• ·         Realizan acto de Apertura del Año Académico de la Defensa Pública 2025.
• ·         Presenta la 3ra Edición de la Revista Derecho de Trabajo y Seguridad Social.

Con una propuesta de 98 actividades de formación en los diferentes programas académicos y materias en las que la Defensa Pública brinda sus servicios a la ciudadanía, se llevó a cabo la Apertura del Año Académico de la Defensa Pública 2025.

“La formación académica es la piedra angular de la Defensa Pública.  Es a través de la capacitación y la formación continua, que podemos garantizar que las personas defensoras públicas cuenten con las herramientas teóricas y aptitudinales y los conocimientos más actualizados para brindar un servicio de calidad y es garante del Estado de Derecho.  Nunca olvidemos que para muchas personas, especialmente las más vulnerables de nuestra sociedad, lo público es lo único con lo que cuentan, cuando llegan ante nosotros”, destacó Jorge Ulloa Cordero, Supervisor de la Unidad de Capacitación de la Defensa Pública.

Desde la primera semana del mes de enero inició el Programa de Formación Inicial, que se imparte a más de 80 personas defensoras públicas y que profundiza en competencias técnicas y aptitudinales, vitales para la prestación de un servicio público de calidad; el cual se desarrolla en las materias penal, laboral, pensiones alimentarias y familia; con una duración de 18 meses.

El plan de capacitación y formación contempla ejes transversales en temas como la

prevención de la corrupción y conflictos de interés entre el personal de la Defensa Pública, ocupará una gran cantidad de esfuerzos en formación, para educar sobre el procedimiento y hacer una labor preventiva a lo interno de la institución.

Para el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, “la capacitación continua, dentro del Poder Judicial, es una necesidad estratégica, en un mundo de constante transformación.  El conocimiento, el perfeccionamiento y el dominio de las herramientas que nos permitan garantizar una justicia eficaz, oportuna y accesible para todas las personas, es indispensable.  Es por ello que, en el Plan Estratégico Institucional, la formación y el fortalecimiento de las competencias ocupan un lugar central”.

La propuesta académica incluye capacitaciones dirigidas para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas funcionarias en temas como salud y autocuidado, justicia restaurativa en materia disciplinaria, ambientes laborales saludables, formación de habilidades actitudinales, manejo óptimo del tiempo, acceso a la información pública y protección de datos personales, en atención a la Política Integral de Bienestar y Salud Laboral aprobado por la Corte Plena.

A este momento, ya se realizaron dos conversatorios, que son espacios en los que se desarrollan temas de actualidad como lo son la política criminal contemporánea para la materia penal y sobre actualización en la materia social.

3ra Edición de la Revista Derecho de Trabajo y Seguridad Social:

El espacio permitió el lanzamiento de la 3ra Edición de la Revista Derecho de Trabajo y Seguridad Social, que ofrece a las personas lectoras, ocho temas de actualidad e impacto en la materia laboral, abordados por especialistas y brindan una visión novedosa en sus propuestas.

Algunos de los temas que se analizan en esta publicación son los casos procesales generados en Costa Rica en el campo de los contratos laborales y la carga probatoria; la prueba indiciaria en materia laboral, la discriminación por salud en el trabajo; el resguardo de los principios de imparcialidad e independencia del juez ante la inteligencia artificial en Costa Rica y  la discriminación en los procesos de reclutamiento y selección generados por la implementación de la inteligencia artificial.

El Poder Judicial impactó en 2024 sectores en condición de vulnerabilidad, debido a su ubicación geográfica primordialmente rural y por las condiciones socioeconómicas, mediante el Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales Luis Paulino Mora Mora, impactando a más de 20 mil personas beneficiadas gracias a esta red de voluntariado.

