·       Poder Judicial celebró su 199 Aniversario.

·       En el acto se reconoció la trayectoria intachable de las y los funcionarios con 20, 25, 30 y 35 años de laborar para la institución.

Con un contundente mensaje en defensa de la Independencia Judicial y con el compromiso de seguir en la búsqueda de la mejora en el servicio de Administración de Justicia con un enfoque centrado en las personas usuarias, el Poder Judicial conmemoró el pasado 1 de octubre, sus 199 años de existencia.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Orlando Aguirre Gómez, fue enfático en la defensa de la Independencia Judicial, destacando el papel primordial que juega este Poder de la República en la defensa de los derechos y las garantías de la ciudadanía costarricense, sin dejar de lado los retos que tiene la institución en la búsqueda constante de mejorar el servicio público que se brinda.

“Honrar esta efeméride implica retomar nuestro compromiso y hacer de la justicia costarricense un espacio confiable, moderno, humano y firme contra la impunidad. Reconocemos que una institución casi bicentenaria tiene tareas pendientes, eso siempre lo hemos dicho, tareas pendientes que debemos afrontar con responsabilidad, como la modernización y la restructuración administrativa, así como la actualización de las normas procesales”, destacó Aguirre Gómez.

Se refirió a las dificultades actuales que enfrenta el país en materia presupuestaria, y que ha afectado al Poder Judicial, por lo que es necesario contar con los recursos pertinentes frente a la realidad que se vive, con el auge de una criminalidad organizada cada vez más fuerte y con más recursos.

“Desde la Presidencia, lo afirmo con claridad, administrar justicia exige estabilidad financiera y respeto al diseño constitucional, todo bloqueo del funcionamiento judicial termina lastimando, no al Poder Judicial propiamente, sino a las víctimas, a las personas usuarias y a las fuerzas de seguridad que requieren respuestas jurisdiccionales, eficaces y claras”, destacó el máximo jerarca de la Corte.

Aguirre Gómez reafirmó el compromiso institucional por seguir mejorando y brindando un servicio judicial cercano y consciente de las necesidades de las personas, describiendo la ruta de trabajo camino a la celebración del Bicentenario del Poder Judicial.

“En continuidad con la ruta trazada para este 199 aniversario y con la mirada puesta en el Bicentenario, planteo tres ejes de actuación institucional; primero, consolidar un Gobierno Judicial, robusto, ágil y transparente; segundo, intensificar, la transformación digital, con garantías y controles; y tercero, afirmar una justicia centrada en la persona usuaria, eficaz frente a la corrupción y el crimen organizado, siempre cercanos a la gente, buscando la satisfacción del servicio, porque ese en realidad es el verdadero sentido de todo órgano público”, manifestó el Presidente de la Corte.

En el acto, se contó con la participación de Rafael Hernández León, de la Secretaría Técnica de Ética y Valores, quien presentó la charla “El sentido del trabajo”, en donde mediante su mensaje, se buscó fortalecer el sentido de pertenencia e identidad con el Poder Judicial de cada una de las personas asistentes.

Así mismo y como parte de la celebración, se hizo entrega de los certificados al “Mérito Judicial”, a las personas con una trayectoria intachable durante 20, 25, 30 y 35 años en la institución.

“Esto lo digo con mucho orgullo, me complace en esta oportunidad que tengamos aquí presentes a funcionarias y funcionarios que han trabajado para la institución por muchos años, es decir, que han entregado parte importante de su vida al servicio de la administración de justicia y a quienes vamos a galardonar reconociéndoles con un certificado de Mérito Judicial por una trayectoria intachable, su ética, su constancia y su excelencia profesional nos honra, honra al Poder Judicial y nos recuerda que la independencia se sostiene también en la integridad; en su nombre, renovamos un pacto de profesionalismo con el país y con las nuevas generaciones que se incorporan, y para quienes ustedes son verdaderos ejemplos”, resaltó el magistrado.

La actividad se realizó en el Auditorio Judicial y contó con la presencia de Magistradas y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; integrantes del Consejo Superior; jerarcas de los órganos auxiliares de justicia, directores y directoras del ámbito administrativo y funcionarios y funcionarias judiciales en general.

·        Panelistas internacionales participaron en los foros de taller “Experiencias y desafíos a dos décadas de su promulgación en Costa Rica”.

