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2024 registró la mayor resolución de casos penales en el Poder Judicial

  • 16.908 expedientes recibieron respuesta en Tribunales Penales
  • Estudio de los últimos 10 años, destaca un incremento del 33% en casos penales terminados de los últimos 10 años.

Los Tribunales Penales de todo el país contabilizaron durante el año 2024, la mayor cantidad de casos resueltos, en los últimos 10 años.  Los jueces y las juezas penales de la República dieron respuesta a un total de 16.908 casos penales, según las normas legales vigentes, esto a pesar de la suspensión de permisos con goce de salario.

El dato se desprende del estudio sobre la evolución histórica de casos terminados en materia penal, elaborado por la Dirección de Planificación y la Comisión de la Jurisdicción Penal del Poder Judicial, para dar seguimiento al trabajo en esta materia.

La tendencia de resolución de asuntos penales se ha mantenido a la alza en los últimos 10 años, registrando un incremento del 33% de casos terminados, en este período.

En los años 2023 y 2024, el Poder Judicial registra niveles de resolución por encima del 100% en comparación con los asuntos que ingresan nuevos.

Para el 2024, los Tribunales Penales del país registraron 15.934 casos nuevos, frente a los 16.908 casos resueltos, para una resolución del 106%, frente a los nuevos asuntos.

El 2023 contabilizó ingresos nuevos de 14.903 expedientes y finalizó, con 16.664 casos resueltos, lo que evidenció un nivel de resolución del 111%, con respecto a los asuntos nuevos.

En el caso de los Juzgados Penales, que son lo que definen si un caso se eleva o no a juicio, los niveles de resolución en los últimos 3 años sobrepasan el 100%, comparado con los expedientes nuevos que ingresan, según el seguimiento que realiza la Dirección de Planificación y la Comisión Penal.

Se resalta que para el 2022 ingresaron 119 660 expedientes y finalizaron 133 676; en el 2023 fue un ingreso de 126857 expedientes y 139313 expedientes; mientras que en el 2024 un ingreso de 126487 y una salida de 139402. Estos datos muestras que  en esos años se tuvo una relación de salida/entrada superior al 100%, tazas de 112%, 110% y 110% respectivamente en esos años.

En flagrancia se tuvo en el 2024, una salida de 11323 expedientes y un ingreso de 10648, en el 2023 un ingreso de 9419 y una salida de 11183, mientras que en el 2022 un ingreso de 9458 y una salida de 10763, lo cual demuestra que las secciones de flagrancia han sido, año con año, más efectivas y teniendo tasas de salida más altas que sus ingresos. 

 

Especialistas internacionales capacitan sobre los sistemas de justicia para adolescentes

 

·       Durante el taller “Mecanismos de evaluación de la administración de justicia para adolescentes”.

 

Costa Rica ha ratificado una serie de normas internacionales que buscan abordar un trato especializado a personas menores de edad, que promuevan el respeto de sus derechos y garantías, por esta razón la Subcomisión Penal Juvenil del Poder Judicial en coordinación con Justicia Juvenil Internacional, Defensa de Niñas y Niños Internacional y la Escuela Judicial realizaron la capacitación denominada “Mecanismos de evaluación de la administración de justicia para adolescentes”.

 

En dicho taller se abordaron temas como la organización del Sistema de Justicia para Adolescentes, principios rectores: Excepcionalidad y brevedad de la privación de libertad, medidas, condiciones del internamiento, recolección de datos, evaluación e investigación.

 

Dichos indicadores permiten identificar el grado de correspondencia, efectividad y oportunidades de mejora de los sistemas de justicia para adolescentes de acuerdo con los estándares establecidos por el Derecho Internacional para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y según lo estipulado por la Convención de los Derechos del niño y la Observación General 24.

 

Los expositores fueron Douglas Keilor, fundador y director general de Justicia Juvenil Internacional y Sarahi García, directora Nacional de Justicia Juvenil Internacional México, como moderadora estuvo Virginia Murillo Herrera, presidenta ejecutiva de la Defensa de Niñas y Niños Internacional Costa Rica.