Entre las colaboraciones ad honorem que las personas facilitadoras judiciales realizan en sus localidades se encuentran las orientaciones sobre trámites y servicios judiciales, así como de servicios públicos en general, organización de charlas informativas en coordinación con personal judicial o de otras instituciones públicas, acompañamiento a sus vecinas y vecinos en gestiones de servicios públicos y mediaciones comunitarias para la resolución de situaciones dentro de la propia comunidad.

A criterio de la señora Ana Mosquera Salas, facilitadora judicial de Isla Venado, el mayor beneficio que obtienen sus vecinas y vecinos es el ahorro de dinero al no tener que trasladarse hasta Puntarenas para conseguir información sobre trámites, requisitos en servicios judiciales o en la resolución de conflictos, ya que se trata “de llegar a un acuerdo sin necesidad de tener que salir a realizar denuncias, ni a tribunales, lograr un entendimiento aquí”, concluyó la facilitadora.

El Poder Judicial de Costa Rica cuenta con este servicio desde el año 2013 y actualmente existen 462 personas facilitadoras judiciales, en donde la mayoría son mujeres llegando a 273, mientras 189 son hombres.

La población beneficiada con esta figura voluntaria, según datos estadísticos del Poder Judicial del año 2024, fue de 20300 personas, entre ellas 11551 correspondieron a mujeres y 8749 fueron hombres.

El personal judicial local capacita constantemente a las personas facilitadoras judiciales para la oportuna atención de consultas en sus localidades sobre temas judiciales, servicios, derechos humanos y deberes ciudadanos.

Durante 2024, las alianzas internas y externas fueron fundamentales para generar una mayor incidencia de las personas facilitadoras judiciales, se destacan las colaboraciones con Defensa Pública, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Escuela Judicial, , Contraloría de Servicios, Departamento de Prensa y Comunicación Organización, Dirección de Tecnología de Información, Centro de Conciliación, Comisión de Familia, Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj), ACNUR, OIM, Cenderos, Defensoría de los Habitantes, OEA y Funpadem.

Para más información sobre el Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales y el impacto logrado en 2024 se puede escribir a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

• Trabajo realizado por la Comisión de Género, la Secretaría Técnica de Género, el Observatorio de violencia de género y la Comisión de seguimiento a la ley contra la violencia doméstica
• Durante la actividad se evidenció el compromiso institucional en la identificación, prevención y atención de las distintas formas de discriminación y violencia que afectan a las mujeres y se hizo un llamado para que acudan a los servicios judiciales cuando son víctimas de violencia de cualquier orden. 

E   En la rendición de cuentas dichas instancias dieron a conocer las múltiples y diversas acciones realizadas durante el 2024 para cumplir con los compromisos asumidos por el Poder Judicial al aprobar la Política de igualdad de Género y atender lo establecido en la Ley contra la violencia doméstica y la Ley de Penalización de la violencia contra las mujeres, 

Una de las principales tareas del Poder Judicial es garantizar el derecho al acceso a la justicia como derecho en sí mismo y como derecho instrumental para alcanzar otros derechos: a una vida libre de violencia y discriminación, a la salud, el trabajo, el ambiente, la educación, entre otros.

Durante la actividad se hizo un llamado para que las mujeres acudan a los servicios judiciales cuando son víctimas de violencia de cualquier tipo, porque el Poder Judicial es un recurso disponible para que puedan buscar un camino para resolver la situación que viven.

Roxana Chacón Artavia, Magistrada de la Sala Segunda y coordinadora tanto de  la Comisión de Género como de la Comisión de seguimiento a la ley contra la violencia doméstica del Poder Judicial indicó que “hemos expuesto todas las acciones que llevamos a cabo el año pasado para combatir la violencia, son acciones puntuales para proteger la vida de las mujeres, hemos revisado todos los protocolos de atención que tienen que ver con los juzgados de violencia doméstica. La violencia es una conducta aprendida, entonces para revertirla se requiere de la participación activa y comprometida de distintas instituciones y órganos del Estado, no es suficiente el trabajo del Poder Judicial, que actúa cuando ya los hechos han sucedido”.

