• Mediante la integración de una comisión mixta impulsada por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia del Colegio de Abogados y Abogadas.

Con ocasión de la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia en el año 2024 y en el marco del proyecto de “automatización de los procesos judiciales y el análisis del rezago judicial” se realizó el “taller para la revisión exhaustiva sobre las causas que ocasiona la mora judicial en materia de familia”, organizado por la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia, la Dirección de Planificación del Poder Judicial y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.  

El taller fue dirigido a jueces y juezas que tramitan procesos de naturaleza familiar, la Contraloría de Servicios, representantes del Colegio de Abogados y Abogadas, así como a personas funcionarias de la Defensa Pública.

En la actividad se realizó un análisis de todas las situaciones que generan retraso en la tramitación y en el dictado de las resoluciones que ponen fin al proceso judicial, por lo que la Comisión de la Jurisdicción de Familia, Niñez y Adolescencia en conjunto con distintas instancias institucionales, se encuentra trabajando para reducir los tiempos.

La magistrada y coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción de Familia, Niñez y Adolescencia, Roxana Chacón Artavia indicó que “hemos realizado un trabajo muy fuerte primero con relación a la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal de Familia y se ha avanzado mucho con la Dirección de Planificación institucional con los diferentes objetivos que hay que cumplir antes de que se dé la vigencia, debo destacar que la capacitación se ha hecho con una mística muy grande desde la Escuela Judicial y el equipo de jueces tanto Eddy Rodríguez como Cristian Martínez coordinando un trabajo para la capacitación de las personas que van a implementar el nuevo código”.

“Nos faltan algunas cosas que para nosotros son fundamentales como tratar la mora judicial que tenemos en los diferentes juzgados y entrar a hacer un abordaje diferente de qué es la mora judicial y cuáles son las razones por las cuales tenemos mora judicial en los juzgados de pensiones alimentarias, familia y violencia doméstica que implican precisamente la ejecución del nuevo código”.

El magistrado y presidente de la Sala Segunda, Luis Porfirio Sánchez señaló que “hoy es un día importante, pues en la jurisdicción de familia congregamos en busca de soluciones, nosotros todos los días resolvemos el conflicto familiar, y sucede que ese conflicto familiar se viene dilatando su resolución. Celebro esta reunión porque la Sala Segunda se reúne con los jueces y juezas de familia y es la primera de muchas reuniones para tratar el tema de la mora judicial en materia de familia”.

Por otra parte, el magistrado Jorge Olaso Álvarez resalto que “lo importante es el aprendizaje, es bueno que un juez o jueza se enfrente a lo nuevo, a veces se considera tenebroso o miedo de enfrentarse a lo nuevo y es algo lindo porque es una aventura y novedosa para una jurisdicción que hace tiempo lo requiere, con la bendición de una “vacatio legis” de dos años, que nos va a permitir mejorar la administración de justicia”.

Jimmy Monge Sandí, coordinador de la Comisión de Familia del Colegio de Abogados y Abogadas afirmó que “es importante porque normalmente nosotros vemos el trabajo que ustedes realizan detrás del mostrador y tenemos nuestras propias preocupaciones y de alguna forma nosotros también tenemos algo que decir, porque somos lo que representamos el interés del administrado a la hora de que ellos ponen en conocimiento de ustedes los conflictos que quieren resolver”.

Nacira Valverde Bermudez, directora de la Dirección de Planificación expuso sobre los antecedentes y el contexto de la actividad; por su parte Yesenia Salazar Guzmán, jefa del Subproceso de Modernización del Dirección de Planificación indicó la metodología aplicada para la recopilación de oportunidades de mejora y explicó la dinámica del taller y las mesas de trabajo. Finalmente, Gustavo Solano Rivera, contralor de servicios de Guanacaste brindó un “diagnóstico de percepción del servicio de la persona usuaria”.

