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Poder Judicial y UCR se unen para fortalecer derechos de los pueblos indígenas desde los peritajes culturales antropológicos

·      Firman convenio interinstitucional de cooperación para articular acciones a fin que los procesos judiciales vinculados con pueblos indígenas sean resueltos conforme a su cosmovisión. Además, reforzar la conciencia jurídica y las capacidades de las personas servidoras judiciales.

 Sumar al servicio de administración de justicia un mayor respeto a la realidad cultural de los pueblos indígenas de Costa Rica, en la tramitación de procesos judiciales donde son parte, es el compromiso adquirido por el Poder Judicial y la Universidad de Costa Rica (UCR) en la construcción de peritajes culturales antropológicos.

 Con la firma del Convenio de Cooperación entre el Poder Judicial y la Universidad de Costa Rica “Para mejorar el acceso a la justicia y fortalecer el efectivo ejercicio de derechos de pueblos indígenas y tribales”, se materializa el derecho de estos pueblos a que sus procesos sean resueltos conforme a sus costumbres, normas y tradiciones, en las distintas materias.

 “Este convenio es la materialización de una gobernanza en red y la innovación pública, por la relevancia de los peritajes indígenas, que son una herramienta jurídica que reconoce y tiene un puente entre mundos y cosmovisiones. Su misión es analizar los hechos de un caso dentro de un marco cultural, en este caso de las culturas indígenas, aportando elementos para que esa persona juzgadora que tiene en sus manos el caso, pueda administrar justicia en sentido pleno”, destacó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez.

 Para el Rector de la UCR, Carlos Araya Leandro, “…el convenio que firmamos fortalecerá el compromiso en la formación de personal, la producción del conocimiento pertinente y la vinculación activa con los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.  Es un acto de reparación histórica, un reconocimiento cultural y un impulso a la pluriculturalidad como parte de los procesos jurídicos y democráticos”.

 A partir del 2026, la UCR dispuso otorgar recurso docente para la ejecución del convenio y el nombramiento de una persona profesional especializada en antropología jurídica, bajo la responsabilidad de la atención de las gestiones derivadas del convenio y la formación de nuevos peritos.

 “La firma del convenio es un hito para el Poder Judicial de Costa Rica. Es producto de un trabajo en equipo. Se trata de tender puentes con la Escuela de Antropología y otros sectores de la Universidad de Costa Rica para materializar el derecho de los pueblos indígenas a que sus conflictos sean resueltos conforme al pluralismo jurídico, en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y el artículo 1 de la Constitución Política que establece, somos una República pluriétnica y multicultural. El Convenio es una herramienta que contribuirá a fortalecer la confianza intercultural entre los pueblos indígenas de Costa Rica y el Poder Judicial, pues facilita la participación activa de estos pueblos y además, facilita a las oficinas judiciales de todos los ámbitos, la designación de peritajes culturales y la administración de la información en los términos señalados en la Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígena”, puntualizó la Vicepresidenta de la Corte e integrante de la Comisión de Acceso a la Justicia, Damaris Vargas Vásquez.

Servicios tecnológicos del Poder Judicial continúan como alternativa confiable para las personas usuarias

 

 

·       Servicios como la Consulta del Impedimento de Salida del país mostraron altos índices de uso.

 

El Poder Judicial continúa con los esfuerzos de facilitar a las personas usuarias, el acceso de sus trámites de manera virtual, mejorando cada vez más su plataforma de servicios digitales.

 

Para el primer semestre del 2025, los datos estadísticos del uso de servicios en línea que ofrece este Poder de la República, muestran números que reiteran la confianza de las personas usuarias en esta modalidad para gestionar sus trámites, sin necesidad de acudir a edificios judiciales.

 

En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, se entregaron 254.001 hojas de antecedentes penales (hoja de delincuencia), se registró la presentación de 132.919 demandas y 1.333.311 escritos, se tramitaron 6.909 certificaciones de pensión alimentaria, 55.029 órdenes de apremio y se realizaron 2.380.099 notificaciones.

 

En lo que respecta a los trámites de impedimento de salida del país, se gestionaron 83.374 consultas directas de personas usuarias y se tramitaron 3.181.462 consultas por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería.

 

Cabe destacar, que se registraron 4.470.197 consultas de jurisprudencia en el buscador Nexus PJ, 54.564 consultas al Chatbot del Poder Judicial, se tramitaron 68.950 claves de Gestión en Línea y se tramitaron 1.055.075 expedientes electrónicos.

 

Movimiento del Sistema de Depósitos Judiciales (SDJ)

 

En lo que respecta al Sistema de Depósitos Judiciales (SDJ), sistema por el cual se registra el dinero que se recibe, autoriza y paga dentro de los procesos judiciales, se mostraron altos índices de efectividad, lo anterior con el propósito de mantener activa la economía del país.

