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Poder Judicial y el Supremo Tribunal Federal de Brasil refuerzan lazos de cooperación judicial

Poder Judicial y el Supremo Tribunal Federal de Brasil refuerzan lazos de cooperación judicial

·         En el marco de visita de cortesía realizada a la Corte Suprema de Justicia.

 

Para promover la cooperación entre el Poder Judicial de Costa Rica y el Supremo Tribunal Federal de Brasil se firmó este martes 27 de enero de 2026, un memorando de entendimiento en materias que incluyen la investigación y la reflexión académica, así como la formación de magistrados, magistradas y personas funcionarias de la administración de Justicia.

Firmaron dicho memorando de entendimiento, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez junto con el Ministro Presidente Luiz Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal de Brasil.

“Es importante este acercamiento con Brasil, considerando que ellos cuentan con un gran desarrollo en materias como la investigación criminal y la Inteligencia Artificial, por lo que a través de este memorándum de entendimiento que hemos firmado nos permite realizar el intercambio de experiencias y conocimiento en temas de interés para la institución”, indicó el magistrado Orlando Aguirre.

La delegación de Brasil la integraron el embajador de este país suramericano en Costa Rica, Antonio Alves Jr; Roberto Dallenone, Secretario General del Supremo Tribunal Federal; Clara Mota, Secretaria General del Consejo Nacional de Justicia; Roberto Doring Pinho, asesor del Ministro Presidente; Christine Oliveira Peter, Secretaria de Altos Estudios del Ministro Presidente y Lucas Nogueira Israel – Juez asesor.

La coordinación de la reunión estuvo a cargo de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI) del Poder Judicial, cuya representación la ostentaron, Karen Leiva Chavarría Jefatura y María Fernanda Calvo Aguilar, Coordinadora de Cooperación Regional.

Por la seguridad de los costarricenses, Poder Judicial insiste ante Hacienda giro de recursos para combatir la delincuencia

Por la seguridad de los costarricenses, Poder Judicial insiste ante Hacienda giro de recursos para combatir la delincuencia

 

Por la seguridad de los costarricenses, Poder Judicial insiste ante Hacienda giro de recursos para combatir la delincuencia

 

 

·                Recursos para 176 plazas en el OIJ y 99 en el Ministerio Público ya fueron aprobados por la Asamblea Legislativa

 

·                Hacienda mantiene los fondos en condición de no ejecución, pese a su carácter esencial para la seguridad ciudadana

 

 

Con el fin de fortalecer la lucha contra la criminalidad y garantizar la seguridad de la población costarricense, la Corte Plena del Poder Judicial acordó este lunes solicitar una nueva reunión al Ministerio de Hacienda, a fin de insistir en el giro de recursos previamente aprobados por la Asamblea Legislativa para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.

 

Los recursos, incorporados al Presupuesto Ordinario 2026 del Poder Judicial por un monto total de ₡8.688 millones, permitirían financiar 176 plazas en el OIJ y 99 plazas en el Ministerio Público, correspondientes a fiscales, investigadores, técnicos especializados y personal operativo, indispensables para enfrentar la creciente complejidad de la criminalidad que afecta al país.

 

Pese a tratarse de recursos presupuestados y avalados por la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Hacienda se ha negado a incluirlos en la programación financiera, manteniéndolos en estado de no ejecución, lo que limita de forma directa la capacidad institucional para responder a la inseguridad ciudadana.

 

En un oficio remitido al jerarca de Hacienda el pasado 13 de enero, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, fue enfático al advertir sobre las consecuencias de esta decisión:

 

“La decisión adoptada genera un impacto directo y demoledor en los planes de trabajo del Organismo de Investigación Judicial y del Ministerio Público, en su esfuerzo por combatir la criminalidad organizada y sus distintas manifestaciones, que afectan gravemente la vida cotidiana de la ciudadanía”, señaló Aguirre Gómez.

 

En ese mismo documento se indicó que el Fiscal General de la República ha advertido que la insuficiencia de talento humano limita la capacidad institucional para cumplir con los plazos procesales establecidos en la legislación penal, lo que incrementa el riesgo de prescripciones, retrasos en audiencias y eventuales responsabilidades disciplinarias o patrimoniales para el Estado.

 

En cuanto al impacto para el OIJ el director general en ejercicio, Michel Soto Rojas, reiteró que las plazas aprobadas en la Ley de Presupuesto Ordinario 2026 estaban orientadas a la puesta en operación y fortalecimiento de sedes estratégicas como La Cruz, Tamarindo–Tempate–Cabo Velas y Puerto Jiménez, así como al refuerzo de las labores de custodia de personas detenidas en todo el territorio nacional.

