•  En reunión de Supremos Poderes

El Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, recalcó las acciones desarrolladas por el Poder Judicial en la lucha contra la delincuencia, por ejemplo: la aprobación del proyecto de ley que permitió la entrada en operaciones de la jurisdicción de crimen organizado, los constantes allanamientos y operativos del Organismo de Investigación Judicial en coordinación con el Ministerio Público y las y los jueces de la República, quienes autorizan las distintas diligencias judiciales, así como todos los esfuerzos en materia de prevención, justicia restaurativa, formación y sensibilización.

Tal mensaje lo externó durante la reunión que sostuvo la tarde de este jueves con el Presidente de la República, el Presidente del Congreso, la Ministra de la Presidencia y la Diputada Presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa.

“Con esta reunión hemos revalidado nuestro compromiso con una larga tradición democrática de ejercer nuestro mandato constitucional con vocación a escuchar, comprender, debatir y procurar resultados para el avance y la estabilidad de nuestra nación”, manifestó Aguirre.

En la cita, que tuvo como sede el edificio de la Corte Suprema de Justicia, se procuró impulsar una serie de proyectos de ley destinados al combate a la criminalidad. Para el Poder Judicial, por ejemplo, son de especial interés los proyectos con los números de expediente 24019 y 23987, los cuales corresponden a ejecución de la pena (procura garantizar el cumplimiento de penas impuestas a las personas condenadas y el debido proceso); y a registro judicial (generará un mayor control de las personas en conflicto con la ley, lo que facilita las acciones destinadas a prevenir la reincidencia), respectivamente.

El magistrado presidente destacó la importancia del diálogo, la conciliación, el respeto a la independencia de la judicatura y el trabajo conjunto entre los Poderes de la República para luchar contra la inseguridad y la delincuencia.

“Una administración de la justicia autónoma es esencial para reaccionar adecuadamente a la comisión de ilícitos penales, preservar el equilibrio de poderes y asegurar la protección de los derechos y libertades fundamentales”, concluyó.

Durante dos días se realiza en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica el Congreso denominado “Experiencias y Retos en el juzgamiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas”, organizado por la Sala de Casación Penal y la Comisión de la Jurisdicción Penal en conjunto con la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica.

El objetivo es promover la implementación de prácticas y políticas que fomenten la administración de justicia, mediante el intercambio de conocimientos y experiencias en el campo penal.

La magistrada y presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro señaló “como jueza de la República, tras mis años de experiencia en esa importante labor, reconozco la enorme relevancia y urgencia de los procesos de capacitación y formación para los juristas y para las personas que laboran en los órganos auxiliares de justicia para administrar justicia en materia penal, lo cual se torna aún más necesario cuando nos enfrentamos a novedosas legislaciones, al crecimiento y la complejidad de la criminalidad”.

La magistrada Patricia Vargas González indicó que el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas no está exento de polémica, tanto desde la doctrina como desde la legislación costarricense, así que la realización de actividades que abran espacios al diálogo, a la discusión y sobre todo a la búsqueda de oportunidades de mejora en nuestro país siempre es bienvenido sobre todo si se trata de construir ideas que se apeguen a los derechos y garantías constitucionales y convencionales que rigen en Costa Rica.

Según resaltó el magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas, este es un encuentro muy importante, porque reúne a expertos internacionales y nacionales sobre el tema de responsabilidad penal de las personas jurídicas. “Es un tema novedoso para nosotros, tenemos una ley que todavía no cumple cinco años, que cambia un paradigma en relación con la responsabilidad, la cual desde la doctrina y desde la academia ha sido muy discutida".

En el primer día se realizaron las conferencias: “Fundamentos de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas ¿por qué penar?”, por Sebastian N. Casanello, juez titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina; “Panorama General de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica en Chile a 13 años de su implementación”, por Ximena Chong Campusano, fiscal jefa de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad, FRM Centro Norte, Chile.

También se expuso “Luces y sombras de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en Costa Rica”, del conferencista Alberto García Chaves, juez penal de Costa Rica y “Del modelo de organización, prevención de delitos, gestión y control de las personas jurídicas y su relación con la determinación de responsabilidad penal empresarial”, por Kenia Alvarado Villalobos, Oficial de Cumplimiento del Poder Judicial.

Para el segundo día del congreso, los participantes tuvieron la oportunidad de escuchar las charlas “Litigación en el juicio oral de un caso de responsabilidad penal de las personas jurídicas, aprendizaje y buenas prácticas”, por la expositora internacional Ximena Chong; así como “Investigación y Juzgamiento Eficaz de la Persona Jurídica”, por el panelista internacional Sebastian Casanello.

