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Red de Enlaces de Cooperación del Poder Judicial se capacitan para mejorar rendición de cuentas

Red de Enlaces de Cooperación del Poder Judicial se capacitan para mejorar rendición de cuentas

·      Segundo Taller de Co-construcción de buenas prácticas en la elaboración de informes de rendición de cuentas sobre acciones judiciales en materia de Derechos Humanos. - Ruta Judicial del Examen Periódico Universal -Derechos Humanos

Representantes de la Red de Enlaces de Cooperación de los tres ámbitos del Poder Judicial, administrativo, jurisdiccional y auxiliar de justicia se dieron cita en el segundo Taller de Co-Construcción de la Ruta Judicial del Examen Periódico Universal, para mejorar la rendición de cuentas en materia de acciones judiciales a favor de los Derechos Humanos.

La actividad la lidera la magistrada Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas Vásquez, en el marco de las acciones que emprende el Poder Judicial, en su compromiso de proteger los Derechos Humanos desde el accionar de la Administración de Justicia.

“En el Poder Judicial de Costa Rica hemos trabajado con mucha responsabilidad y compromiso en el seguimiento de las recomendaciones del Examen Periódico Universal vinculadas con las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos adoptadas por Costa Rica. La Ruta Judicial EPU es una iniciativa de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacional, que permite a la Institución un trabajo más planificado, más eficiente para la visibilización de las acciones judiciales emprendidas, el fortalecimiento de las capacidades de la población judicial, la rendición de cuentas con enfoque de derechos humanos, entre muchos otros beneficios institucionales enfocados en la ciudadanía, especialmente, de las poblaciones en condición vulnerables”, explicó Vargas Vásquez.

El taller presencial tuvo lugar este lunes 13 de octubre, con la colaboración técnica de la representante en funciones de la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Isabel Albaradejo y la asesora de Derechos Humanos, Coordinadora Regional de EPU, Ana María Upegui Cuartas, con el apoyo y coordinación de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI) del Poder Judicial.

“Nunca he visto un trabajo tan riguroso en términos de la apropiación de los sistemas universal-interamericano de protección de Derechos Humanos y un trabajo tan riguroso y exhaustivo en torno al EPU.  Ustedes con este protagonismo y liderazgo que están teniendo han decidido firmemente que éstas 147 recomendaciones se conviertan en acciones prácticas en el Poder Judicial, para garantizar el acceso a la justicia sobre todo en las personas en mayor situación de vulnerabilidad, desde el Sistema de Justicia que constituye la columna vertebral del Estado de Derecho”, destacó Isabel Albaradejo.

El encuentro permitió profundizar en la contextualización del EPU y el rol del Poder Judicial, así como la exposición de mecanismos de coordinación para la presentación de los informes internacionales de rendición de cuentas.

“Este trabajo es una promisoria buena práctica, en la construcción de una Ruta Judicial EPU y ustedes están siendo pioneros, porque los Poderes Judiciales han estado comprometidos en este trabajo, pero no han manifestado tanto compromiso en la implementación de las recomendaciones”, afirmó Ana María Upegui Cuartas.

 

Resultados de la X Edición del Concurso de Buenas Prácticas

Resultados de la X Edición del Concurso de Buenas Prácticas

·      Buenas prácticas destacan por innovación, compromiso e impacto positivo en el servicio

Las Buenas Prácticas son métodos para optimizar los recursos que se tienen, también para maximizar la eficiencia y mejorar en la calidad de la Administración de Justicia, en pro de la persona usuaria.  Gracias a quienes trabajan, día a día, pensando y haciendo la mejora continua, porque es el gran valor que pule el servicio judicial que damos”, destacó Orlando Aguirre Gómez, en alusión a los resultados de la X Edición del Concurso de Buenas Prácticas del Poder Judicial.

 Este año se contó en total con 36 Buenas Prácticas que entraron a concurso, procedentes de oficinas y despachos judiciales de todo el país.  De éstas, 13 procedentes del ámbito jurisdiccional, 15 fueron iniciativa del ámbito auxiliar de justicia y 8 del ámbito administrativo.

 “Las Buenas Prácticas son la implementación, el poner en concreto esa idea de hacer diferente los procesos, desarrolla una metodología para que sea mejor, más rápido y eficaz y hay que reconocer a quien tiene y aplica la innovación y no ve, solamente la doctrina puesta en un papel. Felicitaciones a ustedes que tienen la oportunidad y demuestran que se pueden hacer mejor las cosas y brindar una solución a la persona usuaria más rápida y de calidad, como nos lo exigen las y los costarricenses”, puntualizó el magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, coordinador de la Comisión de Buenas Prácticas del Poder Judicial.

 Los reconocimientos fueron los siguientes:

 Ámbito Jurisdiccional

 El primer lugar lo obtuvo el Juzgado de Pensiones Alimentarias del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, sede San Carlos, con la buena práctica “Acceso Especial para Entregas de Orden de Apremio¨.