 

En el primer semestre del 2025, el Poder Judicial pagó a las personas usuarias ¢148.873.27 millones, $15.78 millones y €940.00, es decir, un promedio diario de ¢827.07 millones, $87.693.55 y €5.22.

 

En cuanto a depósitos, se recibieron ¢161.581.47 millones, $14.43 millones y €6.360.00, esto en 1.387.078 gestiones.

 

De esta manera, el Poder Judicial enfoca sus esfuerzos en robustecer su plataforma tecnológica y sus servicios en general, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia de una manera eficiente y accesible para todos y todas por igual.

Dirección Jurídica: Diez años de ejercicio del control de legalidad y de asesoría en el campo jurídico en el Poder Judicial

La función asesora y de apoyo jurídico a los diferentes procesos administrativos y técnicos que forman parte del entorno del Poder Judicial, necesarios para el ejercicio de la actividad jurisdiccional y de los órganos auxiliares de la justicia recae en la Dirección Jurídica desde hace una década.

 “La Dirección Jurídica es un órgano asesor, creado con el propósito de unificar la función asesora en el Poder Judicial y que estaban dispersos en las diferentes unidades administrativas.  Nuestro trabajo procura que las decisiones que se lleguen a adoptar, sean conforme a derecho y al interés público. Tenemos un compromiso permanente de excelencia, es un deber de actuar para el bien de la institución”, destacó Rodrigo Campos Hidalgo, Director Jurídico.

 Desde esta dirección se atiende una diversidad de funciones y su trabajo se distribuye en cuatro grandes áreas.

 “Tenemos el gran reto de motivar, liderar y guiar a un grupo de personas, para que el accionar de la Dirección cumpla sus objetivos, que nos demanda un aprendizaje y actualización permanente, el desarrollar nuevas habilidades para gestionar mejor el análisis y la asesoría jurídica de la institución, porque visualizamos una Dirección Jurídica fortalecida en organización y gestión” afirmó Argili Gómez Siu, Subdirectora Jurídica.

 El Área de Análisis Jurídico abarca los criterios e informes jurídicos solicitados por Corte Plena, el Consejo Superior, la Presidencia de la Corte o la Dirección Ejecutiva, así como la coadyuvancia en la elaboración de proyectos de reglamento.  Así, entre enero y octubre del 2024, se analizaron un total de 221 proyectos de ley y se recibieron 207 solicitudes nuevas de criterios, informes y reglamentos.

 El Área de Cobro Administrativo tiene como fin atender las situaciones donde se generan afectaciones o daños económicos, que deban ser recuperados, y procurando que no se requiera su judicialización.  Un total de 646 gestiones ingresaron, en los primeros diez meses del año anterior, para la apertura de procedimientos de cobro y para ese mismo año, se finalizaron 550 expedientes.

 El Área de Contratación Administrativa y Convenios se vincula con la revisión de carteles, ofertas y recursos de objeción contra las adjudicaciones que se presentan, también se emiten criterios jurídicos en esta materia y en convenios nacionales e internacionales. Durante el período evaluado en el 2024, un total de 654 asuntos nuevos ingresaron a la Dirección, relacionados con solicitudes de trámite de contratos, adendas y acuerdos de confidencialidad (205), seguido por revisión de pliego de condiciones (147) y revisiones de ofertas (121).

 Respecto al Área de Procedimientos Disciplinarios y Jurisdiccionales se brinda asesoría en temas como régimen disciplinario de personas auxiliares de justicia para aplicar el debido proceso, también se asume una coordinación con la Procuraduría General de la República para remisión de información en procesos donde el Poder Judicial es demandado; entre otros.

 En esta labor, solo entre enero y octubre de 2024 se atendieron 433 requerimientos generales de la Procuraduría, se rindieron 248 informes para conocimiento de órganos superiores, otras oficinas o gestiones de particulares y se emitieron 560 certificaciones digitales.

 “Tenemos un gran compromiso de estudiar los casos con objetividad, transparencia y responsabilidad, donde siempre prevalece el interés institucional y el interés público, que garanticemos con ello, el fortalecimiento de la Dirección Jurídica y donde nuestra labor y criterios no lleguen a tener nunca, bajo ningún concepto, ningún cuestionamiento, ni sesgo y que impliquen siempre seguridad para los tomadores de decisiones”,  puntualizó Rodrigo Campos Hidalgo.

 

Transformación Digital en la Justicia Penal

·      ¡Un hito en la historia judicial de la materia penal en Costa Rica!

