• Nuevas normas procesales regirán a partir del 1 de octubre de 2024

La protección de las personas en condición de vulnerabilidad y la garantía de ejecutar de inmediato las medidas de protección acordadas por la persona juzgador,  son los fines de los Procesos de Protección Cautelar que contiene el nuevo Código Procesal de Familia.

La aplicación de las normas en este tema se aplicarán a partir del 1 de octubre de 2024 con la entrada en vigencia de la reforma en materia de Familia.

“La protección de las personas en condición de vulnerabilidad y la garantía de ejecutar de inmediato las medidas de protección acordadas por la persona juzgadora,  son los fines de los Procesos de Protección Cautelar que contiene el nuevo Código Procesal de Familia. Las normas en este tema se aplicarán a partir del 1 de octubre de 2024 con la entrada en vigencia de la reforma en materia de Familia”, explicó el juez y gestor de la Comisión de la Jurisdicción de Familia, Eddy Rodríguez Chaves.

Este tipo de gestión judicial se puede presentar a favor de una persona adulta mayor, una persona con discapacidad, personas menores de edad y las personas en condición de vulnerabilidad.

El juez o jueza determinará en qué casos se aplica o no una medida cautelar, para proteger los intereses y derechos de la persona actora y que en caso de que la sentencia le sea favorable, ésta pueda ejecutarse y cumplirse.

Cuando exista urgencia de solicitar la protección en el Juzgado que corresponde, se puede hacer en cualquier otro juzgado del país, que también tramite este tipo de procesos y luego se trasladará al despacho correspondiente

Fortalecer el vínculo entre el Poder Judicial y la población indígena Maleku, así como apoyar el trabajo que realizan las personas facilitadoras judiciales indígenas de este territorio, mediante el acceso a material informativo en su propio idioma, fue el objetivo alcanzado con un encuentro ciudadano en el Centro Cultural Tafa Jolo en Guatuso de San Carlos, el pasado viernes 13 de setiembre.

El encuentro fue organizado por la Administración Regional del II Circuito Judicial de Alajuela, en conjunto con el Juzgado Contravencional de Guatuso, la Defensa Pública, el Centro de Conciliación y la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj), como ente encargado del Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales.

El señor administrador regional del circuito, Alexander Matarrita Casanova, destacó la necesidad de la coordinación a lo interno de nuestra institución para tener un mayor acercamiento y presencia en las comunidades, con un rostro humano, “esa acción de venir a las comunidades solo nos trae réditos positivos al Poder Judicial”, concluyó.

Por su parte, la jueza del Centro de Conciliación de Ciudad Quesada, Ana Katalina Baudrit Vargas, realizó una presentación sobre las ventajas de la conciliación en sede judicial y la forma en que las personas pueden solicitarla para hacer sus procesos más céleres y adecuados a sus necesidades.

Personal de la Defensa Pública de San José y de la zona ampliaron sobre los servicios que prestan de manera gratuita, tanto a personas indígenas  como a no indígenas, destacando mecanismos como la estación virtual que está allí mismo ubicada y que facilita el acceso a los servicios de la Defensa para las personas que habitan en el territorio, sin tener que desplazarse.

El juez contravencional de Guatuso, Harold Rojas Aguilar, explicó los alcances del Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales y el rol de estas personas en sus comunidades, muchas de las cuales estuvieron allí presentes.

Por su parte, el Presidente de la Asociación de Desarrollo Maleku, Velmer Blanco Blanco, resaltó el valor de la labor que realizan las personas facilitadoras en el territorio y ofreció las instalaciones y la disposición de la asociación para colaborar estrechamente con el Poder Judicial.

Durante la actividad se hizo entrega de material impreso en lengua Maleku, relacionado con la función de las personas facilitadoras, tales como afiches, volantes y desplegables, así como un video animado y podcast, con el fin de fortalecer el posicionamiento y rol voluntario de las personas indígenas facilitadoras judiciales dentro de este territorio.

