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 Los esfuerzos que emprende el Poder Judicial por mejorar la infraestructura en el país ya son una realidad para las personas usuarias de San Ramón.

 Desde este mes de febrero funciona la nueva Torre Anexa de los Tribunales de San Ramón, que permitió atender los requerimientos de espacio físico en esta zona y concentrar las oficinas judiciales en un solo edificio.

 “El proyecto contempló la construcción de una nueva torre anexa al edificio de los Tribunales de Justicia de San Ramón, más el reacondicionamiento eléctrico del edificio existente de los Tribunales; así reunimos dentro de un mismo complejo judicial, todos los servicios que se brindan en el cantón central de San Ramon y también se reacondiciona el edificio existente, basado en los reglamentos y normativas vigentes en materia de seguridad humana y protección contra incendios”, explicó la Directora Ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins.

 La nueva Torre Anexa contempló la construcción de un área de 4.764 m² y el reacondicionamiento del edificio actual abarcó la intervención de 3.874 m², con un valor de $ 17.816.496,32 y se desarrolló bajo la finalidad de obtener la certificación ambiental EDGE.

 En el primer nivel de la Torre, se ubicó la oficina de la Fiscalía Adjunta, así como un comedor, ya que el edificio carecía de este servicio, cuartos eléctricos y de telemática, servicios sanitarios de público y de funcionarios y los cuartos de lactancia para usuarias y mujeres trabajadoras. En el segundo nivel se encuentran las salas de juicio colegiada y unipersonal, cuartos eléctricos y de telemática, servicios sanitarios para público y para funcionarios.

Dentro del tercer nivel se ubican el Tribunal de Juicio y de Flagrancia, el Juzgado Civil y Laboral, el Tribunal Colegiado de I instancia Civil, la oficina de Trabajo Social y Psicología, cuartos eléctricos y de telemática, servicios sanitarios para público y para funcionarios.  El cuarto nivel está destinado para crecimiento del Circuito Judicial de San Ramón.

 La infraestructura cuenta con un sótano para estacionamiento de vehículos oficiales, cuartos principales de los sistemas eléctricos, bombeo de agua potable, aguas freáticas, agua de reúso, sistema contra incendios, planta de tratamientos, cuarto de UPS, cuarto de telemática y cuarto de aseo.

 La obra de infraestructura enfatizó en el bienestar de la persona usuaria, al adecuarse a las normas de la Ley 7.600, el Reglamento de Seguridad Humana del Cuerpo de Bomberos, el Reglamento de Construcciones, las normas del Ministerio de Salud, el Modelo de Señalización para personas con capacidad visual reducida del Poder Judicial, así como a los requerimientos de Seguridad y de Salud Ocupacional de la Institución, y en general las normativas vigentes de las Instituciones involucradas.

 Además, es la primera edificación institucional donde se adopta el sistema de esclusa en el ingreso para mejorar el proceso de revisión y separar los flujos de ingreso de personas usuarias y trabajadora.  Estas obras se desarrollaron de manera extraordinaria para fortalecer la seguridad del Circuito.

·       Protocolo fue aprobado por el Consejo Superior en sesión N° 02-2025 celebrada el 09 de enero de 2025.

Con el objetivo de salvaguardar la integridad del personal judicial que debe interactuar con población usuaria que se encuentra inmersa en situaciones conflictivas a nivel social, el Departamento de Trabajo Social y Psicología cuenta ahora con un Protocolo de seguridad orientado a ese fin.

El “Protocolo de seguridad del personal del Departamento de Trabajo Social y Psicología” fue aprobado por el Consejo Superior en sesión N° 02-2025 celebrada el 09 de enero de 2025 y busca proteger a sus trabajadores y trabajadoras en virtud del ejercicio de sus funciones.

Este documento surge ante la necesidad de contar con una herramienta que garantice la seguridad de las personas que desempeñan puestos en Trabajo Social y Psicología, ya que, debido a su trabajo, deben realizar acciones periciales en el campo al acudir a comunidades o viviendas de manera individual y sin ningún tipo de protección.

Según indicó Vanessa Villalobos Montero, Subjefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología “se consideró necesario tomar las medidas correspondientes que puedan ayudar a mitigar los riesgos asociados a las labores operativas”.

El Protocolo fue elaborado con la participación de personal de diferentes coordinaciones regionales del Departamento, como por ejemplo Cartago, Limón, Hatillo, Liberia, San Carlos y Corredores, así como, por la Jefatura nacional.

“Con la participación de estas sedes regionales, se consideró que se estaban tomando en cuenta representantes de zonas rurales, como urbanas, y se podían recopilar las diferentes realidades y situaciones que se enfrentan al llevar a cabo las funciones propias de los puestos”, indicó la Subjefa del Departamento.

El Protocolo también busca reconocer los riesgos que enfrentan los y las profesionales ante las situaciones de inseguridad al visitar comunidades de alto riego o entrar en contacto con personas usuarias altamente conflictivas, evidenciando que tales circunstancias pueden limitar los estudios que se entregan a las autoridades judiciales, tales circunstancias pueden limitar el trabajo de investigación.

