• Ante Comisión de Asuntos Hacendarios de Asamblea Legislativa
• Acceso a la justicia es esencial para el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.
• Plan de gastos para el ejercicio económico 2021 registra una reducción de 9.972.000.000 millones de colones.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro detalló ante la  Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, el presupuesto de este Poder de la República para el ejercicio económico año 2021.

El monto total de presupuesto ordinario del Poder Judicial para el próximo año es de 462.705.000.000 colones y registra una reducción porcentual de 2.1%  respecto al año en curso.  Esta disminución es el resultado del cumplimiento de las directrices presupuestarias giradas por el Ministerio de Hacienda y la voluntad institucional de recortar el plan de gastos para como Estado, hacerle frente a la crisis económica que vive el país, agravada por la  pandemia mundial provocada por el virus SARS- CoV-2.

“Señalamos que para el 2021 la reducción presupuestaria será del 2,1% por que a lo largo del año 2020 hicimos una reducción importante del presupuesto ordinario, por ello nuestra comparación no es con el presupuesto aprobado en el 2020, sino con el contenido presupuestario final que considera las disminuciones hechas para aportar al país por la situación financiera provocada por la emergencia de la  COVID-19”, manifestó  el magistrado Cruz Castro.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia contó con el apoyo técnico de la Directora Ejecutiva, Ana Eugenia Romero Jenkins, la Directora de Planificación, Nacira Valverde Bermúdez y la Directora de Gestión Humana, Roxana Arrieta Meléndez.

El jerarca judicial puntualizó ante la comisión que el presupuesto de este Poder de la República se presentó conforme al marco legal, ajustándose a la regla fiscal y directrices de contención del gasto emitidas por el Ministerio de Hacienda. En total a lo interno de la institución se emitieron 129 directrices de contención del gasto, vinculando el presupuesto con los resultados de gestión y de ejecución presupuestaria.

“Se cumple plenamente la Ley 9635 con la nominalización de componentes salariales como dedicación exclusiva, la prohibición, la evaluación de desempeño, la creación de nuevos componentes salariales con reserva de ley y pago del IVA por compras que también ha significado un importante esfuerzo en materia fiscal”.

El presupuesto 2021 contiene el ajuste nominal de los componentes salariales, y no se incluyen recursos para el aumento de costo de vida.  En materia de alquileres, no se autorizaron contratos nuevos y se adecuó la fecha de vigencia de los actuales, además se ajustaron los contratos en limpieza, vigilancia y bienes y servicios, aumentando únicamente los montos para cubrir el costo del impuesto del valor agregado.  Se disminuyo también en subpartidas como información, horas extras, suplencias, vehículos, transporte en el exterior, viáticos al exterior, becas, alimentos y bebidas, entre otras subpartidas.

Así mismo, se incluyen los recursos para asumir el costo económico de hacerle frente a los procesos de desinfección y limpieza profunda por los casos positivos de Covid -19,  ya que se enfrentan con presupuesto propio. Estos procedimientos deben realizarse a la mayor brevedad por protección y resguardo de las personas usuarias y del personal judicial, para evitar el contagio dentro de instalaciones judiciales.

El Poder Judicial actualmente se compone de 894 oficinas distribuidas en 294 edificaciones, que brindan atención a personas usuarias en diferentes áreas del servicio de justicia, entre ellas las poblaciones en vulnerabilidad, quienes demandan los servicios de pensiones alimentarias, violencia doméstica, procesos laborales, delitos sexuales,  población con discapacidad, adulta mayor, privada de libertad, migrante y refugiada, sexualmente diversa, indígena, niños, niñas y adolescentes y personas en conflicto con la Ley Penal Juvenil, entre otras poblaciones. 

Nuevas obligaciones sin contenido presupuestario. Para el cumplimiento de leyes especiales aprobadas por el Plenario Legislativo que imponen nuevas obligaciones al Poder Judicial, la Corte Plena acordó remitir al Ministerio de Hacienda, una propuesta adicional al proyecto de presupuesto ordinario de la institución, con los requerimientos que se necesitan para su implementación. Este acuerdo se toma ante la rigidez presupuestaria y la aplicación de la regla fiscal, es decir fuera del límite del presupuesto ordinario.

