• En el marco del Grupo de Trabajo en Justicia Restaurativa del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, bajo la Co-coordinación de Costa Rica y Puerto Rico

 Establecer estrategias y buenas prácticas en el abordaje de los mecanismos alternos para la promoción de soluciones en justicia juvenil con enfoque restaurativo, fue el objetivo trazado por países de Centroamérica y El Caribe, durante el taller virtual dirigido por la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa del Poder Judicial de Costa Rica.

 El taller “Aplicación de métodos alternos para la promoción de solución en justicia juvenil con enfoque restaurativo”, forma parte de las acciones emprendidas por el Grupo de Trabajo en Justicia Juvenil Restaurativa del Consejo Judicial Centroamericano y de El Caribe, Presidencia Protémpore Puerto Rico, del cual el Poder Judicial costarricense es miembro activo y coordinador de dicho grupo de trabajo.

 “La Justicia Penal Juvenil Restaurativa se constituye en Centroamérica y El Caribe, como una forma integral de abordar los procesos judiciales para niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley, ofreciendo una respuesta basada en la dignidad humana y tomando en cuenta la particular vulnerabilidad en que se encuentra la niñez y la adolescencia. Por esta razón surge la necesidad de crear herramientas humanistas para la resocialización y reinserción de esta población, conforme la legislación vigente en cada país en materia penal juvenil”, puntualizó el magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Rector de Justicia Restaurativa del Poder Judicial de Costa Rica.

 La actividad bajo la modalidad virtual reunió a representantes judiciales de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua Puerto Rico y República Dominicana, construyeron estrategias y buenas prácticas para el abordaje y fortalecimiento de la aplicación de la Justicia Juvenil Restaurativa, mediante diversas actividades, analizaron la normativa vigente en justicia restaurativa en cada país, las normas internacionales en la materia, así como , la guía para la aplicación de métodos alternos dirigidos a promover la solución de conflictos en justicia penal juvenil restaurativa.

 El taller virtual estuvo bajo la facilitación de Evelyn Elizondo Camacho, coordinadora de Justicia Juvenil Restaurativa a nivel nacional, con los aportes de Jovanna Calderón Altamirano, Jefa de la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa del Poder Judicial de Costa Rica.

Abrir espacios para el análisis, el acceso a la información judicial y la transparencia del quehacer judicial, desde el Observatorio Judicial, una vitrina de información actualizada que tiene a disposición el Poder Judicial, es el compromiso que asume la institución en la alianza con el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y la Asociación Costa Rica Íntegra.

 La firma del Convenio Marco de Cooperación y Colaboración tuvo lugar este miércoles 24 de mayo de 2023 en las instalaciones del colegio de profesionales en Derecho.

 Transparentar el quehacer judicial, analizar la gestión de sus despachos y propiciar espacios de análisis para mejorar la administración de justicia, que contribuyan a darle solución a la mora judicial, desde la visión de órganos de profesionales y sociedad civil, es uno de los temas prioritarios para la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

 “Con este convenio se pone a prueba y se impulsa la validación de la información de calidad, que se ofrece a través del Observatorio Judicial y se fortalece la participación ciudadana, generando opiniones de opiniones de alto renombre, como lo son Costa Rica Íntegra y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica; que son órganos que serán críticos en sus opiniones, para hacer más eficiente y transparente el Sector Justicia”, destacó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez.

 Aguirre señaló que el Poder Judicial ya no se limita a dar datos desde la vitrina del Observatorio Judicial, sino que se proyectó hacia la sociedad civil y se compromete a atender, los resultados de interacción y análisis de la información judicial.

 El Presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, Álvaro Sánchez González puntualizó que en temas de transparencia, el trabajo tiene que ser conjunto y el crear espacios que nos llevan a mecanismos de transparencia, de igualdad, que van en favor de la dignidad de las personas, es el reflejo de esta alianza tripartita.  “Estamos haciendo un esfuerzo para fortalecer esta democracia. Es un convenio de puertas abiertas y vamos a colaborar desde el Colegio para dar nuestro aporte”.

 De la Asociación Costa Rica Íntegra, su presidenta, Juan María Guzmán León destacó que el convenio tiene un gran criterio de oportunidad, de buscar ayuda, de abrirse, de darse a conocer, de aprovechar las nuevas tecnologías de información y comunicación.  “Tenemos un compromiso fuerte con la transparencia y el convenio permite acciones concretas en esta dirección de la transparencia”.

• Actividad reunió aproximadamente 60 estudiantes de siete colegios de la provincia de San José.

Como parte de la celebración del “Día de la Alfabetización Preventiva en Materia Penal Juvenil”, estudiantes de siete colegios de la ciudad capital asistieron el pasado jueves 25 de mayo, al auditorio del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para destacar la importancia de esta fecha.

Dicha actividad, responde al decreto ejecutivo plasmado en el año 2021 gracias al esfuerzo del exmagistrado Álvaro Burgos Mata (Q.d.D.g), y sirvió para crear consciencia en los y las estudiantes sobre los derechos y deberes que asumen como sujetos de derecho a partir de los 12 y hasta los 18 años de edad, período tutelado por la Ley Penal Juvenil.

Para el magistrado de la Sala de Casación Penal, Rafael Segura Bonilla, esta actividad, lo que hace es institucionalizar algo que se viene haciendo desde hace muchos años por parte de la Judicatura, el Ministerio Público y la Defensa Pública, lo cual es concientizar a la población juvenil sobre la importancia de conocer la ley y las consecuencias ante eventuales infracciones. “Me parece que esta actividad es importantísima, porque es orientada a los y las muchachas, con el objetivo de hacerles ver que todo acto cometido a partir de los 12 años genera responsabilidad”.