“Queremos dar un mensaje directo a las mujeres… denuncien, busquen la ayuda necesaria, busquen el apoyo psicológico para que puedan salir de este ciclo, porque la violencia va en aumento y hemos visto en los últimos días, la escalada de esa violencia con el asesinato de varias mujeres”, señaló la magistrada Roxana Chacón. 

Xinia Fernández Vargas, jefa a.i. de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia detalló los proyectos, programas y acciones realizados por la Secretaría durante el año pasado entre los que destacan el seguimiento al uso de Cámaras de Gesell, el trabajo del Colectivo de hombres por la igualdad, la capacitación a juezas y jueces en la aplicación de la Guía para la elaboración de sentencias con perspectiva de género en materia penal y violencia doméstica, Además, la  organización y ejecución del Primer Encuentro Nacional de Mujeres de la judicatura y letradas entre otros.

Por su parte, Dixie Mendoza Chaves, Encargada del Observatorio de Violencia de Género contra las mujeres y Acceso a la Justicia destacó los esfuerzos por informar, sensibilizar y comunicar de una forma efectiva e innovadora respecto al femicidio, la violencia doméstica y el impacto de la entrada en vigor del Código Procesal de Familia en materia de género.   Es el Observatorio una ventana donde se reflejan las múltiples acciones que distintas instancias judiciales realizan

De igual forma, Shirley González Quirós, gestora de violencia doméstica informó sobre el trabajo de la Comisión de Seguimiento a la Ley contra la Violencia Doméstica mencionó la metodología empleada, las múltiples capacitaciones y talleres dirigidos a juezas y jueces de violencia doméstica, fiscalía, la policía e integrantes de los CLAIS. Resaltó  el arduo trabajo de divulgación enfocado en la prevención de femicidios dirigida a las personas usuarias incentivando la denuncia de las víctimas de violencia doméstica.

Dichas actividades cumplen con el mandato de los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 5 y 16, que tratan sobre igualdad de género y acceso a la justicia.

En los siguientes enlaces puede observar los videos preparados con información relevante de la rendición de cuentas:

https://secretariagenero.poder-judicial.go.cr/index.php/videos-generales

https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/images/Videos/Video_rendicion_2024_7feb.mp4

• Acciones internas procuran dar resolución a expedientes judiciales de mayor antigüedad y combatir el rezago judicial

 De la mano de la tecnología, los despachos judiciales de todo el país agilizarán la tramitación de los procesos judiciales de mayor antigüedad.  El Poder Judicial estableció una serie de lineamientos internos para su puesta en marcha y combatir el rezago judicial.

 Las buenas prácticas que deben seguirse en todo el país, surge del Proyecto Cuadro de Mando Integral, liderado por la magistrada Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas Vásquez, en coordinación con la Dirección de Planificación y las Comisiones Jurisdiccionales.  El fin de esta herramienta es disminuir el rezago judicial y cumplir con el mandato constitucional de justicia pronta.

 Mediante la circular N° 6-2025, aprobada por el Consejo Superior, se establecieron estas normas internas, para priorizar la atención, tramitación y resolución de los expedientes cuya fecha de ingreso al Poder Judicial sea la más antigua.

 “Desde el Proyecto de Cuadro de Mando Integral (CMI) se diseñaron una serie de indicadores que visibilizan el estado de la labor de los despachos.  Muestra la evolución del balance general de la carga de trabajo, la duración de los procesos y la antigüedad de los asuntos que se mantienen en cada oficina.  El Sistema ordena el circulante de acuerdo al año de ingreso al Poder Judicial.  Esto hace que se convierta en una herramienta útil para identificar los expedientes que presentan diferentes niveles de rezago en los distintos ámbitos judiciales y que requieren una priorización en la tramitación y resolución, de acuerdo con a las directrices institucionales emitidas. La idea es sacar el máximo provecho a la plataforma tecnológica para disminuir las cargas administrativas de los despachos y oficinas del Poder Judicial.”, explicó la Vicepresidenta de la Corte, Damaris Vargas Vásquez.

