de celebrar este aniversario es trabajando, esforzándonos para
proteger nuestra institucionalidad y para librarnos de los juicios y males que han contaminado a naciones hasta muy cercanas, siendo que para ello ocupamos de un Poder Judicial robusto, independiente, probo, eficiente y sobre todo transparente”.
El acto de cierre se llevó a cabo en el Salón Multiusos, cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas y contó con la participación del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, las magistradas y los magistrados integrantes de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro, Sandra Zúñiga Morales, Jesús Ramírez Quirós, Gerardo Rubén Alfaro Vargas y Álvaro Burgos Mata.
También asistieron el Presidente de la Sala Primera de la Corte, Luis Guillermo Rivas Loáiciga; el Fiscal General, Warner Molina Ruiz; el Director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo; magistrados y magistradas suplentes, juezas, jueces, letrados y letradas de la Sala de Casación Penal.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro señaló que para generar un mejor abordaje de los fenómenos criminales, acorde con las exigencias actuales, es necesario ajustar algunos preceptos normativos y proponer otros en materias como la criminalidad organizada y la corrupción.
“Felicito a la Sala por esta gran iniciativa, que es un punto para establecer una reflexión importante sobre los distintos institutos penales, en una nueva perspectiva de que el derecho penal, sin dejar de ser garantista, tenga mayor eficacia en la persecución del delito”, puntualizó Cruz Castro.
Para celebrar los 40 años de funciones del tribunal de Casación Penal se desarrolló un ciclo de videoconferencias que abordó temas sobre crimen organizado y corrupción, delitos económicos y fiscales entre otros, así lo destacó el magistrado penalista, Gerardo Rubén Alfaro Vargas.
“Hemos logrado un nivel de expositores, expertos de altísima calidad y con una amplia participación tanto en el ámbito interno del Poder Judicial, como externos, con asistencia de instituciones públicas, entidades privadas y la comunidad jurídica nacional en general”, resaltó en la apertura de la actividad el Magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas.
Con la ponencia, "Empresa Criminal y Corrupción Estatal", la master Yara Esquivel Soto, abogada con 20 años de experiencia en la investigación de fraude y corrupción, trabajando con la Iniciativa StAR para la recuperación de activos robados, del Banco Mundial y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, destacó el papel de la judicatura como pilar de la democracia.
“El país está en crisis y la judicatura tiene un reto mucho más amplio del que han tenido en la historia del país: Ustedes son quienes pueden restaurar la imagen del país y la confianza del público. La integridad judicial nunca ha sido tan importante como hoy”, aseveró.
Destacó en su exposición el concepto de la organización criminal como aquella que oculta su estructura y su participación y que busca enriquecerse de manera ilícita y que nada se hace con investigar y condenar personas si no se les quitan sus bienes. También desarrolló el tema de la corrupción como un fenómeno supranacional, la transparencia del beneficiario final, el papel del sector privado, la cooperación interinstitucional, las mejores prácticas de investigación y el papel de la judicatura.
- Detalles
-
Publicado: Jueves, 29 Julio 2021 15:18
- Institución ya trabaja en construcción de Plan de Gestión Ambiental Institucional para los próximos cinco años, según lo establece la legislación nacional.
Una Excelente Gestión Ambiental, con nota 99.68, alcanzó el Poder Judicial en la revisión para el año 2021, que desarrolla la Dirección de Gestión de Calidad del Ministerio de Ambiente y Energía (DIGECA).
Los resultados en materia de gestión ambiental se dieron a conocer en el Oficio DIGECA-402-2021 del 21 de julio de 2021 denominado “Nota de Retroalimentación PGAI Poder Judicial”, comunicado tanto a la Presidencia de la Corte Suprema de justicia como a la Comisión de Gestión Ambiental Institucional.
“En este reconocimiento a la Excelente Gestión Ambiental con una nota de 99,68, resalto el esfuerzo y la creatividad de las personas integrantes de la Comisión
de Gestión Ambiental Institucional representantes de los diferentes ámbitos del Poder Judicial, de las integrantes de las Subcomisiones de los diferentes Circuitos Judiciales y el de la población judicial en general. En especial, se distingue la asesoría técnica del Gestor Ambiental, Eugenio Solís Rodríguez, quien con su experticia, responsabilidad, compromiso y dedicación ha sabido guiarnos para obtener este producto tan importante”, afirmó la magistrada Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional.
De esta manera el Poder Judicial cumple con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley No. 8839 “Ley para la Gestión Integral de Residuos” y con el Decreto Ejecutivo No. 36499-S-MINAE, de procurar acciones para mejorar la calidad ambiental, ejecutar un reordenamiento institucional en pro de hacer un uso más racional de los recursos y apoyar con las metas nacionales en materia de adaptación y mitigación al Cambio Climático.
El ente ambiental nacional reconoció la labor emprendida por el Poder Judicial desde el 2017 y hasta el 2021, tiempo de vigencia del actual Plan Gestión Ambiental Institucional (PGAI), que contiene las acciones judiciales en materia de ambiente y cuyo promedio general de evaluación de cumplimiento, durante el quinquenio, fue de 97,12%.
El DIGECA destacó en su informe del presente año, el apoyo de la jerarquía judicial para el fortalecimiento de la gestión ambiental en la institución, el PGAI como “una herramienta muy útil para un reordenamiento institucional, no solo en el tema ambiental sino en el social y el económico, en cumplimiento de las normativas actuales que van encaminadas a las políticas de austeridad y control del gasto público”, puntualizó el oficio.
Según la legislación ambiental nacional, para el 2022 se debe presentar un nuevo PGAI para los próximos 5 años.
Dentro de las recomendaciones para las nuevas metas judiciales en materia de ambiente, se señala la incorporación en los formularios de evaluación de todos los edificios judiciales, con el fin de que se alcance la cobertura ambiental en el 100% de las edificaciones, así como la incorporación de los indicadores sobre consumo de papel en las planillas dispuestas por el DIGECA para la efectiva homologación de los datos evaluados y la importancia de avanzar hacia una contabilidad de inversiones y ahorro desde las acciones emprendidas.
La magistrada Vargas Vásquez recalcó que desde el órgano ambiental “…se continuará con el esfuerzo en procura de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley No. 8839 “Ley para la Gestión Integral de Residuos” y con el Decreto Ejecutivo No. 36499-S-MINAE y contribuir con ello a mejorar la calidad ambiental, ejecutar un reordenamiento institucional en pro de hacer un uso más racional de los recursos con que cuenta la institución, y así, apoyar con las metas nacionales en materia de adaptación y mitigación al Cambio Climático”.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 28 Julio 2021 11:22
- Pueden presentar demandas, escritos de cualquier juzgado o tribunal, entrega de hojas de delincuencia y claves para uso de sistema de gestión en línea, entre otros.
Acudir a la Oficina de Recepción de Documentos de Corredores, para gestionar demandas o escritos, le ahorrará tiempo y agilizará el trámite a las personas usuarias, sin tener que acudir al despacho correspondiente.
Se pueden presentar escritos, demandas y cualquier documento que una persona deba entregar a los despachos judiciales de Corredores, acudiendo directamente a la Oficina de Recepción de Documentos de Corredores.
Esta Oficina inició funciones en diciembre del 2020 en el Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Corredores y está bajo la coordinación de la Administración Regional del Circuito. Brinda servicios en ventanilla, por correo electrónico y fax.
Tanto las demandas como los escritos pueden entregarse en ventanilla de la oficina, o enviarse de forma electrónica al correo, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o al fax 2783-5912. Una vez ingresado el documento, la Oficina de Recepción de Documentos se encarga de distribuirlo al despacho correspondiente.
“La importancia de la entrada en funciones de esta Oficina en los Tribunales de Corredores, es porque centraliza la entrega de documentos que deban entregar las personas usuarias a los despachos judiciales. Este servicio resulta de gran importancia, porque en tiempos de pandemia, las y los usuarios no deben de trasladarse de una oficina a otra. Esto también favorece la labor de los despachos que no deben destinar tiempo a la recepción de documentos, escritos y nuevas demandas”, destacó el Administrador Regional de los Tribunales de Corredores, Guillermo Mejía Villalobos.
También colabora con las labores de la Administración Regional de Corredores, en la entrega de certificaciones de hojas de delincuencia y de pensiones alimentarias y entrega de usuarios y contraseñas para el uso del Sistema de Gestión en Línea. Esta colaboración se realiza durante la jornada de 12:00 m.d. a 1:00 p.m. para mantener la continuidad del servicio. Además, se reciben escritos que requieran enviarse al Juzgado Especializado de Cobro Judicial de Golfito.
Datos sobre las labores emprendidas a favor de las personas usuarias, entre el 1 de diciembre de 2020 y el 31 de mayo de 2021, destacan una afluencia de 2130 escritos presentados por personas que son parte de un proceso judicial y un total de 327 demandas ingresadas desde la Oficina de Recepción de Documentos.
La población usuaria puede realizar consulta a esta oficina, de forma presencial, vía telefónica a los números 2785-9958 y éstas también se atienden mediante el correo electrónico, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
La habilitación de la Oficina de Recepción de Documentos en los Tribunales de Justicia de Corredores, forma parte de las acciones emprendidas por el Poder Judicial en el marco de la atención de la emergencia sanitaria por el Covid-19, en un esfuerzo emprendido por el Consejo Superior, la Dirección Ejecutiva, la Dirección de Tecnología de la Información y la Administración Regional de Corredores, del Poder Judicial.
- Detalles
-
Publicado: Lunes, 19 Julio 2021 17:36
- Conceden la Gran Cruz de Orden Iberoamericana de la Justicia.
La Fundación Carlos III otorgó un reconocimiento a la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica por su trayectoria histórica y permanente acción en labor de la justicia en los países iberoamericanos.
El título acreditativo de la distinción a este Poder de la República se dio a conocer el 8 de junio del 2021 en Madrid España, el cual es denominado: Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia.
El reconocimiento fue comunicado este jueves 15 de julio al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro.
Esta concesión reconoce el prestigio internacional alcanzado por la Corte Suprema de Costa Rica a lo largo de toda su trayectoria histórica, así como su permanente actuación a favor de la justicia en los países Iberoamericanos, y la excelencia profesional de los magistrados y las magistradas que han integrado desde su creación hasta hoy en día.
“Toda obra debe ser respalda por una conducta y a vuestro ejemplo en los más altos valores, a la excelencia y a la rectitud de principios en vuestra larga historia, se suma la grandeza de todos los magistrados, funcionarios y colaboradores, sirviendo de modelo de comportamiento y conducta para la sociedad costarricense”, se indica en el acta del acuerdo.
Para el Presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro, “este reconocimiento destaca el prestigio internacional del Poder Judicial de Costa Rica. Ha sido una construcción lenta y de vieja data, es el trabajo de tantas personas, las que estuvieron en esta institución y las que ahora aportan su trabajo y su buena voluntad para cumplir las ambiciosas pretensiones de la Justicia”.
“Nada se podría hacer sin el aporte de todos y todas, esa comunidad de esfuerzos, sin distinciones ni jerarquías. En medio de dudas e interrogantes, de problemas sin resolver, tiene mucho valor la trayectoria del Poder Judicial costarricense, así piensan en otras latitudes. Esa mirada tan positiva, debemos celebrarla, sin dejar de poner atención en nuestras debilidades. Esta es una institución de servicio, esa es su vocación”, agregó Cruz Castro.
La Fundación Carlos III, es una fundación cultural privada, de ámbito internacional y que tiene como objeto de su actividad el fomento de las artes, la ciencia y el mecenazgo, con especial dedicación a las relaciones de España e Iberoamérica.
La citada Fundación creó el Foro Iberoamericano hace 22 años, con el fin de impulsar las relaciones económico, empresariales, culturales y profesionales con países de Iberoamérica.
Se hará la entrega del reconocimiento a la embajadora de Costa Rica en España Ana Helena Chacón Echeverría.
En el año 2020 este reconocimiento se le otorgó al Supremo Tribunal de Justicia de Portugal.
“Este es un reconocimiento al país, a la sociedad costarricense, a todos los servidores y servidoras judiciales, a los magistrados y magistradas. Es un mérito histórico, un mérito para esta comunidad de servidores y servidoras, para los que están hoy y los que estuvieron y dieron su aporte para una justicia en democracia”, finalizó el Presidente de la Corte, Fernando Cruz.
- Detalles
-
Publicado: Jueves, 24 Junio 2021 11:09
- Autoridades del Poder Judicial y Poder Ejecutivo reafirmaron este miércoles compromiso de trabajar conjuntamente para proteger a la niñez y a la adolescencia frente a la criminalidad.
- Como parte de los esfuerzos, se incorporarán actividades educativas y de sensibilización en el calendario escolar a partir del 2022.
- “La alfabetización preventiva en materia penal juvenil es, sin duda, el aporte más importante que, desde el corazón del Poder Judicial, se ha hecho para la prevención del delito en relación con las presentes y futuras generaciones”, afirmó magistrado Álvaro Burgos.
La articulación de acciones preventivas para la protección de la niñez y la adolescencia costarricense frente a la criminalidad, une en un frente de trabajo al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo, a partir de la ejecución del decreto ejecutivo que declara el 25 de mayo como Día de la Alfabetización Preventiva en Materia Penal Juvenil.
Este miércoles 23 de junio, las autoridades de ambos Poderes reiteraron el apoyo a esta iniciativa en favor de la niñez y juventud del país, la cual contempla el desarrollo de actividades educativas y de sensibilización que se incorporarán al calendario escolar, con el fin de prevenir el delito.
Según el decreto, publicado en el diario oficial La Gaceta el lunes 21 de junio, la Alfabetización Preventiva en este campo es la estrategia criminológica y educativa de carácter preventivo, dirigida a las personas menores de edad como herramienta de sensibilización y entendimiento de los derechos, obligaciones y eventuales repercusiones sancionatorias, contenidas en la legislación penal juvenil de Costa Rica.
“Hemos trabajado en diferentes ámbitos para que Costa Rica les pueda ofrecer oportunidades a los niños, niñas y adolescentes de crecer sanamente, en ambientes libres de violencia que les permita forjar un futuro mejor. La prevención resulta un concepto fundamental; por eso, por medio de la alfabetización en materia penal juvenil, se podrá ofrecer más y mejor información a nuestra niñez y población adolescente sobre sus derechos y también sobre sus obligaciones en este tema”, afirmó Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República.
“Cuanta más información tengan estas nuevas generaciones desde temprana edad, tendrán más conocimiento, más conciencia sobre la violencia y más posibilidades de prevenir ser víctimas de la criminalidad”, acotó.
Será a partir del curso lectivo del 2022 que el Ministerio de Educación Pública incluirá en el calendario escolar el Día de la Alfabetización Preventiva en Materia Penal Juvenil y se instará a los centros educativos de todo el país a realizar actividades con el fin de abordar esta temática.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, destacó que la educación es una prioridad indiscutida y un pilar del Estado Social.
“Resalto la importancia del establecimiento del Día de la Alfabetización Preventiva en Materia Penal Juvenil, como una forma para rescatar nuestra juventud, impulsarla y guiarla hacia la Costa Rica que queremos en un futuro. Las acciones preventivas son las que parecen onerosas en un Estado Social, pero son una inversión para el alma de los ciudadanos del futuro”, afirmó Cruz Castro.
El jerarca judicial puntualizó que “…la mejor política criminal, es una buena acción de solidaridad social. No hay posibilidad de tener una sociedad justa si a lo único que se apela es la represión”.
La iniciativa para la promoción de la alfabetización preventiva en materia penal juvenil la lideró el magistrado Álvaro Burgos Mata, coordinador de la Comisión Penal Juvenil del Poder Judicial y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica; de hecho, el pasado 25 de mayo del 2021, él firmó como Testigo de Honor en la promulgación del decreto ejecutivo.
“La Alfabetización Preventiva en materia Penal Juvenil es un sueño al que así denominé, desde hace más de 25 años atrás; ahora se convierte en una esperanzadora realidad y una contribución significativa y concreta para las presentes y futuras generaciones de niños y niñas del país. Sin duda alguna, constituye el aporte más importante que, desde el corazón del Poder Judicial, se ha hecho para la prevención del delito en relación con las presentes y futuras generaciones", afirmó Burgos Mata.
La ministra de la Niñez y la Adolescencia, Gladys Jiménez Arias, comentó que “esta es una estrategia para evitar que los niños, niñas y personas adolescentes sean víctimas del delito y puedan ejercer su derecho a desarrollarse de manera integral”.
Las acciones preventivas en materia penal juvenil que se emprendan desde las escuelas y colegios de todo el país, permitirán generar un cambio a favor de la protección de la niñez y adolescencia del país.
Así lo destacó el representante de la Dirección del Liberty Christian Academy, Erlyn Obando Araya. “Nosotros necesitamos enseñarles a nuestras generaciones el tema de las obligaciones. Un proyecto como este es la llave para educar a nuestros jóvenes, niños y niñas, sobre la responsabilidad que tienen de darle un mañana a nuestro país”.
Por su parte, la Directora del Colegio Isaac Martín, Ana Isabel Blanco, señaló que “…nuestro mayor reto es que, quienes lideran los procesos educativos tendrán una excelente oportunidad para trascender e ir más allá de la trasmisión de la información, al desarrollar la capacidad de juicio y carácter de niños y jóvenes, para que puedan estar mejores preparados y responder ante las situaciones a las que se expongan”.
El acto oficial también hizo un reconocimiento al equipo técnico que trabajó con la construcción del proyecto que materializó el decreto ejecutivo, el cual estuvo integrado por Alejandro Montero Acuña, de la Defensa Pública Penal Juvenil; Édgar Barquero Ramírez, de la Fiscalía Penal Juvenil; Ermida Agüero Ugalde, Lilliana Rojas Molina y Victoria Eugenia Sánchez Cubero del Ministerio de Educación Pública; Greylin Castillo Gutiérrez, del Patronato Nacional de la Infancia y Laura Cubillo Madrigal, letrada de la Sala de Casación Penal del Poder Judicial.
En la actividad también participación el magistrado de la Sala de Casación Penal, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, la Ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas; la Viceministra Académica del Ministerio de Educación Pública, Melania Brenes Monge; la Directora del Colegio Isaac Martín, Ana Isabel Blanco; el representante de la Dirección del Liberty Christian Academy, Erlyn Obando Araya y representantes de la Judicatura, el Ministerio Público y la Defensa Pública.
- Detalles
-
Publicado: Jueves, 17 Junio 2021 11:12
- Hoja de delincuencia tiene una vigencia de 3 meses
- Emprenderán plan piloto durante este año 2021, ante requerimientos de personas usuarias.
- Instan a la población a hacer uso de los medios electrónicos para la solicitud de dicho documento.
Prestar el servicio de entrega de certificaciones de antecedentes penales y de pensiones durante el cierre de fin de año, es el plan piloto que se aplicará este 2021, tanto en las oficinas centrales del Registro Judicial del I Circuito Judicial de San José, como en las Administraciones Regionales de todo el país y demás despachos judiciales autorizados.
De esta manera, para el presente año, se mantendrá la entrega de estas certificaciones judiciales del 20 al 24 de diciembre y del 27 al 31 de diciembre, fechas en las que se da un cierre colectivo en el Poder Judicial y únicamente se mantiene habilitados los servicios judiciales esenciales y trascendentales.
El plan piloto busca dar respuesta a los requerimientos de las personas usuarias, que demandan estos documentos para aplicar a puestos de trabajo.
La autoridad del Registro Judicial reitera que las certificaciones de antecedentes penales tienen una vigencia de tres meses, para que las personas usuarias puedan prevenir de manera anticipada la obtención de las certificaciones que requieran.
Además, se pretende medir la afluencia de personas que acuden a las oficinas judiciales a solicitar estos documentos.
El Poder Judicial insta a las personas usuarias a utilizar los medios tecnológicos disponibles, en la aplicación móvil y la página web del Poder Judicial www.poder-judicial.go.cr, para hacer la solicitud de la hoja de delincuencia, sin que requieran trasladarse físicamente a las diferentes instalaciones.
Para el uso de este y otros servicios digitales judiciales, se requiere un usuario y contraseña. Si aún no lo tiene, puede hacer la solicitud en el despacho judicial, Contralorías de Servicios y oficina del Registro Judicial, más cercano de su casa o lugar de trabajo.
La solicitud de la hoja de delincuencia se puede hacer por varias opciones electrónicas:
Página web del Poder Judicial:
Ingresando a la dirección electrónica del Poder Judicial www.poder-judicial.go.cr, la persona debe dirigirse a la pestaña, “Trámites en línea” y ubicar la opción, “Solicitud de Hoja de Delincuencia” y se elige la opción correspondiente. Se ingresa al sistema con el usuario y contraseña previamente solicitado en cualquier despacho judicial cercano.
Al correo electrónico indicado, le llegará la notificación de que ya puede descargar la certificación en formato PDF, el cual se encuentra en el Sistema de Gestión en Línea, mismo en el que realizó la solicitud.
Aplicación Móvil del Poder Judicial:
El Sistema de solicitud y envío de hoja de delincuencia también está disponible para las personas usuarias, desde la aplicación móvil del Poder Judicial. La cual se encuentra disponible para sistemas Android y IOS.
Igualmente, las personas usuarias requieren un usuario y contraseña, que pueden solicitarlo en cualquier despacho judicial cercano.
El plan piloto se implementará en cumplimiento al acuerdo tomado por el Consejo Superior, en la sesión N° 33-2021 celebrada el 27 de abril de 2021; en atención a la solicitud remitida por la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, que señaló que una de las consultas más frecuentes que se atendían en la línea gratuita judicial, 800-800-3000, era la referida al servicio de entrega de hoja de delincuencia durante la tercera semana de diciembre.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 15 Junio 2021 13:24
Ante Comisión Legislativa Especial que investiga posible penetración del narcotráfico en Zona Sur y Partidos Políticos
La especialización en la persecución y juzgamiento de los delitos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico, es una prioridad para el Poder Judicial, así lo expuso el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, ante la Comisión Legislativa Especial que investiga la posible penetración del narcotráfico en la Zona Sur y Partidos Políticos.
En el año 2015 por iniciativa del Poder Judicial se presentó ante el Poder Ejecutivo el proyecto de ley para la creación de una Jurisdicción Especializada contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, el cual fue aprobado por el Plenario Legislativo en el año 2017.
El magistrado Cruz Castro expuso las acciones y esfuerzos emprendidos por el Poder Judicial en esta materia, durante la comparecencia de este martes 15 de junio 2021, ante el órgano legislativo.
Las limitaciones presupuestarias para la implementación de la Ley 8754, Contra la Delincuencia Organizada, no ha sido obstáculo para que las autoridades judiciales, desde unidades especializadas el Ministerio Público y la Policía Judicial, se avoquen en la persecución e investigación de los delitos sobre crimen organizado y narcotráfico. En la misma línea de trabajo los Juzgados y Tribunales Penales de todo el país, realizan el juzgamiento de estos casos.
“Hay limitaciones de recursos presupuestarios, somos conscientes de la situación fiscal del país y por ello se ha postergado. El tema para la sofisticación en materia penal obviamente tiene un costo, porque esta Ley contra la Delincuencia Organizada tiene que ver con una cantidad de personas funcionarias que dan protección a jueces, fiscales o personal que puedan ser amenazados y el crear otra serie de acciones que implican una ampliación de la planilla y en las circunstancias presupuestarias actuales es difícil”, afirmó el Presidente de la Corte, Fernando Cruz.
La ley que aprobó la Asamblea Legislativa que creó esta jurisdicción especializada es de un costo económico muy alto, sin embargo mediante un esfuerzo económico más por poner en marcha la Ley en el proyecto de presupuesto judicial para el 2022, se formularon alrededor de ₡511 millones, que se destinarían para atender algunos requerimientos en materia de crimen organizado, en aspectos puntuales como remodelación de espacio físico y resguardo a la jurisdicción, con salas de juicio, acondicionamiento de celdas y zonas de seguridad. Para que esto sea posible se requiere que este monto sea aprobado por la Asamblea Legislativa.
Recursos solicitados desde el año 2018. Con el fin de implementar la Jurisdicción Especializada en Crimen Organizado, desde el año 2018, el Poder Judicial ha solicitado al Ministerio de Hacienda los recursos económicos para que esta jurisdicción inicie funciones en el juzgamiento de hechos delictivos calificados como criminalidad organizada.
Durante los últimos tres años Corte Plena solicitó ante dicho Ministerio y la Asamblea Legislativa, que se asignarán recursos presupuestarios adicionales para atender esta nueva obligación, pero por la regla fiscal que impide el crecimiento en plazas y establece un tope en el presupuesto de las instituciones públicas esto no ha sido posible.
Sin embargo, como la asignación de recursos no ha sido posible por parte del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial solicitó una vacancia de ley, la cual fue aprobada por el Plenario Legislativo. “La firmeza de la suspensión en la vigencia de la Ley 9481, se ratificó el 30 de octubre 2019 con la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. “…Entrará en vigencia dieciocho meses después de que se haya otorgado el presupuesto necesario para su implementación, conforme a los estudios técnicos del Poder Judicial”. Todos los procesos judiciales que involucran la persecución de aquellos delitos sobre delincuencia organizada mantendrán su tramitación, en aplicación de la legislación actual.
La Dirección de Planificación del Poder Judicial ha realizado los estudios técnicos para determinar los recursos económicos y humanos necesarios para que esta ley entre en funcionamiento, para lo cual, mediante el Informe 436-PLA-RH-MI-2021, se emitió una actualización del presupuesto requerido para la implementación de la citada ley, con el fin de reducir sus costos, en coordinación con las instancias y direcciones correspondientes.
De dichos estudios y según el informe mencionado, el cual se dividió en dos fases para los periodos 2022 y 2023, se señala, que el costo total en recurso humano asciende a los ₡19.469.147.061.
Dentro de esta estructura organizacional, en materia jurisdiccional se contempla la creación tanto de un Juzgado Penal, un Tribunal Penal y un Tribunal de Apelación especializados en delincuencia organizada, así como la creación de plazas para la Defensa Pública, el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, la Oficina de Atención y Protección a la Víctima y las Unidades de Protección de Funcionarios Judiciales y de Víctimas y Testigos.
Propuestas concretas. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, señaló que desde el Poder Judicial se han puesto en marcha acciones concretas para la prevención en tema de corrupción, como la creación de la Oficina de Cumplimiento y la aplicación del Reglamento “Regulación para la Prevención, Identificación y la Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial", con el fin de someter las actuaciones del persona judicial al escrutinio público y la prevención de la corrupción y la desviación del poder.
Entre las tareas judiciales pendientes, y que deben considerar las limitaciones presupuestarias, está el fortalecimiento del Tribunal de la Inspección Judicial, orientado hacia una política administrativa con mayor presencia e incidencia y el reforzamiento de una Unidad de Investigación Judicial y el emprender un estudio sobre las debilidades de las investigaciones administrativas y su corrección.
Los recursos presupuestarios son requeridos para la puesta en marcha del incinerador de la droga por parte de la policía judicial, que demanda un equipo de trabajo de al menos 22 personas a cargo. La importancia de darle mayor alcance al Centro de Intervención de la Comunicaciones, que también requiere una mejora legal para que la fiscalía tenga mayor acceso en investigaciones importantes.
