Con el objetivo de colaborar con los parámetros de cumplimiento de la Bandera Azul Ecológica, así como educar a la población judicial en el manejo de residuos valorizables como no valorizables, se realizó el pasado 3 de julio, en los Tribunales de Grecia, la charla denominada “Reciclaje: Manejo de residuos”.

Dicha actividad, fue organizada por la Subcomisión de Bandera Azul en conjunto con la Subcomisión de Valores de los Tribunales de Grecia y con la colaboración de la Municipalidad de la zona y estuvo destinada a todo el personal judicial y personas destacadas en limpieza de esta sede judicial.

En esta charla, se enfatizó en la importancia de la diferencia entre los conceptos de basura y residuo, uno de los objetivos de la Subcomisión de Bandera Azul, que mediante sus integrantes agradecieron la participación del personal judicial en una actividad no solo relevante para el Poder Judicial, sino para el cantón en general.

Durante la actividad, se recalcó la importancia del tema para la mejora en el manejo de residuos a nivel cantonal, como la contribución a la salud del planeta.

Lunes 14 de julio de 2025

Sesión N°34-2025

PRIMERA PARTE: 8:00 a. m. a 12:00 md.

SEGUNDA PARTE: 2:15 p. m.  a 7:00 p. m.

*La agenda de este día contempla más artículos, de ser necesario, oportunamente se remitirá el detalle del resto de numerales, en la misma forma y por la misma vía en que se facilitó este documento.

* Por la dinámica de la sesión, es posible que se incluyan artículos que no aparecen en esta agenda, de ser así, oportunamente se comunicará.

• ·         24 personas funcionarias del Ministerio de Justicia y Paz suman esfuerzos con Oficina Rectora de Justicia Restaurativa, para propiciar espacios de diálogo y promoción de la paz social.

 La resolución de conflictos y la construcción de paz social desde el diálogo en los centros penitenciarios del país cuentan hoy con nuevos aliados. Un total de 24 personas funcionarias, integrantes de los equipos interdisciplinarios de la Dirección de Adaptación Social, recibieron su certificación en la metodología de Círculos Restaurativos.

 Este proceso formativo fue impulsado por la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa del Poder Judicial, en coordinación interinstitucional con la Escuela Penitenciaria y la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz.

 “Debemos enforcarnos en lo realmente importante, en cómo vivimos y nos relacionados y en cómo podemos cambiar nuestros entornos.   Ustedes ahora adquieren un compromiso. A través de ustedes se puedan identificar líderes y lideresas dentro de los centros penitenciarios para certificarles y hacer esa vida en los centros más llevara y puedan generar diálogos desde una nueva forma de resolver los conflictos de convivencia en paz”, destacó el magistrado de la Sala de Casación Penal, Rector de Justicia Restaurativa del Poder Judicial, Gerardo Rubén Alfaro Vargas durante la apertura del evento.

 La metodología de Círculos Restaurativos, basada en la filosofía y los principios de la Justicia Restaurativa, promueve la reconstrucción de lazos, la sanación de heridas y la toma decisiones colectivas. Todo esto se logra a través del diálogo empático y respetuoso, con el fin de fortalecer la convivencia pacífica en contextos marcados por la conflictividad.

 Por su parte, el director de Adaptación Social, Alexander Bolaños Córdoba, destacó “Nos complace que hoy funcionarios del Ministerio, respalden un modelo que ha demostrado grandes resultados y que contribuye en los esfuerzos que se viene haciendo para mejorar el sistema penitenciario y la resolución de los conflictos.” 

 Con esta certificación, se da un paso más hacia la consolidación de un enfoque restaurativo en el sistema penitenciario costarricense, promoviendo una cultura de  paz.

·       Corte Plena aprueba cambio de competencias.

·       Materias jurisdiccionales específicas mantienen su competencia nacional.

 Por un tema de cercanía y mejores vías de acceso, la Corte Plena acordó que 29 comunidades indígenas, localizadas en la provincia de Limón, accederán a los servicios judiciales en la mayoría de los despachos ubicados en el Circuito Judicial de Turrialba y Cartago.