Por su parte, el director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo mencionó, que desde dicho órgano, esta actividad permite reafirmar el compromiso de luchar en pro y beneficio de las personas menores de edad, y sobre todo, reafirmar su posición y política de prevención, … “para la Defensa Pública es muy importante que todos y todas las jóvenes de nuestro país, tengan conocimientos acerca de sus derechos, obligaciones y consecuencias de la ejecución de actos que sean contrarios a la ley,  ya que lo que queremos es formar y educar a los y las jóvenes para evitar que se vean comprometidos ante la ley penal juvenil”, destacó.

María Gabriela Alfaro Zúñiga, Fiscal Adjunta Penal Juvenil, resaltó que esta fecha, permite celebrar la importancia de la prevención, como sinónimo de capacitación y de conocimiento. “Es importante conocer nuestros derechos y más como jóvenes; pero también es importante conocer nuestros deberes, como sujetos de derecho que somos, y en ese sentido conocer las obligaciones para vivir en armonía con la sociedad, respetando a los otros seres humanos”.  

Se contó además con la participación del presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, Álvaro Sánchez González; la Directora de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública, Laurent Delgado Carranza.

Durante la actividad, se desarrolló un conversatorio a cargo de la jefa de la Oficina de Trabajo Social y Psicología, Alba Gutiérrez Villalobos y la Jueza Coordinadora del Juzgado Penal Juvenil de San José, Orietta Zumbado Bogantes, en donde los y las jóvenes estudiantes pudieron interactuar y plantear sus inquietudes sobre el tema.

La celebración tuvo también un acto cultural a cargo de un joven privado de libertad y adicionalmente se presentó una feria de productos de personas de este mismo grupo poblacional, los cuales fueron expuestos en el vestíbulo del edificio del OIJ.

Durante esta semana, se han realizado por parte de representantes de los diferentes órganos judiciales que trabajan en materia penal juvenil, visitas a centros educativos a nivel nacional, con el objetivo de promover este mensaje de prevención a la población de jóvenes.

La actividad fue organizada por la Subcomisión Penal Juvenil del Poder Judicial, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, la Dirección de Vida Estudiantil y la Contraloría de Derechos Estudiantiles del Ministerio de Educación Pública y contó con la participación de representantes del Ministerio de Justicia y Paz, del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y Adolescencia (INEINA)  y de la Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI) y participaron los centros educativos, Liceo de Costa Rica; Colegio de Señoritas, Liceo Teodoro Picado, Liceo de San Antonio, Colegio Julio Fonseca, Liceo Rincón Grande de Pavas y el Colegio Monseñor Rubén Odio.

Estuvieron presentes, magistrados integrantes de la Sala Casación Penal.

Este jueves en sesión extraordinaria de Corte Plena, se aprobó, por unanimidad, el informe a la consulta remitida por la Asamblea Legislativa, al proyecto de ley sobre crimen organizado, número 23.090.

 El estudio estuvo a cargo de la magistrada instructora de la Sala de Casación Penal, Sandra Zúñiga Morales.

 “El proyecto 23090 sí incide en la organización y funcionamiento del Poder Judicial, sin embargo, dejando constancia de que el Poder Judicial no se opone de ninguna forma a este proyecto.  Por el contrario, se estima conveniente para una implementación adecuada de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada.”, puntualizó la magistrada Zúñiga Morales.

 Se aclaró que el proyecto de este expediente legislativo ya había venido a consulta en octubre de 2022 a Corte Plena, reiterándose como se había indicado en esa ocasión, que: (i) el mismo sí incidía en la organización y funcionamiento de la institución. (ii) Se mencionaron algunos de los argumentos por los cuales se mantenía ese criterio, entre ellos, una diversa regulación en la edad de ingreso de las personas juzgadoras a la Jurisdicción Especializada; una determinación más clara de los procesos de nombramiento a cargo de las jefaturas; y entre otros, el establecimiento de medidas administrativas, de cara a las denuncias que se originen en procesos disciplinarios o penales, contra las personas funcionarias que integren la Jurisdicción Especializada. (iii) representa una mejora integral a la actual Ley 9481 que establece la creación de una Jurisdicción Especializada, para hacer frente a los procesos cada  vez más complejos y violentos de crimen organizado, sin renunciar a la vía ordinaria para la investigación y juzgamiento de otras causas de delincuencia organizada, que no revisten esa complejidad.

 Lo anterior, porque la consulta institucional ahora formulada por la Asamblea Legislativa, para conocer del proyecto con las mociones realizadas por el plenario parlamentario, se referían únicamente a dos aspectos: Un cambio en la denominación del proyecto, adicionando la alusión a la Ley Orgánica del Poder Judicial y suprimiendo la mención a la Ley de Fortalecimiento de Delincuencia Organizada; propuesta lógica y pertinente, pues se corresponde con el contenido del proyecto. Y el segundo aspecto, consiste en la eliminación de un artículo del Proyecto relativo a un transitorio para iniciar labores de la nueva jurisdicción en el mes de noviembre de 2022; que también había perdido actualidad y sentido.

 Esta es una consulta que establece la Constitución Política, en el artículo 167, que dispone: “Para la discusión y aprobación de proyectos de ley que se refieran a la organización o funcionamiento del Poder Judicial, deberá la Asamblea Legislativa consultar a la Corte Suprema de Justicia; para apartarse del criterio de ésta, se requerirá el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea”, de ahí la competencia para emitir dicho tipo de informe.