 

Estas sedes —enfatizó— no constituyen simples puntos administrativos, sino zonas territoriales estratégicas altamente expuestas a dinámicas criminales complejas, caracterizadas por estructuras organizadas, movilidad transnacional, control de rutas, violencia instrumental y asentamientos operativos, lo que demanda una respuesta institucional inmediata, permanente y especializada.

 

Pese a los argumentos expuestos, el Ministerio de Hacienda reiteró su negativa mediante oficio del 19 de enero, firmado por el ministro Rudolf Lücke, en el cual se comunicó que los recursos no serían incorporados a la programación financiera del primer trimestre de 2026, al provenir de rebajas a la subpartida destinada al pago de intereses de la deuda pública.

 

Ante este escenario, la Corte Plena hizo énfasis en la urgencia de que se giren los recursos y acordó volver a plantear el tema ante el Ministerio de Hacienda, subrayando que el Poder Judicial ha venido implementando acciones concretas para agilizar procesos penales, reducir el rezago judicial y combatir la delincuencia, como lo evidencian los operativos diarios del OIJ y la labor del Ministerio Público en causas complejas y de alto interés público.

 

Sin embargo, el Poder Judicial reitera que la seguridad de las y los costarricenses no puede sostenerse sin los recursos humanos y financieros necesarios, especialmente cuando estos ya fueron analizados, aprobados y avalados por la Asamblea Legislativa. Combatir la inseguridad requiere coherencia institucional y el respeto a las decisiones adoptadas por los Poderes del Estado.

 

26 de enero de 2026

 

 

 

 

Índice de Sesión de Corte Plena -  26 de enero de 2026

Índice de Sesión de Corte Plena - 26 de enero de 2026

Lunes 26 de enero de 2026

Sesión N°03-2026

 

PRIMERA PARTE: 8:00 a. m. a 12:00 mediodía.

SEGUNDA PARTE: 2:15 p. m.  a 7:00 p. m.

 

Número de artículo:

1

Temática:

Aprobación de actas

Detalle:

Aprobación del acta del 12 de enero de 2026, N°01-2026.

Número de artículo:

2

Temática:

Propuestas

Detalle:

Acuerdo de Consejo Superior de la sesión N°111-2025 del 09 de diciembre de 2025, artículo XVIII, relacionado con la aprobación del informe técnico sobre la desafectación de las plazas de reserva destinadas a personas con discapacidad.

Número de artículo:

3

Temática:

Propuestas

Detalle:

El Consejo Superior remite el acuerdo tomado en sesión N°3-2026, artículo LXX, concerniente al informe de la Contraloría General de la República sobre la “Importancia de la transparencia en las sanciones que inciden en el ejercicio de la función pública”.

Número de artículo:

4

Temática:

Propuestas

Detalle:

Acuerdo de Consejo Superior N°03-2026 del 13 de enero de 2026, artículo LXX, relacionado con el oficio N° DJ-2530, sobre la “Importancia de la transparencia en las sanciones que inciden en el ejercicio de la función pública”.

Número de artículo:

5

Temática:

Propuestas

Detalle:

Propuesta de adición y aclaración del acuerdo tomado en sesión N°49-2025, articulo VI, concerniente a la modificación del antecedente del artículo XIV de la sesión N°28-2024.

Número de artículo:

6

Temática:

Propuestas

Detalle:

La Sala Tercera remite contestación relacionada con el oficio N°10084-2025, sobre el informe N°CACMFJ-ACM-2025, relativo al seguimiento de indicadores de gestión de la Sala Tercera correspondiente al primer semestre del año 2025.

Número de artículo:

7

Temática:

Propuestas

Detalle:

La Auditoría Judicial remite oficio N°96-046-ISEG-SASSA-2026, relacionado con el informe sobre el resultado del segundo seguimiento de recomendaciones de Auditoría dirigidas a Corte Plena (informe N° 167-16-IAO-SAEE-2023).

Número de artículo:

8

Temática:

Propuestas

Detalle:

Propuesta de adición y aclaración del acuerdo tomado en sesión N°1-2026, articulo XIII, concerniente a la modificación del estado de la plaza N°383540 de jueza 5 del Tribunal Penal Especializado de Delincuencia Organizada.

Número de artículo:

9

Temática:

Propuestas

Detalle:

El magistrado Alfaro en su condición de coordinador de la Política de Acceso a la Justicia para la población migrante y refugiada, remite informe final referente a las principales acciones lideradas por la citada subcomisión.

