HISTORIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Antecedentes Históricos
Con la Independencia de Costa Rica, el 15 de setiembre de 1821, los costarricenses se organizaron políticamente y constituyeron un gobierno propio. Para el 1° de diciembre de 1821, los representantes de diferentes ciudades y pueblos de aquel entonces formularon el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, conocido como el Pacto de Concordia, considerado como el primer documento constitucional de Costa Rica. En él, se estableció la Junta Suprema Gubernamental para ejercer las funciones de gobierno y se creó también un Tribunal para administrar la justicia pronta y rectamente, conforme a las leyes para los pueblos indo-españoles, conocidas como Leyes de Indias promulgadas por España para regir las posesiones españolas en América, el cual se convirtió en el primer cimiento de la Corte Suprema.
El 24 de setiembre de 1824, mediante Decreto V dictado por la Asamblea Nacional Constituyente, se dispone la división del Estado en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En la rama judicial, el poder residiría en una Corte Suprema de Justicia que se elegiría popularmente; sin embargo, es hasta el 25 de enero de 1825, con la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, que la idea de creación de un Poder Judicial se concreta constitucionalmente, al establecerse en el artículo 87 de esa Constitución las bases del naciente poder, atribuyendo su ejercicio a una Corte Superior de Justicia compuesta por tres magistrados y los tribunales y juzgados establecidos por Ley; siendo el 1° de octubre de 1826 cuando se instala solemnemente la Corte Superior de Justicia.
Por espacio de 20 años, la Administración de Justicia de la Nación se impartió con base en las Leyes de las Indias, promulgadas por España. En 1841, el Lic. Braulio Carrillo Colina, gobernante en aquel entonces, emitió el Código General que comprendió tres partes o códigos: civil, penal y de procedimientos, y fue el que sentó las bases del derecho costarricense.
En 1843 se convocó a una Asamblea Constituyente y un año después, dicha Asamblea promulgó la nueva Constitución Política, en la cual se incluye por primera vez el nombre de Corte Suprema de Justicia y aumentó a siete el número de magistrados.
En 1851 se decretó la emisión de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que estableció la organización de la justicia y la forma de integrar dicho Poder por medio de miembros electos popularmente, no menores a 30 años, jurisconsultos o con notoria preparatoria en Derecho Civil.
La Constituyente de 1859, convocada por el Presidente de aquel entonces don José María Montenegro, creó un nuevo cargo denominado “Co-juez Nato”, y que hoy responde al nombre de Magistrado Suplente; quien era nombrado por sorteo para sustituir las faltas de los magistrados.
Para 1869, con el derrocamiento del Presidente José María Castro Madriz, se da una nueva Constitución Política, por lo que la Corte quedó dividida en dos Salas: Primera y Segunda, con un Fiscal para cada una, aumentando a nueve el número de magistrados.
En 1871, con el ascenso, mediante golpe de estado, del General Tomas Guardia Gutiérrez a la Presidencia de la República, obligó a la redacción de una nueva Carta Fundamental, que estableció que el Poder Judicial quedaría conformado por la Corte Suprema de Justicia y demás Tribunales y Juzgados que la Ley estableciera. En adelante, la Corte estaría dividida en dos Salas bajo la responsabilidad de un presidente, siete magistrados y un Fiscal. Además, dispuso la elección de los magistrados por cuenta del Congreso y no del Presidente de la República.
A partir del 29 de marzo de 1887, con la Ley Orgánica de Tribunales, se estableció por primera vez la independencia del Poder Judicial.
El 6 de setiembre 1937, con la aprobación de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, se reafirmó el principio de autonomía que éste tiene en el ejercicio de sus funciones y se estableció por primera vez la división de la Corte Suprema de Justicia en una Sala de Casación Civil y otra Penal; y se pasa de 9 a 11 el número de magistrados.
En 1940 la Corte se reorganiza nuevamente, al contar con cuatro Salas de apelación, dos civiles y dos penales, y una Sala de Casación. Desde este momento la Corte quedó conformada por 17 magistrados.
