• Afirmó padre de menor de edad que se graduó del programa de Procedimiento de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial de Justicia Juvenil Restaurativa.

Con palabras de apoyo, compromiso, ánimo y agradecimiento se realizó el primer acto de graduación de una persona menor de edad del Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial Restaurativa de Justicia Juvenil Restaurativa (PTDJ).

La graduación se realizó mediante un círculo restaurativo, el cual fue dirigido por la jueza y facilitadora del equipo interdisciplinario de Justicia Juvenil Restaurativa de San José, Ana Belén Murillo Saborío y estuvo integrado por la Fiscal Evelyn Carmona Moreira, la Defensora Pública Ariana Vega Monge, y Roxana Segura Rodríguez del Equipo Psicosocial; representantes del equipo técnico del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA); la persona menor de edad y sus familiares.

También estuvieron en el circulo restaurativo el magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa, Gerardo Rubén Alfaro Vargas; Fernando Ramírez Serrano, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el doctor Roberto Madrigal director de Casa Jaguar, en representación de la Dirección del IAFA y personal de la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa.

El magistrado Gerardo Rubén Alfaro aseguró que “acompañamos a una persona menor de edad que entró en conflicto con la ley por el consumo problemático de drogas y que después de haberse sometido durante un año al tratamiento de salud, cumplió más de un año de no consumir drogas, completó el proceso y se dictó un sobreseimiento a su favor y ya no tiene un conflicto con la ley; ha admitido someterse a programas de acompañamiento, entonces esto no puede más que llenarnos de orgullo como Poder Judicial”.

“Se hace pleno nuestro lema de que vale más reparar que castigar, pero al doble, porque no solamente es reparar, porque no es reparar a un persona víctima, sino que es reparar a una persona que tenía un problema de adicción, y en esa reparación de la persona que decidió voluntariamente someterse al componente salud y seguir un tratamiento, no solamente está ayudándose y restaurándose, sino que en ese proceso nos ayuda a todos los que estamos cerca del  Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial Restaurativa, porque en las luchas diarias podemos ver personas que tienen situaciones más difíciles que las ordinarias, que logran salir adelante”, señaló el magistrado Alfaro.

La jueza y facilitadora del equipo interdisciplinario de Justicia Juvenil Restaurativa de San José, Ana Belén Murillo Saborío indicó que “para nosotros como equipo ha sido un gran gusto, una alegría y sobre todo un gran orgullo, ver cuando las personas tienen un alto apoyo, un alto control y pueden salir adelante, desde sus condiciones y con mucho esfuerzo, el orgullo que representa para nosotros como equipo el que se haya culminado exitosamente”.

El padre y la madre de la menor graduada aseguraron estar muy agradecidos con Dios, la virgen y el programa. El padre indicó que “agradece el acompañamiento del equipo de Justicia Restaurativa para salir adelante, la Justicia Restaurativa si funciona, el equipo se involucra y en ningún momento nos dejaron solos”.

Por su parte, la mamá de la menor dijo “agradezco primero a Dios y a la virgen, así como el apoyo que hemos tenido como familia de las instituciones, ha sido muy organizado. Recuerdo el día que le dije a Dios, te la entrego, para una madre es difícil decir esas palabras, pero lo dije porque no quería verla en ese estado, este equipo son unos ángeles en nuestras vidas porque sin ellos mi hija no hubiera salido adelante”.    

• Para analizar el tema sobre las formas contemporáneas de esclavitud

Las acciones emprendidas desde las competencias del Poder Judicial en materia de trata de personas, explotación sexual y laboral, acceso a la justicia personas migrantes y refugiadas, se expusieron durante la reunión que sostuvieron magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, con el Relator Especial sobre formas contemporáneas de esclavitud, Tomoya Obokata.

“El Poder Judicial ha emprendido una serie de acciones tendientes a garantizar el acceso a la justicia de poblaciones en condición de vulnerabilidad, de gran relevancia que se destacan en las políticas institucionales aprobadas para el acceso efectivo de personas migrantes y refugiadas; así como las acciones en materia de persecución de delitos como la trata de personas y la explotación sexual comercial y la defensa técnica gratuita en procesos laborales”, destacó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez.

En la reunión se contó con la participación de las magistradas Sandra Zúñiga Morales y Roxana Chacón Artavia, los magistrados Orlando Aguirre Gómez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, Presidente de la Sala Segunda, Jorge Olaso Alvarez y Gerardo Rubén Alfaro Vargas. 

De parte de los órganos auxiliares de justicia asistieron los Directores de la Defensa Pública y el OIJ a.i, Juan Carlos Pérez Murillo y Randall Zúñiga López, respectivamente, con el acompañamiento técnico de Karen Leiva Chavarría la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI).

El Relator Especial, Tomoya Obokata explicó el trabajo que realiza durante su estancia en el país y que tiene como objetivo rendir un informe con recomendaciones sobre estrategias para la atención de los problemas relacionados a las formas contemporáneas de esclavitud, incluidos los esfuerzos realizados, las buenas prácticas existentes y los desafíos pendientes.

