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ersonas facilitadoras judiciales: compromiso comunitario plasmado en muestra fotográfica

ersonas facilitadoras judiciales: compromiso comunitario plasmado en muestra fotográfica

 

El impacto social de la función comunitaria de las personas facilitadoras judiciales es el eje de la exposición fotográfica llamada “Rostros de la comunidad: Construyendo paz y justicia”, abierta al público desde este martes 25 de febrero en la galería del edificio de la Corte Suprema de Justicia.

 

Esta iniciativa fue liderada por el Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la Organización de Estados Americanos, en alianza con el Poder Judicial y la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj) y tuvo por objetivo resaltar la labor voluntaria y mostrar mediante imágenes el impacto social que las más de 7 mil personas facilitadoras judiciales, conciliadoras en equidad y orientadoras judiciales de toda América Latina tienen en sus comunidades.

 

El Magistrado Presidente de Conamaj, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, exaltó el compromiso de las personas facilitadoras por el bienestar común siendo un punto de unión con el Poder Judicial, agregó “cada fotografía aquí­ expuesta es un reflejo de su labor silenciosa pero invaluable; es el testimonio visual de que la justicia no reside solo en los edificios judiciales, sino que se construye en las plazas, en las casas, en las escuelas, en cada espacio donde se promueve el diálogo, la comprensión y la resolución pacífica de los conflictos”.

 

El fortalecimiento en cada país para ampliar esta red colaborativa de personas fue reconocido por el Coordinador General del Programa Interamericano, Juan Carlos Roncal, quien enfatizó en el ahorro de recursos públicos y de las propias personas usuarias al contar con una figura de confianza directamente en los territorios, que brinda orientación y ofrece ayuda en la resolución pacífica de conflictos vecinales.

 

Al asumir un rol de enlace entre las localidades y la institucionalidad judicial, el facilitador judicial de La Florida de Golfito, Leni Orozco Campos, señaló que su servicio es muy importante “porque hace que el Poder Judicial esté más cerca de la comunidad, a la vez que la comunidad vea con otros ojos al Poder Judicial”.

 

Un grupo de diez personas facilitadoras judiciales participó también del evento de inauguración, estas personas provenían de Los Chiles, Pococí, Puntarenas, Golfito, Isla Chira, Turrialba, Nandayure, Abangares, Bagaces y Cañas.

 

Las autoridades diplomáticas de España, Paraguay, China, Colombia, Estados Unidos, así como de la Organización de Estados Americanos y del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales, además de magistrados y directores de diferentes oficinas del Poder Judicial, estuvieron presentes en la actividad de inauguración.

 

La exposición fotográfica estará disponible en la galería del edificio de la Corte Suprema de Justicia hasta el jueves 6 de marzo.

 

Para más información se puede escribir a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Defensa Pública impactó a personas usuarias con un servicio cercano y diferenciado

Defensa Pública impactó a personas usuarias con un servicio cercano y diferenciado

·       Presentan informe de Rendición de Cuentas 2024

 “Somos servicio y como servicio debemos ofrecer calidad. La Defensa Pública se ha dedicado a atender a las personas en situaciones de vulnerabilidad, es nuestra función esencial, al igual que el acercarnos a las comunidades, porque no existe otra manera de acercar la justicia a las personas usuarias, estén donde estén”, afirmó el Director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo al exponer el trabajo emprendido por este órgano auxiliar de justicia durante el 2024.

 La rendición de cuentas se presentó ante magistrados, magistradas, personal de la Defensa Pública, jefaturas judiciales y personas usuarias que tuvieron voz y expresaron su experiencia al recibir los servicios de la Defensa Pública.

 “Sentí desde el inicio un apoyo.  La abogada tomó mi caso como propio, me ayudó en todos los procesos, me explicó muchos términos en forma sencilla y siempre estuvo a mi lado.  El resultado fue muy positivo y obtuve lo que necesitaba en ese momento”, afirmó doña Flor, una usuaria del servicio de representación legal en pensiones alimentarias.

 Doña Ericka Salazar relató la difícil situación que vivió luego de sufrir un accidente laboral y estar embarazada, en el cual su patrono y la aseguradora le dieron la espalda.  “Los abogados de la Defensa Pública se tomaron el proceso con mucho amor y compromiso.  Es increíble lo que impactan nuestras vidas, porque yo llegué a la Defensa Pública en silla de ruedas, embarazada y con un pie quebrado y la atención fue increíble”, comentó.

 Para Isabel Ureña, miembro de la Asociación de Desarrollo Integral del territorio indígena de Quitirrisi, “la Defensa Pública ha sido esencial y nos sentimos protegidos.  Ver a la Defensa en nuestro territorio, al igual que en otros territorios indígenas del país es de suma importancia”.

