• Avanza proyecto del Poder Judicial para incorporar tecnología en los despachos de cobro judicial en todo el país.

 La herramienta tecnológica de Tipificación Automática de Escritos en los procesos de cobro judicial del país, está por iniciar su implementación en los tres juzgados especializados del Primer Circuito Judicial de San José.

 El proyecto de expansión del Modelo de Inteligencia Artificial en esta materia, en los 19 despachos judiciales del país avanza y está pronta a ponerse en marcha en los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Cobro Judicial del Primero Circuito Judicial de San José.

 Este miércoles 7 de junio de 2023, personas juzgadoras y técnicas que atienden estos despachos, conocieron sobre el funcionamiento, el objetivo y el proceso de alimentación, efectividad y seguimiento que contempla la puesta en marcha del Modelo de Inteligencia Artificial.

 La Gestoría de la Comisión de la Jurisdicción Civil, el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional y la Unidad de Inteligencia de la Información, de la Dirección de Tecnología de la Información del Poder Judicial, tuvieron a cargo la reunión.

 “Esta mejora tecnológica, que se pone a disposición y que va a ir creciendo, se adapta completamente al trabajo que realizamos, lo que permitirá agilizar la resolución del asunto y brindará mayor calidad.  La materia de cobro judicial es de gran importancia para el país, porque brinda un aporte vital a su economía, pues la recuperación del crédito de las empresas privadas y del Estado, implica que estos recursos retornen a la corriente económica y la dinamice”, puntualizó el magistrado Presidente de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, coordinador de la Comisión Gerencial de Tecnología.

Luis Diego Romero Trejos, gestor de la comisión, destacó que la herramienta permite obtener de una manera más eficiente, una clasificación de los escritos que se presenten y que permite organizar mejor los escritos de los despachos.

 La herramienta una vez instalada trabajará con los asuntos nuevos que ingresen y mantendrá un monitoreo bimensual sobre el funcionamiento y efectividad. “Esta tecnología pone a la vanguardia a la jurisdicción de Cobro Judicial, en desarrollo tecnológico entre otras dependencias del Estado y en el mundo” indicó el gestor, Minor Delgado Sánchez.

 De acuerdo con Carlos Morales Castro, la Unidad de Inteligencia de la Información, de la Dirección de Tecnología, en conjunto con la Comision de la Jurisdicción Civil se trabajó en la creación del Tipificador de Documentos,  que corresponde a un pequeño modelo predictivo capaz de extraer el texto de los escritos e interpretar qué tipo de documento es, a los cuales se les estable de un código para que la herramienta de inteligencia artificial pueda identificarlos.

 Actualmente el Modelo de Tipificación Automática de Escritos ya funciona en los juzgados especializados de cobro judicial de Pérez Zeledón, Grecia, San Ramón, Limón, Pococí y Golfito por impulso de la Comisión Civil coordinada por la Magistrada Damaris Vargas Vásquez.

• Conmemoran 25 años de creación de la Ley RAC

El Poder Judicial conmemoró los 25 años de la “Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social”, iniciativa surgida desde este Poder de la República y que hoy es una realidad en el país.

La actividad se desarrolló el pasado 2 de junio, en el auditorio del Organismo de Investigación Judicial y contó con la participación del Presidente de la Corte, Orlando Aguirre Gómez; el magistrado de la Sala de Casación Penal y coordinador de la Comisión RAC, Gerardo Rubén Alfaro Vargas; las magistradas integrantes de dicha Comisión, Iris Rocío Rojas Morales y Anamari Garro Vargas y el Coordinador General del Centro de Conciliación, Jairo Duarte Acuña.

Para el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, la sociedad democrática costarricense ha actuado en el sentido de robustecer el valor fundamental de la libertad y dar mayor protección de los derechos humanos, abriendo más caminos para decidir las diferencias que puedan existir entre sus habitantes.

“Al promulgarse esta ley se potencia el concepto de la paz social, por lo que, de esta forma, cuando tenemos mecanismos eficientes de resolución, los conflictos no dejan huellas y todo eso contribuye a esa verdadera paz”, destacó Aguirre Gómez.

Por su parte, el magistrado coordinador de la Comisión RAC del Poder Judicial, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, señaló que el resultado de la solución del conflicto por medio de estos mecanismos se convierte en mucho más satisfactoria para las personas usuarias, porque está impregnado de voluntariedad, participación activa, escucha, diálogo y responsabilidad, para finalmente consensuar la solución.

“Si bien nuestra función principal desde el Poder Judicial es la administración de justicia, también es nuestro deber procurar la armonía social, porque el conflicto debe transformarse para generar acciones en positivo, que permitan una sociedad mucho más justa, equitativa y consecuentemente más pacífica”, indicó Alfaro Vargas.

La magistrada Iris Rocío Rojas Morales subrayó que “estamos en una era que impone a que los actores del conflicto se involucren en la solución del mismo, y a partir de la potenciación de mecanismos y técnicas adecuadas, de una manera pronta y cumplida encuentren una resolución satisfactoria, lo que sin duda alguna potencia una cultura de paz, que además tendrá efectos en la construcción de una sociedad más sana, inclusiva, tolerante, negociadora y respetuosa de su entorno”.

