El Poder Judicial como institución pilar de la democracia costarricense respalda la aprobación en segundo debate del proyecto de ley 23 313 “Reforma a los artículos 13, 15 y el inciso 6) del artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N° 8 del 29 de noviembre de 1937 y sus reformas. Ley para garantizar transparencia en las votaciones del Poder Judicial”.

Para la institución es fundamental cumplir con el principio de transparencia y rendición de cuentas, por lo que este cambio normativo, viene a fortalecer los esfuerzos que el Poder Judicial realiza en esa línea, con el objetivo de mostrar a la ciudadanía el detalle del quehacer de este Poder de la República.

El Poder Judicial celebra este gran paso que robustece aún más el Estado Constitucional de Derecho, que busca generar mayor credibilidad en las personas usuarias, por la confianza de que las decisiones que se toman en la institución se hacen y se harán de forma transparente.

Esta decisión legislativa, respalda la petición realizada por Corte Plena el pasado mes de setiembre durante el proceso de elección de la Presidencia del Poder Judicial, en donde con el voto de 18 magistrados y magistradas, se acordó solicitar a la Asamblea Legislativa esta reforma legal con el fin de convertir estas votaciones en públicas.

• Presupuesto Poder Judicial para el año  2023

El accionar operativo del Poder Judicial se verá seriamente afectado por el recorte presupuestario que aplicó el Ministerio de Hacienda, a la propuesta de plan de gasto para el año 2023 que presentó el Poder Judicial. La rebaja es por ¢7.838 millones.

Existe una preocupación en el Poder Judicial, tras la comunicación remitida por las autoridades hacendarias de la reducción presupuestaria, sin la debida coordinación y consulta, pese a que las propuestas judiciales de presupuesto para el 2023 se apegaron a las normas de contención de gasto establecidas por el Ministerio de Hacienda y cumple con el  límite fiscal establecido. Con lo cual se ponen en riesgo varias partidas.

Durante la sesión de Corte Plena del 5 de setiembre 2022, se analizaron las partidas afectadas para el año 2023, cuya exposición estuvo a cargo de la Dirección de Planificación del Poder Judicial.  El impacto negativo se evidenció en estas áreas: programa de víctimas y testigos, alimentación de personas privadas de libertad, pago de pólizas, sustitución de chalecos antibalas por vencimientos, horas extras para continuación de juicios y servicios en horas no hábiles, servicios, materiales y suministros, transferencias corrientes, transferencias de capital y cuentas especiales.

La reducción aplicada por las autoridades hacendarias representa para la institución un impacto negativo en aspectos puntuales como la compra de chalecos para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), debido a su vencimiento y pago de horas extras como se indicó, ya que la labor policial de investigación y las diligencias judiciales,  en muchas ocasiones, no es posible detenerlas. 

A esto se suma una disminución en la partida de gastos confidenciales y de viáticos al interior para diligencias propias del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)  y la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos; al respecto se detalla que estos últimos recursos se destinan a la atención de personas víctimas, lo que permitió, en los dos últimos años, atender más de 50 mil personas.

También se  afecta el pago de pólizas de riesgos del trabajo de todo el personal judicial, recursos formulados para el resguardo de la vida de personas servidoras que exponen su vida en ejercicio del cargo dadas las funciones que realizan especialmente en el ámbito policial.

El próximo año con esta reducción, se verá afectado lo correspondiente a la alimentación de personas privadas de libertad, que se encuentran en celdas judiciales. Esta es una obligación que la institución no puede obviar pues se trata de tutela de derechos humanos.

En el ámbito jurisdiccional, se limita el pago de peritajes para los procesos en materias sensibles como familia y laboral, traducción a lenguas indígenas, LESCO y otros idiomas necesarios para la continuidad de los procesos.

A nivel de servicios, el alquiler, mantenimiento, reparación y desarrollo tecnológico, los servicios de transportes y eléctricos, percibirán también una importante afectación.

