- Con un diálogo y reflexión que contribuye a mejorar el servicio público que se brinda a las personas usuarias y a la ciudadanía en general
La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI) realizaron este martes 16 de julio, el Foro Internacional de “Acceso a la Justicia: ODS 16 + eje central de los Derechos Humanos para el Desarrollo Sostenible”, con la participación de expositores nacionales e internacionales, de manera bimodal (presencia y virtual).
La actividad fomenta la aplicación e impacto de los diversos instrumentos jurídicos de derecho internacional público y privado, para la defensa de los derechos fundamentales de todas las personas y el control de la convencionalidad que debe realizarse en la administración de justicia.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez en su conferencia indicó que, “al reunirnos para reflexionar sobre el acceso a la justicia, recordamos que este es un componente vital para la paz social y el desarrollo sostenible. Solo promoviendo y protegiendo este acceso podemos aspirar a construir sociedades más justas, pacíficas y prósperas”.
“El acceso a la justicia es fundamental para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, especialmente el ODS 16, que nos llama a crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas. Un sistema judicial que funcione correctamente no solo protege los derechos individuales, sino que también proporciona un entorno seguro y confiable para el desarrollo económico y social”, puntualizó el magistrado Orlando Aguirre.
Además, se contó con exposiciones de alto nivel como “Los Derechos Humanos en el marco de la Agenda 2030 y los ODS, sobre todo la mirada multidimensional del ODS 16 +, por Graciela Dede Delfino, Asesora Regional de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para América Latina y Caribe sobre Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos, ACNUDH con sede en Panamá.
“Tutela judicial efectiva de personas en condición de vulnerabilidad y La Agenda 2030”, por Alicia González Navarro, profesora titular de derecho procesal, de la Universidad de la Laguna, Tenerife, España; “Instrumentos internacionales para un efectivo acceso transnacional a la justicia”, por María Mercedes Albornoz, Profesora Investigadora Titular de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), México.
También, “El control de convencionalidad en el sistema interamericano de Derechos Humanos y sus implicaciones para la administración de justicia”, por Joseph Thompson, director ejecutivo, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, (IIDH) con sede en nuestro país y la “Jurisdicción Indígena y Derechos de las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos”, por Carlos Rodríguez Mejia, Embajador de Colombia en Costa Rica.
El foro internacional también contó con la participación de la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, y coordinadora de la Comisión Iberoamericana de Justicia Ambiental de la Cumbre Judicial Iberoamericana y del Grupo Especializado de Justicia Ambiental del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, magistrada Damaris Vargas Vázquez cuya conferencia versó sobre el tema: “Justicia ambiental para el desarrollo sostenible”, donde resaltó temas como la Actualización de 95 Principios Jurídicos Medioambientales para el Desarrollo Ecológicamente Sustentable, promover el fortalecimiento de las capacidades humanas en tema ambiental, entre otros.
Esta es una actividad que ejecuta en el marco de la comunicación abierta ante la ciudadanía y sociedad civil sobre el VIII informe de avances en la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el Poder Judicial para el período de junio 2023 a junio 2024.
La Agenda 2030 y los ODS que incluyen 17 objetivos es un instrumento global con una visión de largo plazo para el desarrollo sostenible, inclusivo y en armonía con el medio ambiente adoptado por 169 países de las Naciones Unidas en setiembre del 2015 y del cual el Poder Judicial ha estado comprometido para la tutela efectiva de los derechos humanos y el acceso a la justicia.
