·        Realizan capacitación sobre procedimientos disciplinarios y su trascendencia en vía jurisdiccional

Un intercambio de experiencias y propuestas de mejora en la gestión institucional del Poder Judicial en materia de procesos administrativos, fue el eje central de la capacitación que desarrolló la Dirección Jurídica en coordinación con la Procuraduría General de la República.

 “Saber asesorar bien, saber tomar decisiones bien y saber cómo actuar conforme a Derecho es absolutamente fundamental y con esta capacitación, la Procuraduría brindó sus aportes, su experiencia y sugerencias de mejora en cuanto a cómo podemos fortalecer la gestión institucional, en la materia de los procedimientos administrativos y reforzar la necesidad de una adecuada motivación de esas decisiones administrativas”, destacó el Director Jurídico del Poder Judicial, Rodrigo Campos Hidalgo.

 En la capacitación “Procedimientos disciplinarios del Poder Judicial y su Trascendencia en vía jurisdiccional”, se abordaron temas como mejoras en la tramitación del proceso disciplinario desde la motivación del acto administrativo, la imputación en traslado de cargos y valoración de la prueba; la ejecución de la sanción versus los procesos jurisdiccionales y criterios sobre caducidad.

 “Destacamos la invaluable colaboración que siempre hemos tenido por parte de la Procuraduría General de la República, que como instancia asesora y representante del Estado en sede judicial, posee una vasta experiencia, siendo su apoyo vital en dos frentes, la asesoría preventiva y correctiva y el otro frente,  su representación y acompañamiento en sede judicial por las demandas presentadas derivadas de estos mismos procedimientos”, explicó la Subdirectora Jurídica del Poder Judicial, Argili Gómez Siu.

 Los temas contaron con las ponencias de las procuradoras y el procurador, Karen Oviedo Rojas, Irene Bolaños Salas y Edgar Valverde Segura.

 Para la Procuradora, Karen Oviedo Rojas, “la tramitación de los procesos de manera coordinada, lleva a un mejor término. Somos un equipo, no es el Poder Judicial y la Procuraría por otro lado, somos un equipo para defender los intereses estatales”.

 El taller se dirigió al personal de la Dirección Jurídica, El Tribunal de la Inspección Judicial, la Dirección de Gestión Humana, el Consejo Superior, la Inspección Fiscal, la Unidad de Supervisión Disciplinaria de la Defensa Pública, Asuntos Disciplinarios del OIJ, el Despacho de la Presidencia, el Centro de Coordinación y Mejoramiento a la Función Jurisdiccional y la Secretaría Ética y Valores.

Gracias a la firma de un convenio entre el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez y la Defensora de las y los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert se fortalecerá el trabajo colaborativo en el marco de una cultura cívica, de paz y derechos humanos, mediante la formación y el apoyo mutuo en diversas acciones para la coordinación y apoyo a la implementación del Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales.

El acuerdo, suscrito este miércoles 20 de agosto de alcance nacional y regional, consolida la cooperación interinstitucional para construir comunidades pacíficas, impactadas positivamente por el servicio voluntario de las personas facilitadoras judiciales, figuras destacadas por el Magistrado Aguirre como amigables componedoras en la solución de conflictos localmente con el uso del diálogo y el acuerdo entre partes, destacando la tradición histórica pacifista de nuestros pueblos y antecesores.

Asimismo, la Defensora Cruickshank señaló el gran valor de la función comunitaria de las personas facilitadoras como instrumentos para la promoción de la paz social al ser herramientas auxiliares de la institucionalidad pública en materia de educación en derechos humanos y democracia, siendo verdaderos ejemplos de la participación ciudadana comprometida.

Con más de diez años de trayectoria el Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadoras Judiciales Luis Paulino Mora Mora ha contado con el valioso respaldo de la Defensoría de los y las Habitantes en sus diferentes dimensiones, nacional y localmente, debido a la coherencia en el fomento de los valores democráticos, el empoderamiento ciudadano y la cercanía con las poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Ahora este convenio marco viene a fortalecer esta articulación entre ambas entidades estatales para por ejemplo brindar asesoría en casos particulares que sean de conocimiento de las personas facilitadoras judiciales, acompañamiento en la realización de visitas a las comunidades y en la organización de charlas con temáticas de interés de las localidades.

El mismo acuerdo indica el apoyo de la Escuela Judicial y de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj) a este accionar conjunto en procesos formativos dirigidos a esta red de voluntariado, ahora con la formalización del apoyo de la Defensoría, mediante actividades presenciales y virtuales, producción y difusión de materiales educativos, esto conforme las prioridades y los recursos disponibles por parte de cada entidad.

Cualquier consulta sobre este convenio se puede escribir a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

·       CONAMAJ continúa con su trabajo con el fin de garantizar el acceso a la justicia a este sector de la población.

Con ocasión del acuerdo de Corte Plena en sesión N° 27-2025, celebrada el 02 de junio de 2025,  de eliminar las subcomisiones de acceso a la justicia, la Comisión Nacional para el mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ) dará continuidad al trabajo que venía haciendo la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Población Migrante y Refugiada del Poder Judicial, con el fin de garantizar la defensa de los derechos humanos para la población migrante y refugiada que se encuentra en nuestro país.

Desde la coordinación de CONAMAJ se ha dado seguimiento a las acciones planteadas para este 2025, con el propósito de materializar todos los objetivos trazados y brindar la protección que este sector de la población requiere.

