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Nuevo edificio de Tribunales de Justicia de Cañas está cada vez más cerca de la realidad

Nuevo edificio de Tribunales de Justicia de Cañas está cada vez más cerca de la realidad

 

·       Proyecto constructivo propone mejorar las condiciones de trabajo de las personas funcionarias judiciales para brindar un servicio público de calidad a las personas usuarias del cantón, y disminuir el gasto en alquileres.

 

El pasado 12 de noviembre, se llevó a cabo la audiencia previa para la licitación mayor por etapas FIPJU2015 No.LME-036-2025, que tenía como objetivo comunicar a las eventuales empresas oferentes, las generalidades del proceso de contratación del nuevo edificio de los Tribunales de Justicia de Cañas, Guanacaste.

 

En dicho acto se presentó la información y conceptualización del proyecto y se mostraron las generalidades del pliego de condiciones para su ejecución, documentos que también han sido publicados por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), con el fin de garantizar la transparencia. 

 

En la reunión organizada por la Comisión de Construcciones del Poder Judicial, la Dirección Ejecutiva y el Banco de Costa Rica, participó el Magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, coordinador de la Comisión de Construcciones; el Magistrado Luis Fernando Salazar Alvarado, la doctora Ana Isabel Orozco Álvarez y la Máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva, integrantes de la Comisión mencianda, así como Carlos Arburola, Jefe de Fideicomisos de Obra Pública del Banco de Costa Rica (BCR), personas trabajadoras de esa entidad, personal de la empresa diseñadora y administradora del proyecto, personas funcionarias del Poder Judicial y representantes de empresas oferentes.

 

El Magistrado Rivas Loáiciga resaltó que “es una necesidad de los costarricenses tener un lugar donde se le resuelva su conflicto”.

 

Durante la audiencia, se abrió un espacio a los potenciales oferentes para recibir las consultas de la primera etapa de la licitación para la construcción de los Tribunales de Justicia. 

 

“Estamos muy entusiasmados con esta etapa a la que está llegando el proyecto de construcción del edificio de Tribunales de Cañas, ya estamos más cerca que sea una realidad y esperamos tener una buena acogida, por parte de las empresas, para que éste sea un proceso que realmente cumpla con sus fines”, expresó, Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva del Poder Judicial. 

 

Es importante mencionar que el pasado 4 de noviembre, se publicó el aviso en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), donde se encuentra el borrador del pliego de condiciones para la contratación. El plazo para que las empresas oferentes presenten sus observaciones por escrito vence el viernes 14 de noviembre 2025.

La actividad se llevó a cabo en el Auditorio Miguel Blanco Quirós, del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La lucha del OIJ contra la inseguridad: una forma de construir democracia

La lucha del OIJ contra la inseguridad: una forma de construir democracia

·       Iniciativa de la Presidencia de la Corte busca reflexionar sobre el papel del Poder Judicial en la defensa del Estado de Derecho

La respuesta del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ante la creciente ola de inseguridad en el país fue el tema central del tercer conversatorio de la Semana de la Democracia, actividad organizada por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia para promover la reflexión sobre el papel del Poder Judicial en el Estado Social de Derecho.

El panel estuvo integrado por Michael Soto Rojas, subdirector del OIJ; Ilka Treminio, doctora en procesos políticos y docente de la Universidad de Costa Rica (UCR); y contó con la moderación de Alonso Mata Blanco, asesor de la Presidencia de la Corte.

Durante su intervención, Michael Soto explicó que las organizaciones criminales en Costa Rica operan hoy con estructuras altamente sofisticadas, compuestas por líderes, profesionales, sicarios, vendedores y operarios. Añadió que se ha detectado penetración del crimen organizado en instituciones públicas, como municipalidades, cuerpos policiales y diversas estructuras del aparato estatal.

“Es un desafío enorme, primero debemos identificar cuáles organizaciones operan en el país, investigarlas, recolectar información y prueba suficiente para lograr su desarticulación. A esto se suma la necesidad de trabajar con el presupuesto actual y con la cantidad limitada de investigadores disponibles”, señaló Soto Rojas.

Por su parte, Ilka Treminio, especialista en ciencias políticas y análisis del poder, advirtió sobre una tendencia global de retrocesos democráticos, donde los poderes judiciales han sido particularmente afectados. Señaló que América Latina es ejemplo de este socavamiento institucional.

“La política social es fundamental para evitar el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado. Pero en el punto crítico en que nos encontramos, garantizar la independencia del órgano judicial es indispensable. A la par de esa independencia, se requieren recursos suficientes para enfrentar a las estructuras más poderosas y millonarias del mundo: el crimen organizado y el crimen organizado transnacional”, afirmó.

Los conversatorios de la Semana de la Democracia han destacado la relevancia de la independencia judicial, la separación de poderes y la solidez institucional como pilares del sistema democrático costarricense.

Las actividades son abiertas al público y se transmiten en vivo por el canal oficial del Poder Judicial en YouTube:
youtube.com/@poderjudicial-cr/streams

La semana concluirá con el conversatorio:

  • Viernes 14 de noviembre: “Democracia bajo amenaza: polarización y posverdad”, con la participación de Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Gustavo Román, asesor del Tribunal Supremo de Elecciones; y Claudia Paz y Paz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Tribunal se trasladó a realizar juicio en Reserva Biológica Hitoy Cerere

Tribunal se trasladó a realizar juicio en Reserva Biológica Hitoy Cerere

·       Por el delito de peculado en perjuicio de la Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Cabécar Telire Limón (ADI de Telire).

·            Imputada se sometió a procedimiento especial abreviado, el cual está en redacción.

El Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José se trasladó a realizar un juicio los días 11 y 12 de noviembre, a la localidad de El Valle de la Estrella, en la Reserva Biológica Hitoy Cerere, dentro de las instalaciones del SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación).

Lo anterior de conformidad con lo que establece la Circular 183 del 19 de agosto del 2021, la cual refiere que de acuerdo a las Reglas Prácticas para facilitar el acceso a la justicia de las Poblaciones Indígenas: "1. Las autoridades judiciales promoverán la realización de las diligencias "in situ", en aquellos lugares donde existan territorios indígenas".

También de conformidad con lo dispuesto por Corte Plena, en sesión del 12 de mayo del 2003, acerca de las Reglas Prácticas para la aplicación de la Ley de Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública", con relación a la Ley de Creación de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública N° 8275, se dispuso que le corresponderá al Juzgado Penal y al Tribunal Penal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José asumir por recargo el conocimiento de los asuntos a que se refiere la citada ley.

El debate se realizó por el delito de peculado, donde figura como imputada dentro del proceso una persona indígena, que pertenece a la reserva y grupo indígena Telire y su idioma es cabécar. 

Los jueces que integraron el tribunal fueron Jorge Arturo Tabash Forbes, Erika Calvo Navas y Melissa García Garita; les asistió la técnica judicial, María Fernanda Fonseca Fonseca. El fiscal del caso fue Kenyi Orlando Picado Bermúdez; mientras que la defensora pública fue Joselyn Bright Campos. Contaron la participación de una persona interprete, José Julio Morales Martínez.

Al parecer, la imputada fungió como secretaria de la Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Cabécar Telire Limón (ADI de Telire), desde el día 24 de junio del 2017 con vigencia hasta el 21 de julio del 2019.

En apariencia, la ADI de Telire percibió las sumas de dinero producto de contratos con el Fondo de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), entrando en la administración y custodia de dichos fondos públicos.

Sin poderse precisar fecha pero sí antes del 06 de agosto del año 2018, la imputada en su calidad de secretaria de la ADI de Telire, en razón de su puesto y de la confianza otorgada por los miembros de la junta directiva mantenía bajo su custodia las chequeras, por lo que supuestamente, faltando al deber de probidad y sus funciones, insertó por sí o interpósita persona, una firma falsa de dos personas quienes eran las autorizadas en la cuenta.

Aparentemente, la encartada sin la autorización de la junta directiva de dicha asociación, emitió un cheque girando la suma de aproximadamente ¢ 350.000,00 colones a su nombre y realizó el respectivo cambio.

La imputada se sometió a un proceso abreviado el cual se encuentra en redacción.

      Poder Judicial expone acciones de cumplimiento a favor de la población con discapacidad

Poder Judicial expone acciones de cumplimiento a favor de la población con discapacidad

  • IV Informe Nacional de Cumplimiento de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CIADDIS) y del Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (PAD)

Las acciones puntuales del Poder Judicial en materia de protección de los Derechos de las personas con discapacidad y la eliminación de toda forma de discriminación contra esta población costarricense, se integraron y presentaron en el IV Informe Nacional dado a conocer ante la Organización Nacional de Estados Americanos (OEA), este martes 11 de noviembre de 2025.

El informe de rendición de cuentas de parte del Poder Judicial estuvo a cargo de la magistrada Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas Vásquez, quien lidera la Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, con el apoyo técnico de la máster Melissa Benavides Víquez, Encargada de la Unidad de Acceso a la Justicia, quien también intervino en la presentación.

“El Poder Judicial de Costa Rica reitera su firme compromiso con la inclusión, la equidad y la justicia sin discriminación, enfocada en el modelo de Justicia Centrada en las Personas, mediante la implementación de acciones coordinadas con las personas en condición de discapacidad y sus organizaciones, los ámbitos institucionales y las instituciones relacionadas, a fin de construir un sistema judicial que reconoce la diversidad humana, garantiza el acceso a la justicia y contribuye a la consolidación de una sociedad más justa e inclusiva”, fue el mensaje enviado por la Vicepresidenta de la Corte, Damaris Vargas.

Se destacó el trabajo articulado de las instancias judiciales integradas por jueces, juezas, Ministerio Público, Defensa Pública, Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el ámbito administrativo de la institución, en la inclusión del acceso a la justicia como un eje transversal y estratégico para todo el quehacer institucional.

Se rindió cuentas sobre la construcción de políticas de acceso a la justicia en cocreación con las comunidades y los pueblos involucrados y la actualización de las políticas existentes con un enfoque de género, de interseccionalidad y con pertinencia cultural, en atención a la normativa nacional e internacional que regula los derechos humanos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad o vulnerabilizadas, explicó la magistrada en el informe del Poder Judicial.

En materia de acceso a la justicia de personas con discapacidad, la institución trabaja en la actualización de la política institucional que data del 2008 y su plan de acción.

En el tema de empleo, se informó sobre la reserva de al menos el 5% de las plazas vacantes de cada año, exclusivas para esta población.  Se suma el desarrollo de programas permanentes de capacitación sobre derechos de las personas con discapacidad desde la Escuela Judicial y las Unidades de Capacitación judicial.

Para el 2024 se contabilizaron 1115 personas con discapacidad que cuentan con medidas de salvaguardia activas en el país y a lo interno del Poder Judicial se estableció el deber de atender prioritariamente los procesos vinculados a poblaciones en condición de vulnerabilidad y vulnerabilizadas.

Estas y otras acciones fueron expuestas en el IV Informe  de Cumplimiento de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CIADDIS) y del Programa de Acción para el Decenio  de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (PAD) presentado por el Estado de Costa Rica.

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