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El Poder Judicial comprometido con el Derecho al Agua

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El agua como un aspecto fundamental del desarrollo sostenible, para el desarrollo socioeconómico, la energía, producción de alimentos, ecosistemas y en especial, la supervivencia de los seres humanos y de todas las especies que habitamos el planeta, fue el tópico que se desarrolló durante el evento paralelo virtual sobre la Declaración de Brasilia de Jueces y Juezas sobre Justicia del Agua de 2018, celebrada el pasado sábado 18 de marzo de 2023.

Este evento convocó a juezas y jueces de todo el mundo con el objetivo de analizar el estado de derecho ambiental y el papel que tienen las Cortes Supremas de Justicia para garantizar el acceso a la justicia del agua, como un derecho fundamental para todas las personas especialmente las que se encuentran en condición de vulnerabilidad.

Durante este foro, la Magistrada Damaris María Vargas Vásquez participó en el evento como expositora en su condición de integrante del Instituto Mundial Ambiental, coordinadora de la Comisión de Justicia Ambiental de la Cumbre Judicial Iberoamericana y de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional.

También intervinieron la Magistrada Maria Filomena Singh de la Suprema Corte de Filipinas; Antonio Herman Benjamín, Magistrado de la Suprema Corte de Brasil y Presidente del Instituto Global Ambiental; Nicholas Bryner, Profesor de Derecho de la Universidad de Louisiana; Arnold Kreilhuber, Director UNEP, División de Derecho; Scott Fulton, Presidente Emérito del Instituto de Derecho Ambiental; y Rhiannon Tereari´i Chandler-Iao, Profesor de la Escuela de Derecho William S. Richardson.

En junio de 2010 el derecho al agua y al saneamiento fue reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, estableciéndose que debe serlo en cantidad suficiente para el uso doméstico y personal (entre 50 y 100 litros de agua por persona por día) segura, aceptable y asequible, cuyo costo no debe superar el 3% de los ingresos del hogar, además de ser accesible físicamente con una distancia a la fuente que no supere los 1.000 metros y su recogida no debe superar los 30 minutos.

Como bien lo señalan los representantes de la Unión Mundial de la Naturaleza (UICN), al resolver conflictos judiciales vinculados con el agua, se debe realizar con innovación y aplicar los principios ambientales, en especial el indubio pro-agua, como un derecho progresivo y nunca regresivo.

En Costa Rica ya se introdujo en la Constitución Política la prioridad del uso del agua para la población, más allá de otros usos y además, de manera comprometida y visionaria participó en la construcción y la firma de la Declaración de Brasilia de Jueces y Juezas sobre Justicia del Agua de 2018, la cual se ha estado incluyendo como base de análisis en las resoluciones del Poder Judicial.

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