• La sentencia es emblemática al estar alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y a los altos estándares internacionales ambientales

 En aplicación de la Opinión Consultiva OC-23 y la reciente sentencia Lhaka Honhat contra Argentina, ambas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la normativa nacional e internacional de derechos humanos ambientales -de carácter supraconstitucional según lo ha establecido la jurisprudencia constitucional- la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en el voto 1754-2021, destacó la legitimación de los animales para ser sujetos de protección.

 En la sentencia se destaca el estatus de “ser sintiente” que ostentan los animales, en ese caso, el león Kibú, a quien se le debieron garantizar condiciones dignas que propiciaran su salud y que buscaran alivianar su estatus en cautiverio que se constituyó en una negación del respeto y protección a los que tenía derecho.

 En criterio de esa Cámara, el alegato del casacionista referido a que la jaula tenía más de 80 años de construida y que contaba con una llanta, tarimas, matones de zacate y algunos otros elementos, resulta inaceptable, en primer lugar porque constituye una negación del respeto y protección a los que tenía derecho el león Kivú, los cuales estaban en obligación de brindar las personas cuidadoras; y en segundo lugar y especialmente, porque degrada a Kivú como ser sintiente, al no reconocer que era necesario que el lugar donde pasaba su vida, tuviera condiciones dignas, que propiciaran su salud en todas las aristas que esta conlleva y que buscara de alguna forma alivianar el hecho de que estaba en cautiverio”, puntualizó la sentencia de la Sala Primera.

 Para la Sala Primera: “… el proceso de educación, concientización, información, y reinvención por el que ha atravesado la humanidad respecto a la debida protección y resguardo de la naturaleza y en particular, de los animales, hace deducir como consecuencia lógica que las personas dejarán de asistir a lugares que tengan animales en cautiverio, con condiciones como las que presentaba la jaula de Kibú, ya que si bien ese tipo de encierros hace unas décadas atrás apenas se empezaban a cuestionar, hoy resultan absolutamente inaceptables.”

 En la sentencia integral, la Sala Primera destacó que a nivel mundial el sistema jurídico ha venido evolucionando en lo que respecta a la naturaleza y el bienestar de los animales para establecer, de diversas formas, la responsabilidad de los seres humanos de promover, procurar y ejecutar la protección del ambiente, y dentro de ella a los animales. Así, se evidencia, según se indica en la resolución, en diversos instrumentos internacionales tales como, los Convenios Europeos para la Protección de los Animales, la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano. En igual sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante la Opinión Consultiva OC-23-17 de 15 de noviembre 2017, refiriéndose a las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.

 La sentencia se puede consultar desde el buscador judicial Nexus.PJ, desde el siguiente enlace:

 https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fnexuspj.poder-judicial.go.cr%2fdocument%2fsen-1-0004-1064894%3ffbclid%3dIwAR0Nw3bXfP3hOhOld0d3OSLYDhROtSeU7G-Xg0eS2JWthsVQc9tRz8z6aYI&c=E,1,hU1p7OawlXA7XBxEbIBJwKFErdisCye5OpmAV_Fmmpj-QQxngGifFipkic8I4GlrFWlBbHcIH6TUbuMhtwEj8WONMktzMschc9xp2DOR-A,,&typo=1

• Encuentro sirvió como espacio para escuchar las inquietudes y necesidades en materia de justicia de este sector de la población.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, se reunió este miércoles 26 de enero con líderes indígenas de la Asociación de Desarrollo de Bajo Chirripó, la Organización Ambientalista Bloque Verde y organizaciones feministas y otras representaciones.

El encuentro sirvió como espacio para que el alto jerarca del Poder Judicial escuchara las inquietudes de los representantes en materia de necesidades e inconformidades en temas de seguridad, disputa de terrenos y propiamente en el servicio de administración de justicia.

Para el magistrado Cruz Castro, es importante reconocer la independencia de los jueces y juezas, pero esto no quiere decir, que el presidente de la Corte no pueda hacer instancias para que se aceleren los procesos, exista mejor comunicación y que los casos no tarden tanto en resolverse.

El máximo jerarca de la Corte destacó que adicionalmente del abordaje judicial, este tema debe tener un abordaje político, ya que debe reconocerse una acción política de expropiación para reconocer las tierras que les pertenecen a las personas indígenas. Cruz Castro señala que esto debe ser un complemento para atender las graves agresiones que sufren las personas de estas poblaciones.

“No puedo desconocer que este es un tema muy serio y muy grave, ya que está de por medio, la libertad, la dignidad y la vida de muchas personas y esto no me excluye para hacer el máximo esfuerzo para dar un trato digno que ustedes merecen al igual que cualquier otro ciudadano y ciudadana”, manifestó Cruz Castro.

Don Fernando señaló adicionalmente que hará el máximo esfuerzo para mediante la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, recoger todas las inquietudes que se vienen a plantear y así mediante dicho esfuerzo, el cual debe salir de los tres Poderes de la República, poder brindar una atención especial para atender la situación y el drama que viven actualmente estas poblaciones.

El encuentro se dio como parte de un manifiesto que hacen estas organizaciones indígenas al Gobierno, en donde muestran su preocupación por los hechos de violencia que se dan en sus territorios, preocupación que el Poder Judicial comparte y que es parte de sus esfuerzos institucionales en la búsqueda de una justicia de calidad para todos por igual.

Las autoridades del Poder Judicial recibieron formalmente el Edificio Torre Judicial, durante el acto de firma de entrega.

 En la actividad participaron el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, autoridades administrativas del Poder Judicial y representantes del Banco de Costa Rica, como Fiduciario del Fideicomiso Inmobiliario, así como la Unidad Administradora de Proyectos (ICC Proyectos) y del Consorcio Constructivo.

