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Buenos Aires toman acciones en materia de recolección de residuos

 

 

Como parte del compromiso que tiene el Poder Judicial en materia ambiental, el personal de los Tribunales de Justicia de Buenos Aires, tomaron acciones en materia de recolección de residuos, como un ejemplo de las buenas prácticas en esta materia que se fomentan en la localidad.

 

De esta forma, en coordinación con la Municipalidad de la zona, la Subcomisión de Gestión Ambiental de los Tribunales de Buenos Aires, organizaron el pasado 11 de julio, una campaña de recolección de residuos electrónicos (RAEE), con el objetivo de fomentar la gestión responsable de estos desechos y promover el cuidado del medio ambiente.

 

Como resultado de esta actividad, entre la Subcomisión de Gestión Ambiental, la Administración Regional de Pérez Zeledón y la Municipalidad de Buenos Aires, se logró recolectar un total de 250 kilogramos de residuos electrónicos.

 

De esta manera y mediante el trabajo de sus sedes regionales, el Poder Judicial demuestra su responsabilidad con el cuido del medio ambiente en la búsqueda de un planeta más sostenible.

Poder Judicial promueve en comisión legislativa proyecto que reforma normativa en busca de una justicia más rápida y eficiente

   

 

·    Presidente de la Corte y Presidenta de la Sala de Casación expusieron ante Comisión de Jurídicos iniciativa que modifica el Código Procesal Penal.  

 

Una reforma en aspectos puntuales y concretos al Código Procesal Penal es la propuesta del Poder Judicial para potenciar procesos más rápidos y eficientes, en respuesta al contexto de inseguridad que atraviesa el país.

 

Este martes, ante la Comisión de Asuntos Jurídicos, el magistrado presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre Gómez, y la magistrada presidenta de la Sala de Casación Penal (Sala Tercera), Patricia Solano Castro, expusieron la iniciativa que plantea dicha reforma, la cual se tramita bajo el expediente 24.913. 

 

La propuesta, desarrollada por la Sala Tercera, forma parte de una serie de cambios que buscan mejorar la respuesta del sistema judicial ante la delincuencia, combatir la impunidad y garantizar mayor protección a las víctimas. 

 

Se trata de modificaciones puntuales que generarían cambios de alto impacto: 

 

·       Si una persona imputada no se presenta a la audiencia preliminar sin justificación, será declarada en rebeldía.

·       En delitos que se castigan con penas de hasta 10 años, un solo juez (tribunal unipersonal) podrá conocer el juicio, lo que permitirá resolver más casos en menos tiempo.

·       Se eliminará la práctica de posponer audiencias porque el abogado litigante tiene la agenda llena. Si el defensor no puede asistir, la persona imputada tendrá un máximo de cinco días para nombrar a otro, o se le asignará un defensor público para evitar retrasos innecesarios.

·       Se establece que la audiencia preliminar será el último momento procesal para acceder a una solución alterna o a un procedimiento especial abreviado. Por ello, se hace obligatoria la asistencia de la persona imputada y se convoca también a la víctima. 

 

El magistrado Aguirre destacó que este proyecto de ley evidencia el compromiso y la proactividad del Poder Judicial para enfrentar el fenómeno de inseguridad. “No se trata solo de discursos y diagnósticos, sino de acciones concretas que incidirán directamente en un mejor sistema de justicia”, expresó. 

 

Por su parte, la magistrada Solano enfatizó en que el proyecto se enfoca en eliminar trabas y prácticas procesales abusivas, siempre respetando las garantías y el debido proceso. 

 

San José, Costa Rica, 29  de julio de 2025

Red de personas facilitadoras judiciales se fortalece en Zona Norte

 

 

Con la finalidad de mejorar sus capacidades como líderes y lideresas locales, veinte personas facilitadoras judiciales de la zona norte del país recibieron formación inicial para ejercer su labor voluntaria comunal en sus localidades rurales.

 

La capacitación estuvo a cargo de las Juezas Conciliadoras Ana Katalina Baudrit Vargas y Celia Bonilla Callejas, quienes brindaron contenidos tales como técnicas de comunicación asertiva, visión del conflicto desde una perspectiva constructiva, mediación comunitaria de conflictos, así como simulaciones con ejercicios prácticos.

 

En esta formación también acompañó personal profesional de la Administración Regional del II Circuito Judicial de Alajuela, Ruth Murillo Berrocal, además de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj), Mayrem Vargas Araya y Michael Garita Jiménez.

 

Las personas facilitadoras judiciales participantes son de comunidades como Brasilia, Jazmines, San Miguel y Santo Domingo de Upala, Marsella de Venecia, San Cristóbal de Pocosol, Escaleras de Los Chiles, San Rafael y Santa Rita de Río Cuarto, Santa Cecilia de La Fortuna, La Lucha de La Tigra, La Unión de Guatuso.