Recomendó a las diputadas y diputados, la revisión de figuras penales como el del testigo de la corona, para corregir las deficiencias de la norma, sus limitaciones y mejorar su aplicación a partir de una colaboración eficaz y la figura de anticipo jurisprudencial de prueba que permita a la fiscalía agilizar su aplicación y el replanteamiento de las campañas políticas como política preventiva, a partir de un buen régimen transparente de financiamiento de campañas.
Consideró la necesidad de emprender el Análisis de Redes de Impunidad, para la revisión de los mecanismos de sanción, evasión y elusión fiscal, mismos mecanismos utilizados también por el crimen organizado y el narcotráfico, lo que demanda también un fortalecimiento de la Fiscalía contra la Legitimación de Capitales. “El ciudadano costarricense tiene la obligación de tributar, como lo hace el funcionario público”, puntualizó Fernando Cruz.
Destacó la importancia de la Ley de Capitales Emergentes, pero requiere fortalecerse y el Ministerio Público trabaja en una propuesta para mejorar su aplicación y alcance.
“La creación de una Oficina de Política Criminal que monitoree y valore constantemente, el comportamiento judicial administrativo frente al crimen organizado y la corrupción, que lleve el pulso de lo que se hace en esta materia”, propuso el jerarca judicial durante su intervención en la comisión legislativa.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 02 Junio 2021 15:41
- Corte Plena emite criterio sobre el texto legislativo que se tramita en plenario.
Con la aprobación de los 17 magistrados y magistradas presentes, Corte Plena emitió el criterio judicial sobre el proyecto de Ley Marco de Empleo Público, expediente 21 336 en el que se concluye que el nuevo texto de la iniciativa, afecta el funcionamiento y organización del Poder Judicial.
El informe judicial se conoció y aprobó en sesión extraordinaria de este miércoles 2 de junio. El estudio estuvo a cargo del magistrado instructor, Jorge Olaso Alvarez.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, señaló que “… en el modelo costarricense se tiene una atomización parcial orgánica de Poderes y eso incluye distintas institucionales, como los municipios y con mayor razón al Poder Judicial. La discusión siempre ha sido si la gobernabilidad es concentración de poder y eso no es la democracia”.
El criterio de Corte Plena concluyó que “…, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 167 de la Constitución Política y en el inciso 1) del numeral 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el proyecto (en su nueva versión) -cuyo criterio se solicita- sí afecta el funcionamiento y organización del Poder Judicial”.
En la exposición de lo establecido por Corte, el magistrado Jorge Olaso Alvarez, señaló que aún cuando en el texto nuevo del proyecto 21336, motivo de esta consulta, introduce ciertas modificaciones y adiciones para mejorar claridad de las normas, “…lo cierto es que -en forma general- se mantiene la base normativa del anterior texto y se pretende regular un régimen de empleo público que no considera aspectos diferenciadores de las entidades y órganos que somete a su ámbito de cobertura. Así, el Poder Judicial sigue formando parte del proyecto, con las consecuencias que eso implica para su estructura interna y funcionamiento, según las observaciones hechas en los anteriores informes”, indicó.
Entre las preocupaciones que incluye el amplio y detallado criterio de Corte Plena sobre el expediente 21 336, se contemplan:
La inclusión del Poder Judicial en una normativa general de empleo público, sin tomar en cuenta la naturaleza jurídica, conformación orgánica ni la particularidad de las funciones que desempeñan las personas servidoras judiciales en los distintos ámbitos.
- La iniciativa mantiene al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), externa al Poder Judicial, como entidad gubernamental que abarca mayormente las competencias sobre lo que se ha denominado la “Gobernanza del Sistema General de Empleo Público y que existe una clara violación a la independencia de Poderes y funciones como garantía constitucional, aspecto que se destacó ampliamente en el anterior informe.
- Se continúa desconociendo el régimen salarial particular del Poder Judicial, bajo la modalidad de salario base más pluses, como sistema oficial de retribución para todos los puestos incluidos en el Manual Descriptivo de Clases del Poder Judicial, instrumento que fue elaborado por el órgano técnico correspondiente de la Corte Suprema de Justicia y aprobado por acuerdo de la Corte Plena con base en las disposiciones especiales de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto de Servicio Judicial; así como en consideración a las necesidades y particularidades propias de la institución. En el informe se resalta que el proyecto no se considera que, además de los puestos por méritos a la carrera judicial, este Poder de la República comprende a las personas servidoras judiciales que conforman el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública, entre muchas otras. Estos factores son importantes para prevenir la fuga del talento humano y la desincentivación del ingreso de personal administrativo, técnico y profesional a la institución.
- Preocupante que la escala salarial pase a ser administrada por una cartera ministerial del Poder Ejecutivo, como lo es MIDEPLAN, con la respectiva intromisión interna en la estructura y funcionamiento exclusivos de este Poder de la República.
- El proyecto no respeta la distinción que hace la Constitución Política en cuanto a las diversas formas de nombramiento y elección de las personas funcionarias, por lo que excede el marco constitucional del empleo público, de manera que la omisión de realizar esa diferenciación a nivel legal y establecer límites en derechos progresivos salariales representa una clara afectación a la organización y funcionamiento del Poder Judicial.
- Con la introducción de un capítulo referente a la Evaluación del Desempeño, se desconocen los esfuerzos del Poder Judicial en la creación de planes sobre ese tema concreto, toda vez que este proceso forma parte de un desarrollo evolutivo que la Dirección de Gestión Humana de la institución inició desde el año 2012, en complemento con el planteamiento estratégico organizacional.
- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 de la Constitución Política, se le otorga un sustento constitucional a la estructura jurisdiccional del Poder Judicial en tanto actividad exclusivamente encomendada a este. De una relación del mencionado numeral 156 con el 177 -también constitucional- se vislumbra una atenuación a la independencia presupuestaria que le dio el constituyente al Poder Judicial, derivado de la autonomía para ejercer exclusivamente esa función jurisdiccional, por lo que -en dichas disposiciones- debe entenderse incluido básicamente el sector de la Judicatura. Lo anterior significa que el salario de las personas servidoras de este Poder de la República, encargadas de ejercer función jurisdiccional, sí deriva de una norma constitucional, por lo que debe dársele un trato independiente en razón de esa misma disposición.
- Asimismo, al incluirse a la judicatura dentro de las ocho familias a que alude el numeral 12 del proyecto (concretamente en el inciso f), se daría un roce con ambas normas constitucionales, lo cual pone de manifiesto que, aún con mayoría calificada, el proyecto presenta vicios de inconstitucionalidad. Luego, al plantearse que el presupuesto debe ser utilizado para pagar salarios de acuerdo con criterios de MIDEPLAN, se da una incidencia nociva en la Judicatura.
- Se crea un régimen disciplinario en el proyecto de ley, y no se toma en cuenta la existencia de un procedimiento ordinario ya regulado con normativa propia en la Ley Orgánica del Poder Judicial, con remisión -en lo que es omiso- a la Ley General de la Administración Pública, aplicable en materia disciplinaria, el cual en la práctica se complementa con otros procedimientos y reglas especiales para otros casos concretos, lo cual hace cuestionarse la necesidad de este nuevo procedimiento creado en el proyecto de ley. Se entiende que al entrar en vigencia esa normativa, deroga la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, que incluye el régimen disciplinario de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, contraviniendo el alcance de la norma constitucional que lo regula en el ordinal 165 de la Carta Magna.
Los magistrados y magistradas de la Sala Constitución, exceptuando el Presidente de la Corte, presentaron la inhibitoria y fue admitida. Fueron sustituidos por magistrados y magistradas suplentes, durante la sesión de hoy en la que se evacuó la consulta.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 25 Mayo 2021 14:48
- Despacho agrario cuenta con el equipamiento físico, mobiliario y técnico.
- Juzgado inició funciones el pasado 4 de mayo.
El Juzgado Agrario de Puntarenas, sede Jicaral recibió una visita de apoyo por parte de magistrada y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el pasado viernes 14 de mayo de 2021.
Este despacho agrario inició funciones el 4 de mayo anterior y cuenta con todo el soporte técnico y administrativo, para brindar el servicio público de calidad.
Esta nueva sede tendrá competencia territorial en los distritos de Carmona, Santa Rita, Zapotal, San Pablo, Porvenir y Bejuco en el cantón de Nandayure, además de los distritos de Lepanto, Chira, Cóbano, Paquera y los pueblos de Gigante y Pueblo Nuevo, zonas pertenecientes al Cantón Central de Puntarenas.
El magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Coordinador de la Comisión de Construcciones del Poder Judicial señaló que la apertura del nuevo Juzgado Agrario acerca la administración de justicia y la solución de sus asuntos a las personas interesadas y en conflicto.
“La zona del cono peninsular, agrícola y ganadera, produce cierto tipo de conflictividad, y también sobre la propiedad de la tierra, de manera que este es un avance importante, porque permite un acceso a la justicia en esos temas más eficiente, más rápida y cercana”, expresó Rivas Loáiciga.
De igual manera, la magistrada Damaris Vargas Vásquez, integrante de la Comisión Agraria indicó que, “la inauguración del Juzgado es un hito en el Poder Judicial y en la Jurisdicción Agraria. Su creación permite un acceso más fluido y cercano a las personas usuarias del área que ahora es competencia de ese despacho lo cual permitirá una justicia eficaz y eficiente, sumados los esfuerzos que se desarrollan para que además sea de calidad, pues será asumida por un equipo de personas muy motivadas y con experiencia. Con la anuencia de ese despacho y el apoyo de CONAMAJ y la Contraloría de Servicios, la Comisión de la Jurisdicción Agraria apoyará para convertir este despacho en Modelo de Participación Ciudadana y Justicia Abierta.”
El Juzgado está conformado por una plaza de persona juzgadora supernumerario, una plaza coordinadora judicial 2 y una plaza técnica judicial 2 y se encuentra debidamente equipado con espacio físico, mobiliario y equipo de oficina, además, de un vehículo para realizar las giras de campo.
Para el magistrado Jorge López González “el cono peninsular es una zona eminentemente agrícola y ganadera y el Juzgado Agrario beneficia a la comunidad porque una de las limitaciones que tiene los ciudadanos para acceder a la justicia son las largas distancia. Este despacho en Jicaral muestra cercanía para la población.
El magistrado Gerardo Ruben Alfaro, señaló que el Juzgado Agrario de Jicaral “llega a beneficiar a la población de Jicaral y los distritos de Lepanto, Chira, Cóbano,
Paquera, entre otros y disminuye las largas distancias que anteriormente se recorrían para acceder a un servicio público en la materia agraria”.
“Resulta importante el Juzgado Agrario de Jicaral porque acerca la justicia a las personas usuarias es una zona agrícola y la cantidad de pueblos que existen generan conflictos de esa naturaleza y demanda servicios en materia agraria”, destacó el magistrado Orlando Aguirre.
En la actividad también participaron Sandra Pizarro Gutiérrez, integrante del Consejo Superior; Armando Guevara Rodríguez, Juez Coordinador del Juzgado Agrario de Jicaral; Jairo Álvarez López, Administrador Regional del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste y los Sacerdotes Mario Salazar Alvarado y Edgar Brenes Núñez, quienes bendijeron las instalaciones y la nueva función que se desarrollará.
El acto inaugural se realizó en apego al cumplimiento de las medidas y directrices sanitarias en prevención del COVID-19 emitidas por el Ministerio de Salud y avaladas por la Corte Suprema de Justicia.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 25 Mayo 2021 14:11
- Subcomisión Penal Juvenil insta a personas operadoras de justicia a profundizar el contenido de la recomendación internacional.
Con el fin de ampliar el conocimiento de las personas operadoras de justicia que atienden la materia penal juvenil, en las observaciones internacionales en la materia, la Subcomisión Penal Juvenil del Poder Judicial, hizo llegar a nivel nacional, las Observaciones Generales del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.
El objetivo es ampliar el conocimiento entre juezas y juezas penales juveniles en lo relativo a las recomendaciones internaciones existentes en esta materia, específicamente sobre la Observación General 24 del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
“Aún cuando la aplicación de estas indicaciones internacionales no son vinculantes para el país, las observaciones generales del Comité se constituyen en buenas prácticas que pueden implementarse en la materia penal juvenil y constituyen en un instrumento válido de interpretación e integración de la norma internacional sobre derechos de la niñez, sobre todo lo correspondiente a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”, explicó el magistrado Dr. Álvaro Burgos Mata, coordinador de la Subcomisión Penal Juvenil.
La Subcomisión Penal Juvenil también consideró relevante la recomendación que se desprende de la sentencia 2021-0098, del Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal Juvenil, en la cual se instaba a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y a la Sub Comisión Penal Juvenil el difundir el contenido de la citada Observación General 24 del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Para el magistrado Dr. Burgos Mata, “… desde la Subcomisión de Justicia Penal Juvenil, es importante dar conocer estas observaciones generales, desde su amplitud en la materia. Por ello, la iniciativa de remitir a todas las autoridades penales juveniles del país, una copia de la Observación General 24 para su lectura y análisis. Igualmente trabajamos en una campaña interna para profundizar sobre los diversos tópicos que aborda esta Observación 24”.
La Observación General 24 del Comité de Derechos del Niño profundiza en temas como:
- Prevención de la delincuencia infantil, incluida la intervención temprana dirigida a los niños que no alcanzan la edad mínima de responsabilidad penal.
- Intervenciones con niños que han alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal.
- La edad y los sistemas de justicia juvenil.
- Las garantías de un juicio imparcial.
- Las sanciones penales juveniles.
- Privación de libertad, incluida la detención preventiva y la prisión posterior a la sentencia.
- Cuestiones específicas.
- Detalles
-
Publicado: Viernes, 14 Mayo 2021 14:23
- Ante la Caja Costarricense de Seguro Social.
- Autoridades Nacionales de Salud establecieron prioridad de vacunación en población judicial para grupos 1 y 4.
- Al 14 de mayo se registra un 68,24% de población judicial vacunada (1914 personas), según criterios de disponibilidad del medicamento, y que se ubican en grupo 1.
Remitir una solicitud respetuosa a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para agilizar el proceso de vacunación en la población judicial, según el grupo que corresponda, fue lo que acordó el Consejo Superior en su sesión del 27 de abril de 2021.
La decisión que tomó el Consejo superior en su sesión Nº 33-2021, también incluye “…solicitar al Servicio de Salud que rinda un informe a este Consejo de manera semanal para conocer el avance que se ha tenido en la vacunación en la población judicial, para determinar qué grupo ocupacional está protegido y poder retomar algunas actividades”.
La Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial desde el 8 de enero del presente año coordina con las autoridades de la CCSS y el Ministerio de Salud, para coordinar la vacunación del personal judicial que se ubiquen en los grupos 1 y 4, que corresponden a la priorización a nivel nacional.
“En todos los casos la aplicación de la vacuna ha estado a cargo del personal de la CCSS, según las fechas y lugar que dicha entidad ha definido, siempre sujeto a la disponibilidad de dosis en el país y en las Áreas de Salud de la CCSS. A este momento el abordaje del proceso de vacunación para el primer grupo se ha ejecutado con éxito, según las condiciones definidas desde inicios de año en la estrategia comunicada a la población judicial”, destacó Roxana Arrieta, Directora de Gestión Humana del Poder Judicial.
El oficio N° PJ-DGH-ADMSS-408-2021 con datos al13 de abril de 2021, elaborado por la Dirección de Gestión Humana. La actualización al 14 de mayo del 2021, determina que el porcentaje de personas vacunadas del primer grupo alcanza ya un 68,24%, de las 2861 personas trabajadoras judiciales identificadas dentro del grupo 1 de vacunación, quedando en espera 887 personas, según la disponibilidad del medicamento.
- Detalles
-
Publicado: Jueves, 06 Mayo 2021 14:42
- Galardón reconoce los esfuerzos institucionales en la prevención de esta enfermedad.
Como premio a los esfuerzos realizados por el Poder Judicial en materia preventiva en el contexto de la pandemia por el COVID-19, se recibió el reconocimiento “Sello Centro de Trabajo Prevenido ante el COVID-19”.
El galardón es otorgado por el Consejo de Salud Ocupacional y se convierte en un mecanismo para la mejora continua de la gestión institucional de salud y seguridad por medio de la autoevaluación periódica de las estrategias de prevención de los factores de riesgo laborales asociados al coronavirus.
Para el jefe del Subproceso de Salud Ocupacional, Freddy Briceño Elizondo, este reconocimiento es una herramienta para la mejora continua en la gestión institucional de salud y seguridad laboral, ya que conlleva un proceso de autoevaluación periódica sobre las estrategias que se han implementado para la prevención, control y mitigación de los factores de riesgo laborales asociados a COVID-19.
“Es una garantía que el Poder Judicial se ha preocupado por la salud de la familia judicial y por dar la continuidad del servicio público en condiciones seguras para las personas usuarias, acorde a las directrices emitidas por los entes rectores en el manejo de la emergencia”, mencionó Briceño Elizondo.
El jefe del Subproceso de Salud Ocupacional destacó las acciones que se toman para el logro no solo de este reconocimiento sino también, para garantizar la salud de las personas usuarias del Poder Judicial.
“Son muchas las acciones que se han desarrollado a nivel institucional para alcanzar este reconocimiento, una de las primeras acciones que permitieron alcanzar este logro fueron las medidas para asegurar la continuidad en la prestación de servicios y proteger la vida, salud y seguridad de las personas usuarias y servidoras judiciales, propuestas por la Comisión Institucional de Emergencias y aprobadas por la Corte Suprema de Justicia desde abril de 2020”.
Otras acciones como los protocolos sanitarios aprobados por el Consejo Superior, las capacitaciones sobre los protocolos que se han promovido por parte de la Dirección de Gestión Humana, las diligentes acciones de limpieza realizadas por el Departamento de Servicios Generales o las Administraciones Regionales en todo el país; las campañas informativas y de sensibilización comunicadas por el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional y las más de 4000 inspecciones, asesorías y fiscalizaciones llevadas a cabo por las personas profesionales en salud ocupacional para brindar recomendaciones para disminuir el riesgo de contagio, fueron mencionadas por Briceño Elizondo.
Para el alcance de este reconocimiento, la institución realizó un proceso que involucró el registro en Plataforma de Centros de Trabajo del Consejo de Salud Ocupacional, el llenado del formulario de autoevaluación de COVID-19, la verificación del 100% de cumplimiento de la autoevaluación efectuada para finalmente obtener el sello.
Briceño Elizondo reconoció el aporte de diferentes instancias en la obtención de este premio, en donde intervienen la Comisión Institucional de Salud Ocupacional y la Dirección de Gestión Humana, el Subproceso de Salud Ocupacional, la Comisión Institucional de Emergencias, la Corte Plena y el Consejo Superior, la Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría, el Servicio de Salud, las Administraciones Regionales, las Administraciones del Ministerio Público, de la Defensa Pública y del Organismo de Investigación Judicial, entre otras oficinas.
- Detalles
-
Publicado: Jueves, 22 Abril 2021 14:29
- Ente contralor realizó auditoría financiera a ejecución presupuestaria judicial del 2020
Los resultados se desprenden del informe DFOE-PG-IF-00004-2021 emitido por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República y comunicado el 14 de abril al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro.
“… en la revisión de la liquidación del presupuesto de egresos del Poder Judicial, no se identificaron debilidades significativas que deban ser informadas a la Administración”, así lo destaca la autoría financiera del ente contralor.
Para el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, el Poder Judicial trabaja año a año por garantizar la efectividad administrativa de los recursos públicos asignados en cada plan presupuestario.
“Este compromiso institucional permitió alcanzar un 97,76 % de ejecución presupuestaria y se evidencia al igual que, en los años anteriores, un uso eficiente de los fondos públicos. Esto, se logra a pesar de la rigidez normativa introducida en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2020”, puntualizó Cruz Castro.
El criterio del ente contralor corresponde a la auditoría financiera realizada a los saldos de las partidas presupuestarias de Remuneraciones, Servicios, Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital del Poder Judicial, contenidas en la Liquidación del Presupuesto de la República del ejercicio económico 2020.
De acuerdo con la Directora Ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins, para la administración del Poder Judicial resulta muy satisfactorio que la Contraloría General de la República, haya brindado una opinión limpia, sin ninguna reserva u objeción, en el dictamen anual que debe rendir sobre la Liquidación del Presupuesto de la República y al amparo de lo que dicta la Constitución Política y la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos.
“Esto señala que en el proceso de ejecución presupuestaria del Poder Judicial no se evidenció ninguna debilidad significativa que deba ser informada y que, por el contrario, las partidas de salarios, servicios y transferencias se presentan de manera razonable en la Liquidación Presupuestaria, con fundamento en la legislación y demás normativa vigente, lo que confirma el correcto uso de los recursos públicos en este Poder de la República.”
El informe contralor se fundamenta en lo establecido en la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 8131 y su Reglamento.
“…el saldo de las partidas de Remuneraciones, Servicios, Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital del Poder Judicial, contenidas en la Liquidación del Presupuesto de la República del ejercicio Económico 2020, se presenta razonablemente con fundamento en lo establecido en la Ley n.° 8131 y su Reglamento, así como, en las disposiciones legales, reglamentarias y otra normativa emitida por el Ministerio de Hacienda”, así concluye el informe de la Contraloría General de la República.
- Detalles
-
Publicado: Viernes, 09 Abril 2021 15:48
El Poder Judicial transparenta el proceso de formulación presupuestaria para el año 2022.
Las actas de las sesiones extraordinarias del Consejo Superior, que contienen el proceso de análisis y elaboración del plan presupuestario judicial para el próximo año, son de acceso público y se pueden consultar desde el apartado “Transparencia” del sitio electrónico institucional.
Las personas interesadas pueden informarse sobre los requerimientos y prioridades de inversión que tendrá el Poder Judicial, para el 2022. Solo deben ingresar a la página electrónica judicial: www.poder-judicial.go.cr.
De allí dirigirse a la pestaña Transparencia → Presupuestos, que los lleva al sitio Actas de Formulación Presupuestaria y hacer clic en la opción 2022/Consultar.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 17 Febrero 2021 16:48
- Apoyo y acciones conjuntas en la materia e intercambio de buenas prácticas.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Fernando Cruz Castro y su homólogo de la República de Paraguay, Alberto Joaquín Martínez Simón firmaron un convenio para desarrollar acciones de cooperación para el fortalecimiento de la justicia restaurativa.
La firma del convenio se realiza bajo la premisa de los objetivos 16 y 17 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que consisten en la creación de alianzas para el cumplimiento de los objetivos claves en materia de instituciones sólidas, democráticas y transparentes.
En el acuerdo se estipula el desarrollo de capacitaciones sobre cuestiones teórico-prácticas en la implementación del proceso restaurativo con énfasis en la persona ofensora, la víctima y redes comunitarias, así como procesos, prácticas y resultados restaurativos en el marco del derecho penal y penal juvenil de ambas partes. También se hará material de difusión para la implementación del programa.
En dicha cooperación, el Poder Judicial de Costa Rica brindará apoyo, orientación y seguimiento de las acciones conjuntas, así como difundir, divulgar y promover los procedimientos del programa a fin de replicar las buenas prácticas. Por su parte, el Poder Judicial de Paraguay brindará apoyo y seguimiento a dichas prácticas y proyectos conjuntos.
El Magistrado Cruz Castro indicó que la firma de este convenio es una muestra de la relación de colaboración entre los Poderes Judiciales que integran la Cumbre Judicial Iberoamericana, con el objetivo de fortalecer procesos en la Administración de Justicia, para brindar servicios de calidad eficiente, oportunos y necesarios para la ciudadanía.
“Esta alianza significa que todas las instituciones tenemos la voluntad de cumplir la misión de asegurar el acceso a las personas, generar acciones para el intercambio de experiencias, buenas prácticas y conocimiento que de manera conjunta se podrá potenciar para la región iberoamericana” afirmó Cruz Castro.
Fernando Cruz aseguró que “el Poder Judicial de Paraguay ha sido un aliado, aspiramos seguir desarrollando iniciativas y proyectos en diversos temas de interés, tanto bilateral como en el ámbito iberoamericano; es de particular interés que el tema de Justicia Restaurativa lo podamos trabajar además de manera conjunta, en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana”.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial de la República de Paraguay, Alberto Joaquín Martínez Simón indicó que “este convenio que tanto nos interesa tiene un único fin que es llevar una mejor justicia a las personas que más lo necesitan. Compartir experiencia entre ambas instituciones para decir que tenemos una mejor justicia y tenemos un Poder Judicial con un rostro humano”.
En la actividad virtual participaron el Magistrado y Coordinador Nacional de Cumbre Judicial Iberoamericana, Román Solís Zelaya, así como el Magistrado Rector de Justicia Restaurativa Gerardo Rubén Alfaro Vargas. También el Ministro Coordinador Nacional Cumbre Judicial Iberoamericana de Paraguay, Luis Maria Benites Riera; el juez penal de la adolescencia y ministro encargado del programa de Justicia Restaurativa, Camilo Torres y la Ministra del Poder Judicial de Paraguay, Gladis Barreiro.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 17 Febrero 2021 16:18
- Poder Judicial trabaja en nueva política institucional orientada en la simplificación y celeridad de trámites.
El establecimiento de procesos electrónicos para la ejecución de diversas gestiones judiciales internas y esfuerzos del personal judicial para promover un ahorro en el consumo de papel, fotocopias y tóner, es lo que destaca en el informe presentado por el Programa Hacia Cero Papel del Poder Judicial, bajo la coordinación del Consejo Superior.
Los resultados obtenidos en el 2020, involucran las acciones emprendidas por los equipos de trabajo que se integraron según el ámbito institucional Administrativo, Jurisdiccional y Auxiliar de Justicia (Organismo de Investigación Judicial, Ministerio Público y Defensa Pública).
La integrante del Consejo Superior y coordinadora del Programa Hacia Cero Papel del Poder Judicial, Sandra Pizarro Gutiérrez, resaltó el trabajo de todos los órganos judiciales involucrados, que contribuyeron “…a mejorar en gran medida el acceso a la justicia y la tutela efectiva de una justicia pronta y cumplida, esto a través de la eliminación progresiva de formalismos excesivos e innecesarios en la tramitación de los procesos (administrativos y jurisdiccionales), que permita la reducción del uso del papel y la maximización de los recursos tecnológicos”.
Entre los que destacan a nivel administrativo, la implementación de los sistemas electrónicos para el control vehicular, el sistema de vehículos decomisados, el sistema integrado de correspondencia y el de asistencia electrónica institucional, este último ya registra 10.307 con carné electrónico en todo el país.
También destaca la entrega de certificaciones de antecedentes penales digitales, las cuales se entregaron bajo esta modalidad como una medida para garantizar el servicio ante la pandemia. En total se entregaron 99.739 documentos digitales, lo que representa un aumento del 292% con respecto al año 2019, que llegó a entregar 25.432 certificaciones digitales.
A estos esfuerzos se suman los sistemas de recepción de facturas de manera electrónica y la implementación de la oferta electrónica en los procedimientos de contratación.
Solo en consumo de fotocopias al compararse el II Semestre del 2019 con el I Semestre del 2020, se registra una disminución de 307.298 hojas no utilizadas, que equivale a un 50% de reducción y con un costro promedio de ahorro de ¢4.723.170,26. El Ámbito Auxiliar de Justicia registró el mayor porcentaje de ahorro con un 52%.
En cuanto al uso de resmas de papel, al compararse el II Semestre del 2019 (7.102 resmas utilizadas) con el I Semestre del 2020 (5.783 resmas utilizadas), se contabiliza una disminución de consumo en resmas de papel de 1.397 entre ambos períodos, con un valor económico de ¢6.146.800,00.
