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SALA DE PRENSA

Jerarcas judiciales destacan beneficios de la Resolución Alternativa de Conflictos en propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial

  • En audiencian ante Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.
  • Proyecto legislativo 22.936 plantea la adición de un artículo 134 bis a la LOPJ para facilitar el acceso a la conciliación.

El magistrado de la Sala de Casación Penal y coordinador de la Comisión RAC del Poder Judicial, Gerardo Rubén Alfaro Vargas y las magistradas de la Sala Primera y de la Sala Constitucional, Iris Rocío Rojas Morales y Anamari Garro Vargas, participaron el pasado miércoles 29 de marzo en audiencia de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.

Dicha audiencia, tuvo como objetivo explicar la relevancia del proyecto legislativo 22.936, el cual pretende la inclusión de un artículo 134 bis en la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que los jueces y juezas conciliadores pasen de tener un rango reglamentario a tener un rango legal y que desde cada uno de los procedimientos en donde es posible la mediación, la conciliación o la resolución alternativa de conflictos, estos tengan la obligación de llamar, invitar e informar a las partes sobre la posibilidad de optar por dichos mecanismos para solucionar el conflicto.

En su intervención, el magistrado Alfaro Vargas destacó que este proyecto marca un cambio en lo que se tiene actualmente, ya que en todos los procesos lojueces y juezas van a llamar a las partes para indicarles que tienen la posibilidad de resolver los conflictos por sus propios medios, sin que el juez ordinario resuelva, ya que en la mayoría de los casos la resolución en la justicia ordinaria no genera satisfacción para las personas involucradas.

La resolución alternativa de conflictos da una forma distinta de resolver, lo cual no significa que se pretende competir con el ordinario, no obstante, no se lo puede negar a las partes la posibilidad de conocer que pueden resolver sus conflictos de esta manera antes del proceso; procuramos un sistema de resolución distinto de los conflictos, en el cual tengamos como centro a las personas que quieren resolverlos, para que nadie se quede atrás, que todos y todas puedan acceder a un sistema de administración de justicia efectiva, pronta y cumplida”, destacó Alfaro Vargas.

Por su parte, la magistrada Iris Rocío Rojas Morales señaló que es importante tener en cuenta que la resolución alterna de conflictos es un derecho fundamental el cual está establecido en la Constitución Política y que el derecho moderno ha incorporado este tipo de solución al servicio público de administración de justicia, abarcando también el tema de la justicia administrativa.

La norma que traemos no sólo sirve para mejorar la paz social, sino también la celeridad, porque el Estado ha expropiado el derecho humano a las personas de defender sus derechos e intereses legítimos, ya que el retardo en la administración de justicia por acumulación de casos es una realidad que no puede ser negada; este derecho humano nos parece que puede ser potenciado con esta reforma, obligando a que en todos los procesos los jueces y juezas informen a las partes de la posibilidad de acudir a estos mecanismos, que se ofrecen en calidad y cantidad necesaria para disminuir la mora judicial y contribuir a la paz social, bajando la litigiosidad”, mencionó Rojas Morales.

La magistrada Anamari Garro Vargas, subrayó la importancia que tiene la finalidad pedagógica, ya que esta reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene una enorme finalidad en dicho sentido, porque contribuye a la creación  y el fortalecimiento de una cultura de paz y al mismo tiempo incide directamente en la propia institucionalidad, concretamente en la disminución de la mora judicial, con aspectos interesantes desde el punto de vista de economía recursos para el Estado, por medio de la buena gestión.

Garro Vargas se refirió a la importancia de este proyecto en el sentido de dar fortalecimiento de la ciudadanía, elemento importante para la democracia, ya que hace protagonistas de la solución del problema a las partes.

Al final de la audiencia, los jerarcas judiciales respondieron las preguntas de los y las señoras diputadas y a su vez pidieron apoyo a esta iniciativa de ley que se encuentra pendiente de dictaminar por parte de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos para pasar a discusión del Plenario y convertirse en ley de la República.

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