 Hoy celebramos un paso decisivo hacia una justicia más eficiente, moderna y accesible con la implementación del expediente electrónico penal, en la Periferia Zona Norte del II Circuito Judicial de Alajuela, de esta forma se reduciría la brecha tecnológica que existe en dicho circuito.

 Este avance no es solo un cambio tecnológico, es una transformación cultural y estructural. Con más de 150.000 causas penales gestionadas al año, se deja atrás el papel y se adopta un modelo de gestión digital, trazable y seguro, el cual permitirá más adelante incursionar en la automatización y la inteligencia artificial.

 Este día marca el inicio formal de la ruta de trabajo del Proyecto Estratégico 2025-PE-0110-PLA-20, denominado “Implementación integral del trámite electrónico en la Jurisdicción Penal”, el cual será implementado de forma progresiva a nivel nacional. Este proyecto es liderado por la Comisión de la Jurisdicción Penal, la Dirección de Planificación, la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones y la Fiscalía General de la República, en estrecha articulación con los demás operadores del sistema penal; también se tiene el soporte y apoyo del Organismo de Investigación Judicial y la Defensa Pública.

 La actividad contó con la participación presencial de 42 personas, representantes de los Juzgados Penales, Fiscalías, Defensa Pública y Organismo de Investigación Judicial, tanto del Circuito Judicial de San Carlos y su Periferia Zona Norte, reflejando el compromiso institucional con la modernización judicial.

 La magistrada Patricia Solano Castro indicó que “este proceso salda una deuda histórica en la digitalización penal y mejora el acceso a la justicia y las condiciones laborales de quienes operan el sistema judicial”.

 Desde el Consejo Superior, el Máster Gary Bonilla Garro subrayó que “la implementación del Escritorio Virtual en materia penal como ya se logró en San Carlos es el reflejo de la suma de voluntades entre las direcciones técnicas, la Comisión Penal y el Consejo Superior. Gracias a este esfuerzo conjunto se dota de herramientas necesarias al personal judicial y a las personas usuarias, modernizando el servicio y garantizando la seguridad en la tramitación de los expedientes”.

 Desde la Dirección de Tecnología (DTIC), se reafirma que este salto digital no es solo operativo: es un pilar para una justicia más transparente, trazable y centrada en las personas.

 En su intervención, el Fiscal General de la República, Máster Carlo Díaz Sánchez, hizo un llamado a todas las Fiscalías del país a ser parte activa del cambio, destacando la necesidad de unificar los sistemas para fortalecer la gestión penal. Por su parte, el Director de la Defensa Pública, Máster Juan Carlos Pérez Murillo, remarcó que este proceso representa un cambio cultural en el uso de tecnologías, fundamental para garantizar el acceso a la justicia y mejorar los tiempos de respuesta a la ciudadanía.

 ¿Por qué es relevante el trámite electrónico en la materia Penal?

  Mejora el acceso y seguimiento de los procesos

Acelera la respuesta judicial

Refuerza la trazabilidad de actuaciones

Contribuye con el fortalecimiento en transparencia

Permite rendición de cuentas efectiva

Fortalece los derechos fundamentales de las personas usuarias

 Como indicó el Ing. Dixon Li Morales, Subdirector de la Dirección de Planificación, esto no es una solución aislada, sino parte de un proceso integral que incluye estandarización, monitoreo y eficiencia.

 Esta iniciativa responde a la necesidad concreta de cerrar la brecha tecnológica en la Periferia Zona Norte, permitiendo que el Circuito de San Carlos se convierta en el primero 100% electrónico en todo el país, un referente nacional.

 De forma progresiva, este proyecto estratégico se extenderá a todo el país. Ya se han definido los siguientes bloques prioritarios:

🔹 Segundo bloque: Periferia de Cartago y Turrialba

🔹 Tercer bloque: Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur

 Este logro ha sido posible gracias a la articulación entre múltiples actores: personas juzgadoras, fiscalías, defensa pública, OIJ, direcciones técnicas y administrativas. La colaboración interinstitucional ha sido clave. En la actividad también estuvo presente una representación de la sociedad civil, Fuerza Pública y Abogados Litigantes.

 La transformación digital de la justicia penal no es una opción: es una responsabilidad institucional urgente. Lo que hoy se implementa en la Zona Norte se convierte en el modelo para una justicia penal más eficiente, equitativa y accesible en todo el territorio nacional.

 

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Central telefónica

2295-3000

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Contraloría de servicios

Línea Gratuita (+506) 800-800-3000

Horario de atención : Lunes - Viernes, 7:00 am a 5:00 pm

WhatsApp: (+506) 8595-3000

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Dirección

San José, Barrio Gonzalez Lahmann avenida 6 y 8, Calle 19.

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800-8000-OIJ (800-8000-645)

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