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Tribunal Penal y de Hacienda Pública del Segundo Circuito Judicial de San José: Trasladan la justicia a territorio indígena Maleku

Tribunal Penal y de Hacienda Pública del Segundo Circuito Judicial de San José: Trasladan la justicia a territorio indígena Maleku

 

 

  • Mediante realización de debate oral y público en dicha zona.

 

En concordancia con la visión del Poder Judicial de estar al lado de las personas usuarias y acercar los servicios de justicia a las poblaciones en condición de vulnerabilidad, el Tribunal Penal y de Hacienda Pública del Segundo Circuito Judicial de San José, realizó el pasado 26 de agosto un debate oral y público en el territorio indígena Maleku.

 

De esta forma, se realizó un juicio correspondiente a una causa penal en relación con un delito de abuso de autoridad, el cual tuvo lugar en el Centro de Capacitaciones Tafa Jolo, ubicado en Guatuso de Alajuela, dentro del citado territorio de reserva indígena.

 

Cabe destacar, que esta modalidad de atención responde a las disposiciones del Poder Judicial orientadas a garantizar a que, en los procesos vinculados con pueblos indígenas, las actuaciones judiciales se desarrollen en sus respectivos territorios, tomando en consideración sus derechos, costumbres, tradiciones y particularidades culturales.

 

Como parte del adecuado acceso a la justicia que debe garantizar la institución, para el contradictorio se atendió la solicitud de contar con interpretación al idioma Maleku, procurando que la comunicación durante la audiencia se desarrollara de una manera acorde con las necesidades de las personas intervinientes.

 

Es importante resaltar que, durante la audiencia, las partes manifestaron su interés en resolver el conflicto mediante una medida alterna, acuerdo de conciliación homologado por el Tribunal.

 

Cabe destacar la labor de la Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de San José, que colaboró es aspectos de logística, coordinación y organización previa necesaria para hacer posible la realización del debate en este territorio indígena.

 

“Su apoyo resultó fundamental para atender los requerimientos propios del traslado y la instalación de la diligencia judicial, así como para garantizar las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo del debate”, se destaca por parte del personal del Tribunal.

 

Asimismo, colaboraron también en la diligencia la Unidad de Protección a Funcionarios Judiciales, cuya participación contribuyó de manera significativa a garantizar las condiciones de resguardo y seguridad requeridas durante el desarrollo de la misma.

 

El debate, estuvo a cargo del juez unipersonal Daniel Villalobos Araya, con el acompañamiento de la técnica judicial Mariela de los Ángeles Fonseca Barrantes.

Justicia Restaurativa entregó al país más de un millón de horas de trabajo comunitario en 2025

Justicia Restaurativa entregó al país más de un millón de horas de trabajo comunitario en 2025

·      Personas víctimas y ofensoras participaron activamente en la búsqueda de soluciones a los conflictos con la ley.

 ·      El modelo alcanzó un 96% de cumplimiento de los planes de reparación del daño.

 Durante 2025, las personas ofensoras que participaron en procesos de Justicia Restaurativa aportaron 1.157.836 horas de trabajo comunitario en todo el país, como parte de las acciones orientadas a reparar el daño ocasionado a las víctimas y a las comunidades.

El procedimiento restaurativo alcanzó un 96 % de cumplimiento de los compromisos acordados y un 98 % de satisfacción de las personas usuarias, lo que refleja la efectividad del modelo en la atención de los conflictos y la reparación del daño

A estos resultados se suman 1.047 horas de abordaje terapéutico para personas con trastorno por consumo de sustancias psicoactivas.

 Asimismo, se desarrollaron 3.479 horas de acompañamiento socioeducativo para favorecer la inserción social y se canalizaron donaciones por un monto de ₡95.153.950.

Cada una de estas medidas fue avalada por la autoridad judicial competente y construida mediante la participación activa de las víctimas, las personas ofensoras y las comunidades, con el acompañamiento de los equipos interdisciplinarios de Justicia Restaurativa, integrados por personal del Ministerio Público, la Defensa Pública y el Departamento de Trabajo Social y Psicología. 

