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Edificio de la Corte Suprema de Justicia

SALA DE PRENSA

Rendición de Cuentas de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de personas con Discapacidad

En el marco de la conmemoración del 3 de diciembre: Día Internacional de las Personas con Discapacidad se realizó la rendición de cuentas sobre las acciones desarrolladas en el Poder Judicial en relación con esa población, así como los avances en el “Proyecto Política de Acceso a la Justicia y Equiparación de Oportunidades de Personas con Discapacidad y su Plan de Acción” 

La Rendición de Cuentas se realiza con ocasión de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad según resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1992. Se trata de un resumen ejecutivo de las principales acciones realizadas por el Poder Judicial desde la Judicatura; el ámbito auxiliar de justicia integrado por el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial y la Defensa Pública, así como el ámbito Administrativo, en relación con el tema de innovación y soluciones transformadoras para el desarrollo inclusivo; específicamente en los siguientes puntos: a) Innovación para el desarrollo inclusivo de la discapacidad en el empleo (ODS 8), b) Innovación para el desarrollo inclusivo de la discapacidad en la reducción de la desigualdad (ODS 10); y, c) Innovación para el desarrollo inclusivo de la discapacidad (buenas prácticas).

El informe de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad estuvo a cargo de la magistrada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y coordinadora de esta Subcomisión, Damaris María Vargas Vásquez, quien resaltó la relevancia que tiene para el Poder Judicial el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad, según se evidencia del Plan Estratégico Institucional, al ser el acceso a la justicia uno de los ejes transversales. Eso significa que toda acción que realice el Poder Judicial desde sus diferentes ámbitos tiene que estar transversalizado con este tema que es propio, además, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y el Pacto Nacional para su cumplimiento.

“Este acto de rendición de cuentas está dirigido a toda la población judicial y a la ciudadanía; especialmente, a las personas en situación de discapacidad y sus organizaciones, la Comisión de Acceso a la Justicia y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis). También se dirige al Sistema de Naciones Unidas pues, conforme al Proyecto Examen Periódico Universal (EPU) -por medio de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidades para los Derechos Humanos (OACNHDH)- apoya con cooperación internacional en el desarrollo del Proyecto Política de Acceso a la Justicia y Equiparación de Oportunidades de Personas con Discapacidad” señaló la Magistrada Vargas Vásquez.

En la rendición de cuentas, se concretaron las principales acciones de la Judicatura y demás ámbitos auxiliares y administrativo del Poder Judicial en atención a las obligaciones establecidas por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las Personas con Discapacidad, de carácter supraconstitucional en tanto otorgan mayores derechos que la Constitución Política según reiterada y vinculante jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; así como la normativa interna, especialmente, la Ley 7.600, y su Capítulo VIII “Acceso a la Justicia”, así como la Ley de Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad

Se enfatizó en el cumplimiento de las metas del PAO 2022 de la Comisión de Acceso a la Justicia asociadas a Discapacidad, en atención del SEVRI 2022, el Plan de Trabajo 2022 comunicado a CONAPDIS a inicios de año; así como del Informe Anual 2022, presentado a la Asamblea Legislativa, sobre las acciones realizadas de agosto de 2021 a agosto de 2022. Se hizo alusión al avance de la accesibilidad universal de los servicios que ofrece el Poder Judicial, especialmente, los desarrollos tecnológicos, las páginas web institucionales, la infraestructura y demás acciones asociadas a la eliminación de todas las formas de discriminación a las personas con discapacidad, entre ellas, las actitudinales.

Agregó la Magistrada Vargas Vásquez que para continuar reforzando estos avances es indispensable continuar con el cumplimiento de la normativa que exige al Poder Judicial la reserva de al menos el 5% de las plazas vacantes de cada año, para ser cubiertas con personas con discapacidad y asegurar la eliminación de las barreras que les dificulten la gestión óptima de sus funciones, lo cual se está logrando gracias al apoyo y compromiso de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, Corte Plena y el Consejo Superior, así como el de las y los integrantes de la Comisión de Acceso a la Justicia, la Comisión Institucional de Empleabilidad, la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad y de todas las personas servidoras judiciales.

Se resaltó en la actividad la relevancia del Informe de la Contraloría de Servicios del Poder Judicial sobre la Percepción y satisfacción de los usuarios con los servicios que les brinda el Poder Judicial” al servir de guía para atender los requerimientos de la ciudadanía pues se constituye en oportunidades de mejora del servicio; y las acciones de capacitación de la Escuela Judicial, y las Unidades de Capacitación del Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, la Defensa Pública y la Dirección de Gestión Humana, para fortalecer las competencias de las personas servidoras judiciales. En éstas y otras acciones, se contó siempre con la colaboración del CONAPDIS y la Defensoría de los Habitantes de la República.

Angie Calderón Chaves jefa a. i. de la Unidad de Acceso a la Justicia señaló que “la inclusión de la discapacidad es condición esencial para el respeto a los Derechos Humanos, el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad. También es una cuestión clave para cumplir con la promesa de no dejar a nadie atrás de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Respetar los derechos de las personas con discapacidad no es solo una cuestión de justicia, sino una inversión en nuestro futuro común”.

La actividad se realizó de manera virtual por medio de la plataforma Microsoft Teams.

 

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