Obokata señaló la necesidad de promover una mayor denuncia de este tipo de casos y la aplicación de mayores herramientas de inteligencia proactiva en la investigación y comunicación.

• Lineamientos internos vinculan el accionar de los tres ámbitos judiciales: administrativo, jurisdiccional y auxiliar de justicia.

 El Poder Judicial innova en su compromiso en la lucha y blindaje contra la corrupción, con la aprobación de la Política Institucional de Integridad y Anticorrupción.

 El acuerdo lo tomó la Corte Plena en su sesión de este lunes 21 de noviembre, luego de la presentación del documento, a cargo de la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y Coordinadora de la Comisión de Transparencia, Patricia Solano Castro y la Oficial de Cumplimiento, Kenia Alvarado Villalobos.

 La Política contempla un total de 11 ejes de trabajo y 71 acciones a emprender y resultados por alcanzar, las cuales contemplan un 91% de alto nivel de prevención y un 9% de reacción.

“La Política de Integridad y Anticorrupción del Poder Judicial de Costa Rica se constituye en una herramienta orientadora, que norma e impulsa las acciones coordinadas de este Poder de la República para la prevención, detección, mitigación y reacción de los actos de corrupción y fraude organizacional en la gestión pública judicial y responde al interés identificado por la Corte Plena de fortalecer la capacidad institucional para enfrentar la corrupción desde una política de cero tolerancia.  Además, permitió la construcción de un sistema capaz de ser medible y ajustable a los cambios que pongan en riesgo la consecución de estos objetivos”, destacó la magistrada Patricia Solano Castro.

 Los 11 ejes de acción, cada uno con sus áreas de acción y resultados esperados corresponde a los temas de:

 Ética y probidad aplicada a la gestión Judicial.

1. Transparencia y rendición de cuentas para la prevención de la corrupción.
2. Gobernanza judicial y liderazgo con integridad.
3. Implementación del modelo de cumplimiento normativo del Poder Judicial.
4. Desarrollo de un sistema de administración de riesgo de corrupción, infracción al deber de probidad y fraude organizacional.
5. Estrategia de comunicación y formación para la cultura de cumplimiento normativo.
6. Prevención de los conflictos de interés en el Poder Judicial.
7. Gestión del recurso humano como componente orgánico para el aseguramiento de la ética pública.
8. Supervisión, evaluación y mejora continua del mecanismo de control interno del Poder Judicial.
9. Gestión de la relación público-privada.
10. Medidas de reacción ante actos de corrupción, infracción al deber de probidad y fraude organizacional.

 Para la Oficial de Cumplimiento, Kenia Alvarado Villalobos, “…esta política es una guía orientadora, que expresa los objetivos, las líneas de acciones y los resultados esperados y obedece a un proceso de transformación e innovación de la institución y refleja el compromiso institucional para abordar el tema de forma autocrítica.   Demuestra la iniciativa de hacer una política transversal que vincule a todos los estamentos de la institución”.

 El trabajo de la construcción de esta política estuvo a cargo de la Comisión de Transparencia del Poder Judicial, con la competencia ejecutora de la Oficina de Cumplimiento y el apoyo técnico de la Dirección de Planificación, la cooperación internacional de la Embajada de los Estados Unidos y la contraparte National Center for State Courts (NCSC) con los aportes de expertos nacionales e internacionales.

 Se siguió el modelo de construcción de políticas institucionales de la Dirección de Planificación y en el proceso de cocreación se contó con la participación de los y las Jerarcas institucionales, las jefaturas de los ámbitos administrativos, jurisdiccionales y auxiliares de justicia, oficinas vinculadas, organizaciones gremiales y la sociedad civil.

• En horario de 08:00 am a 12:00 md y de las 13:00 a las 16:00 horas
• Directriz aplica para el Registro Judicial en San José y las Administraciones Regionales de todo el país.

Los servicios de emisión de certificaciones de antecedentes penales y de pensiones alimentarias, estarán habilitados en cierre colectivo del Poder Judicial del 2 al 6 de enero 2023, dada su importancia y alta demanda.

Dicho servicio estará disponible en el Registro Judicial, ubicado en el Primer Circuito Judicial de San José, edificio Anexo A, y Administraciones Regionales de todo el país; además, a partir de dicha fecha se continuará brindando el servicio a los despachos judiciales e instituciones externas autorizadas.

Lo anterior, se da como consecuencia del acuerdo del Consejo Superior que indica “para el cierre de fin de año 2022-2023, el Registro Judicial abrirá la segunda semana de cierre colectivo establecido y cerrará la primera semana para brindar vacaciones al personal, con el fin de que el servicio que otorga a la ciudadanía no se vea afectado las dos semanas continuas”.

De esta forma, dichos servicios judiciales, estarán habilitados para las personas usuarias internas y externas a partir del lunes 2 de enero del año 2023, en un horario especial de servicio de 08:00 am a 12:00 md y de las 13:00 a las 16:00 horas. El lunes 9 de enero, el horario de servicio volverá a la normalidad.