· Realizan conversatorio: "Reformas al Código Procesal Penal: avances y desafíos en la Justicia"
La Sala de Casación Penal del Poder Judicial abrió un espacio de diálogo con los diversos órganos operadores de justicia de la institución, para explicar con detalle la reciente propuesta de reformas al Código Procesal Penal, que se presentó ante Corte Plena y que tienen como finalidad darle celeridad a los procesos penales.
La iniciativa judicial impulsa la reforma de temas estratégicos del Código Procesal Penal, para optimizar y darle celeridad al avance de los procesos hasta su resolución final, garantizando el debido proceso.
El Conversatorio “Reformas al Código Procesal Penal: avances y desafíos en la Justicia", se realizó este miércoles 19 de marzo de 2025 y convocó a jefaturas e integrantes de los tres ámbitos judiciales: Administrativo, Jurisdiccional y Auxiliar de Justicia. Los panelistas fueron las magistradas y el magistrado propietario de la Sala de Casación Penal.
El Presidente de la Corte, Orlando Aguirre Gómez, señaló que existe “la imperiosa labor de realizar un análisis profundo e integral de nuestro actual proceso penal, para actualizarlo a las demandas generadas, ante el incremento de la criminalidad y de la complejidad y el nivel de la violencia de la que todos somos testigos. El Código Penal Procesal está pronto a cumplir 30 años de vigencia y ha llegado el momento de reformarlo y atender los desafíos que enfrenta nuestra sociedad”.
Para la Presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro, “las normas procesales nos amarran y no permiten continuar con todos los estadios procesales correspondientes. El juicio sigue siendo una de las etapas principales del proceso y las dificultades que se presentan en este momento, de cara a una criminalidad más agresiva, hacen necesario que analicemos si las normas actuales están cumpliendo con su función y valorar las reformas que se pueden emprender, porque la materia penal es una materia sensible, de cara a las necesidades de seguridad de la población”.
La magistrada penalista, Sandra Zúñiga Morales, explicó las modificaciones a los artículos 318 y 373 del CPP. “Consideramos importante fortalecer la audiencia preliminar como filtro, para garantizar procesos penales más cortos, expeditos en resolver la situación jurídica de personas imputadas, víctimas y demás partes del proceso. Esto a través de introducir la obligación de la persona imputada de asistir a la audiencia preliminar y que sea esta la única etapa del proceso en la que se permita la aplicación de medidas alternas o establecer un proceso abreviado, con la anuencia de la fiscalía”, detalló.
Solo en el 2024, del total de 16 908 asuntos penales que se registraron como finalizados, luego de su traslado a juicio, el 20% (2968 asuntos) concluyeron con la aplicación de una medida alterna y un 11% (2338 asuntos) se les aplicó un proceso abreviado. Lo que reflejó que el 31% de los asuntos penales, en el 2024 que llegaron a Tribunales, no requirieron realizar un juicio.
Como complemento a estas reformas, el magistrado penalista, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, puntualizó la modificación al artículo 104 sobre el derecho de defensa. "Esta propuesta incluye la sustitución de la defensa, de forma expresa, pero refiere que este acto debe estar fundamentado y es excepcional. Además, debe responder al ejercicio a la justicia pronta y cumplida, que responda a un interés general que corresponde al equilibrio entre los diferentes derechos fundamentales, como lo señala en sus resoluciones la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, indicó.
La magistrada penalista, Patricia Vargas González, expuso que también se consideran modificaciones a los artículos 96, 96 bis y 96 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial. “Y tratándose de los tribunales unipersonales, se busca ampliar la competencia para el conocimiento de la etapa de juicio, pasando de asuntos con una pena probable de 5 años o menos, a 10 años o menos, con la excepción de los delitos de delincuencia organizada que son de conocimiento de tribunales colegiados. Se sigue manteniendo la misma garantía de revisión de la sentencia y con ello se maximizan los recursos existentes. Con estas propuestas buscamos superar el tema de la mora y los atrasos que afectan a todas las partes del proceso penal”, destacó.