Número de artículo:

10

Temática:

Tribunal de Corte Plena

Detalle:

Sesión privada por disposición normativa

Número de artículo:

11

Temática:

Consultas legislativas

Detalle:

Integración del Consejo de la Judicatura.

Número de artículo:

12

Temática:

Asuntos varios

Detalle:

La Comisión de la Jurisdicción de Familia, Niñez y Adolescencia, remite el oficio N° 001-CJF-2026 relativo al informe relacionado con la emisión de un acto administrativo de reconocimiento de los laboratorios que están debidamente acreditados, conforme lo establece el artículo 98 del Código de Familia. El anterior fue solicitado mediante el oficio N°8086-2024 de la Secretaría de la Corte.

Número de artículo:

13

Temática:

Asuntos varios

Detalle:

La Dirección Ejecutiva remite el oficio N°15-DE-2026, relacionado con el informe de los recursos necesarios para la creación de 176 plazas nuevas en el programa 928 del Organismo de Investigación Judicial y 99 en el 929 del Ministerio Público.

Número de artículo:

14

Temática:

Asuntos varios

Detalle:

Recurso de reconsideración contra el acuerdo tomado en sesión N°58-2025, artículo XIII, concerniente a la suspensión de los concursos de terna de la categoría de juez o jueza 1 relacionado con la modificación del artículo 30 bis del Reglamento de Carrera Judicial.

Número de artículo:

15

Temática:

Asuntos varios

Detalle:

Solicitud de aclaración y adición sobre el acuerdo tomado en sesión N°01-2026.

Número de artículo:

16

Temática:

Acuerdos e informes

Detalle:

Informe anual de labores de la Comisión de la Jurisdicción Civil, Concursal y Cobro.

Número de artículo:

17

Temática:

Acuerdos e informes

Detalle:

Informe anual de labores, 2025, de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional.

Número de artículo:

18

Temática:

Acuerdos e informes

Detalle:

Informe anual de labores, 2025, de la Comisión de Acceso a la Justicia.

Número de artículo:

19

Temática:

Acuerdos e informes

Detalle:

Informe Anual de Labores 2025 de la Comisión Iberoamericana de Justicia Medioambiental.

Número de artículo:

20

Temática:

Acuerdos e informes

Detalle:

Informe Anual de Labores del Grupo Especializado de Trabajo de la Justicia Medioambiental.

Número de artículo:

21

Temática:

Acuerdos e informes

Detalle:

Informe Anual de Labores 2025 de la Comisión de Política de Comunicaciones.

Número de artículo:

22

Temática:

Acuerdos e informes

Detalle:

La magistrada Vargas Vásquez, en su condición de Coordinadora del Grupo de Trabajo de Ámbito Administrativo remite el informe anual de labores 2025 del citado grupo.

Número de artículo:

23

Temática:

Acuerdos e informes

Detalle:

La Dirección de Planificación, en oficio N° 1183-PLA-PE-2025 del 10 de octubre del 2025, remite la propuesta de alineamiento estratégico del Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial de Costa Rica, periodo 2025-2030, correspondientes a las oficinas responsables de metas de la Contraloría de Servicios del Poder Judicial y el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional.

Número de artículo:

24

Temática:

Acuerdos e informes

Detalle:

La Dirección de Planificación en oficio N° 11-PLA-MNP-2026 remite el informe definitivo sobre el resultado del análisis de la carga de trabajo del Juzgado Contravencional de Atenas.

Número de artículo:

25

Temática:

Acuerdos e informes

Detalle:

La Fiscalía General de la República solicita la creación de la Fiscalía Adjunta de Cibercrimen.

Número de artículo:

26

Temática:

Acuerdos e informes

Detalle:

La magistrada Varela remite el oficio 21-JVA-2025 para el nombramiento formal del titular para representar a las Organizaciones Gremiales en el Tribunal de Reconocimientos.

Número de artículo:

27

Temática:

Acuerdos e informes

Detalle:

Informe de la Dirección de Gestión Humana, en oficio N° PJ-DGH-SAP-422-2025 de 09 de octubre de 2025, sobre la procedencia o conveniencia de que los jueces 3 que conocen material concursal se les ubique en la categoría salarial reservada para los jueces 4 civiles del Tribunal de primera instancia.

Número de artículo:

28

Temática:

Acuerdos e informes

Detalle:

La Dirección de Planificación, en correo de 18 de noviembre de 2025, solicita se analice una recomendación incluida dentro del informe N° 634-PLA-MNP-2025 concerniente a las estructuras de los despachos civiles.

