Sala de prensa - Page #199

Oficina de Control Interno lanza nuevos cursos virtuales para fortalecer la aplicación de la Normativa

Curso de Control Interno ya está disponible en plataforma institucional Capacítate
Oferta de matrícula de curso sobre SEVRI se anunciará oficialmente mediante comunicación interna

La población judicial podrá mejorar y actualizar sus conocimientos en materia de Control Interno y Valoración de Riesgos, con los nuevos cursos virtuales.

La oferta formativa es un proyecto que desarrolló la Oficina de Control Interno, en conjunto con el Subproceso de Gestión de la Capacitación de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial y con el apoyo técnico de la Contraloría General de la República.

La presentación oficial de los cursos virtuales Control Interno y SEVRI-PJ, se realizó este viernes 25 de febrero, mediante la plataforma de Microsoft Teams.

El magistrado Presidente de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas Loáiciga destacó que “…cuando tenemos la administración de bienes públicos, debemos tratar de lograr que se realice de una manera eficiente y eficaz. Y esta capacitación se vuelve oportuna, al entregarse a cada uno de nosotros para que encontremos el beneficio y el lado positivo en el mantener controles, que nos permitan ser más eficientes en esta doble administración de justicia, ya sea directamente desde la decisión judicial o desde el gerenciamiento de los bienes”.

Para el Jefe de la Oficina de Control Interno del Poder Judicial, Hugo Hernández Alfaro, los cursos que se ponen a disposición, permitirán a la población judicial inducir y ampliar sus conocimientos en la Normativa.

“En los cursos se introducen contenidos en aspectos normativos y prácticos, con un formato agradable y sencillo, abarcando temas como los alcances de la ley que regula la materia, los componentes orgánicos y funcionales y cada una de las normas que los integran, brindando una orientación oportuna para su debido entendimiento y aplicación dentro de los despachos y oficinas judiciales. Todos los aspectos que conforman la gestión de riesgos y la aplicación de su sistema de valoración son parte de los aspectos desarrollados en estos nuevos cursos, explicando detalladamente la metodología requerida para su aplicación”, explicó Hernández Alfaro.

Ambos cursos se desarrollan bajo la modalidad virtual y se construyeron con un enfoque andragógico y de la neuro didáctica, que introduce los escenarios de la preparación e iniciación del aprendizaje, la adquisición del conocimiento y habilidades desde la experiencia, la orquestación de redes y la integración funcional de todos los elementos adquiridos, así lo detalló Cheryl Bolaños Madrigal, Jefa del Subproceso de Gestión de la Capacitación, de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial.

Están organizados por módulos, con ejercicios prácticos y recursos que facilitan su aprendizaje como pantallas con recursos de apoyo, documentos de lectura, videos, imágenes, y dos tipos de evaluación, la formativa que se encuentra a lo largo de cada módulo y la sumativa, que involucra un cuestionario final cuya nota debe ser mayor o igual a 70, para la aprobación de cada curso y el otorgamiento del certificado respectivo.

El curso de Control Interno ya está disponible en la plataforma Capacítate y próximamente de forma oficial se comunicará a la población judicial la disponibilidad del curso SEVRI-PJ, en la oferta de matrícula.

“Para el Subproceso de Gestión de la Capacitación ha sido una gran experiencia en temas tan relevantes y críticos para el Poder Judicial, en conjunto con la Oficina de Control Interno que nos permitió contar con los insumos necesarios para el desarrollo de ambos cursos. Hago el reconocimiento al equipo del Subproceso de Gestión de la Capacitación que una vez más hace posible poner a disposición de la población judicial, recursos de aprendizaje innovadores y oportunos”, resaltó Bolaños Madrigal.

Pueblo indígena de Zapatón y Poder Judicial trabajarán en co-construcción de Política de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas

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Pueblo indígena de Zapatón y Poder Judicial trabajarán en co-construcción de Política de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas

Gira se realizó el pasado 11 de febrero.

El pueblo indígena huetar, ubicado en el territorio de Zapatón de Puriscal, se informó sobre el proceso de co-construcción de la Política de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas y asumió el compromiso de participar en el proyecto que desarrolla el Poder Judicial.

