9 - Agenda Presupuesto 29/04/2017

Detalles

Publicado: Jueves, 14 Septiembre 2017 07:53

Nº  39-2017 Extraordinaria (Presupuesto 2018)

CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.- San José, a las xx: xx horas del 26 de abril del dos mil diecisiete.

Sesión extraordinaria con asistencia de la Magistrada Zarela Villanueva Monge, Presidenta,  la licenciada Milena Conejo Aguilar, el licenciado Ramiro Salvador Arauz Montero, el máster Carlos Montero Zúñiga y el doctor Gary Amador Badilla. Asiste también la Directora Ejecutiva, máster Dinorah Alvarez Acosta y la Directora de Planificación, licenciada Nacira Valverde Bermúdez, en calidad de asesoras, el máster Erick Mora Leiva, Jefe de Proceso de Planeación y Evaluación de la Dirección de Planificación, la señora Alejandra Mena Cárdenas secretaria de la Dirección de Planificación, asisten el licenciado Juan Carlos Sebiani Serrano y la máster Adriana Orocú Chavarría, representantes de las Organizaciones Gremiales.

REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO, REFORMAS

ARTICULO I

         La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, presenta informe 24-PLA-MI-2017, relacionado con el Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial a partir de la promulgación del Nuevo Código Procesal Civil.

         Se presenta el siguiente resumen:

1. Antecedente

El nuevo Código Procesal Civil, Ley 9342,  fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta en el Alcance Nº 54 de fecha viernes 8 de Abril del 2016, entrando en vigencia 30 meses después de su publicación, es decir, el 8 de Octubre del 2018.

En el 2016, se elaboró un estudio preliminar (31-PLA-PI-2016), relacionado con la estimación del Impacto Organizacional y Presupuestario en el Poder Judicial a partir de la promulgación del Nuevo Código Procesal Civil, aprobado por Corte Plena el 7 de junio de ese año en sesión 18-2016, Artículo Único.

En virtud del ejercicio de formulación presupuestaria para el 2018, si bien es cierto se cuenta con el insumo del informe mencionado anteriormente, resulta necesario actualizar algunas variables estadísticas y cargas de trabajo con el fin de tomarlo en consideración en la recomendación técnica de plazas que debe surgir del presente estudio, información que será del conocimiento tanto de la Comisión de la Jurisdicción Civil como la Presidencia de la Corte.

(...)

1. ELEMENTOS RESOLUTIVOS.

4.1 El Nuevo Código Procesal Civil fue publicado en el Diario oficina La Gaceta en el Alcance 54 en fecha 8 de Abril del 2016 y entra a regir 30 meses después publicado, es decir, el 8 de Octubre del 2018.

4.2 Todos los asuntos que se conozcan en los juzgados de menor cuantía (circulante) serán trasladados hacia el circuito judicial de cabecera independientemente del estado y en aquellas zonas en que coexistan juzgados de mayor y menor cuantía con competencia civil, el conocimiento de la materia será en el despacho de mayor cuantía, hacia el que se trasladarán todos los expedientes.

            4.3 Ningún Juzgado Contravencional del país será competente para conocer la materia civil, pero se convierten en Centros de Gestión (cuando no exista en la zona un juzgado con competencia en materia civil), para la consulta de los expedientes civiles de la cabecera así como un centro de recepción de escritos y de envío al respectivo Juzgado Civil o Tribunal Colegiado según corresponda. A partir de los diagnósticos efectuados por la Dirección de Planificación de determinó que algunas oficinas requieren del soporte de plazas técnicas para la atención en puestos de manifestación que permitan fortalecer este modelo de trabajo. Algunos despachos que se deben reforzar son:

• Juzgado Contravencional de La Cruz
• Juzgado Contravencional de Carrillo
• Juzgado Contravencional de Abangares
• Juzgado Contravencional de Bagaces
• Juzgado Contravencional de Jicaral

4.4 Será necesario modificar la nomenclatura de esas oficinas judiciales, una vez finalizado el proceso de implantación y análisis de las oficinas judiciales del país.

4.5 Se implementa la figura de Tribunales Colegiados de Primera Instancia Civil, que conocerán exclusivamente de asuntos ordinarios, para ello, se definió como parámetro para su apertura un ingreso anual de 90 asuntos ordinarios por oficina y para la asignación de recurso humano cada plaza juzgadora deberá asumir anualmente 36 expedientes como mínimo, con la asignación de una Técnica o Técnico Judicial por cada Jueza o juez que integre el tribunal colegiado.

4.6 Se establece la creación de Juzgados Especializados que asumirán la competencia de los asuntos civiles (excepto ordinarios de mayor cuantía) donde la cantidad de asuntos lo justifiquen, caso contrario permanecerán en los Juzgados Mixtos que conozcan de las materias Civil y  Trabajo.

4.7 La especialización de la materia civil se logra en una serie de despachos tales como:

• Juzgado Civil de Puntarenas
• Juzgado Civil de Desamparados
• Juzgado Civil de Santa Cruz
• Juzgado Civil de Hatillo, San Sebastián y Alajuelita

4.8. La mayor cantidad de asuntos que se deben trasladar desde la periferia hacia la cabecera de circuito, para conformar el Juzgado Civil se constituye en el Primer Circuito Judicial de San José, donde se proyecta una entrada futura de 4301 expedientes, lo que presupone la apertura un tercer Juzgado en San José. 

4.9. Para el cálculo del recurso humano necesario de las oficinas civiles se considera el recurso humano actual de los juzgados civiles de mayor cuantía y juzgados civiles de menor cuantía que no conozcan de la materia cobratoria.

4.10. Una vez estructuradas ambas figuras de despacho (Tribunales Colegiados y Juzgados Civiles), existe la posibilidad de redistribuir principalmente recurso técnico del Primer Circuito Judicial de San José. También se detectó la existencia de puestos vacantes, principalmente en el Primer Circuito Judicial de San José y Cartago, lo que podría minimizar el impacto en la cantidad de plazas a crear de manera general.

4.11. Debe valorarse de parte de la Dirección de Gestión Humana la recalificación de las plazas de menor cuantía que se utilicen para la conformación de los juzgados civiles, y que deban asumir el conocimiento de procesos ahora denominados de mayor cuantía.

4.12. Se estima que la capacidad de entrada para una plaza de Jueza o Juez y de una Técnica o Técnico Judicial en un despacho de modalidad mixta es de 351 y 169 expedientes respectivamente, proporción bajo la cual se asignará el recurso humano necesario en ese tipo de dependencias, lo que pretende estandarizar las cargas de trabajo a nivel nacional, garantizando igualdad entre despachos homólogos, al contar con personal juzgador y técnico proporcional a su entrada.

4.13. En el caso de los juzgados mixtos, previo a la asignación de recurso humano, se tomará en consideración el personal actual, así como el que se asignó mediante el informe 30-PLA-PI-2016.

4.14. El conocimiento de la Materia Civil,  en aquellas dependencias mixtas que asumen los expedientes de menor cuantía, las zonas donde coexisten ambas dependencias, se puede resumir de la siguiente manera:

4.15. Para los juzgados civiles de menor cuantía que conocen de la materia cobratoria, se toma en consideración la pretensión de estandarizar el modelo de atención de esa materia a nivel nacional, especialmente en la atención del trámite, giros y remates. Se detectó necesidad de reforzamiento de recurso humano en:

• Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Cobro del Primer Circuito Judicial de San José
• Juzgado Especializado de Cobro de Cartago
• Juzgado de Cobro de Heredia
• Juzgado de Cobro de Pérez Zeledón
• Juzgado de Cobro de Grecia
• Juzgado de Cobro de Liberia
• Juzgado de Cobro de Santa Cruz
• Juzgado de Cobro de Golfito

4.16. La tramitación de la materia concursal a nivel nacional posee una naturaleza distinta a cualquier proceso de índole civil, por lo que se visualiza una atención especializada de ese tipo de expedientes, concentrando en una sola dependencia incluso, el circulante existente en el país y su futura entrada a partir del ocho de Octubre de 2018.