Producto de los hechos políticos de 1948 y la ascensión al poder de la Junta de Gobierno, el 8 de mayo de ese año, quedó sin efecto la Constitución Política de 1871; por lo que el 7 de noviembre de 1949 la Asamblea Nacional Constituyente emitió la Constitución que rige la vida institucional del país hasta la fecha.
A partir de ese momento, se dan una serie de innovaciones de singular importancia en cuanto a la organización del Poder Judicial, la cual se ve fortalecida al promulgarse la Constitución vigente; al plasmar, los Constituyentes, la independencia del Poder Judicial en los artículos 9, 153 y 154 en la Constitución Política, incluyéndole un orden autónomo e independiente de los otros Poderes y órganos constitucionales. Al respecto, el artículo 9 establece claramente el principio clásico de separación de poderes al dividir las funciones estatales y otorgando su ejercicio a tres órganos constitucionales distintos (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) que teóricamente se equilibran entre sí.
Por su parte, los artículos 153 y 154 son una prolongación del anterior, en cuanto a que establece claramente en el nivel constitucional el Poder del Estado que ejerce la función jurisdiccional, y que concierne, en el caso de nuestro país, a la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales que establezca la Ley.
El principio de independencia del Poder Judicial se aprecia en las potestades que tiene para auto-organizarse y nombrar su propio personal, sin la intervención de los otros Poderes del Estado; por lo que se establece no solamente una independencia política, sino también funcional, en el que se determina que la función de sentenciar es de exclusiva incumbencia del órgano jurisdiccional; además, se garantiza a los funcionarios que administran justicia imparcialidad plena, para evitar cualquier subordinación respecto a los otros Poderes del Estado, o cualquier otro grupo existente en el país, sea que no estén determinados por ninguna consideración política al momento de ejercer sus deberes jurisdiccionales, pues sus actos sólo los regula la Constitución y la Ley. Es por ello, que los Constituyentes procuraron rodear al Poder Judicial y a sus Magistrados de las mayores garantía para su independencia, entre ellas, se dispuso ampliar el período de nombramiento de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de cuatro a ocho años, a cuyo término podían ser reelectos por períodos iguales por la Asamblea Legislativa, salvo que dos terceras partes de sus miembros dispusieran lo contrario, lo que implica otorgarle prácticamente a los Magistrados del Poder Judicial una carácter de inmovilidad, lo que presupone también un procedimiento adecuado para disminuir la intervención política dentro del Poder Judicial.
Sin embargo, esta independencia política y funcional tiene ciertas limitaciones, al mantener los Poderes del Estado una cierta autonomía en lo referente a la toma de decisiones o en su accionar entre cada uno de los poderes, lo que les permite que puedan autocontrolarse unos a otros, como garantía ciudadana frente al Estado; como es el derecho al veto que tiene el Poder Ejecutivo con el Legislativo, el indulto y la amnistía que otorga el Ejecutivo ante los fallos judiciales, la declaratoria de inconstitucionalidad por parte del Poder Judicial, cuando una Ley aprobada por la Asamblea Legislativa presenta roces con la Carta Fundamental, o el nombramiento de los Magistrados del Poder Judicial, por el Poder Legislativo
Asimismo, se estableció la jurisdicción contenciosa administrativa encargada de la revisión de la legalidad de los actos administrativos, y se reforzó el recurso de “hábeas corpus” que protegía la libertad personal; y la de tránsito, con el recurso de amparo para la protección de todos los otros derechos constitucionales. Se le da la facultad a la Corte Suprema de Justicia, de nombrar a los miembros del Tribunal Supremo de Elecciones; así como, la garantía de que en la discusión y aprobación de proyectos de Ley, que traten de la organización o funcionamiento del Poder Judicial para apartarse del criterio de la Corte, la Asamblea Legislativa requiera del voto de las dos terceras partes del total de sus miembros.