En su mensaje, la magistrada Anamari Garro Vargas resaltó que la Resolución Alterna de Conflictos, además de ser un medio para disminuir la mora judicial, fortalece el tejido social, porque potencia a la ciudadanía a ser protagonista en la solución de sus problemas, con mecanismos que tienen una proyección transversal, no sólo porque se utilizan en muchas materias, sino porque están al alcance de muchas personas de distinta procedencia económica, cultural y territorial.

En ese mismo sentido, el coordinador General del Centro de Conciliación, Jairo Duarte Acuña, se refirió a la importancia de la conciliación como un método para escuchar y ser escuchado, destacando el trabajo de los jueces y juezas conciliadoras en la convicción de cumplir con esta ley y promover la paz social.

Durante la actividad se mostró un video con los principales logros de esta ley en su recorrido durante este cuarto de siglo y además, se desarrolló el panel denominado “Impacto de la resolución alternativa de conflictos en Costa Rica: retos y desafíos”, el cual contó con la participación del magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas; del Viceministerio de Justicia y Paz, Sergio Sevilla Pérez; el rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez Espeleta y el Presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, Alvaro Sánchez González; espacio moderado por la jueza conciliadora, Carmen Cerdas Cisneros.

Al acto asistieron Magistrados y Magistradas de las diferentes Salas, los jerarcas del Ministerio Público y del OIJ, integrantes del Consejo Superior, jueces y juezas conciliadoras, personal del Centro de Conciliación y personas funcionarias y exfuncionarias judiciales.

El Juzgado Penal Juvenil de Limón en coordinación la Contraloría de Servicios, la Fiscalía Penal Juvenil y la Defensa Pública realizaron talleres con varios centros educativos del cantón central de Limón y del cantón de Talamanca.

En dichos talleres se abordó las generalidades del Poder Judicial y se habló sobre la Contraloría de Servicios, la Ley de Acceso a la Justicia de los pueblos indígenas de Costa Rica (Ley 9593) y la Ley de Justicia Penal Juvenil.

La actividad contó con más de 150 estudiantes de diversos centros educativos como el Colegio Indígena de Shiroles, en donde las personas participantes lograron disipar sus dudas, así como disfrutar de los materiales recibidos.

Asimismo, fueron brindados estos talleres en el Colegio Diurno de Limón y el Colegio Capitán Román Rivas, de Bananito Sur, donde también se contó con una alta participación del personal docente, administrativo y estudiantado.

• Magistrado de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, se juramentó en la Asamblea Legislativa.

Trabajar para lograr una administración de justicia ágil, desde la mejora de los despachos judiciales, la organización eficiente de la gestión y la producción en plazos menores y con calidad, es el enfoque de la labor que asume el magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga,  frente a un  nuevo período en el cargo.

Este lunes 5 de junio se juramentó ante la Asamblea Legislativa, luego de ser reelecto por el órgano parlamentario, para un período de ocho años como magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

“Debemos concentrarnos en atender la mejora directa de la oficina judicial.  La oficina jurisdiccional es donde se toma la decisión y se dicta la sentencia, que es el producto que se le exige al Poder Judicial para darle solución al conflicto, pero también las oficinas administrativas y de los órganos auxiliares de justicia, tienen que ser mejoradas, con el objeto de hacer más eficiente el uso de los recursos, frente a la restricción presupuestaria, que nos demanda hacer lo mismo o más.  Esto se logra con eficiencia, desde la oficina que gestione las diferentes fases del proceso de manera organizada y con las mejores condiciones del personal judicial”, puntualizó Rivas Loáiciga.

Afirma que continuará su trabajo cercano en las comisiones judiciales que atienden los temas de la mejora en la organización de la oficina, la atención del personal judicial, el dictado de sentencias concisas y directas; así como la promoción de buenas prácticas y el desarrollo tecnológico.

“Estamos a las puertas de que las tecnologías impacten de forma positiva el quehacer judicial y considero que debemos incorporarlas con todas las garantías que blindan a un proceso, donde los intereses de las partes estén satisfechos. Nos va a permitir darle celeridad a los trámites y que la investigación jurídica sea más eficiente”, destacó el magistrado Luis Guillermo Rivas.

Se potenciará las mejoras de organización interna de la Sala Primera, que en los últimos tres años permitió reducir el circulante pendiente y resolver más asuntos de los que ingresan en casación, con el compromiso de las magistradas, magistrados, personal letrado y técnico.

“La importancia de la Sala es la de revisión de lo resuelto en etapas anteriores del proceso, donde se va construyendo la solución justa del conflicto. Estamos llamados a brindar seguridad jurídica, a partir de la uniformidad de la jurisprudencia y la correcta interpretación de la norma, con pleno respeto de la independencia de los jueces y juezas; cuyo fin es llegar a una interpretación común de las normas legales aplicadas, desde las materias Civil y Contencioso Administrativo”, puntualizó el magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga.

Para conocer sobre la trayectoria del Magistrado Rivas Loáiciga puede ver el siguiente link:

https://salaprimera.poder-judicial.go.cr/phocadownload/Integracion/Luis_Guillermo_Rivas_Loaiciga.pdf