4.17. Tomando en consideración que a partir del 2017  se especializa el conocimiento de las apelaciones civiles y laborales en Alajuela, Heredia, Cartago y Puntarenas, resulta prudente replicar ese modelo a nivel nacional, hasta el momento en que las cargas de trabajo y facilidades tecnológicas lo permitan.

4.18. El movimiento de trabajo que pueden presentar los Tribunales de Apelación en Materia Civil y Trabajo, dependerá de una serie de factores relacionados con la diferencia del plazo en entrada en vigencia de ambas leyes, el establecimiento de la competencia territorial en materia civil (y cobratoria) y la posibilidad de declararse incompetente de oficio en los juzgados civiles, así como la transformación de los Tribunales de Trabajo de Menor Cuantía.

4.19. La Primera Instancia en materia civil estará conformada por Tribunales Colegiados de Primera Instancia, Juzgados Civiles, Juzgados Especializados de Cobro y el único Juzgado Concursal del país. 

4.20. La respectiva Sala de Casación (Primera o Segunda), será quien conozca el recurso de casación directa contra las sentencias del Tribunal Colegiado de Instancia, pues esta no tendrá apelación.

4.21. A pesar de la modificación que el Nuevo Código Civil plantea a la Ley Orgánica del Poder Judicial en el artículo 55, le corresponderá a la Sala Segunda el conocimiento de los asuntos que ingresen a partir del 8 de Octubre del 2018 relacionados con el auxilio judicial internacional y del reconocimiento y eficacia de sentencias y laudos extranjeros en materia laboral, familia, sucesoria y concursal, el circulante existente a esa fecha continuará en conocimiento de la Sala Primera hasta su finalización.

4.22. Se establece la necesidad de reforzar temporalmente la Sala Primera con una plaza de Profesional en derecho 3B. Posteriormente, cuando se conozca el efecto en la Sala del movimiento de trabajo futuro producto de las modificaciones en la entrada de asuntos, según las modificaciones en competencia y de la creación de Tribunales Colegiados de Primera Instancia, cuyas sentencias serán objeto de recurso de apelación ante Sala Primera o Sala Segunda según corresponda, se analizará nuevamente la necesidad de dotación de recursos.

4.23. La creación de plazas para el ámbito administrativo, jurisdiccional y auxiliar de justicia que destacan en el presente informe, intrínsecamente genera  una serie de gastos a contemplar, por ejemplo la necesidad de espacio físico (remodelaciones o alquileres), servicios básicos (agua, luz, teléfono, entre otros), así como mobiliario y equipo de oficina.

4.24. Será necesaria la creación de un equipo interdisciplinario para dar soporte a la implementación del Nuevo Código Civil, e involucra las Direcciones de Planificación, Gestión Humana, Tecnología de la Información, Dirección Ejecutiva, el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional y la Comisión de la Jurisdicción Laboral. 

4.25. En virtud de los cambios en la competencia de los despachos, deberá gestionarse el cambio en la nomenclatura de los mismos siguiendo el procedimiento que corresponda (Proyecto de Ley).

V. RECOMENDACIONES

5.1. Se crean los siguientes Tribunales Colegiados de Primera Instancia Civil:

Para lo anterior, será necesaria la creación de veintisiete plazas de Jueza o Juez 3, doce de Técnica o Técnico Judicial 2 y cuatro de Coordinadora o Coordinador Judicial 2.

            5.2  Creación de los siguientes Juzgados Civiles:

Según lo anterior, será necesaria la creación de dieciséis plazas de Jueza o Juez 3, treinta y una de Técnica o Técnico Judicial 2 y cinco de Coordinador o Coordinador Judicial 2.

           5.3 En virtud de la existencia de plazas vacantes y recursos para redistribuir una vez conformadas las estructuras anteriores, se establece que:

• Primer Circuito Judicial de San José: se propone tomar las plazas vacantes N°15867, 56354, 43856, 43829 y 43814 (recalificarlo a Técnica o Técnica Judicial 2) así como el 43806 de Coordinadora o Coordinador Judicial 2 y suplantarlos en la creación de plazas en otros circuitos judiciales según lo disponga la Dirección de Gestión Humana.
• Circuito Judicial de Cartago: tomar los números de puesto vacantes 107873 y 77737 (recalificarlos a Técnica o Técnico Judicial 2) y asignarlos al Juzgado Civil de esa zona, reduciendo en dos el requerimiento para ese despacho.
• Juzgado Civil del III Circuito Judicial de San José (Desamparados): en virtud de la existencia de una plaza de Auxiliar de Servicios Generales 2, se requiere su recalificación a Técnica o Técnico Judicial 2 y utilizarlo como recurso de planta de la oficina, las restantes tres plazas se toman de las vacantes provenientes de San José.
• Juzgado Civil de Hatillo, San Sebastián y Alajuelita: requiere de un total de 3 plazas técnicas y 1 de Coordinadora o Coordinador Judicial 2, sin embargo, se recalifica la existente de Auxiliar de Servicios Generales 2 a Técnica o Técnico Judicial 2 y las restantes plazas técnicas (2) y la requerida en coordinación se toman de las vacantes del Primer Circuito Judicial de San José.
• Juzgado Civil de Santa Cruz: cuenta con una plaza de Técnica o Técnico Judicial 2 para redistribuir, sin embargo momentáneamente se mantendrá en ese juzgado, sujeto a que en un estudio posterior se determine realmente cual será su despacho de destino.
• Recalificación a la categoría de Técnica o Técnico Judicial 2 de todas aquellas plazas que hoy se destacan en los juzgados civiles de menor cuantía (excepto las que ven materia cobratoria) y se utilizarán como base para conformar los futuros juzgados civiles.

            5.4. Especializar la materia concursal en una sola dependencia en el Primer Circuito Judicial de San José, lo que significa efectuar el traslado de los asuntos existentes en el circulante de los juzgados a nivel nacional hacia esta dependencia, para lo cual se asignará una plaza de Jueza o Juez.

            5.5. Crear el siguiente recurso humano para los Juzgados Mixtos.

            -3 plazas de Jueza o Juez 3

            - 4 plazas de Técnica o Técnico Judicial 2

            5.6. A partir de la entrada en vigencia del Nuevo Código Civil, y en apego a lo definido en el informe 31-PLA-PI-2016, se deben especializar el Juzgado Civil de Puntarenas y el Juzgado Civil de Hatillo, San Sebastián y Alajuelita, es decir de manera automática se especializa el Juzgado Agrario en Puntarenas y queda bajo una misma estructura el Juzgado de Trabajo y Familia de Hatillo, San Sebastián y Alajuelita. Asimismo, en Quepos se constituye un Juzgado Civil y Trabajo y las restantes materias de ese despacho mixto se atenderán bajo otra estructura (Familia, Penal Juvenil y Violencia Doméstica).

            5.7. Ningún Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía conocerá de la materia Civil después del 8 de octubre de 2018, su función será de Centro de Gestión en la atención de consultas relacionadas con expedientes civiles y su correspondiente asignación de recurso humano se detalla en el cuadro resumen de plazas recomendadas.

            5.8 Para la atención de la materia cobratoria se deben crear cuatro plazas de Coordinadora o Coordinador Judicial 1 y nueve Técnicas o Técnicos Judiciales 1.

            5.9. No se considera de momento extender la especialización de las apelaciones civiles y de trabajo hacia otras zonas del país (excepto las que ya lo logran a partir de 2017, ese aspecto será posible según la justificación de cargas de trabajo lo permita.

