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Liquidación del Presupuesto 2022 del Poder Judicial cumplió con normas legales

  • A partir de auditoría financiera de la Contraloría General de la República

 El proceso presupuestario del Poder Judicial en cuanto a la liquidación de los egresos correspondientes al año 2022 cumplió con las normas que establece la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, así como la normativa aplicable.

 La Dirección Ejecutiva comunicó al Consejo Superior, el “Informe de Auditoría sobre la Liquidación del presupuesto del Poder Judicial correspondiente al ejercicio económico del año 2022” N° DFOE-GOB-IAA-00002-2023, oficio N° DFOE-GOB-0144 del 30 de marzo de presente año, elaborado por la Gerencia del Área de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República.

 Para la Directora Ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins, “ el dictamen positivo del Órgano Contralor brinda una seguridad razonable en cuanto a  que los recursos presupuestarios asignados al Poder Judicial durante el 2022 se ejecutaron en apego a la normativa vigente”.

 “En opinión de la Contraloría General, la Liquidación del Presupuesto de los egresos a cargo del Poder Judicial correspondiente al período 2022, se presenta razonablemente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con lo establecido en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, así como la normativa aplicable al proceso presupuestario”, detalló el ente contralor, a partir de la auditoría financiera aplicada al Poder Judicial.

 La evaluación de la Contraloría también detalla que “…la opinión favorable significa que la Contraloría General de la República, obtuvo evidencia de auditoría suficiente y apropiada para concluir que la Liquidación del Presupuesto a cargo del Poder Judicial cumple razonablemente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera aplicable, sin que se hayan identificado incorrecciones o incumplimientos materiales, es decir significativos, para comprenderlos”. 

 Esta auditoría se fundamenta en lo que estipula las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, el Manual General de Fiscalización Integral (MAGEFI) y el Procedimiento de Auditoría de la Contraloría General de la República.

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