 

La magistrada de la Sala de Casación Penal y coordinadora de la Subcomisión Penal Juvenil del Poder Judicial, Patricia Vargas González indicó que “este tipo de actividades nos permiten analizar, qué es lo que el sistema de justicia penal juvenil debe proveer y brindar a las personas menores de edad en conflicto con la ley, cuál es el trato que hay que dispensarle a personas que siendo sujetos de derecho también tienen responsabilidades, hay que entender que la exigencia de estas responsabilidades no puede ser a costa de los derechos y garantías, ni de lo que como sociedad nos hemos comprometido o estamos dispuestos a hacer en favor de nuestra niñez y adolescencia”.

 

“Hay un principio rector y tiene que ver con la idea de que la detención provisional y eventualmente la sanción de internamiento en un centro especializado, tienen que ser el último recurso, creo que esa es la gran idea que a veces se olvida y es necesario rescatar. La Convención sobre los Derechos del Niño es clara en este tema al señalar que ninguna niña o niño puede ser detenido o privado de su libertad de forma arbitraria, pero además subraya un principio que es esencial en esta materia y es apostar por la resocialización de las personas menores de edad”, aseguró la magistrada Patricia Vargas.

 

Ante la ola de criminalidad que aqueja al país, es importante recordar que existen una serie de estándares relativos a la prevención de la delincuencia, al proceso judicial, a las medidas sancionadoras y alternativas o a la reinserción social de las personas menores de edad en conflicto con la ley.

 

La actividad se realizó de manera bimodal: presencial en el auditorio Miguel Blanco en el edificio del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y por medio de la plataforma Microsoft Teams.

Poder Judicial realiza sesión informativa previo a asumir Presidencia Pro Tempore 2025 - 2026

 

·       Del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe (CJCC).

 

El Poder Judicial de Costa Rica realizó una sesión informativa con jerarcas institucionales y representantes del cuerpo diplomático y organismos internacionales acreditados en nuestro país, previa a ostentar la presidencia Pro Tempore de junio del 2025 a junio del 2026, del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe (CJCC) para informar sobre los temas y trabajo del Consejo.

 

De esta forma, el Poder Judicial de Costa Rica en aras de atender este compromiso regional, iniciará un proceso informativo con autoridades de los países miembros representantes en nuestro país y otras instancias internacionales para mantener un canal de comunicación activo y permanente durante el ejercicio de la Presidencia Pro Témpore, y así se contribuya al establecimiento de sinergias de trabajo.

 

Según explicó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez la reunión tuvo como finalidad dar a conocer sobre la gestión que le corresponderá asumir a la institución en el ejercicio de esta Presidencia Pro Tempore “los temas que se están llevando a cabo por parte del Consejo son fundamentales para el fortalecimiento de la Administración de Justicia, se cuenta con el apoyo y compromiso de todos los países para construir productos que son de utilidad para los Poderes Judiciales y para ir construyendo una cultura uniforme de estos temas tan importantes”.

 

Así mismo, el magistrado coordinador nacional ante el CJCC, Luis Guillermo Rivas Loáiciga indicó “el interés es que los Poderes Judiciales de Centroamérica y el Caribe podamos mejorar el desempeño y realizar una gestión más eficiente para que el servicio sea para bien de todos los habitantes, por eso es importante los logros en común para tener una región de paz y segura para todas personas”.

 

La contextualización de la sesión estuvo a cargo de Karen Leiva Chavarría, jefa de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI) y Punto de Contacto ante el Consejo, y la presentación de los Grupos Especializados de Trabajo (GET) estuvieron a cargo de los jerarcas institucionales.

 

Las intervenciones fueron “GET de Justicia Ambiental”, por la magistrada Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas Vásquez; “GET Combate al Delito”, por la magistrada Sala Casación Penal Sandra Zúñiga Morales; “GET Calidad de la Justicia”, por la magistrada Sala Segunda, Julia Varela Araya; “GET Justicia Restaurativa y GET de Justicia Abierta”, por el magistrado Sala Casación Penal, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, así como el “GET Transformación Digital” por Carlos Morales Castro, de la Dirección de Tecnología de la Información.

