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Defensa Pública de Osa acerca la justicia a la comunidad

Defensa Pública de Osa acerca la justicia a la comunidad

 

 

  • Mediante exitosa charla sobre Pensiones Alimentarias en la Escuela El Valle del Diquís.

 

Con el firme propósito de garantizar el acceso a la justicia y empoderar a la ciudadanía con información legal de vital importancia, la Defensa Pública de Osa llevó a cabo una jornada informativa en las instalaciones de la Escuela El Valle del Diquís.

 

La actividad se desarrolló en el pasado mes de junio y tuvo como objetivo principal acercar los servicios de la institución a la comunidad, con el propósito de que las personas conozcan cómo pueden acceder y tener un adecuado acceso al servicio de justicia cuando así lo requieran.

 

Durante el encuentro, se brindó orientación detallada a las personas asistentes sobre el rol fundamental que ejerce la Defensa Pública en la protección de los derechos ciudadanos, mediante una charla informativa impartida por Luisa Rebeca Salazar Porras, Defensora Pública especializada en la materia, quien adicionalmente, abordó de forma clara y accesible los aspectos relacionados con los procesos de pensiones alimentarias y el derecho de asistencia legal gratuita que brinda este órgano auxiliar de justicia.

 

Cabe destacar, que esta iniciativa es parte del compromiso de la Defensa Pública de Osa y del Poder Judicial de salir de los estrados judiciales para visitar directamente a las comunidades, respondiendo a las necesidades reales de la población e informando sobre temas sensibles para el bienestar de las familias costarricenses, en concordancia con el compromiso de brindar un servicio de administración de justicia cercano a las personas usuarias.

Rebaja de ₡23.722 millones al presupuesto del Poder Judicial afectaría el combate al crimen y el acceso a la justicia

Rebaja de ₡23.722 millones al presupuesto del Poder Judicial afectaría el combate al crimen y el acceso a la justicia

 

 

  • Ministerio de Hacienda plantea recorte para el presupuesto 2026.
  • El OIJ será el más afectado con una reducción de ₡9.536 millones.

 

La persecución penal, las acciones contra la delincuencia y los servicios dirigidos a poblaciones en condición de vulnerabilidad se verían afectados por la rebaja de ₡23.722 millones al presupuesto del Poder Judicial para 2026 que realizará el Ministerio de Hacienda.

 

Esa cartera comunicó al Poder Judicial el recorte mediante un presupuesto extraordinario que deberá ser conocido por la Asamblea Legislativa.

 

La medida fue comunicada una semana después de que Hacienda informara al Poder Judicial que liberaría ₡3.053 millones correspondientes a las cuotas del III y IV trimestre de 2026, recursos que inicialmente pretendía retener.

 

Esta decisión se produjo luego de que el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, presentara un recurso de revocatoria contra la retención de esos recursos.

 

Es importante aclarar que los ₡23.722 millones que ahora Hacienda dice que rebajará son adicionales a los ₡3.053 millones cuya liberación fue anunciada recientemente.

 

Mayor impacto en el OIJ

 

·       El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) concentra la mayor reducción con ₡9.536,3 millones.

·       El recorte se plantea en un momento en que la institución mantiene investigaciones y operativos contra estructuras de delincuencia organizada y se han realizado detenciones de líderes criminales.

·       También se verían afectados recursos destinados a los juzgados y tribunales, servicios de la Defensa Pública, que brinda asistencia en temas como pensiones alimentarias y discriminación laboral a personas de bajos recursos, y el programa de atención de víctimas y testigos.

 

Desglose del recorte propuesto

 

Dependencia / área

Monto

Organismo de Investigación Judicial

₡9.536,3 millones

Administración y operación

₡8.728,8 millones

Juzgados y tribunales

₡3.287,9 millones

Defensa Pública

₡1.087 millones

Ministerio Público

₡558,1 millones

Atención y Protección de Víctimas y Testigos

₡335,7 millones

Fondo de Jubilaciones y Pensiones

₡187,8 millones

 

El rebajo contempla reducir recursos de partidas que forman parte del presupuesto aprobado y que están vinculadas con la operación institucional para lo que resta de 2026.