Para la integrante del Consejo Superior y coordinadora del Programa Cero Papel, Sandra Pizarro Gutiérrez, desde la Dirección Ejecutiva y las Administraciones Regionales se realiza un monitoreo periódico del consumo de papel, tóner y fotocopias en los circuitos judiciales de todo el país y existe un compromiso de parte de estas dependencias por sensibilizar a la población judicial para mantener estos esfuerzos de ahorro institucionales.
Pizarro Gutiérrez mencionó que dentro de las nuevas propuestas en las que se trabaja, está la construcción de la Política de Simplificación y Celeridad de Trámites Judiciales, que tiene entre sus objetivos promover en la población judicial mejores prácticas y procedimientos que contribuyan progresivamente a eliminar los formalismos excesivos e innecesarios entre los trámites judiciales y desarrollar una gestión más ágil y oportuna.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 16 Febrero 2021 15:14
Las acciones administrativas emprendidas durante el 2020 para el efectivo funcionamiento del Poder Judicial, las expuso el Consejo Superior en un detallado informe de labores que presentó en la sesión de Corte Plena de este lunes 15 de febrero de 2021.
La exposición de la gestión administrativa judicial estuvo a cargo de los y la integrante del Consejo Superior, Carlos Montero Zúñiga, Gary Amador Badilla, Gary Bonilla Garro y Sandra Pizarro Gutiérrez.
El informe del órgano judicial administrativo destacó acciones en materia presupuestaria, atención de la emergencia por COVID-19, construcción y mantenimiento de infraestructura, requerimientos y apoyo a las oficinas y despachos judiciales, el respaldo al proyecto de Modelo Integral del Proceso Penal, aplicación del régimen disciplinario, la labor en la integración de comisiones y el trabajo en el Modelo de Gestión de Riesgos de la Institución.
El integrante del Consejo Superior, Carlos Montero Zúñiga resaltó el presupuesto para la atención de la pandemia, en áreas como la compra de implementos de limpieza, equipo de protección y licencias, equipos de software y mejorar la conectividad para brindar el servicio judicial; así como el establecimiento de directrices y acuerdo administrativos para establecer medidas sanitarias. Resaltó que durante 2020 se emprendieron labores para mantener la estabilidad de la estructura judicial, con el reforzamiento estructural y eléctrico.
Por su parte, Gary Amador Badilla expuso la importancia del Plan de Modelo Integral del Proceso Penal, donde dio un fuerte apoyo en materia de administración del recurso humano; así como un monitoreo permanente para establecer las prioridades y ajustes en eficiencia, tendientes a fortalecer la gestión de los Tribunales.
La integrante Sandra Pizarro Gutiérrez afirmó que se le dio prioridad en la reducción de plazos en la resolución de asuntos disciplinarios en procesos que involucraron medidas cautelares o revocatoria de nombramientos y se trabajó de manera coordinada con la Comisión de Asuntos Laborales y el Tribunal de la Inspección Judicial. Detalló que durante el 2020 se conocieron 427 asuntos disciplinarios, de los cuales 380 de éstos se resolvieron con lugar y sanción correspondiente, además, se trabajaron planes de descongestionamiento.
En materia de participación de comisiones, la exposición estuvo a cargo del integrante Gary Bonilla Garro y señaló que se trabajó en coordinación con la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, así como el seguimiento, en conjunto con la Unidad de Control Interno, la Dirección de Planificación y de Tecnología de la Información, el modelo de gestión de riesgos para lograr la integración del Plan Estratégico Institucional y el Plan Anual Operativo y el SEVRI, con lo cual se alcanzó el alineamiento en el 2020 de un total de 109 metas, de las 120 metas estrategias existentes.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 16 Febrero 2021 15:11
- Funcionario rindió informe de labores 2015-2021 durante la sesión ordinaria de la Corte.
Por un nuevo período de seis años, el magistrado Max Esquivel Faerrón, asumirá el cargo en propiedad en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), luego de la designación que hizo Corte Plena este lunes 15 de febrero de 2021.
La reelección de Esquivel Faerrón se dio por unanimidad de la Corte Plena.
Durante la sesión, el funcionario del TSE dio un amplio informe de labores sobre el trabajo emprendido entre el 2015 y 2021 en el cargo de magistrado propietario del TSE. Destacó el trabajo en temas como la garantía de la participación ciudadana inclusiva y un Estado Democrático de Derecho, igualdad de género y el fortalecimiento de la deliberación informativa para el ejercicio del sufragio, entre otros temas.
Los nombramientos a los cargos de la magistratura en el Tribunal Supremo de Elecciones son competencia de la Corte Suprema de Justicia, así lo dispone el artículo 100 de la Constitución Política de Costa Rica. La designación es por un período de seis años.
- Detalles
-
Publicado: Viernes, 22 Enero 2021 11:39
- Corte Plena conoce informe de Contraloría de Servicios y acoge recomendaciones de mejora.
Una serie de recomendaciones se considerarán en el Poder Judicial, para mejorar la atención telefónica de las personas usuarias. Corte Plena conoció este lunes 18 de enero, un estudio elaborado por la Contraloría de Servicios para profundizar en la efectividad del servicio.
Con un total de 5.350 llamadas realizadas en todos los Circuitos Judiciales del país, durante el mes de octubre, se determinó que el 68,95% de las llamadas hechas a los despachos judiciales recibieron una respuesta positiva, al atender la consulta durante el mes en estudio. Es decir 7 de cada 10 llamadas se atienden.
El Informe denominado “Revisión y seguimiento de la atención de llamadas telefónicas en los despachos del Poder Judicial”, estuvo a cargo de la Contraloría de Servicios del Poder Judicial y las Contralorías de Servicios Regionales.
Según destacó el Contralor de Servicios del Poder Judicial, Erick Alfaro Romero, en promedio, se realizaron unas 412 llamadas diarias, entre el 14 y el 30 de octubre del año pasado.
“El propósito fue conocer la atención telefónica que se brindó en oficias judiciales especialmente en las jurisdicciones y principalmente, en el contexto de la pandemia por COVID-19 y con ello damos cumplimiento a la solicitud de Corte Plena en el tema”, afirmó Alfaro Romero.
Cabe considerar que durante el 2020, a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19, el Poder Judicial ha tenido que recurrir al cierre constante de despachos, debido a los casos positivos registrados en la población judicial y proceder con el protocolo de limpieza profunda y desinfección de los espacios de trabajo, para la protección de la salud del personal judicial y las personas usuarias que se atienden.
“Hemos estado viendo una dinámica con motivo de la pandemia y que se debe considerar en este tipo de ejercicios, como lo es el cierre de oficinas por casos positivos y órdenes sanitarias; así como la alta demanda que registran muchos servicios judiciales en la Gran Área Metropolitana”, explicó el Contralor de Servicios del Poder Judicial.
El Circuito Judicial de la Zona Atlántica es el que registra la mejor respuesta en atención telefónica al público, donde del total de 274 llamadas registradas en el
estudio, se contestaron positivamente el 87,96%. Es decir, 9 de cada 10 llamadas recibieron contestación.
El segundo lugar en efectividad en la atención telefónica al público lo ocupa el III Circuito Judicial de Alajuela, sede San Ramón con un 87% de contestación positiva en las 133 llamadas que se realizaron a sus despachos.
Si se revisan los datos del estudio por provincia, Limón mantiene el primer lugar con un 81,36% de las llamadas con contestación positiva sobre el servicio. Seguida por Puntarenas 78,07% de efectividad del total de las llamadas a los despachos de la región.
Entre las recomendaciones que conoció Corte Plena y consideraron importante poner en práctica, están el que los despachos judiciales designen al menos a una persona para atender las líneas telefónicas y de priorizar la atención por esta vía.
Se deberá corroborar con periodicidad el correcto funcionamiento de las líneas telefónicas del despacho y analizar si existe un aumento en la cantidad de llamadas que se reciben, para que se valore la habilitación de otra línea telefónica.
Se señaló la importancia de las Administraciones Regionales de emprender una actualización de las guías de contacto, de forma periódica, para que las personas usuarias cuenten con información correcta y oportunidad, acción que se encuentra contenida en la Circular 142-2020.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 12 Enero 2021 15:39
En el marco del informe de resultados del “Proyecto de fortalecimiento de la capacidad humana institucional en el tema de detección de fraude o corrupción y métodos anticorrupción” del National Center for State Cours (NCSC), se realizó el informe de resultados de la gestión 2020, de la Oficina de Cumplimiento del Poder Judicial.
La labor de cooperación con la Embajada de los Estados Unidos representada por la Embajadora Sharon Day y del National Center for State Court, a través de su director Juan Carlos Astúa, fue fundamental.
Durante la actividad se dio un reconocimiento por parte de la Embajada de los Estados Unidos de América, a la Magistrada Patricia Solano Castro, a la Magistrada Nancy Hernández López y al Magistrado Porfirio Sánchez Rodríguez, por su trabajo y dedicación. También se reconoció la labor de la Fiscala General, Emilia Navas Aparicio.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro destacó que la cooperación internacional, ha permitido generar importantes acciones para identificar y analizar de una mejor manera el sistema judicial, con el objetivo de encontrar todas aquellas falencias que requieren ser subsanadas.
“Nos permite profundizar y generar los elementos necesarios para un abordaje preventivo ante cualquier situación que pueda derivar en un caso de corrupción”, indicó el Magistrado Cruz Castro.
La Magistrada Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y Presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro señaló que “el acompañamiento que nos han otorgado, ha representado para nosotros un sostén invaluable en todo este proceso, en el que hemos buscado concientizar a la población judicial sobre las nuevas formas de ejercer justicia y sobre el valor de la ética como principal impulsor de la transparencia en la función pública, y por ende, del ejercicio de una labor judicial propia de un régimen democrático. Ciertamente, sin la ayuda de ustedes, no habríamos podido avanzar de la forma en la que lo hemos logrado”.
“En los últimos años, hemos conversado muchísimo sobre la importancia de la transparencia, de fortalecer las formas de atacar e impedir la corrupción pública, de la ética y de la rendición de cuentas. Para el Poder Judicial este proyecto ha sido de primer orden, y por ello ha plasmado con acciones concretas el compromiso con el cumplimiento del gerenciamiento de los riesgos en la función judicial, hemos abordado el reto en forma seria y con responsabilidad” puntualizó la Magistrada Solano Castro.
Por su parte, Kennia Alvarado Villalobos, de la Oficina de Cumplimiento puntualizó que la corrupción es un riesgo para el sistema judicial, que amenaza el logro de sus objetivos y el cumplimiento del mandato constitucional de administrar justicia en forma independiente e imparcial; la corrupción, en un contexto más amplio, no solo atenta contra el desarrollo social, económico, la institucionalidad y el Estado de derecho, también resulta una amenaza para el reconocimiento y goce de los derechos humanos.
“El mayor obstáculo para las estructuras criminales, es una judicatura independiente, imparcial, objetiva y apegada a la legalidad. Al perenne desafío al que se enfrentan los sistemas judiciales por sostener su independencia ante los embates de intereses externos, hoy se suma, los esfuerzos de las organizaciones criminales por restarle a la independencia judicial a través de la corrupción para la consecución de sus fines ilícitos”, mencionó la oficial de cumplimiento del Poder Judicial.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 12 Enero 2021 15:34
La Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia (CONAMAJ) presentó la Agenda Conamaj 2021 cuyo tema es dedicado al Programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura (FIAJ) de la Escuela Judicial.
La presentación se realizó de manera virtual por medio de la plataforma Microsoft Teams.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro indicó que “un año más la comisión en su constante incidencia positiva en la administración de la justicia nos presenta un insumo informativo y educativo de suma importancia para la población costarricense, ya que la agenda se ha consolidado como un valioso instrumento que brinda información clave sobre los distintos servicios que brinda el Poder Judicial, desde hace 21 años se han dedicado temas de importancia jurídica, participación ciudadana, justicia restaurativa, derechos de las personas indígenas, privadas de libertad, niñez y adolescencia, entre otros”.
“Esta publicación anual está dirigida prioritariamente a la ciudadanía, de manera que puede tener en sus manos un instrumento que lo acompaña durante todo el año, con información clave relacionados con servicios judiciales o bien como herramienta de empoderamiento en cuanto a derechos y responsabilidades, así como formas para su exigibilidad”, agregó el Magistrado Fernando Cruz.
El Magistrado y Presidente de CONAMAJ, Román Solís Zelaya aseguró que la trayectoria de proyectos conjuntos entre la Escuela Judicial y la Comisión es de larga data que se remonta incluso antes de iniciar este milenio, en donde el apoyo para la realización de proyectos de gran envergadura, alta sensibilidad social y proyección institucional a las comunidades siempre ha estado presente, en procura del bienestar de sectores con vulnerabilidad, fortalecimiento de los derechos fundamentales y su exigibilidad, como pieza clave para la construcción de una sociedad democrática en plenitud.
“Es un verdadero honor contar con un tema tan trascendental y de alto impacto social como lo es el Programa de Formación Inicial, el cual nació hace diez años y hoy está sólidamente arraigado en el Poder Judicial, dejando huella en cada despacho y función jurisdiccional, puesto que las personas formadas en este programa desempeñan su función con altos estándares de calidad”, agregó el Magistrado Solís.
La Magistrada y Presidenta a. í. del Consejo Directivo de la Escuela Judicial, Julia Varela Araya indicó que el FIAJ ha sido todo un éxito con la colaboración que ha brindado la Comisión en el apoyo de la formación de jueces y juezas y que la agenda es una evidencia de todo ese aporte para mejorar en la administración de la justicia.
Por su parte la Subdirectora a.í. de la Escuela Judicial, Kattia Escalante Barboza señaló “quiero agradecer a la Comisión por permitirnos tener en el 2021 una agenda que evidencia la importancia del programa para nuestra institución y para el país, por permitirnos integrarnos a su maravilloso equipo de trabajo para obtener este gran logro”.
- Detalles
-
Publicado: Lunes, 11 Enero 2021 13:28
- Corte Plena la reelige en el cargo en sesión ordinaria de este lunes 11 de enero.
Dar continuidad a la labor emprendida desde la Vicepresidencia de la Corte Suprema de Justicia, es el compromiso que asumió este lunes 11 de enero, la magistrada Patricia Solano Castro, luego su reelección en el cargo.
Durante la sesión, Solano Castro entregó un amplio informe de labores al pleno de Corte Plena, donde destacó acciones de trabajo en tres vertientes: lo relativo a la materia de transparencia y anticorrupción; el rediseño del modelo penal y la prestación del servicio justicia.
“Creo en el Poder Judicial, creo en la institucionalidad, creo en la innovación, el crecimiento y la mejora continua, creo en el trabajo individual y en equipo; y que el éxito institucional no es sólo responsabilidad de uno sólo, sino que, es de todos y todas, como parte integral y orgánica de un sistema tan importante, como es el judicial”, señaló Solano Castro.
La Vicepresidenta de la Corte tiene una carrera de 32 años en la judicatura. Es Licenciada en Derecho y Notariado de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con Estudios de Post Grado de la Universidad Nacional en la Especialidad de Administración de Justicia en Derecho Penal. Enfoque Socio-Jurídico. Es egresada de la Maestría de Administración de Justicia de la UNA.
Durante el período de 1998 al 2017 asumió como Jueza del Tribunal Penal de Primer Circuito Judicial de San José, último año en el cual se acogió a su jubilación.
Inició funciones en la Judicatura en 1988 como jueza penal en Cañas. Además ejerció como jueza en el Juzgado de Instrucción de San Ramón y Cañas y en la Alcaldía Mixta de Cañas.
Se desempeñó como jueza mixta de Puriscal y en los Juzgados Penales de Puntarenas y Alajuela. En 1997 fungió como jueza en el Tribunal Superior Segundo Penal de San José.
En noviembre del 2018, asumió el cargo de magistrada de la Sala de Casación Penal, por designación de la Asamblea Legislativa.
“Es en estos tiempos donde debemos trabajar y darle el nuevo significado a “un mejor Poder Judicial” y garantizar el acceso a la justicia en forma libre, continua, oportuna, igualitaria y sin discriminación alguna; así como defender, proteger la independencia judicial de amenazas e injerencias indebidas; y además dignificar al conglomerado judicial”, finalizó la Vicepresidenta de la Corte.
- Detalles
-
Publicado: Viernes, 27 Noviembre 2020 14:22
“Forjando justicia para la paz social”
La Sala de Casación Penal celebra 40 años forjando justicia para la paz social, aportando insumos para mejorar los métodos de investigación y de la persecución penal, por medio de acciones formativas especializadas y de alto nivel, que permiten el fortalecimiento de la institucionalidad, dotando al Poder Judicial del conocimiento que permite la robustez, calidad y especialización jurisdiccional e integridad judicial.
La Presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro señaló que como lideresa de ese equipo de trabajo, uno de sus mayores compromisos es velar por que tanto en la gestión de la Sala, como en toda la jurisdicción, se desarrolle una labor con transparencia, independiente y con eficiencia continua, como primer requerimiento para mejorar el servicio que se brinda. Adicionalmente la Magistrada Solano resaltó la conmemoración del día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
“Quiero recordar que cualquier concepción que tengamos de justicia, implica otorgar un papel protagónico a las instituciones democráticas, como órganos llamados a forjarla en sus decisiones; así que nuestra responsabilidad es tal, que se nos ha encomendado materializar con nuestro trabajo, el verdadero significado de ser una Nación democrática, libre y soberana, y el efecto de nuestra transparencia y probidad, va más allá de la forma en la que se resuelva un litigio en particular, ya que la manera en que administremos justicia, repercute de forma directa en toda la institucionalidad y en nuestro sistema de derecho”, indicó la Magistrada Patricia Solano.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro también destacó el día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, “una fecha que nos debe servir para reflexionar sobre la gran cantidad de mujeres alrededor del mundo que sufren cada día de algún tipo de violencia, en muchas ocasiones el acto violento suprime la vida de la mujer”.
Cruz Castro puntualizó que este 40 aniversario supone brindar una mirada a las cifras actuales, donde los datos estadísticos de los últimos 5 años reflejan un incremento en la cantidad de recursos que ingresan a la Sala, manteniendo cifras que promedian más de mil asuntos por año, lo cual significa un reto, tanto para las Magistradas y Magistrados, así como para todo el equipo de trabajo que conforman.
“Este reto ha sido asumido por la Sala con un alto grado de mística y compromiso, donde solo en el año 2019 se resolvieron 1252 asuntos en materia penal y 20 asuntos propios de la materia de penal juvenil. Asimismo, desde que inició la emergencia nacional por Covid-19, los despachos judiciales han asegurado la continuidad del servicio a las personas usuarias” finalizó el Magistrado Fernando Cruz.
Durante la actividad, se rindió un homenaje al ex Magistrado Armando Saborío Vargas, integrante de la Primera Sala de Casación Penal de 1980. Además, se realizaron reproducciones de videos con las palabras de los Magistrados Gerardo Rubén Alfaro y Álvaro Burgos Mata, también de la Magistradas Patricia Solano Castro y Sandra Eugenia Zúñiga Morales.
Zúñiga Morales realizó la introducción de la exposición “La globalización de la delincuencia y el uso delictivo de la tecnología y sus problemas procesales de investigación y prueba” de Juan Carlos Ortiz Pradillo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid de España.
Así mismo, el Magistrado Burgos Mata introdujo la exposición “La judicatura como pilar del Estado social y democrático de derecho” de Yara Esquivel, del Banco Mundial.
Ambas presentaciones se realizaron vía virtual por medio de la plataforma Microsoft Teams.
- Detalles
-
Publicado: Viernes, 27 Noviembre 2020 14:14
Despacho ejerce competencia en todo el territorio nacional.
Acciones se han tomado ante la pandemia.
La Sección Primera del Tribunal Agrario realizó una audiencia de forma oral por medios tecnológicos el viernes 20 de noviembre.
La misma fue dirigida por la jueza ponente María Rosa Castro García; integraron las juezas Alexandra Alvarado Paniagua y la coordinadora de Sección Magda Díaz Bolaños; las partes estuvieron acompañadas por el abogado y abogada directora quienes intervinieron desde las oficinas de las citadas personas profesionales guardando todas las medidas de seguridad.
El presidente del Tribunal Agrario, Enrique Ulate Chacón puntualizó que el uso de la plataforma virtual le permite al tribunal, sin mayores costos de traslado, acercarse a las partes para que puedan conciliar sus intereses, sin poner en riesgo la salud de las personas usuarias, en su mayoría adultos mayores y personas en estado de vulnerabilidad. El juez Ulate resaltó que lo anterior es posible gracias a la aplicación de los protocolos aprobados por Corte Plena.
Dicha audiencia da continuidad al servicio de manera ágil y segura, evitando el contacto físico de las partes y de las personas integrantes. Además, se protege la salud e integridad de las partes porque no tiene que trasladarse de lugares lejanos a la sede.
La jueza Magda Díaz señaló que a partir de la construcción y aprobación del protocolo de actuaciones en materia agraria, se posee una forma adicional, cuando es procedente, para garantizar el acceso a la justicia de calidad, brindando seguridad jurídica a las partes, indistintamente de las alertas decretadas en cada región, porque el despacho tiene competencia en todo el país. Se suma a lo anterior que el Poder Judicial ha dotado de las herramientas tecnológicas al órgano judicial para ejecutarlas con seguridad tecnológica y para el adecuado resguardo de la información.
“Realizar una actuación judicial bajo esta modalidad virtual permite dar continuidad al servicio público que brindamos desde el Tribunal Agrario, sin mayores dilaciones en razón de la crisis sanitaria”, agregó la coordinadora de la Sección Primera.
En la audiencia, las partes quienes se encontraban en la provincia de Alajuela estuvieron anuentes a brindar la cooperación para realizar la actuación.
- Detalles
-
Publicado: Viernes, 27 Noviembre 2020 14:09
Poder Judicial y el ICE firman convenio interinstitucional
Manual interno establece procedimiento para suscribir contratos personales con tarifa diferenciada.
Las personas trabajadoras judiciales que realizan sus funciones bajo la modalidad de teletrabajo, podrán acceder a tarifas de internet diferenciadas, con la firma del convenio interinstitucional entre el Poder Judicial y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
El Consejo Superior aprobó la suscripción del convenio en la sesión del N° 97-2020 celebrada el 8 de octubre de 2020 y se estableció un “Procedimiento institucional para que las personas funcionarias y servidoras judiciales suscriban contrato con el Instituto Costarricense de Electricidad, para optar por los beneficios del Plan Teletrabajo”.
La firma del convenio se dio este jueves 19 de noviembre entre el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro y los representantes del ICE, la Directora de la Unidad de Ingresos, Yorleny Ruiz Hernández y el asesor jurídico Juan Lisandro Cordón.
El Magistrado Fernando Cruz destacó que se permitirá brindar una alternativa a todas las personas funcionarias y servidoras judiciales, para optar a título personal por un servicio de acceso a internet con condiciones favorables.
“Nuestro país ha sido pionero en América Latina en declarar el acceso al internet como derecho humano, mediante la vía jurisprudencial. Ese acceso al internet como derecho fundamental también ha sido reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su relatoría especial para la libertad de expresión, cuando en el año 2013 señalaba que ese acceso posee una serie de principios orientadores como lo son: el acceso al internet en igualdad de condiciones, el pluralismo informativo, la no discriminación y la privacidad”, puntualizó Cruz Castro.
Por su parte, Yorleny Ruiz resaltó la consolidación de ambas instituciones que se unen para buscar un fin común que es llevar a través de la tecnología el teletrabajo en mejores condiciones.
“Este acuerdo viene a fortalecernos esa sinergia y en esa consolidación que debemos tener como empresas estatales, al ser el ICE un aliado tecnológico por excelencia”, agregó la Directora de la Unidad de Ingresos.
Los contratos que el personal judicial suscriba serían a título personal, pero con condiciones diferenciadas, que permitirán acceder a un servicio que permita una comunicación ágil, con mayor capacidad para transferencia de voz, datos y video; así como estables que permitan la continuidad del servicio de las personas teletrabajadoras.
Este es un esfuerzo más por reforzar el teletrabajo en el Poder Judicial, que se ha constituido en una herramienta institucional más, ante la situación sanitaria que enfrenta el país por el COVID-19.
El manual de procedimiento institucional establece una serie de requisitos que deben cumplir las personas trabajadoras judiciales interesadas en suscribir con el ICE- Kölbi en el Plan TELETRABAJO.
Se debe solicitar ante la Dirección de Gestión Humana o en las Administraciones Regionales del país, una certificación de que se labora en la modalidad de teletrabajo.
Según la zona de residencia, se deberá contactar a las personas ejecutivas de ventas asignados por el ICE, para determinar la zona de cobertura de fibra óptica o enlace de cobre y en este servicio se le remitirá el Formulario de mejoramiento de condiciones de conectividad”.
Solo se podrá suscribir un servicio de oferta de Teletrabajo bajo una misma cédula.
La persona funcionaria o servidora judicial deberá notificar al ICE, por medio del ejecutivo de la zona, cuando cese de laborar en la modalidad de teletrabajo para el Poder Judicial o del todo ya no labore para la institución. Para este fin, le será brindado por el ICE-Kölbi, el Formulario de Inclusión/Exclusión de Colaboradores, el cual deberá remitirse vía correo electrónico al Ejecutivo de Ventas, debidamente firmado.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 18 Noviembre 2020 10:33
El Poder Judicial cuenta con el “Protocolo para la gestión de residuos generados en el contexto de la pandemia ocasionada por el Covid–19”, el cual complementa los protocolos institucionales existentes sobre medidas para evitar el contagio y propagación de esta enfermedad.
La Magistrada y coordinadora de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional, Damaris Vargas Vásquez indicó que el objetivo del protocolo es regular la gestión integral de residuos y el uso eficiente de los recursos en el Poder Judicial.
Lo anterior, en el marco del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el país en las convenciones internacionales ambientales y la normativa interna, en especial, la Ley de Gestión Integral de Residuos y los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud, Corte Plena y Consejo Superior con ocasión de la pandemia.
“Se pretende evitar que el inadecuado manejo de los residuos impacte la salud humana y los ecosistemas, e influir en las pautas de conducta de las personas servidoras judiciales, promoviendo un enfoque preventivo en la toma de decisiones. La idea es que asumamos nuestra responsabilidad y los costos asociados a una adecuada gestión de los residuos valorizables en el contexto de la pandemia y reforzar las buenas prácticas de separación de residuos en los centros de trabajo” puntualizó Vargas Vásquez.
Para un manejo adecuado de residuos valorizables en este contexto se recomiendan las buenas prácticas de separación de residuos en los centros de trabajo, evitar y reducir al máximo la generación de residuos en su origen como un medio para prevenir la proliferación de vectores relacionados con las enfermedades infecciosas y la contaminación ambiental.
Evitar estornudar o toser encima o cerca de los residuos valorizables ya que se convierten en superficies en las cuales puede sobrevivir el virus del COVID-19, así como evitar que se llenen de polvo, pues hay mayor probabilidad de que las gotas de saliva se adhieran a ellos.
Seguirán un protocolo de desinfección y limpieza los equipos de protección personal, trapos de limpieza de superficies, botellas de alcohol de uso diario, entre otros.
Los residuos sólidos asimilables no son valorizables (reciclables), aunque posean materiales valorizables (plástico, aluminio, etc.) ya que pueden estar contaminados, por lo que deben depositarse en bolsas separadas de los residuos ordinarios. Previo a sacar la bolsa del recipiente de residuos, esta debe ser amarrada para evitar que su contenido sea vertido de manera accidental.