 

También se realizaron intervenciones de los Órganos Auxiliares del CJCC a cargo de Jorge Olaso Álvarez, magistrado Sala Segunda, con el tema Comisión de Acceso a la Justicia para las personas en condición de vulnerabilidad y Rebeca Guardia Morales, directora de la Escuela Judicial, sobre el Centro de Capacitación Judicial para Centroamérica y el Caribe.

 

Adicionalmente, se dio el acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, actual Presidencia Pro Témpore del SICA, quienes mencionaron su complacencia de realizar este tipo de encuentros para coordinar acciones conjuntas en beneficio de la región.

 

El CJCC es un órgano integrador de políticas en materia de aplicación de justicia y seguridad jurídica entre los poderes judiciales de los países que lo han integrado y que por su condición de miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), mediante el establecimiento de canales permanentes de coordinación y la adopción de compromisos permite desarrollar los procesos adecuados para obtener los fines provistos.

 

Los países miembros permanentes son Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Estado Libre Asociado de Puerto Rico y República Dominicana. Mientras que los países observadores son Cuba, España, Guyana, Jamaica, México, Qatar, Trinidad y Tobago.  Además, participan organizaciones internacionales del ámbito judicial:  el Centro Nacional de Tribunales Estatales (NCSC siglas en inglés), la Conferencia de Jefes de Justicia de los Estados Unidos.

 

Compromiso con la justicia

La Corte Plena en la sesión del lunes 3 de marzo, acogió el informe del Tribunal de la Inspección Judicial que desestima la apertura de una causa disciplinaria contra el Fiscal General de la República, relacionada con el expediente N.º 24-003545-0031-DI.

 

El proceso se originó a partir de una denuncia anónima presentada ante la Inspección Judicial, en la que se señalaba al jerarca del Ministerio Público  de haber favorecido a una funcionaria judicial —con quien, según el denunciante, mantenía una relación sentimental— en un nombramiento dentro de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público.

 

Tras la investigación, el Tribunal de la Inspección Judicial concluyó que el proceso de nombramiento se realizó conforme a los procedimientos establecidos y conforme al marco de la legalidad.

 

Las entrevistas realizadas por la persona inspectora a cargo de la investigación a la Unidad de Valoración Psico sociolaboral tampoco evidenciaron injerencia alguna por parte del Fiscal. Asimismo, no hay ningún elemento de la investigación que permita establecer que existiera algún tipo de relación sentimental entre el Fiscal General y la funcionaria. La Inspección Judicial  entrevistó a once personas (personal que labora con la persona involucrada), ninguna de las cuales observó algún acto o escuchó algún comentario que hicieran al menos suponer alguna relación sentimental entre ambos. 

 

Otras causas en trámite

 

Además de este expediente, se encuentran en curso otras causas disciplinarias contra el Fiscal General de la República: 

 

  • Expediente 24-003655-31-DI (acumulado al 24-003462-0031-DI)*
  • Expediente 24-003462-31-DI *: relacionado con declaraciones de una legisladora sobre un viaje a Grecia y el nombramiento de una funcionaria señalada como pareja del Fiscal.
  • Expediente 24-003509-31-DI* (acumulado al 24-003462-0031-DI)*: vinculado a información difundida en redes sociales sobre el mismo viaje a Grecia.
  • Expediente 24-003777-0031-DI: denuncia presentada por la legisladora Pilar Cisneros en relación con declaraciones del Fiscal General ante la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa. En este caso, ya se ha notificado un auto de inicio de procedimiento. 

 

Adicionalmente, se tramita el expediente 25-000289-0031-DI, abierto a raíz de denuncias por acoso laboral presentadas por el fiscal Esteban Aguilar. Este caso se encuentra en la fase de investigación preliminar. 

 

* Expedientes acumulados están en fase de evacuación de prueba, son audiencias orales y privadas.   

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