            5.10. Considerando el incremento que se proyecta en la entrada de asuntos producto de los planes de trabajo de descongestionamiento del fallo civil desde mayo 2016 (oficio 694-PLA-2017) y 2017,  y que  debe mantenerse por  2018, tanto en primera como en segunda instancia civil, a efectos de garantizar la exitosa entrada en vigencia de la reforma y de los cambios que se dan principalmente por un sistema de audiencias, se hace necesaria la creación de una plaza adicional de Profesional en Derecho 3 B.

5.11 Deberá mantenerse un equipo interdisciplinario para la implementación del nuevo Código Procesal Civil, que involucre las Direcciones de Planificación, Gestión Humana, Tecnología de la Información, Dirección Ejecutiva, el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional y la Comisión de la Jurisdicción Civil. Este equipo iniciará funciones en enero 2018 en virtud de las labores de preparación que deben ejecutarse previo a la entrada en vigencia de la norma.

5.12 La Dirección de Planificación deberá:

- Efectuar el análisis correspondiente  de la relación entre cargas de trabajo y recurso humano en los dos Tribunales Civiles de San José, Juzgados de Cobro, Juzgados Contravencionales, y Juzgados de Menor Cuantía y Tránsito a raíz de la pérdida de competencias.

- Establecer un plan de trabajo conjunto con el equipo interdisciplinario a que hace referencia el punto anterior y lograr así la implementación de las mejoras y cambios propuestos a partir del nuevo Código Procesal Civil.

- Definir la competencia territorial que tendrán los Juzgados de Cobro en virtud de la posibilidad que tendrán de declarar la incompetencia por este motivo de oficio, para su posterior conocimiento y aprobación por Corte Plena.

-Evaluar posteriormente la situación de cargas de trabajo en los Juzgados Contravencionales y de Menor Cuantía en virtud de la pérdida de competencia que sufrirán algunos de ellos tanto en Materia Laboral como Civil.

-Indicar la nomenclatura a la que se deberán modificar los despachos judiciales en virtud de la pérdida de competencias en ambas reformas (Civil y  Laboral), una vez finalizado el proceso de implantación.

• Actualizar el documento “Competencia Territorial y Jerárquica de los Tribunales y Oficinas del Poder Judicial”.

5.13 La Dirección de Gestión Humana deberá:

- Definir cuáles de las actuales plazas vacantes técnicas del Primer Circuito Judicial en materia Civil se deben trasladar hacia otros circuitos judiciales según la recomendación 5.3.

- Proceder a efectuar el estudio de recalificación cuando proceda en aquellas plazas que asumen conocimiento de los asuntos ahora denominados de mayor cuantía, así como la categoría de Técnica o Técnico Judicial 2 de las plazas de Auxiliar de Servicios Generales 2, que se utilizarán como parte del recurso técnico de los despachos indicados en la recomendación 5.3.

- Realizar el proceso de reclutamiento y selección que corresponda para el nombramiento de personas en plazas nuevas.

5.14 La Dirección de Tecnología de la Información:

- Identificar el sistema o herramienta tecnológica adecuada a las necesidades de la nueva tramitación en materia civil, considerando la oralidad, necesidad del expediente electrónico, especialización y los requisitos tecnológicos para la creación de los Centros de Gestión dentro de la estructura de los Juzgados Contravencionales del país.

- Establecer en conjunto con el equipo de implantación el plan de abordaje (requerimientos, prioridad) de oficinas a fin de implementar los sistemas requeridos para a la entrada en vigencia del Código.

-Fortalecer constantemente la capacitación al personal judicial destacado en la atención de la Materia Civil en herramientas tales como: Agenda Cronos, Escritorio Virtual y Sistema de Gestión de los Despachos Judiciales.

5.15 La Dirección Ejecutiva tendrá a su cargo:

• La reestructuración a nivel de infraestructura, necesidad de equipo, ajuste e identificación de los modelos de oficinas de Sala de todos los Circuitos del país a fin de que se ajusten a los requerimientos para la implementación del Código.
• Inclusión en el Fideicomiso Inmobiliario del Poder Judicial 2015 (Banco de Costa Rica), de la suma de mil millones de colones como aporte para desarrollar proyectos de construcción, y disminuir costos por alquileres.[1]

5.16 La Dirección Jurídica deberá:

• Efectuar el proyecto de Ley para modificar la nomenclatura de las oficinas judiciales, en virtud de la pérdida de competencias (civiles y laborales) una vez finalizado el proceso de implantación por parte del equipo encargado de esa labor (año 2018).

5.17 La Corte Suprema de Justicia deberá:

• Modificar y definir las nuevas competencias de los Tribunales de Apelación, Juzgados, Tribunales Colegiados de Primer Instancia.

5.18. La Escuela Judicial deberá:

• Generar procesos de capacitación que se oriente a la sensibilización sobre el cambio en la cultura organizacional que implica la Reforma legal, así como propiciar una mejor prestación del servicio que brindan las funcionarias y funcionarios judiciales a las personas usuarias.

5.19. Los Juzgados y Tribunales que conocen la Materia Civil en el país deberán:

• Tramitar los procesos en los tiempos establecidos por Ley y fijados como indicadores de medición del desempeño a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil.

5.20. El Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional deberá:

• Monitorear el proceso de implementación y ejecución de la reestructuración propuesta por la Ley
• Siendo que en este estudio se establecen parámetros e indicadores, serán los encargados de la adaptación y seguimiento de estas variables para las distintas oficinas civiles del país como parte de la evaluación de su desempeño.
• En caso de detectar deficiencias, diseñarán un plan de trabajo con el fin de darles solución célere y efectiva.

       5.21 La cantidad total de plazas a contemplar (costo, período, condición) en el ejercicio presupuestario 2018 se detalla seguidamente:

 5.22. En resumen la cantidad de plazas a crear en el Área jurisdiccional es el siguiente:

5.23 El costo total para continuar la implementación del nuevo Código Procesal civil en 2018 asciende a ₡9.560.561.631,38.

Es importante mencionar, en el caso de los Juzgados Mixtos, que la parte proporcional del costo por la materia laboral, fue incluida como parte del presupuesto ordinario institucional.

5.24 En relación con el costo presupuestado en el 2016 mediante el estudio 31-PLA-PI-2016 es importante indicar que para la formulación presupuestario 2018 se presenta un incremento en el costo:

El incremento  en el costo  se debe  a:

457. En el ejercicio presupuestario 2017, en el Programa 927 se incluyó un total de ₡457.605.516,00 para capacitación, presupuesto que se está ejecutando actualmente.
458. La formulación presupuestaria 2018 con respecto al preliminar del informe 31-PLA-PI-2016, presenta un incremento en el Programa 926 que obedece a la incorporación de recurso humano (área administrativa) para la conformación de un Equipo Interdisciplinario para ejecutar las tareas asociadas a la implementación y seguimiento de la Reforma y de las implicaciones a nivel de estructura organizacional en el Poder Judicial. Labor indispensable para poder iniciar en Octubre 2018 con los recursos necesarios que garanticen el éxito de la entrada en vigencia de la Ley 9342.
459. El Programa 927, experimenta un aumento para el 2018, debido a incrementos principalmente en las partidas de alquileres y servicios públicos ya que siendo que los locales mixtos se utilizan desde 2017 se debe garantizar la continuidad por todo el 2018. Asimismo, los procesos de contratación de los locales para albergar los Juzgados Civiles debe finalizar en el primer semestre de ese mismo año, y a partir de su contratación se inicia con el traslado de personal a fin de facilitar las labores logísticas de previo a la entrada n vigencia de la norma. Es importante resaltar que en el informe preliminar 31-PLA-PI-2016 se incluyó presupuesto para cubrir una parte del año, toda vez que la entrada en vigencia de la reforma ocurre a partir del 08 de octubre de 2018 (3 meses), sin embargo, por el procedimiento que implica la contratación administrativa de los locales, debe realizarse con la anterioridad necesaria, por lo que resulta trascendental prever los costos por todo el año y minimizar el riesgo de faltantes en el proceso.