La Constitución de 1949 trató de unificar todos los tribunales dentro del Poder Judicial; sin embargo, dentro de este proceso de unificación, subsistieron dos excepciones: la primera, sobre el juzgamiento de las faltas de policía en los cantones y distritos que no eran cabeceras de provincia cuyas resoluciones correspondían a los Agentes de Policía del Ministerio de Gobernación y Policía. El transitorio II de la Constitución promulgada estableció que los asuntos judiciales de conocimiento de funcionarios administrativos pasarían a serlo de los tribunales de justicia, en cuanto a las cabeceras de provincia a partir de 1952 y que la Asamblea Legislativa fijara la fecha en lo referente a los demás lugares de la República. Pero en todo caso, un año después de la vigencia de la Constitución, el recurso de apelación sería de competencia exclusiva de los tribunales de justicia que designara la Corte. Con fundamento en tal disposición, se aprobó la Ley número 1266 del 21 de febrero de 1951, reformándose la Ley Orgánica del Poder Judicial y creando las Agencias Judiciales. Se dejó a la iniciativa de la Corte, el cambio de sistema en el resto de los cantones de la República. Pero, no fue sino hasta la promulgación del Código de Procedimientos Penales de 1972 que se realizó el cambio en el sistema, y las faltas de policía fueron integradas nuevamente en un solo cuerpo de leyes, como faltas y contravenciones y su conocimiento corresponde a funcionarios del Poder Judicial.
Una segunda excepción, es sobre el fallo de las contenciones entre el Estado y sus funcionarios por razón de su empleo, dentro del Régimen del Servicio Civil, encargada a un Tribunal de nombramiento del Poder Ejecutivo. Posteriormente a las anteriores excepciones, se agregó un Tribunal Fiscal Administrativo para conocer sobre la fijación de impuestos directos. Es importante indicar, que los fallos de estos tribunales tienen recurso ante los Tribunales del Poder Judicial, ya que sus resoluciones pueden ser revisadas en la jurisdicción contenciosa- administrativa.
Por otra parte, el artículo 121 inciso 20 de la Constitución Política dispone la creación de nuevos Tribunales dentro del Poder Judicial en diferentes partes del país, de acuerdo con el criterio de la Corte y la aprobación por parte del Asamblea Legislativa. Sin embargo, al no contemplar la Constitución de 1949 la independencia financiera del Poder Judicial, la situación económica de este Poder de la República era precaria y se demostraba en la calidad del profesional que contrataba, en las obras de infraestructura y en el incumplimiento de satisfacer plenamente el principio de justicia pronta y cumplida. Las oficinas del Poder Judicial eran inadecuadas, inhóspitas e insalubres, estaban diseminadas en todas las ciudades del país alquilando casas de habitación o locales comerciales, que estaban desocupados. Conscientes de tal situación, se produjo un movimiento que perseguía reformar el Artículo 177 de la Constitución Política; el Magistrado Evelio Ramírez Chaverri, con el apoyo de los demás Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, elaboró un proyecto de reforma a ese Artículo, que propone otorgarle un presupuesto adecuado al Poder Judicial. El Presidente de la República, Don José Figueres Ferrer, en su Mensaje al Congreso del 1° de mayo de 1957, reconoció la importancia de dotar de tal independencia al Poder Judicial, sobre todo de dotarlo de los instrumentos legales para hacerlo efectivo, y no dejarlo a la buena voluntad de los gobiernos de turno. Por lo que mediante Ley número 2122 publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 30 de mayo de 1957 se reforma el párrafo 2 del Artículo 177, y se establece la asignación al Poder Judicial de una suma no menor del seis por ciento de los ingresos ordinarios calculados para el año económico; hecho de gran importancia, por cuanto le garantiza al Poder Judicial un mínimo de ingresos, si bien es cierto no determinable, suficiente para satisfacer las múltiples necesidades fundamentales de esa época; y permitió, la independencia económica, la que a su vez posibilitó que el Poder Judicial pudiera crear los tribunales que demanda el servicio judicial y mejorar la infraestructura de sus oficinas.
A principios de la década de los setenta, y específicamente el 8 de mayo de 1971, se promulgó el Código Penal y dos años después un nuevo Código de Procedimientos Penales, aunque su vigencia es efectiva hasta el año 1975. El Código Procesal Penal, establecía todo un nuevo sistema procesal penal en el país, para llevar a la práctica el concepto constitucional de “justicia pronta y cumplida”.
