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Edificio de la Corte Suprema de Justicia

SALA DE PRENSA

Poder Judicial expone impacto de crisis económica en la justicia

  •  Autoridades judiciales se reunieron  con Presidente de la República
  •  El Poder Judicial no puede paralizar servicios, el acceso a la justicia es un principio esencial  del Estado Social de Derecho.

 

  • Presupuesto institucional para el 2021 registra una disminución de un 2,7%,  cerca de ¢12.799 millones de colones menos en comparación con el presupuesto del 2020.

 

 Tal y como lo acordó Corte Plena en la sesión del 3 de agosto último, jerarcas judiciales se reunieron hoy viernes con el Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada con el fin de exponerle al mandatario el impacto directo que tienen los recientes recortes presupuestarios en los servicios de administración de justicia.

A la cita acudieron el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, el presidente de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, el Presidente de la Sala Segunda, Orlando Aguirre Gómez, la presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro,  así como el equipo técnico de la institución, la Directora Ejecutiva, Ana Eugenia Romero Jenkins, la  Directora de Planificación, Nacira Valverde Bermúdez y el Director del Despacho de la Presidencia de la Corte, Róger Mata Brenes.

El Presidente de la Corte, Fernando Cruz, indicó que en el marco del encuentro se expuso la preocupación que a lo interno existe en el Poder Judicial por la gravedad de la crisis económica y la afectación que los recortes presupuestarios tienen en la administración de justicia. “ Hemos ajustado nuestro presupuesto a las directrices del Ministerio de Hacienda y al cumplimiento de la regla fiscal, por lo que los recortes adicionales ponen en peligro la efectividad del servicio”.

La Magistrada Patricia Solano puntualizó que existe una apertura de parte del Presidente Carlos Alvarado  y del Ministro de Hacienda, Elián Villegas en abrir los espacios de diálogo con este Poder de la República, así mismo reconocen el esfuerzo que el Poder Judicial ha realizado en reducir el presupuesto para el 2021. Agregó que en la reunión se hizo ver que una reducción mayor tendría como consecuencia paralizar servicios esenciales de justicia.

 El Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial para el 2021 remitido en el mes de junio de este año al Ministerio de Hacienda, se formuló con  una disminución de ¢3.884 millones en relación con el presupuesto aprobado para el 2020, lo que implica un decrecimiento de un 0.8% en relación con el presupuesto aprobado por Ley para el 2020 , no obstante con una serie de recortes adicionales para atender la petición de rebajo del Ministerio de Hacienda, el recorte total oscila los   ¢12.799 millones para una disminución del 2.7%.

En este monto total están incorporados los rebajos acordados en la sesión de Corte Plena del  3 de agosto, que se detallan:

  • Recurso humano ₡4.830.567.129.
  • Construcciones ₡1.479.335.840.
  • Vehículos ₡1.113.691.135 
  • Informática ₡1.072.365.099
  • Capacitación ₡273.598.349
  • Otros Gastos de Operación ₡148.000.000: información; impresión y encuadernación; viáticos y transporte al interior y al exterior; actividades protocolarias y sociales; alimentos y bebidas.

 Estas sumas cedidas a las autoridades hacendarias no son sobrantes de partidas presupuestarias, sino que obedecen  a la postergación de proyectos y obligaciones a las que la institución debe hacerle frente, sin embargo el impacto en servicios sensibls es una preocupación latente por la falta de recursos.  

El Poder Judicial actualmente se compone de 894 oficinas distribuidas en 294 edificaciones, que brindan atención a personas usuarias en diferentes áreas del servicio de justicia, entre ellas las poblaciones en vulnerabilidad, quienes demandan los servicios de pensiones alimentarias, violencia doméstica, procesos laborales, delitos sexuales,  población con discapacidad, adulta mayor, privada de libertad, migrante y refugiada, sexualmente diversa, indígena, niños, niñas y adolescentes y personas en conflicto con la Ley Penal Juvenil, entre otras poblaciones. 

Cumplimiento de directrices de contención. En el año 2019, el Poder Judicial brindó  servicios con el mismo presupuesto que se aprobó en el 2018,  aproximadamente con 473  mil millones de colones. Para este año 2020, dicho monto registró una disminución del 0,2% y bajó  a ¢472.677 millones de colones.

La propuesta  para el 2021 registra una disminución de un 2,7%, es decir cerca de ¢12.799 millones de colones menos en comparación con el presupuesto del 2020. Esta disminución es producto del cumplimiento de las directrices presupuestarias giradas por el Ministerio de Hacienda y la voluntad institucional de recortar el plan de gastos para como Estado, hacerle frente a la crisis económica que vive el país, agravada por la pandemia mundial. 

Para el 2021 no se crean plazas nuevas y por restricción hacendaria, el presupuesto no se incrementa por costo de vida.  De igual manera, el presupuesto 2021 contiene el ajuste nominal de los componentes salariales. En materia de alquileres, no se autorizaron contratos nuevos, salvo en aquellas localidades donde se debe cumplir con órdenes sanitarias; además se ajustaron los contratos en limpieza, vigilancia y bienes y servicios. 

Ejecución del Presupuesto 2020. El pasado 3 de abril, el Poder Judicial aprobó una modificación a su presupuesto mediante la cual se trasladaron recursos al Ministerio de Hacienda para atender la emergencia generada por el Covid-19.  La suma trasladada fue de ¢1.700 millones de colones, conforme recursos aportados por Ministerio Público (¢136 millones), Defensa Pública (¢79 millones), Organismo de Investigación Judicial (¢1.000 millones) y ámbito administrativo (¢80 millones), entre otros. También en fecha 20 de julio 2020 Corte Plena aprobó una reducción por  un monto de  ¢2.562.738.982,00, sin embargo el monto total rebajado superó los  ¢5 mil millones.

Así mismo, el costo económico de hacerle frente a los procesos de desinfección y limpieza profunda por los casos positivos de Covid -19 y a la dotación de equipos de protección y materiales de limpieza se enfrentan con presupuesto propio.  Estos procedimientos deben realizarse a la mayor brevedad por protección y resguardo de las personas usuarias y del personal judicial, para evitar el contagio dentro de instalaciones judiciales.

Nuevas obligaciones sin contenido presupuestario. Para el cumplimiento de leyes especiales aprobadas por el Plenario Legislativo que imponen nuevas obligaciones al Poder Judicial, Corte Plena acordó remitir al Ministerio de Hacienda, una propuesta aparte al proyecto de presupuesto ordinario de la institución, con los requerimientos que se necesitan para su implementación. Este acuerdo se toma ante la rigidez presupuestaria y la aplicación de la regla fiscal, es decir fuera del límite del presupuesto ordinario.

La información se detalla en el cuadro que se adjunta:

 

 

 

 

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