- En “Encuentro con la Prensa”, Presidente de la Corte, Fiscalía, OIJ y Defensa Pública rinden cuentas sobre lucha contra delincuencia
Combatir la inseguridad y construir paz social es una prioridad para el Poder Judicial, así lo evidencian los datos sobre operativos, acusaciones y condenatorias expuestos la tarde de este lunes 12 de agosto, a la prensa como un ejercicio de rendición de cuentas y acceso a la información pública.
Mostrándose como un solo bloque, reflejo del trabajo coordinado y planificado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial y la Defensa Pública rindieron un informe sobre las principales acciones desarrolladas en la lucha contra la criminalidad.
Dentro de las estadísticas sobresale, que al comparar los primeros siete meses de 2024 con el mismo periodo de 2023 se registra un aumento de un 28% en los operativos realizados por la Policía Judicial, al pasar la cifra de 5.554 a 7.123; mientras que los allanamientos experimentaron un incremento del 19% (de 1.408 a 1.683).
En ese mismo periodo también se reportan más personas detenidas: de 3.136 a 3.582, lo que representa un 14%.
Asimismo, se destaca que entre 2023 y los primeros siete meses del año en curso se han resuelto 532 homicidios, y que desde el 2022, el OIJ registra 110 grupos u organizaciones criminales desarticuladas o en investigación.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez destacó que los datos reflejan el compromiso de la institución para atender el tema de la inseguridad, y resaltó la importancia de un Poder Judicial unido y robusto, con independencia para ejercer sus funciones.
“Costa Rica puede confiar en el Poder Judicial, estamos al servicio de la ciudadanía, en el marco de nuestras competencias y potestades hemos combatido la inseguridad que atraviesa el país, pero no todo se puede atender con allanamientos y condenatorias… el origen de la criminalidad es profundo, obedece a problemas sociales, a falta de oportunidades, a vacíos en el sistema educativo, estos males están urgidos de una solución, si no se abordan desde la raíz la delincuencia continuará creciendo”, señaló Aguirre, quien, a su vez, recordó los proyectos de ley impulsados desde la Corte, por ejemplo: la ley que amplía a homicidio simple y femicidios los delitos susceptibles de intervención de comunicaciones; y la creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada que ha permitido condenas en casos de suma relevancia como Gamma, Los Lara y Malanga.
El director del OIJ, Randall Zúñiga López, respaldó lo dicho por el magistrado presidente sobre la necesidad de reconstruir el tejido social, al tiempo que resaltó el trabajo efectivo y eficiente de la Policía Judicial.
“Todos estos datos evidencian la importancia que representa para la institución el trabajo constante y continuo para sacar de circulación a la delincuencia que tanto está afectando la seguridad del país y que causa temor en la ciudadanía”, indicó.
Acusaciones y condenas
La labor y compromiso de la Fiscalía y la judicatura también quedaron en evidencia, por ejemplo, en el 2023 se interpusieron 1.383 acusaciones más que en 2022, lo que significó un aumento de 4,5%.
Además, en etapa de juicio, para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2023, las sentencias condenatorias y procesos abreviados representaron el 57,36% respecto a la totalidad de casos acusados y llevados a juicio.
De igual forma, el total de condenatorias creció un 15% entre 2022 y 2023, al pasar de 9.127 a 10.456.
“Desde el Ministerio Público estamos comprometidos y trabajamos en equipo con los diferentes cuerpos policiales en contra del crimen organizado y la corrupción, entendiendo que estos flagelos afectan la institucionalidad del país y, por ende, a la ciudadanía. Pese a que los recursos son escasos, no nos escudamos en ello para afrontar ese grave problema que vivimos, por lo que el pueblo de Costa Rica puede tener la certeza que estamos dando nuestro mejor esfuerzo por erradicar este tipo de delincuencia y recobrar la paz en nuestras comunidades”, indicó el Fiscal General, Carlo Díaz Sánchez.
Rostro social
Finalmente, la Defensa Pública expuso durante la actividad las acciones desarrolladas al servicio de los grupos más vulnerables, entre los que destacan mujeres en condición de riesgo y comunidades indígenas, así como toda la labor de promoción de justicia que se desarrolla con personas menores de edad. Un trabajo que procura tener un impacto preventivo y combatir el reclutamiento de jóvenes por parte de estructuras criminales.
“La labor que realiza la Defensa Pública en el reconocimiento de los derechos laborales, el derecho alimentario, los derechos de las personas campesinas, todos con factores de vulnerabilidad, así como las charlas preventivas en caso de las personas menores de edad, son acciones que contribuyen a contrarrestar el avance de la criminalidad en nuestra población", recalcó el Director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo.