El 12 de diciembre de 1973, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 5229 en la que se crea el Organismo de Investigación Judicial, el cual dependerá de la Corte Suprema de Justicia, por lo que el Poder Judicial asume la función de investigación, y se le adicionó la labor de acusación con la creación del Ministerio Público, reforzándose la contratación de personal entre los que destacan los agentes fiscales y fiscales de juicio. Además, se crea la oficina de Defensores Públicos, para ayudar a las personas de escasos recursos económicos que no podían sufragar el patrocinio letrado, y cuya función correspondía al Poder Ejecutivo. Se produjo una reestructuración general de los Tribunales Superiores Penales, integrados por tres jueces y se establecieron numerosos juzgados unipersonales. Para la puesta en vigencia de los nuevos procedimientos penales y evitar el promulgar una nueva Ley Orgánica, se aprobó la Ley especial sobre jurisdicción de los Tribunales, Ley 5711 del 27 de junio de 1975, reformada por la Ley número 5712 del 30 de junio del mismo año y la Ley 5761 del 7 de agosto de 1975.
Se establecieron nuevos tribunales de apelación en lo civil, penal y contencioso administrativo. Las Alcaldías de Trabajo del Cantón Central de San José, se transformaron en un Tribunal Colegiado de única instancia, con procedimiento verbal, según Ley 3664 del 10 de enero de 1966 reformada por las leyes número 4284 del 16 de diciembre de 1968, la 5183 del 15 de febrero de 1973, la 5264 del 24 de julio de 1973 y la número 6332 del 8 de junio de 1979.
Con la promulgación de la Ley 3667 del 12 de marzo de 1976, Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativo, el Juzgado Civil de Hacienda se trasformó en Juzgado de lo Contencioso Administrativo, creándose así una jurisdicción completamente separada de la laboral, civil y penal.
Para la década de los ochenta se recogen una serie de inquietudes planteadas años anteriores, para lograr satisfacer plenamente el principio de “justicia pronta y cumplida”. El Magistrado Fernando Coto Albán, redacta el anteproyecto de reorganización del Poder Judicial, que fue enviado al Poder Legislativo con el apoyo de resto de magistrados, siendo aprobado mediante Ley 6434 del 1° de julio de 1980. La reforma en cuestión dispuso que la Corte Suprema de Justicia, en lo sucesivo la componen tres Salas denominadas: Sala Primera, Sala Segunda y Sala Tercera; cada una con igualdad formal, aunque la primera con un rango superior, ya que viene a remplazar a la antigua Sala de Casación. Es la más numerosa al estar integrada por siete Magistrados; mientras que las dos restantes se integran cada una con cinco. El Presidente de la Sala Primera a su vez sería el Presidente de la Corte, según disposición en aquel momento del Artículo 162 de la Constitución Política. A partir de este momento los recursos de amparo, serán de conocimiento de la Sala Primera, y no de la Corte Plena, como anteriormente sucedía.
El 2 de junio de 1982, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Reforma al artículo 162 de la Constitución Política, mediante éste los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia obtuvieron el derecho a elegir al presidente de la Corte.
Con la Ley 7128 del 18 de agosto de 1989 y la número 7135 del 11 de octubre del mismo año, Ley de la Jurisdicción Constitucional, se logra uno de los más importantes cambios dentro del Sistema Judicial Costarricense, al crearse la Sala Constitucional, según lo dispuesto en el Artículo 10 de la Constitución Política; con competencia para conocer de las declaraciones de inconstitucionalidad de cualquier clase de normas jurídicas y de los actos sujetos al derecho público. Sumado a ello, se le otorga dos funciones más, que refuerzan su máxima jerarquía, la de dirimir los conflictos de competencia entre los poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones; así como, en las demás entidades u órganos que indique la Ley. Se integró con 7 Magistrados, de los cuales cinco fueron nombrados por la Asamblea Legislativa, y dos escogidos de los Magistrados que integraban la Sala Primera, en razón de que el recurso de amparo pasaba a conocimiento de esta Sala, con lo que la Sala Primera pasó a estar conformada por cinco Magistrados al igual que las Salas Segunda y Tercera. Con la creación de la Sala Constitucional se aumenta a 22 el número de Magistrados.