Se brindó un espacio para la revisión preliminar de las oportunidades de mejora y luego se realizaron las mesas de trabajo. La actividad fue en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

• Foro organizado por la Sala de Casación Penal
• Se contó con la exposición de especialistas españoles y del Ministerio Público del Poder Judicial de Costa Rica

Con el objetivo de profundizar en el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se realizó el pasado jueves 8 de diciembre el foro denominado “Responsabilidad penal de las personas jurídicas, experiencia en España y Costa Rica”, el cual fue organizado por la Sala de Casación Penal.

Dicho foro contó con la presencia de las magistradas y magistrados de la Sala de Casación Penal y permitió conocer la experiencia en esta materia de los especialistas españoles, Juan Antonio Lascuraín, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid y Adán Nieto, Catedrático de Derecho Penal y Director del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional UCLM, sumado a la experiencia del trabajo que se realiza en el Ministerio Público costarricense, expuesto por los representantes de la Fiscalía General, Greysa Barrientos Núñez y Alexander Valverde Peña. 

Para la presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro, el conocimiento sobre este tema es fundamental, ya que la legislación que responsabiliza penalmente a las personas jurídicas se vincula con la mejora integral de un sistema de administración de justicia, para robustecer la capacidad de afrontar y atacar a la criminalidad económica y organizada, sumado a un esquema de cumplimiento normativo, transparencia y estrategias anticorrupción, que forman parte para un Estado más eficiente  y competente frente a las formas más modernas de criminalidad.

“Estimamos que era muy importante que pudiésemos hablar de la responsabilidad penal colectiva o empresarial como parte de un derecho penal moderno, en cuanto a que la implementación es necesaria en razón de que la experiencia nos ha demostrado que resulta insuficiente responsabilizar penalmente a las personas físicas, porque finalmente es la responsabilidad de la empresa la que nos puede traer los resultados que esperamos a efectos de se pueda hacer una defensa del Estado democrático de derecho y de las instituciones que nosotros estamos llamados a defender”, señaló Solano Castro.

Para la magistrada Sandra Zúñiga Morales, de la Sala de Casación Penal, el fenómeno de la criminalidad organizada definitivamente ha traído con mayor fuerza el impulso y la discusión de estos temas en todos los ordenamientos jurídicos, por lo que con más frecuencia se escucha hablar sobre la aplicación de la teoría del delito en personas jurídicas.

“Es importante que nosotros nos ocupemos de actividades como esta, sobre todo en países como el nuestro, en donde estamos dando los primeros pasos, tenemos que ser proactivos, tener una mirada crítica de los instrumentos normativos que tenemos y hacer propuestas de mejora, no se trata sólo de regular, se trata de ir contra comportamientos que afectan bienes jurídicos y hacerlo con un sentido de justicia y respeto a los derechos fundamentales” dijo la magistrada.

Por su parte, el magistrado Rafael Segura Bonilla señaló que lo importante no es sólo la visibilización de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino también la implementación de un programa de Compliance Anticorrupción, que es un elemento adicional bastante importante, en donde hay una necesidad de capacitación en este tema, ya que la responsabilidad que se tiene en los puestos jerárquicos es enorme, pues se dan en representación del Estado.

Durante su presentación, Juan Antonio Lascuraín, habló de aspectos como el criterio de justicia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas de acuerdo con los preceptos constitucionales y no de acuerdo a la responsabilidad penal individual, y la importancia de la tesis de la omisión de la empresa como mal policía de los suyos, además de temas como la justicia como eficacia y eficiencia, el principio de personalidad de las penas y la vinculación de los socios, entre otros.

Mientras que el experto Adán Nieto, trató temáticas como el objetivo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, destacando elementos como la posibilidad de crear incentivos en las empresas para regulaciones internas, los incentivos que brindan el derecho procesal y el penal, la conveniencia de los programas de cumplimiento, los agentes que pueden cometer delitos en la organización, la responsabilidad de las pequeñas empresas, las penas, entre otros.

Finalmente, en su exposición, los fiscales Greysa Barrientos Núñez y Alexander Valverde Peña, hablaron del por qué se regula este tipo de responsabilidad en el país, analizando aspectos como los criterios de imputación, el objeto prueba de la acusación, el tema de la prevención de delitos, la gestión, control e identificación de riesgos, el reglamento a la Ley N° 9699, que regula este tipo de responsabilidad en el país, las penas, atenuantes y aspectos procesales, la participación procesal de las personas jurídicas, las soluciones alternas al conflicto y el procedimiento especial abreviado, entre otros.

