Poder Judicial: Rebajos al presupuesto 2023 paraliza servicios judiciales prioritarios
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- Publicado: Miércoles, 12 Octubre 2022 15:39
- Ante Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa
- Propuesta judicial se apegó a lineamientos de la Regla Fiscal y de contención del gasto establecidas por autoridades hacendarias.
- Rebajo inconsulto y aplicado por el Ministerio de Hacienda es de ₵838 millones.
Servicios judiciales sensibles y esenciales para el país enfrentarán un impacto negativo para el 2023, si se hace efectivo el rebajo aplicado por el Ministerio de Hacienda por ₵7.838 millones, al presupuesto del Poder Judicial. La principal preocupación radica en la paralización del accionar operativo judicial.
Así lo expuso el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, durante su comparecencia ante la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, este miércoles 12 de octubre de 2022. Posterior a la presentación del plan de gasto para el año próximo diputados y diputadas realizaron consultas.
El jerarca judicial puntualizó, que la propuesta de presupuesto 2023 formulada por el Poder Judicial responde a la situación fiscal del país y se apegó a los lineamientos establecidos por la Ley 9635 (regla fiscal) y las directrices presupuestarias de contención del gasto, establecidas por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el rebajo inconsulto sin fundamentación técnica afecta la operatividad de la institución principalmente la labor de investigación criminal que desarrolla el Organismo de Investigación Judicial.
“El recorte presupuestario tal y como fue formulado afecta la independencia del Poder Judicial, porque se hicieron rebajos en forma inconsulta y sin criterio técnico. Con esta reducción, el Poder Judicial está amenazado de no poder continuar con el servicio para el 2023 en áreas muy sensibles y esto es un tema muy delicado. Se afecta seriamente el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública y la Oficina de Atención y Protección de Víctimas y Testigos. Personas usuarias que se verán afectas como adultos mayores, personas desempleadas, víctimas, población indígena y personas privadas de libertad”, señaló el Presidente de la Corte, Orlando Aguirre Gómez ante la comisión legislativa.
Por su parte, la Vicepresidenta de la Corte, Magistrada Patricia Solano Castro manifestó su preocupación por la pretensión del recorte al presupuesto del Poder Judicial por un monto de ₡7.800 millones de colones. “Resulta desafortunado debilitar a la administración de justicia en tiempos de crisis; en el contexto actual, es altamente contradictorio que los poderes del Estado manifiesten la urgente necesidad de reforzar el ataque a la criminalidad organizada y por otro lado, se pretenda adoptar decisiones que impactan sensiblemente sobre el abordaje de esta problemática en el país; esto constituye un retroceso en los diálogos previamente establecidos a nivel interinstitucional, en los que hemos sido ampliamente claros sobre la crisis que conlleva para la respuesta del servicio judicial y para la implementación de la jurisdicción especializada en crimen organizado, el continuar empobreciendo la capacidad del Poder Judicial de brindar un servicio público de calidad a la población costarricense” enfatizó la jerarca judicial.
Agregó que de adoptarse esta drástica medida, que invisibiliza la labor social asignada constitucionalmente al Poder Judicial, ente que sostiene la democracia costarricense, se generaría una importante afectación que repercutirá directamente en la población, generando la amenaza de una crisis social, económica y en materia de seguridad, a la cual no se podrá responder asertivamente.
Generalidades del Presupuesto Judicial 2023
La propuesta de presupuesto 2023 aprobado por Corte Plena estableció un total de ¢490.479 millones, en donde el Gasto Corriente se fijó en ¢464.937,5 millones y el Gasto de Capital es de ¢25.541,5 millones y se centra en los requerimientos primordiales para mantener el funcionamiento de los servicios judiciales en todo el país.
Para el 2023, como en años anteriores, no se contemplan nuevas plazas, salvo las que se incorporan a la JUNAFO con financiamiento propio. Además, se contempla el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los gastos de carácter ineludible que cubren la totalidad de las operaciones, tales como las remuneraciones, las contribuciones asociadas, los servicios públicos y los contratos vigentes.
Dentro de las prioridades para el 2023 se incluyen la implementación de la Jurisdicción Especializada de Crimen Organizado y el pago del Fideicomiso para la construcción del Edificio de Tribunales de Justicia de Puntarenas, que es un proyecto en marcha, cuyo avance es del 50%. Ambos rubros también se verían afectados frente al recorte.
Los recursos rebajados se traducen en serias afectaciones al programa de víctimas y testigos, alimentación de personas privadas de libertad, pago de pólizas, sustitución de chalecos antibalas por vencimientos para la policía judicial, horas extras para continuación de juicios y servicios en horas no hábiles (levantamientos, de cuerpos, inspecciones oculares, vigilancias, entre otros), servicios, materiales y suministros, transferencias corrientes, transferencias de capital y cuentas especiales, limita el pago de peritajes para los procesos en materias sensibles como familia y laboral, traducción a lenguas indígenas, LESCO y otros idiomas necesarios para la continuidad de los procesos; así como afectación en pagos de alquiler, mantenimiento, reparación, desarrollo y seguridad a nivel tecnológico, los servicios de transportes y eléctricos, entre otros.