Los residuos sólidos asimilables de manera exclusiva se deben disponer en una bolsa plástica resistente o en su defecto en doble bolsa, la cual debe estar rotulada con la leyenda “Residuos de limpieza y desinfección”.
La aprobación del protocolo fue por el Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión N° 97-2020 celebrada el 08 de octubre del 2020.
La vigilancia del cumplimiento de las disposiciones indicadas corresponderá a las jefaturas de las distintas oficinas y despachos judiciales. De igual forma, la Comisión de Gestión Ambiental Institucional brindará seguimiento y asesoría a las directrices aquí indicadas.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 18 Noviembre 2020 09:08
Los Magistrados y Magistradas de la Corte Plena iniciaron la discusión del Informe de la Comisión de Reforma a la Carrera Judicial, como parte del avance en el trabajo de las reformas legales y administrativas que son prioridad para la institución.
El informe de la Comisión está a cargo del Presidente de la Sala Segunda de la Corte, Orlando Aguirre Gómez, quien coordina dicho grupo.
Aguirre Gómez destacó que dentro de la labor de la Comisión, se han desarrollado 12 sesiones de trabajo, en donde se analizan propuestas presentadas por los funcionarios y funcionarias judiciales, representantes de la sociedad civil y de organizaciones relacionadas con el Poder Judicial.
Durante la sesión de Corte Plena se analizaron diversos temas vinculados con el perfil competencial de las 
personas que aspiran a la función jurisdiccional, así como la posibilidad de modificar algunos requisitos de ingreso basados en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Desde finales del año 2017, se integraron diez comisiones, las cuales están integradas por los Magistrados y Magistradas de las diferentes salas, quienes trabajan en la construcción de diversas propuestas de reforma.
Dichas reformas abarcan temas como: elección de la magistratura, fortalecimiento del régimen disciplinario, incorporación de la participación ciudadana y la transparencia, carrera de la Defensa Pública, Carrera Fiscal, reforma procesal penal, la reforma de Carrera Judicial, evaluación de desempeño y las reformas a las competencias de Corte Plena.
La discusión del Informe de la Comisión de Reforma a la Carrera Judicial continuará en la sesión de Corte Plena del próximo lunes 23 de noviembre.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 10 Noviembre 2020 15:28
- Temas prioritarios: analizar acciones para atención de la mora judicial y las limitaciones en el crecimiento presupuestario por el cumplimiento de la regla fiscal.
Impulsar acciones de cambio en el modelo de justicia frente a la nueva realidad provocada por la pandemia; así como analizar su impacto y retos en el presupuesto judicial, para establecer prioridades y soluciones, son temas que abordarán magistradas, magistrados y equipo técnico del Poder Judicial, a partir del mes de enero 2021 cuando se integren grupos de trabajo. Lo que resta este año 2020 se definirá la metodología a aplicar para que un corto plazo se obtengan propuestas concretas.
Lo anterior es un acuerdo unánime tomado en la sesión de Corte Plena, de este lunes 9 de noviembre 2020, en el que jerarcas judiciales por unanimidad, acogieron una propuesta presentada por la magistrada Nancy Hernández López, integrante de la Sala Constitucional.
“Las consecuencias económicas de la pandemia generan una enorme tensión sobre el sistema de administración de justicia en al menos dos sentidos: primero, porque el aumento del desempleo y la crisis económica, tienen un efecto directo sobre las materias de pensiones alimentarias, laboral, cobros, el sistema penal y la jurisdicción constitucional, pero su afectación se refleja en todo el sistema de administración de justicia. En segundo lugar, porque la crisis presupuestaria nos afecta transversalmente de tal forma que, básicamente contaríamos con menos recursos para atender los mismos servicios que ya venían recargados, más el aumento en la conflictividad producto de los efectos de la crisis de la pandemia”, puntualizó Hernández López en la propuesta.
Agregó que en su criterio es importante que la Corte Plena realice un análisis de los efectos de la pandemia tanto en el presupuesto como los ajustes estructurales necesarios para atender la nueva realidad y la atención urgente de la mora judicial que se va a agravar, ante el aumento generado por los efectos de la pandemia y la limitación de recursos.
En el marco de la discusión magistradas y magistrados acordaron integrar dos grupos de trabajo, el primero analizará los efectos de la pandemia sobre la administración de justicia y dentro de sus recomendaciones abordar el tema de la reducción de la mora judicial mediante posibles cambios en el modelo actual de justicia.
El segundo grupo tendrá a su cargo el estudio objetivo de las directrices emanadas del Ministerio de Hacienda en materia presupuestaria, que aún con respeto de la regla fiscal, afectan la toma de decisiones y el abordaje de los retos más apremiantes y las posibles soluciones para lograr una mayor flexibilidad, sin afectar el cumplimiento de la regla fiscal.
Como se indicó, lo que resta de este año, la Presidencia de la Corte dará el impulso necesario para definir la metodología en el análisis de los temas que se incluyan en la agenda de trabajo. La meta es integrar los grupos en enero y tener unas propuestas en el primer semestre del año.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 28 Octubre 2020 14:21
- Corte Plena aprobó recomendaciones de órganos técnicos.
- Establece planes de trabajo remediales en todas las jurisdicciones.
- Se ejecutarán acciones a partir del 1 de noviembre 2020.
Los despachos judiciales del país y que atienden todas las materias jurisdiccionales reprogramarán y realizarán las audiencias suspendidas por la afectación de la pandemia provocada por el COVID-19. Así lo acordaron magistrados y magistradas en la sesión de Corte Plena de este lunes 26 de octubre 2020, tras la exposición del informe 1627 PLA-2020 371CACMFJF-JEF-2020, elaborado por la Directora de Planificación, Nacira Bermúdez Valverde y la Jefa del Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, Maricruz Chacón Cubillo.
Mediante planes remediales con plazos de ejecución, seguimientos y fiscalización, se retomarán las audiencias presenciales para reducir los efectos causados por la emergencia sanitaria. El proceso se iniciará a partir del 1 de noviembre, garantizando las medidas de seguridad sanitarias establecidas por la institución y el Ministerio de Salud.
El magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, coordinador de la Comisión de Emergencias Institucional del Poder Judicial, señaló que el Poder Judicial ha tomado medidas desde marzo para garantizar la continuidad de los servicios, manteniendo el aforo y evitando el contagio.
“La pandemia aún no ha terminado y en estos siete meses se ha afectado el servicio judicial. El proceso de apertura judicial debe darse y debe ser seguro para resguardar la salud de las personas usuarias y la población judicial, debido a que la institución también se ha visto afectada con personas positivas por COVID-19, y ello implica en este momento el cierre temporal de despachos judiciales”, expresó Rivas Loáiciga.
La Directora de Planificación, Nacira Valverde, señaló que sumando todas las jurisdicciones, al finalizar setiembre se tenía un pendiente de 13, 941 expedientes pendientes de agendar. “En este proceso, la coordinación con las administraciones regionales de las zonas será importante, para garantizar el aforo, las medidas de seguridad y sanitarias deberán reforzarse. Además, las oficinas judiciales en materia penal han propuesto en sus planes de trabajo, aumentar la cantidad de señalamientos por juez o jueza a celebrar por semana, potenciar la plataforma TEAMS y contar con jueces y juezas de apoyo”, explicó Valverde Bermúdez.
Cabe destacar que al 30 de setiembre, en las agendas de las diferentes oficinas se tienen 46,773 audiencias señaladas para después de septiembre.
El estudio establece que de los 254 despachos no penales, 140 deberán emprender las acciones para retomar las audiencias judiciales rezagadas. Cien despachos no registran audiencias pendientes de agendar o reprogramar y 14 despachos se excluyen por no realizar audiencias, estos son los que atienden las materias Civil, Concursal, Cobro, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Doméstica, Pensiones Alimentarias, Notarial, Agrario, Tránsito, Contencioso Administrativo y Contravencional. En este trabajo se destacó la labor emprendida por los juzgados para la elaboración y cumplimiento de los planes remediales.
En el caso de la materia penal se retomará la posibilidad de realizar las audiencias de forma presencial, según los planes remitidos por cada una de las oficinas de las audiencias suspendidas, deben reprogramarse un total de 1749 audiencias y juicios, que corresponden a poco más del 50% del total a cargo de juzgados penales y tribunales penales. A partir del 1 de noviembre, se retomarán los juicios contra personas no privadas de libertad.
Durante estos siete meses de medición, se destaca que los Tribunales Penales que conocen Flagrancia registran la mayor efectividad en la realización de audiencias con un 72% a su cargo y deben reprogramarse un total de 166 audiencias suspendidas.
Lo Juzgados Penales alcanzaron un 56% de efectividad en estos procesos y un 46% los Juzgado Penales Juveniles y deberán reprogramar 850 audiencias. En el caso de los Tribunales Penales alcanzaron un 44% de efectividad en las audiencias y emprenderán el plan remedial en 899 procesos pendientes de juicio o audiencia.
En el informe se determinó que producto de la pandemia por el COVID-19, muchas de las audiencias judiciales se suspendieron por diversas causas como el cierre de despachos por algún caso positivo de COVID-19, o por nexo.
Datos de Planificación destacan que de enero a agosto, se registró la entrada de 558,115 asuntos nuevos y se terminaron 545,259 casos, labor que han emprendido las personas trabajadoras en la institución considerando la calificación de las diferentes alertas sanitarias, atendiendo las cargas de trabajo, respetando el aforo sanitario y utilizando las herramientas tecnológicas disponibles.
La Presidenta del Tribunal de la Inspección Judicial, Siria Carmona Castro y el Director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo también rindieron informes sobre las labores emprendidas durante estos siete meses, con motivo de la prórroga de las medidas adoptadas por el Poder Judicial ante emergencia mundial por Covid-2019 que afecta a la país.
- Detalles
-
Publicado: Jueves, 15 Octubre 2020 11:55
El promedio general salarial que se paga en el Poder Judicial no se obtiene de la partida de remuneraciones, sino del análisis de salarios, que incluye personas profesionales y no profesionales que laboran en judicatura, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública y ámbito administrativo de este Poder de la República. 
El resultado obtenido por la Dirección de Gestión Humana arroja que el promedio general salarial es de ¢1. 586. 544.73 y no ¢2. 500. 000. 00 como lo ha indicado un economista en medios de comunicación y cuyas apreciaciones circulan en redes sociales.
Este monto se obtiene del estudio correspondiente al mes de septiembre del año en curso. La partida de remuneraciones incluye otros componentes como sustituciones, horas extra, pagos por sentencias judiciales, aguinaldos, salario escolar, entre otros componentes que integran esa partida presupuestaria, que no es recibido por toda la población judicial esto depende de las necesidades del servicio público y lo que disponen leyes especiales en materia laboral.
Se reitera que el salario que percibe la jerarquía judicial están congelados desde el primer semestre del año 2018,
es decir no reciben aumento por costo de vida, desde el primer semestre del año 2018.
El Poder Judicial tiene 894 oficinas distribuidas en todo el país entre tribunales, juzgados, fiscalías, defensa pública, administrativas, delegaciones y subdelegaciones regionales de la policía judicial, laboratorios forenses, patología y medicina legal, así como el personal técnico y de apoyo lo que hace que los grupos ocupacionales sean muy diversos y respondan a perfiles diferentes, para la ejecución de tareas y obligaciones según las necesidades y demandas del servicio público de administración de judicial.
El personal judicial debe por ley garantizar un servicio continuo de 24 horas, los 7 días de la semana, con cobertura en todo el territorio nacional, para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico, homicidios, demandas por violencia doméstica, delitos contra la propiedad, trámite de pensiones alimentarias y otros servicios que nunca pueden para detenerse.
Los salarios se ajustan al costo de vida en el mismo monto definido para todo el sector público, asumiendo la institución el aumento de los precios, sin menoscabo de los servicios judiciales que se brindan.
- Detalles
-
Publicado: Lunes, 12 Octubre 2020 15:38
- También se brinda información sobre uso de sistemas de videoconferencias.
- 13, 751 gestiones de personas usuarias se han atendido desde el 15 de mayo al 30 de setiembre.
El Poder Judicial pone a disposición de las personas usuarias una línea directa, para atender las inquietudes en relación con la realización de audiencias virtuales por medios tecnológicos o videoconferencias.
Estos sistemas tecnológicos se implementaron en la institución, como una herramienta más para garantizar la continuidad de los servicios judiciales y para mitigar el contagio y la propagación de la enfermedad del Covid-19.
Desde el servicio de atención telefónica 2284-2062, la persona usuaria puede informarse sobre cómo gestionar y solicitar una audiencia virtual, dentro del trámite de su proceso judicial y evitar el traslado a los edificios judiciales y con ello proteger su salud al disminuir riesgos.
En total la línea directa de consulta contabiliza 13, 751 gestiones, desde el 15 de mayo y hasta el 30 de setiembre y en promedio se atienden 3000 consultas al mes.
Catalina Mora Calvo de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, señaló que el proyecto de atención de consultas sobre audiencias virtuales y gestión en línea surge de la necesidad de contar con asesoría técnica por parte de dicha Dirección, según los protocolos en manejo de audiencias virtuales aprobados en las diferentes jurisdicciones.
“La misión de los compañeros en este proyecto ha sido evacuar dudas, orientar a la persona usuaria en el uso de la herramienta, así como solucionar problemas que se le presenten al ingresar o al utilizar los servicios que brinda la plataforma. Es importante aclarar que las personas especializadas a cargo de este proyecto cuentan con experiencia en el uso y soporte de diferentes plataformas a nivel de la DTIC, lo que les permite tener un conocimiento más amplio a la hora de resolver las diferentes consultas o problemas que tienen las personas usuarias”.
Además, se brindan capacitaciones a las personas usuarias externas en las audiencias virtuales y orientación en la utilización de la herramienta Microsoft Teams, las cuales se manejan por medio de citas con la persona usuaria para una atención personalizada.
Tal como indica Melissa Durán Gamboa, de la Dirección de Planificación, el propósito de crear la línea de consulta fue atender cualquier duda a nivel tecnológico, tanto del personal judicial como de las personas usuarias externas, con el fin de que puedan conectarse a las audiencias por medios tecnológicos, sin contratiempos.
“Las consultas las puede realizar cualquier persona, y se ideó como un apoyo o requerimiento necesario para la implementación de los distintos protocolos, aprobados por Corte Plena”. señaló Durán Gamboa.
Si desea acceder a este servicio, puede marcar la línea telefónica 2284-2062 o bien escribir al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o visitar la página https://audienciasvirtuales.poder-judicial.go.cr/.
- Detalles
-
Publicado: Viernes, 09 Octubre 2020 16:00
- Brindando un servicio de excelencia y calidad a lo largo del país, para cumplir con el mandato de justicia pronta y cumplida.
El Poder Judicial llevó a cabo la conmemoración del l 25 Aniversario de la creación de las Administraciones Regionales, que brindan un servicio de calidad a las oficinas judiciales y personas usuarias.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, resaltó que al día de hoy se cuenta con 22 administraciones al servicio de la ciudadanía, que ofrecen un servicio en forma ágil, eficiente y oportuna, con responsabilidades permanentes y que realizan esfuerzos dirigidos a satisfacer esas exigencias.
“Han demostrado ser el mecanismo eficiente y directo que garantiza la solución de situaciones locales de manera expedita. Su labor es vital para garantizar la continuidad de los servicios de administración de justicia y forma parte del engranaje que permite al personal judicial contar con recursos, insumos, servicios como aseo y seguridad, operatividad de equipos, y mantenimiento de infraestructura en óptimas condiciones, incluso han asumido servicios comunes de manera centralizada en procura de mejorar el servicio público”, aseguró el Magistrado Fernando Cruz.
La Directora Ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins, puntualizó que se cuenta con estructuras robustas con labores administrativas, que también apoyan a los despachos judiciales mediante la recepción de documentos, notificaciones y citaciones, en el proceso de planificación y presupuestación, custodia de títulos valores, cuentas corrientes, correo interno y agenda única, entre otras.
“Hoy las Administraciones Regionales enfrentan nuevos desafíos, la situación fiscal del país nos obliga a ser cada día más eficientes en la administración de lo público. Además, los planes de rediseño de los despachos judiciales demandan una mayor asesoría técnica, también, la ciudadanía exige servicios más oportunos y de calidad” indicó Ana Eugenia Romero Jenkins.
El Administrador Regional del Circuito Judicial de San Carlos, Alexander Matarrita Casanova, recordó como les ha tocado atender las más apremiantes emergencias, como el terremoto de Cinchona, inundaciones en Guanacaste, Limón y Quepos, la tormenta tropical Nate en Ciudad Cortés, y el Huracán Otto en Upala, así como hoy libran desde las regiones, una lucha frontal contra la pandemia.
“Ninguna de todas esas situaciones, gracias al aporte de las Administraciones Regionales, han logrado poner de rodillas al Poder Judicial, y tener que suspender su esencial servicio, la continuidad de los servicios judiciales es nuestra consigna, y lo hemos alcanzado. También por eso somos tradición, porque tenemos un pasado y un presente que nos enorgullece”, afirmó Alexander Matarrita Casanova.
Durante la semana, la Dirección Ejecutiva y las Administraciones Regionales organizaron actividades, dentro de las cuales se contó con conferencias magistrales a través de la plataforma Microsoft Teams, donde se tuvo la oportunidad de hacer un intercambio de experiencias y buenas prácticas con Poderes Judiciales de Paraguay, Chile y República Dominicana.
- Detalles
-
Publicado: Viernes, 09 Octubre 2020 08:29
- Ante Comisión de Asuntos Hacendarios de Asamblea Legislativa
- Acceso a la justicia es esencial para el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.
- Plan de gastos para el ejercicio económico 2021 registra una reducción de 9.972.000.000 millones de colones.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro detalló ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, el presupuesto de este Poder de la República para el ejercicio económico año 2021.
El monto total de presupuesto ordinario del Poder Judicial para el próximo año es de 462.705.000.000 colones y registra una reducción porcentual de 2.1% respecto al año en curso. Esta disminución es el resultado del cumplimiento de las directrices presupuestarias giradas por el Ministerio de Hacienda y la voluntad institucional de recortar el plan de gastos para como Estado, hacerle frente a la crisis económica que vive el país, agravada por la pandemia mundial provocada por el virus SARS- CoV-2.
“Señalamos que para el 2021 la reducción presupuestaria será del 2,1% por que a lo largo del año 2020 hicimos una reducción importante del presupuesto ordinario, por ello nuestra comparación no es con el presupuesto aprobado en el 2020, sino con el contenido presupuestario final que considera las disminuciones hechas para aportar al país por la situación financiera provocada por la emergencia de la COVID-19”, manifestó el magistrado Cruz Castro.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia contó con el apoyo técnico de la Directora Ejecutiva, Ana Eugenia Romero Jenkins, la Directora de Planificación, Nacira Valverde Bermúdez y la Directora de Gestión Humana, Roxana Arrieta Meléndez.
El jerarca judicial puntualizó ante la comisión que el presupuesto de este Poder de la República se presentó conforme al marco legal, ajustándose a la regla fiscal y directrices de contención del gasto emitidas por el Ministerio de Hacienda. En total a lo interno de la institución se emitieron 129 directrices de contención del gasto, vinculando el presupuesto con los resultados de gestión y de ejecución presupuestaria.
“Se cumple plenamente la Ley 9635 con la nominalización de componentes salariales como dedicación exclusiva, la prohibición, la evaluación de desempeño, la creación de nuevos componentes salariales con reserva de ley y pago del IVA por compras que también ha significado un importante esfuerzo en materia fiscal”.
El presupuesto 2021 contiene el ajuste nominal de los componentes salariales, y no se incluyen recursos para el aumento de costo de vida. En materia de alquileres, no se autorizaron contratos nuevos y se adecuó la fecha de vigencia de los actuales, además se ajustaron los contratos en limpieza, vigilancia y bienes y servicios, aumentando únicamente los montos para cubrir el costo del impuesto del valor agregado. Se disminuyo también en subpartidas como información, horas extras, suplencias, vehículos, transporte en el exterior, viáticos al exterior, becas, alimentos y bebidas, entre otras subpartidas.
Así mismo, se incluyen los recursos para asumir el costo económico de hacerle frente a los procesos de desinfección y limpieza profunda por los casos positivos de Covid -19, ya que se enfrentan con presupuesto propio. Estos procedimientos deben realizarse a la mayor brevedad por protección y resguardo de las personas usuarias y del personal judicial, para evitar el contagio dentro de instalaciones judiciales.
El Poder Judicial actualmente se compone de 894 oficinas distribuidas en 294 edificaciones, que brindan atención a personas usuarias en diferentes áreas del servicio de justicia, entre ellas las poblaciones en vulnerabilidad, quienes demandan los servicios de pensiones alimentarias, violencia doméstica, procesos laborales, delitos sexuales, población con discapacidad, adulta mayor, privada de libertad, migrante y refugiada, sexualmente diversa, indígena, niños, niñas y adolescentes y personas en conflicto con la Ley Penal Juvenil, entre otras poblaciones.
Nuevas obligaciones sin contenido presupuestario. Para el cumplimiento de leyes especiales aprobadas por el Plenario Legislativo que imponen nuevas obligaciones al Poder Judicial, la Corte Plena acordó remitir al Ministerio de Hacienda, una propuesta adicional al proyecto de presupuesto ordinario de la institución, con los requerimientos que se necesitan para su implementación. Este acuerdo se toma ante la rigidez presupuestaria y la aplicación de la regla fiscal, es decir fuera del límite del presupuesto ordinario.
Recursos adicionales que el Poder Judicial requiere para atender nuevas obligaciones legales se detalla en la infografía que se adjunta:
- Detalles
-
Publicado: Jueves, 08 Octubre 2020 14:50
Los procesos disciplinarios del Poder Judicial ya cuentan con el Protocolo para actuaciones judiciales en materia disciplinaria por videoconferencia como parte de las medidas adoptadas ante el estado de emergencia nacional por COVID-19”. El acuerdo lo tomó Corte Plena en su sesión del 5 de octubre.
El magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez manifestó la importancia de contar con este Protocolo, el cual se diseñó en la Comisión Régimen Disciplinario, en colaboración con el Tribunal de la Inspección Judicial, la Dirección de Planificación y la Dirección Jurídica.
“El protocolo está formulado para que sea aplicado por todos los operadores a cargo del régimen disciplinario en el Poder Judicial, inclusive por Corte Plena y contempla los principios éticos que han sido regulados en los otros protocolos”, comentó el magistrado Sánchez Rodríguez.
Siria Carmona Castro, Presidenta del Tribunal de la Inspección Judicial fue quien expuso el contenido de la norma interna y explicó que el objetivo del mismo es brindar una guía práctica sobre el uso de las herramientas tecnológicas para la realización de las audiencias de recepción de pruebas de forma virtual.
“Este protocolo abarca a las instancias que instruyen y aplican el régimen disciplinario administrativo en la institución, y las normas como la Constitución Política, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley General de la Administración Pública y todas aquellas que vengan a integrar el ordenamiento para el régimen disciplinario”, explicó Carmona Castro.
El Protocolo establece que cuando las personas no tengan acceso a medios tecnológicos, el defensor deberá informarlo al órgano disciplinario con al menos 10 días de anticipación, para coordinar con las Administraciones Regionales.
Es importante resaltar que las partes, testigos o peritos no van a requerir tener acceso a la licencia del software de Microsoft Teams, solamente deben tener acceso a internet con un ancho de banda de 3 Mb.
El órgano disciplinario podrá realizar la audiencia desde las salas establecidas para este fin, oficinas o donde se realice teletrabajo, así como las partes y sus abogados y abogadas.
Las audiencias serán privadas, pero con previa autorización se permitirá que otras personas se encuentren presentes para efectos académicos o de formación profesional, pero sin participación activa de la misma.
El acoso sexual y laboral se exceptúan de la aplicación del protocolo en aras de garantizar el principio de confidencialidad por su propia naturaleza; sin embargo, en aquellos casos en que la presunta (s) victima (s) manifieste su consentimiento, la audiencia virtual se podrá realizar en este tipo de procesos.
- Detalles
-
Publicado: Jueves, 08 Octubre 2020 13:28
- Audiencia se dio como parte del conocimiento del expediente legislativo 21360.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro y la Magistrada de Sala Primera y Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, Damaris Vargas Vásquez, comparecieron ante la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, con el objetivo de exponer las acciones que realiza el Poder Judicial en la protección de esta población.
La audiencia se llevó a cabo el pasado 6 de octubre y tuvo como objetivo dar seguimiento al expediente legislativo 21360, el cual analiza las acciones adoptadas por el Estado en protección de los pueblos indígenas Teribe y Bribri de Salitre, según lo dispuesto en la resolución 16/15 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, medida cautelar n° 321-12 del 30 de abril de 2015.
Entre lo expuesto, se trataron los temas de los desalojos de personas indígenas realizados en sede judicial, así como de la protección de los derechos fundamentales de este grupo poblacional en relación con sus territorios, en donde los diputados y diputadas expusieron sus inquietudes sobre el trabajo que realiza el Poder Judicial.
El Presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro, destacó que es importante mencionar que el planteamiento de acciones concretas requiere también una voluntad política, por lo que el trabajo debe ser conjunto entre los tres Poderes de la República. Además, dijo que en cuanto a las resoluciones judiciales se debe respetar la independencia judicial de los jueces y juezas en la materia.
Cruz Castro señaló que es importante trabajar en la capacitación de los profesionales en derecho del Estado en materia de defensa de las poblaciones indígenas y subrayó que el Poder Judicial con las directrices que ha tomado, es consciente de un problema que hay que abordar.
Por su parte, la magistrada Damaris Vargas, acotó que dentro de las funciones de la Subcomisión se han formulado propuestas de circulares con el visto bueno de la Comisión de Acceso a la Justicia, tanto a Corte Plena como al Consejo Superior para mejorar el acceso a la justicia de las personas indígenas, entre ellas, la Circular 188-19 que da lineamientos para la atención de esta población y de las Medidas Cautelares 321-12 de la CIDH contra el Estado, entre otras relevantes para mejorar la calidad, eficacia y eficiencia del servicio de administración de justicia que se imparte a las personas indígenas.
Vargas Vásquez subrayó la importancia de la creación de una jurisdicción especializada para abordar de manera coherente y prioritaria los temas indígenas, el valor de los peritajes culturales realizados por las universidades estatales, para conocer la realidad de estas poblaciones y enfatizó en la importancia del tema presupuestario para poder lograr estas acciones.
También, se destacó el trabajo que se realiza desde la Defensa Pública en materia de atención a los pueblos indígenas.
La legisladora Nielsen Pérez, destacó las iniciativas propuestas por los altos jueces, haciendo énfasis en que se debe trabajar fuertemente para que estas poblaciones no sean consideradas usurpadoras en sus propias tierras y así lograr un marco de protección en sus territorios, ya que los problemas que sufren a raíz de esto son inadmisibles en un Estado de Derecho.
En la audiencia, también participó el Director del Despacho de la Presidencia, Roger Mata Brenes, así como diputados y diputadas integrantes de la Comisión.
- Detalles
-
Publicado: Jueves, 08 Octubre 2020 11:02
- Contraloría realizó evaluación de acciones judiciales aplicadas para enfrentar emergencia sanitaria por COVID-19.