Número de artículo:

29

Temática:

Acuerdos e informes

Detalle:

Observaciones a la declaración del “XX Encuentro de Magistradas de los Más Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica “Por una Justicia de Género”.

Número de artículo:

30

Temática:

Acuerdos e informes

Detalle:

La Procuraduría General de la República remite respuesta en atención al criterio preceptivo y vinculante sobre la presunta nulidad absoluta, evidente y manifiesta del punto 2) del Por Tanto del acuerdo adoptado por el Consejo Superior del Poder Judicial en la sesión No. 76-11, celebrada el 6 de setiembre de 2011, artículo LIII.

 

*La agenda de este día contempla más artículos, de ser necesario, oportunamente se remitirá el detalle del resto de numerales, en la misma forma y por la misma vía en que se facilitó este documento.

* Por la dinámica de la sesión, es posible que se incluyan artículos que no aparecen en esta agenda, de ser así, oportunamente se comunicará.

Caso de despido por embarazo señaló responsabilidad solidaria entre patronos sustitutos

Caso de despido por embarazo señaló responsabilidad solidaria entre patronos sustitutos

Sentencia de Sala Segunda

 La responsabilidad de los patronos sustituidos, ante el reclamo de los derechos laborales de una persona trabajadora, se extiende, hasta los seis meses siguientes al cambio patronal.

 Así recalcó la sentencia Nº 02591 – 2025 de la Sala Segunda, al reconocer los extremos laborales solicitados por una trabajadora en estado de embarazo, que fue despedida por dicha causa, cuya responsabilidad de cancelación recayó solidariamente entre el patrono actual y el anterior.

 En el análisis del caso, el Tribunal de Casación Laboral determinó que ante la sustitución de un patrono, este hecho no afecta las condiciones y la existencia del contrato de trabajo y que no impide que se siga desarrollando la actividad productiva.

 “Por ello, se presupone que dicho cambio, en principio, no extingue las relaciones laborales cuando se lleve a cabo la transmisión, motivo por el que, frente a las obligaciones derivadas del contrato o la ley, la normativa citada establece una solidaridad legal que opera en los seis meses posteriores a la sustitución del patrono, facultando al trabajador, en resguardo de sus derechos, a dirigirse contra cualquiera de ellos; con posterioridad a dicho plazo, tales responsabilidades subsisten únicamente para el nuevo patrono”, puntualizó la Sala Segunda.

 “En el caso que nos ocupa, no es objeto de controversia que la actora siempre ocupó el mismo puesto de trabajo el cual se desarrolló en las mismas instalaciones y con las mismas funciones. Lo que cambió, a partir del 31 de mayo de 2013, fue la figura patronal. En este orden, si la actividad es la misma y la trabajadora se mantuvo en su puesto, está claro que lo que existió fue un cambio en la titularidad del empleador, con motivo de la última venta del negocio. Así, el señor [Nombre 002] puede ser llamado a asumir el pago de los derechos laborales adeudados por el señor [Nombre 003] frente a la trabajadora, dentro de los seis meses en que la Ley prevé la solidaridad entre ambos codemandados. Así, la condena solidaria impuesta es conforme a derecho”, concluyó la sentencia de casación laboral.

 El proceso laboral lo presentó una mujer trabajadora, para solicitar el pago de los extremos laborales, por su despido, luego de comunicar a sus patronos su estado de embarazo. El expediente lo tramitó en el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José.

 La sentencia del Juzgado declaró parcialmente con lugar la demanda y ordenó, a favor de la demandante, el pago de horas extraordinarias, la indemnización por pre y post parto, preaviso, cesantía, vacaciones y aguinaldo proporcionales, así como el pago de intereses sobre las sumas concedidas y la indexación.  Además, las costas a cargo de los codemandados y las personales de forma solidaria en un 25% del monto total de la condenatoria.

 Las partes patronales presentaron recurso de casación, en donde se cuestionó la valoración de la carta de sustitución patronal y la responsabilidad ante el despido.

 “Observa esta Sala que la sentencia realiza una valoración individual y conjunta de las conductas desplegadas por ambos demandados, estableciendo claramente los periodos de vinculación de cada uno con la actora y delimitando su responsabilidad en función de la sustitución patronal, de la continuidad del vínculo laboral y del conocimiento del estado de embarazo. Así, se denota que la condena solidaria impuesta no obedece a una confusión de hechos, sino a la aplicación de la normativa laboral vigente y a la prueba debidamente valorada.”, indicó la sentencia.

 

La resolución completa se puede consultar en el buscador oficial, NexusPJ:

https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1335532

 

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