El plan de gastos del próximo año el Poder Judicial incluyó recursos para implementar la Jurisdicción Especializada de Crimen Organizado, esta jurisdicción es considerada de gran relevancia para el país desde la aprobación de la Ley 9481 el 13 de setiembre del 2017,  sin embargo por la falta de recursos no ha sido posible su plena implementación. En el presupuesto 2022 se incorporaron recursos para la remodelación del espacio físico en el edificio de Tribunales del Primer Circuito Judicial de San José, la cual es necesaria por razones de seguridad tanto de personal judicial como de personas usuarias.

Una obligación que debe cumplir el Poder Judicial es el pago del fideicomiso para la construcción de edificio de Tribunales de Justicia de Puntarenas, un proyecto en marcha que no es posible paralizar ya tiene más de un 50% de avance en obra constructiva, además de que existe un criterio de la Comisión Nacional de Emergencias que indica que la ubicación del actual edificio no cumple con los estándares de seguridad requeridos ya que  riesgo es latente por la zona donde se emplaza.

En el link que se adjunta podrán acceder a la sesión de Corte Plena de hoy lunes 10 de octubre 2022 en el que los jerarcas institucionales se refirieron al tema: https://livestream.com/poderjudicial-costarica/events/10644108/videos/233266945

• Se expuso sobre la plataforma “Observatorio Judicial”.

Una actividad que permitió al Poder Judicial de Costa Rica dar a conocer la herramienta tecnológica “Observatorio Judicial” y aprender del trabajo de otros países, se llevó a cabo el pasado 20 de setiembre con el “Intercambio de experiencias de observatorios de la actividad del poder público en Latinoamérica”.

Dicho intercambio, tuvo como objetivo conocer los diferentes observatorios judiciales de esta zona geográfica y mostrar en el caso del Poder Judicial de Costa Rica, la información que se tiene sistematizada en la plataforma digital, que hace posible la consulta de información de estadísticas de casos que ingresan, en proceso y resueltos por despacho, duración de los procesos, presupuestos formulados y ejecutados, datos poblacionales, mapas de oficinas y otros datos de interés del aparato jurisdiccional, así como de órganos auxiliares y oficinas administrativas de la institución.

Por parte de este Poder de la República, se contó con la participación de Laura Soley Gutiérrez, Asesora del Despacho de la Presidencia y Coordinadora del Proyecto Observatorio Judicial, quien expuso las funciones que se pueden realizar en esta plataforma y como la misma se ha convertido en un medio para hacer más efectivos los procesos de toma de decisiones a lo interno del Poder Judicial, así como para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, pilares en una democracia.

Soley Gutiérrez resaltó que, dentro de la descripción de la plataforma digital, se hizo hincapié en la importancia de indicar que la información que se encuentra disponible en el Observatorio Judicial  se extrae principalmente de los sistemas informáticos que son alimentados directamente desde las distintas oficinas y despachos judiciales, lo cual es muy importante porque visualiza el esfuerzo de las personas funcionarias judiciales para mantener actualizados los sistemas y presentar información veraz y vigente del quehacer judicial de cada despacho.

Además, se subrayó el hecho de que el Observatorio Judicial parte como una de las iniciativas en el marco de impulsar un Estado Abierto entre los diferentes poderes de la República, promoviendo los valores de transparencia, rendición de cuentas, derecho a la información pública, lucha contra la corrupción y la garantía de participación ciudadana.

Soley Gutiérrez resaltó el hecho de que este proyecto es innovador, está en constante desarrollo, pues busca ofrecer información al día  y automatizada, lo que se ha logrado materializar gracias a los esfuerzos institucionales realizados por el Despacho de la Presidencia junto con  la Dirección de Tecnología de la Información, la Dirección de Planificación, el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional, el Departamento de Relaciones Públicas, la CONAMAJ, la Contraloría de Servicios, la Oficina de Cumplimiento, entre otros.

Dentro de los principales retos, se señala, que se trabaja en poder mostrar la información del funcionamiento y organización judicial vigente a todas las personas por igual, con la visión de generar una plataforma accesible, con lenguaje sencillo y de forma fácil de navegar y que además, pueda llegar a atender las necesidades de personas con capacidades diferentes.