- Desarrollan encuesta a usuarias y usuarios de servicios presenciales, electrónicos y virtuales.
Una alta satisfacción evidenciaron personas usuarias que utilizaron los servicios judiciales entre marzo y agosto del presente año, al aplicarse una serie de medidas institucionales para garantizar los servicios judiciales frente a la pandemia por el COVID-19.
Así lo reflejó el estudio de Percepción de los servicios del Poder Judicial bajo las medidas aplicadas debido a la crisis sanitaria COVID-19MARZO-AGOSTO 2020, elaborado por la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, el cual se conoció en Corte Plena el pasado lunes 28 de setiembre.
El informe contiene las respuestas brindadas por 861 personas usuarias de los servicios judiciales, de las cuales 687 mencionaron haber utilizado servicios presenciales, 318 realizaron trámites no presenciales y 65 personas participaron en audiencias virtuales. En total se aplicaron 1271 encuestas, sin embargo 410 personas no habían utilizado los servicios durante el periodo evaluado.
Entre los principales hallazgos se destaca que el servicio presencial recibió una calificación favorable del 82% en el promedio general, donde Guanacaste y Limón alcanzan el mayor porcentaje con un 89% y la provincia de San José el más bajo con un 70%.
“Las medidas sanitarias implementadas para garantizar la salud de las personas usuarias y servidores judiciales son valoradas con altas calificaciones (89%) y las
hacen sentirse seguras”, puntualiza el informe de la Contraloría de Servicios. En cuanto a los servicios no presenciales que la institución tiene disponibles, el Sistema de Gestión en Línea es el de mayor demanda, con un porcentaje de satisfacción del 87%; seguido por el medio telefónico, como mecanismo para consultas.
En el tema del uso de audiencias virtuales, las personas usuarias consultadas señalaron su funcionalidad en un 88%.
La Contraloría de Servicios también incluyó recomendaciones con el fin de mejorar los servicios judiciales y considerando los requerimientos de las personas usuarias, como lo es el reforzar las informaciones dirigidas a la población usuaria, desde la página web del Poder Judicial y las redes sociales.
Además, la valoración de mejoras en los sistemas informáticos, en ampliación de la vía electrónica de servicios de valor para la persona usuaria, la atención por vía telefónica en los despachos judiciales y velar porque las piletas y otros implementos de desinfección sean aptos para personas con discapacidad.
Estos y otros aportes se obtuvieron de la consulta a la sociedad civil organizada, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y a las personas usuarias de los servicios electrónicos institucionales.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 07 Octubre 2020 13:02
El magistrado de la Sala Constitucional y Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, rindió juramento ante la Asamblea Legislativa, luego de ser reelecto por un nuevo periodo constitucional de 8 años, en la sesión del plenario legislativo del pasado 5 de octubre 2020. En el acto de juramentación se realizó en la sesión legislativa extraordinaria de ayer martes 6 de octubre de 2020.
El Presidente de la Corte, Fernando Cruz, destacó, que para el Poder Judicial es una prioridad el trabajo en el tema de la mora judicial, que es un objetivo constante que no se puede perder de vista en el quehacer judicial, sobre todo en la administración de tribunales, por eso desde la Presidencia ha impulsado un proyecto que visualice la información judicial en temas como las cifras del desempeño de jueces y juezas, los informes de planificación y las observaciones sobre tardanzas, “con la finalidad de obtener con la mayor fluidez y transparencia la información judicial y que las personas ciudadanas pueda tener un fácil acceso a esos datos”, puntualizó.
El Presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank Smith, tuvo a cargo el acto formal y manifestó al magistrado Cruz Castro “éxitos en esa labor que la Asamblea Legislativa y Dios ha puesto en sus manos”.
El jerarca judicial es licenciado en Derecho, graduado en la Universidad de Costa Rica y Doctor en Derecho, título obtenido en la Universidad Complutense de Madrid, entre otros estudios académicos.
Es Presidente de la Corte Suprema de Justicia desde agosto del 2018 y magistrado propietario de la Sala Constitucional desde el año 2004.
Algunos de los cargos que desempeñó anteriormente fue Presidente a.i de la Sala Constitucional, Presidente del Tribunal de Casación Penal, Fiscal General del Ministerio Público. Se hizo acreedor del premio Ulises Odio Santos, por la contribución al desarrollo teórico del derecho penal y procesal penal.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 06 Octubre 2020 16:22
- Oficina de Cumplimiento realizó exposición ante Corte Plena sobre la regulación de conflictos de interés.
Los magistrados y magistradas que integran Corte Plena conocieron en la sesión del 5 de octubre 2020, una presentación sobre la aplicación y alcances del Reglamento para la prevención, identificación y la gestión adecuada de los conflictos de interés en el Poder Judicial, por parte de la Oficina de Cumplimiento de este Poder de la República.
“Este es un tema de primer orden en la institución dado que el reglamento entró en vigor este año. Es una normativa que cubre todas las actividades de nuestro quehacer institucional. Su aplicación ha generado muchas inquietudes sobre la aplicación y extensión del reglamento, de manera que celebro, como coordinadora de la Comisión de Transparencia todas las inquietudes y el interés que ha despertado este tema tan necesario en la función judicial, somos pioneros a nivel internacional en tener un reglamento de esta naturaleza dentro de la administración de justicia”, destacó la Presidenta en ejercicio, magistrada Patricia Solano Castro.
La exposición estuvo a cargo de la Oficial de Cumplimiento, Kennia Alvarado Villalobos quien puntualizó que con esta regulación, el Poder Judicial responde a instrumentos internacionales adoptados por el país, así como a estándares y recomendaciones de la OCDE en esta materia. Indicó que:
“Como institución y como personas funcionarias, el reglamento fortalece la administración de justicia independiente y la gestión del cargo de forma imparcial, objetiva y transparente”, señaló.
Detalló una serie de instrumentos internacionales asociados que colocan a esta clase de regulaciones como una forma de lograr la protección de la integridad en la función pública con altos estándares de contenido ético. Para ello aclaró que el conflicto de interés no es sinónimo de corrupción; sin embargo, fue enfática en que una situación de conflicto de interés que no se identifique, gestione o resuelva puede conllevar a responsabilidad administrativa disciplinaria o ser constitutivo de una conducta delictiva, que es precisamente lo que se busca evitar con la aplicación del reglamento en cuestión. “El propósito de la regulación es gestionar en forma preventiva los intereses privados legítimos de las personas servidoras judiciales que tengan la capacidad de interferir indebidamente en el ejercicio de sus funciones, para garantizar la toma de decisiones de forma imparcial y objetiva”, comentó.
La funcionaria explicó conceptos que contiene el reglamento, necesarios para garantizar la imparcialidad de la persona funcionaria, quien al tomar una decisión sobre un caso determinado o bien dictar una resolución jurisdiccional, está en la obligación de hacerlo sin generar dudas razonables sobre la legalidad e integridad de su actuación.
Se refirió al concepto de conflicto de interés aparente, desarrollado en la normativa reglamentaria, artículo 7 y 9 inciso 11, entendido como aquella situación que, en sentido estricto, no se subsume en un supuesto de hecho específico de los incisos 1 a 10 de este numeral, pero la circunstancia que se presenta puede generar dudas razonables y justificadas respecto a la imparcialidad y objetividad de quien debe tomar una decisión. La gestión del conflicto aparente procura la protección tanto de la integridad de la persona funcionaria como de la institución.
En criterio de la Oficial de Cumplimiento el rol de las jefaturas es sumamente relevante en la gestión del riesgo y la sensibilización del personal a cargo sobre esta temática, sobre quienes recaen responsabilidades puntuales, según lo dispone el numeral 11 del reglamento.
Entre los aspectos que consideró relevantes es el correcto manejo de posibles datos sensibles por parte de las jefaturas de oficina y de despacho, quienes deben realizar un manejo reservado de la información y adoptar las medidas preventivas para evitar que los presuntos conflictos de interés en el personal a su cargo se materialicen.
Finalmente respondió consultas puntuales de magistrados y magistradas como las etapas de gestión de estos procesos y los plazos para las resoluciones correspondientes, al ser una normativa reglamentaria que aplica a todos los ámbitos del Poder Judicial. Esta regulación fortalece el compromiso institucional sobre la transparencia de la gestión judicial y de la actuación proba y ética de quienes laboramos en este Poder de la República.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 23 Septiembre 2020 13:41
- Iniciativa propone declarar como “esenciales” los servicios judiciales
- Presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro y Presidente de Sala Segunda, Orlando Aguirre Gómez, comparecen ante Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.
La incidencia en el Poder Judicial de la propuesta legislativa que declararían el carácter esencial de los servicios judiciales y limitarían el derecho a huelga, fue expuesta por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro y el Presidente de la Sala Segunda, Orlando Aguirre Gómez, ante la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.
La comparecencia de los jerarcas judiciales ante el órgano legislativo se llevó a cabo este martes 22 de setiembre.
La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales tiene a cargo la tramitación del proyecto de ley, expediente 21.755 Ley para declarar el servicio de justicia como servicio público esencial” .
El Presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro destacó el criterio emitido por la Corte Plena sobre la iniciativa de ley, basado en lo señalado por la Sala Constitucional sobre la incidencia y organización en el Poder Judicial de esta propuesta.
El magistrado Cruz Castro resaltó que debe existir una determinación de servicios esenciales y que desde el Poder Judicial se defina; pero ante una norma que lo establezca, es importante dejar abierta la posibilidad de calibrar las normas ante los cambios sociales que no se pueden prever.
Corte Plena en la sesión del pasado 6 de julio emitió el criterio sobre la iniciativa de ley, cuyo informe concluyó que el texto legislativo sí inciden en el funcionamiento y organización del Poder Judicial y recalcaron lo que indicó la Sala Constitucional, ante una consulta legislativa facultativa sobre el proyecto 21.049, que incluía una reforma en similar sentido.
El Tribunal Constitucional concluyó que “…la determinación de los servicios que deben permanecer activos en el desarrollo de una huelga afecta el funcionamiento de este Poder de la República, aparte de que se trata de una competencia de la Corte Plena”.
Por su parte, el magistrado Presidente de la Sala de Casación Laboral, Orlando Aguirre Gómez, reiteró que el proyecto sí incide en el funcionamiento y organización, respaldado por la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República, al determinarse qué servicios se pueden cerrar y cuáles no.
Recomendó darle claridad a la norma propuesta sobre cuáles son los servicios esenciales dentro del Sistema de la Administración de Justicia, considerando que no existe una especialización por materia en todo el territorio nacional y esta se concentra en la Gran Área Metropolitana.
Los jerarcas explicaron que el Poder Judicial establece la regulación del derecho a huelga dentro de los servicios que presta, desde la circular 110-17 del Consejo Superior que define un total de 15 servicios esenciales que deben garantizarse en una eventual huelga.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 23 Septiembre 2020 11:58
- Autoridades judiciales se reunieron con Presidente de la República
- El Poder Judicial no puede paralizar servicios, el acceso a la justicia es un principio esencial del Estado Social de Derecho.
- Presupuesto institucional para el 2021 registra una disminución de un 2,7%, cerca de ¢12.799 millones de colones menos en comparación con el presupuesto del 2020.
T
al y como lo acordó Corte Plena en la sesión del 3 de agosto último, jerarcas judiciales se reunieron hoy viernes con el Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada con el fin de exponerle al mandatario el impacto directo que tienen los recientes recortes presupuestarios en los servicios de administración de justicia.
A la cita acudieron el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, el presidente de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, el Presidente de la Sala Segunda, Orlando Aguirre Gómez, la presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro, así como el equipo técnico de la institución, la Directora Ejecutiva, Ana Eugenia Romero Jenkins, la Directora de Planificación, Nacira Valverde Bermúdez y el Director del Despacho de la Presidencia de la Corte, Róger Mata Brenes.
El Presidente de la Corte, Fernando Cruz, indicó que en el marco del encuentro se expuso la preocupación que a lo interno existe en el Poder Judicial por la gravedad de la crisis económica y la afectación que los recortes presupuestarios tienen en la administración de justicia. “ Hemos ajustado nuestro presupuesto a las directrices del Ministerio de Hacienda y al cumplimiento de la regla fiscal, por lo que los recortes adicionales ponen en peligro la efectividad del servicio”.
La Magistrada Patricia Solano puntualizó que existe una apertura de parte del Presidente Carlos Alvarado y del Ministro de Hacienda, Elián Villegas en abrir los espacios de diálogo con este Poder de la República, así mismo reconocen el esfuerzo que el Poder Judicial ha realizado en reducir el presupuesto para el 2021. Agregó que en la reunión se hizo ver que una reducción mayor tendría como consecuencia paralizar servicios esenciales de justicia.
El Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial para el 2021 remitido en el mes de junio de este año al Ministerio de Hacienda, se formuló con una disminución de ¢3.884 millones en relación con el presupuesto aprobado para el 2020, lo que implica un decrecimiento de un 0.8% en relación con el presupuesto aprobado por Ley para el 2020 , no obstante con una serie de recortes adicionales para atender la petición de rebajo del Ministerio de Hacienda, el recorte total oscila los ¢12.799 millones para una disminución del 2.7%.
En este monto total están incorporados los rebajos acordados en la sesión de Corte Plena del 3 de agosto, que se detallan:
- Recurso humano ₡4.830.567.129.
- Construcciones ₡1.479.335.840.
- Vehículos ₡1.113.691.135
- Informática ₡1.072.365.099
- Capacitación ₡273.598.349
- Otros Gastos de Operación ₡148.000.000: información; impresión y encuadernación; viáticos y transporte al interior y al exterior; actividades protocolarias y sociales; alimentos y bebidas.
Estas sumas cedidas a las autoridades hacendarias no son sobrantes de partidas presupuestarias, sino que obedecen a la postergación de proyectos y obligaciones a las que la institución debe hacerle frente, sin embargo el impacto en servicios sensibls es una preocupación latente por la falta de recursos.
El Poder Judicial actualmente se compone de 894 oficinas distribuidas en 294 edificaciones, que brindan atención a personas usuarias en diferentes áreas del servicio de justicia, entre ellas las poblaciones en vulnerabilidad, quienes demandan los servicios de pensiones alimentarias, violencia doméstica, procesos laborales, delitos sexuales, población con discapacidad, adulta mayor, privada de libertad, migrante y refugiada, sexualmente diversa, indígena, niños, niñas y adolescentes y personas en conflicto con la Ley Penal Juvenil, entre otras poblaciones.
Cumplimiento de directrices de contención. En el año 2019, el Poder Judicial brindó servicios con el mismo presupuesto que se aprobó en el 2018, aproximadamente con 473 mil millones de colones. Para este año 2020, dicho monto registró una disminución del 0,2% y bajó a ¢472.677 millones de colones.
La propuesta para el 2021 registra una disminución de un 2,7%, es decir cerca de ¢12.799 millones de colones menos en comparación con el presupuesto del 2020. Esta disminución es producto del cumplimiento de las directrices presupuestarias giradas por el Ministerio de Hacienda y la voluntad institucional de recortar el plan de gastos para como Estado, hacerle frente a la crisis económica que vive el país, agravada por la pandemia mundial.
Para el 2021 no se crean plazas nuevas y por restricción hacendaria, el presupuesto no se incrementa por costo de vida. De igual manera, el presupuesto 2021 contiene el ajuste nominal de los componentes salariales. En materia de alquileres, no se autorizaron contratos nuevos, salvo en aquellas localidades donde se debe cumplir con órdenes sanitarias; además se ajustaron los contratos en limpieza, vigilancia y bienes y servicios.
Ejecución del Presupuesto 2020. El pasado 3 de abril, el Poder Judicial aprobó una modificación a su presupuesto mediante la cual se trasladaron recursos al Ministerio de Hacienda para atender la emergencia generada por el Covid-19. La suma trasladada fue de ¢1.700 millones de colones, conforme recursos aportados por Ministerio Público (¢136 millones), Defensa Pública (¢79 millones), Organismo de Investigación Judicial (¢1.000 millones) y ámbito administrativo (¢80 millones), entre otros. También en fecha 20 de julio 2020 Corte Plena aprobó una reducción por un monto de ¢2.562.738.982,00, sin embargo el monto total rebajado superó los ¢5 mil millones.
Así mismo, el costo económico de hacerle frente a los procesos de desinfección y limpieza profunda por los casos positivos de Covid -19 y a la dotación de equipos de protección y materiales de limpieza se enfrentan con presupuesto propio. Estos procedimientos deben realizarse a la mayor brevedad por protección y resguardo de las personas usuarias y del personal judicial, para evitar el contagio dentro de instalaciones judiciales.
Nuevas obligaciones sin contenido presupuestario. Para el cumplimiento de leyes especiales aprobadas por el Plenario Legislativo que imponen nuevas obligaciones al Poder Judicial, Corte Plena acordó remitir al Ministerio de Hacienda, una propuesta aparte al proyecto de presupuesto ordinario de la institución, con los requerimientos que se necesitan para su implementación. Este acuerdo se toma ante la rigidez presupuestaria y la aplicación de la regla fiscal, es decir fuera del límite del presupuesto ordinario.
La información se detalla en el cuadro que se adjunta:
- Detalles
-
Publicado: Viernes, 18 Septiembre 2020 14:44
El esfuerzo en la implementación de medidas responsables con el medio ambiente que ejecuta el Poder Judicial de Costa Rica, en la construcción de sus edificaciones con criterios de sostenibilidad, nuevamente permitió el reconocimiento de la empresa Green Building Council Costa Rica.
De esta forma, el pasado 1 de setiembre, dicha empresa comunicó que el proyecto Tribunales de Justicia de Los Chiles, obtuvo la Certificación Final EDGE, lo cual demuestra que el edificio se diseñó considerando aspectos de eficiencia que resultarán en ahorros en el consumo energético, de agua y en la energía incorporada en los materiales para su construcción.
El reconocimiento enviado por parte de Green Building Council Costa Rica, indica textualmente lo siguiente:
“El Green Building Council Costa Rica desea externarles sus felicitaciones al Poder Judicial por alcanzar la certificación final EDGE por el proyecto Tribunales de Justicia de Los Chiles en Los Chiles, Alajuela, Costa Rica. Nuestra evaluación confirma el reporte del auditor de que el diseño eficiente en el uso de recursos del proyecto Tribunales de Justicia de Los Chiles resultará en reducciones del 39% en el consumo energético, de 98% en el consumo de agua y de 26% en la energía incorporada en los materiales, en comparación a una línea base local”.
Así mismo, la empresa reconoce los esfuerzos en innovación realizados por el Poder Judicial, los cuales realzan su marca de excelencia corporativa y responsabilidad ambiental, al tiempo que aseguran que los ocupantes y usuarios de este edificio judicial se beneficien de menores costos de servicios públicos y un menor impacto ambiental.
El edificio de Tribunales de Los Chiles obtuvo la Certificación Preliminar Edge en febrero anterior, por lo que esta certificación final representa una mejora en su gestión de responsabilidad social y excelencia ambiental, convirtiéndose en un ejemplo a seguir entre las instituciones públicas y otras entidades del Estado.
La empresa Green Building Council Costa Rica es una compañía dedicada a brindar soluciones integrales para proyectos de emprendimiento sustentables y que está asociada al Banco Mundial.
- Detalles
-
Publicado: Jueves, 10 Septiembre 2020 10:40
- Dedicado al Magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones, Max Alberto Esquivel.
- Por una justicia innovadora: Conamaj y Participación Ciudadana.
En el marco de las actividades que realiza la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj), en celebración de su 35 Aniversario, se realizó una dedicatoria al Magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones, Max Alberto Esquivel Faerron, así como el conversatorio denominado: “Por una justicia innovadora, Conamaj y Participación Ciudadana”.
La Directora Ejecutiva a.í., Ingrid Bermúdez Vindas, aseguró que ha sido una labor intrainstitucional e interinstitucional donde se ha tratado de armonizar el sector justicia mediante coordinaciones y trabajos conjuntos con instituciones clave del sector justicia. “Estamos muy orgullosos de trabajar con todas las instituciones que conforman la Comisión y desarrollar trabajos conjuntos que van a tener mayor impacto en la administración de justicia”.
“Estamos celebrando 35 años de innovación en la gestión judicial, Conamaj ha sido un laboratorio de innovación social, con proyectos que han impactado el servicio de justicia para hacerlo más oportuno, accesible, inclusivo, democrático, pero sobre todo atendiendo la misión del Poder Judicial hacia una justicia más pronta y cumplida”, aseguró Bermúdez Vindas.
La actividad se realizó vía remota por Facebook Live y tuvo una primera parte en la cual se realizó la dedicatoria al Magistrado Max Alberto Esquivel, por su destacada trayectoria como integrante de Conamaj y su invaluable aporte en materia de derechos fundamentales y participación ciudadana en la administración de justicia.
El presidente de esta Comisión, Magistrado Román Solís Zelaya mencionó que “este reconocimiento se da por los aportes, ideas, consejos y sugerencias que ha dado durante todo este tiempo que ha compartido en la junta directiva”.
El Magistrado Esquivel indicó que "la administración de justicia tiene un rostro humano que, al fin de cuentas, debe constituirse en la causa y fin de todo su accionar. Los esfuerzos desplegados para trabajar a lo largo de todos estos años con poblaciones en condición de vulnerabilidad con dificultades de acceso a la justicia, y la promoción de programas de participación ciudadana en el sistema de administración de justicia, han marcado un antes y un después en la institucionalidad democrática del país”.
Posteriormente, se realizó el conversatorio “Por una justicia innovadora, Conamaj y Participación Ciudadana”, con los panelistas, Magistrado Max Esquivel; Evelyn Villareal, del Estado de la Justicia y Carlos Campos, de Territorios Seguros.
Carlos Campos resaltó temas de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. Por su parte, Evelyn Villareal felicitó a la comisión por el trabajo interinstitucional y se refirió a los desafíos en materia participación ciudadana, lucha contra la corrupción, entre otros.
Finalmente, Max Esquivel resaltó el aporte de Conamaj en el sector justicia, para dar abordaje distinto y enfocarse en fortalecer la administración de justicia como un servicio público que le permitía a las personas el acceso al derecho fundamental para exigir justicia y así proteger los derechos de las personas.
- Detalles
-
Publicado: Lunes, 31 Agosto 2020 15:05
- Juan Carlos Pérez Murillo asume oficialmente el cargo
El nuevo Director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo, designado en el cargo por la Corte Plena, rindió juramento en la sesión de este lunes 31 de agosto.
El acto estuvo a cargo del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro.
“Mi compromiso moral es con mi país, con el Poder Judicial, con todos y todas las funcionarias de la institución para que la Defensa Pública camine, como siempre lo ha hecho, en la búsqueda y mejora del buen servicio. Me debo a las personas usuarias, a las poblaciones en vulnerabilidad y me debo a los hombres y mujeres que requieren de los servicios de la Defensa Pública. Vamos a luchar para que la labor profesional de las defensoras y defensores sean de excelencia, en beneficio de la institución y del Estado costarricense”, afirmó el Director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez.
Además, agradeció a la Corte Suprema de Justicia, por la confianza depositada en su nombramiento.
Las magistradas y magistrados que integran Corte Plena señalaron las calidades humanas y profesionales de Pérez Murillo y destacaron el gran reto de asumir la dirección de un órgano auxiliar de justicia tan importante como la Defensa Pública y su valiosa función en las diversas materias en las que tiene competencia.
Juan Carlos Pérez Murillo cuenta con una Maestría en Administración de Justicia Penal de la Universidad Nacional y es Licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Centroamérica, con una especialización en Administración de Justicia Penal de la Universidad Nacional.
Además, tiene una experiencia profesional de 29 años en la carrera judicial. Su último cargo en el Poder Judicial lo desempeñó como juez coordinador del Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, que finalizó al acogerse a su jubilación en marzo del 2019.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 26 Agosto 2020 10:46
El Tribunal Colegiado Civil de Primera Instancia del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, sede Liberia, se sumó a los despachos que desarrollan audiencias orales por medios tecnológicos por medio de la plataforma Microsoft Teams, siguiendo los lineamientos institucionales.
La misma se realizó el viernes 21 de agosto y se contó con la colaboración de dos despachos judiciales y un enlace internacional. Este fue un proceso ordinario, para lo cual se señaló la audiencia preliminar.
David Matamoros Salazar, juez coordinador del Tribunal indicó que se aplicaron los lineamientos establecidos en el protocolo aprobado por Corte Plena, para la realización de audiencias orales por medios tecnológicos en materia civil.
"Este es un logro institucional que fue posible alcanzar gracias a la mística de los funcionarios y las funcionarias que participaron en el proceso antes indicado, no omito agradecer especialmente a la licenciada Maribel Seing quien nos brindó todas las facilidades necesarias para llevar a cabo esta audiencia. Es preciso rescatar que hacia el futuro se cuenta con estas herramientas tecnológicas y posibilidades procesales que inciden en la economía y celeridad procesal, aspectos que benefician directamente a las personas usuarias de los servicios de administración de justicia que presta nuestra institución", señaló el juez David Matamoros.
Se contó con la participación de la abogada de la parte demandada que se encontraba en San José, mientras el representante legal de la sociedad accionada se unió desde Madrid, España, el actor y su abogado se enlazaron desde la sala unipersonal del Tribunal Segundo Colegiado Civil de San José.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 19 Agosto 2020 11:46
- Estudio de Opinión Sociopolítica del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR.
Un repunte registra la valoración que tiene la ciudadanía sobre las diferentes instituciones públicas del país que se consultaron, así lo señaló el Estudio de Opinión Sociopolítica del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la UCR. El Poder Judicial ocupa el puesto 11, a nivel general.
El estudio corresponde al mes de agosto y posiciona al Poder Judicial en el puesto 11, al obtener una evaluación de 6,7 puntos, cuyo valor subió con respecto a la encuesta realizada por el CIEP en noviembre de 2020, donde se registraron 6,3 puntos.
En la encuesta destaca también la valoración obtenida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que ocupa el puesto 5 con una valoración de 7,5; es decir 0.3 puntos más que en el mes de noviembre.
El Estudio de Opinión Sociopolítica del CIEP realizó una encuesta a ciudadanos y ciudadanas costarricenses por medio de teléfono celular y abarcó el 97% de la población, mediante el uso de una muestra aleatoria.
En total se realizaron 877 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años, entre el 3 y el 11 de agosto.
- Detalles
-
Publicado: Jueves, 13 Agosto 2020 12:59
- Medida se da en concordancia con los protocolos aprobados por Corte Plena en diferentes jurisdicciones
- Audiencias se realizarán mediante la plataforma “Microsoft Teams”
Los Magistrados y Magistradas de la Corte Plena aprobaron el “Protocolo para la realización de audiencias de Resolución Alterna de Conflictos y Justicia Restaurativa por medios tecnológicos en los Centros de Conciliación del Poder Judicial".
Este protocolo tiene como objetivo ofrecer a las personas usuarias la posibilidad de realizar audiencias a través de medios virtuales, con el fin de dar continuidad al servicio, salvaguardando la salud tanto de las personas usuarias, como de quienes laboran para el Centro de Conciliación en todas sus sedes y con la posibilidad de brindar un acceso de forma oportuna a la resolución alterna del conflicto planteado ante el sistema judicial.
Esta modalidad busca que las audiencias que deban ser llevadas a cabo mediante plataformas tecnológicas brinden el servicio a las personas usuarias y garanticen la seguridad, confidencialidad y autenticidad en la obtención de la información, al llevarse a cabo en tiempo real con las partes intervinientes en lugares distintos.
