Con respecto a las declaraciones de autoridades del Poder Ejecutivo durante la conferencia de prensa del 25 de junio relacionadas a personas menores de edad en albergues del PANI, es necesario aclararle a la opinión pública:

Derechos y deberes

Las personas menores de edad en conflicto con la ley son, ante todo, niñas, niños y adolescentes con derechos que deben ser garantizados. Así lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño y la normativa nacional. Entre esos derechos está el acceso a protección estatal y a condiciones básicas de vida. El Patronato Nacional de la Infancia (PANI), como órgano constitucional, tiene el deber de velar por toda la niñez, incluida aquella que enfrenta procesos penales.

Muchos adolescentes que ingresan al sistema penal juvenil lo hacen en condiciones de extrema vulnerabilidad: abandono, pobreza, violencia o falta de redes de apoyo. Esto implica que los jueces, además de atender lo legal, deben asegurarse de que estas personas menores de edad tengan acceso a vivienda, alimentación, salud y educación. Cuando no hay figuras parentales responsables, es el PANI quien debe asumir esa función, no como castigo, sino como protección.

Seguridad e integridad

No todos los delitos cometidos por adolescentes son graves ni todos los casos terminan en condena. Algunos no requieren medidas cautelares ni centros de internamiento. Sin embargo, cuando una persona menor de edad no tiene dónde vivir o está en riesgo, los jueces deben activar el sistema de protección. En estos casos, enviarles a un albergue del PANI no es una forma de “quitárselos de encima”, sino una respuesta urgente para garantizar su seguridad e integridad.

Es un error suponer que se está usando al PANI como sustituto de un centro penal. Los jueces penales juveniles comprenden bien los límites de cada institución y solo recurren a estas medidas cuando la situación lo exige. La prioridad es siempre el interés superior de la persona menor de edad, y esto implica asegurar condiciones de vida dignas y evitar que el delito se convierta en su única vía.

Más oportunidades y abordaje integral

Las niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley siguen siendo parte de la población que el PANI debe proteger. Por ello, es necesario fortalecer las alternativas integrales de protección, con equipos profesionales, espacios adecuados y políticas públicas que no revictimicen, sino que ofrezcan segundas oportunidades, inserción social y una niñez digna.

San José, Costa Rica | 26 de junio de 2025

·       Ley de Protección de las personas denunciantes y testigos de actos de corrupción contra represalias laborales.

El Poder Judicial se sumó a la conmemoración del Día Mundial del Denunciante 2025, reafirmando su compromiso de contribuir a un país donde nadie esté por encima de la ley ni por fuera de su protección. La actividad, organizada por Costa Rica Íntegra, constituyó un espacio de reflexión y aprendizaje sobre los desafíos en la protección de quienes, con valentía, enfrentan la corrupción y los abusos de poder y contó con el apoyo del Poder Judicial.

El propósito de la jornada fue fortalecer el compromiso de la institucionalidad democrática costarricense con la protección efectiva de quienes denuncian actos de corrupción, mediante un espacio de reflexión, análisis de avances legislativos y diálogo internacional sobre los desafíos y oportunidades en la implementación de marcos normativos que garanticen su integridad.

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga López indicó que “hacemos esta celebración en un momento histórico que nos exige la máxima lucidez y compromiso, enfrentamos amenazas complejas a nuestro bienestar, que surgen en dos frentes simultáneos: por un lado, la sutil erosión de nuestras instituciones democráticas y los abusos de poder en el ámbito privado, que amenazan bienes públicos, los derechos individuales y colectivos, y la confianza pública. En ambos casos, la estrategia del abuso es similar: la ley y los reglamentos no se rompen de forma flagrante; sino que son manipulados y distorsionados para servir de escudo al poder, sea público o privado”.

Por su parte, Juany Guzmán León, presidenta de Costa Rica Integra señaló que “nos propusimos no quitar el dedo del renglón y dar seguimiento a la puesta en marcha de dicha legislación, que consideramos un paso importante en la prevención y detección de la corrupción”.

“Estamos aprendiendo, estamos comprometidos con las personas denunciantes, pero no estamos avanzando al ritmo que nos exigen las circunstancias.  Es el momento de intercambiar experiencias y tener esa actitud abierta para enriquecernos de otras experiencias y compartir las nuestras”, puntualizó Juany Guzmán. 

La conferencia inaugural se trató sobre “La transposición de la directiva europea sobre Protección de Denunciantes a la normativa de España”, a cargo de David Martínez, director ejecutivo de Transparencia Internacional – España.

En el panel sobre Avances regionales en materia de protección de denunciantes, se realizaron dos exposiciones; la primera denominada “Avances legislativos a la Ley de Protección de Denunciantes Colombiana”, a cargo de Claire Launay; así como “Avances legislativos de la Ley de Protección de Denunciantes de México” por Vania Pérez Morales.

La participación del Poder Judicial en este tipo de espacios refleja su compromiso con un sistema moderno, transparente y justo, que protege a quienes denuncian, combate la corrupción y garantiza una justicia sin privilegios ni impunidad.

El webinar se realizó por medio de la plataforma Microsoft Teams, así como por el canal de YouTube del Poder Judicial y el Facebook Live de Costa Rica Íntegra. Para ingresar a las charlas se puede realizar por medio del enlace: https://www.youtube.com/watch?v=rAwlbuPClzA

1) APERSONAMIENTO. Las personas interesadas en apersonarse al proceso concursal de Coopeservidores, deberán presentar un escrito que cumpla con las formalidades legales (artículos 6 de la Ley Concursal de Costa Rica N°9957 y 20.1 del Código Procesal Civil N°9342). El escrito debe dirigirse al expediente N° 25-000127-0958-CI. Con base en esas normas, no se permiten apersonamientos verbales. Todos los escritos deben estar autenticados por un abogado(a).