 

Estudio técnico advierte diferencias con la ejecución real

 

El Ministerio de Hacienda plantea el recorte a partir de una estimación estadística elaborada con información disponible al 30 de junio de 2026 y con base en patrones históricos de ejecución presupuestaria.

 

Esta metodología permite proyectar cuánto podría ejecutarse al cierre del año, pero no determina cuánto dinero está efectivamente disponible para ser recortado.

 

Desde el 30 de junio, el Poder Judicial ha continuado con procesos de contratación, adjudicaciones, adquisición de bienes y servicios, así como con otros compromisos y pagos correspondientes al segundo semestre.

 

Un estudio técnico elaborado por el Poder Judicial determinó que 56 de las 85 subpartidas seleccionadas por Hacienda presentan un disponible inferior al monto que se pretende rebajar.

 

Esto significa que, al revisar las partidas de manera individual, en esos casos los recursos que Hacienda considera susceptibles de recorte no se encuentran realmente disponibles en la magnitud proyectada.

 

Ante esta situación, el Poder Judicial evaluará las acciones legales que correspondan. El tema será conocido con prioridad por la Corte Plena en su sesión del lunes 24 de agosto.

 

Aclaraciones importantes

 

1. Los ₡13.242 millones cedidos por el Poder Judicial son un monto diferente

El 29 de junio, la Corte Plena acordó ceder ₡13.242,08 millones del presupuesto en ejecución de 2026, en atención a la solicitud planteada por el Ministerio de Hacienda y como parte de los esfuerzos institucionales para contribuir a la sostenibilidad fiscal del país.

 

Este monto no está incluido en los ₡23.722 millones que Hacienda pretende rebajar mediante presupuesto extraordinario. Se trata de una reducción adicional.

 

2. Situación del fideicomiso de infraestructura ($82 millones)

El fideicomiso para la construcción de infraestructura judicial no es de $700 millones ni de $600 millones. Su monto es de $82 millones, y no tiene relación con el presupuesto del Poder Judicial.

 

Estos recursos están destinados a proyectos de infraestructura judicial para atender el déficit de edificios y espacios adecuados para la prestación de los servicios. Además, las obras buscan reducir progresivamente el gasto por alquileres y generar ahorros para el Estado.

 

3. Los depósitos judiciales no son recursos del Poder Judicial

 

Los recursos que el Poder Judicial custodia mediante depósitos judiciales no pertenecen a la institución ni forman parte de un fideicomiso.

 

Se trata de dinero de las personas usuarias, vinculado a procesos judiciales en los que una autoridad ha ordenado un embargo, una retención u otra medida. También incluye los recursos correspondientes a pensiones alimentarias que deposita la parte obligada y que posteriormente son girados a la persona beneficiaria.

 

El Poder Judicial no puede utilizar estos recursos para financiar su funcionamiento ni destinarlos a otros fines.

 

4. Sobre el 6% establecido en la Constitución

 

La Constitución Política establece que al Poder Judicial debe asignársele una suma no menor al 6% de los ingresos ordinarios del Estado.

 

Esta disposición fue incorporada cuando aún no existían instituciones que hoy forman parte del Poder Judicial, como el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público y la Defensa Pública, cuyos servicios actualmente se financian con el presupuesto judicial.

 

Dentro de ese presupuesto, la función jurisdiccional —es decir, los juzgados y tribunales encargados de resolver los casos— recibe actualmente el equivalente al 3,61% de los ingresos ordinarios del Estado, por debajo del 6% establecido constitucionalmente.

Administración Regional de San Carlos: Buena práctica permite un control óptimo sobre fallo de expedientes en Juzgado Supernumerario

Administración Regional de San Carlos: Buena práctica permite un control óptimo sobre fallo de expedientes en Juzgado Supernumerario

Como parte de las buenas ideas que se materializan en las sedes regionales del Poder Judicial, la Administración Regional de San Carlos continúa trabajando con esmero en la buena práctica denominada “Planes de trabajo personal juzgado Supernumerario: abordaje previo a los despachos”.

