· II Encuentro Nacional con Mujeres Lideresas Indígenas - preconsulta de política institucional judicial de acceso a la justicia para pueblos indígenas.
En un espacio de apertura total al diálogo, mujeres lideresas representantes de los ocho pueblos en los 24 territorios indígenas del país enriquecieron con su visión, aportes y criterios, la propuesta de política institucional de acceso a la justicia en la que trabaja el Poder Judicial.
“Hoy nos llama el diálogo, lo que siempre ha representado a Costa Rica y es importante que nos escuchen a nosotras las mujeres indígenas, que escuchen nuestras voces y qué queremos construir en este futuro para el país. Estos espacios son importantes porque podemos construir desde nuestras vivencias y realidades”, afirmó Isabel Rivera Navas, lideresa indígena.
El II Encuentro Nacional con Mujeres Lideresas Indígenas por el Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, fortaleció el trabajo de co-construcción con las autoridades judiciales y representantes de la cooperación internacional del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PACcTO 2.0) de la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
La magistrada Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y coordinadora de la Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, Damaris María Vargas Vásquez, recalcó: “Cualquier acción que emprenda el Poder Judicial que impacte a los pueblos indígenas debe hacerse en cocreación con éstos, y la construcción de la Política de Acceso a la Justicia debe ser consultada conforme a los estándares internacionales y la jurisprudencia constitucional, garantizando que tenga pertinencia cultural a fin de mejorar la atención de nuestro sistema de administración de justicia y asegurar la efectividad en su implementación. Precisamente, se está dando inicio al proceso de consulta”.
El proceso de consulta se realizó mediante mesas de trabajo organizadas durante todo el día, en temas como el intercambio y validación de los insumos que contiene la propuesta de política institucional. Se abrió un diálogo territorial sobre el impacto del crimen organizado y las rutas comunitarias de prevención y estrategias de fortalecimiento del liderazgo de mujeres indígenas.
Nuno López Costa, Director Adjunto del Programa El PACCTO 2.0. de la Unión Europea destacó que el interés por garantizar el acceso a la justicia de los pueblos indígena es compartido por la Unión Europea. “Creemos que la Justicia siempre debe ser la primera solución. Estamos aquí para apoyarlas, para emprender acciones conjuntas, para colaborar con ustedes y con el Poder Judicial en la lucha y defensa de los territorios”.
La actividad se realizó el viernes 5 de junio de 2026, en las instalaciones de la Escuela Juan XXIII. Participaron mujeres lideresas de los 8 pueblos indígenas ubicados en los 24 territorios indígenas. Las lideresas provienen de Abrojo Montezuma, Altos de San Antonio, Conte Burica, Coto Brus, Osa, Ngäbe Sixaola, Ngäbe Los Santos, Alto Chirripó, Bajo Chirripó, China Kichá, Talamanca Cabécar, Ujarrás, Tayní, Nairi Awari, Cabagra, Keköldi, Talamanca Bribri, Salitre, Boruca, Rey Curré, Quitirrisí, Zapatón, Térraba, Matambú, Maleku, Miskitu y Telire.
Asistió el Embajador de la Unión Europea, el Director Adjunto del Programa El PACCTO 2.0. de la Unión Europea y su equipo de trabajo; y, por el Poder Judicial, las jefaturas de la Fiscalía General, Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas, Jurisdicción Especializada de Crimen Organizado, el Organismo de Investigación Judicial, la Defensa Pública, el Consejo Superior, la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Poder Judicial, la Dirección de Planificación, Gestión Humana, Escuela Judicial, Contraloría de Servicios, las Secretarías Técnicas de Género y Acceso a la Justicia, de Ética y Valores, Centro Electrónico de Información Jurisprudencial, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional, Oficina de Protocolo y Relaciones Públicas, Oficina de Cumplimiento, Oficina de Justicia Restaurativa, Auditoría Judicial y la Unidad de Acceso a la Justicia.