-0-

Se acordó:

ARTICULO II

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, presenta informe 25-PLA-OI-2017, relacionado con el Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial ante la posible aprobación del proyecto de ley de “Justicia Restaurativa”

Se presenta el siguiente resumen:

“I. Antecedentes

• El proyecto de ley de Justicia Restaurativa, se encuentra en el plenario legislativo convocado para su respectiva votación por parte de la Asamblea Legislativa, según expediente N°19.935. A su vez, mediante Decreto Ejecutivo N°40303 MJP-MP el Presidente de la República y el Ministro a.i. de la Presidencia y la Ministra de Justicia y Paz, decretan de interés público la Política Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa y se Plan de Acción.
• En sesión de Corte Plena N°34, artículo XXXVIII, con fecha del 05 de diciembre del 2016 se tomó por rendido el informe de la Dra. Doris Arias Madrigal, Magistrada de la Sala Tercera, en donde se exponen las consideraciones generales del proyecto. Además, se aprobó acoger el proyecto de ley como propio de la Corte  y hacerlo de conocimiento de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.
• En términos generales el Programa de Justicia Restaurativa pretende brindar a la jurisdicción penal la posibilidad de desarrollar un modelo de justicia mediante el cual, se repara el daño a la víctima, procurando una satisfacción del proceso penal y además la persona ofensora se reintegra a la sociedad de forma positiva, a través del reconocimiento de sus actos y el respeto de los derechos de los demás; logrando que la persona ofensora no sólo reconozca que cometió un daño sino también sus consecuencias.

Los casos penales que ingresan al programa, necesitan que las personas imputadas no cuenten con antecedentes penales, ambas partes deben ingresar de manera voluntaria al programa y la persona imputada debe aceptar la responsabilidad del daño causado por parte de la persona imputada. La pena del delito no puede sobrepasar los tres años y tiene como condición que la persona imputada  no se haya sometido a ninguna medida alterna en los últimos cinco años.

En el plan piloto del programa, el Ministerio Público elaboró dos circulares: N° 06-ADM y la N° 08-ADM del 12 de marzo y 12 de mayo de 2012 respectivamente, donde se estableció que en el programa de Justicia Restaurativa se tendrían los siguientes delitos: conducciones temerarias, lesiones culposas y homicidios culposos, delitos ambientales (infracción a la ley forestal), portación y tenencia ilegal de armas, hurtos agravados, atenuados y de uso, daños y daños agravados. Después en la circular N° 12-ADM del 12 de agosto de 2012 se amplió la gama de delitos incluyéndose agresión con arma, amenazas agravadas (sin utilización de arma de fuego), delitos de usurpación, descuido de animales y los que definía la Fiscalía General de la República.

• El Consejo Superior en la sesión 085-11 del 6 de octubre de 2011, artículo XXIX aprobó el Proyecto de Justicia Restaurativa para el Poder Judicial y lo declara de interés institucional y se compromete a buscar recursos humanos y materiales para su desarrollo en el 2012.
• La Corte Plena en sesión del 20 de febrero del 2012, artículo XLVI, punto “1.2” dentro de las propuestas presupuestarias para el 2013, acordó consolidar y reforzar los recursos del programa de justicia restaurativa, además de que lo considera un tema prioritario dentro de las políticas institucionales.
• El Consejo Superior del Poder Judicial en la sesión 52-12 del 28 de mayo de 2012, artículo LXIII, conoció el oficio 016-PJR-2012 y se autorizó a partir del 28 de mayo de 2012 el inicio en funcionamiento del Proyecto Piloto denominado Programa de Justicia Restaurativa en el Poder Judicial de Costa Rica en materia penal.
• El 7 de febrero de 2013 se firmó la “Carta de Intenciones”, la cual se deriva del “Memorandum de Entendimiento y Asistencia Técnica entre la Secretaría General de Organización de los Estados Americanos” por medio de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Secretaría de Seguridad Multidimensional, y el Gobierno de la República de Costa Rica, Ministerio de la Presidencia, a través del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), para la creación y promoción de modelos de alternativas de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial en la República de Costa Rica, suscrita los días 25 de octubre del 2012 en la Ciudad de Washington D.C, y 09 de noviembre del 2012 en San José.
• La Dirección de Planificación ha realizado dos evaluaciones: Oficio  276-PLA-2013, conocido por Consejo Superior el 12 de marzo del 2013, en la sesión N°23-2013, artículo XL y el oficio 50-PLA-2015 conocido en sesión de Consejo Superior N°36-2015 del 21 de abril 2015, artículo XVIII, relacionados  al tipo de organización y sus respectivos impactos en la tramitación de casos. 

1. Elementos Resolutivos

Del análisis de las implicaciones organizativas, administrativas y presupuestarias del proyecto de Justicia Restaurativa contenido en el expediente legislativo  N°19.935 del proyecto de Ley y de la revisión de la situación actual del Programa de Justicia Restaurativa contenido en el Plan Estratégico Institucional con base en estudios realizados por la Dirección de Planificación, se arriban a las siguientes conclusiones:

4.1. El Programa de Justicia Restaurativa, inició en el 2012 con un plan piloto en el Tercer Circuito Judicial de San José (Pavas); sin embargo,  el Consejo Superior ha autorizado su expansión a diferentes zonas geográficas del país como resultado de las acciones realizadas por la Dirección del Programa y de los estudios y evaluaciones formuladas por la Dirección de Planificación.  En la actualidad, el Programa cuenta con cinco Equipos Interdisciplinarios de Justicia Restaurativa Penal Adultos, cinco Equipos Interdisciplinarios de Justicia Restaurativa Penal Juvenil  (Psicólogo o Psicóloga y Trabajadora o Trabajador Social) y un Equipo de Justicia para el procedimiento especial de Flagrancia.

4.2. La implementación del proyecto de Justicia Restaurativa, requiere recursos adicionales de personal profesional en los órganos auxiliares de justicia no así en la parte de la judicatura porque se utilizará el ordinario del despacho toda vez que por disposición institucional Circular 50-16 y 130 -16 de la Secretaría de la Corte le corresponde a las personas juzgadoras de las diferentes instancias en materia penal y penal juvenil, asumir dentro de sus funciones la Justicia Restaurativa, dado que su rol consiste en la facilitación de las Reuniones Restaurativa y homologación de los acuerdos principalmente.  También necesita personal adicional para el área de la Dirección del Programa, por cuanto el servicio debe extenderse de forma paulatina y sostenida, en las zonas que actualmente no funciona.   Igualmente necesita personal para facilitar el proceso de implementación por un periodo de dos meses para los cuatro  circuitos judiciales donde se iniciará el Programa de Justicia Restaurativa, por lo que este equipo facilitador deberá destacarse en cada circuito judicial por un período de 15 días. 

Finalmente requiere de presupuesto adicional para habilitar oficinas en los lugares donde se extenderá.

En el caso de justicia Penal Juvenil Restaurativa, debe reforzarse  únicamente con  profesionales de Trabajo Social y Psicología, ya que la naturaleza de la materia penal juvenil, promueve de carácter prioritario resolver cualquier conflicto penal a través de los mecanismos restaurativos o alternativos, motivo por el cual las jurisdicciones juveniles deben resolver bajo este procedimiento y lo que resulta indispensables para su efectiva aplicación son los equipos psicosociales.

4.3. Así también el Proyecto de Ley contempla la creación de una plaza de Supervisora o Supervisor de Trabajo Social y Psicología con enfoque restaurativo para poder dar un seguimiento óptimo a los Equipos Psicosociales que integran el Programa (11 actuales y 8 proyectados conforme se detallará  en el siguiente apartado de recomendaciones).