 Se trata de poblaciones ubicadas al Este del Río Chirripó y que tienen mejores facilidades de acceso a Turrialba por dos puntos clave.  Por Roca Quemada de Turrialba: los poblados de Bayei, Alto Almirante, Bayeiñak, Shinabla, Shordi, Dusiriñak ,Duchari, Tamiju,  Shikiari,  Koiyawari,  Alto Shikiari, Kjakobata, Kabebata. Por Quetzal de Turrialba: Sinoli, Ñariñak, La Colonia, Uka Tipei, Tkak-Ri, Suebata, Jamari Tawa, Ulujeriñak, Manzanillo, Tolok Kicha Chirripo, Alto Koen, Sitio Hilda, Sitio Bache, San Pedro de Tolokisha, Pedragal de Jarey y Kuen.

 La Magistrada Damaris Vargas Vásquez, Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas, destacó que esta decisión representa un cambio significativo para las comunidades indígenas.

 “Para las personas indígenas, los traslados hacia los tribunales pueden ser extremadamente largos, costosos y difíciles, muchas veces a pie y durante horas o incluso días. Por eso, este cambio en la distribución territorial de los circuitos judiciales representa un alivio real y tangible en su acceso a la justicia”, señaló la Magistrada Vargas Vásquez. La modificación aprobada se basa en un estudio técnico realizado por la Dirección de Planificación del Poder Judicial, el cual analizó la competencia territorial del Primer Circuito Judicial de Limón. Aunque esta jurisdicción incluye el distrito de Valle de la Estrella, donde se encuentran comunidades indígenas como Alto Almirante, la única vía de acceso a estas poblaciones es por el cantón de Turrialba”, explicó la magistrada Vargas Vásquez.

 En el caso de la materia penal, el juzgado penal y el Tribunal Penal de Turrialba; así como el Juzgado de Ejecución de la Penal, el Tribunal de Flagrancia y el Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal de Cartago asumirán los procesos procedentes de estas comunidades indígenas. 

 Otros despachos judiciales que asumen la atención de las personas usuarias indígenas de estas comunidades son el Juzgado de Familia, Penal Juvenil, Contra Violencia Doméstica y Protección Cautelar y el Juzgado Contravencional (que atiende la materia de Tránsito), el Juzgado Civil, Trabajo y Agrario, todos de Turrialba y el Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil y el Tribunal de Apelación Civil y Trabajo, ambos de Cartago.

 En el caso de las materias de ejecución y apelación de las sanciones penales juveniles, contencioso administrativo, el Tribunal de Familia y el Tribunal Agrario mantiene su competencia nacional.

 “Debido a esta realidad geográfica, muchas personas indígenas ya recurren a los servicios públicos y judiciales en Turrialba, pese a que actualmente no es el circuito judicial que les corresponde formalmente. Sin embargo, llegar hasta Limón implica un recorrido aún más largo y costoso, lo cual genera barreras económicas y logísticas para ejercer sus derechos.  Con el cambio de competencia, estas comunidades podrán ser atendidas por los tribunales de Turrialba, más cercanos y accesibles para ellas. Esta medida reafirma el compromiso del Poder Judicial con una justicia más equitativa, efectiva y respetuosa de la realidad de los pueblos indígenas, facilitando el cumplimiento del principio de justicia pronta y cumplida”, puntualizó la magistrada Damaris Vargas.

 El estudio elaborado por la Dirección de Planificación ante la solicitud de la Comisión de Acceso a la Justicia, tuvo como objetivo dar mejores condiciones de atención a estas poblaciones indígenas, al considerar sus características socioeconómicas, culturales y geográficas. 

 Además, se realizó en atención a las reglas de Brasilia, al Convenio N° 169 de la OIT, la ley número 9593 del acceso a la justicia de los pueblos indígenas, de las reglas prácticas para facilitar el acceso a la justicia de las poblaciones, de la circular 123- 2019 del Poder Judicial con relación a las medidas cautelares establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Costa Rica, y también el plan estratégico institucional 2019, 2024, y ahora 2025, 2030, y el artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.