 Este modelo cuenta con el respaldo de la Red de Apoyo de Justicia Restaurativa, integrada actualmente por 3.860 instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales distribuidas en todo el territorio nacional.

Los resultados fueron presentados este miércoles 9 de setiembre durante un encuentro con representantes de medios de comunicación, encabezado por el rector de Justicia Restaurativa del Poder Judicial, magistrado penalista Gerardo Rubén Alfaro Vargas, y la directora de la Oficina de Justicia Restaurativa, Michelle Mayorga Agüero.


“La Justicia Restaurativa no consiste en minimizar la responsabilidad de quien cometió un hecho delictivo. Su propósito es propiciar espacios de diálogo entre las víctimas y las personas ofensoras, en aquellos casos que la ley permite atender mediante este modelo, para construir soluciones al conflicto penal que reparen el daño causado y respondan a las necesidades de las víctimas y de la comunidad”, explicó el magistrado Alfaro Vargas.

Este enfoque también promueve que la persona ofensora asuma responsabilidad por sus actos y reconozca las consecuencias de su conducta, con el acompañamiento profesional especializado.

Las personas usuarias pueden solicitar que su proceso judicial sea tramitado mediante Justicia Restaurativa, siempre que la naturaleza del delito lo permita.

 La legislación excluye, entre otros, los casos vinculados con narcotráfico, criminalidad organizada, delitos sexuales, delitos violentos contra las personas y hechos relacionados con violencia contra las mujeres o violencia intrafamiliar.

Una vez remitido el asunto a Justicia Restaurativa, las partes disponen de un plazo de un mes para presentar una propuesta de solución. Si no se alcanza un acuerdo, el proceso continúa por la vía judicial ordinaria.


“La persona juzgadora cumple una función facilitadora dentro del proceso y garantiza la legalidad de las reuniones restaurativas”, señaló el magistrado Alfaro.

Actualmente, el Poder Judicial dispone de 13 Oficinas de Justicia Penal Restaurativa y 21 equipos de Justicia Penal Juvenil Restaurativa distribuidos en distintas regiones del país.

El cumplimiento de los acuerdos restaurativos está sujeto a un proceso permanente de seguimiento y verificación, con el fin de garantizar que las personas participantes alcancen una solución real y efectiva al conflicto y una adecuada reparación del daño, porque reparar vale más que castigar.

 

Congreso Internacional conmemora 30 años de vigencia de la Ley de Justicia Penal Juvenil en Costa Rica

Congreso Internacional conmemora 30 años de vigencia de la Ley de Justicia Penal Juvenil en Costa Rica

·         No es solo una mirada al pasado, sino un llamado a fortalecer el presente y a definir, con visión de futuro, la justicia que las sociedades requieren.

En el marco de los “30 años de vigencia de la Ley de Justicia Penal Juvenil en Costa Rica”, se realizó un Congreso Internacional organizado por la Comisión de la Jurisdicción Penal Juvenil del Poder Judicial y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente ILANUD.

Esta conmemoración es de especial trascendencia para el Estado de derecho y para la construcción de una justicia especializada.

Tres décadas desde la entrada en vigencia de un marco jurídico que representó un punto de inflexión en la respuesta del Estado frente a las conductas delictivas cometidas por personas menores de edad. Treinta años que constituyen una oportunidad para reconocer el camino recorrido, valorar las transformaciones alcanzadas y asumir, con responsabilidad, los desafíos que aún plantea la justicia penal juvenil.

Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia indicó que “treinta años de experiencia nos han enseñado el valor de contar con una jurisdicción especializada. Debemos exigir responsabilidad, atender adecuadamente a las víctimas y mantener, al mismo tiempo, una posibilidad real de reinserción. Porque la reinserción también tiene que ver con seguridad”.