Cabe destacar, que ambos representantes del Ministerio Público cuentan con una relevante trayectoria en el Poder Judicial, en el caso de Greysa Barrientos Núñez, cuenta con 25 años de experiencia como Fiscal en Fiscalías Especializadas contra la Corrupción e Impugnaciones, así como en la Fiscalía General, ha trabajado en el abordaje, trámite y debates en casos complejos, en temas de delitos de corrupción, administración pública, delitos económicos relacionados con banca, bolsa, así como delitos relacionados con partidos políticos, entre otros.

Barrientos Núñez es Licenciada en Derecho y Especialista en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, es Máster en Administración de Empresas y Derecho Empresarial de la Universidad Libre y la Universidad Veritas, posee estudios de Posgrado en la Universidad de Salamanca en  Teoría General del Derecho Penal y en la Universidad Castilla de la Mancha en Delitos Financieros y Cursos sobre Corrupción y también ha sido expositora y facilitadora de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público en cursos de Impugnación Penal, Delincuencia Organizada y Argumentación Jurídica.

En el caso de Alexander Valverde Peña, trabaja en el Poder Judicial desde el año 2006, en donde se ha desempeñado en la Fiscalía de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios como asistente jurídico, en la Fiscalía de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios y la Fiscalía General como Fiscal Auxiliar, además de Fiscal Coordinador, en la Sección de Financiamiento de Partidos Políticos en esta última, en el 2017 asumió como Fiscal Coordinador en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y desde octubre de 2022, labora como Fiscal Coordinador en la Fiscalía General de la República.

Valverde Peña es Licenciado en Derecho, con Licenciatura de Honor de la Universidad de Costa Rica, es egresado de la Especialidad en Derecho Notarial y Registral también de la Universidad de Costa Rica y cursa el Doctorado en Derecho Penal en la Universidad Escuela Libre de Derecho, ha impartido múltiples conferencias de temas como: “Política de persecución penal costarricense en materia electoral y proceso penal”, “Seminario internacional sobre la evolución y retos de la procuración e impartición de la justicia penal electoral en América Latina”, “Delincuencia electoral y financiamiento ilegal de partidos políticos”, “Experiencias exitosas de casos de investigación sobre financiamiento electoral ilícito en Latinoamérica: la importancia de transparentar los partidos políticos” y “Delincuencia económica”, conferencias realizadas dentro y fuera del país, además de publicar artículos y ejercer labores de docencia.

Para finalizar, el magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas mencionó que la Sala de Casación Penal debe necesariamente asumir un rol preponderante en la discusión de estos temas relevantes de la jurisdicción penal costarricense, por lo que este tipo de discusiones deben agendarse con mayor frecuencia. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas es una figura novedosa en nuestro sistema y la Sala ha querido aprovechar la experiencia española y la experiencia de nuestro Ministerio Público en la tramitación de estas causas” señaló.

La actividad se desarrolló en el Salón del Servidor Judicial del edificio de la Corte Suprema de Justicia y contó además con la presencia del magistrado Jesús Ramírez Quirós, magistrados y magistradas suplentes, letrados y letradas de la Sala de Casación Penal y diferentes actores de la jurisdicción penal.

• Se presentaron los datos de las diferentes dependencias que están involucradas en materia de género en el Poder Judicial.

Como parte del ejercicio de transparencia que ejerce el Poder Judicial, se realizó el pasado jueves 8 de diciembre el acto de Rendición de Cuentas 2022 de la Comisión de Género, la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia, el Observatorio de Violencia de Género en contra de las mujeres y la Comisión de Violencia Doméstica.

Dicho acto, se llevó a cabo en el Salón de Expresidentes de la Corte Suprema de Justicia y en el mismo, se presentó un informe de las acciones realizadas en beneficio de la igualdad de género y el abordaje de la violencia doméstica correspondientes a este año.