Recursos adicionales que el Poder Judicial requiere para atender nuevas obligaciones legales se detalla en la infografía que se adjunta:

Los procesos disciplinarios del Poder Judicial ya cuentan con el Protocolo para actuaciones judiciales en materia disciplinaria por videoconferencia como parte de las medidas adoptadas ante el estado de emergencia nacional por COVID-19”.  El acuerdo lo tomó Corte Plena en su sesión del 5 de octubre.

El magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez manifestó la importancia de contar con este Protocolo, el cual se diseñó en la Comisión Régimen Disciplinario, en colaboración con el Tribunal de la Inspección Judicial, la Dirección de Planificación y la Dirección Jurídica.

“El protocolo está formulado para que sea aplicado por todos los operadores a cargo del régimen disciplinario en el Poder Judicial, inclusive por Corte Plena y contempla los principios éticos que han sido regulados en los otros protocolos”, comentó el magistrado Sánchez Rodríguez.

Siria Carmona Castro, Presidenta del Tribunal de la Inspección Judicial fue quien expuso el contenido de la norma interna y explicó que el objetivo del mismo es brindar una guía práctica sobre el uso de las herramientas tecnológicas para la realización de las audiencias de recepción de pruebas de forma virtual. 

 “Este protocolo abarca a las instancias que instruyen y aplican el régimen disciplinario administrativo en la institución, y las normas como la Constitución Política, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley General de la Administración Pública y todas aquellas que vengan a integrar el ordenamiento para el régimen disciplinario”, explicó Carmona Castro.

El Protocolo establece que cuando las personas no tengan acceso a medios tecnológicos, el defensor deberá informarlo al órgano disciplinario con al menos 10 días de anticipación, para coordinar con las Administraciones Regionales.

Es importante resaltar que las partes, testigos o peritos no van a requerir tener acceso a la licencia del software de Microsoft Teams, solamente deben tener acceso a internet con un ancho de banda de 3 Mb.

El órgano disciplinario podrá realizar la audiencia desde las salas establecidas para este fin, oficinas o donde se realice teletrabajo, así como las partes y sus abogados y abogadas.

Las audiencias serán privadas, pero con previa autorización se permitirá que otras personas se encuentren presentes para efectos académicos o de formación profesional, pero sin participación activa de la misma.

El acoso sexual y laboral se exceptúan de la aplicación del protocolo en aras de garantizar el principio de confidencialidad por su propia naturaleza; sin embargo, en aquellos casos en que la presunta (s) victima (s) manifieste su consentimiento, la audiencia virtual se podrá realizar en este tipo de procesos.

• Audiencia se dio como parte del conocimiento del expediente legislativo 21360.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro y la Magistrada de Sala Primera y Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, Damaris Vargas Vásquez, comparecieron ante la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, con el objetivo de exponer las acciones que realiza el Poder Judicial en la protección de esta población.

La audiencia se llevó a cabo el pasado 6 de octubre y tuvo como objetivo dar seguimiento al expediente legislativo 21360, el cual analiza las acciones adoptadas por el Estado en protección de los pueblos indígenas Teribe y Bribri de Salitre, según lo dispuesto en la resolución 16/15 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, medida cautelar n° 321-12 del 30 de abril de 2015.

Entre lo expuesto, se trataron los temas de los desalojos de personas indígenas realizados en sede judicial, así como de la protección de los derechos fundamentales de este grupo poblacional en relación con sus territorios, en donde los diputados y diputadas expusieron sus inquietudes sobre el trabajo que realiza el Poder Judicial.

El Presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro, destacó que es importante mencionar que el planteamiento de acciones concretas requiere también una voluntad política, por lo que el trabajo debe ser conjunto entre los tres Poderes de la República. Además, dijo que en cuanto a las resoluciones judiciales se debe respetar la independencia judicial de los jueces y juezas en la materia.

Cruz Castro señaló que es importante trabajar en la capacitación de los profesionales en derecho del Estado en materia de defensa de las poblaciones indígenas y subrayó que el Poder Judicial con las directrices que ha tomado, es consciente de un problema que hay que abordar.