Los materiales se encuentran disponibles en la página web del Servicio Nacional: https://facilitadores.poder-judicial.go.cr/index.php/material-idioma-maleku

Este proyecto se inscribe en una estrategia más amplia que ha abarcado la elaboración de material informativo de este servicio en lenguas indígenas tales como cabécar, ngöbe, bribri y maleku, en donde para cada una se realizó un profundo y respetuoso trabajo de traducción e interpretación, con participación de las propias personas indígenas facilitadoras judiciales de cada comunidad, para que tanto de manera visual como textual, se expresaran con claridad las ideas y en apego a estas culturas originarias de nuestro país en cada uno de los productos entregados.

Actualmente el Servicio Nacional cuenta con 51 personas facilitadoras judiciales indígenas y se encuentra presente en todas las provincias del país, con especial énfasis en comunidades rurales de difícil acceso a servicios públicos en general, por lo que el rol voluntario de las personas facilitadoras judiciales es clave en garantizar el derecho de acceso a la justicia.

Para más información sobre esta iniciativa se puede escribir a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

*La agenda de este día contempla más artículos, de ser necesario, oportunamente se remitirá el detalle del resto de numerales, en la misma forma y por la misma vía en que se facilitó este documento.

* Por la dinámica de la sesión, es posible que se incluyan artículos que no aparecen en esta agenda, de ser así, oportunamente se comunicará.

• Medios de comunicación profundizan en los cambios que incorporará la norma procesal a partir del 1 de octubre de 2024

 Propiciar una justicia de Familia más ágil y accesible para todas las personas usuarias, es el compromiso que asumirán los 119 despachos judiciales ubicados en todo el país y que tienen a cargo la aplicación de las nuevas normas que contempla el Código Procesal de Familia.

 Su aplicación comenzará a darse a partir del 1 de octubre de 2024 y los medios de comunicación nacionales y regionales profundizaron sobre los alcances de las normas procesales en Familia, a través de una capacitación virtual, dirigida por gestores de la Comisión de la Jurisdicción de Familia del Poder Judicial.

 Durante el encuentro se destacó que el Código contempla la unificación de los procesos en materia de Familia, que pasan de 32 procesos actuales a  4 procesos que concentrarán la resolución de los diversos conflictos que se presenten.

 “Una innovación es que al aprobarse el Código, se excluye de la intervención judicial cuatro temas como la celebración de matrimonios,  el reconocimiento de hijo o hija de mujer casada,  la adopción de personas mayores de edad, siempre que no tengan una discapacidad y el divorcio por mutuo consentimiento donde no hay hijos menores de edad, ni bienes qué distribuir, las cuales se tramitarán ante notario público y dicha gestión se presentará directamente al registro civil para su inscripción”, puntualizó el juez gestor de Familia, Eddy Rodríguez Chaves.

 En el trámite de estos procesos de familia, la norma procesal determina que se deben considerar los aspectos de naturaleza cultural y específicamente de poblaciones indígenas en su atención, así como a poblaciones en condición de vulnerabilidad.

 “Uno de los elementos fundamentales que contiene el Código es la oralidad, que es un sistema procesal donde, fundamentalmente, la persona usuaria es escuchada por una persona juzgadora, que es la que resolverá el conflicto.  Además, tiene como características que aplica la privacidad de los procesos, donde no pueden participar terceras personas, porque es de interés exclusivo de las partes y también se incluye un principio vital como es el mejor interés, el cual debe aplicar el juez o la jueza en el caso concreto”, explicó el juez gestor de Familia, Cristian Martínez Hernández,

 En la capacitación virtual también se abordó el tema de la atención de los procesos de violencia doméstica y la presentación de medidas de protección.

 “Cuando las medidas de protección se solicitan en favor de personas menores de edad, en estos casos, la norma indica que deberá existir la representación legal del PANI, de la autoridad policial u otra persona que tenga conocimiento de la violencia; lo mismo ocurre para los casos de las personas que tienen algún tipo de discapacidad; también en casos donde existe alto riego para la integridad o la vida, la norma facilita que cualquier persona que tenga conocimiento de la situación de violencia, puede interponer la solicitud de medidas a favor de la víctima”, expuso la jueza gestora de Violencia Doméstica, Shirley González Quirós.