Operatividad de órganos auxiliares de justicia en riesgo para el 2023
El Director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza Espinoza, considera que la disminución, solo desde la perspectiva formal, puede entenderse como una afectación directa a la policía judicial. Frente a la situación criminal que registra el país, le hacen al Organismo de Investigación Judicial, que es la única policía técnica-jurídica del país y la que impulsa todos los asuntos penales, una rebaja aproximada de ₡3 mil millones.
“Prácticamente están dejando en un cierre técnico al OIJ en abril del siguiente año. Nos eliminan el 100% de gastos discrecionales e implica que la policía judicial no podrá realizar actividades en criminalidad organizada ni criminalidad común. Nos quitan el 63% para mantenimiento de equipos de comunicación y equipos de laboratorios y sistemas informáticos para pericias de balística, identificación de personas, huellas, entre otras. Se perderá el 93% de recursos para equipo de allanamientos de grupos tácticos y delegaciones. Nos quitaron el 100% de los recursos para renovación de chalecos antibalas y hasta marzo podríamos operar. Llegaríamos hasta agosto con posibilidad de comprar la alimentación de las personas detenidas en cárceles del OIJ. El impacto también representará afectación al Ministerio Público y los Tribunales, a todo el sistema de justicia nacional”, detalló el jerarca del organismo.
Por su parte, el Fiscal General de la República a.i. Wagner Molina Ruiz, este órgano se ve afectado en la parte formal y sustancial, pues el presupuesto se hizo bajo la estricta política de cero crecimiento. Los recursos consignados están para atender ineludibles compromisos básicos, referidos a contratos de alquiler, seguridad, vigilancia, servicios públicos, gastos operativos como peritajes, entre otros.
“Si incorporamos recursos para la Fiscalía Adjunta contra la Criminalidad Organizada que iniciaba labores el próximo mes de noviembre y un recorte para el 2023, se vería seriamente afectada la continuidad de esta fiscalía. Señaló algunos impactos negativos en subpartidas como la de pago extraordinario y no se contaría con recursos necesarios para atender diligencias que se presenten en horas que exceden la jornada ordinaria de trabajo como allanamientos, audiencias prolongadas de medidas cautelares. La rebaja en subpartidas de alquileres, locales y terrenos compromete gravemente la disponibilidad de recursos para atender compromisos de contratos vigentes y en ejecución y acarrearían responsabilidades contractuales para la institución. Si hay que desalojar locales por falta de pago, el Ministerio Público no cuenta con infraestructura para reubicar despachos, no tendríamos donde atender a las personas usuarias”.
Finalmente Molina Ruiz indicó que la subpartida de otros servicios de gestión y apoyo no permitirá atender el pago de peritajes matemáticos, culturales, interconsultas, traducciones orales y documentales que son necesarios para el buen desarrollo de los procesos de investigación.
Para el Director de la Defensa Pública Juan Carlos Pérez Murillo la afectación se va a trasladar a las personas usuarias, no solo queda en la operatividad del Poder Judicial, porque van a dejar de contar con una persona defensora pública que los asista, los asesore y represente en los distintos procesos judiciales. En el recorte que se hace a la Defensa Pública en alquiler de equipo de cómputo permite llegar hasta setiembre del 2023 y esto limita a cumplir con las labores que se realizan.
“En la reducción en las distintas partidas de alquiler, hay un riesgo de que exista incumplimiento. Nos reducen en servicios públicos, cómo vamos a trabajar, esto paraliza una oficina. Nos recortan en pago de impuestos municipales a partir de julio de 2023 y no se podrá subsanar en próximos años y el erario público también se ve afectado, y otro aspecto en el que los recursos nos han afectado el caso de pago de peritos e intérpretes a partir de octubre de 2023, como vamos a hacer en el caso de personas usuarias indígenas y otras personas usuarias que requieren del servicio de la Defensa Pública. La función de la Defensa Pública es atender a personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, que no tienen los suficientes recursos económicos para contratar un servicio legal. Ya no es solo un tema de operatividad sino de acceso a la justicia y lo estaríamos denegando. Nos recortan en temas de gasolina y repuestos, cómo nos vamos a movilizar, nosotros estamos dando un servicio, cómo darles ayudas a las personas vulnerables para que se trasladen”, sentenció el funcionario judicial.
Durante la comparecencia asistieron el Presidente y la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez y Patricia Solano Castro respectivamente; el Director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza Espinoza; el Fiscal General a.i, Wagner Molina Ruiz; el Director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo; el Director del Despacho de la Presidencia, Róger Mata Brenes; la Directora Ejecutiva, Ana Eugenia Romero Jenkins; la Directora de Planificación, Nacira Valverde Bermúdez; la Directora de Gestión Humana, Roxana Arrieta Meléndez y el Director de Tecnología de la Información a.i, Martín Hernández Serrano.