El documento fue elaborado por el Centro de Conciliación, con el apoyo de la Comisión RAC y mediante trabajo en equipo, logrando potenciar aún más las ventajas de sus servicios, a través del uso de las tecnologías de la Institución.
Cabe destacar que la Comisión RAC, es liderada por la Magistrada de la Sala Primera de la Corte, Iris Rocío Rojas Morales y cuenta con el apoyo del Magistrado de la Sala de Casación Penal, Gerardo Rubén Alfaro Vargas de la Dirección de Justicia Restaurativa.
Para Carmen Cerdas Cisneros, Coordinadora General del Centro de Conciliación y quien tuvo a cargo la presentación del protocolo, más que un logro, este documento representa un compromiso para el Centro de Conciliación, el cual busca mayor agilidad en la solución de los procesos judiciales.
“Desde el Centro de Conciliación debo destacar el apoyo de la licenciada Julieta Barboza Cordero y del señor Leonardo Vega Aguilar, pues gracias a su iniciativa contamos con el video explicativo que orienta a las partes en el uso de esta herramienta, el WhatsApp Empresarial, desvío de llamadas para atención de consultas, aún en etapas de confinamiento y cierre físico de oficinas del sector público, así como la página de Facebook del Centro”.
El ámbito de aplicación de este protocolo comprende las audiencias de Resolución Alterna de Conflictos y Justicia Restaurativa en todas las materias y jurisdicciones que se atienden en el Centro de Conciliación y sus sedes actuales y futuras, y su acatamiento será de carácter obligatorio para dichas oficinas.
Dentro de los aspectos que incluye el protocolo, destacan el tema de los lugares de locación de las partes, donde se otorga la posibilidad a la persona juzgadora de ejecutar la audiencia desde el despacho judicial o la casa de habitación en caso de teletrabajo, así mismo, se permite la ubicación de las partes intervinientes en un lugar de domicilio físico o social que cumpla con los requisitos técnicos.
Estos requisitos técnicos son la posibilidad de contar con equipo tecnológico con cámara y micrófono, una buena conexión a internet y un espacio apropiado que permita la confidencialidad del proceso, no será requisito que las partes y sus abogados o abogadas se encuentren en el mismo lugar.
Además, en caso de que se presente algún inconveniente de índole técnico, se da la posibilidad a las partes de utilizar sus dispositivos móviles para comunicar el problema y que así el juez o la jueza haga una valoración de la situación y determine si es necesario suspender la audiencia en tanto se resuelva la situación, de igual forma, si esto no llega a suceder cabe la posibilidad de reprogramar la audiencia.
Por otra parte, el documento también contiene los lineamientos en temas de vestimenta, en donde se establece que todas las personas participantes deberán respetar las reglas de vestimenta establecidas por el Poder Judicial para las audiencias presenciales.
El protocolo incluye todas las fases del proceso, desde las actuaciones previas, en lo que refiere al señalamiento de las audiencias, las actuaciones durante el desarrollo de estas y su conclusión. La audiencia de Conciliación o de Justicia Restaurativa es privada, por lo que únicamente podrán estar en ella las partes debidamente apersonadas al proceso y/o sus abogados o abogadas.
Se grabará el inicio de la audiencia para que quede constancia de la información ofrecida a las partes, así como de las reglas. También, se grabará el final de la diligencia que corresponde a la lectura del acta de conciliación o medida alterna o de los acuerdos restaurativos y la respectiva ratificación de las partes a viva voz, manifestando su conformidad con los términos del acuerdo, o bien para consignar la razón de cierre de la audiencia, no acuerdo o suspensión y continuación.
En caso de interrupción en la comunicación por problemas técnicos o de conectividad, la persona juzgadora contactará a las partes de inmediato vía telefónica, para coordinar acciones, si la interrupción se extiende por más de diez minutos, se retomará a la hora siguiente, si no fuera posible en ese tiempo, se reprogramará la audiencia.
Las audiencias se realizarán utilizando la plataforma “Microsoft Teams”.
En lo no establecido expresamente en este Protocolo, podrá aplicarse, en lo procedente, lo indicado en los Protocolos aprobados por la Corte Suprema de Justicia para las diferentes jurisdicciones.
El protocolo fue aprobado en la sesión de Corte Plena del pasado 10 de agosto.
- Detalles
-
Publicado: Jueves, 13 Agosto 2020 08:46
En el marco de la emergencia sanitaria por el virus del Covid–19.
La Corte Plena aprobó en sesión de este 10 de agosto, el “Protocolo para actuaciones judicialesen materia agraria, por videoconferencia y de manera presencial, durante la emergencia nacional por Covid-19”.
El objetivo es brindar una guía práctica donde se establecen los criterios y las reglas básicas en esta materia, para la realización de actuaciones por videoconferencia, por medio del uso de las herramientas tecnológicas aprobadas por el Poder Judicial, con el fin de brindar continuidad al servicio público de administración de justicia.
El coordinador de la Comisión de la Jurisdicción Agraria y Presidente de la Sala Primera, Magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga indicó que “normalmente se realizan audiencias en el sitio, a la intemperie, en ocasiones con defensa pública agraria, sin embargo, la situación de salud exige distanciamiento para evitar el contagio del nuevo virus, esto ha hecho necesario usar las computadoras y la virtualización de la comunicación, por lo que este protocolo establece los nuevos modos y métodos de resolver conflictos con seguridad para los participantes”.
Una de las impulsoras de esta iniciativa es la Magistrada Damaris Vargas Vásquez, quien aseguró que la respuesta institucional a la pandemia Covid-19 ha permitido maximizar el aprovechamiento de las modernas tecnologías en las que se ha invertido, así como potenciar las competencias desarrolladas por las personas servidoras judiciales para garantizar la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión.
“Importante señalar que la correcta aplicación de estos protocolos depende de las sinergias que se desarrollen entre las personas servidoras judiciales, los abogados y abogadas, personas usuarias y ciudadanía en general, por lo que debe darse un robusto proceso de comunicación y socialización de sus alcances, orientado al logro de resultados esperados”, agregó la Magistrada Damaris Vargas.
El documento fue elaborado por los jueces y juezas de esta materia y establece en forma práctica y sencilla el debido proceso para esta fase de la tramitación en lo agrario. Fue presentado ante Corte Plena por la jueza Tatiana Rodriguez Herrera y el juez Luis Alonso Madrigal Pacheco.
La jueza agraria Tatiana Rodríguez señaló que "para la jurisdicción agraria es evidente que hay una gran brecha digital entre el campo y la ciudad, este protocolo tiene pautas claves para ir sorteando esas barreras tecnológicas, además visibiliza a las poblaciones en estado de vulnerabilidad. Se exigen valores éticos para las partes e intervinientes. Igualmente, resulta esencial una persona juzgadora empática, afable y sobre todo accesible."
Por su parte, el juez agrario Luis Alonso Madrigal puntualizó que “este Protocolo es el fruto de un trabajo en equipo de juezas y jueces de todo el país, quienes consideramos las particularidades de nuestra Ley y de las personas que participan en los procesos, incluyendo reglas de protección sanitaria; así seguimos llevando la justicia al campo, aún en tiempos de emergencia nacional”.
- Detalles
-
Publicado: Jueves, 06 Agosto 2020 11:38
- Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José sigue con la aplicación de esta modalidad en sus diferentes procesos.
Garantizar la continuidad de los servicios que brinda el Poder Judicial ante la emergencia sanitaria con motivo del COVID-19, es la consigna del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, en donde se desarrollaron este 5 de agosto, dos audiencias bajo la modalidad virtual, como parte de las acciones que se toman para evitar el retraso en los diferentes asuntos que llegan a su conocimiento.
En un procedimiento especial de Flagrancia en dicho tribunal, se realizó un juicio mediante la herramienta “Microsoft Teams”, en donde se logró conectar con la Unidad de Atención Integral (UAI) del Centro Penitenciario Reynaldo Villalobos, con el fin de que la persona imputada estuviera presente de manera virtual en el juicio.
Adicional a este enlace, se hizo conexión simultánea mediante videoconferencia con los Tribunales de Puntarenas, para la recepción de un testimonio.
Este juicio es llevado por el juez Luis Fernando González Hernández y las juezas Patricia Herrera Gómez y Andrea Fonseca Sáenz y se desarrolla por el delito de robo agravado.
Por otra parte, también se desarrolló una audiencia virtual para conocer un recurso de apelación de un sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado Penal de San José en un caso que se sigue por el delito de Administración Fraudulenta, esta diligencia fue celebrada por la Jueza Mariela Villalobos Soto.
- Detalles
-
Publicado: Viernes, 31 Julio 2020 08:25
- Presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro, participó en foro virtual internacional.
La continuidad de los servicios judiciales y la tutela la vida y la salud del personal y personas usuarias, son los ejes para definición de acciones emprendidas por el Poder Judicial, ante la pandemia que vive el país por el COVID-19.
Así lo expuso el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, durante el foro virtual internacional que se llevó a cabo este jueves 30 de julio con representantes de las Cortes Supremas de Brasil, Canadá, Ecuador y de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“La Corte Plena, máximo órgano del Poder Judicial y el Consejo Superior, a quien le corresponde ejercer la administración han dictado más de 50 acuerdos y circulares que deben acatarse en diferentes ámbitos de la institución” destacó el magistrado Cruz Castro.
El Presidente de la Corte explicó que a lo externo “… se ha tratado de asegurar el respeto y promoción de los derechos humanos y del acceso a la justicia de grupos vulnerables, por medio de una atención y servicio constante para las personas usuarias externas y continuar atendiendo sus necesidades. Que es uno de los principales retos en esta pandemia”.
También destacó que a lo interno, el Sistema Judicial aplica un marco regulatorio general para la tutela del derecho a la salud y la vida del personal judicial, mediante la potenciación del teletrabajo y el uso de los servicios judiciales electrónicos.
Ello implicó el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica como herramienta para la continuidad del servicio público
El trabajo se acompaña con la labor de la Comisión de Emergencias del Poder Judicial, la cual mantiene una comunicación permanente con las autoridades de Salud del país, para seguir los lineamientos nacionales y remitir las propuestas para la toma de decisiones, que finalmente conoce Corte Plena.
Esto contempla los protocolos institucionales sobre medidas sanitarias y técnicas para enfrentar la pandemia, así como los protocolos para la realización de audiencias virtuales en las diversas jurisdicciones, para su aplicación por los juzgados y tribunales en todo el territorio nacional.
La activación del Fondo de Emergencias del Poder Judicial también permitió la compra de artículos de primera necesidad para la limpieza y desinfección, mascarillas y termómetros, entre otros.
En la actividad participaron el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro; el Presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil José Antonio Días Toffoli; la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, Pualina Aguirre Suárez; el Presidente de la Corte Suprema de Canadá, Richard Wagner y el Secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean Michel Arrighi.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 22 Julio 2020 10:00
Mantener la prestación de los servicios esenciales y ordinarios es una prioridad en el Poder Judicial frente al impacto que representa trabajar con un presupuesto ajustado desde el 2018.
El decrecimiento presupuestario debe distribuirse entre los ámbitos Administrativo, Jurisdiccional y Auxiliar de Justicia, que involucra al Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial y la Defensa Pública, obligando a la institución a priorizar sin posibilidad de asumir nuevas funciones y hacerle frente a obligaciones legales aprobadas por la Asamblea Legislativa.
Cumplimiento de directrices presupuestarias. En el 2019, el Poder Judicial brindó servicios con el mismo presupuesto que se aprobó en el 2018, aproximadamente con 474 mil millones de colones. Para este año 2020, dicho monto registró una disminución del 0,2% y bajó a 472.677 millones colones. La propuesta para el 2021 registra un 0,87% de recursos menos, es decir cerca de 468.793 millones de colones.
Esta disminución paulatina que se refleja en cada ejercicio económico es producto del cumplimiento de las directrices presupuestarias giradas por el Ministerio de Hacienda y la voluntad institucional de recortar el plan de gastos para, como Estado, hacerle frente a la crisis económica que vive el país.
Esta estrechez presupuestaria la visibiliza el Tercer Informe del Estado de la Justicia, en el que se indica que a partir del 2018, el presupuesto de este Poder de la República inició un decrecimiento ante la situación fiscal del país, por lo que actualmente, el Poder Judicial tiene un margen mínimo para financiar nuevas competencias. Esta limitación fiscal dificulta la implementación y el seguimiento de leyes que aunque aprobadas, no se han desplegado en su totalidad. La mayoría de estas reformas legales afectan al ámbito jurisdiccional.
Ajuste en el presupuesto. Al recibir la solicitud del Ministerio de Hacienda para reducir el plan de gastos en ejecución, se realizó un análisis técnico para determinar el monto y las subpartidas que se podían reducir sin afectar la operatividad institucional y consecuentemente el servicio público de los órganos judiciales.
Es por ello que el estudio técnico de la institución, concluyó que la reducción y contención del gasto procedía por un monto de ¢2.562.738.982,00, en los programas presupuestarios Administrativo, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública, Servicios Jurisdiccionales y el Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos.
Tal y como se detalló en la sesión de Corte Plena del lunes 20 de julio 2020, el Consejo Superior aprobó la propuesta técnica, por el monto señalado. Sin embargo sin consultar al Poder Judicial, la cartera de Hacienda duplicó ese monto que no toma en consideración los compromisos a los que debe hacerle frente el Poder Judicial.
Además debe tenerse presente, que desde el 3 de abril 2020, el Poder Judicial aprobó una modificación a su presupuesto mediante la cual se trasladaron recursos al Ministerio de Hacienda para atender la emergencia generada por el Covid-19. La suma trasladada fue de 1.700 millones de colones, conforme recursos aportados por Ministerio Público (136 millones), Defensa Pública (79 millones), Organismo de Investigación Judicial (1.000 millones) y ámbito administrativo (80 millones), entre otros.
Ambos rebajos parten de proyecciones y estudios, a diferencia de esta reducción adicional que fue tramitado de manera inconsulta por el Ministerio de Hacienda y sin rigor técnico, por lo que impactará el cumplimiento de las metas y objetivos trazados por el Poder Judicial para el actual ejercicio presupuestario.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 08 Julio 2020 10:27
- Consejo Superior aprobó informe de la Dirección de Planificación sobre evaluación de Planes Anuales Operativos del 2019.
La gestión de los despachos judiciales del país durante el 2019 alcanzó un nivel de cumplimiento de metas operativas de un 96,77%. Así se desprende del informe N° 721-PLA-EV-2020 del 20 de mayo de 2020, del Proceso de Planeación y Evaluación de la Dirección de Planificación, el cual conoció y aprobó el Consejo Superior del Poder Judicial.
Para el seguimiento de las labores operativas y su vinculación con el Plan Estratégico Institucional, la Dirección de Planificación diseñó la herramienta informática “Sistema PEI”, para el control del cumplimiento de los compromisos del Plan Estratégico Institucional.
Además se emprendieron mejoras al Sistema de Formulación y Seguimiento de los Planes Anuales Operativos, para la vinculación de ambos.
La evaluación de los cumplimientos de las metas de los PAO se realizó con corte al 24 de enero de 2020 y midió el estado de los avances de las metas operativas del 99,88% de las oficinas judiciales del país.
Cabe destacar que el 96,77% de cumplimiento que se registró en el 2019 es mayor al de años anteriores.
“Para ser un porcentaje que equivale a todas las labores ejecutadas a lo largo del año podría constituirse como un valor con un comportamiento mayor que en años anteriores, debido al impacto y al uso cada vez más extenso del Sistema, así como una mayor aceptación y adecuación al mismo, y la cultura de planificar las metas y actividades. Resulta relevante destacar que para el 2018 los avances registrados fueron de 80,15% y para el 2017 el cumplimiento fue de 76,34%.”, destacó el informe de Planificación.
El nivel de cumplimiento según los programas presupuestarios, destaca el alto avance de la Defensa Pública que superó el 99%, seguido del Servicio de Atención y Protección a la Víctima y Testigos y al Organismo de Investigación Judicial que reportaron un 98% de cumplimiento. El Programa Servicio Jurisdiccional se mantiene por encima del 95% y abarca a 410 despachos.
En el tema de cumplimiento por Ejes Transversales, el promedio de cumplimiento registra un 96,5%. “…es un dato que destaca por el compromiso implícito en el cumplimiento de las metas operativas y su alineación de acuerdo con los ejes transversales, los cuales están presentes en el quehacer institucional con el fin de cumplir las obligaciones establecidas en los convenios e instrumentos internacionales, la legislación nacional, la normativa institucional y los compromisos asumidos por la institución” resaltó el estudio.
En cuanto a avances de cumplimiento por Temas Estratégicos, el porcentaje alcanzado fue del 97%, con el mayor número de metas obtenidas en los temas “Confianza y probidad en la Justicia” y “Planificación Institucional”.
El informe de Planificación detalló que de las 5.136 metas formuladas en todos los PAO de los despachos judiciales a nivel nacional, 1.784 de estas metas operativas provienen del PEI. El 87% de las metas alcanzaron el 100% de cumplimiento, lo que generó un impacto positivo en el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.
El Consejo Superior aprobó el informe y las recomendaciones de mejora que incluye la Dirección de Planificación y que están dirigidas a las Administraciones Regionales, Centros de Responsabilidad, oficinas y despachos judiciales del país, con el fin de consolidar la cultura de planificación de metas en la gestión.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 30 Junio 2020 15:28
- Corte Plena aprueba protocolo para la realización de audiencias orales por medios tecnológicos.
La Jurisdicción Contenciosa Administrativa se suma al uso de las tecnologías disponibles en el Poder Judicial, para brindar a las personas usuarias una alternativa segura en la realización de las audiencias orales.
Este lunes 29 de junio, en la sesión ordinaria de Corte Plena, se aprobó el Protocolo para la realización de audiencias orales por medios tecnológicos para la Jurisdicción Contencioso Administrativo.
El magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, coordinador de la Comisión de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, destacó que la construcción de este documento contó con la participación de juezas y jueces de la jurisdicción.
“El protocolo resulta de vital importancia para la materia contenciosa administrativa, por estar concentrada en San José y que tiene asuntos que se ubican en todo el país. Esto va a tener una gran ventaja porque acerca todo el territorio nacional a la Jurisdicción”, afirmó Rivas Loáiciga.
La exposición del contenido del protocolo estuvo a cargo de Ileana Isabel Sánchez Navarro, jueza coordinadora del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, quien destacó que esta es una nueva opción a las personas usuarias, para garantizar la continuidad de los servicios, donde la tecnología sirve como un instrumento frente a situaciones especiales.
“Se pretende acercar la justicia Contencioso Administrativa a las personas usuarias, a través de la utilización de las herramientas tecnológicas como un instrumento de descentralización del servicio. De igual forma, se potencia el teletrabajo, como una modalidad de llevar a cabo la función jurisdiccional, acorde con las nuevas dinámicas de prestación de servicios, tanto en el ámbito público, como en el privado”, puntualizó la jueza Sánchez Navarro.
La normativa interna abarca los actos procesales del Juzgado, el Tribunal y el Tribunal de Apelación Contenciosos Administrativos.
Se garantiza que la modalidad virtual de las audiencias se realizará cuando se cuente con el consentimiento de las partes. Se recalca el respeto al debido proceso en las audiencias bajo la modalidad virtual y la posibilidad de realizar audiencias de recepción de prueba y de conciliación, en el caso de éstas últimas se resguarda la privacidad.
El medio tecnológico oficial será el sistema de Microsoft Teams, autorizado por la Dirección de Tecnología de la Información. Las Direcciones de Tecnología de la Información y de Planificación emprenderán las acciones correspondientes a corto y mediano plazo para su implementación.
Se mantendrá el carácter público de las audiencias virtuales, salvo en aquellos casos en los que por resolución del Tribunal se declare su privacidad, debidamente justificada.
En atención a los requerimientos técnicos de las partes o testigos, al no contar con acceso a medios tecnológicos, los despachos judiciales coordinarán con la Administración Regional para propiciar espacios en el recinto judicial y con los equipos necesarios, que reúnan las condiciones de seguridad e higiene, como lo son las salas de juicio, salas de testigos o cubículos equipados para estos fines.
Se dispone la posibilidad de realizar audiencias virtuales y mixtas, cuando se requiera la comparecencia de forma presencial de alguna de las partes.
Las audiencias se grabarán mediante el Sistema de Grabación de Audiencias Orales del Poder Judicial (SIGAO), como medio oficial.
Para la atención de los procesos donde las personas intervinientes se encuentren en condición de vulnerabilidad o se requieran necesidades especiales, las personas juzgadoras deben tomar las previsiones para la participación en la audiencia y atendiendo a los lineamientos de las políticas institucionales de accesibilidad.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 06 Junio 2018 16:15
La necesidad de establecer un perfil del cargo de la magistratura, requisitos más rigurosos sobre preparación académica, idoneidad y experiencia, así como analizar aspectos relacionados con procesos de ampliación del nombramiento y requerimientos claros en casos de destitución fueron aspectos que se analizaron durante el Seminario Internacional organizado por el Poder Judicial.
La actividad se realiza en el marco de una iniciativa judicial de construir una propuesta de reforma para mejorar los procesos de designación de magistrados y magistradas.
Expertos nacionales expusieron sobre la evolución histórica del Poder Judicial y los cambios que ha presentado en cuanto a su integración y Gobierno Judicial.
Según explicó Manuel Solís Avendaño, Catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, a partir de los años noventa se emprenden cambios importantes para la selección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia a partir del establecimiento de la Comisión Permanente Especial de la Asamblea Legislativa, mediante una reforma al reglamento, manteniendo la potestad final del plenario legislativo.
‘Se introdujo con ello criterios calificativos para compensar la decisión política. A ello se suma una reforma constitucional del 2002-2003 que estableció los 38 votos para designar a magistrados y magistradas que fortalece su independencia’, explicó Solís Avendaño
A partir de estos años se comenzó a visualizar la necesidad de establecer un sistema de elección basado en criterios de idoneidad y se limitó la injerencia política.
Visualizar cambios trascendentales
Un segundo panel expuso sobre los aspectos positivos y negativos del modelo actual de selección.
Para Magally Hernández Rodríguez, Coordinadora de la Maestría de Derecho Público de la UCR y Letrada de la Sala Constitucional, surgen necesidades puntuales de normar el proceso de selección, valorar la posibilidad de que otros órganos políticos asuman esta competencia, el establecer más requisito para aspirar al cargo y valorar eliminar o limitar la reelección y que su condición de automática sea justificada. Además de establecer claramente en la constitución las causales de destitución y su procedimiento.
Hernández Rodríguez determinó que existen de fondo que deben tomarse en cuenta, como la discrecionalidad en la elección, la independencia e imparcialidad judicial, así como la transparencia que imponen reglas claras para cambiar la opacidad por la visibilidad, máxime que el nombramiento y el modelo de selección tienen una incidencia directa en el Estado de Derecho.
Para Alfredo Chirino Sanchez, Decano de la Faculta de Derecho de la UCR, se requiere cambios sustanciales directamente en las funciones que desarrolla la Comisión de Nombramientos del Congreso y la importancia de resolver la flexibilidad de los requisitos actuales para aspirar a estos cargos, que garantice un proceso más democrático, transparente y justo.
Jorge Vargas Cullel, Director del Estado de La Nación destacó que a partir del 2000, las designaciones fueron mayoritariamente por carrera judicial, más que por carácter político. Consideró necesario mantener la competencia de nombramiento en el Congreso, pero impulsar cambios en el sistema de elección con una reelección limitada, implantar las mismas condiciones para cargos propietarios como suplentes, una mayor calificación del método disciplinario y una revisión de los impedimentos e incompatibilidades.
Según expresó Constantino Urcuyo Catedrático de la UCR la designación de las magistraturas no pueden desligarse de la política y que el pluralismo es esencial para que funcione el sistema democrático.
Señaló que claramente el establecimiento de los 38 votos para la elección de este alto cargo judicial, dificulta que se de alguna irregularidad al requerirse más consensos para la decisión legislativa e impide la obediencia a un partido político. Consideró que sí deben existir filtros para las postulaciones y que se evalúen aspectos académicos, calidad y fondo de las sentencias, trayectoria pública personal y la relevancia de no designar personas que no hayan pasado por el filtro de la comisión.
- Detalles
-
Publicado: Lunes, 07 Mayo 2018 15:12
Blindar de toda injerencia política el nombramiento de quien ocupe el cargo de Fiscal o Fiscala General y establecer un proceso de ingreso al Ministerio Público basado en atestados, experiencia e idoneidad, es lo que contiene el Proyecto de Carrera Fiscal que concretó Corte Plena este lunes 7 de mayo.
La propuesta de proyecto forma parte de las reformas urgentes al Poder Judicial que establecieron en su agenda de trabajo los magistrados y magistradas de la Corte Suprema Justicia.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, destacó el trabajo emprendido por las autoridades judiciales en la discusión y aprobación de propuestas de ley para una reforma integral al Poder Judicial.
“Iniciaremos un acercamiento con las autoridades del Poder Ejecutivo para darles a conocer la importancia y la urgencia de dotar al Ministerio Público con una Carrera Fiscal y desde la iniciativa de ley del Ejecutivo impulsar la aprobación de los proyectos que vamos concretando”, destacó Chinchilla Sandí.
En el caso del nombramiento de Fiscal o Fiscala General de la República, su designación requeriría la mayoría absoluta de la totalidad de los integrantes de Corte Plena. Se mantiene que el período sea por cuatro años, con posibilidad de reelección, únicamente por un período igual.
“No podrá ser nombrado como Fiscal General o Fiscala General, quien haya ocupado cargos políticos o vinculados a estos directamente en los últimos ocho años conforme lo definirá el Reglamento de esta ley”, contiene la propuesta en discusión.
También deberá cumplir con los requisitos constitucionales establecidos para ser magistrado o magistrada y se establece una experiencia mínima de 20 años de servicio como fiscal en cualquiera de sus escalafones.
El magistrado Fernando Cruz Castro, coordinador del equipo de trabajo que tuvo a cargo la construcción del texto base, destacó que la propuesta da otro impulso al Ministerio Público, “…para reivindicar a fiscalas y fiscales con una carrera y una estabilidad en el puesto. Fortalecemos con ello, el mandato de la Fiscalía General y que en el nombramiento impere la transparencia, meritocracia y la institucionalidad”.
Para el magistrado Paul Rueda Leal, “…este es el primer producto en el marco de un programa que la Corte se fijó el año pasado sobre Reformas Urgentes al Poder Judicial, donde nosotros ante la crisis quisimos aprovecharla en positivo y darle a la ciudadanía un mejor Poder Judicial, al plantear las reformas que se requieran para asegurar la independencia de esta institución y un fortalecimiento de la calidad del servicio que se brinda”.
Durante las sesiones de Corte Plena en las que se discutió la propuesta, se contó con el aporte de la Fiscala General de la República, Emilia Navas Aparicio y la Fiscala Subrogante, Mayra Campos Zúñiga.
“La propuesta aprobada por Corte Plena viene a asegurar que el Ministerio Público tenga funcionarios, funcionarias, fiscales y fiscalas con idoneidad ética y funcional, debidamente capacitadas y que los nombramientos se hagan por mérito, experiencia y trayectoria y no por otro motivo. Se regula el tema de los ascensos y el ingreso a la institución. También se fortalecerá el Consejo Fiscal y se crea el Consejo de Carrera Fiscal que colaborará en todos los trámites administrativos importantes en materia de selección, reclutamiento y capacitación”, resaltó la Fiscala General, Emilia Navas Aparicio.