Otro de los grandes retos, según indicó Soley Gutiérrez, es el hecho de ir automatizando, en la medida de las posibilidades de la institución, la información de interés que aún no lo está, para que esta pueda ser publicada en el Observatorio Judicial y además mantener los datos ya publicados actualizados, ya que la información no es estática. La información por su naturaleza estadística, varía día a día según las actualizaciones que se hacen desde los distintos sistemas del Poder Judicial.

En el proceso de creación de esta plataforma, se toma el parecer de las fuerzas vivas de las comunidades, así como del Colegio de Periodistas, del Colegio de Abogados y Abogadas y de la Academia, entre otros, con el fin de obtener de ellos, las sugerencias de la información que consideran debe ser expuesta en el Observatorio, además de consultar si es accesible, ya que el propósito es que sea de interés y apta para las personas usuarias.

“Compartir experiencias con equipos de otros países que también se dedican a transparentar la información es muy útil, porque siempre se aprende de la experiencia de los demás y también es grato compartir lo que se ha avanzado desde nuestro Poder Judicial. Me parece muy positivo el balance en cuanto a lo que hemos hecho, porque Costa Rica tiene una cultura de transparencia y la institución en este caso está dando un paso muy firme a nivel interno y a nivel internacional”, finalizó Soley Gutiérrez.

El intercambio fue organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y contó con la participación de países como Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y Perú.

•  Corte Plena acuerda implementar nuevo sistema a partir de construcción de presupuesto 2024

 Una mayor flexibilización en el manejo de los recursos del presupuesto y, por ende, en la atención de las necesidades del Poder Judicial, es lo que procura Corte Plena con el acuerdo unánime para cambiar la estructura programática del presupuesto judicial por subprogramas, durante la sesión ordinaria del martes 20 de setiembre de 2022.

 El cambio formal ante el Ministerio de Hacienda se aplicará a partir de la construcción del plan de inversión institucional correspondiente al año 2024.

 El acuerdo tomado por las magistradas y los magistrados que integran Corte Plena, acoge la propuesta que planteó la Dirección de Planificación del Poder Judicial, tema que se trabajó desde el 2018 y hoy, coincide con lineamientos recomendados por el Ministerio de Hacienda, en el marco de la puesta en funciones del Sistema Hacienda Digital.

 El modelo establece un único título y programa denominado “Poder Judicial” y el establecimiento de seis subprogramas para la administración, ejecución y control presupuestario, los cuales serían: Dirección y Administración, Servicios Jurisdiccionales, Investigación Judicial, Acción Penal, Defensa Pública y Servicio, Atención y Protección de Víctimas y Testigos.

 “Entre las ventajas de la propuesta están el uso eficiente y ágil de los recursos asignados; va a haber mayor flexibilidad en el manejo de los mismos y de las necesidades, porque de alguna forma al tenerlos en subprogramas y en caso de requerirse cambios, entre subpartidas se podría trabajar en decretos específicos a través del Ministerio de Hacienda.  También facilitamos la función, el control y evaluación, pues se habla de un solo programa institucional, con transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos; así como la asignación eficiente y eficaz de los recursos según las prioridades y objetivos establecidos.  Esto permite al Poder Judicial visualizar su presupuesto y priorizar según los recursos con los que disponga”, explicó la Directora de Planificación del Poder Judicial, Nacira Valverde Bermúdez, durante la exposición en la sesión de Corte Plena del martes 20 de setiembre 2022.

 La Directora Ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins, destacó durante su intervención que “…desde la perspectiva de la técnica, ante el Ministerio de Hacienda, el Poder Judicial genera un único producto final de impacto a la ciudadanía, como lo es la sentencia o la resolución final de un conflicto.  En esa medida, es muy valioso lo que hacen los demás programas, pues se constituyen en productos intermedios para un fin único ya mencionado”.

 Los subprogramas que sean creados mantendrán los controles internos actuales y se garantiza la independencia y el control de los recursos que mantiene hoy día cada programa  en la formulación, administración y ejecución, según las facultades legales que les asisten.