 Con una ejecución presupuestaria del 98,76%, se garantizó el uso óptimo y responsable de los recursos asignados.

 El Director de la Defensa señaló que las materias con mayor requerimiento profesional y que demandan el crecimiento en la Defensa Pública son los servicios de penal y laboral.

 Solo en la materia penal se atendieron 47 744 asuntos nuevos y se terminaron 45 607 expedientes.  En el caso de la materia laboral, 18077 casos nuevos se tramitaron y se resolvieron 12 373 asuntos.

 La página web de la Defensa Pública, para el 2024, contabilizó más de 1018 consultas y más de 350 mil visitas.

 La población juvenil es una prioridad y a través del programa charlas de prevención en materia penal juvenil y promoción de la justicia juvenil restaurativa, se abordaron 12 561 estudiantes de 176 escuelas y colegios del país.

 La atención de personas privadas de libertad alcanzó la cifra de 15 685 casos durante el 2024 y en el servicio a las personas indígenas se contabilizaron 3783 expedientes nuevos.

 El acercamiento de la Defensa Pública a las comunidades con las ferias de servicios, permitió impactar a 860 personas, en tanto que con el servicio que se brinda desde las 12 estaciones virtuales en zonas alejadas del país y para este 2025 se trabaja en abrir dos más en Rancho Quemado de Sierpe de Osa y Alto Conte en Punta Burica, se facilitó el acceso a la justicia.

Personas usuarias de San Ramón cuentan con servicios judiciales concentrados

Personas usuarias de San Ramón cuentan con servicios judiciales concentrados

 

  • ·         Nueva Torre Anexa a Tribunales de San Ramón facilita trámites judiciales
  • ·         Se deja atrás alquiler de inmuebles

 Los esfuerzos que emprende el Poder Judicial por mejorar la infraestructura en el país ya son una realidad para las personas usuarias de San Ramón.

 Desde este mes de febrero funciona la nueva Torre Anexa de los Tribunales de San Ramón, que permitió atender los requerimientos de espacio físico en esta zona y concentrar las oficinas judiciales en un solo edificio.

 “El proyecto contempló la construcción de una nueva torre anexa al edificio de los Tribunales de Justicia de San Ramón, más el reacondicionamiento eléctrico del edificio existente de los Tribunales; así reunimos dentro de un mismo complejo judicial, todos los servicios que se brindan en el cantón central de San Ramon y también se reacondiciona el edificio existente, basado en los reglamentos y normativas vigentes en materia de seguridad humana y protección contra incendios”, explicó la Directora Ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins.

 La nueva Torre Anexa contempló la construcción de un área de 4.764 m² y el reacondicionamiento del edificio actual abarcó la intervención de 3.874 m², con un valor de $ 17.816.496,32 y se desarrolló bajo la finalidad de obtener la certificación ambiental EDGE.

 En el primer nivel de la Torre, se ubicó la oficina de la Fiscalía Adjunta, así como un comedor, ya que el edificio carecía de este servicio, cuartos eléctricos y de telemática, servicios sanitarios de público y de funcionarios y los cuartos de lactancia para usuarias y mujeres trabajadoras. En el segundo nivel se encuentran las salas de juicio colegiada y unipersonal, cuartos eléctricos y de telemática, servicios sanitarios para público y para funcionarios.

Dentro del tercer nivel se ubican el Tribunal de Juicio y de Flagrancia, el Juzgado Civil y Laboral, el Tribunal Colegiado de I instancia Civil, la oficina de Trabajo Social y Psicología, cuartos eléctricos y de telemática, servicios sanitarios para público y para funcionarios.  El cuarto nivel está destinado para crecimiento del Circuito Judicial de San Ramón.

 La infraestructura cuenta con un sótano para estacionamiento de vehículos oficiales, cuartos principales de los sistemas eléctricos, bombeo de agua potable, aguas freáticas, agua de reúso, sistema contra incendios, planta de tratamientos, cuarto de UPS, cuarto de telemática y cuarto de aseo.

 La obra de infraestructura enfatizó en el bienestar de la persona usuaria, al adecuarse a las normas de la Ley 7.600, el Reglamento de Seguridad Humana del Cuerpo de Bomberos, el Reglamento de Construcciones, las normas del Ministerio de Salud, el Modelo de Señalización para personas con capacidad visual reducida del Poder Judicial, así como a los requerimientos de Seguridad y de Salud Ocupacional de la Institución, y en general las normativas vigentes de las Instituciones involucradas.

 Además, es la primera edificación institucional donde se adopta el sistema de esclusa en el ingreso para mejorar el proceso de revisión y separar los flujos de ingreso de personas usuarias y trabajadora.  Estas obras se desarrollaron de manera extraordinaria para fortalecer la seguridad del Circuito.