Para los años noventa, el Poder Judicial se orienta a lograr una estructura más moderna, acorde a la realidad que debe enfrentar, a fin de poder cumplir con el precepto de justicia pronta y cumplida, se cambia un poco la organización de las oficinas judiciales de modo que se permita una mayor eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos de la administración de justicia; ante esto se aprueba a inicios de 1990 el Código Procesal Civil, en 1993 se reforma totalmente la Ley Orgánica del Poder Judicial, reforma que entró a regir el 1° de enero de 1994, se emiten nuevas leyes relacionadas con la Administración de Justicia, entre otras, se aprueba en 1996 el Código Procesal Penal de corte acusatorio, que empezó a regir a partir del 1° de enero de 1998, en 1997 entró en vigencia La Ley de Reorganización Judicial y una nueva legislación para el Ministerio Público.
En relación con la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, dispuesta en la Ley número 7333 del 5 de mayo de 1993, que entró en vigencia el 1° de enero de 1994, se establece la creación del Tribunal de Casación Penal. Esta Ley, se llega a complementar con la número 7728 del 15 de diciembre de 1997, Ley de Reorganización Judicial, donde se establece en su Artículo 22 la distribución en circuitos judiciales de los tribunales de justicia existentes en el país a la fecha de su promulgación, existiendo a la fecha 11 circuito judiciales en todo el país, a saber: Primer Circuito Judicial de San José, Segundo Circuito Judicial de San José, Primer Circuito Judicial de Alajuela; Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Circuito Judicial de Cartago, Circuito Judicial de Heredia, Circuito Judicial de Guanacaste, Circuito Judicial de Puntarenas, Circuito Judicial de la Zona Sur, Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica y Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica.
Por otra parte; esta Ley de Reorganización vino a reformar el reordenamiento jurídico Penal y Procesal Penal; además, estableció una nueva organización y competencia de las oficinas judiciales, reformando parcialmente la Ley Orgánica del Poder Judicial y derogando otras leyes y artículos, realizando reformas parciales a la Ley de Tránsito y Código procesal Civil, entre otros. Se establece una división funcional y administrativa en el accionar del Poder judicial, en la que destacan tres ámbitos, a saber: Jurisdiccional, Auxiliar de Justicia y Administrativo.
Con la promulgación de la nueva Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, número 7331 del 13 de abril de 1993 y con la Ley de Justicia Penal Juvenil, número 7576 del 8 de marzo de 1996, la jurisdicción de Tránsito requirió la apertura de doce juzgados especializados, en esta materia, en todo el país, así como la creación de una Sección Especializada dentro del Departamento de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigación Judicial. De la misma manera, en la jurisdicción Penal Juvenil, se crearon los juzgados penales juveniles, un Tribunal Penal Juvenil y la Policía Penal juvenil
Paralelamente, a la rama jurisdiccional y auxiliar de justicia se establecieron oficinas administrativas, localizadas en San José y dependientes de la Corte, cuyo número, ha crecido de manera especial, sobre todo en los últimos años; tales como la creación del Departamento de Auditoría mediante Ley 6152 del 10 de noviembre de 1977, la creación de la Dirección Administrativa mediante la Ley supracitada y que se transformó en Dirección Ejecutiva con la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, por Ley número 7333 del 5 de mayo de 1993; en esta misma Ley se crea el Consejo Superior del Poder Judicial, como órgano subordinado de la Corte Suprema de Justicia.
Mediante el Código Notarial que fue promulgado en la Ley número 7764 del 2 de abril de 1998 se crea la Dirección Nacional de Notariado, junto con los tribunales disciplinarios notariales y para el año 2000, se aprueba por parte de la Corte Plena, en sesión número 33-2000, celebrada el 28 de agosto de ese mismo año, la creación de la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, mediante el Reglamento de Creación, Organización y Funcionamiento de la Contraloría de Servicios del Poder Judicial.
