• Magistrado de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, se juramentó en la Asamblea Legislativa.

Trabajar para lograr una administración de justicia ágil, desde la mejora de los despachos judiciales, la organización eficiente de la gestión y la producción en plazos menores y con calidad, es el enfoque de la labor que asume el magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga,  frente a un  nuevo período en el cargo.

Este lunes 5 de junio se juramentó ante la Asamblea Legislativa, luego de ser reelecto por el órgano parlamentario, para un período de ocho años como magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

“Debemos concentrarnos en atender la mejora directa de la oficina judicial.  La oficina jurisdiccional es donde se toma la decisión y se dicta la sentencia, que es el producto que se le exige al Poder Judicial para darle solución al conflicto, pero también las oficinas administrativas y de los órganos auxiliares de justicia, tienen que ser mejoradas, con el objeto de hacer más eficiente el uso de los recursos, frente a la restricción presupuestaria, que nos demanda hacer lo mismo o más.  Esto se logra con eficiencia, desde la oficina que gestione las diferentes fases del proceso de manera organizada y con las mejores condiciones del personal judicial”, puntualizó Rivas Loáiciga.

Afirma que continuará su trabajo cercano en las comisiones judiciales que atienden los temas de la mejora en la organización de la oficina, la atención del personal judicial, el dictado de sentencias concisas y directas; así como la promoción de buenas prácticas y el desarrollo tecnológico.

“Estamos a las puertas de que las tecnologías impacten de forma positiva el quehacer judicial y considero que debemos incorporarlas con todas las garantías que blindan a un proceso, donde los intereses de las partes estén satisfechos. Nos va a permitir darle celeridad a los trámites y que la investigación jurídica sea más eficiente”, destacó el magistrado Luis Guillermo Rivas.

Se potenciará las mejoras de organización interna de la Sala Primera, que en los últimos tres años permitió reducir el circulante pendiente y resolver más asuntos de los que ingresan en casación, con el compromiso de las magistradas, magistrados, personal letrado y técnico.

“La importancia de la Sala es la de revisión de lo resuelto en etapas anteriores del proceso, donde se va construyendo la solución justa del conflicto. Estamos llamados a brindar seguridad jurídica, a partir de la uniformidad de la jurisprudencia y la correcta interpretación de la norma, con pleno respeto de la independencia de los jueces y juezas; cuyo fin es llegar a una interpretación común de las normas legales aplicadas, desde las materias Civil y Contencioso Administrativo”, puntualizó el magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga.

Para conocer sobre la trayectoria del Magistrado Rivas Loáiciga puede ver el siguiente link:

https://salaprimera.poder-judicial.go.cr/phocadownload/Integracion/Luis_Guillermo_Rivas_Loaiciga.pdf

• Actividad forma parte de su plan de proyección hacia la comunidad

El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil como parte de su plan de proyección hacia la comunidad, en particular hacia la población menor de edad, llevó a cabo el pasado 15 de mayo, una charla divulgativa de la Ley de Justicia Penal Juvenil.

El Msc. Esteban Amador Garita y el Dr. Gustavo Adolfo Jiménez Madrigal, Jueces de dicho Tribunal, impartieron las charlas a niños y niñas de quinto grado del Centro Educativo María Inmaculada, en donde les explicaron, entre otras cosas, a partir de qué edad comienza la responsabilidad jurídico-penal, cuáles son las posibles sanciones que se podrían llegar a imponer en caso de que la persona menor de edad sea encontrada responsable del delito que se le acusan, así como las soluciones alternas que existen para no llegar al dictado de la sentencia, lo que forma parte de la Justicia Restaurativa.

Durante la actividad que forma parte del Plan Anual Operativo del despacho, los niños y niñas participaron activamente con preguntas y comentarios, demostrando interés en el tema.

Favorecer la comunicación con las personas usuarias y lograr comprensión sobre las sentencias o pronunciamientos de los despachos judiciales participantes es parte del objetivo que se pretende alcanzar con la implementación del Modelo de Juzgados Abiertos en el Poder Judicial de Costa Rica, elementos reforzados en una capacitación virtual sobre lenguaje claro el pasado miércoles 31 de mayo.

Los énfasis en la justicia como derecho humano y el lenguaje como una herramienta elemental en el acceso a la justicia estuvieron presentes durante las dos charlas dialogadas que abarcó la capacitación, las cuales fueron impartidas por el Juez Carlos Núñez Núñez y por la Coordinadora del Programa de Participación Ciudadana en el Poder Judicial, Ingrid Bermúdez Vindas.