La Unidad de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles de la Defensa Pública del Poder Judicial conmemoró dos décadas de la aprobación por la Asamblea Legislativa de la Ley de Ejecución de la Sanciones Penales Juveniles, con un encuentro académico denominado: “La Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles: experiencias y desafíos a 20 años de su promulgación en Costa Rica”.

En octubre del 2005 se promulgó esta Ley que tiene como base la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño, los principios de protección integral y el interés superior del menor, buscando su reinserción social y familiar. Esta aprobación representó un logro histórico, al ser la primera ley de ejecución de sanciones penales de las personas menores de edad en todo el territorio nacional.

La magistrada de la Sala de Casación Penal Patricia Vargas González señaló: “20 años de vigencia es un tiempo suficiente para que podamos hacer una evaluación crítica de una norma, tanto desde su dimensión dogmática como su dimensión práctica. Existe mucha doctrina que ha advertido que, si el sistema de justicia penal juvenil no se diseña adecuadamente, podría convertirse en un mecanismo de estigmatización temprana, más que en una vía de integración social”.

Por su parte, Yendry Portuguez Pizarro, subdirectora de la Defensa Pública indicó: “rememoramos 20 años de servicio público a la orden de una de las poblaciones más vulnerabilizadas de nuestra sociedad: las personas menores de edad que cumplen una sanción penal juvenil. Nuestra institución, que es baluarte de la democracia costarricense, hoy celebra no solo la entrada en vigencia de una Ley que consagra y tutela los principios y derechos, así como el debido proceso aplicable a la ejecución de las sanciones penales juveniles; sino que aplaude el trabajo, que con mucho esfuerzo y convicción de las personas que laboran en la Defensa Pública, se ha construido”.

“Representa un cúmulo de experiencias que se han vivido y que podemos compartir con todas y todos ustedes; así como una serie de desafíos que proyectamos en el camino hacia un verdadero acceso a la justicia y una tutela efectiva de los derechos y garantías de las personas menores de edad en conflicto con la Ley”, aseguró la subdirectora de la Defensa Pública.

Alejandro Montero Acuña, coordinador de la Defensa Pública Penal Juvenil, expuso sobre los resultados de unas actividades previas al encuentro, que analizaron el sentir, pensar y vivir de las personas menores privadas de libertad y en ejecución de sanciones penales. Adicionalmente, tuvo a su cargo las reflexiones y propuestas finales.

Marianella Corrales Pampillo, jueza del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, presentó la exposición de artesanías del Centro Formación Juvenil Zurquí. El acto cultural denominado “costarricenses interpretando costarricenses” estuvo a cargo de este mismo centro de formación.

El encuentro académico contó con la participación de expositores internacionales quienes desarrollaron varios temas como: “Las necesidades que visualizan en el ámbito de ejecución de la sanción penal juvenil y la violación al principio de especialización en el ámbito de la ejecución penal juvenil”, “El trabajo que está realizando sobre prevención para disminuir los índices de reincidencia y las necesidades de fortalecer las políticas de inversión social”, entre otros.

La Defensa Pública desempeña una función esencial, garantizando la protección y respeto de los derechos fundamentales de las personas jóvenes en el sistema de justicia penal juvenil; asimismo, promueve la concientización, sensibilización y acercamiento con dicha población, que comprende tanto la defensa en el proceso, como el acompañamiento durante la ejecución de las sanciones.

• Defensa Pública hizo taller de rendición de cuentas período 2024-2025
• Materias de familia y pensiones alimentarias con más casos

En el marco de las políticas de Justicia Abierta y del Modelo de Defensa Pública Abierta y plan de acción de la Defensa Pública para la atención de personas indígenas, se realizó la rendición de cuentas anual sobre la labor realizada en el cumplimiento de la Ley 9593.

EL pasado jueves 25 de septiembre se presentó a los líderes y lideresas indígenas, los resultados de la labor del último año.

La actividad se desarrolló en territorio Indígena Talamanca Bribri específicamente en ACOMUITA.

“Que la gente se dé cuenta de que se hace realmente aquí, es o es importantísimo” expresó Justa Romero, indígena Bribri.

Mientras que Faustina Torres también se mostró complacida con la labor que viene realizando la Defensa Pública en los Territorios Indígenas “Esto ha servido muchísimo para mucha gente que lo utiliza, saben que no estoy mintiendo porque le ha servido”.