Durante medio siglo que ha durado aproximadamente la reforma al Artículo 177 de la Constitución Política de Costa Rica, donde se establece la asignación al Poder Judicial de un mínimo del seis por ciento del Presupuesto de la República; se han producido grandes trasformaciones a lo interno del Poder Judicial, principalmente al encargársele por parte de la Asamblea Legislativa, otras funciones que son distintas a las estrictamente jurisdiccional que emana la propia Constitución Política, sea la función de investigación, de acusación y defensa pública; que representa para el año 2004 aproximadamente un 39.1% del costo del recurso humano y gastos variables del Poder Judicial. Al respecto se afirma que atender las funciones atribuidas al Poder Judicial, con el carácter de servicios auxiliares, ha causado un desequilibrio financiero que se refleja en su presupuesto y que ha puesto en peligro de colapso la función jurisdiccional.
Lo anterior, aunado a la complejidad de la vida moderna que ha presionado por un sistema de administración de justicia más moderno y acorde a las necesidades de los ciudadanos, ello ha motivado que la Corte Suprema de Justicia, se haya involucrado en grandes estudios de revisión de su estructura jurisdiccional y administrativa y promovido un procesos de reformas que conduzcan a la modernización del Poder Judicial, para con igual cantidad de recursos humanos y materiales, se pueda cumplir con la creciente demanda de solución de conflictos que le son planteados en los Tribunales de Justicia.
Ahora bien, con respecto al Ámbito Penal:
La Constitución Política de la República de Costa Rica vigente desde 1949, proclama que Costa Rica es una República democrática, libre e independiente, cuya soberanía reside exclusivamente en la Nación.
En este mismo texto se dispone que el Gobierno de la República lo ejercen tres Poderes distintos e independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Debido a la gran reforma constitucional, y conforme con las disposiciones transitorias de la Constitución Política, el 18 de noviembre de 1949 la Asamblea Legislativa eligió a los Magistrados que integrarían la Corte Suprema de Justicia hasta el mes de mayo de 1955. En aquella época cinco magistrados conformaban la Sala de Casación. En materia penal se contaba con dos Salas de Apelaciones, cada una integrada por 3 magistrados.
En el año 1969 la Asamblea Legislativa emitió una ley para establecer un Tribunal Superior Penal, pero a estos órganos no los equiparó con las Salas de Apelaciones, ni sus integrantes fueron considerados miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Es en el mes de junio del año 1980, con la aprobación de la Ley de Reorganización de la Corte Suprema de Justicia, Nº 6434, se modificó significativamente la estructura que tenía el Alto Tribunal, la cual se basada en una única Sala de Casación y varias Salas de Apelaciones. Dicha normativa estableció tres Salas de Casación y asignó la segunda instancia a otros tribunales. Las dos Salas Penales de Apelación se integraron, creándose así la Sala Tercera de Casación Penal, la cual quedó conformada por los Magistrados Ulises Valverde Solano, Emilio Villalobos Villalobos, Armando Saborío Vargas, Rafael Benavides Robles y Hugo Porter Murillo, quien en el año 1983 fue sustituido por el Magistrado Luis Paulino Mora Mora.
En el año 1984 se eligió a doña Dora María Guzmán Zanetti, quien fuera la primera mujer Magistrada de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Sala Tercera de Casación, quien vino a sustituir al Magistrado Ulises Valverde.
Para los años noventa, el Poder Judicial se orienta a lograr una estructura más moderna, acorde a la realidad que debe enfrentar, a fin de poder cumplir con el precepto de justicia pronta y cumplida, realiza un cambio en la organización de las oficinas judiciales de modo que se permita una mayor eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos de la administración de justicia; ante esto se aprueba a inicios de 1990 el Código Procesal Civil, en 1993 se reforma totalmente la Ley Orgánica del Poder Judicial, reforma que entró a regir el 1° de enero de 1994, se emiten nuevas leyes relacionadas con la Administración de Justicia, entre otras, se aprueba en 1996 el Código Procesal Penal de corte acusatorio, que empezó a regir a partir del 1° de enero de 1998, norma que continúa vigente.