 

Este trabajo, consiste en una iniciativa que da la posibilidad de tener un control más óptimo de los días en que el personal juzgador del despacho se dedica al fallo de expedientes, lo anterior de acuerdo con un plan debidamente establecido; en el cual, como parte de los beneficios, permite distinguir días hábiles del mes, días de fallo, días de vacaciones, entre otros.

 

Según mencionó Víctor Jiménez Steller, de la Administración Regional de San Carlos, este trabajo ha permitido tener un mayor control de los expedientes que se fallan, ya que se cuenta con una herramienta que da la opción de precisar los días en que se debe cumplir con esta labor.

Esta iniciativa, verdaderamente beneficia a la persona usuaria, ya que permite, además, dar colaboración a despachos que así lo necesiten” destacó Jiménez Steller.

 

Dicha buena práctica judicial, es parte de los esfuerzos que desarrolla la Administración Regional de San Carlos con el objetivo de brindar un servicio de Administración de Justicia de mayor calidad y de fácil acceso para todas las personas que a diario acuden a las oficinas judiciales.

Cuando la justicia escucha a la comunidad: Justicia Restaurativa Familiar llega a Talamanca

Cuando la justicia escucha a la comunidad: Justicia Restaurativa Familiar llega a Talamanca

El diálogo, la cultura y el encuentro con las comunidades indígenas fueron protagonistas durante las jornadas desarrolladas en Talamanca Bribri y Talamanca Cabécar, en Limón. La Justicia Restaurativa Familiar llegó a estos territorios para abrir espacios de conversación sobre una forma diferente de abordar los conflictos familiares: una metodología que coloca en el centro a las personas, sus necesidades y la posibilidad de encontrar soluciones mediante el diálogo.

 

Las jornadas permitieron que juezas, jueces y personal auxiliar judicial se acercaran directamente a las comunidades para compartir información sobre las posibilidades que ofrece la Justicia Restaurativa Familiar y, al mismo tiempo, escuchar las experiencias y perspectivas de quienes habitan estos territorios. Más que trasladar información desde las oficinas judiciales hacia las comunidades, las visitas buscaron generar un encuentro de saberes. Los talleres se convirtieron en espacios para conversar, preguntar, compartir experiencias y reflexionar sobre cómo pueden desarrollarse procesos restaurativos en el ámbito familiar, respetando las características culturales de cada pueblo.

 

La participación de las comunidades fue fundamental para este propósito. En la comunidad de Talamanca Cabécar, una lideresa compartió un cántico en idioma cabécar durante el círculo de aprendizaje. La jornada también estuvo acompañada por el intercambio de alimentos y conocimientos. Las personas de la comunidad mostraron al personal judicial diferentes edificaciones y espacios utilizados para sus reuniones, permitiendo conocer de manera directa parte de su dinámica comunitaria y de sus formas de organización y convivencia. En Talamanca Bribri, el acercamiento a la cultura del territorio incluyó la degustación de chocolate ceremonial elaborado en la propia comunidad mediante prácticas rústicas y ancestrales. Este momento permitió compartir una expresión de sus conocimientos y tradiciones en un ambiente de diálogo y aprendizaje mutuo.

 

Estos espacios adquieren especial relevancia dentro de la Justicia Restaurativa Familiar, porque comprender el contexto en el que viven las personas es indispensable para construir respuestas adecuadas a sus conflictos. La escucha activa de las comunidades permite que el sistema de justicia conozca de primera mano sus realidades y desarrolle intervenciones respetuosas de su identidad cultural. Las actividades contaron con la participación de personas de las comunidades indígenas y de representantes de la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa, el Juzgado de Familia de Limón, el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Limón y el Juzgado Contravencional de Bribrí.

 

La experiencia en los territorios indígenas de Talamanca reafirma una idea esencial: la justicia también se construye cuando las instituciones salen al encuentro de las comunidades, escuchan sus voces y reconocen sus conocimientos. Este acercamiento fortalece el camino hacia una Justicia Restaurativa Familiar intercultural, capaz de reconocer que cada comunidad tiene sus propias formas de comprender las relaciones, los conflictos, la convivencia y la búsqueda del equilibrio.

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Central telefónica

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Contraloría de servicios

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