Ejemplos cotidianos sobre la forma de redacción escrita y la expresión oral que se tiene en el ámbito judicial fueron aportados mediante consejos prácticos para redactar conforme a las normas de un lenguaje claro tales como evitar latinismos, redactar con oraciones cortas y en orden lógico, uso adecuado de signos de puntuación y evitar el abuso del gerundio, repeticiones, lenguaje complejo y técnico jurídico.

El modelo de Juzgados Abiertos pretende mejorar la forma en que los despachos se relacionan con las personas usuarias a partir de la implementación de acciones vinculadas con los principios de la justicia abierta, uno de los primeros pasos es precisamente el uso de un lenguaje comprensible para las personas.

En 2023 se está llevando a cabo un plan piloto del modelo, en donde de manera voluntaria el personal de cuatro despachos judiciales se inscribió. Los juzgados participantes son: Juzgado de Violencia Doméstica de San Carlos, Juzgado de Violencia Doméstica de Alajuela, Juzgado de Pensiones Alimentarias de Heredia y Juzgado de Tránsito de Cartago.

El proceso de acompañamiento para la implementación del modelo es liderado por la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj), ente encargado del seguimiento de la Política de Justicia Abierta, en conjunto con el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional. Para más información sobre el avance en el plan piloto del modelo se puede escribir a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

• A personas usuarias sordas que lo requieran
• Procura capacitación y actualización voluntaria del personal judicial

La orientación inmediata en Lenguaje de Señas Costarricense (LESCO) que ofrece el personal judicial capacitado en todo el país, cuenta con lineamientos claros en el abordaje de las personas usuarias que lo requieran.

La población judicial capacitada, sus jefaturas y los órganos judiciales a cargo de su aplicación, pueden consultar ya el “ Protocolo para facilitar la comunicación en LESCO, en diligencias menores, básicas e inmediatas, que son requeridas por las personas usuarias en situación de discapacidad auditiva, con la colaboración del personal judicial capacitado por la institución”.

Solo deben ingresar al link: https://secretariacorte.poder-judicial.go.cr/index.php/documentos?download=5318:protocolo-para-facilitar-la-comunicacion-en-lesco

Para la magistrada Damaris Vargas Vásquez, coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad “LESCO es la lengua de señas costarricense (lesco) de las personas sordas en Costa Rica que libremente decidan utilizarla. El Poder Judicial en cumplimiento de su deber de asegurar a las personas sordas el acceso a la justicia en igualdad de condiciones con los demás, al entorno físico, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información, ha aprobado dentro de sus lineamientos un Protocolo donde se establecen los lineamientos institucionales acordes con los estándares internacionales para esa población. Uno de los objetivos es la identificación y eliminación de las barreras y establecer los ajustes razonables a fin de generar las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida a las personas sordas, para garantizarles el goce y ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Para tal efecto, desde hace varios años se ha venido fortaleciendo un equipo de trabajo constituido por personas servidoras judiciales de todos los circuitos y ámbitos institucionales que voluntariamente apoyan en la atención primaria de las personas sordas que requieran ser atendidas por el Poder Judicial. Ese es un ejemplo más del compromiso y responsabilidad de la población judicial con la ciudadanía. El objetivo del Protocolo es potenciar este servicio mediante su regulación idónea a fin de maximizar el aprovechamiento de los recursos institucionales y garantizar eficacia, eficiencia y efectividad en el cumplimiento de la normativa nacional e internacional involucrada.”

 Uno de los objetivos del protocolo es motivar al personal judicial a capacitarse hasta el Módulo IV de interpretación en LESCO, no certificados, para que brinden colaboración a las personas usuarias sordas, una atención y orientación inmediata en los despachos judiciales del país.

Los lineamientos determinan que la asistencia es un servicio de orientación básico, “quedando absolutamente prohibido y en cumplimiento de la Ley Orgánica institucional la posibilidad de brindar la asistencia para actuaciones judiciales, donde por su naturaleza corresponde a las y los peritos inscritos en la base de datos del Poder Judicial, para actuar como intérpretes en audiencias y diligencias judiciales, según corresponda. (Circular 194-2013 de la Dirección Ejecutiva)”.

El personal judicial capacitado en LESCO solo podrá prestar el servicio a las personas usuaria del circuito para el cual laboran y deberán en coordinación con su jefatura llevar un registro de las colaboraciones brindadas.

El Subproceso de Gestión de la Capacitación de la Dirección de Gestión Humana, tendrá a su cargo la consolidación de los procesos de capacitación a la población judicial con la colaboración de la Escuela Judicial y las Unidades de Capacitación de los órganos auxiliares de justicia (Ministerio Público, Defensa Pública, Organismo de Investigación Judicial).

Además, se establecen competencias al Consejo Superior, las Contralorías de Servicios, Administraciones Regionales, la Comisión, la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad y la Unidad de Acceso a la Justicia.