En cargos como Fiscal o Fiscala Subrogante se establecería un mínimo de 10 años de experiencia continua como fiscales o fiscalas adjuntas.
Para los 11 escalafones que integran el Ministerio Público, las personas aspirantes no deben haber sido destituidos por medida disciplinaria a lo interno del Poder Judicial, ni registrar un despido en otra institución pública sin responsabilidad patronal, en los últimos 10 años.
La propuesta establece que únicamente mediante concurso por competencias, se realicen los nombramientos en propiedad de los cargos en la Fiscalía y las personas interesadas deberán ingresar al proceso de reclutamiento y selección y al Programa de Formación inicial que contempla un examen escrito, un examen oral, un curso teórico y una práctica dirigida.
Las personas aspirantes deberán someterse a unas pruebas técnicas selectivas y de valoración de idoneidad ética y moral, determinadas por la Dirección de Gestión Humana.
Además, quienes ingresen al Ministerio Público, serán sometidas a las investigaciones pertinentes mediante la oficina del Área de Valoración Psico-Sociolaboral (AVAL) del Ministerio Público.
También se estableció que el Fiscal o Fiscala General deberá rendir un informe de rendición de cuentas ante Corte Plena y la ciudadanía en general, en el marco de la transparencia y el control en la gestión de persecución penal.
El equipo de trabajo “Establecimiento de la Carrera Fiscal y requerimientos en la presentación del informe anual del Fiscal General”, fue liderado por el magistrado Fernando Cruz Castro, con la colaboración del magistrado Paul Rueda Leal, la participación de los magistrados y magistradas suplentes Jazmín Aragón Cambronero, Alicia Salas Torres, Ronald Salazar Murillo, la Fiscala General y Suborrogante, Emilia Navas Aparicio y Mayra Campos Zúñiga y la Asociación Costarricense de Fiscales.
- Detalles
-
Publicado: Lunes, 07 Mayo 2018 13:55
Con una meta clara de reducir los tiempos en el señalamiento de los juicios e incrementar la productividad en la resolución de los conflictos penales, los Tribunales y Juzgados Penales del país emprendieron el trabajo dentro del Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal.
El viernes 4 de mayo, el Poder Judicial hizo la presentación oficial del Proyecto, que impulsa una estandarización de los procesos en los Juzgados Penales, Tribunales Penales y de Apelación, en las oficinas de la Fiscalía, Defensa Pública y el Organismo de Investigación Judicial, con la colaboración directa de las Administraciones Regionales de todo el país.
La propuesta la lidera la Presidencia de la Corte y su implementación está a cargo de la Dirección de Planificación del Poder Judicial.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, destacó el compromiso de jueces, juezas y personal técnico judicial por emprender el plan de trabajo y con ello, mostrar en el corto plazo, resultados muy positivos desde diciembre de 2017.
“Nos debemos a la Administración de Justicia para brindar un mejor servicio. Buscamos una estandarización de los procesos para resolver los asuntos, con tiempos de respuesta efectivos. Estas acciones no han requerido reformas legales y por ello buscamos darle mayor vigor y una identidad distinta al Código Procesal Penal vigente”, manifestó Chinchilla Sandí.
Se inició en agosto del 2017, mediante la visita a todos los tribunales penales y de flagrancia del país. En cada despacho se realizó un diagnóstico y se estableció un plan de mejoras, tendientes a incrementar la productividad, la cual se refleja en el número de sentencias y asuntos terminados; así como la reorganización interna para hacer más efectivo el señalamiento de los juicios y acortar tiempos en la tramitación de los asuntos.
La meta del Proyecto es que al 30 de abril del 2020, todos los Tribunales Penales del país mantengan una agenda de señalamiento de un máximo de 6 meses, luego de ingresado un expediente.
Cabe destacar, que en los primeros tres meses del presente año, los resultados son muy positivos, ya se contabilizan 5 Tribunales Penales con agendas de señalamiento a 6 meses máximo.
El 2017 registró un incremento del 4% en el número de sentencias dictadas y los asuntos terminados registraron en ese período un aumento del 10%, con respecto al 2016.
Reorganización de las agendas de señalamiento y a lo interno del despacho, el establecimiento de secciones colegiadas en secciones unipersonales, identificación de cuellos de botella en la tramitación y coordinación con el Ministerio Público, el OIJ y la Defensa Pública, fueron protagonistas para la efectividad en la implementación del plan.
Actualmente la Dirección de Planificación trabaja en la construcción del modelo en materia penal para su establecimiento formal a lo interno de la institución. Además se definió un cronograma para la intervención integral de los 15 Circuitos Judiciales del país y establecer su implementación.
Proyecto integral
Las acciones que se emprenden dentro de este plan de mejora, integra la participación de todos los actores que contempla la Jurisdicción Penal. De ahí el compromiso de las autoridades del Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial y la Defensa Pública.
Mayra Campos Zúñiga
Fiscal Subrogante de la Fiscalía General
Esta propuesta guarda relación con las acciones que exige nuestro Estado de Derecho. Es la posibilidad de poner en movimiento la maquinaria judicial, pero con un modelo de atención que contemple las necesidades de las personas usuarias y los recursos existentes en cada despacho judicial involucrado. Un modelo que mejore los tiempos de respuesta a los conflictos de índole penal.
Diana Montero Montero
Jefa de la Defensa Pública
Se planean mejoras en el servicio público que se brinda, las cuales visualizan las necesidades de las personas usuarias de nuestro servicio, lo cual resulta encomiable. El proyecto coincide con la filosofía de la actual Dirección de la Defensa Pública, en el sentido de maximizar el desempeño y los resultados con los recursos ya existentes, pues estamos conscientes de la realidad nacional a nivel económico y social y lo hace respetando siempre los principios fundamentales de un proceso penal democrático.
Walter Espinoza Espinoza
Director del OIJ
En el OIJ nos da una luz de esperanza y una necesidad evidente de participar en este proceso, sobre todo si tomamos en cuenta que los tiempos que estamos viviendo en nuestro país, en los esquemas de seguridad y criminalidad no son los mejores y con las mismas condiciones e insumos nosotros tenemos que enfrentar una situación cada vez más agresiva. Esperamos que nos visualicen como una policía, que los indicadores del Organismo no deben ni pueden ser nunca los de un fiscal, un juez o un defensor; que las jornadas de quienes laboramos en el OIJ son disímiles, que su capacitación es diferente, que las estrategias de trabajo son divergentes con las que tienen el resto de la población judicial.
- Detalles
-
Publicado: Viernes, 27 Abril 2018 16:25
La situación actual del Circuito Judicial de Heredia en temas de rendimiento y requerimientos prioritarios para mejorar el servicio de administración de justicia, fue expuesto este viernes 27 de abril de 2018, durante la realización del Consejo Ampliado.
La actividad estuvo dirigida por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, así como representantes del Consejo Superior, el Consejo de Administración de Heredia e integrantes de los diversos despachos judiciales de la provincia.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, resaltó la importancia de atender los requerimientos en materia de infraestructura que requiere el Circuito Judicial de Heredia y manifestó el compromiso por atender las necesidades prioritarias.
Durante la sesión de trabajo de la mañana, el Presidente del Consejo de Administración, Andrés Vargas Araya, presentó un informe de rendición de cuentas. Resaltó la importancia de atender los requerimientos con un espacio judicial más adecuado y con ello mejorar las condiciones del personal y personas usuarias, pues la construcción de un nuevo edificio es una necesidad, así como la atención en la infraestructura de los despachos fuera de la edificación principal.
Se destacó el buen trabajo de diversas jurisdicciones como los Tribunales de Flagrancia y la importancia de evaluar y promover mejoras del servicio, ante el incremento de los asuntos, cuyos casos los atiende una sección del tribunal ordinario.
La Directora de Planificación, Nacira Valverde indicó que se abordará de manera integral la jurisdicción penal para la implementación del nuevo modelo penal.
Las autoridades penales heredianas señalaron de vital importancia los temas relacionados con el espacio para salas de juicio y reforzamiento de la materia de flagrancia como prioridad, valorar jornadas vespertinas para atender el volumen de asuntos y mejorar los recursos dirigidos en la zona de Sarapiquí; propuestas que ya valora la Dirección de Planificación.
También se destacó el trabajo de oficinas como la Defensa Pública con la asesoría legal gratuita en materia laboral y considerar el servicio en el cantón de Sarapiquí.
En la mesa principal participaron el Presidente de la Corte, Carlos Chinchilla Sandí, la Vicepresidenta, Carmenmaría Escoto Fernández, los magistrados Jesús Ramírez Quirós, William Molinari Vilchez y la magistrada Sandra Zúñiga Morales; la y los integrantes del Consejo Superior, Laura Chaves Lavagni, Carlos Montero Zúñiga, Gary Amador Badilla y Ramiro Salvador Arauz; la Directora Ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins y la Secretaria General de la Corte, Silvia Navarro Romanini.
Cabe destacar que las autoridades judiciales realizaron una visita a los despachos judiciales ubicados en el edificio principal de los Tribunales de Heredia.
En la tarde, se organizó un espacio para el diálogo con la comunidad.
La actividad contó con la participación de magistrados, magistradas, integrantes del Consejo Superior, la Fiscalía General, Defensa Pública, Organismo de Investigación Judicial, directores y directoras administrativas, la Secretaría General de la Corte, la Contraloría de Servicios, funcionarios y funcionarias de Heredia, San Rafael, San Isidro, Sarapiquí, Santo Domingo y San Joaquín de Flores, los alcaldes municipales de Heredia, Belén, San Pablo y San Isidro, fuerzas vivas de la provincia, personas usuarias y del Colegio de Abogados de la Filial de Heredia, representante de la Parroquia Inmaculada Concepción de Heredia, delegaciones policiales, centros educativos, centros de salud, centros de atención a la persona adulta mayor, entre otros.
- Detalles
-
Publicado: Viernes, 20 Abril 2018 11:38
• XIX Cumbre Judicial Iberoamericana se desarrolla en Quito, Ecuador del 18 al 20 de abril
El Poder Judicial costarricense participa durante esta semana en la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana, que se celebra en Quito, Ecuador del 18 al 20 de abril.
La delegación es liderada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Carmenmaría Escoto Fernández, el magistrado Coordinador Nacional de Cumbre Judicial Iberoamericana, Román Solís Zelaya y el magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga.
El Poder Judicial de Costa Rica reafirmó el compromiso con Cumbre Judicial, con la integración de las comisiones en temas puntuales.
El magistrado Román Solís Zelaya mantiene su designación como coordinador nacional para Costa Rica de Cumbre Judicial Iberoamericana e integrante de la Comisión de Justicia Abierta, mientras el Presidente de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas Loáiciga mantiene su labor en el Grupo E-Justicia.
La Comisión de Seguimiento de Reglas de Brasilia la integrará la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Carmenmaría Escoto Fernández. La Presidenta de la Sala de Casación Penal, Doris Arias Madrigal, dará su aporte en la Comisión Permanente de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos Tribunales de Tratamiento de Droga y Alcohol (MARC-TTD); el magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez asume la integración en la Comisión de Ética Judicial y la magistrada suplente, Damaris Vargas Vázquez formará parte de la Comisión de Ambiente.
Además, el Poder Judicial de Costa Rica con el apoyo de funcionarios judiciales especializados, dieron importantes aportes en ejes de trabajo como Formación Judicial, nuevas tecnologías e innovaciones procesales, ésta última con la participación activa del magistrado William Molinari Vílchez.
Propuestas concretas en materia de Justicia Juvenil Restaurativa y Justicia Ciudadana y Participativa, fueron temas claves que se discutieron y aprobaron de forma unánime y por aclamación durante la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana que se desarrolla en Quito, Ecuador.
La participación del Poder Judicial ha sido clave en estas temáticas para favorecer el desarrollo de la justicia iberoamericana.
- Detalles
-
Publicado: Viernes, 20 Abril 2018 11:31
• Durante VII Feria de Justicia y Tecnología, en el marco de la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana, que se realiza en Quito, Ecuador.
El Poder Judicial de Costa Rica presentó sus proyectos de investigación y desarrollo en el uso de Big Data e inteligencia de negocios.
Imagen que contiene interior, persona, suelo, de pie Descripción generada con confianza muy alta
El equipo liderado por el magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga participa en la VII Feria de Justicia y Tecnología que se desarrolla como parte de las actividades de la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana, que tiene este año su sede en Quito, Ecuador.
El magistrado Rivas Loáiciga expuso sobre el uso de las tecnologías de innovación como el machine learning y el bid data aplicadas a las estadísticas judiciales y la inteligencia de negocios en la implementación de técnicas de manipulación, transformación y visualización de información para potenciar las habilidades del recursos humano judicial y la rendición de cuentas.
En el desarrollo tecnológico del Poder Judicial se destacaron los reportes estratégicos con información unificada de nuestras bases de datos, para controlar la formulación presupuestaria, ejecución de fondos del estado y la gestión de expedientes judiciales incluyendo materias como pensiones alimentarias, violencia doméstica, entre otras.
También se expuso sobre el análisis de sentimientos sobre redes sociales como Facebook y Twitter, con el fin de monitorear la opinión pública y realizar campañas de imagen o procesos de mejora en los diferentes servicios. El uso de predicciones para estimar la cantidad de expedientes que entrarán o que serán procesados en un juzgado, en una materia específica y los chatbots, el cual consiste en un chat automatizado para solucionar consultas comunes con personas usuarias internas y externas.
El equipo además contó con la participación de las funcionarias de la Dirección de Tecnología de la Información, Indira Melissa Calvo Gould, Carmen Quesada Chacón, Jefa, Sistemas de Información y Kattia Morales Morales, Directora, quienes tuvieron a cargo exponer los avances sobre integración tecnológica, el desarrollo del expediente electrónico y la Gestión de Archivo.
En la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana participa el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí y el Magistrado Román Solís Zelaya, Coordinador Nacional de Cumbre para Costa Rica.
- Detalles
-
Publicado: Lunes, 02 Abril 2018 08:38
· Costa Rica recibe Presidencia Pro Témpore 2018
A partir de este jueves 22 de marzo, operadores de Justicia de los países de Centroamérica y el Caribe, se reúnen en Costa Rica para discutir los avances y compromisos sobre políticas en materia de aplicación de Justicia y Seguridad Jurídica, en la región.
Se trata de la “Reunión Ordinaria del Consejo Judicial para Centroamérica y el Caribe”, que se lleva a cabo en nuestro país los días 22 y 23 de marzo.
La cita cuenta con la participación de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Costa Rica, Presidentes de Poderes Judiciales y Tribunales de Justicia de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba; así como de España y México quienes asisten en calidad de miembros observadores.
También asisten representantes de la Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), cuerpo diplomático, organismos internacionales socios para el desarrollo.
En representación del Poder Ejecutivo participó el Ministro de Relaciones Exteriores, Manuel González Sáenz.
La apertura de la reunión realizada hoy jueves estuvo a cargo del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Hernán de León Batista, en calidad de Presidente Pro Témpore 2017.
“Esta reunión nos conducirá a tomar acuerdos importantes de nuestros pueblos hermanos y constituye un foro propicio para el intercambio de iniciativas y aspectos de justicia que permitan potenciar nuestro compromiso con la región.”; indicó el Presidente León.
En la ceremonia inaugural el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Carlos Chinchilla Sandí, recibió la Presidencia Pro Témpore del Consejo Judicial de Centroamérica y el Caribe (CJCC), para el año 2018.
“Quiero agradecer la confianza depositada por los distintos países, para que sea Costa Rica quien asuma este año ésta Presidencia. De mi parte puedo garantizarles mi mayor compromiso para asumir de manera responsable, transparente y colaborativa, esta labor; a fin de que todos los proyectos y acciones que se deriven de esta reunión, cuenten con el seguimiento adecuado para cumplir con los objetivos propios del Consejo.”, señaló el Magistrado Chinchilla Sandí, tras recibir la Presidencia Pro Témpore.
Con motivo de la celebración de ésta reunión, el magistrado Chinchilla destacó el trabajo colaborativo de los Presidentes y Presidenta de las Altas Cortes que participaron activamente en el fortalecimiento de los Poderes Judiciales, como un mecanismo garante de las democracias modernas. Así como la cooperación y voluntad de los países para el establecimiento de políticas judiciales unificadas que permitan fomentar la cooperación institucional.
Se potencia la solidaridad entre Poderes Judiciales, el intercambio y divulgación de buenas prácticas, la independencia judicial y la promoción de la impartición de Justicia en la región con un carácter más humano.
El Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe (CJCC), es el órgano integrador de políticas en materia de Aplicación de Justicia y Seguridad Jurídica entre los Poderes Judiciales de los países de la región, y que tiene como uno de sus objetivos, potenciar la institucionalidad de los operadores judiciales como instituciones del Estado con independencia política, funcional y económica, coadyuvando a la defensa del Estado de Derecho; consolidar la imparcialidad, estabilidad e independencia de los magistrados (as) y jueces (as) de los países miembros.
La actividad es organizada por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, y la Coordinación Nacional ante el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe. También asistieron Poder Ejecutivo costarricense y jerarcas de instancias judiciales del Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública y Escuela Judicial.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 14 Marzo 2018 15:02
· Emilia Navas Aparicio, primera mujer en ocupar el alto cargo del Ministerio Público
Mediante una votación pública y con la participación de medios de comunicación, los 22 magistrados y magistradas que integran la Corte Plena, acordaron nombrar de manera unánime a Emilia Navas Aparicio, en el cargo de Fiscala General de la República.
La decisión se tomó por acuerdo firme, en sesión de Corte Plena de este lunes 12 de marzo del 2018.
La elección al cargo, se realizó a través de un proceso abierto y con total transparencia. Así lo señaló el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí.
“Es una decisión histórica por dos razones muy importantes, primero porque es la primera vez que la Corte Plena con un gran compromiso democrático y de transparencia, decidió que la votación fuera abierta y pública, y con ello éste órgano se ajusta a los tiempos modernos de la trasparencia; y segundo porque Emilia Navas es la primera mujer en ocupar en propiedad el cargo de Fiscala General de la República, y eso nos llena de mucho orgullo, pues se reconoció las habilidades, capacidad, conocimiento y entrega en el trabajo que ha venido desarrollando en el Ministerio Público”, indicó Chinchilla Sandí.
Por su parte la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y Coordinadora de la Comisión de Nombramientos del Poder Judicial, Carmenmaría Escoto Fernández, destacó el nombramiento, como un acontecimiento importante al representar la primera mujer fiscal, en ocupar la máxima jerarquía del Ministerio Público. “El nombramiento de doña Emilia Navas representa otro avance muy importante en la igualdad de género de este país”.
“Me siento muy honrada con este nombramiento, al igual que lo hice hace pocos meses en el que juré cumplir fielmente el trabajo, lo vuelvo hacer hoy, poniendo en práctica una vez más, los valores con los que me he formado y que me permiten realizar cada una de mis tareas con probidad, honestidad y asumiendo con responsabilidad el compromiso con la institución, el Ministerio Público y el país”, afirmó Emilia Navas tras su juramentación como Fiscala General de la República.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 07 Marzo 2018 08:39
- Encuentro sirvió para informar sobre el trabajo que se realiza en el campo tecnológico en beneficio de la atención de la persona usuaria
Dar a conocer los avances en materia de tecnologías de la información en relación con el servicio judicial interno y externo, fue el objetivo del encuentro sostenido entre la Comisión Gerencial de Tecnología del Poder Judicial e integrantes del Consejo Superior.
La actividad se llevó a cabo el miércoles 28 de febrero en el edificio de la Corte Suprema de Justicia, en la cual la Dirección de Tecnología de la Información informó sobre los proyectos de innovación que se ha venido desarrollando en coordinación con otros órganos de la institución.
Para el Magistrado coordinador de la Comisión Gerencial, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, es fundamental destacar el trabajo que se desarrolla en materia de tecnologías de la información, específicamente en la creación de diferentes programas y aplicaciones para la mejora de la tramitación judicial.
“Las tecnologías de la información se adaptan completamente a la tramitación judicial, ya que nos permiten manejar y analizar documentos para resolver los asuntos con mayor rapidez y seguridad, lo que potencia la decisión judicial, haciéndola más asequible, ágil y segura” señaló el Magistrado.
Para Kattia Morales Navarro, Directora de Tecnologías de la Información, es importante resaltar que todo esta labor tiene como fin mejorar los procesos judiciales en todas las áreas de la institución, por lo que este acercamiento con el Consejo Superior se reviste de relevancia para actualizarles sobre el avance tecnológico judicial.
Morales Navarro señaló que es vital que la gerencia de la institución esté enterada de los pasos que se han venido dando, para así definir hacia donde se quiere llevar a la institución en materia tecnológica en los próximos años, planificar el trabajo y mejorar en las áreas que así lo ameriten.
También, Carmen Quesada Chacón, Jefa de la Sección de Sistemas de Información, destacó los servicios diseñados para el beneficio de la persona usuaria, tanto en la aplicación móvil como en la página web del Poder Judicial, resaltando temas como la consulta de la hoja de antecedentes penales, las pensiones alimentarias, impedimentos de salida del país entre otros.
“Es importante que el Comité Gerencial y el Consejo Superior conozcan sobre el trabajo que hacemos, el cual se hace con mucho esfuerzo y aprovechando los recursos existentes. Presentamos resultados y demostramos que contribuimos con la transparencia y la eficiencia del Poder Judicial” indicó Quesada Chacón.
Entre los diferentes proyectos que se presentaron destaca el Big Data, en que contempla el análisis de información en torno a los sentimientos en redes sociales como Facebook y Twitter en relación con el Poder Judicial.
Dicha herramienta permite analizar el comportamiento de las redes sociales y lo que ahí se dice de la institución, lo que permite dar una respuesta adecuada ante cada publicación que así lo requiera. Además, mediante este sistema, se puede almacenar información estadística sobre diferentes temas, lo que permite hacer mediciones y predicciones.
La presentación estuvo a cargo de Vivian Rímolo Soto, de la Gestión de Despachos Judiciales, Martín Hernández Serrano, Jefe del Área de Infraestructura y Carmen Quesada Chacón, jefa de la Sección de Sistemas de información.
En la reunión también estuvieron presentes el Presidente de la Corte, Carlos Chinchilla Sandí, la Vicepresidenta de la Corte, Carmenmaría Escoto Fernández, la Directora Ejecutiva, Ana Eugenia Romero Jenkins y los integrantes del Consejo Superior, Carlos Montero Zúñiga, Gary Amador Badilla, Ramiro Arauz Montero y Laura Chaves Lavagni.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 07 Marzo 2018 08:36
- Poder Judicial pone a disposición nuevo servicio
- Personas usuarias pueden consultar horarios de entrega
- Gestión en línea es personal y debe solicitar usuario y contraseña.
Con solicitar un usuario y contraseña en cualquier despacho o Contralorías de Servicios en todo el país o en el Registro Judicial de San José, las personas pueden obtener la hoja de delincuencia en forma digital.
En el Sistema de Gestión en Línea, ubicado en la página web del Poder Judicial (www.poder-judicial.go.cr) puede consultar los horarios de envío del documento, para que elija el que mejor se adapte a sus necesidades.
El trámite es una gestión personal y también puede solicitarse mediante la aplicación móvil del Poder Judicial, disponible en sistema Android y IOS.
“El importante avance e innovación tecnológica que hoy presenta el Poder Judicial, significa un paso más en beneficio de los servicios que nosotros prestamos todos los días. También significa un acercamiento hacia el usuario, en reconocimiento del acceso a la justicia como un derecho fundamental,que implica para nosotros funcionarios y funcionarias judiciales ese dinamo que nos permite aproximar los servicios que presta el poder judicial a nuestro destinatario”, comentó Carlos Chinchilla, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Paso a seguir
“El servicio está concebido para que la persona usuaria solicite a través del Sistema de Gestión en Línea la certificación para fines laborales. El usuario y contraseña, podrá obtenerlo en las Contralorías de Servicios del Poder Judicial, o en las ventanillas del Registro Judicial. Esta contraseña garantiza que la persona usuaria sólo podrá acceder a la información relacionada con su identificación, en resguardo al derecho a la intimidad protegido constitucionalmente”, explicó Saúl Arce Brenes, Jefe del Registro Judicial.
Luego, las personas solo deben ingresar al Sistema de Gestión en Línea, ubicado en la página web institucional: www.poder-judicial.go.cr.
Se elige la opción “Solicitud de hoja de antecedentes penales”. Con solo ingresar el nombre y número de cédula, el sistema automáticamente llena la información personal y al final del formulario, solo debe introducirse el número de teléfono y un correo electrónico en el cual recibirá un enlace para descargar la certificación, según los horarios de entrega establecidos por el Registro Judicial.
Las solicitudes que ingresen en días no hábiles el día anterior y hasta las 9:59 a.m. podrán contar con la certificación de antecedentes penales alrededor de las 10 de la mañana.
Quienes ingresen la solicitud entre las 10 a.m. y 11:49 a.m., el sistema generaría el documento alrededor de las 11:50 a.m.
Las gestiones entre las 11:50 p.m. y las 2:29 p.m., el documento se enviaría a las 2:30 p.m.
Y las que ingresan a partir de las 2:30 p.m. y hasta las 4:24 p.m., las certificaciones se enviarían a las 4:25 p.m.
Según explicó Arce Brenes, “… el nuevo servicio incorpora la firma digital, que otorga y garantiza autenticidad a la certificación electrónica. Si el documento es alterado, la firma se invalida”.
De acuerdo con el Contralor de Servicios del Poder Judicial, Erick Alfaro Romero, al poner a disposición este servicio, el Poder Judicial demuestra que escucha a la persona usuaria.
“Esta era una mejora que solicitaban las personas usuarias, aprovechando el desarrollo tecnológico. El documento digital que se expide cumple con todas las características formales de la certificación física y tiene el mismo valor, siempre que se entregue en formato digital en los lugares donde la soliciten y contiene lamisma información para fines laborales. Hay que recalcar que sigue siendo un trámite personal y que la contraseña y usuario, solo sirve para hacer gestiones personales”, puntualizó Alfaro Romero.
Para consultas y guía en el uso del sistema, se habilitaron las líneas telefónicas 2295-3682 / 2295-3460.
Además, está en desarrollo una aplicación para que los empleadores y empresas que reclutan personal puedan, más adelante, verificar la autenticidad de las certificaciones de antecedentes digitales, que presenten las personas.
Este trabajo ha sido posible, gracias a labor conjunta de la Dirección de Tecnología de Información, la Dirección Ejecutiva, el Registro Judicial y la Contraloría de Servicios, con el apoyo del Despacho de la Presidencia de la Corte.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 27 Febrero 2018 11:39
“Esta es una obra constructiva que responde a un proyecto institucional.
Esta es una zona de alto riesgo por inundaciones, por lo que estamos en la obligación de darle tranquilidad a nuestro personal judicial y personas usuarias la seguridad que necesitan”, así se expresó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí al llegar a la zona donde se construye el nuevo edificio de Tribunales de Justicia ubicado en la cabecera del cantón de Osa, Ciudad Cortés, localizado en lo que será el Complejo Cívico Cantonal.
La nueva obra la entregará la empresa constructora antes que termine este año 2018, que albergará 65 colaboradores quienes integran nueve despachos judiciales.
Posteriormente se realizó una visita a cada una de las oficinas del actual edificio, llevando la buena noticia de que pronto tendrán un lugar seguro para realizar sus tareas diarias.