Con relación con la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, dispuesta en la Ley número 7333 del 5 de mayo de 1993, que entró en vigencia el 1° de enero de 1994, se establece la creación del Tribunal de Casación Penal. Esta Ley, se llega a complementar con la número 7728 del 15 de diciembre de 1997, Ley de Reorganización Judicial, donde se establece en su Artículo 22 la distribución en circuitos judiciales de los tribunales de justicia existentes en el país a la fecha de su promulgación, existiendo a la fecha 11 circuito judiciales en todo el país, esta Ley de Reorganización vino a reformar el reordenamiento jurídico Penal y Procesal Penal; además, estableció una nueva organización y competencia de las oficinas judiciales, reformando parcialmente la Ley Orgánica del Poder Judicial y derogando otras leyes y artículos, realizando reformas parciales a la Ley de Tránsito y Código procesal Civil, entre otros. Se establece una división funcional y administrativa en el accionar del Poder judicial, en la que destacan tres ámbitos, a saber: Jurisdiccional, Auxiliar de Justicia y Administrativo.
En las décadas de los años 2000, se da una serie de transformaciones que vienen a innovar en la Justica en materia Penal, donde se hace hincapié en 4 reformas legales trascendentales en el ámbito de la Justica: la Ley 8460 del 28 de noviembre del 2005, de la Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, que viene a regular la ejecución y el cumplimiento de las sanciones previstas en la Ley de Justicia Penal N° 7576.
El período dos mil ocho, constituye un momento de decisión e innovación para el Poder Judicial, no solamente se visualizó la necesidad de procurar una Justicia más efectiva en su celeridad y de seguridad ciudadana, si no también que, se visualizó un plan piloto de agilización de los procedimientos penales que estuviere dirigido para regular los delitos penales en flagrancia. Un 25 de agosto del 2008, la Corte Plena, aprueba una iniciativa que llegó a impactar en sobremanera la gestión de la Justicia, en su sesión 28-2008, artículo XV, se aprueba la implementación del plan piloto del procedimiento de Flagrancia, marcando un hito en la historia del Poder Judicial, no sólo por su implementación y posterior creación del “Reglamento y protocolos de actuación en delitos de flagrancia” de conformidad con el acuerdo de Corte Plena del 27 de abril de 2009 en su sesión 14-09, si no que, lo que se pensó como un plan piloto de un procedimiento especial a los delitos penales y de aplicación circunscrita a la provincia de San José, se convirtió en Ley y actualmente, constituye un procedimiento cobijado por nuestro Código Procesal Penal y de aplicación a nivel nacional, operando en forma continua en las zonas de Corredores, San Ramón, Cartago, Goicochea, Limón, Alajuela, San José, Santa Cruz, Pérez Zeledón, Puntarenas, San Carlos, Liberia, Guápiles y Heredia.
Otra reforma disruptiva, ocurre en fecha 9 de diciembre de 2011, reforma que adapta las reglas procesales dentro del proceso penal, a las necesidades reales dentro del giro de acceso a la Justicia de todas las personas, creándose mediante Ley 8837, el Recurso de Apelación de la Sentencia y otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad. Con esta Ley 8837, se reforma el recurso de casación, se introdujo un nuevo motivo de casación por precedentes contradictorios, se implementa la casación en materia Penal Juvenil, se estableció la competencia exclusiva del Procedimiento de Revisión y se eliminó la causal de revisión por violación al debido proceso u oportunidad de defensa, causal cuya eliminación, se complementó con la Ley 9003 del 29 de febrero de 2012, que reformó el artículo 102 de la Ley N° 7135, Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Según lo dispuesto en el Código Procesal Penal y leyes posteriores y relativas, con el derecho al recurso se garantiza una decisión judicial definitiva en un plazo razonable, en los conflictos de materia penal, cumpliéndose así, con la normativa nacional y los convenios internacionales que garantizan una revisión integral del fallo y acceso a la justicia sin dilación y sin discriminación alguna