2) NOTIFICACIONES. Con base en el artículo 7.2 de la Ley Concursal, el escrito de personamiento debe indicar un correo electrónico para atender sus notificaciones. El correo debe estar validado por Poder Judicial (ver pasos para validación más adelante).

3) RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS (LEGALIZACIONES). Una de las etapas del proceso concursal consiste en dictar la “sentencia de apertura del concurso”, si se cumplen con todos los requisitos legales. En dicha sentencia, se brindará un plazo de 15 días para que las personas acreedoras “legalicen” su crédito y el plazo comienza a correr a partir de la publicación del edicto en un periódico de circulación nacional. La legalización de crédito es el trámite que se realiza para que se reconozca formalmente una deuda a su favor, debe cumplir con los requisitos legales del artículo 35 de la Ley Concursal.  De acuerdo con el artículo 35 de la Ley Concursal, las personas que ya consten en la lista suministrada por SUGEF, no deben volver a presentar su legalización, salvo que considere que el monto que se le adeuda es diferente.

Importante: No se debe confundir la legalización del crédito con el escrito del apersonamiento, ya que son dos trámites diferentes. Sobre este aspecto se recomienda obtener la asesoría legal de un abogado(a).

4) RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. Todo documento o solicitud debe ser planteado por escrito, autenticado por abogado y puede presentarse de dos maneras:

a) De forma física, directamente en la Oficina de Recepción de Documentos, ubicada en el primer piso del edificio “Torre Judicial” que se ubica en el costado norte de la Corte Suprema de Justicia en San José.

b) De forma electrónica mediante el Sistema de Gestión en Línea del Poder Judicial, para lo cual, previamente debe presentarse al Puesto de Información, a la oficina de Recepción de Documentos o bien, al Juzgado Concursal para que se le brinde un usuario y contraseña para dicho sistema (Circular 114-2025 de la Secretaría General de la Corte https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/avi-1-0003-13932).

5) PASOS PARA VALIDAR LA CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO. Para validar el correo electrónico, debe seguirse el procedimiento descrito en Circular de Secretaría de la Corte N° 206 – 2021, según se detalla:

·       Ingresar al sitio Web del Poder Judicial, seleccionar “Trámites en Línea”.

·       Seleccionar “Validación y Registro de la cuenta de correo para recibir notificaciones”, accesible en la dirección: https://pjenlineacr.poder-judicial.go.cr/vcce.userinterface/

·       Llenar el formulario con el documento de identificación, nombre, teléfono y dirección electrónica.

·       Corroborar los datos y seleccionar “Enviar”.

·       Posterior a estos pasos se debe recibir un mensaje en el correo electrónico registrado para verificar el buen funcionamiento de la dirección que se indicó, se indica un enlace para que se acceda al mismo y aparecerá en la pantalla un mensaje para confirmar que la dirección de correo electrónica fue incluida en el sistema.

·       Seguidamente se recibe un segundo mensaje para indicar que la cuenta ya fue validada, una vez recibido este último mensaje se debe comunicar al despacho en el cual se tramita el caso.

(Circular de Secretaría de la Corte N° 206 – 2021 visible en el enlace: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/avi-1-0003-7629 )

6) CONSULTAS. En caso de dudas o consultas, puede contactar al Juzgado Concursal al teléfono 2212-0100 o bien, presentarse al Juzgado Concursal del I Circuito Judicial de San José, ubicado en el octavo piso del Edificio “Torre Judicial”.

Equipo Coordinador

Juzgado Concursal

Con la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia, el Juzgado Contravencional de Coto Brus, tomó la iniciativa de acercar el servicio de Administración de Justicia a las personas usuarias de la comunidad indígena Guaymí.

Con la posibilidad de contar con dos personas juzgadoras en el despacho, se han dado a la tarea de acercar al Poder Judicial a las personas usuarias, mediante la realización de diligencia “in situ” como por ejemplo en materia de pensiones alimentarias, en donde se realizan audiencias de conciliación y probatorias.

Según señaló la jueza Johanna Quesada Monge, la respuesta de las personas usuarias de esta comunidad indígena ha sido muy favorable, ya que esta iniciativa les permite a las partes tener una mayor posibilidad de asistir a las audiencias, generando un mayor porcentaje de audiencias efectivas, lo que a su vez mejora, el rendimiento del Juzgado.

 “Las personas, al realizarse las audiencias “in situ”, han estado más anuentes a resolver sus conflictos por medio de la conciliación”, señaló Quesada Monge.

La Jueza del Juzgado Contravencional de Coto Brus mencionó que se hacen esfuerzos para coordinar las visitas a estos territorios con el personal de la Defensa Pública, con el fin de tratar de realizar las audiencias en el lugar en las mismas fechas y maximizar los recursos institucionales, para garantizar un acceso a la justicia más oportuno y expedito.

Es importante resaltar, que la zona de Guaymí cuenta con aproximadamente 10 comunidades indígenas, de las cuales, algunas son de difícil acceso y no se puede llegar en vehículo, por lo que las personas servidoras judiciales deben trasladarse a pie hasta estos lugares, lo que da más valor a este trabajo.

Cabe destacar, que con la posibilidad de contar con dos personas juzgadoras en el despacho, se garantiza que mientras se hacen las visitas al sitio a la comunidad Guaymí, siempre se cuenta con otra persona destacada en el despacho, para atender el trabajo en la oficina y cualquier eventualidad que se presente.