En cada oficina el personal judicial se mostró complacido por la construcción del nuevo inmueble. Atrás quedará la angustia de inundación en época lluviosa, con la esperanza y convicción de que su lugar de trabajo soportará las inclemencias del tiempo en el invierno.
Las oficinas judiciales en Osa fueron una de las regiones más afectadas por el embate de la tormenta Nate el año anterior, por ello la Presidencia de la Corte y la Comisión de Construcciones ubicaron a Osa dentro del plan constructivo como una obra prioritaria y así lo aprobó Corte Plena.
La visita la realizó el jerarca judicial el 15 de febrero 2018, en compañía del Alcalde Municipal Alberto Cole de León, la Presidenta del Concejo Municipal Maritza Jiménez, la administradora del circuito Aura Yanes.
También participaron integrantes del Consejo Superior, Dirección Ejecutiva, Comisión Institucional de Emergencias y Comisión de Construcciones. El equipo técnico mostró los planos que identifican la ubicación de cada oficina y las áreas públicas de atención a las personas usuarias.
En la visita a los despachos, la Asociación Solidarista de Empleados Judiciales (ASOSEJUD) entregó mobiliario y electrodomésticos a las personas afectadas por el embate de Nate el año anterior.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 30 Enero 2018 11:39
Limón: Infraestructura judicial moderna es una realidad
· Diseño toma en cuenta criterios de accesibilidad y condiciones amigables con el ambiente.
Una Tercera Torre en el edificio de los Tribunales de Limón entró en funciones y refuerza los servicios de administración de justicia que se brindan desde la policía judicial y los despachos en materia civil, laboral, penal y penal juvenil.
El levantamiento de la obra gris tuvo una duración de un año y 9 meses aproximadamente, con un costo total de ¢3.248.088.123,40, en un área de construcción de 3 053 metros cuadrados.
Atendiendo criterios de accesibilidad, siguiendo las disposiciones de la Ley 7600 y criterios ambientales, la Tercera Torre Judicial de Limón se conecta con el edificio principal de Tribunales.
Para el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, las nuevas instalaciones otorgarán beneficios a la administración de justicia para la comunidad limonense y con ello el acceso a la justicia sin limitaciones.
“La Edificación de esta tercera Torre en los Tribunales de Justicia de Limón nos permite reforzar la presencia institucional del Poder Judicial. De igual manera, mayor cercanía para brindar un mejor servicio a la ciudadanía por medio de una infraestructura de primer nivel mediante condiciones modernas” destacó Chinchilla Sandí.
El coordinador de la Comisión de Construcciones del Poder Judicial, el magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga recalcó el impulso y desarrollo que se ha dirigido a Limón.
“Este esfuerzo es importante porque demostramos que los recursos públicos se invierten bien en infraestructura, que alberga en condiciones adecuadas a los funcionarios judiciales y con ello mejora el servicio a las personas usuarias” puntualizó Rivas Loáiciga.
Una parte del edificio está integrada por dos niveles y albergará a la Delegación del OIJ de Limón, espacio que se amplía para contar con cuarto de custodios, de contención, de reconocimiento con cámara de Gessell y dos celdas con sistema antivandálico en los accesorios iluminación y mecánicos.
La otra parte se compone de cuatro niveles y se ubicarán salas de juicio; una de estas con cámara de gessell para atender a personas víctimas, salas de testigos, de deliberación, un cuarto de lactancia. Además se ubican el Juzgado Penal Juvenil, Juzgado Civil, Tribunal Civil, entre otros espacios específicos.
La Torre incluye ascensores, escaleras de emergencia, sistema de aire acondicionado, de iluminación con ahorro energético, de alarma contra incendios, sistema de paneles solares fotovoltaicos, ahorro de agua, entre otros.
En el acto oficial participaron magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, representantes del Consejo Superior, de los Tribunales de Limón, de la Defensa Pública, el Organismo de Investigación Judicial, el Despacho de la Presidencia, la Dirección Ejecutiva, Dirección de Tecnología de la Información, Gestión Humana, Servicios Generales, la Contraloría de Servicios, el Centro de Apoyo a la Gestión Jurisdiccional, diputados de la región y representantes de la Municipalidad.
- Detalles
-
Publicado: Lunes, 22 Enero 2018 15:37
La Corte Plena inició la discusión de la propuesta de ley para establecer la Carrera Fiscal, para garantizar la idoneidad y capacidad de las personas que se nombren en propiedad y de forma interna en el Ministerio Público.
Se analiza que únicamente mediante concurso por competencias, se realicen los nombramientos en propiedad de los cargos en la Fiscalía.
Las magistradas y los magistrados aprobaron durante la sesión de Corte Plena de esta mañana, los primeros 9 artículos de la propuesta de proyectos de ley sobre Carrera Fiscal. Y se contó con los aportes de la Fiscala General y la Fiscala Subrogante, Emilia Navas Aparicio y Mayra Campos Zúñiga, respectivamente.
La administración de la Carrera Fiscal estará bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa del Ministerio Público y la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, con el apoyo de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial.
Además, se crea el Consejo de la Carrera Fiscal, el cual estará integrado por la Fiscala o Fiscal General, el Fiscal o Fiscala Adjunto de la Unidad de Capacitación, la Jefatura de la Unidad Administrativa del Ministerio Público y por dos fiscales o fiscalas adjuntas nombradas por el Consejo Fiscal.
El Consejo de la Carrera Fiscal deberá recomendar los requisitos de los diversos concursos internos; así como presentar la terna conformada con las tres personas que hayan obtenido la mejor calificación, en el registro elegibles y según el puesto para el cual ofertaron. Además será un órgano consultor de la Fiscalía General, entre otras atribuciones.
Se estableció que el escalafón de las personas integrantes del Ministerio Público será un registro de acceso público, el cual deberá considerarse a la hora de evaluar los ascensos y movimientos internos dentro del Ministerio Público, pues se tomará en cuenta méritos, evaluación de desempeño, capacitación y tiempo servido.
Se deberá mantener un expediente de cada persona funcionaria del Ministerio Público, con datos como nombramientos, ingreso, declaraciones juradas, movimientos, reconocimientos, acciones disciplinarias, capacitaciones recibidas, entre otros.
Con ello se busca potenciar y desarrollar las competencias profesionales básicas, para el desempeño de sus labores, garantizando con ello la capacidad e idoneidad funcional y ética, sobre la base de criterios objetivos y transparencia en la valoración.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 17 Enero 2018 16:06
Agilizar la discusión en el pleno de la Corte Plena durante el conocimiento de los proyectos de reformas urgentes al Poder Judicial, es el compromiso que asumieron los magistrados y magistradas este lunes 15 de enero, al aprobar una serie de reglas básicas.
“Con ello hemos logrado poner un orden y tiempos relevantes para ser céleres en el conocimiento de los proyectos de reformas urgentes. Reafirmamos el proceder responsable de la Corte Suprema de Justicia, de sus magistrados y magistradas. Este reglamento permitirá que en tiempos efectivos concretemos un compromiso que adquirimos con la ciudadanía”, puntualizó Carlos Chinchilla Sandí, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
El acuerdo de Corte Plena definió que las reformas se conocerán los lunes en las sesiones de la mañana. Además se mantiene abierta la posibilidad de convocar sesiones extraordinarias para continuar con el análisis, si así lo considera el Presidente de la Corte o a solicitud de siete magistrados y magistradas.
Las propuestas se conocerán conforme cada equipo de trabajo las concreta y las remita ante Corte Plena y se tomará en consideración el interés institucional y la necesidad del programa de medidas urgentes.
Se establecen tiempos específicos para el uso de la palabra de magistrados y magistradas, el cual no podrá exceder los cinco minutos durante la discusión y podrá cederse este tiempo a otro integrante de la Corte.
En la página web http://www.poder-judicial.go.cr/unmejorpj/index.php/documentos-corte-plena, se pueden ubicar los productos entregados a Corte Plena y listos para discusión. Una vez aprobados los documentos, también se publicarán en este sitio.
Carrera Fiscal inicia trámite de aprobación
El establecimiento de la Carrera Fiscal será el primer producto que se someterá a discusión y aprobación de Corte Plena, bajo estos nuevos lineamientos internos, durante la sesión de la mañana del lunes 22 de enero.
Se definió que por lo complejo de la propuesta, se analizará y aprobará el documento por segmentos. En esta primera sesión se analizarán del artículo primero al 20. Para el 29 de enero, se procederá con la discusión del artículo 21 al 31 y se espera finalizar el 5 de febrero, del artículo 32 al 41, hasta su aprobación final.
Para el magistrado Fernando Cruz Castro, coordinador del equipo de trabajo que tuvo a cargo trabajar en la propuesta de Carrera Fiscal, “…esta es una aspiración de hace muchos años, porque considero que este es uno de los proyectos urgentes y que permitirá fortalecer la institucionalidad de la Corte y de la Fiscalía. Hoy se cuenta con más de 450 fiscales en el país, con el conocimiento de asuntos de mayor complejidad y sensibilización política ante reformas legales”.
Además destacó el trabajo emprendido por la Fiscalía General, el magistrado Paul Rueda Leal y la Asociación Costarricense de Fiscales y Fiscalas de Costa Rica.
- Detalles
-
Publicado: Martes, 16 Enero 2018 10:21
La Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Carmenmaría Escoto Fernández planteó en Corte Plena de este lunes, un pronunciamiento en defensa de la dignidad de las mujeres que laboran para el Poder Judicial, tras las manifestaciones de un candidato a la presidencia días atrás, quien cuestionó los ascensos de las funcionarias judiciales.
La iniciativa fue apoyada por las magistradas Doris Arias Madrigal, Iris Rocío Rojas Morales y las magistradas suplentes Sandra Zúñiga Morales y Marcela Allón Zúñiga. El pronunciamiento oficial fue avalado por Corte Plena y declarado acuerdo firme.
Las magistradas que integran el máximo órgano judicial, defendieron los procesos transparentes y profesionales que marcan la carrera judicial de las mujeres que laboran para la institución.
La Vicepresidenta Carmenmaría Escoto Fernández señaló que “…como mujer, como Vicepresidenta de la Corte, de manera enfática, no acepto que se ponga en duda ningún proceso o procedimiento de ascenso, de las mujeres juzgadoras y demás funcionarios y funcionarias del Poder Judicial. Tengo más de 30 años en la institución y con orgullo, claridad y viéndoles a los ojos, al igual que mis compañeras, les hemos de decir que estamos aquí por nuestros logros, del sacrificio nuestro y de nuestras familias, por todo lo que aprendemos a diario”.
Por su parte, la magistrada de la Sala Primera, Rocío Rojas Morales indicó que “…las mujeres en el Poder Judicial hemos ascendido con esfuerzo y dedicación. Para nosotras que nos corresponde participar en la formación de los hijos, de la atención del hogar y la oficina, la tarea es muy agotante. Las mujeres hemos hecho un gran esfuerzo por ascender en lo que nos hemos formado y de manera alguna, vamos a permitir que se sugiera que aquí se logra alcanzar estos puestos con otra forma que no sea la excelencia profesional y la excelencia de nuestro esfuerzo y el de nuestras familias. Este es el ejemplo de sacrificio de esfuerzo y de valentía de las que estamos aquí y no vamos a permitir que nadie menoscabe esto y lo hacemos por nosotras y las futuras generaciones”.
En criterio de la Presidenta de la Sala de Casación Penal, Doris Arias Madrigal, “…el Poder Judicial desde hace más de 20 años tiene una carrera judicial instaurada. Todas las personas para poder ascender a los cargos, gracias a esta legislación, pasarnos por criterios objetivos de selección y frente a esos criterios de selección debemos demostrar la idoneidad en el ejercicio de los cargos públicos. En razón de ello, me siento orgullosa de ser costarricense, pero también me siento orgullosa de ser funcionaria judicial, que ha logrado los ascensos en esta institución gracias a la excelente carrera judicial que tenemos. No debemos ser violentadas desde el punto de vista de la violencia política y la violencia estructural”.
La magistrada suplente de la Sala de Casación Penal, Sandra Zúñiga Morales, hizo hincapié en unirse “…a cada una de las manifestaciones de apoyo que se han expresado a través de la Presidencia y de los diversos gremios de la institución. Rechazo cualquier insinuación que denigre los esfuerzos y sacrificios de cada mujer de esta institución y en general del país. Invito a cada una de las mujeres judiciales para que sigan profesionalizándose, superándose y dando un ejemplo no solamente a la sociedad actual, sino también a las futuras generaciones. La llave del éxito siempre estará en el mayor esfuerzo en cada una de nuestras labores”.
Por su parte, la magistrada suplente de la Sala Segunda, Marcela Allón Zúñiga, expresó que “…como mujer, frente a una serie de comentarios que nos deslegitiman los esfuerzos que cada una de las mujeres de este país hacemos por sacar adelante, no solamente a nosotras mismas y superarnos, sino también a nuestras familias. Las estadísticas demuestran el nivel educativo en la formación formal que hemos superado las mujeres de este país”.
Finalmente, los magistrados y la magistrada de la Sala Constitucional no se pronuncian sobre el tema planteado en el comunicado porque tienen en conocimiento, recursos que figura como parte, el candidato presidencial Juan Diego Castro Fernández.
- Detalles
-
Publicado: Jueves, 21 Diciembre 2017 16:14
La Ley Orgánica del Poder Judicial, vigente desde 1994, autoriza a disponer de licencias con goce de salario para ejecutar proyectos de interés institucional y urgentes, para brindar un servicio público de calidad.
Estas licencias tienen respaldo en lo que dispone el numeral 44, párrafo cuarto, de dicha Ley, que en lo que interesa señala: “…en casos muy calificados y para asuntos que interesen al Poder Judicial, la Corte podrá conceder licencias con goce de sueldo o sin el a los Magistrados y el Consejo a los demás servidores hasta por un año prorrogable por periodos iguales, a fin de que los servidores judiciales se desempeñen temporalmente en otras dependencias del Estado, o bien cuando les encargue labores y estudios especiales”.
Así mismo en el artículo 81, inciso 18) se dispone que al Consejo Superior del Poder Judicial le corresponde: “… conceder licencias con goce de sueldo a los servidores judiciales, para realizar estudios o proyectos que interesen al Poder Judicial”.
Consecuentemente, este es un mecanismo legal y ordinario al cual se ha venido recurriendo desde hace varios años atrás, para cubrir las necesidades del servicio público en proyectos estratégicos de interés nacional.
El costo económico para cubrir esas licencias, se incluyeron dentro del presupuesto institucional, tramitado por el Ministerio de Hacienda, expuesto ante la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios y aprobado por el Plenario Legislativo, en segundo debate el día 23 de noviembre del presente año.
Riguroso control. La ejecución e implementación de los proyectos en donde se empleará el recurso humano tienen fundamento en estudios técnicos, realizado por las unidades administrativas responsables, según las necesidades del servicio público y con el fin de garantizar una mejor atención al usuario y una mayor eficiencia, sin que implique la creación de nuevas plazas permanentes ordinarias.
El seguimiento y control se realiza bajo un enfoque científico de administración de proyectos, sujeto a evaluación del desempeño de los servidores y las servidoras judiciales.
El nombramiento de las personas juzgadoras que forman parte del plan se apega a la Ley de Carrera Judicial, que garantiza un proceso transparente, objetivo y bajo parámetros de idoneidad, y que cuenta con los controles y procedimientos respectivos por parte de las unidades técnicas responsables y en donde no hay injerencia del nivel de dirección del Poder Judicial.
Es decir, se eligen profesionales tomando en cuenta el cumplimiento de los requisitos que exige el Manual de Puestos del Poder Judicial. Estos requisitos también deben cumplirlos las demás personas servidoras del Poder Judicial.
Actualmente la institución desarrolla proyectos para ejecutarse en el 2018, por ello se requiere personal adicional, aprobados por el Consejo Superior en la sesión del 7 de diciembre 2017 por un plazo de tres meses, costos que se encuentran contemplados en el presupuesto recién aprobado por la Asamblea Legislativa.
De no hacerlo se impactaría de manera abierta la ejecución de proyectos estratégicos para la mejor atención de la persona usuaria y el desarrollo institucional.
Beneficios para las personas usuarias. La institución tiene previsto con estos recursos exclusivamente impulsar proyectos que incidirán en la prestación de un mejor servicio público, donde se espera obtener, entre otros, los siguientes beneficios para las personas usuarias.
- Transformación física a electrónica en los diferentes despachos judiciales, que permitirá un acceso digital a los expedientes por parte de la ciudadanía.
- Incremento en la cantidad de señalamientos y sentencias.
- Disminución en los tiempos de espera para la realización de juicios.
- Definición de indicadores de gestión en todas las oficinas.
- Estandarización de agendas.
- Definición de una estructura modelo de trabajo en las diferentes oficinas.
- Mejor aprovechamiento de los recursos institucionales.
Entre los proyectos prioritarios se encuentra reforzar la jurisdicción penal, principalmente en el señalamiento de audiencias y juicios para reducir los tiempos de duración, que es una de las principales quejas de las personas usuarias.
Es así que la institución procura y propone acciones concretas para cumplir con el mandato constitucional de justicia pronta y cumplida.
- Detalles
-
Publicado: Jueves, 21 Diciembre 2017 10:32
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí y los coordinadores de los equipos de trabajo que tiene a cargo la construcción de las propuestas de reformas urgentes al Poder Judicial se reunieron para analizar la forma de garantizar la agilidad en las discusiones de estos temas en las sesiones de Corte Plena.
El producto sobre Carrera Fiscal tendrá la prioridad de discusión a partir del mes de enero de 2018.
Se definió que las sesiones de los lunes en la mañana, de 8:00 a.m a 12:00 m.d, serán el espacio de discusión de los productos de reformas urgentes.
“Definimos prioridades durante la reunión de coordinadores de equipos de trabajo. En este momento la propuesta del proyecto de ley de Carrera Fiscal es la que consideramos más importante, por lo que proponemos algunas normas prácticas para sacar en tiempo efectivo las reformas definidas, con el fin de que de parte del Poder Judicial se implementen de forma inmediata las que así lo permitan, y acudiríamos a la Asamblea Legislativa en aquellas propuestas que requieran una reforma legal y constitucional”, explicó Chinchilla Sandí.
Para los magistrados y magistradas de Corte Plena es fundamental que la ciudadanía esté informada del trabajo que se realiza en esta materia.
En la reunión participaron los magistrados Carlos Chinchilla Sandí, Presidente de la Corte, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Román Solís Zelaya, William Molinari Vílchez, Orlando Aguirre Gómez, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, Fernando Cruz Castro y Paul Rueda Leal, el letrado de la Sala de Casación Penal, Ricardo Salas Porras, la Directora de la Defensa Pública Diana Montero Montero, la Directora Ejecutiva de la CONAMAJ, Sara Castillo Vargas, la Directora del Despacho de la Presidencia, Patricia Bonilla Rodríguez y el asesor de la Presidencia, Juan Humberto Rodríguez Barrios.
- Detalles
-
Publicado: Domingo, 10 Diciembre 2017 11:35
Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia no tienen competencia alguna para determinar cuándo, cómo o por qué se jubila un empleado judicial, ese es un tema que le corresponde definir a ciertos órganos técnicos e independientes como lo son el Departamento de Gestión Humana, el Consejo Superior del Poder Judicial y, cuando hay una especial condición de salud, el Departamento de Medicina Legal (Medicatura Forense) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en particular el Consejo Médico Forense (órgano colegiado integrado por diversos especialistas en ciencias médicas y de la salud, previsto en los artículos 34 y 35 de la Ley Orgánica del OIJ).
La verificación o cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y técnicos para una jubilación son resorte de los órganos técnicos indicados.
El artículo 81, inciso 15), de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que es una competencia exclusiva del Consejo Superior del Poder Judicial “otorgar toda clase de jubilaciones y pensiones judiciales”.
En el caso de la jubilación por especiales condiciones de salud que generan un grado de incapacidad para ejercer sus funciones, llamada en el argot judicial como “separación para el mejor servicio público”, al empleado se le otorga una jubilación proporcional y permanente, además de liquidársele los derechos laborales correspondientes. Eso lo disponen los órganos técnicos e independientes señalados con fundamento en leyes vigentes y plenamente aplicables como lo son los artículos 223 del Código de Trabajo, 26, párrafo 4°, 226 y 228 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El Consejo Superior del Poder Judicial en reiteradas ocasiones ha utilizado esa facultad legal de jubilar a un empleado judicial por razones de salud e incapacidad para ejercer sus funciones. Obviamente, la persona a quien se le aplica puede discutir el asunto en las instancias administrativas y judiciales respectivas.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 01 Noviembre 2017 13:58
Con la integración formal de la Comisión de Crisis del Poder Judicial, la institución mantiene la coordinación permanente de las acciones que corresponden tras el paso de la Tormenta Nate en el país. Los esfuerzos se concentran en la atención de la población judicial afectada (Osa, Quepos, Guanacaste, Aserrí y Acosta) y la habilitación de los despachos judiciales en Osa.
Las decisiones han sido inmediatas, gracias al trabajo coordinado de la Presidencia de la Corte, que lidera el trabajo, los magistrados Luis Guillermo Rivas Loáiciga y Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, así como el Consejo Superior, la Dirección Ejecutiva, los Consejos de Administración de los Circuitos Judiciales del país, las Direcciones de Tecnología de la Información, Gestión Humana, el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público, el Centro de Apoyo a la Función Jurisdiccional, el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional y la Comisiones de Ética y Valores y Acceso a la Justicia.
A nivel administrativo, desde el Consejo Superior se han dictado directrices que permitieron al Poder Judicial actuar de forma expedita, como la declaratoria del asueto los días jueves 5 y viernes 6 de octubre, la potestad de los Consejos de Administración de las zonas afectas, para evaluar las condiciones y tomar acciones a favor de la seguridad del personal judicial, las personas usuarias, así como de los bienes de la institución.
La Comisión de Crisis y los Consejos de Administración mantienen una comunicación permanente para establecer las necesidades prioritarias de los despachos afectados y el personal judicial y se trabaja desde el pasado viernes 6 de octubre, en la rehabilitación de los servicios judiciales esenciales, en las zonas de mayor afectación.
Se ha coordinado el envío de ayuda para la limpieza de los inmuebles y el reemplazo del equipo y mobiliario de oficina que quedaron en desuso debido a las inundaciones. También se coordina el acopio y envío de alimentos no perecederos, de higiene básica y limpieza para las y los servidores judiciales en diferentes zonas del país que lo requieren y se emprenden acciones para atender al personal que aún se encuentra en las zonas de riesgo.
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 01 Noviembre 2017 13:57
Debido a los trabajos de reforzamiento estructural del edificio de la Corte Suprema de Justicia, a partir de este lunes 23 de octubre, se habilitará la puerta del costado este, la cual se encuentra detrás del edificio, como único acceso para personal judicial y personas usuarias, así mismo se mantendrá clausurada la puerta de acceso principal del costado oeste, la cual está frente del edificio.
Adicionalmente, se reubicaron temporalmente oficinas y despachos como la Secretaría General de la Corte: piso 8 (oficinas 802, 803, 805, 806 y 807), Secretaría Sala Primera: pisos 6 y 8 (oficinas 604, 605 y 804), Secretaría Sala Tercera: piso 6 (oficinas 603, 606 y 607), Contraloría de Servicios: piso 6 (oficina 601),Secretaría de Género: piso 8 (oficina 801), Justicia Restaurativa: pisos 6 y 8 (oficinas 602 y 808) y Oficina Contra el Retraso Judicial: piso 4, edificio del Juzgado de Tránsito.
Según explicó el Ingeniero de Poder Judicial, José Guillermo Vindas Cantillano, el edificio se reforzará por medio de la inserción de muros estructurales principalmente, estos se colocarán desde sus cimientos hasta el último nivel (piso 9). El objetivo principal es salvaguardar a la población civil que habita y visita el inmueble, mitigando finalmente la vulnerabilidad sísmica que tiene el edificio en la actualidad.
“Este reforzamiento actualizará su comportamiento ante cargas de solicitación sísmica según los requerimientos que exige el Código Sísmico 2010. Además, complementariamente se actualizarán todos los sistemas electromecánicos según lo solicitado por los códigos vigentes respectivos, incluida también algunas actividades internas en el área arquitectónica”, agregó Vindas Cantillano.
Estos cambios se mantendrán mientras los trabajos de reforzamiento así lo requieran y hasta nuevo aviso, con el fin de resguardar la seguridad de todas las personas que ingresen al edificio. El reforzamiento estructural inició este mes de octubre y está previsto que termine en abril del 2019 aproximadamente.
Los despachos de la Sala Segunda se trasladaron al edificio Mira, en Zapote y la Sala Constitucional al edificio Impala ubicado en Calle Morenos, sin embargo, esta última mantiene una oficina auxiliar de Recepción de Documentos en el piso 8 (oficina 800).
- Detalles
-
Publicado: Miércoles, 01 Noviembre 2017 13:54
Autoridades judiciales inauguraron la mañana de este viernes 27 de octubre, el nuevo edificio de los Tribunales de Justicia de Jicaral de Puntarenas.
Durante el acto oficial de apertura, el Presidente de la Comisión de Construcciones y de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas Loáiciga indicó que en los edificios judiciales, los funcionarios y las funcionarias tienen que resolver los casos con justicia, con imparcialidad e independencia para terminar con los conflictos para beneficio de las comunidades.
"Tenemos que regocijarnos con estas construcciones, con estos proyectos que llegan a su final, como es el caso de Jicaral", dijo el Magistrado Rivas Loáiciga.
Para la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Carmenmaría Escoto Fernández, esta es una ocasión muy trascendental e histórica, pues es una muestra del compromiso que tiene el Poder Judicial, por fortalecer su institucionalidad y reforzar su presencia en todas las localidades del país.
"Hoy inauguramos un edificio que traerá muchos beneficios para esta comunidad, pero también para todas las zonas aledañas de Puntarenas, porque tendrán oficinas judiciales más cercanas" señaló la vicepresidenta.
Luis Fernando Barrantes Chavarría, representante de la comunidad, aseguró que este edificio representa un sueño hecho realidad y mencionó que "la historia de las instituciones se construye a partir de los sueños de sus miembros y por qué no de su pueblo, la historia de nuestra comunidad ha sido construida a partir del impulso vital de generaciones de líderes".
El nuevo inmueble es una construcción sostenible, amigable con el ambiente, cuenta con un área de 1045 m2 y albergará el Juzgado Contravencional, Defensa Pública, OIJ, Juzgado Penal, Trabajo Social, celdas y oficinas administrativas.
En la actividad participaron además la Magistrada Julia Varela Araya y los Magistrados Román Solís Zelaya, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, Jesús Ramírez Quirós, Luis Fernando Salazar Alvarado y Orlando Aguirre Gómez, así como integrantes del Consejo Superior Carlos Montero Zúñiga, Hugo Hernández Alfaro y Milena Conejo Aguilar.
De igual manera, la Directora a.i de la Defensa Pública, Diana Montero Montero; el Subdirector del OIJ, Gerald Campos Valverde; la Directora Ejecutiva, Ana Eugenia Romero Jenkins; la Directora del Departamento de Planificación, Nacira Valverde Bermúdez; la Directora de Tecnología de la Información, Kattia Morales Navarro y la Jefa y el Subjefe de Servicios Generales, Alexandra Mora Steller y José Guillermo Vindas Cantillano respectivamente.