Mediante una gira informativa sobre el proceso, las personas indígenas mostraron su interés en la invitación para emprender el trabajo de mejorar el servicio de Administración de Justicia.

El trabajo se realiza desde el liderazgo de la magistrada Damaris Vargas Vásquez, coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas del Poder Judicial y Directora del Proyecto; el magistrado Jorge Olaso Álvarez, Coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia; Angie Calderón, Jefa a.i. de la Unidad de Acceso a la Justicia y Melissa Benavides Víquez, coordinadora del Proyecto de Co-Construcción de la Política Institucional y el apoyo técnico de la Contraloría de Servicios, la Dirección de Planificación y demás oficinas que conforman la Subcomisión del Ministerio Público, Defensa Pública, Organismo de Investigación Judicial y sector Administrativo.

“Logramos el compromiso e interés de la población de sumarse al proceso de co-construcción de la Política de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas. Uno de los aspectos que rescato es la necesidad de que la población indígena conozca qué es el Poder Judicial, su forma organizativa, cuáles son los servicios que les podemos brindar, hasta donde pueden ellos tener acceso a las diferentes oficinas, cómo opera la judicatura, el Ministerio Público, la Defensa Pública, entre otros datos relevantes. Fue motivador para ellos saber que tienen derecho a personas defensoras públicas que les pueden atender directamente. Se coordinó con la Defensa Pública y se les suministró el dato de contacto de con quien coordinar y qué teléfonos y direcciones electrónicas. También nos acompañó el señor Jorge Barquero de la Dirección de Planificación quien expuso al pueblo indígena el Proyecto de Jurisdicción Indígena Especializada, el cual es esencial para garantizar no solo el acceso a la justicia Indígena sino además, resoluciones de calidad, prontas y oportunas”, detalló la magistrada Damaris Vargas.

El espacio permitió a la población indígena de Zapatón exponer algunas problemáticas en materia territorial, de transporte, salud, vías de comunicación y el trámite de procesos judiciales, en los cuales, la Contraloría de Servicios se comprometió a darles seguimiento y verificar la posibilidad de brindar apoyo para darles prioridad en los despachos correspondientes.

Melissa Benavidez Víquez, coordinadora del Proyecto de Creación de la Política Institucional para el Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, destacó que “…esta etapa nos permite recolectar insumos preliminares, realizar un mapeo de las organizaciones indígenas presentes en los territorios, elaborar una contabilidad de los obstáculos, para el efectivo acceso a la justicia y los requerimientos para participar en el proceso de co-creación. Además, identificamos las necesidades de interpretación, sus lineamientos gastronómicos y espirituales que es parte de su cosmovisión. Con estos elementos, tenemos claridad, que la siguiente etapa es aplicar la metodología para la realización del diagnóstico y qué se requiere en cada territorio”, afirmó.

Benavides Víquez indicó que la gira permitió informar a la población indígena de Zapatón sobre lo que es una política institucional, para qué les servirá y el impacto que va a tener en el Poder Judicial.

La gira permitió también informar en el territorio indígena de Zapatón sobre el proyecto de construcción de la jurisdicción indígena especializada, a cargo de un representante de la Dirección de Planificación.

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Poder Judicial trabaja de la mano con población en situación de discapacidad en actualización de política institucional

2022 se orientará al trabajo de co-construcción con personas usuarias en situación de discapacidad y organizaciones que las representan.
Trabajo coordinado de la Comisión de Acceso a la Justicia, la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad, la Unidad de Acceso a la Justicia y el apoyo técnico del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS).

Actualización de la política judicial de población en situación de discapacidad avanza con acciones claras para este 2022. El objetivo del Poder Judicial es mejorar el servicio de administración de justicia que se brinda a esta población mediante acciones que den respuesta a sus requerimientos y acorde con la nueva legislación nacional y convenios internacionales.

El proceso corresponde a un trabajo coordinado de la Comisión de Acceso a la Justicia, la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad y la Unidad de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, con el apoyo de la y la colaboración técnica del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS).