Para la magistrada de la Sala Segunda y coordinadora de las Comisiones de Género y Violencia Doméstica del Poder Judicial, Roxana Chacón Artavia, este año ha sido muy exitoso. “Es muy importante hacer esta rendición de cuentas de todo lo que se ha hecho, del recuento de todos los asuntos y de todas las acciones que se han realizado durante el año, ustedes lo van a ver, es bastante trabajo, los eventos que se han hecho han sido muy importantes y de mucha trascendencia e impacto, estamos muy contentos desde la Comisión y la Secretaría Técnica de Género”.

Durante el acto, la jefa a.i. de la Secretaría, Xinia Fernández Vargas destacó los múltiples programas, proyectos y acciones desarrolladas por las instancias citadas; el informe de trabajo del Observatorio de Violencia de género contra de las mujeres, estuvo a cargo de Dixie Mendoza Chaves, encargada de dicha oficina.

En lo que respecta al trabajo de la Comisión de Género, se destaca la consecución de 71 acuerdos, así como la atención de temas prioritarios como la violencia hacia el personal judicial por parte de las personas usuarias, los indicadores de cuotas de trabajo y lactancia materna, el acceso a la justicia de personas menores de edad víctimas de delitos sexuales en concordancia con el mandato de la Sala Constitucional, entre otros.

En lo que tiene que ver con el trabajo de la Secretaría Técnica de Género, se destacó los mecanismos de seguimiento de dicha oficina, en donde se realizaron 20 reuniones, la elaboración de 12 informes mensuales, tres informes de las cuatro comisiones y subcomisiones que se coordinan, la realización de un informe anual e informes de temas específicos, así como la entrega de informes solicitados por diferentes direcciones y la celebración de una sesión sobre técnicas de autocuidado.

Además, se informó sobre el Plan de acción de la Política de Igualdad de Género y de los diferentes temas estratégicos en los que trabaja la Secretaría, en donde se alcanzaron 24 objetivos operativos, 58 metas operativas, 58 indicadores y 91 actividades, así como del trabajo que se hace en materia de acompañamiento y asesoría legal al personal judicial víctima de hostigamiento sexual, discriminación o violencia doméstica.

Se destacó el programa Equipos de Respuesta Rápida a Víctimas de Violación, disponible en 20 zonas del país, que incluyó el proceso de actualización  del Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas Víctimas de Violación Sexual, el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos para la concreción actividades formativas y de capacitación a integrantes de esos equipos, el intercambio de Buenas Prácticas con otras instituciones, la realización de un Congreso internacional y las responsabilidades asumidas en el plan de acción de  la Política de Justicia Abierta, los informes CEDAW, el apoyo a las PISAV y la integración de más de diez Comisiones y grupos de trabajo.

Con respecto a la Subcomisión Contra el Hostigamiento Sexual, se destacaron las acciones en materia de capacitación, las actividades dirigidas a la prevención de esta conducta como por ejemplo campañas informativas y la conmemoración del Día de No al hostigamiento sexual con una obra de teatro interactiva. En lo que respecta a la Subcomisión contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, sobresale la presentación de charlas, la conmemoración del “Día Nacional de la No homofobia, lesbofobia y transfobia”, adicional a la creación de campañas, el acompañamiento al trabajo de los Comités de Género en diferentes zonas del país y la formación de sus integrantes. El plan de trabajo desarrollado por el Colectivo de Hombres por la Igualdad de Género del Poder Judicial a lo que se  suma el Plan de Acción Institucional en Lactancia Materna y la Participación en la Comisión Permanente de Género de la Cumbre Judicial Iberoamericana.

En relación con la Comisión Permanente para el Seguimiento de la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, destacó el trabajo en la implementación del Código Procesal de Familia y la labor en capacitaciones, reuniones y visitas, además del seguimiento y monitoreo para el fortalecimiento de los Comités Locales para la Atención Inmediata y Seguimiento (CLAIS), el trabajo en el PLANOVI y la divulgación de Circulares y Publicaciones.