 “Es un acto muy importante de recepción del edificio para iniciar ya efectivamente la ocupación y la prestación de servicio para la población, que va a ser muy positivo, porque las condiciones planificadas son adecuadas y con ello mantener siempre el mismo nivel y calidad del servicio público”, afirmó el Presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro.

 Con la recepción del edificio, se iniciará con la implementación del traslado del personal de los 18 despachos que brindarán sus servicios en el nuevo edificio, proceso que ha planificado con la debida antelación.

 En materia civil funcionarán los Juzgados Primero, Segundo y Tercero Civil, los Tribunales Primero y Segundo Colegiados de Primera Instancia Civil y los Tribunales Primero y Segundo de Apelación Civil, así como el Juzgado Concursal, los Juzgados Primero, Segundo y Tercero Especializados de Cobro Judicial.

 En el caso de la materia laboral, se concentrarán los cuatro despachos que integran la Jurisdicción en el I Circuito Judicial de San José, como lo son la Sección Primera y Segunda del Juzgado de Trabajo, el Tribunal de Apelación Laboral y la Sección Especializada de Asistencia Social de la Defensa Pública, así como el Juzgado de Seguridad Social y la Unidad Médico Legal de Seguridad Social.

 También se instalará la Oficina de Recepción de Documentos del Primero Circuito Judicial de San José y la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa, al igual que una oficina de la Administración del I Circuito Judicial de San José, que atenderá todas las necesidades que surjan en esta materia en la edificación.

• Para construcción de presupuesto judicial 2022

Las acciones que emprende el Poder Judicial y su población trabajadora de cara al ahorro en recursos como papel, tóner, impresión y servicios de agua, electricidad y telecomunicaciones, se reflejan en la etapa de elaboración del anteproyecto de presupuesto del 2023.

El Consejo Superior en la sesión N°103-2021 celebrada el 01 de diciembre del 2021, artículo XXV, aprobó una serie de lineamientos propuestos por la Dirección de Planificación, que deben seguir los Centros de Responsabilidad del Poder Judicial, en la formulación de sus anteproyectos de presupuesto de cara al próximo año.

Las Directrices Técnicas para la Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2023,  se elaboran en el Subproceso de Formulación de Presupuesto y Portafolio de Proyectos Institucional, de la Dirección de Planificación, quienes durante el proceso las remiten a conocimiento y aprobación de las diferentes Direcciones, Departamentos y Programas Presupuestarios.

“La Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas implicó limitaciones de crecimiento presupuestario desde el 2020, y bajo el supuesto de que se mantendrán las mismas medidas de contención del gasto y que nuevamente no habrá posibilidad de un incremento en el presupuesto solicitado por el Poder Judicial, los Centros de Responsabilidad deben ajustar el límite de sus solicitudes de gasto.”, se puntualiza en el documento.

Con las medidas de contención del gasto establecidas, las acciones que emprende la población judicial en el uso racional de los recursos, aunadas a las gestiones administrativas, se generará un impacto positivo.

El acuerdo del órgano judicial administrativo avaló las acciones que amplíen los esfuerzos institucionales de “…reducir el uso de papel y tóner, promover el uso de medios tecnológicos, sensibilizar a las servidoras y los servidores judiciales sobre el consumo del papel y la necesidad de disminuir el tiempo de respuesta sin deterioro de los derechos fundamentales de las personas usuarias.”.  

Se dispuso la aplicación de medidas de control de crecimiento por parte de los Centros de Responsabilidad, en los servicios de fotocopiado.

También se estableció la revisión del Banco de Buenas Prácticas para valorar la aplicación de experiencias exitosas de otras oficinas en materia de uso de papel y el compromiso del establecimiento de planes para disminuir su consumo, sin que se genere un faltante de suministros en las oficinas y despachos.

En cuanto a las Comisiones que a la fecha producen agendas o calendarios para distribuir, se indica que se debe acordar la forma en que se reduzca el número de ediciones, tratando de que las publicaciones satisfagan las necesidades de todos.

Se destacan los sistemas de agenda administrativa y agenda judicial que permiten realizar la programación de las gestiones judiciales de forma electrónica, tanto de oficinas como despachos.

El Consejo Superior reiteró la directriz relacionada con la solicitud “…a las Administraciones Regionales y demás centros de responsabilidad, que para la adquisición de equipos con especificaciones técnicas que permitan el ahorro de agua y electricidad, consideren el “Catálogo de Especificaciones Técnicas Básicas, para la Estandarización del Suministro de Equipos de Ahorro del Consumo de Agua y Energía Eléctrica, en las Edificaciones Sostenibles del Poder Judicial”, de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional”., detalló el acuerdo.

A esto se suma la directriz establecida desde el 2018, para que las oficinas y Centros de Responsabilidad del Poder Judicial, implementen medidas para disminuir de forma paulatina el consumo de plásticos de un solo uso, mediante alternativas renovables o biodegradables, amigables con el ambiente.

Las Directrices Técnicas para la Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2023, también contemplan aspectos puntuales sobre el cumplimiento de las normas de la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en temas como el límite de crecimiento presupuestario, pago del Impuesto al Valor Agregado en las compras judiciales de bienes y servicios.

Además, en cuanto a los recursos que sean formulados para la atención y ejecución de proyectos se deberán aplicar los lineamientos de la Metodología de Administración de Proyectos aprobados por la Corte Plena en la Sesión N°02-2020 del 13 de enero del 2020, artículo XXXIII, entre otros aspectos técnicos.