Patricia Vargas González, magistrada de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción Penal Juvenil destacó “hoy enfrentamos nuevas dinámicas de violencia y criminalidad, contextos sociales cada vez más complejos y personas jóvenes expuestas a múltiples factores de vulnerabilidad. Es esta nueva realidad que nos obliga a revisar nuestras respuestas y a preguntarnos con apertura y con sentido crítico si las herramientas, las estructuras y las formas de trabajo con las que contamos, responden de manera adecuada a los desafíos de la justicia penal juvenil, por eso resulta tan valioso encontrarnos en espacios como este, que no solo pretende conmemorar una fecha, sino que también aspiran a ser un espacio de reflexión, intercambio y construcción conjunta”. 

Por su parte, Douglas Durán Chavarría, director del ILANUD afirmó “esta ley fue en su momento un cuerpo legal innovador, que dio garantías procesales y derechos a las personas menores de edad en conflicto con la norma penal, esa innovación que fue esta ley tiene que ser reforzada, tiene que ser objeto de análisis para ver que se pueda mejorar. Este cuerpo legal se constituyó en base de garantías y debemos velar porque siga haciéndolo, siempre con un enfoque constructivo”.

Así mismo, Pablo Salazar Canelos, coordinador residente de la Naciones Unidas en Costa Rica reflexionó sobre los inicios de la norma y se refirió a “qué ha pasado en términos de evaluación, qué hemos logrado evaluar, qué hemos aprendido, qué cambios hemos implementado, qué hemos terminado, cuál es la agenda y cómo podemos movernos hacia adelante, ese es el énfasis de las políticas públicas, el poder encontrar una mejora continua que permita que se cumplan los objetivos”.

Tomás Montero Hernanz, presidente del Instituto Iberoamericano de Justicia hizo un reconocimiento al Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) y al Centro Iberoamericano de Derechos de la Niñez (CIDENI).

La conferencia inaugural fue sobre “Retos y desafíos de la Justicia Penal Juvenil a 30 años de vigencia de la LJPJ”, y estuvo a cargo de Carlos Tiffer Sotomayor, coordinador del Programa de Justicia Penal Juvenil del ILANUD

Durante la actividad, se realizó la presentación del Libro Derecho Penal Juvenil “30 Aniversario de la Ley de Justicia Penal Juvenil de Costa Rica”, tercera edición. De los autores: Carlos Tiffer Sotomayor, Javier Llobet Rodríguez y Frieder Dünkel.

El seminario contó con los expositores internacionales, Tomás Montero Hernanz de España, con el tema: Los sistemas de justicia juvenil en el marco de los estándares internacionales y los derechos humanos y Sofía Cobo Téllez de México, con “El contexto actual de la justicia juvenil en la región, especial referencia a la realidad mexicana. Los conferencistas nacionales fueron Helena Ulloa Ramírez, jueza del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, y magistrada suplente de la Sala Tercera, con la ponencia “La función jurisdiccional ante los retos actuales del sistema penal juvenil: una mirada desde los estándares internacionales”, así como María Gabriela Alfaro Zúñiga, fiscala adjunta penal juvenil, “Estándares internacionales y retos contemporáneos de la investigación y persecución penal juvenil”.

La magistrada Patricia Vargas moderó el panel “La justicia juvenil ante el desafío de la delincuencia organizada: prevenir la captación, construir el desistimiento, que contó con la participación de Alejandro Montero Acuña, coordinador de la Defensa Pública Penal Juvenil, con el subtema “El papel de la Defensa Pública en los procesos de reintegración de personas menores de edad vinculadas a la criminalidad organizada” y Flory Chaves Zárate, jueza Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, “La respuesta jurisdiccional frente a la criminalidad organizada en el sistema penal juvenil: retos para preservar su carácter diferenciado”.

También se expuso sobre “La percepción del tiempo en el encierro de los jóvenes en conflicto con la ley penal”, del conferencista internacional Bruno Van Der Maat de Bélgica, la cual contó con también con los conferencistas nacionales Jenny López Rodríguez, psicóloga, Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, “El impacto del encierro en las personas jóvenes en conflicto con la ley penal” y Didier Murillo Espinoza, Defensor Público Penal Juvenil, “La Defensa Pública durante la ejecución penal juvenil: acompañamiento, escucha y reintegración social”. Fue moderada por Lourdes Espinach Rueda, jueza coordinadora del Juzgado Penal Juvenil de Alajuela.

