• Sesión ordinaria tendrá lugar los días 20 y 21 de junio en Panamá

 La Justicia Abierta, la Justicia Restaurativa, la Calidad de la Justicia y el Combate al delito, serán algunos temas focales que analizarán los poderes judiciales de la región, durante la sesión ordinaria del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe.

 El encuentro tendrá lugar el 20 y 21 de junio, en la ciudad de Chiriquí, Panamá, momento en el cual se hará el traslado de la Presidencia Pro Témpore del Poder Judicial de República Dominicana al Órgano Judicial de Panamá para el periodo de junio 2024 a junio 2025.

 Durante estas sesiones de trabajo se analizarán los productos que fueron elaborados en los seis Grupos Especializados de Trabajo (GET) de Justicia Abierta, Justicia Restaurativa, de Transformación Digital, Combate al Delito, Fortalecimiento Institucional y Calidad de la Justicia, que se encuentran activos para el período 2023-2024.

 En el marco del trabajo regional, las representaciones del Poder Judicial que estuvieron a cargo de coordinar y participar en los GETs fueron la  magistrada y los magistrados costarricenses, Sandra Zúñiga Morales, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Julia Varela Araya y Luis Guillermo Rivas Loáiciga, así como Kattia Morales Navarro y Karen Leiva Chavarría.

 Por parte del Poder Judicial de Costa Rica, se contará con la participación del magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez y el Magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga en su cargo de Coordinador Nacional.

 La apertura de la sesión ordinaria tendrá lugar este jueves 20 de junio y durante este día, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana y Presidencia Pro Témpore del CCJC, Henry Molina, rendirá el informe de labores.

 También se tiene programado la exposición de los informes de los Órganos Auxiliares que es el Centro de Capacitación Judicial de Centroamérica y de la Comisión Centroamericana y del Caribe de Acceso a la Justicia para las personas en condición de vulnerabilidad, que están a cargo de la señora Rebeca Guardia Morales, Directora Regional del Centro y el Magistrado Jorge Olaso Alvarez.

 El Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe (CJCC) es un organismo regional que tiene como objetivo principal fortalecer la cooperación judicial entre los países de Centroamérica y del Caribe. Su propósito es promover el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas en el ámbito Judicial, así como fomentar la armonización de legislaciones y procedimientos judiciales.

 La coordinación nacional para la participación del Poder Judicial en el CJCC está a cargo del Magistrado Rivas Loáiciga con la asesoría y acompañamiento de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI).

• Ejercicios prácticos abordan la regulación interna judicial en tema de conflictos de interés y leyes nacionales.

 ¿Sabe usted porqué el Poder Judicial regula y gestiona los conflictos de interés? ¿Conoce las leyes que regulan y sancionan el tema de corrupción en la función pública?

 Cuando el interés público se encuentra comprometido por los intereses particulares, se provoca una brecha en la calidad de los procesos y una entrada a la corrupción.

 Es por ello que el Poder Judicial debe proteger el derecho de las personas usuarias a un buen y eficiente servicio de administración de justicia; así como asegurar un ambiente libre de influencias indebidas como la “garantía más importante de su imparcialidad” y de estabilidad laboral de sus personas colaboradoras, (Sala Constitucional N°13779-2011, y N° 17098-2021)     

 En este sentido, la Regulación de conflictos de intereses del Poder Judicial, es un mecanismo preventivo complementario de otras leyes que regulan y sancionan los actos de corrupción, el fraude organizacional interno y las faltas a la probidad; y el Simulador, viene a ser la herramienta de apoyo para orientar en la materia de conflictos de intereses, permitiendo a la persona usuaria que la utiliza, contar de manera directa con la fuente, para, de ser necesario, la propia persona funcionaria judicial proceda a la gestión de potencial conflicto de interés ante su superior inmediato

 Aspectos puntuales sobre esta temática, usted puede analizar y consultar, a partir de los ejemplos prácticos que ofrece la herramienta electrónica denominada “Simulador de Conflictos de Interés”.

 El Simulador se ubica en la página web de la Oficina de Cumplimiento del Poder Judicial,  https://oficinacumplimiento.poder-judicial.go.cr/index.php/simulador

De acuerdo con la Oficial de Cumplimiento del Poder Judicial, Kenia Alvarado Villalobos, los ejercicios prácticos se basan en los postulados que contiene la Regulación de Conflictos de Interés del Poder Judicial e incorpora otras normas que regulan el tema de consulta.

