• En celebración del “Día Mundial del Denunciante”, así como la aprobación en Costa Rica de la Ley 10.437, para dar a conocer mecanismos de protección a favor de quienes denuncian.

Para celebrar el “Día Mundial del Denunciante y la Ley N°10.437” (Ley de protección de las personas denunciantes y testigos de actos de corrupción contra represalias laborales) se realiza un seminario que reúne a especialistas nacionales e internacionales.

Durante dos días se realizarán ponencias y mesas redondas para analizar los aspectos más relevantes de la nueva ley de protección de denunciantes y testigos de actos de corrupción contra represalias laborales, incluyendo estándares internacionales y otras experiencias de países de la región. 

Se pretende que actores de la institucionalidad pública y del sector privado, como también de la sociedad civil, conozcan de la misma, valoren sus alcances y se comprometan con la difusión de los mecanismos de protección que prevé la legislación en favor de quienes denuncian y/o son testigos de actos que consideran pueden ser considerados casos de corrupción. 

El seminario es convocado de manera conjunta el Poder Judicial, la Asociación Costa Rica Íntegra y el Instituto Costarricense de Auditores Internos, en una alianza que muestra el interés que, para la sociedad costarricense reviste esta normativa, en aras de fortalecer a la ciudadanía en su papel de vigilancia y de compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción y el abuso de poder.

En el acto de inauguración de este seminario, la magistrada presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro indicó que “celebrar el Día Mundial de la Persona Denunciante va más allá de reconocer los logros legislativos, es una llamada a la acción para todas las instituciones y la sociedad en general, para que se creen entornos seguros en los que las denuncias sean escuchadas y se tomen medidas contundentes contra la corrupción”.

“La corrupción, el fraude y el abuso de poder son problemas complejos y sistémicos, profundamente arraigados en las organizaciones, tanto públicas como privadas.  La desconfianza en la confidencialidad de las denuncias, la cultura organizacional que desalienta la denuncia y la implementación efectiva de las leyes siguen siendo obstáculos que debemos superar”, agregó la magistrada Patricia Solano.

Juany Guzmán León, presidenta de Costa Rica Íntegra, señaló que “una ley como esta puede inclinar la balanza hacia la ruta de la alerta temprana, con protección y con incentivos”.

Por su parte, Gerald Campos Valverde, ministro de Justicia y Paz, mencionó “estamos trabajando en escuchar a la gente, porque cualquier persona puede dar un dato importante que es una denuncia, para evitar situaciones bien complejas de casos de corrupción”.  

La primera conferencia fue sobre los “Estándares interamericanos de la sentencia caso Viteri Ungaretti vr Ecuador” a cargo de la Dra. Ariana Macaya Lizano, abogada de la Secretaría de la Corte Interamericana de DDHH; luego se expuso sobre La Ley 10.437 y la norma ISO 37002, por Carolina Muñoz, presidenta del Comité de Gobernanza, INTECO.

Se realizó la mesa redonda “Canales de denuncia y su problemática integrada por Ronald Fernández Romero de auditoría interna del Ministerio de Hacienda; Rafael Picado López, gerente de denuncias de la Contraloría General de la Republica; Nuria Rodríguez Hernández, auditora senior de la auditoría interna de UNICOMER y César Soto Solís, jefe de la Unidad Asesora Asuntos Internos del Ministerio de Hacienda.

La primera jornada finalizó con la mesa redonda “Alcances del fuero de protección de la Ley 10.437”, moderada por Marlon Mora Jiménez e integrada por Fabián Arrieta Segleau, juez laboral del Tribunal de Apelaciones de San José; José Ángel Peñaranda; jefe de la Oficina de Protección de la víctima del Ministerio Público; Eric Briones Briones; jefe del Departamento Legal de la Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Ana Briceño Yock, supervisora área laboral de la Defensa Pública.

Durante el segundo día del seminario se contará con los conferencistas internacionales Thomas Devine del Government Accountability Project – Washington y Thelma Aldana Hernández, ex - presidenta Corte Suprema de Justicia de Guatemala y ex Fiscal General, quien estará de manera virtual.

Además, se efectuará la mesa redonda “Experiencias internacionales de protección de denunciantes y testigos de corrupción” con representantes de organizaciones de la sociedad civil de Colombia, Guatemala y Honduras.

• Detención se realizó en octubre del 2023.

Un hombre de apellido Montes se sometió a un procedimiento especial abreviado, por lo que el Tribunal Penal de Puntarenas impuso la pena de siete años de prisión en la sentencia número 158 – P – 2024, por el delito de posesión y almacenaje de drogas de uso no autorizado para el tráfico ilícito.

Supuestamente, Montes poseyó y almacenó en su domicilio ubicado en las cercanías de una escuela en el sector del Roble, Puntarenas, estupefacientes con fines de tráfico. Luego de vigilancias, investigaciones y seguimientos, las autoridades lograron determinar las ventas ilegales.

En apariencia, el encartado mantenía en su dormitorio droga tipo marihuana y cocaína, así como un arma de fuego y dinero en efectivo, que se presume era producto de las ganancias del tráfico ilícito al que se dedicaba.

Las autoridades lograron la detención de Montes en octubre del 2023.

• Relevante para el ejercicio democrático de los Estados.