Dentro de los datos más significativos del trabajo realizado en el último año en Territorios Indígenas, sobres salen:

• 3.875 procesos a activos en el último año, lo que representa un incremento del 15% en comparación al período anterior.
• Las materias de pensiones alimentarias y familia ocupan la mayor cantidad de casos en Territorios indígenas atendidos por la Defensa Pública.
• Las personas usuarias pertenecientes a los pueblos Bribri, Cabécar y Ngäbe representan la mayor cantidad de procesos con la Defensa Pública.
• Se han realizado talleres con perspectiva antropológica facilitados líderes y lideresas para conocer la cosmovisión de la población indígena.

“Como personas defensoras públicas es importante que entendamos a la población a la que le estamos brindando un servicio. Importante conocer su cosmovisión y su cultura” manifestó Juan Carlos Pérez Murillo director de la Defensa Pública del Poder Judicial.

Costa Rica cuenta con 8 pueblos indígenas y 24 territorios. Además, se brinda atención y abordaje a las personas indígenas que viven fuera de territorio, así como a sus organizaciones representativas en el país.

·      Documento contempla 57 faltas disciplinarias con sus respectivas definiciones.

·      Consulte el Glosario aquí: http://inspeccionjudicial.preproduccion/index.php 

Una herramienta se suma a la tramitación de los procesos disciplinarios en el Poder Judicial, el Glosario de término de algunas conductas que constituyen faltas disciplinarias.

Este documento, aprobado por el Consejo Superior, agrupa un total de 57 faltas disciplinarias y su respectiva definición, las cuales están clasificadas en 37 de éstas como funcionales y 20 no funcionales.

"El Poder Judicial se ha caracterizado por implementar políticas claras, transparentes y objetivas en la aplicación del proceso disciplinario a toda la población judicial, en apego al debido proceso y desde la óptica de un fallo administrativo justo. La importancia del glosario de conductas constitutivas de faltas disciplinarias se centra en establecer parámetros comunes y esto proporciona seguridad jurídica en la labor técnica de correlacionar la conducta reprochada con la falta establecida en el glosario y esto a su vez permite una mejor unificación de criterios”, destacó Estrellita Orellana Guevara, Presidenta a.i del Tribunal de la Inspección Judicial.

Orellana Guevara señaló que  la herramienta confiere un ámbito de confianza en el colectivo judicial, que garantiza la aplicación uniforme del control disciplinario, por parte de los órganos judiciales competentes. Además “…informa y difunde las conductas ajenas a los valores éticos y principios institucionales que resultan cuestionables en la persona servidora judicial y de forma consecuente conlleva la aplicación del régimen disciplinario"

El Glosario recibió la aprobación del Consejo Superior del Poder Judicial, en su sesión N° 81-2025 del 4 de septiembre de 2025 y corresponde a una propuesta que presentó el Despacho de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y cuya construcción estuvo a cargo del Grupo de Régimen Disciplinario, liderado por el magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez.

“Constituye una herramienta de sumo valor para la aplicación de esa normativa, en la medida en que ofrece la definición de conductas que pueden ser objeto de investigación y sanción. Esto facilita la función del órgano disciplinario al momento de decidir sobre la procedencia de la apertura del régimen, formular la acusación y disponer la sanción; además, brinda seguridad jurídica y garantiza el ejercicio del derecho a la defensa, facilitando el planteamiento de la tesis defensiva ante la claridad de la conducta reprochada. Todo ello, en garantía plena del debido proceso”, puntualizó Siria Carmona Castro, integrante del Consejo Superior.

Carmona Castro resaltó que el Poder Judicial, -como muy pocas instituciones públicas-, cuenta con normativa propia para regular la disciplina de su funcionariado, desde la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dedica todo el Título VIII a la regulación de las competencias de los órganos disciplinarios.

De acuerdo con el Consejo Superior, los términos que contiene este documento se incorporarán en los sistemas informáticos judiciales, para que permitan el registro de datos estadísticas, en los despachos y oficinas que aplican el régimen disciplinario.

El glosario podrá ser de consulta tanto para los operadores del régimen disciplinario como para la población judicial en general, ingresando a la página principal del Tribunal de la Inspección Judicial, directamente al link: http://inspeccionjudicial.preproduccion/index.php