 En el segundo lugar lo obtuvo el Juzgado Contra la Violencia Doméstica y Protección Cautelar del Primer Circuito Judicial de Alajuela con la buena práctica Lenguaje claro e inclusivo para resguardo de una Protección Igualitaria.

 Ámbito auxiliar de justicia

 El primer lugar lo recibió la Oficina Regional del Organismo de Investigación Judicial de Upala, con la buena práctica “Gestión Efectiva de la Guardia¨.

 El segundo lugar es compartido con dos oficinas, sean Fiscalía Adjunta de Niñez y  Adolescencia con la buena práctica Juego Didáctico: ¿Conozco mis derechos?, y la Fiscalía Adjunta de Fraudes con la buena Práctica Unidad de Admisibilidad y Valoraciones Iniciales.

 Ámbito administrativo

 El primer lugar fue para la Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de San José, con la buena práctica: “Marco ágil de trabajo para la gestión de Contratación Pública y Ejecución Presupuestaria¨.

El segundo lugar fue para el Departamento de Trabajo Social y Psicología con la buena Práctica Medidas de Seguridad en las Oficinas del Departamento de Trabajo Social y Psicología.

 En cuanto a certificados de reconocimiento para las buenas prácticas en los temas de énfasis en Personas con Discapacidad y en Igualdad género y las oficinas, se tienen los siguientes:

 Énfasis en Personas con Discapacidad

 Primer lugar para la Oficina de Justicia Restaurativa y Justicia Alternativa del Ministerio Público con la buena práctica denominada Ley N°9582 Acceso, Dignidad y Justicia Restaurativa Formato Audible.

 El segundo lugar compartido con dos oficinas, la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial y la buena práctica Expo Juvenil OIJ y el Juzgado Contra la Violencia Doméstica y de Protección Cautelar del Primer Circuito Judicial de Alajuela con la buena práctica Lenguaje claro e inclusivo para resguardo de una Protección Igualitaria.

 Enfasis en Igualdad de Género

 El primer lugar fue para la Sección Especializada Contra el Fraude Informático del Organismo de Investigación Judicial con la buena práctica Recuperación de datos.

 El segundo lugar es compartido, la Oficina de Trabajo Social y Psicología  del Tercer Circuito Judicial de Alajuela con la buena práctica Accesibilidad en la Citación y el Juzgado Contra la Violencia Doméstica y de Protección Cautelar  del Primer Circuito Judicial de Alajuela con la buena práctica Lenguaje claro e inclusivo para resguardo de una Protección Igualitaria.

 A todas las oficinas participantes se les hizo entrega de un certificado de participación en la X Edición del Concurso de Buenas Prácticas, las cuales pasan a formar parte del Banco de Buenas Prácticas del Poder Judicial, con el fin de que puedan ser replicadas en otros despachos judiciales y ampliar así, el alcance e impacto positivo de la innovación y la mejora continua, en beneficio de la persona usuaria.

 

Tribunales de Liberia cuentan con Cámara de Gesell

Tribunales de Liberia cuentan con Cámara de Gesell

 

 

Brindar un espacio de confianza cuando se trata de delitos que requieren la declaración de una persona menor de edad, es el objetivo de la Cámara de Gesell de los Tribunales de Liberia, que facilita el acceso a la justicia a este sector de la población, con un lugar en donde se sientan seguros y seguras de que nadie les está observando y escuchando.

 

Con este esfuerzo, se ha dado a las personas menores de edad víctimas de delitos sexuales o de otros delitos, un ambiente seguro, el cual garantiza la privacidad al momento de las declaraciones, protegiéndoles de ser perturbados por terceras personas.

 

Nos ha permitido una observación de forma directa del caso, así como la expresión natural de la persona menor de edad a quien se está abordando en ese momento. Esto garantiza evaluaciones más objetivas, al momento de la intervención del equipo interdisciplinario, reduciendo así la revictimización y mejorando la calidad del proceso Judicial”, destacó Raquel Calvo Cantillo, Fiscala de Liberia.

 

La Fiscala agregó, que estos espacios físicos han dado tanto a los y las funcionarias judiciales, así como a las víctimas, la confianza y la seguridad de poder manifestar sus deseos en el proceso y mostrar sus emociones a través de la privacidad de las Cámaras de Gesell.

 

Esta iniciativa, fue una realidad gracias a la cooperación de la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica.

Congreso aprueba reformas al Código Procesal Agrario impulsadas por el Poder Judicial

Congreso aprueba reformas al Código Procesal Agrario impulsadas por el Poder Judicial

• Cambios fortalecen la respuesta judicial y mejoran el acceso a la justicia agraria

 La Asamblea Legislativa aprobó la tarde de este lunes, en segundo debate, el proyecto de ley N.º 24.818, que reforma varios artículos del Código Procesal Agrario (Ley N.º 9609), impulsado por el Poder Judicial. Estas modificaciones buscan garantizar una respuesta más ágil, eficiente y adecuada para las personas usuarias de la jurisdicción agraria, de acuerdo con la capacidad operativa actual de los juzgados y tribunales especializados.