 El sistema también permite identificar aquellos expedientes en los que figuran como parte, poblaciones en situación de vulnerabilidad, a fin de darles un trámite expedido.

 Algunas de estas buenas prácticas que los despachos y oficinas judiciales en todo el país deben poner en práctica, especialmente en los casos de expedientes con mayor antigüedad en su circulante son las siguientes:

 ·       Dar seguimiento periódico a los expedientes de mayor antigüedad con base en la fecha de ingreso a la corriente judicial y analizar opciones para darles un impulso procesal oficioso cuando sea viable, para procurar que llegue a la fase de sentencia en el menor tiempo.

·       La identificación de los asuntos que ingresen provenientes de otro despacho u oficina judicial y que registren fechas antiguas de ingreso.  Analizar las causas de su rezago en cada caso particular y priorizar su tramitación para resolver en el menor tiempo.

·       Cumplir con las circulares judiciales internas de actualizar la fase y estado de los expedientes en los sistemas de información.

·       Depurar y verificar que la tarea de fallo de expedientes se encuentre de acuerdo con el orden de antigüedad, señalado en circulares anteriores.

·       Continuar con los esfuerzos por parte de los actores del Modelo de Mejora Continua y considerar en la resolución de las causas, mediante planes remediales o planes de trabajo, las circulares actuales sobre el respetar el orden cronológico, con base en la fecha de ingreso a la corriente judicial, en que se deben atender los expedientes judiciales de forma que se resuelva los de mayor antigüedad.

 También se propone el uso de otros sistemas disponibles en la página de la Dirección de Planificación relacionados con el abordaje del rezago, tomando como base las estadísticas judiciales. Esto con el  fin de acompañar y apoyar a los juzgados, tribunales y oficinas de órganos auxiliares de justicia, en su gestión.

 “La atención al rezago judicial se ha establecido como la prioridad principal en el Plan Estratégico Institucional 2025-2030. Hemos identificado que este desafío es multifactorial, destacando entre sus causas:

 1. El aumento en los niveles de litigiosidad, que refleja una creciente conflictividad social.

2. El elevado endeudamiento de la ciudadanía.

3.El incremento de la criminalidad, entre otras causas.

A pesar de las limitaciones presupuestarias, el Poder Judicial ha mostrado un notable compromiso con la optimización de los recursos disponibles y la mejora de sus procesos para responder a estas demandas”, detalló Allan Pow Hing Cordero, Director de Planificación del Poder Judicial.

 De acuerdo con Pow Hing Cordero, los datos estadísticos del Poder Judicial revelan que en el 2024 se resolvieron 579.894 expedientes, lo que representa un aumento del 2.49% respecto al año anterior. Además, se logró reducir en un 1.05% el número de expedientes pendientes, a pesar de la incorporación de más de 4.741 nuevos casos en el mismo periodo.

 Así, desde la Herramienta Estadística Judicial cada juzgado, tribunal u oficina de órganos auxiliares de justicia pueden consultar el último corte del circulante activo, por antigüedad y sus características.    

También desde la plataforma SIGMA, está disponible para cada oficina judicial los reportes llamados “Informe Mensual “ y el “Informe Mensual de inconsistencias”, que orientan con elementos estadísticos sobre balance general, listados de entrados, terminados, circulantes, duraciones, resoluciones, apuntes en agenda, entre otros.

 Además, desde el proyecto de “Indicadores de Gestión de los Despachos” se construyeron indicadores que permiten monitorear los resultados mensuales y se evalúan dentro del modelo de Mejora Continua para la creación de planes de trabajo y mejora del servicio público. El enlace de acceso es: https://planificacion.poder-judicial.go.cr/index.php/indicadores-de-gestion-por-oficina

 La Dirección de Planificación emprende procesos de capacitación al personal judicial sobre el manejo de estos sistemas.