Durante la inauguración del Año Judicial 2023, los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, entregaron los galardones que premian la trayectoria de personas servidoras judiciales por su destacada labor en el servicio judicial.

Este año, en la Sesión Solemne se otorgaron los reconocimientos “Luis Paulino Mora Mora”, “Fernando Coto Albán”, “Miguel Blanco Quirós”, “Ulises Odio Santos” y “Justicia con rostro de mujer”.

La magistrada Julia Varela Araya, presidenta de la Comisión del Tribunal de Reconocimientos del Poder Judicial hizo la entrega de los premios e indicó que “me honra presentar ante la población judicial y público en general, a las personas postuladas que resultaron recomendadas, siguiendo estrictamente criterios objetivos previstos para cada categoría de premio y escogidas por Corte Plena”.

“Les agradecemos por su entrega, dedicación, esfuerzo y compromiso con la institución y, en especial, con las personas usuarias, que son la razón de ser del servicio que brindamos. Con su mística, humanismo y excelencia, han logrado visualizar ante la institución sus logros, proponiéndolos como merecedores de reconocimiento”, puntualizó la magistrada Varela. 

El reconocimiento póstumo “Luis Paulino Mora Mora” se dio a Carlos Romero Rivera, quien en vida se desempeñó como Contralor de Servicios en Pérez Zeledón. La Corte Plena otorga esta distinción a la persona profesional, que, sin ser administrador de justicia, por su quehacer profesional en cualquier área del conocimiento hubiese influido en el mejoramiento de la administración de justicia, haciendo posible su eficiencia y el acceso de las personas ciudadanas al servicio de la justicia.

La jueza Ruth Alpízar Rodríguez, fue la galardonada con el premio “Fernando Coto Albán”, Al buen juez (a), ella labora en el Juzgado Agrario de Liberia y además, se desempeña como jueza suplente del Tribunal Agrario y es facilitadora de la Escuela Judicial.

José Rubén Dimas Portillo, jefe del Departamento de Artes Gráficas del Poder Judicial fue premiado por su trayectoria y dedicación con el reconocimiento “Miguel Blanco Quirós”. Este reconocimiento es destinado a la persona funcionaria o exfuncionaria judicial que haya destacado por su honradez, mística, transparencia, excelencia y dedicación en sus labores y que, con esta actitud, haya enaltecido y siga enalteciendo el nombre de este Poder de la República.  

En cuanto al Premio “Ulises Odio Santos” 2023, se le otorgó a la Defensora Pública, Ligia Jiménez Zamora por su obra “Guía para facilitar el Acceso a la Justicia de las personas usuarias Indígenas en la Defensa Pública”.

En la sesión solemne se entregó el premio “Justicia con rostro de mujer” a María de las Nieves Rueda Rincón, primera mujer con carrera policial nombrada en una Jefatura de Delegación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El reconocimiento está destinado a las mujeres empleadas o exempleadas judiciales, administradoras de justicia o no, que en el desempeño de sus labores se hayan destacado por su honradez, mística, transparencia, excelencia y dedicación al trabajo; quienes con sus acciones, ejemplo y actitud hayan resaltado el aporte de las mujeres en las funciones encomendadas al Poder Judicial e influido o influyan en la erradicación de la violencia y de cualquier otra forma de discriminación en detrimento de los derechos humanos de las mujeres.

• Asesora especial lidera temas de los discursos de odio

 Alice Nderitu, asesora especial de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio se reunió con magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia.

La relatora lidera la agenda global de la cooperación de la ONU en el tema de los discursos de odio y discriminación. Su visita tiene como objetivo fortalecer la cooperación de la ONU con distintos sectores del país tales como Estado, sociedad civil, academia, medios de comunicación, entre otros.

La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas Vásquez indicó que “recibir a la relatora de las Naciones Unidas es un honor para el Poder Judicial y una oportunidad de fortalecer relaciones con Naciones Unidas a fin de articular acciones que contribuyan con la identificación de los discursos de odio y de discriminación y sobre todo, su prevención y distinción con la libertad de expresión en los espacios públicos y privados de la Institución.”

“Es fundamental visibilizar todas las acciones positivas que hacemos desde el Poder Judicial asociadas a la intolerancia a los discursos de odio y de discriminación, en atención al Plan de Acción y a la Guía de Prevención que están desarrollando. Fueron muy valiosas las intervenciones de los magistrados y las magistradas que participaron pues expusieron casos emblemáticos abordados por la jurisprudencia de las Salas de Casación, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, además de los proyectos institucionales donde se aborda directamente el tema”, aseguró la magistrada Vargas.

La relatora Alice Nderitu mencionó que “tuvimos una reunión con los magistrados y magistradas, estuvimos discutiendo sobre los discursos de odio y qué está haciendo el sistema judicial con estos discursos de odio, como seguir el abordaje, y cómo podemos fortalecer lo que ya está en proceso”.

Como parte del equipo de trabajo le acompañó Allegra Baiocchi Coordinadora Residente Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica.  

Además, Alice Nderitu participará junto al Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto del lanzamiento global de la guía para la Prevención de Discursos de Odio a través de la Educación, que se realizará hacia el final de su misión en el país.

• Informe de labores en inauguración de Año Judicial 2023

En sesión solemne de Corte Plena, las autoridades del Poder Judicial rindieron el informe de labores, en el marco de la Inauguración del Año Judicial 2023.  El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez detalló las acciones de mayor impacto dentro del quehacer de la administración de justicia.

El magistrado Aguirre Gómez señaló la importancia del Poder Judicial en atender el problema de inseguridad que vive el país.

“No queremos que la inseguridad secuestre nuestro presente y amenace la estabilidad y las expectativas de desarrollo y bienestar de nuestras familias, de nuestra sociedad.  Las presidencias de los tres Supremos Poderes de la República desde nuestras profundas convicciones democráticas, desde nuestros cargos de liderazgo y como costarricenses, decidimos reunirnos y tomar las medidas para ajustar la respuesta del país a las nuevas dimensiones que presente este fenómeno de la criminalidad”, puntualizó el jerarca judicial.

El Presidente de la Corte recalcó como iniciativas estratégicas, las propuestas legales en temas como la regulación de procedimientos para investigar y juzgar procesos por delincuencia organizada, un trato prioritario a víctimas y testigos de delitos,  un mayor control de antecedentes de personas condenadas, y la posibilidad de realizar intervenciones a comunicaciones orales y escritas en casos de femicidio y soborno transnacional.

El acto se celebró este viernes 24 de marzo 2023, con la participación de representantes de los Supremos Poderes, Orlando Aguirre Gómez, Presidente de la Corte; Rodrigo Arias Sánchez, Presidente de la Asamblea Legislativa y Eugenia Zamora Chavarría, Presidenta del TSE; así como magistrados y magistradas que integran Corte Plena, autoridades judiciales administrativas, jurisdiccional y auxiliares de justicia, diputados, diputadas, cuerpo diplomático y jerarcas de entidades públicas.

En la sesión solemne, la Corte Plena hizo entrega de los galardones a las y los funcionarios judiciales que con su trabajo engrandecen la labor de administración de justicia.  El anuncio estuvo a cargo de la magistrada de la Sala Segunda y coordinadora del Tribunal de Reconocimiento del Poder Judicial, Julia Varela Araya.

El premio “Fernando Coto Albán”, se le otorgó a Ruth Alpizar, jueza del Tribunal Agrario; el galardón “Ulises Odio Santos”, lo recibió Ligia Jiménez Zamora, Defensora Pública en materia de personas indígenas; el reconocimiento “Luis Paulino Mora Mora” se designó a Carlos Romero Rivero q.d.D.g;  el premio “Miguel Blanco Quirós”, se le otorgó a José Rubén Dimas, jefe de Artes Gráficas y “Justicia con rostro de mujer” se le entregó a María de las Nieves Rueda Rincón, ex funcionaria judicial.

Mayor eficiencia

Propiciar cambios en la gestión judicial para garantizar la eficiencia en la toma de decisiones y la administración de justicia se constituye en un eje de trabajo vital.

“Debemos impulsar las reformas legislativas y adoptar en conjunto las acciones que tiendan a la eficiencia. Es decisivo para la democracia de nuestro país mejorar sus estructuras, su funcionamiento y para el Poder Judicial es imperativo cumplir el mandato constitucional de un “buen servicio” del artículo 157 de la Constitución Política.  Adicionalmente, la creación de una Auditoría Continua como una forma de vigilancia periódica de los despachos judiciales, que se organice tomando en cuenta indicadores necesarios para su evaluación”, manifestó el Presidente de la Corte, Orlando Aguirre.

Con este proyecto se procura establecer planes remediales de mejora y de seguimiento del trabajo de los despachos judiciales e impactar el rezago judicial existente.

Las estadísticas judiciales reflejan que la cantidad de expedientes pendientes de resolver a finalizar el año 2022 fue de 745.155, lo que muestra una reducción absoluta de 75.712 expedientes en relación con el periodo anterior, lo que representa una disminución de más del 9%.

“Este porcentaje refleja el esfuerzo conjunto del personal judicial por hacer justicia y mejorar los procesos de planificación de la institución. Es un resultado del cumplimiento de las metas del plan estratégico institucional del Poder Judicial, que están asociadas a la reducción del rezago judicial”, señaló Aguirre Gómez.

En materia salarial y en cumplimiento de la nueva Ley de Empleo Público, el Poder Judicial tomó el acuerdo de que todo su personal se mantenga bajo la rectoría de la Corte Suprema de Justicia y su labor se centra en hacer los esfuerzos necesarios por conservar el talento humano, propiciar su compromiso con la misión institucional y asegurar la excelencia en la prestación de los servicios judiciales.

“Hemos defendido el valor y la competitividad del salario como eje irrenunciable para la independencia y el adecuado ejercicio de las competencias de la institución.  Nos encontramos en los momentos iniciales de la implementación de esta política pública.  Ahora mismo, estamos abocados al análisis de la escala de salario global transitorio en la que buscaremos que se garantice el valor justo del salario, se establezcan condiciones que promuevan la movilidad dentro de la institución y se asegure el cumplimiento de la promesa de competitividad que impone la ley”, detalló el Presidente de la Corte.

Justicia cercana

La puesta en marcha de la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada en el 2022, fue una realidad con la aprobación en la Asamblea Legislativa de una partida que permitió la creación de 400 plazas y una inversión en equipamiento tecnológico.

El uso de los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos ha permitido desde el Centro de Conciliación el término de 9.508 casos en las diversas materias jurisdiccionales, penal, penal juvenil, contravencional, pensiones alimentarias, tránsito, familia, notarial, laboral, agrario y civil.

Además, se destacó la aplicación del Modelo de Justicia Penal Restaurativa que contabiliza un cumplimiento del 95% de los procesos judiciales, donde la víctima del delito recibe una respuesta efectiva en un mes en promedio y presenta un nivel de satisfacción del 98% de las personas usuarias.

Infraestructura y tecnología

Para el año 2022, los esfuerzos institucionales se enfocaron en la inversión tecnológica para reforzar el funcionamiento de la plataforma digital, que garantizan la continuidad de los servicios tecnológicos del Poder Judicial.

Dentro de estos proyectos destaca el plan piloto de Implantación del Tipificador de Escritos, que se inició en el 2021 en el Juzgado Especializado de Cobro Judicial de Pérez Zeledón.  A noviembre de 2022, registró un 96% de efectividad, resultados que permitieron al Consejo Superior aprobar su expansión a todos los Juzgados de Cobro Judicial del país.

“Hago mención de la herramienta tecnológica del Observatorio Judicial que, en el año 2022, logró dar estabilidad y afianzar la calidad de los datos estadísticos sobre las cargas de trabajo de los despachos y del Ministerio Público e información sobre el funcionamiento y servicios diversos de todos los ámbitos del Poder Judicial.  De manera que refleja la información judicial al alcance de toda la ciudadanía, de manera directa y sencilla a través de gráficos y tablas. Ello responde a los principios de Justicia abierta: de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana”, destacó Aguirre Gómez.

En materia de infraestructura judicial, el año pasado se finalizó el edificio adaptado a las necesidades del Juzgado Civil, el Juzgado de Trabajo, el Juzgado de Cobro y la Defensa Pública Laboral de San Carlos; así como el nuevo edificio “Torre Judicial” brinda a las personas usuarias los servicios judiciales en materia laboral, civil, concursal, defensa pública laboral y de justicia restaurativa.

También se realizó la ampliación y remodelación del espacio físico de la Morgue Judicial con una inversión aproximada de 2.900 millones de colones y la cooperación de donaciones por parte del ICD y las Embajadas de los Estados Unidos y de Alemania en Costa Rica.

• Autoridades Judiciales trabajan en propuesta de texto sustitutivo a Ley de Ejecución de la Pena, que tramita la Asamblea Legislativa.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez y la Presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro recalcaron la necesidad de que el país cuente con una ley en materia de ejecución de la pena, para garantizar el cumplimiento de las sanciones penales impuestas por los Tribunales de la República.

El criterio lo emitieron ayer  jueves 23 de marzo de 2023, ante la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, quienes tienen a cargo la tramitación de un proyecto de ley para regular este tema.

“El Poder Judicial en esta materia,  tiene claro el objetivo de trabajar y cooperar con los otros Poderes del Estado a efecto de lograr una mejor herramienta para los jueces y juezas de la República y el mismo Ministerio de Justicia y la Dirección de Adaptación Social y la Administración Penitenciaria.  En todos estos temas que tienen que ver con seguridad, el Poder Judicial ofrece el apoyo de los profesionales judiciales que trabajan en la administración de justicia”, manifestó el magistrado Orlando Aguirre.

“Al no existir una Ley de Ejecución de la Pena en el país, los lineamientos para la aplicación de los deberes y derechos de las personas sentenciadas se aplican mediante un reglamento establecido para estos fines.  Lo que proponemos es que mediante una ley se definan las competencias de los Tribunales de Justicia de la Administración Penitenciaria, para asegurar el cumplimiento de la sanción penal”, puntualizó la magistrada Patricia Solano Castro.

Actualmente las modalidades que se pueden otorgar a una persona sentenciada primaria en el momento de la ejecución de la pena, es competencia de los Juzgados de Ejecución de la Pena y el Ministerio de Justicia y Paz desde la Dirección General de Adaptación Social y el Instituto Nacional de Criminología.

Ambos jerarcas se refirieron igualmente a la propuesta de ley que construyó el Poder Judicial para reformar la Ley de Archivo y Registro Judicial, que vendría a impactar el tema de reincidencia delincuencial, que actualmente acorta el plazo de inscripción de las condenas establecidas a las personas.

En este momento, se elimina la anotación de la pena una vez cumplida la sentencia de la persona, cuando son penas menores.  Las autoridades judiciales proponen ampliar ese plazo de inscripción, pues antes se establecía hasta 10 años después de cumplida la condena. Se analiza reducir ese plazo en algunos delitos como los culposos o los que tienen una sanción con pena de multa.

En el año 2020 se registraron un total de 16 893 personas sentenciadas, de las cuales 14 632 fueron personas primarias (con una sentencia por primera vez) y de este total, 2 261 personas reincidieron en la comisión de un delito.

Para el 2021, se contabilizaron 15 840 personas sentenciadas, de las cuales 13 878 eran primarias y del total, 1 962 reincidieron en actividades delictivas.

La comisión legislativa convocó a ambos jerarcas judiciales para que se refirieran a las causas que provocan que las personas que han delinquido de manera reiterada, se encuentren en libertad y continúen en actividades delictivas, ello para que se realicen las propuestas necesarias; en coordinación, acciones o modificaciones legales para evitar que continúen sucediendo esta situación.