A manera de rendición de cuentas se puede destacar, que a la fecha de su disolución, se habían realizado cuatro sesiones, en las cuales se informó y sensibilizó  al equipo interinstitucional sobre temas clave como: obstáculos en el acceso a la justicia para esta población, atención a personas en tránsito, herramientas comunicacionales para promover discursos positivos sobre la contribución de las mujeres migrantes y mecanismos de reporte y referencia en casos de violencia basada en género.

En materia de capacitación al personal judicial, se impartieron dos sesiones de formación dirigidas a la Línea 800 del Poder Judicial y a las Contralorías de Servicios, centradas en la Política y las directrices institucionales sobre el acceso a la justicia para personas migrantes y refugiadas.

Otro aspecto fundamental es el contacto con la sociedad civil y en este sentido, la Subcomisión se dio a la tarea de organizar un taller con representantes de la sociedad civil, en donde junto con la participación de personal de otras oficinas judiciales, se trabajó en el análisis de las recomendaciones del informe Estado de la Justicia, lo cual derivó en la elaboración de un documento base para la formulación de un plan de acción.

“Buena parte del trabajo de este año ha sido acompañar el estudio del Estado de La Nación en materia de migración, y así organizarnos para dar respuesta a los hallazgos. También, hemos llevado el pulso a la situación de los flujos migratorios en la región y dado seguimiento a la crisis de los migrantes en nuestro país”, destacó Sara Castillo Vargas, directora ejecutiva de CONAMAJ.

Adicionalmente, se ha dado gran importancia a la reafirmación de las directrices institucionales, para lo que se solicitó al Consejo Superior del Poder Judicial, emitir una circular dirigida a todo el personal, con el objetivo de recordar las directrices vigentes que garantizan el acceso a la justicia para esta población. Esta circular se puede ubicar en el siguiente enlace: (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/avi-1-0003-13860).

También, se celebró el Día Mundial de las Personas Refugiadas, con una actividad de sensibilización que incluyó una sesión informativa y la apertura de una muestra de pinturas elaboradas por niñas, niños y adolescentes refugiados.

En materia de capacitación especializada sobre protección internacional, en coordinación con la Escuela Judicial y ACNUR, se desarrolló una jornada de formación dirigida a judicaturas y personal judicial titulada “La protección de las personas refugiadas: directrices de detención y extradición”

Respecto a la atención territorial e interinstitucional, según mencionó Daniela Guevara Walker, coordinadora del Programa de Participación Ciudadana de CONAMAJ, en agosto se realizaron dos sesiones formativas en el cantón de Los Chiles, enfocadas en el abordaje de la violencia de género y la situación de las mujeres migrantes, con participación de las personas Facilitadoras Judiciales, las Promotoras de Derechos de CENDEROS y personal judicial y de otras instituciones en el cantón. Estas actividades tuvieron el auspicio de la Escuela Judicial, CONAMAJ y CENDEROS y la participación de la Gestora de Violencia Doméstica, la jueza Shirley González.

Como parte del trabajo en materia de acceso para una población en paralelo en este trabajo, actualmente se trabaja en la elaboración de un volante informativo sobre el acceso a la justicia en idioma miskito, dirigido específicamente a esta población, trabajo que se hace con el apoyo de ACNUR.

Cabe destacar que la CONAMAJ, en cumplimiento de la política específica y mediante el esquema de la instancia coordinadora creada por la misma política, reafirma su compromiso con esta población y mantiene un trabajo constante, con el objetivo de garantizar el acceso a un servicio de administración de justicia a todos y todas por igual. Esta labor se realiza desde CONAMAJ, con el liderazgo del magistrado de la Sala de Casación Penal, Gerardo Rubén Alfaro Vargas.

·       Hay cambios en el Juzgado Contravencional que le brindará el servicio judicial, desde el 15 de agosto de 2025.

Para mejorar y acercar el servicio judicial que se brinda en siete comunidades ubicadas en Tilarán, Abangares, Jiménez y Turrialba, el Poder Judicial varió la competencia de los Juzgados Contravencionales, desde el 15 de agosto de 2025.

 Tome nota si usted vive en alguna de estas siete comunidades:

 Si usted es vecino o vecina  del distrito de Cabeceras de Tilarán, San Rafael, Cebadilla y los Tornos de Abangares, cualquier proceso judicial nuevo que requiera presentar, debe gestionarlo, desde el 15 de agosto de 2025, en el Juzgado Contravencional de Monteverde.

 Para quienes viven en los distritos de Tucurrique, Pejibaye y la localidad de Humo, todos del cantón de Jiménez, ahora podrán tramitar cualquier proceso judicial nuevo en el Juzgado Contravencional de Turrialba.  En el caso del  Juzgado de Familia, Penal Juvenil y Violencia Doméstica de Turrialba, solo atenderá los asuntos nuevos en materia de violencia, presentados a partir del 15 de agosto.

 Estos Juzgados Contravencionales tramitan casos judiciales en materias como faltas y contravenciones, tránsito, violencia doméstica, pensiones alimentarias y trabajo.

 De esta manera, los despachos mencionados atenderán las demandas nuevas  y aquellos asuntos en trámite o activos que no tengan señalada audiencia de recepción de prueba. 

 La decisión la tomó Corte Plena en su sesión ordinaria del pasado 21 de julio, lo que implica el cambio de competencia territorial de los Juzgados Contravencionales de las zonas mencionadas y así dispuesta en circular interna N° 155-2025.