Finalmente, “Experiencias internacionales sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas”, de Daniel González Álvarez, exmagistrado de la Sala de Casación Penal.

Se realizó una mesa redonda sobre reflexiones y visiones de la Ley 9699 “Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos”, y fue moderada por la magistrada Patricia Solano Castro.

• Mauricio Villalta Fallas, integrante propietario
• William Soto Solano, integrante propietario
• Alexander Arguedas Vindas, integrante suplente

El Tribunal Electoral Judicial mediante sesión formal de este miércoles 29 de noviembre de 2023, dio a conocer el resultado del proceso electoral para la elección de las personas integrantes de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones (JUNAFO), en representación del colectivo judicial.

La votación tuvo lugar este martes 28 de noviembre, cuyo sistema electrónico se habilitó por 12 horas y media, para que se emitiera su voto.

Resultados de las votaciones:

Mauricio Villalta Fallas fue electo como integrante propietario, al obtener 1.159 votos válidamente emitidos, para un 44,92% de apoyo. 

William Soto Solano, también fue designado como integrante propietario, con un total de 985 votos electorales, para un 38,18%.

Alexander Arguedas Vindas, asumirá como integrante suplente, al recibir un total de 436 votos, para un 16,90% de apoyo.

“En nombre del pleno del Tribunal Electoral Judicial, calificamos este proceso de elección, con una excelente nota, ya que ha sido un proceso totalmente transparente, cristalino; siguiendo el principio de legalidad y la normativa vigente aplicable al proceso. Felicitamos a las personas que fueron elegidas de forma democrática. Nuestra reflexión está dirigida a hacer un llamado al colectivo judicial, para que en futuras elecciones podamos bajar el porcentaje de abstencionismo que sigue siendo muy importante”, manifestó Tomás Poblador Ramírez, integrante del Tribunal Electoral Judicial.

El proceso electoral para la elección de las personas integrantes de la JUNAFO, en representación del colectivo judicial, contó con un padrón electoral de 16.538 personas inscritas (13.485 personas trabajadoras activas, 2.538 personas jubiladas y 515 personas pensionadas).

En total se registró el voto válido de 1.290 personas, que representó el 7,80% del padrón electoral, votos en blanco 112 personas que representa el 0,68%. El abstencionismo registró un 91,52%.

El acuerdo tomado esta mañana por el Tribunal Electoral Judicial respecto al resultado de las elecciones se comunicará a la Corte Plena, órgano al que se le solicitará proceder con la juramentación de las personas designadas. 

Además, se remitirá comunicación al Consejo Superior, y conforme al artículo N.° 37 del “Reglamento de integración de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial a la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y Conassif.

• Competencia señalada por la Ley Orgánica del Poder Judicial

 El funcionamiento efectivo y eficiente del Poder Judicial pasa por la administración del recurso humano de la institución, ésta es una de las principales labores a cargo del Consejo Superior.

 Dentro de las competencias a cargo del máximo órgano judicial se encuentra la designación de las funcionarias y los funcionarios que administran justicia, con excepción de los nombramientos que le corresponden a Corte Plena.  El traslado provisional o definitivo, el conocimiento de suspensiones o concesiones de licencias con goce de salario o sin él o incluso su remoción, son parte de sus funciones y que aplica a las y los servidores judiciales en general.

 Tienen también la tarea de designar al personal juzgador interino o suplente, para atender los programas de apoyo a los despachos judiciales, cuando los volúmenes de trabajo que registran son altos.

 Le corresponde la aprobación o improbación de las designaciones a cargo de las jefaturas administrativas en despachos, departamentos u oficinas judiciales, dentro de esta labor verifica que cada nombramiento se haya ajustado al procedimiento que señala el Estatuto de Servicio Judicial.

 Además, tiene a su cargo el ejercicio de la potestad disciplinaria de las y los servidores judiciales; así como resolver aquellos reclamos de carácter económico que se le hagan a la institución y a los servidores judiciales y las decisiones respecto a reintegros de dineros que procedan conforme a la ley.

 Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez

Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas Vásquez

Sandra Pizarro Gutiérrez, representante de los abogados y las abogadas litigantes

Ana Isabel Orozco Alvarez, representante de las personas trabajadoras judiciales

Gary Bonilla Garro, representante de abogados y abogadas que trabajan en el Poder Judicial, que no administran Justicia

Siria Carmona Castro, representante de los funcionarios y funcionarias judiciales que Administran la Justicia.

Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva