El Poder Judicial presentó de la mano con representantes de los territorios indígenas, el informe de rendición de cuentas de la “Política de Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas”, el cual procura garantizar a esta población un verdadero acceso a la justicia a través de una serie de lineamientos institucionales para brindarles atención, garantizando los más altos estándares internacionales para la tutela de Derechos Humanos.
La co-construcción del proyecto se realizó con los 8 pueblos de los 24 territorios indígenas del país y con las personas indígenas que viven fuera de esos territorios por diferentes motivos, considerando en todo momento sus necesidades particulares, creencias culturales y su cosmovisión.
El proyecto está a cargo de la magistrada Damaris Vargas Vásquez como coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, contando además para ello con el aval de la Comisión de Acceso a la Justicia bajo el liderazgo el magistrado Jorge Olaso Álvarez y la colaboración de la Unidad de Acceso a la Justicia a cargo de Angie Calderón Chaves, jefa a.i.
El proyecto cuenta con la cooperación internacional del Sistema de Naciones Unidas y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
La magistrada Damaris Vargas afirmó que “lo más importante es que la política se construye con los pueblos indígenas en sus territorios; lo que quiere el Poder Judicial es estar al lado de la gente, con una justicia centrada en las personas, es decir que escuchemos a quienes van destinadas las políticas de la institución para que ellos nos indiquen cuales son realmente los problemas que enfrentan para el acceso a la justicia, no lo que nosotros estimemos desde nuestros escritorios, sino que vayamos directamente a la fuente para poder determinar cuáles son los problemas para buscar las soluciones”.
“En las visitas nos hacemos acompañar por alguno de los magistrados o las magistradas integrantes de la Corte Plena y del Consejo Superior. También se cuenta con la participación del Fiscal General, el jefe del Organismo de Investigación Judicial, el jefe de la Defensa Pública, la Contraloría de Servicios, algunas direcciones administrativas del Poder Judicial y sus equipos de trabajo. Siempre vamos acompañados de personas tomadoras de decisiones dentro de la institución, porque queremos permear todo el quehacer institucional incluyendo la Judicatura que también ha estado acompañándonos en este proceso, muy especialmente y con mucho énfasis a los despachos que están ubicados en los circuitos judiciales donde se atienden en mayor medida los asuntos vinculados con los pueblos indígenas”, puntualizó la magistrada Vargas.
Por su parte, el magistrado Jorge Olaso indicó “es importante desarrollar cual es la cosmovisión de estos pueblos como un aprendizaje nuevo de conocer su cultura, su lenguaje, su forma de ver el mundo para poder desarrollar nuestros procesos, su acceso a la justicia. Considero que el tema es desde el punto de vista pedagógico de tratar de que nuestros jueces y juezas, así como personal judicial siempre tengamos una idea de la cultura, que es nuestra, que es autóctona, que es una cosmovisión y es necesario implementar en todas nuestras funciones, no solo en el sistema judicial sino también en el acceso que le damos a una persona cuando llega a una oficina judicial”.
Eva Martínez Sánchez, embajadora del Reino de España en Costa Rica recalcó que “la Cooperación Española desde los años ochenta del siglo pasado ha reconocido cada vez con mayor firmeza la necesidad de prestar una atención específica a los pueblos indígenas, con el objetivo de contribuir al reconocimiento y al ejercicio efectivo del derecho de estos pueblos a articular sus propios procesos de desarrollo social, económico, político y cultural. Por esta razón, hemos apoyado una iniciativa como la que presentamos hoy que busca garantizar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas de Costa Rica, es un gran paso en el avance de la consecución de este y otros derechos”.
Les acompañaron también Ana María Upegui Cuartas, Asesora de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas; Geyner Blanco Acosta, Consultor por Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la construcción de la Política y Steven Picado Gamboa, líder de Proyecto Política de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, quien estuvo a cargo de la exposición del proyecto.