La Consulta Pública del Informe Preliminar para el Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) organizado por la Comisión interinstitucional para el seguimiento e implementación de las obligaciones internacionales de Derechos Humanos y la Oficina de Cooperación y Relaciones Internaciones (OCRI) del Poder Judicial, se realizó este viernes 21 de junio.

La consulta es una responsabilidad que asume el Estado costarricense por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en cumplimiento de la Resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos con relación a la conducción del Examen Periódico Universal y tiene el propósito de aprovechar el proceso para propiciar una reflexión como país, en conjunto con la sociedad civil y otros actores relevantes, sobre los avances, retrocesos y desafíos en esta materia para Costa Rica.

La magistrada presidenta en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas Vásquez puntualizó “esta es una actividad que muestra la voluntad que tiene la institucionalidad pública para reflexionar como país, en conjunto con la sociedad civil y otros actores relevantes, sobre los avances, retrocesos y desafíos en materia de Derechos Humanos en Costa Rica; así como, establecer objetivos prioritarios y metas comunes hacia el futuro”. 

Alejandro Solano Ortiz, viceministro de Asuntos Multilaterales, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto señaló “este es el resultado de un importante esfuerzo que pretende establecer la mayor universalidad y transparencia en este proceso; esta gestión plantea el objetivo que la sociedad civil sea también parte de este esfuerzo y este ejercicio”.

Allegra Baiocchi, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica indicó “felicitamos a Costa Rica como Nación con larga tradición democrática al encontrarse compartiendo sus resultados preliminares sobre las medidas adoptadas para mejorar la situación de los Derechos Humanos en el país durante los últimos años”.

Por su parte, Eugenia Gutiérrez Ruiz, embajadora, directora alterna de Política Exterior y presidenta de la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos y Daniel Zavala Porras, secretario ejecutivo de la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos realizaron una presentación sobre la Introducción al Examen Periódico Universal y el proceso nacional.

En la actividad se encontraba la magistrada Roxana Chacón Artavia; Monserrat Ruiz Guevara, diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa; Angie Cruickshank Lambert, Defensora de los Habitantes; Eugenia Gutiérrez Ruiz, embajadora, directora Alterna de Política Exterior y Presidenta de la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos; Ricardo Sossa Ortiz, Comisionado Presidencial de Inclusión Social y Cristian Vargas Sandí, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

De igual manera, participaron representantes de instituciones públicas integrantes de la Comisión Interinstitucional para el seguimiento e implementación de las obligaciones internacionales de Derechos Humanos y de las organizaciones de la sociedad civil.

La consulta pública procura facilitar un espacio de rendición de cuentas hacia la sociedad civil, así como de retroalimentación, respetando la autonomía de las organizaciones, al mismo tiempo que las prerrogativas del Estado de reportar sobre su accionar ante los mecanismos universales de Derechos Humanos.

 “Servir. En el fondo es colaborar. En el fondo es ofrecer lo que yo puedo, desde mis limitaciones, para generar esos puentes que pueda unir más a la comunidad” es la descripción que brindó de su servicio voluntario el señor José Antonio Castro Chacón de San Andrés de León Cortés, durante el acto en el cual fue juramentado como facilitador judicial por autoridades locales y nacionales del Poder Judicial.

Junto a José Antonio, seis personas más fueron juramentadas como facilitadoras judiciales el pasado martes 18 de agosto por jueces y juezas contravencionales de San Marcos de Tarrazú y Acosta, así como personal técnico y profesional de apoyo.

Estas personas facilitadoras judiciales beneficiarán a las localidades de donde provienen tales como Naranjal, Llano Bonito, Cangrejal, La Uruca de Sabanillas de Acosta y León Cortés en la zona de Los Santos.

El Magistrado Presidente de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, quien acompañó estos actos, agradeció la participación de estas personas lideresas comunales y resaltó el impacto positivo que logran en las localidades, sobre todo en poblaciones en condición de vulnerabilidad. “Ustedes son gente comprometida con sus comunidades, pero hacen mucho más y ahora sirven de brazo de contacto entre el Poder Judicial y las comunidades más alejadas. Nos sentimos agradecidos y orgullosos de tenerles”, concluyó el magistrado.

También destacó el compromiso asumido por el personal de los juzgados locales, en cuyos hombros recae este servicio, saliendo a los barrios, invitando a la gente a participar, comunicándose exitosamente y estableciendo fuertes lazos de cooperación local.

En estas actividades estuvieron presentes los jueces de San Marcos de Tarrazú Garnier Vargas Barboza y Jorge Ortega Morales, mientras que por parte del Juzgado Contravencional de Acosta participó la jueza Wendy Pagani Rojas y la coordinadora judicial Wendy Mora Arias.

La etapa de inducción al Servicio Nacional por parte de estas personas facilitadoras judiciales será completada por dos próximas jornadas, en donde se les brindará capacitación sobre competencias y organigrama del Poder Judicial, así como formación en mediación comunitaria con enfoque restaurativo y círculos de paz, como herramientas para la resolución alterna de conflictos en sus comunidades.

Para mayor conocimiento sobre la ampliación del Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales en Heredia, San Joaquín, San Rafael, Dota, Tarrazú, León Cortés y Acosta se puede escribir a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.