 “El Simulador considera los postulados de la Regulación de conflictos de intereses y, como norma complementaria de otras leyes que regulan y sancionan el riesgo de corrupción y los conflictos de intereses, señala el postulado legal que se vería transgredido de actuarse en conflicto de interés, permitiendo a la persona usuaria de la herramienta, contar de manera directa con la fuente, y, de ser necesario, proceder a la gestión de potencial conflicto de interés ante su superior inmediato”,  destacó Alvarado Villalobos.

•  Nombramiento establece un plazo de seis años, según lo define el artículo 18 de la Ley Marco de Empleo Público.

 Este lunes 17 de junio de 2024, en sesión ordinaria de Corte Plena se realizó la designación, para el cargo de la Dirección de Gestión Humana y el acto de juramentación tuvo lugar este mismo día.

 Por mayoría de las magistradas y los magistrados que integran el máximo órgano judicial, se nombró en este puesto de alta dirección pública a Roxana Arrieta Meléndez, de quien destacaron el trabajo realizado y su trayectoria profesional.

 Arrieta Meléndez ocupaba el puesto de forma interina y ahora dará continuidad a sus labores por el plazo de seis años, así como lo dispone el artículo 18 de la Ley Marco de Empleo Público, en lo que respecta a los cargos de alta dirección pública, con la posibilidad de prórroga anual.

 “Me comprometo a seguir trabajando en el cumplimiento de nuestra visión, asegurar que el Poder Judicial evolucione permanentemente a través de personas íntegras, comprometidas e idóneas para desempeñar con excelencia su responsabilidad. Ello con el fin de realizar eficientemente las funciones encomendadas para alcanzar las metas y objetivos que este Poder de la República establezca.

 “Nos quedan muchos retos por concluir y por venir. Confío que, a través de nuestro proceso analítico, participativo y dedicado, nuestros equipos de trabajo seguirán adelante, para enfrentar cada uno de estos desafíos. Es imperativo mantener siempre un análisis de las nuevas tendencias en nuestra materia, con el fin de evolucionar permanentemente hacia las mejores prácticas, que se puedan implementar, desde la normativa existente”, reafirmó Roxana Arrieta Meléndez, Directora de Gestión Humana.

 Roxana Arrieta agradeció la confianza y el apoyo depositado por Corte Plena, así como del equipo de trabajo que integra la Dirección de Gestión Humana, por su trabajo profesional, ético, transparente y siempre orientado a los objetivos.

• El debate está programado para tres días y cuenta con 8 testigos.

El Tribunal de Juicio de Goicoechea se trasladó al territorio indígena Bribrí para realizar un debate del 17 al 19 de junio, en las Instalaciones del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), sede Bribri de Talamanca, Limón.

El juicio está señalado para dichos días, iniciando a las 8:30 a.m., cuenta con ocho testigos y asisten el Ministerio Público; la Procuraduría General de la República como representante del Estado en su condición de actor civil y defensa particular, el tribunal está integrado por los jueces Andrés Saborío Cascante, María Ester Vargas Monge y Ericka Calvo Navas.

Dicho debate es contra una mujer de apellido Pitar, por el delito de peculado, en perjuicio de los deberes de la función pública. 

Al parecer, Pitar en el transcurso del año 2015, fungió como funcionaria del Ministerio de Educación Pública, desempeñándose como directora de un centro educativo; se presume que ella junto con un hombre idearon un plan con el fin de sustraer fondos públicos, el cual consistía en presentar facturas de bienes y servicios que no fueron autorizados por todos los miembros de la junta, ni eran necesitados por el centro educativo.

En apariencia, y según el plan establecido, se le indicaba al contador público de la junta, que necesitaba que se les autorizara la salida de varios cheques con el fin de sufragar gastos y necesidades del centro educativo, y que por motivos de urgencia no contaba con el respectivo acuerdo de la junta de educación.

Supuestamente, con la finalidad de sustraer dineros públicos bajo su custodia y administración, procedieron a indicarle al contador que le autorizara el pago de las facturas sin timbrar por un monto total de un millón cuatrocientos cuarenta y seis mil ciento treinta y cinco colones.

Aparentemente, en otra oportunidad se giraron otros cheques, por el monto de doscientos setenta mil colones, por concepto de pago de dos muebles de cocina; otro de trescientos dieciocho mil ciento treinta y cinco colones, por concepto de pago de reparaciones de cocina; así como el cheque por un monto de quinientos ochenta y ocho mil colones, por concepto de pago de utensilios de cocina.

Se presume que estos cheques fueron retirados por la imputada, a quien se le entregaron los cheques por un monto total de un millón cuatrocientos cuarenta y seis mil ciento treinta y cinco colones. Sustrayendo la imputada, con su actuar fondos públicos pertenecientes a la Junta de Educación de la Escuela Líder de Bribri.