El magistrado y coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, Jorge Olaso Álvarez, destacó el trabajo trascendental del Poder Judicial en su evolución de emprender acciones para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.

Olaso Álvarez señaló que la reciente reunión con autoridades del CONAPDIS “abrió la posibilidad de firmar un convenio interinstitucional para promover una colaboración mutua para el diseño técnico y estructural en la actualización de esta política pública, la cual debe contar con los lineamientos establecidos por el Consejo y que integre a toda la estructura del Poder Judicial”.

Según explicó la magistrada y coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad, Damaris Vargas Vásquez, se trabaja con el CONAPDIS en la coordinación y enlace con la población en situación de discapacidad y las organizaciones que las representan.

“Queremos emprender un proceso mediante talleres con grupos focales para concertar posiciones, establecer sesiones de trabajo y que esa población beneficiaria de la política, que nos señale cuáles son sus principales requerimientos y que desde la política judicial se establezcan las acciones para darles solución. Lo que procuramos con esta actualización de la política institucional, es que se establezcan una serie de medidas que garanticen la eliminación absoluta de las barreras que tiene esta población y que se desarrollen en igualdad de oportunidades”, puntualizó Damaris Vargas.

El proceso de actualización de la Política de Acceso a la Justicia y Equiparación de Oportunidades contempla un plan de acción, ya aprobado por Corte Plena, “porque la política tiene que cobrar vida y precisamente lo hace a través de este plan de acción que dará solución a esos problemas, a esas barreras, a todo lo que limitan de alguna manera, que las personas en situación de discapacidad, puedan desarrollarse plenamente en el acceso a la justicia y en la equiparación de sus oportunidades, es decir, en el ejercicio de sus derechos. De tal manera que estamos avanzando”, explicó la magistrada.

También se trabaja en propiciar la cooperación de parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidades que impulse el desarrollo de esta política, pues muchas de las circulares internas que se aplican actualmente en el Poder Judicial cuentan con altos estándares internacionales que surgen de las resoluciones de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La política contemplará la actualización de la normativa nacional en esta materia como la reciente reforma a la Ley 7600 que incorpora un capítulo 8 sobre acceso a la justicia y la Ley de la autonomía individual de las personas en situación de discapacidad.

Esta labor se emprende siguiendo la metodología de administración de proyectos y los lineamientos sobre la construcción de políticas institucionales en el Poder Judicial, aprobados por Corte Plena.

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Turrialba brinda atención integral a víctimas de violación en primeras 72 horas del hecho

Equipo de Respuesta Rápida a Víctimas de Violación brinda atención articulada.

La atención articulada para las personas víctimas de delitos sexuales, durante las primeras 72 horas, se consolida en el cantón de Turrialba con la puesta en funciones del Equipo de Respuesta Rápida a Víctimas de Violación (ERRVV).

La labor la realiza el Poder Judicial en coordinación con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) mediante un convenio interinstitucional, que acerca y concentra los servicios a favor de las personas víctimas.

Mediante una reunión virtual con todas las entidades que intervienen en la atención de un caso de violación, se destacaron aspectos generales del programa respecto al protocolo y manual de procedimientos establecido.

“Este es un programa que tiene como principio básico el ser victimo-centrado, eso significa que las víctimas estén en el centro del proceso y lo que se intenta es desconcentrar los servicios del Gran Área Metropolitana y que puedan ser recibidos por las víctimas, lo más cercano a sus comunidades. El programa se estructuró para trabajar de forma articulada con la Caja Costarricense de Seguro Social y proveer de servicios y de un abordaje integral a las personas víctimas de violación durante las primeras 72 horas de ocurrido el hecho, sean adultas o personas menores de edad”, explicó Jeannette Arias Meza, Jefa de la Secretaría Técnica de Género, ente que coordina el programa ERRVV.

La reunión contó con la participación de representantes de la Fiscalía Regional, la Unidad de Trabajo Social, la Unidad Médico Legal y el OIJ de Turrialba, así como jefaturas de la Fiscalía Adjunta de Género, del Departamento de Trabajo Social y Psicología, del Departamento de Medicina Legal, de la Oficina de Atención y Protección de la Víctima del Delito, y de la Sección de Bioquímica y Toxicología del Departamento de Ciencias Forenses.