El documento, cubre a todo el personal del Departamento de Trabajo Social y Psicología, tanto al personal profesional como administrativo, ya que también se contemplaron acciones de protección y reacción a las que se pueden recurrir ante cualquier evento que atente contra la seguridad aún en la oficina. Asimismo, este vendría a complementar a los protocolos institucionales ya existentes relacionados al tema.

La institución, cuenta con 30 oficinas de Trabajo Social y Psicología, a lo largo y ancho del país. Alajuela, Bribri, Buenos Aires, Cartago, Corredores, Desamparados, Goicochea, Golfito, Grecia, Guápiles, Hatillo, Heredia, Liberia, Limón, Nicoya, Pérez Zeledón, Puntarenas, Puriscal, Quepos, San Carlos, San José, San Ramón, Santa Cruz, Sarapiquí, Turrialba, Upala, PISAV-Pavas, PISAV-La Unión, PISAV San Joaquín y PISAV Siquirres.

También, cuenta con equipos de Justicia Restaurativa en Alajuela, Cartago, Corredores, Goicochea, Guápiles, Heredia, Liberia, Limón, Nicoya, Pérez Zeledón, Puntarenas, San Carlos, San José y San Ramón, para un total de 161 profesionales y 42 auxiliares administrativos.

“Muchas veces se visualiza que las labores de trabajo social y psicología son labores meramente de oficina, pero la labor pericial implica que cada día atendamos personas usuarias de todos los extractos sociales, niveles educativos, recursos económicos y creencias, todas ellas inmersas en alguna conflictiva social ligada a un sinfín de manifestaciones de la violencia, que reflejan la realidad país. Por ello y ante la crisis de seguridad ciudadana y el aumento de la violencia generalizada, es un hecho el riesgo que enfrenta nuestro personal, por lo que este protocolo es una guía para anteponer su autocuidado, protección y seguridad, como un punto primordial y clave para poder seguir efectuando la labor con la mística, compromiso y responsabilidad que siempre nos ha caracterizado”, indicó Villalobos Montero.

El Protocolo se puede acceder en la página Web del Departamento de Trabajo Social y Psicología, en la sección de “Documentos de interés” https://trabajosocial.poder-judicial.go.cr/index.php/documentos-de-interes.

·       En todos los procesos en que participen tienen derecho a que las resoluciones y actuaciones sean traducidas en su idioma.

·       El Código Procesal Agrario es innovador en Costa Rica y consolida este humanismo en la justicia.

El nuevo Código Procesal Agrario, en su artículo 59 establece que, si bien el idioma español debe ser el utilizado en todos los actos procesales, es obligatorio en todos los procesos en que participen personas indígenas, informarles sobre su derecho a que las resoluciones y actuaciones sean traducidas en su idioma, pudiendo decretarse la nulidad de los actos si no son debidamente traducidos.

Esta misma norma establece que se debe nombrar una persona intérprete en el idioma indígena concreto de la etnia a la que pertenezca y que el costo de los honorarios del intérprete será sufragado por el Poder Judicial.

Inclusive, si dicho servicio de traducción se brinda en forma permanente en determinado circuito judicial, por ejemplo, los que tengan en su competencia territorios indígenas, se establece que, para evitar discriminaciones y garantizar la efectividad de la declaración, se deben adoptar las medidas necesarias según las características y necesidades de la persona indígena que va a declarar en juicio.

Este nuevo instrumento de ley garantiza un verdadero acceso a la justicia a las poblaciones indígenas, de modo tal que puedan entender todo lo que se resuelve y actúa en el proceso en el que son parte, facilitando la comunicación con la persona defensora agraria que les brinda el patrocinio letrado. Se establece ese derecho de la población indígena a la integración efectiva al proceso y la especialización de servicios.

Según explicó el juez Carlos Picado Vargas, el Código implementa a nivel de legislación interna lo establecido en la Carta de Derechos sobre Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, a través de la Defensa Pública Agraria gratuita, medios alternativos, como la conciliación especializada en materia indígena y los peritajes culturales que son obligatorios en conflictos indígenas y son gratuitos para ellos.

“Los cambios, en cuanto a idioma, traducción, representación procesal y peritajes, bajo el principio de gratuidad, que caracteriza al proceso agrario, viene a garantizar un verdadero acceso a la justicia e instrumentaliza lo establecido en tratados internacionales como la mencionada Carta, así como el Convenio 169 de la OIT que establece la obligación de los Estados a hacer medidas eficientes y efectivas en procura de que estos derechos de los indígenas sean garantizados”, puntualizó el juez Carlos Picado.

Lunes 24 de febrero de 2025

Sesión N°08-2025

PRIMERA PARTE: 8:00 a. m. a 12:00 md.

SEGUNDA PARTE: 2:15 p. m.  a 7:00 p. m.

*La agenda de este día contempla más artículos, de ser necesario, oportunamente se remitirá el detalle del resto de numerales, en la misma forma y por la misma vía en que se facilitó este documento.

* Por la dinámica de la sesión, es posible que se incluyan artículos que no aparecen en esta agenda, de ser así, oportunamente se comunicará.