4.4. Dado a que el enfoque de Justicia Restaurativa busca rehabilitar, reintegrar a sus víctimas a la comunidad, el proyecto crea a través de una reforma a la actual Ley N° 8720 denominada “Ley de Protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal”, equipos técnicos encargados de brindar un abordaje restaurativo a las víctimas, por lo cual es necesario el fortalecimiento para esa oficina con personal profesional adicional para referir a las personas víctimas que considere necesario el equipo sicosocial.

4.5. El personal adicional del Programa tiene como objetivo principal, el promover la utilización del enfoque restaurativo en la resolución de los delitos penales, razón por la cual se considera que conforme se asiente este enfoque, el personal ordinario de los órganos auxiliares (Ministerio Público y Defensa Pública y del mismo Departamento de Trabajo Social y Psicología) deberán asumir casos para tramitarlos con el enfoque restaurativo. De la misma manera, la implementación de proyecto de ley tendría como efecto secundario una disminución en la entrada de asuntos de los Tribunales de Justicia lo que consecuentemente tendrá a largo plazo, un impacto positivo en el presupuesto institucional ya que al ingresar menos asuntos a los tribunales, se requerirá menos personal para su funcionamiento  de juicio en virtud que al promover la Justicia Restaurativa disminuye el circulante en esta etapa del proceso penal, sumado al impacto económico y ahorro para la institución dado que es sabido que un proceso por justicia restaurativa es 95% más barato que un proceso resuelto  por la corriente ordinario, aunado al impacto cualitativo de las bondades restaurativas en las personas usuarias.

4.6. El proyecto de ley de Justicia Restaurativa contenido en el expediente legislativo  N°19.935, propicia un incremento potencial en la cantidad de asuntos que serán conocidos por las oficinas del Programa de Justicia Restaurativa, al pasar de 23 delitos a 71 lo cual representa un incremento de 209%, y se estima que provocará un incremento en las cargas de trabajo de las oficinas ya existentes.

4.7. Con la finalidad de tener un mayor impacto a nivel social se considera conveniente que los Equipos Psicosociales de Penal Juvenil se implementen en las mismas zonas donde existirá un Equipo Interdisciplinario de Justicia Restaurativa Penal Adultos; lo cual también tendrá un beneficio al poder disminuirse los costos de implementación del Programa.  Así también, para maximizar los recursos institucionales se promueve que los mismos equipos Psicosociales que atienden la justicia restaurativa penal juvenil también atiendan los casos del procedimiento especial de Flagrancia que son abordados por el enfoque restaurativo, en el entendido que  las restantes disciplinas que integran el proceso restaurativa tales como Tribunal de Flagrancias, Ministerio Público, Defensa Pública deberán asumir este procedimiento dentro de sus funciones.

4.8. Es de vital importancia que los Equipos Interdisciplinarios establezcan mecanismos de divulgación y socialización de los beneficios del programa para que el Proyecto de Ley sea exitoso y se logre alcanzar una cobertura alrededor de un 40% de los asuntos que ingresan al Ministerio Público.

1. Recomendaciones

Del análisis realizado se formulan las siguientes recomendaciones:

5.1. El personal que se requiere para el 2018 para implementar el Proyecto de Ley de Justicia Restaurativa es el que detalla a continuación:

Es importante indicar que las sedes de estos equipos interdisciplinarios y psicosociales serían las siguientes: 

1. Santa Cruz, Liberia (sede) y Cañas.
2. Corredores (sede), Golfito y Coto Brus.
3. Puntarenas (sede), Quepos y Garabito.
4. San Carlos (sede) y La Fortuna.

Para lograr una mayor cobertura del Programa de Justicia Restaurativa es necesario incurrir en una serie de gastos administrativos, por lo que a continuación se muestra el detalla de los costos estimados, los cuales fueron estimados en forma conjunta con la Dirección Ejecutiva:

Según indica la Dirección Ejecutiva, existen en la actualidad limitaciones de espacio físico, dado lo anterior la estimación de costos presentada no está contemplando la ubicación física del siguiente personal:

• Supervisora o Supervisor en el área de psicología o trabajo social.
• Psicólogo para equipo interdisciplinario en Justicia Penal Adultos Restaurativa y Psicólogo de atención a las víctimas en el Segundo Circuito Judicial de San José.
• Psicólogo de atención a las víctimas en el Circuito Judicial de Heredia y Primer Circuito de la Zona Atlántica, sin embargo, para estos circuitos en el momento que se realice el traslado del personal por las reformas a las materias de Civil y Laboral, podrían contar con el espacio físico para ubicar a los psicólogos.

        5.3.Con el objetivo de una implementación exitosa de la Ley de Justicia Restaurativa es necesario capacitar al personal jurisdiccional, Ministerio Público, Defensa Pública, Profesionales en Trabajo Social y Psicología de las zonas en donde se dará la apertura de oficinas. La estimación de los costos de capacitación se realizó en forma conjunta con la Escuela Judicial y la Dirección del Programa  de Justicia Restaurativa y se determinó que la población del Poder Judicial a capacitar es de 285 personas, dentro de las cuales se considera el personal de los Juzgados Penales, Juzgados Penales Juveniles, Tribunales de Juicio (Flagrancia), Defensa Pública y Ministerio Público en los circuitos judiciales donde se iniciará con la implementación del Programa. Además estas estimaciones incluyen los gastos necesarios para que los facilitadores  o facilitadoras también capaciten a las personas invitadas al primer encuentro interinstitucional con la sociedad civil (comunidad), por lo que a continuación se detallan los costos estimados:

(a)Según lo indica la Administración de la Escuela Judicial, los gastos de viáticos y transporte de los funcionarios deben ser presupuestados en el Centro Gestor de la Escuela Judicial, razón por la cual se muestran en el programa 926.

5.4. De manera complementaria es necesario que cada persona que labora en los Equipos Interdisciplinarios que atenderán justicia restaurativa cuente con los insumos básicos para poder hacer un trabajo efectivo, por lo tanto es necesario invertir en Tecnología, tal como se detalla a continuación:

• La Dirección Ejecutiva determinó, que la ubicación en los circuitos propuestos de los equipos interdisciplinarios para el programa de Justicia Restaurativa para las materias Penal, Penal Juvenil y Flagrancia, deben ser ubicados en edificios que deberán ser alquilados en el momento en que empiecen a funcionar los nuevos equipos de trabajo, ya que en los edificios actuales del Poder Judicial no existe suficiente espacio para ubicarlos.

5.5. Se recomienda realizar una evaluación durante el segundo semestre del 2018 de la carga de trabajo del programa de Justicia Restaurativa y el impacto que tuvo la implementación de esta Ley, con la finalidad de determinar la continuidad de los equipos interdisciplinarios y equipos psicosociales en los circuitos recomendados o si dependiendo de los resultados mostrados es posible trasladarlos a otros circuitos donde no existe una oficina de Justicia Restaurativa.

5.6. Para procurar que el recurso asignado a este proyecto de Ley sea ejecutado de forma correcta se recomienda que los fondos destinados para infraestructura, mobiliario y equipo sean trasladados a la oficina 1377 – Programa de Justicia Restaurativa del centro Gestor 140 Departamento de Proveeduría la cual corresponde a una comisión administrada por la Dirección Ejecutiva.

5.7. Para lograr una mayor divulgación a nivel nacional del Programa de Justicia Restaurativa, se recomienda que el Departamento de Prensa y Comunicación trabaje en forma conjunta con la Dirección del Programa de Justicia Restaurativa, para elaborar la metodología necesaria que garantice que la mayor cantidad de personas conozcan el Programa de Justicia Restaurativa.