Del trabajo del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, se subrayó la realización de 712 publicaciones en su sitio web, las 93.936 visitas a la página y el ingreso de 34.324 nuevas personas usuarias, la atención de 195 consultas de diversos temas, el constituirse en fuente de noticias sobre la violencia de género para los medios de comunicación, la creación y difusión de campañas audiovisuales, cuñas, gifs y podcast, además del movimiento en sus redes sociales (Facebook, Instagram y YouTube).

La actividad contó con la participación de magistrados y magistradas, el Fiscal General de la República y el Director de la Defensa Pública, integrantes del Consejo Superior, la Ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada, representantes de la Asamblea Legislativa, personas funcionarias de la Embajada de los Estados Unidos, representantes de instituciones que forman parte de la Red de Unidades Técnicas de Género del Sector Público, integrantes de la Comisión de Género y de la Comisión Permanente de Seguimiento a la Ley de Violencia Doméstica, personas Integrantes del Consejo Asesor del Observatorio de Género, funcionarias y funcionarios judiciales y personas de la comunidad.

• 22 despachos y oficinas judiciales reciben Acreditación de Calidad GICA-Justicia y 3 más se reacreditan.

El Poder Judicial entregó la Acreditación de Calidad bajo la Norma GICA-Justicia, a las oficinas administrativas, despachos jurisdiccionales y auxiliares de justicia que cumplieron con los estándares requeridos para brindar un mejor servicio a la persona usuaria.

En un acto oficial este jueves 8 de diciembre, se hizo entrega de la Acreditación de Calidad GICA-Justicia a 22 oficinas y despachos judiciales y 3 más, recibieron su reacreditación en Sellos de Gestión de Calidad en diferentes oficinas y despachos judiciales.  Los Sellos implementados son: Sello de Gestión Organizacional, Sello de Gestión Documental y Sello de Gestión de Procesos.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, destacó que “… a nivel institucional el sello de calidad es un concepto muy útil en el campo de la organización y administración del servicio de Justicia. Supone hacer más eficiente la prestación del servicio de Justicia, a través del diseño e implementación de mecanismos de medición de la excelencia, con criterios objetivos de uniformidad y estandarización”.

Para el magistrado y coordinador de la Comisión de Gestión de la Calidad del Poder Judicial, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, “esta es una ocasión extraordinaria, que nos permite entregarle las acreditaciones a aquellas oficinas que han logrado cumplir con éxito el modelo GICA-Justicia, es decir, que han logrado certificar un mejoramiento importante en la administración de esa oficina”.

La Política Gica-Justicia cuenta con un modelo de acreditación, mediante el cual la oficina o despacho voluntariamente determina cuál de los sellos desean implementar, de manera que paulatinamente va desarrollando los criterios de calidad de cada sello.  En caso de que se implementen los sellos se lograría la acreditación integral de la calidad.

El objetivo de este modelo es implementar criterios de calidad donde uno de los pilares fundamentales es la participación activa, compromiso del personal y la sostenibilidad del proceso bajo un enfoque de mejora continua.

El Jefe del Centro de Gestión de Calidad, Andrés Méndez Bonilla destacó el trabajo realizado por todos los despachos y oficinas para obtener los diferentes sellos de calidad.

“La Política Institucional de Gestión de Calidad, sigue su consolidación de manera constante. Para el 2023, la cantidad de Sellos de Gestión de Calidad acreditados con éxito es un reflejo del interés de oficinas de todos los ámbitos de la Institución en implementar Sistemas de Gestión de Calidad en sus tareas diarias, en procura de la mejora continua de los servicios que prestan tanto a lo interno como a la persona usuaria, mejorando diversas áreas como la Organización, la Gestión de los Documentos y la Gestión de los Procesos, todo ello con una cualidad fundamental en el proceso como lo es la participación y compromiso del personal de las oficinas, quienes con la guía de los gestores y gestoras de Calidad del Centro de Gestión de Calidad, se involucran de lleno en el desarrollo del Modelo de Gestión de Calidad.”

En el acto participaron la magistrada Julia Varela Araya, el Magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas; así como, directores de los órganos auxiliares de justicia, jefaturas administrativas y personal judicial.