Poder Judicial ratifica voluntad y compromiso con la contención presupuestaria
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- Publicado: Miércoles, 22 Julio 2020 10:00
Mantener la prestación de los servicios esenciales y ordinarios es una prioridad en el Poder Judicial frente al impacto que representa trabajar con un presupuesto ajustado desde el 2018.
El decrecimiento presupuestario debe distribuirse entre los ámbitos Administrativo, Jurisdiccional y Auxiliar de Justicia, que involucra al Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial y la Defensa Pública, obligando a la institución a priorizar sin posibilidad de asumir nuevas funciones y hacerle frente a obligaciones legales aprobadas por la Asamblea Legislativa.
Cumplimiento de directrices presupuestarias. En el 2019, el Poder Judicial brindó servicios con el mismo presupuesto que se aprobó en el 2018, aproximadamente con 474 mil millones de colones. Para este año 2020, dicho monto registró una disminución del 0,2% y bajó a 472.677 millones colones. La propuesta para el 2021 registra un 0,87% de recursos menos, es decir cerca de 468.793 millones de colones.
Esta disminución paulatina que se refleja en cada ejercicio económico es producto del cumplimiento de las directrices presupuestarias giradas por el Ministerio de Hacienda y la voluntad institucional de recortar el plan de gastos para, como Estado, hacerle frente a la crisis económica que vive el país.
Esta estrechez presupuestaria la visibiliza el Tercer Informe del Estado de la Justicia, en el que se indica que a partir del 2018, el presupuesto de este Poder de la República inició un decrecimiento ante la situación fiscal del país, por lo que actualmente, el Poder Judicial tiene un margen mínimo para financiar nuevas competencias. Esta limitación fiscal dificulta la implementación y el seguimiento de leyes que aunque aprobadas, no se han desplegado en su totalidad. La mayoría de estas reformas legales afectan al ámbito jurisdiccional.
Ajuste en el presupuesto. Al recibir la solicitud del Ministerio de Hacienda para reducir el plan de gastos en ejecución, se realizó un análisis técnico para determinar el monto y las subpartidas que se podían reducir sin afectar la operatividad institucional y consecuentemente el servicio público de los órganos judiciales.
Es por ello que el estudio técnico de la institución, concluyó que la reducción y contención del gasto procedía por un monto de ¢2.562.738.982,00, en los programas presupuestarios Administrativo, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública, Servicios Jurisdiccionales y el Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos.
Tal y como se detalló en la sesión de Corte Plena del lunes 20 de julio 2020, el Consejo Superior aprobó la propuesta técnica, por el monto señalado. Sin embargo sin consultar al Poder Judicial, la cartera de Hacienda duplicó ese monto que no toma en consideración los compromisos a los que debe hacerle frente el Poder Judicial.
Además debe tenerse presente, que desde el 3 de abril 2020, el Poder Judicial aprobó una modificación a su presupuesto mediante la cual se trasladaron recursos al Ministerio de Hacienda para atender la emergencia generada por el Covid-19. La suma trasladada fue de 1.700 millones de colones, conforme recursos aportados por Ministerio Público (136 millones), Defensa Pública (79 millones), Organismo de Investigación Judicial (1.000 millones) y ámbito administrativo (80 millones), entre otros.
Ambos rebajos parten de proyecciones y estudios, a diferencia de esta reducción adicional que fue tramitado de manera inconsulta por el Ministerio de Hacienda y sin rigor técnico, por lo que impactará el cumplimiento de las metas y objetivos trazados por el Poder Judicial para el actual ejercicio presupuestario.