Resumen de Costos Estimados para la implementación del Proyecto de Ley de Justicia Restaurativa

Vinculado con el plan estratégico:

Las recomendaciones anteriores se realizaron para lograr implementar en el Poder Judicial el proyecto de ley de Justicia Restaurativa.  Cabe agregar que este tema  se encuentra vinculado al Plan Estratégico 2013-2018, en el tema “Retraso Judicial: Disminución del retraso en la resolución de los procesos judiciales” enfocado a “Disminuir el retraso en la resolución de los procesos judiciales, mediante la optimización de mecanismos alternos de solución de conflictos, la agilización de las medidas cautelares, tutelares y otras acciones concretas para abordar la congestión judicial.” Así como el tema de “Participación ciudadana: aplicación de la gobernanza” enfocado a la incorporación, en la gestión judicial de los diferentes actores involucrados con el fin de buscar soluciones que resulten satisfactorias para todas las partes.”

-0-

Se acordó:

ARTICULO III

         La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, presenta informe 26-PLA-MI-2017, relacionado con la Jurisdicción Laboral-Impacto a partir de la implementación de la Reforma de Código de Trabajo.

         Se presenta el siguiente resumen:

“II Plazas por analizar

En el informe 30-PLA-PI-2016 se recomendaron un total de 248 plazas de ellas 55 de forma ordinaria y 193 de manera extraordinaria.

A partir del análisis de cargas de trabajo de las distintas oficinas del país con competencia en materia laboral, se emite el presente documento donde se evalúa la continuidad de un total de 193 plazas asignadas en 2017 de manera extraordinaria a saber: 54 plazas de la Defensa Pública, 9 del Departamento de Medicina Legal, 83 área Jurisdiccional y 47 de la administrativa:

Área Auxiliar de Justicia

Área Administrativa

Área Jurisdiccional

(…)

V Elementos Resolutivos

5.1 La aprobación del modelo electrónico para la implementación de la Reforma al Código de Trabajo, ha conllevado a un trabajo conjunto entre las Direcciones de Planificación, Tecnología de la Información y Ejecutiva.

5.2. A raíz de los diagnósticos efectuados en las oficinas judiciales, ha sido necesario poner en marcha diferentes planes de trabajo así como modificaciones de estructura física o de recurso humano que en algunos casos sugiere la especialización de oficinas.

5.3. El presente estudio pretende valorar la justificación sobre la continuidad de una serie de plazas destacadas durante el 2017 en labores asociadas a la reforma de los ámbitos administrativo, jurisdiccional y auxiliar de justicia. Por otra parte, se pretende estudiar la necesidad de recurso humano nuevo para solventar posibles deficiencias detectadas.

5.4. Un punto fundamental que incide en la entrada de asuntos depende de la cuantía de los procesos y de la unificación que se da entre Juzgados y Tribunales de Trabajo de Menor Cuantía. Su incidencia, principalmente en lo que a recursos de apelación se refiere, se traduce en un incremento en la entrada en los Tribunales de Segunda Instancia y la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.

5.5. La próxima entrada en vigencia de la Reforma al Código de Trabajo (julio 2017) y del Código Procesal Civil (octubre 2018), significará un cambio en las competencias en las oficinas judiciales del país, incluso en la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia que conocerá en adelante asuntos por auxilio internacional.

5.6. El requerimiento de plazas para el 2018 en relación con el tema médico, será de Médico en Medicina del Trabajo, según el perfil definido por la Sección de Análisis de Puestos en el informe SAP-193-2016 (CP-037-2017), aprobado el 23 de marzo de 2017, en sesión 28-2017 del veintitrés de Marzo del dos mil diecisiete, artículo XXVI.

5.7. Los planes de trabajo desarrollados durante el 2016 y su posible continuidad en el 2017, permitirán una reducción del circulante de 25% en despachos de menor cuantía, 56% en aquellos de mayor cuantía y de un 72% en segunda instancia.

5.8 En resumen, se requieren para el 2018 un total de 25 plazas nuevas, recurso humano indispensable para el fortalecimiento de los despachos judiciales y administrativos citados, que permitan implementar con éxito la reforma al Código de Trabajo y garantizar que la norma tenga el alcance deseado por la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo con la promulgación de la Ley 9343.

Cuadro 10:

Resumen de necesidad de plazas nuevas, Reforma al Código de Trabajo, 2018

            Fuente: Elaboración propia.                  

5.9. La materia laboral será conocida por las siguientes oficinas con el nombre de que se indica:

5.10. En términos generales, las cargas de trabajo en el ámbito jurisdiccional, analizadas en el presente informe, mantienen un comportamiento muy similar al abordado el año anterior mediante el informe 30-PLA-PI-2016, lo que sugiere mantener la estructura de trabajo actual, que permite garantizar cargas de trabajo adecuadas y equitativas en los despachos jurisdiccionales.

5.11. Se prevé un incremento en la entrada de asuntos en segunda instancia producto de los planes de descongestionamiento, sin embargo el mayor impacto obedecerá a la reestructuración  de los actuales Tribunales de Trabajo de Menor Cuantía en Juzgados de Trabajo (mayor número de resoluciones cuentan con recurso de apelación),

5.12. Un factor que se debe tomar en consideración, es que al establecerse desde el año anterior, la creación del Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, la modificación de competencias tendrá un impacto en las apelaciones particularmente en el I y II Circuito Judiciales de San José.

5.13. En virtud de no conocerse de manera certera las cifras en que incrementarán las apelaciones en segunda instancia, se mantiene el criterio de especialización conforme a las cargas de trabajo y disposición de herramientas tecnológicas lo permitan.

5.14. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 9342 Nuevo Código Procesal Civil, los asuntos denominados de auxilio judicial internacional y de reconocimiento y eficacia de sentencias y laudos extranjeros en materia laboral, familia, sucesoria y concursal que actualmente se conocen en la Sala Primera, serán conocidos por la Sala Segunda, lo que podría significar un incremento en la entrada de 120 asuntos anuales aproximadamente.

5.15. Producto de los diagnósticos de las oficinas, ajustes de estructura de recurso humano, así como de la eventual especialización de algunos despachos laborales, se hace necesaria la creación de mayor cantidad de recurso humano, aspecto que se detallará en el apartado de recomendaciones.

5.16 Las oficinas Judiciales conservaran la nomenclatura indicada en el punto 5.9. En el caso de los Tribunales en segunda instancia mixtos se denominarán Tribunal de Apelación Civil y Trabajo y su inicio de funciones será paulatino conforme a la carga de trabajo y avances tecnológicos lo permitan.

VI Recomendaciones

Plazas nuevas

6.1 Resulta necesario crear veinticinco plazas a partir del 2018, de manera que permita el adecuado funcionamiento de la nueva estructura organizacional, producto de la entrada en vigencia de la Reforma al Código de Trabajo.

Área Administrativa:

Área Jurisdiccional:

Los costos asociados a la creación de estas 25 plazas se detallan en el siguiente cuadro:

Continuidad de plazas

6.2 Luego de análisis efectuado, se mantiene la estructura propuesta en el informe 30-PLA-PI-2016 y se recomienda la continuidad de las siguientes plazas, en los periodos indicados para el 2018, dentro del presupuesto ordinario del Poder Judicial.

• El costo en recurso humano para garantizar la continuidad de las plazas aquí recomendadas es de ₡6.275.716.018, 67.

• En resumen, mediante informe 30-PLA-PI-2016 se recomendaron un total de 193 plazas de las cuales se recomienda la continuidad de 161 con el siguiente detalle:

• El presupuesto a incluir para 2018 para capacitación en materia laboral es de ₡ 593.616,67 con el siguiente detalle.

• En resumen el costo total de la Reforma al Código de Trabajo para 2018 es de ₡9.498.822.447,64

• Si se compara con el presupuesto 2017, se debe considerar que:

1. El incremento en el costo en el 2018 respecto al 2017, obedece a que el costo de las plazas, alquileres y servicios públicos se incluyen por todo el 2018; mientras que en el 2017, esas variables se incluyen solamente por una parte del año, toda vez que la entrada en vigencia de la reforma ocurre a partir del 25 de julio de 2017.