El ciclo de conferencias incluyó temas como la “Justicia penal juvenil restaurativa. La experiencia de Costa Rica”, del magistrado de la Sala de Casación Penal, Gerardo Rubén Alfaro Vargas y “Desafíos de la Justicia Penal Juvenil e innovación restaurativa en los entornos virtuales”, del expositor internacional Federico Moeykens de Argentina. Moderó Alicia Mercau, coordinadora del Foro Penal Adolescente y Juvenil de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de la Argentina.

Tomás Montero Hernanz de España, expuso sobre “El tratamiento del adolescente infractor en el siglo XXI desde la óptica de la CDN. Apuntes sobre el tratamiento de la criminalidad en flagrancia”, de igual forma, Ignacio Mayoral Narros, de España dio el tema “Quo vadis Justicia Juvenil”.

Douglas Durán, director del ILANUD presentó la conferencia magistral “La privación de la libertad de personas menores de edad como último recurso”, de Javier Llobet Rodríguez.

Adicionalmente se realizó el panel sobre retos y desafíos “La ejecución y cumplimiento de las sanciones penales juveniles a 30 años de la Ley de Justicia Penal Juvenil: distintas miradas para su fortalecimiento”, moderado por Daniela Fallas Marín. Letrada de la Sala Tercera e integrado por Jennifer Hernández Brenes, coordinadora del Nivel de Atención Penal Juvenil; Liseth Arce González, directora del Programa de Sanciones Alternativas. Ministerio de Justicia y Paz; Priscilla Madrigal González, jueza coordinadora del Juzgado de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles; Ana Gabriela Jiménez Arguedas, defensora pública, Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles y Suhelen Brenes García, fiscala coordinadora Penal Juvenil.

El segundo panel fue sobre “La prevención de la violencia y el delito juvenil”, moderado por José Pablo Monge Arguedas, juez penal juvenil del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste. Sede Nicoya, e integrado por Silvia Frean Alcocer, “La dimensión preventiva de las Directrices de Riad a 30 años de la Ley de Justicia Penal Juvenil y Víctor Herrero Escrich, “De los principios a la transformación: las Reglas Comunes Iberoamericanas y el futuro de la justicia juvenil”.

Defensa Pública de Osa acerca la justicia a la comunidad

Defensa Pública de Osa acerca la justicia a la comunidad

 

 

  • Mediante exitosa charla sobre Pensiones Alimentarias en la Escuela El Valle del Diquís.

 

Con el firme propósito de garantizar el acceso a la justicia y empoderar a la ciudadanía con información legal de vital importancia, la Defensa Pública de Osa llevó a cabo una jornada informativa en las instalaciones de la Escuela El Valle del Diquís.

 

La actividad se desarrolló en el pasado mes de junio y tuvo como objetivo principal acercar los servicios de la institución a la comunidad, con el propósito de que las personas conozcan cómo pueden acceder y tener un adecuado acceso al servicio de justicia cuando así lo requieran.

 

Durante el encuentro, se brindó orientación detallada a las personas asistentes sobre el rol fundamental que ejerce la Defensa Pública en la protección de los derechos ciudadanos, mediante una charla informativa impartida por Luisa Rebeca Salazar Porras, Defensora Pública especializada en la materia, quien adicionalmente, abordó de forma clara y accesible los aspectos relacionados con los procesos de pensiones alimentarias y el derecho de asistencia legal gratuita que brinda este órgano auxiliar de justicia.

 

Cabe destacar, que esta iniciativa es parte del compromiso de la Defensa Pública de Osa y del Poder Judicial de salir de los estrados judiciales para visitar directamente a las comunidades, respondiendo a las necesidades reales de la población e informando sobre temas sensibles para el bienestar de las familias costarricenses, en concordancia con el compromiso de brindar un servicio de administración de justicia cercano a las personas usuarias.

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