 “Este proyecto, ahora convertido en ley, es parte del compromiso del Poder Judicial en la mejora continua, siempre al servicio de la ciudadanía. El objetivo de las reformas es que los procesos sean más céleres, lograr una mayor simplificación de trámites, maximización del aprovechamiento de los recursos y fortalecer la garantía de acceso efectivo a la justicia. La propuesta de reforma la lideró la Comisión de la Jurisdicción Agraria que preside el Magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, la cual fue aprobada por Corte Plena y remitida a la Asamblea Legislativa, que la aprobó ayer en segundo debate. La propuesta fue el producto de un proceso participativo de personas juzgadoras y defensoras públicas agrarias, la academia, el sector litigantes y representantes de instituciones vinculadas como la Procuraduría General de la Corte, el Instituto de Desarrollo Rural, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, entre otros”, señaló la magistrada Damaris Vargas Vásquez, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Comisión de la Jurisdicción Agraria.

 Para el magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Presidente de la Sala Primera de la Corte y coordinador de la Comisión de la Jurisdicción Agraria, la aprobación en segundo debate de estas reformas, vienen a actualizar la Ley procesal agraria.  “…Fortalece el uso de las audiencias y de las nuevas tecnologías, con la esperanza de que el nuevo método de escuchar a las partes, directamente, para resolver el conflicto, logre una justicia más ágil, de más calidad, y en un menor tiempo. Desde 1975 hasta ahora este Poder Judicial ha introducido oralidad y audiencias para buscar agilidad e inmediación y un contacto directo del juez con las partes y las pruebas. Todas las materias, en Costa Rica, introducen audiencias. Lo Agrario, en esta última oportunidad lo fortalece y permitirá cumplir con el mandato constitucional de justicia pronta y cumplida a este Poder Judicial. La Escuela Judicial, los Jueces y las Juezas Agrarias tienen el compromiso de lograr la solución del conflicto en esa actividad, para restablecer la paz social en las regiones con una herramienta más eficiente”, puntualizó el jerarca.

 Las reformas aprobadas modifican varios artículos del Código Procesal Agrario y permitirán un funcionamiento más ágil y efectivo del sistema judicial agrario. Entre los cambios que incorporan destacan:

 Procesos cobratorios: Se mantiene la competencia de los Juzgados Especializados de Cobro Judicial para conocer procesos donde el bien dado en garantía esté destinado a la actividad de producción agraria. Esto evita la sobrecarga de la Jurisdicción Agraria, la que continuará conociendo de procesos cobratorios cuyo plan de inversión este destinado a la actividad de producción agraria o conexas a ésta.

  • Procesos sucesorios: Los casos en que el haber hereditario incluya fincas destinadas o aptas para la actividad de producción agraria seguirán tramitándose en despachos civiles.  Serán de conocimiento de la Jurisdicción Civil, manteniéndose en la Jurisdicción Agraria solo los sucesorios donde figuren bienes adjudicados por el Instituto de Desarrollo Rural o se deriven de éstos.
  • Eliminación de la sanción de nulidad de las sentencias emitidas extemporáneamente, de la misma forma que se ha hecho con otras reformas procesales, manteniendo el deber del dictado de las sentencias con prontitud.
  • En los procesos ordinarios complejos se mantiene el deber de realizar las audiencias preliminar y de juicio, mientras que en los ordinarios no complejos, se realizará una sola audiencia, tal y como está establecido en los demás procesos.
  • Las inhibitorias por materia las conocerá el Tribunal Agrario, como filtro para descongestionar a la Sala Primera.
  • Se mejora el servicio de la Defensa Pública Agraria, pues se redireccionará el 100% de los montos recaudados por costas al Fondo de Apoyo a la Defensa Pública Agraria, para optimizar el servicio y la cobertura en el territorio nacional y el requerimiento de la petición de la parte que requiere este servicio.
  • En materia de plazos, se amplía el tiempo para corregir la demanda, se eliminan dos requisito para la presentación de la demanda simplificando el proceso y se establece un plazo de 3 a 5 días para ampliar la demanda y únicamente en casos relevantes.

La jueza gestora agraria Rebeca Salazar Alcócer, por su parte, señaló que estas modificaciones optimizan el uso de recursos institucionales, reducen la tramitomanía, modernizan el proceso incorporando medios electrónicos y eliminan figuras obsoletas.  “La reforma del Código Procesal Agrario busca delimitar competencias, agilizar los procesos y modernizar los recursos judiciales, optimizando la gestión institucional y promoviendo una justicia agraria más eficiente, segura y accesible para el desarrollo del sector”, afirmó.

 El impulso de este proyecto de ley evidencia el compromiso del Poder Judicial de gestionar proactivamente mejoras en el sistema de justicia con el fin de brindar un servicio más rápido, cercano y eficiente a la ciudadanía.

 

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