2. Para el 2018, se incluyen costos en el Programa 928 en virtud de que corresponde a las plazas de Médico en Medicina del Trabajo que comenzarán funciones a partir de enero de 2018 y estarán adscritas a la Unidad de Medicina Legal, en 2017 se incluyerón en el programa 926.

3. La variación en la cifra del Programa 926 para el 2018, se debe a la disminución del recurso humano que conforma el Equipo Interdisciplinario, merced al avance en la implementación de la reforma al finalizar el 2017. 

-0-

Se acordó:

ARTICULO IV

         La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, presenta informe 27-PLA-MI-2017, relacionado con el Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial ante la posible aprobación del Proyecto de Ley denominado Código Procesal de Agrario.

         Se presenta el siguiente resumen:

“1. Introducción

El proyecto de ley que contempla la creación del “Código Procesal Agrario”, que se tramita en la Asamblea Legislativa bajo el expediente legislativo 15.887, fue dictaminado por la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos el 11 de junio del 2013, se trata de un dictamen afirmativo unánime. El dictamen contiene el texto sustitutivo que fue publicado en La Gaceta N° 137 del 17 de julio del 2013, el cual fue consultado a la Corte Suprema de Justicia.

El proyecto impulsa una reforma basada en la oralidad por audiencias que elimina las limitaciones actuales de la Ley de Jurisdicción Agraria, la cual establece un modelo procesal verbal y no desecha los beneficios de la escritura en etapas en las que ésta es fundamental, como lo son la interposición de la demanda, la contestación, la contrademanda y la réplica, en los supuestos en los que estas dos últimas proceden. Sin embargo, no mantiene el sistema tradicional, sino que facilita el trámite virtual de tales gestiones y la gestión en línea para las personas usuarias que tengan acceso a sistemas informáticos, garantizando así, economía y celeridad a las partes.

Consultado en la Asamblea Legislativa el estado del Proyecto de Ley 15.887, se indica que el 20 de febrero del 2017, fue retirado por el Poder Ejecutivo, mediante decreto 40.188-MP.

Si el Proyecto de Ley fuese aprobado, se tiene previsto que entre en vigencia seis meses después de publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Sobre este particular, la Magistrada Carmen María Escoto Fernández, Presidenta de la Comisión de Asuntos Agrarios indicó verbalmente en las sesiones de trabajo realizadas por ésta Dirección en conjunto con la Comisión, que en caso de aprobarse ésta reforma se modificaría el transitorio V para que entrara a regir a partir de enero del 2018, tema discutido con la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.

En caso de aprobarse la normativa propuesta, surge la necesidad de analizar los posibles cambios que implicaría a nivel de estructura organizativa de los despachos y oficinas del Poder Judicial, así como los costos presupuestarios asociados para su debida implementación.

Este informe surge por acuerdo del Consejo Superior Sesión 98-2014 del 11 de noviembre del mismo año, articulo XLV, además, por solicitud de la Comisión de Asuntos Agrarios en la sesión CAA-12-2014 del 08 de diciembre de ese año, artículo III y sesión del 25 de abril del 2016, artículo XII, donde literalmente se acordó:

Comunica la Magistrada Carmen María Escoto Fernández y la jueza Damaris Vargas Vásquez, que con ocasión de audiencia con la Magistrada Zarella Villanueva Monge, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, ésta última mostró su apoyo expreso en realizar todas las acciones que sean necesarias para impulsar en la Asamblea Legislativa dicho proyecto. Además, la Magistrada Villanueva solicitó a la Directora de la Dirección de Planificación, reactivar el análisis y abordaje de la implantación de dicho proyecto. “SE ACUERDA: 1. Se toma nota del informe de la Magistrada Carmen María Escoto Fernández y la jueza Damaris Vargas Vásquez. 2. Solicitar a la Dirección de Planificación reactivar el análisis y proyección en la implantación del proyecto de Código Procesal Agrario. Y agradecerle. 3. Se declara firme este acuerdo por unanimidad para su ejecución. La Magistrada Escoto se ocupará de hacer los comunicados respectivos.-”

Además, mediante acuerdo de Corte Plena, en sesión 1-17 del 16 de enero del 2017, artículo XXV, define al Código Procesal Agrario como prioridad presupuestaria para el ejercicio económico del 2018.

(…)

12. Elementos resolutivos

12.1. El proyecto de ley que contempla la creación del “Código Procesal Agrario”, que se tramita en la Asamblea Legislativa bajo el expediente legislativo 15.887, fue dictaminado por la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos el 11 de junio del 2013, se trata de un dictamen afirmativo unánime. El dictamen contiene el texto sustitutivo que fue publicado en La Gaceta  137 del 17 de julio del 2013.

12.2. Consultado en la Asamblea Legislativa el estado del Proyecto de Ley 15.887, se indica que el 20 de febrero del 2017, fue retirado por el Poder Ejecutivo, mediante decreto 40.188-MP.

12.3. Se establece que el CPA tendrá incidencia directa sobre los despachos y oficinas de los ámbitos jurisdiccional, auxiliar de justicia y administrativo.

12.4. La normativa propuesta está dirigida a los juzgados que en la actualidad son competentes en las materia agraria, los cuales contarán en adelante con una herramienta jurídica específica para tramitar los procesos de esa jurisdicción; además, de incorporar la figura de profesionales para conciliación y ejecución de sentencias.

12.5. La jurisdicción agraria está conformada por 17 (15 juzgados, un Tribunal y una Sala)   despachos jurisdiccionales, además, la mayor proporción de ellos están especializados (76%), quedando en una condición mixta cuatro juzgados (en las zonas de Buenos Aires, Upala, Turrialba y Puntarenas).

12.6 Existe un único Tribunal que tiene la competencia en segunda instancia a nivel nacional.

12.7. El CPA plantea la defensa técnica gratuita especializada para las partes que intervienen en todos los procesos agrarios y que carezcan de recursos económicos suficientes para contratar los servicios de un abogado externo, así se determina que la Defensa Pública tiene 15 oficinas que cumplen con la condición antes descrita, distribuidas en 12 circuitos judiciales del país.

12.8 El CPA mantiene la competencia actual de la Sala Primera en la atención de los recursos de casación por razones de fondo; sin embargo, esas funciones se amplían al establecer la posibilidad de interponer recursos de casación por razones procesales, es decir por aspectos de forma, para garantizar la tutela judicial efectiva de las personas usuarias

12.9  El CPA incorpora Juzgadores especialistas para conciliaciones y ejecución, en la atención de la jurisdicción agraria en forma prioritaria, así como en el apoyo en otras funciones según lo permitan las cargas de trabajo.

12.10 El CPA incorpora normas referidas a procesos vinculados con personas indígenas para procurarles una tutela judicial efectiva.

12.11 Se introducen varias disposiciones relacionadas con la oralidad y la tramitación electrónica de los procesos agrarios, como la concentración de actos en audiencias orales.

12.12 Se establece que cada tribunal tendrá un registro de control de audiencias, lo que implicará para los juzgados agrarios llevar un orden en cuanto a las audiencias realizadas, para lo cual deberán implementarse tanto en la Defensa Pública como en el ámbito jurisdiccional los medios electrónicos disponibles para implementar este control.

12.13 Debido a que las audiencias se realizan fuera del despacho, será necesario que las juezas y los jueces agrarios dispongan de equipos de cómputo y sistemas de grabación móviles para trasladarlos al lugar del conflicto, de conformidad con el principio de itinerancia que rige esta materia.

12.14 La materia agraria ha mostrado una disminución en su participación proporcional dentro de la carga laboral de la Sala Primera (asuntos entrados y circulantes).

12.15 La estructura de personal en la Sala Primera del 2013 al 2016, ha mostrado un crecimiento de 3 puestos (de 40 a 43 plazas adscritas), específicamente 2 Profesionales en Derecho y 1 Técnico Judicial 3, por el momento no se puede estimar   la necesidad de más recurso humano, sino que habría que dar un compás de espera para ver los resultados después de la entrada en vigencia de este nuevo código.