 

Para la coordinadora del Programa de Participación Ciudadana en el Poder Judicial y funcionaria de Conamaj, Daniella Guevara Walker, este espacio resulta crítico en la ruta de aplicación del Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales, ya que “esta capacitación es fundamental para el fortalecimiento de sus competencias para el diálogo, la mediación comunitaria y la gestión de conflictos. Así como representa el filtro final para la certificación como personas facilitadoras judiciales”.

 

Gracias a esta formación inicial, a partir de este momento, ejercerán como personas facilitadoras contando con la acreditación correspondiente, así como con los conocimientos necesarios para asumir sus roles como replicadoras de información, orientadoras sobre trámites judiciales y mediadoras comunitarias en conflictos menores.

 

En la zona norte del país existen más de 100 personas facilitadoras judiciales, siendo de gran impacto comunitario porque apoyan a sus comunidades siendo verdaderos puentes de enlace, comunicación y colaboración entre el Poder Judicial y la población habitante de territorios, sobre todo con condiciones de vulnerabilidad por razones socioeconómicas y geográficas.

 

Cualquier consulta sobre el Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales puede ser remitida a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Poder Judicial recibe calificación de 102,65% en gestión ambiental 2024

·       Gestión judicial recibirá el reconocimiento Excelencia Ambiental en la IX Edición 2025.

 La planificación estratégica del Poder Judicial en materia de gestión ambiental, extendida a todos los edificios judiciales del país, durante el 2024, permitió a la institución alcanzar una calificación nacional del 102,65%.

 Con esta valoración, los Programas de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) del Poder Judicial evaluados, alcanzaron la categoría de excelencia, al ubicarse en la franja verde más, que desarrolla la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

 También se designó al Poder Judicial con el reconocimiento Excelencia Ambiental en la IX Edición 2025, que se entregará en el último trimestre del año, así comunicado por el MINAE.

 “Se les exhorta a mantener ese excelente desempeño el cual se fundamenta en la buena coordinación de la Comisión, la promoción constante de buenas prácticas, un mecanismo consolidado para el registro de los consumos y mantener el compromiso de la incorporación de criterios ambientales en las compras estratégicas” destacó el informe evaluador.

 Para la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, quien lidera la Comisión de Gestión Ambiental Institucional del Poder Judicial, Damaris Vargas Vásquez,  “Esta calificación es un reconocimiento al compromiso sólido del Poder Judicial de Costa Rica con la sostenibilidad y la gestión ambiental. Hemos obtenido reconocimientos significativos en los últimos años gracias a la sinergia de todas las personas servidoras judiciales. El galardón "Excelencia Ambiental" del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), nos posiciona entre las instituciones públicas con mejor desempeño en gestión ambiental. Este reconocimiento se basa en la evaluación anual del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), donde se considera el cumplimiento de aproximadamente 19 indicadores relacionados con el consumo de recursos, gestión de residuos, uso de energía, entre otros”.

 Vargas Vásquez resaltó que “…El Poder Judicial ha implementado diversas acciones para promover la sostenibilidad, entre muchas otras, la construcción de edificios con certificaciones ambientales LEED y EDGE; campañas de reforestación y recolección de residuos, Protocolos para la gestión de residuos, las acciones de la Política de Celeridad y Simplificación de Trámites del programa "Hacia Cero Papel", que busca entre otros, reducir el consumo de papel mediante la digitalización de procesos. A ello se suma el intercambio de buenas prácticas ambientales gracias a la coordinación interinstitucional; y la regional, con la Comisión de Justicia Medioambiental de la Cumbre Judicial Iberoamericana y el Grupo Especializado Ambiental del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe.”

 Se destacó entre las acciones ambientales judiciales emprendidas, el aporte que brinda la figura de un gestor ambiental, en cumplimiento con la normativa vigente; así como los instrumentos de planificación estratégica que desarrollan métricas periódicas y sistemáticas sobre los registros de consumo de los principales aspectos ambientales que contienen los PGAI, pese al número de edificaciones judiciales que se tiene a nivel nacional.

 “La razón de ser de la Comisión de Gestión Ambiental es la promoción de la sostenibilidad dentro del quehacer institucional, desde la implementación del Plan de Gestión Ambiental Institucional 2022-2026. En el 2024 el trabajo se enfocó en brindarle seguimiento a los objetivos y metas del plan, principalmente a indicadores de desempeño ambiental. Coordinar acciones y apoyar a las subcomisiones ambientales de los distintos circuitos judiciales fue fundamental; así como la sensibilización del personal con charlas y actividades de proyección hacia la comunidad, como jornadas de reforestación y donación de árboles y campañas de recolección de residuos”, destacó Eugenio Solís Rodríguez, gestor ambiental del Poder Judicial.

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Dirección

San José, Barrio Gonzalez Lahmann avenida 6 y 8, Calle 19.

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800-8000-OIJ (800-8000-645)

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