Resolución Alterna de Conflictos potencia concepto de la paz social
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- Publicado: Martes, 06 Junio 2023 16:38
- Conmemoran 25 años de creación de la Ley RAC
El Poder Judicial conmemoró los 25 años de la “Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social”, iniciativa surgida desde este Poder de la República y que hoy es una realidad en el país.
La actividad se desarrolló el pasado 2 de junio, en el auditorio del Organismo de Investigación Judicial y contó con la participación del Presidente de la Corte, Orlando Aguirre Gómez; el magistrado de la Sala de Casación Penal y coordinador de la Comisión RAC, Gerardo Rubén Alfaro Vargas; las magistradas integrantes de dicha Comisión, Iris Rocío Rojas Morales y Anamari Garro Vargas y el Coordinador General del Centro de Conciliación, Jairo Duarte Acuña.
Para el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, la sociedad democrática costarricense ha actuado en el sentido de robustecer el valor fundamental de la libertad y dar mayor protección de los derechos humanos, abriendo más caminos para decidir las diferencias que puedan existir entre sus habitantes.
“Al promulgarse esta ley se potencia el concepto de la paz social, por lo que, de esta forma, cuando tenemos mecanismos eficientes de resolución, los conflictos no dejan huellas y todo eso contribuye a esa verdadera paz”, destacó Aguirre Gómez.
Por su parte, el magistrado coordinador de la Comisión RAC del Poder Judicial, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, señaló que el resultado de la solución del conflicto por medio de estos mecanismos se convierte en mucho más satisfactoria para las personas usuarias, porque está impregnado de voluntariedad, participación activa, escucha, diálogo y responsabilidad, para finalmente consensuar la solución.
“Si bien nuestra función principal desde el Poder Judicial es la administración de justicia, también es nuestro deber procurar la armonía social, porque el conflicto debe transformarse para generar acciones en positivo, que permitan una sociedad mucho más justa, equitativa y consecuentemente más pacífica”, indicó Alfaro Vargas.
La magistrada Iris Rocío Rojas Morales subrayó que “estamos en una era que impone a que los actores del conflicto se involucren en la solución del mismo, y a partir de la potenciación de mecanismos y técnicas adecuadas, de una manera pronta y cumplida encuentren una resolución satisfactoria, lo que sin duda alguna potencia una cultura de paz, que además tendrá efectos en la construcción de una sociedad más sana, inclusiva, tolerante, negociadora y respetuosa de su entorno”.
En su mensaje, la magistrada Anamari Garro Vargas resaltó que la Resolución Alterna de Conflictos, además de ser un medio para disminuir la mora judicial, fortalece el tejido social, porque potencia a la ciudadanía a ser protagonista en la solución de sus problemas, con mecanismos que tienen una proyección transversal, no sólo porque se utilizan en muchas materias, sino porque están al alcance de muchas personas de distinta procedencia económica, cultural y territorial.
En ese mismo sentido, el coordinador General del Centro de Conciliación, Jairo Duarte Acuña, se refirió a la importancia de la conciliación como un método para escuchar y ser escuchado, destacando el trabajo de los jueces y juezas conciliadoras en la convicción de cumplir con esta ley y promover la paz social.
Durante la actividad se mostró un video con los principales logros de esta ley en su recorrido durante este cuarto de siglo y además, se desarrolló el panel denominado “Impacto de la resolución alternativa de conflictos en Costa Rica: retos y desafíos”, el cual contó con la participación del magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas; del Viceministerio de Justicia y Paz, Sergio Sevilla Pérez; el rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez Espeleta y el Presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, Alvaro Sánchez González; espacio moderado por la jueza conciliadora, Carmen Cerdas Cisneros.
Al acto asistieron Magistrados y Magistradas de las diferentes Salas, los jerarcas del Ministerio Público y del OIJ, integrantes del Consejo Superior, jueces y juezas conciliadoras, personal del Centro de Conciliación y personas funcionarias y exfuncionarias judiciales.