12.16 La duración de los procesos agrarios en la Sala Primera desde que ingresan hasta que salen como asunto terminado durante el 2016 es de  11 meses; se espera que este plazo disminuya hasta en 2 meses menos.

12.17 La entrada de asuntos en el Tribunal Agrario mostró una relativa estabilidad del 2010 al 2015, además de una disminución de casi 100 asuntos registrada en el 2016, lo que refuerza la tendencia decreciente en el circulante iniciada en el 2015 y que se extendió en el 2016. (El Tribunal contó con colaboración de una sección extraordinaria hasta finales del 2012); que ayudó a mejorar su rendimiento y atender asuntos de vieja data.

12.18 El circulante del Tribunal Agrario creció 178% del 2013 a finales del 2014 alcanzando su máximo valor, y comenzó a revertir esa tendencia a partir del 2015 cuando inició una leve tendencia decreciente. En este momento, se atiende con el personal actual la totalidad de la entrada y apenas una pequeña proporción del circulante, lo que ha permitido observar una leve tendencia de disminución en esta variable.

12.19 Los asuntos ordinarios, medidas cautelares e informaciones posesorias representan el 48% del total de asuntos terminados en el Tribunal Agrario.

12.20 El circulante en trámite que presenta el Tribunal Agrario al 31 de diciembre del 2016 es de 340 asuntos. La mayor cantidad de asuntos pendientes de resolver desde el 2012 son los ordinarios,  representando un 64.1% del total del circulante en trámite. 

12.21 En el Tribunal Agrario existen un total de 142 asuntos de vieja data (2012-2015) que aún están pendientes de resolver, existiendo 3 casos que entraron en el 2012 y 2013.

12.22 Con la implementación del CPA el Tribunal Agrario deja de atender asuntos entrados por incompetencia e inhibitorias.  Utilizando la cantidad de asuntos entrados durante el 2016 relacionados con incompetencia e inhibitorias,  el Tribunal Agrario ve reducida su carga de trabajo en un 23%. Se estima que la carga de trabajo por juez pasara de 18 casos a 14 asuntos.  No obstante lo anterior, para atender la  mora judicial y la proyección de un posible incremento en la duración de los procesos y disminución del rendimiento por la incorporación de las audiencias se evidencia la necesidad de una sección adicional, por un lapso de un año, con valoraciones trimestrales por parte del Centro de Apoyo a la Función Jurisdiccional.

12.23 El Juzgado Agrario del Segundo Circuito de la Zona Atlántica (Guápiles) presenta la mayor cantidad de asuntos entrados en promedio, pues su entrada se ubica en 30, lo que representa un 157% sobre el promedio total.

12.24 El Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos) y el Primer Circuito Judicial de Guanacaste (Liberia reportan un promedio de 27 asuntos entrados, 8 asuntos por encima del promedio de 19 asuntos, representando un 9% del total de asuntos entrados a nivel nacional.

12.25 Los juzgados que presentan la menor entrada mensual de asuntos son el Juzgado Civil, Trabajo y Familia Buenos Aires con 9 asuntos y el Juzgado Civil, Trabajo y Agrario de Turrialba con 8 asuntos, representado ambos un 3% del ingreso nacional.

12.26 El Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Guanacaste es el que presenta la mayor cantidad de asuntos terminados en promedio, 34 asuntos, lo cual representa un 161% sobre el promedio, además termina más asuntos por mes de los que le ingresan. (34 vrs 27).

12.27 El Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires al igual que el Juzgado Civil, Trabajo y Agrario de Turrialba presentan la menor cantidad de asuntos terminados, 6 y 9 respectivamente. Aunque el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires le ingresan más asuntos que el de Turrialba, éste último termina 3 asuntos más en promedio por mes que el de Buenos Aires, contando ambos con la misma cantidad de recurso humano. (1 juez o jueza, un técnico o técnica judicial).

12.28 El Juzgado Agrario del Segundo Circuito de la Zona Atlántica presenta la mayor cantidad de personal juzgador y de apoyo, contando con dos y cinco personas respectivamente, dedicadas en la atención de los asuntos. 

12.29 El Juzgado Agrario del Primer y Segundo  Circuito Judicial de Guanacaste y el del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica cuentan con dos juezas o jueces y cuatro técnicos o técnicas. Con esta cantidad de recurso humano, los jueces y juezas del Primer Circuito Judicial de Guanacaste tramitan en promedio 14 asuntos por mes y 7 en el caso de los técnicos o técnicas, cantidad similar en el caso del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste con 13 asuntos entrados para el personal juzgador y 6 para los técnicos o técnicas judiciales.

12.30 El Juzgado Civil y Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Alajuela (Upala) es el juzgado con mayor ingreso de asuntos entrados por mes, 20 casos.

12.31 Considerando el parámetro de referencia establecido por la Corte Plena para juzgados agrarios, de un promedio mensual de asuntos terminados entre 8 y 14, el 93% de éstos despachos  a nivel nacional logran cumplir con éste; sin embargo el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires termina en promedio por mes 6 asuntos, es decir 2 asuntos por debajo del parámetro (límite inferior).

12.32 Los procesos terminados totales a nivel nacional de los juzgados agrarios,  por Información Posesoria, Ordinarios  e Interdictos representa el 75% de asuntos, en tanto, los asuntos por Deslindes Voluntarios, Amojonamiento y Reconocimiento judicial y testimonial representan tan solo el 0.1% o menos a nivel nacional.

12.33 En cuanto al circulante en trámite de los juzgados agrarios,  seis juzgados presentan un circulante sobre  el promedio de 432 asuntos,  reportado al 28 de febrero del 2017.

12.34 El Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste es el que presenta la mayor cantidad de circulante en trámite con un total de 767 casos.

12.35 El Juzgado Civil, Trabajo y Agrario de Turrialba y el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires, presentan  el circulante en trámite más bajo con un total de 142 casos y 273 respectivamente.

12.36 En el caso de los Juzgados Agrarios en los cuales el circulante en trámite es alto (Primer y Segundo Circuito Judicial de Guanacaste y Limón, Corredores y Pérez Zeledón), se incluye  un equipo de cinco plazas de Jueces o Juezas, para establecer un Plan de Descongestionamiento bajo la supervisión del Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional (CACMFJ) por un año.

12.37 El Juzgado de Puntarenas se especializa con la reforma al CPC y tendrá 1 plaza adicional de Juez o Jueza, esto les permitirá disminuir el circulante que actualmente presentan

12.38 El Juzgado Agrario de Upala al mostrar una entrada de 20 asuntos mensuales (se ubica dentro del parámetro de 20 a 30 casos), cumple para la especialización; por lo cual, contaría con una estructura de 2 jueces, 1 Coordinador Judicial y 2 técnicos judiciales.

12.39 El Juzgado Agrario de Buenos Aires, aun cuando atendiera asuntos procedentes de Osa (10 asuntos en promedio por mes adicionales) la carga esperada sería de apenas 19 asuntos, cantidad inferior al parámetro mencionado, por lo cual no se justifica su especialización y tampoco lo permiten las condiciones geográficas, que tendría incidencia negativa sobre las personas usuarias.

12.40 En línea con lo anterior, mediante una consulta realizada a Abogados Litigantes que hacen uso del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur (Corredores) y del  Juzgado Civil, Trabajo y Familia Buenos Aires, se obtiene que el 33% está de acuerdo con el traslado de la competencia y un 67% considera que se debe de mantener como está actualmente.

12.41 En el caso de Juzgado Agrario de Turrialba  aun trasladándole los asuntos procedentes de Siquirres, la carga de trabajo es insuficiente, pues apenas sería de 12 casos, lo cual no justifica la especialización de este Juzgado Mixto.