Por su parte, la magistrada Damaris Vargas, acotó que dentro de las funciones de la Subcomisión se han formulado propuestas de circulares con el visto bueno de la Comisión de Acceso a la Justicia, tanto a Corte Plena como al Consejo Superior para mejorar el acceso a la justicia de las personas indígenas, entre ellas, la Circular 188-19 que da lineamientos para la atención de esta población y de las Medidas Cautelares 321-12 de la CIDH contra el Estado, entre otras relevantes para mejorar la calidad, eficacia y eficiencia del servicio de administración de justicia que se imparte a las personas indígenas.

Vargas Vásquez subrayó la importancia de la creación de una jurisdicción especializada para abordar de manera coherente y prioritaria los temas indígenas, el valor de los peritajes culturales realizados por las universidades estatales, para conocer la realidad de estas poblaciones y enfatizó en la importancia del tema presupuestario para poder lograr estas acciones.

También, se destacó el trabajo que se realiza desde la Defensa Pública en materia de atención a los pueblos indígenas.

La legisladora Nielsen Pérez, destacó las iniciativas propuestas por los altos jueces, haciendo énfasis en que se debe trabajar fuertemente para que estas poblaciones no sean consideradas usurpadoras en sus propias tierras y así lograr un marco de protección en sus territorios, ya que los problemas que sufren a raíz de esto son inadmisibles en un Estado de Derecho. 

En la audiencia, también participó el Director del Despacho de la Presidencia, Roger Mata Brenes, así como diputados y diputadas integrantes de la Comisión.

• Contraloría realizó evaluación de acciones judiciales aplicadas para enfrentar emergencia sanitaria por COVID-19.

• Desarrollan encuesta a usuarias y usuarios de servicios presenciales, electrónicos y virtuales.

Una alta satisfacción evidenciaron personas usuarias que utilizaron los servicios judiciales entre marzo y agosto del presente año, al aplicarse una serie de medidas institucionales para garantizar los servicios judiciales frente a la pandemia por el COVID-19.

Así lo reflejó el estudio de Percepción de los servicios del Poder Judicial bajo las medidas aplicadas debido a la crisis sanitaria COVID-19MARZO-AGOSTO 2020, elaborado por la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, el cual se conoció en Corte Plena el pasado lunes 28 de setiembre.

El informe contiene las respuestas brindadas por 861 personas usuarias de los servicios judiciales, de las cuales 687 mencionaron haber utilizado servicios presenciales, 318 realizaron trámites no presenciales y 65 personas participaron en audiencias virtuales. En total se aplicaron 1271 encuestas, sin embargo 410 personas no habían utilizado los servicios durante el periodo evaluado.

Entre los principales hallazgos se destaca que el servicio presencial recibió una calificación favorable del 82% en el promedio general, donde Guanacaste y Limón alcanzan el mayor porcentaje con un 89% y la provincia de San José el más bajo con un 70%.

“Las medidas sanitarias implementadas para garantizar la salud de las personas usuarias y servidores judiciales son valoradas con altas calificaciones (89%) y las

hacen sentirse seguras”, puntualiza el informe de la Contraloría de Servicios. En cuanto a los servicios no presenciales que la institución tiene disponibles, el Sistema de Gestión en Línea es el de mayor demanda, con un porcentaje de satisfacción del 87%; seguido por el medio telefónico, como mecanismo para consultas.

En el tema del uso de audiencias virtuales, las personas usuarias consultadas señalaron su funcionalidad en un 88%.

La Contraloría de Servicios también incluyó recomendaciones con el fin de mejorar los servicios judiciales y considerando los requerimientos de las personas usuarias, como lo es el reforzar las informaciones dirigidas a la población usuaria, desde la página web del Poder Judicial y las redes sociales.

Además, la valoración de mejoras en los sistemas informáticos, en ampliación de la vía electrónica de servicios de valor para la persona usuaria, la atención por vía telefónica en los despachos judiciales y velar porque las piletas y otros implementos de desinfección sean aptos para personas con discapacidad.

Estos y otros aportes se obtuvieron de la consulta a la sociedad civil organizada, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y a las personas usuarias de los servicios electrónicos institucionales.