Trabajo Social y Psicología cuenta con Protocolo para seguridad de su personal

Trabajo Social y Psicología cuenta con Protocolo para seguridad de su personal

 

·       Protocolo fue aprobado por el Consejo Superior en sesión N° 02-2025 celebrada el 09 de enero de 2025.

 

Con el objetivo de salvaguardar la integridad del personal judicial que debe interactuar con población usuaria que se encuentra inmersa en situaciones conflictivas a nivel social, el Departamento de Trabajo Social y Psicología cuenta ahora con un Protocolo de seguridad orientado a ese fin.

 

El “Protocolo de seguridad del personal del Departamento de Trabajo Social y Psicología” fue aprobado por el Consejo Superior en sesión N° 02-2025 celebrada el 09 de enero de 2025 y busca proteger a sus trabajadores y trabajadoras en virtud del ejercicio de sus funciones.

 

Este documento surge ante la necesidad de contar con una herramienta que garantice la seguridad de las personas que desempeñan puestos en Trabajo Social y Psicología, ya que, debido a su trabajo, deben realizar acciones periciales en el campo al acudir a comunidades o viviendas de manera individual y sin ningún tipo de protección.

 

Según indicó Vanessa Villalobos Montero, Subjefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología “se consideró necesario tomar las medidas correspondientes que puedan ayudar a mitigar los riesgos asociados a las labores operativas”.

 

El Protocolo fue elaborado con la participación de personal de diferentes coordinaciones regionales del Departamento, como por ejemplo Cartago, Limón, Hatillo, Liberia, San Carlos y Corredores, así como, por la Jefatura nacional.

 

Con la participación de estas sedes regionales, se consideró que se estaban tomando en cuenta representantes de zonas rurales, como urbanas, y se podían recopilar las diferentes realidades y situaciones que se enfrentan al llevar a cabo las funciones propias de los puestos”, indicó la Subjefa del Departamento.

 

El Protocolo también busca reconocer los riesgos que enfrentan los y las profesionales ante las situaciones de inseguridad al visitar comunidades de alto riego o entrar en contacto con personas usuarias altamente conflictivas, evidenciando que tales circunstancias pueden limitar los estudios que se entregan a las autoridades judiciales, tales circunstancias pueden limitar el trabajo de investigación.

 

El documento, cubre a todo el personal del Departamento de Trabajo Social y Psicología, tanto al personal profesional como administrativo, ya que también se contemplaron acciones de protección y reacción a las que se pueden recurrir ante cualquier evento que atente contra la seguridad aún en la oficina. Asimismo, este vendría a complementar a los protocolos institucionales ya existentes relacionados al tema.

                        

La institución, cuenta con 30 oficinas de Trabajo Social y Psicología, a lo largo y ancho del país. Alajuela, Bribri, Buenos Aires, Cartago, Corredores, Desamparados, Goicochea, Golfito, Grecia, Guápiles, Hatillo, Heredia, Liberia, Limón, Nicoya, Pérez Zeledón, Puntarenas, Puriscal, Quepos, San Carlos, San José, San Ramón, Santa Cruz, Sarapiquí, Turrialba, Upala, PISAV-Pavas, PISAV-La Unión, PISAV San Joaquín y PISAV Siquirres.

 

También, cuenta con equipos de Justicia Restaurativa en Alajuela, Cartago, Corredores, Goicochea, Guápiles, Heredia, Liberia, Limón, Nicoya, Pérez Zeledón, Puntarenas, San Carlos, San José y San Ramón, para un total de 161 profesionales y 42 auxiliares administrativos.

 

Muchas veces se visualiza que las labores de trabajo social y psicología son labores meramente de oficina, pero la labor pericial implica que cada día atendamos personas usuarias de todos los extractos sociales, niveles educativos, recursos económicos y creencias, todas ellas inmersas en alguna conflictiva social ligada a un sinfín de manifestaciones de la violencia, que reflejan la realidad país. Por ello y ante la crisis de seguridad ciudadana y el aumento de la violencia generalizada, es un hecho el riesgo que enfrenta nuestro personal, por lo que este protocolo es una guía para anteponer su autocuidado, protección y seguridad, como un punto primordial y clave para poder seguir efectuando la labor con la mística, compromiso y responsabilidad que siempre nos ha caracterizado”, indicó Villalobos Montero.

 

El Protocolo se puede acceder en la página Web del Departamento de Trabajo Social y Psicología, en la sección de “Documentos de interés” https://trabajosocial.poder-judicial.go.cr/index.php/documentos-de-interes.

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2295-3000

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Contraloría de servicios

Línea Gratuita (+506) 800-800-3000

Horario de atención : Lunes - Viernes, 7:00 am a 5:00 pm

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San José, Barrio Gonzalez Lahmann avenida 6 y 8, Calle 19.

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