También participaron representantes de los Servicios de Emergencias, Farmacia, Trabajo Social, Laboratorio Clínico, Banco de Sangre, Pediatría, Psiquiatría del Hospital William Allen Taylor de Turrialba, la Oficina Regional del PANI y representantes del INAMU y la CCSS.

Se explicaron aspectos generales sobre el abordaje de las víctimas, se remitió el material informativo y recomendaciones sobre buenas prácticas emprendidas por los ERRVV instalados en otras regiones del país.

Se analizaron aspectos relacionados con los requerimientos de capacitación del personal que integra el Equipo de Respuesta Rápida en Turrialba, donde el Poder Judicial brinda una oferta formativa en temáticas como técnicas de investigación en delitos sexuales, recolección de evidencia, embalaje y tiempos de entrega de las muestras biológicas, los procesos hospitalarios y el abordaje desde lo farmacológico y la atención en emergencia, entre otros.

Actualmente, el Poder Judicial cuenta con ERRVV en Puntarenas- Quepos-Parrita, Cartago, Turrialba, Liberia- Cañas, Santa Cruz- Nicoya, San José, Alajuela, San Ramón-Grecia, San Carlos, Upala, Heredia, Limón, Pococí, Siquirres, Pérez Zeledón y Corredores.

Régimen disciplinario a cargo de Corte Plena cuenta con reglas claras

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Régimen disciplinario a cargo de Corte Plena cuenta con reglas claras

La Corte Plena cuenta con lineamientos puntuales para la tramitación de las causas disciplinarias a su cargo, con la vigencia de las “Reglas prácticas para el ejercicio del régimen disciplinario por Corte Plena.

El proyecto forma parte de las propuestas que impulsa la Corte Suprema de Justicia dentro de los equipos de trabajo que analizan las reformas urgentes al Poder Judicial.

La aprobación de estas normas internas para la tramitación de asuntos disciplinarios bajo la competencia de los magistrados y magistradas de Corte Plena se aprobó en la sesión ordinaria del 7 de noviembre del 2021 y entró en vigencia, con su publicación en el Boletín Judicial.

El magistrado de la Sala Segunda, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, lideró el equipo de trabajo. “Esta fue una labor de los magistrados y magistradas integrantes de la comisión, así como del personal técnico que contribuyó con su análisis y recomendaciones. Las Reglas cuentan con el consenso y aporte de quienes integramos Corte Plena”, destacó el magistrado.

Mediante circular No. 259-2021, Reglas Prácticas para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria por Corte Plena, se dio a conocer a la población judicial, cuyo fin es “regular la aplicación del régimen disciplinario para los casos que, conforme a la Constitución Política y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, le corresponde ejercer a la Corte Suprema de Justicia”, destaca el documento judicial.

Su artículo 3 establece que el régimen disciplinario por parte de Corte Plena se aplicaría a magistrados y magistradas propietarias y suplentes, integrantes propietarios y suplentes del Consejo Superior, Fiscal o Fiscala General, Adjunto o Adjunta o Subrogante, al Director o Directora, Subdirector o Subdirectora de la Defensa Pública y del Organismo de Investigación Judicial.

También abarcaría al Auditor o Auditora General y Sub Auditor o Sub Auditora General del Poder Judicial, Inspectores o Inspectoras Generales del Tribunal de la Inspección Judicial y personas juzgadoras en caso de retardo o errores graves e injustificados en la Administración de Justicia.

Las Reglas Prácticas detalla las partes del proceso ante Corte Plena, los plazos que se deben aplicar durante la investigación preliminar, la investigación de fondo y el plazo para el dictado del acto final.

“La Corte deberá dictar el acto final, en todo caso, dentro del mes siguiente, contado a partir del conocimiento que tuvo en la sesión que se indica en el párrafo tercero de este artículo. Dicho acto, cuya redacción estará a cargo del Magistrado o Magistrada informante o de quien designe la Corte Plena, deberá cumplir las exigencias previstas en los artículos 48 de este reglamento y el 208 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”, puntualiza el artículo 50 de estas reglas.