• Poder Judicial suma a la familia judicial y público en general a las celebraciones de los 200 años de esta fiesta patria.
• Plaza de la Justica luce con orgullo, el logo del Bicentenario.

 Orgullosos de la grandeza cultural, territorial y social que nos aportó hace 200 años la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, el Poder Judicial se suma a esta fiesta patria y pone sus mejores galas en los Edificios Judiciales de todo el país.

 Hoy cada edificación del Poder Judicial, luce a lo interno de sus edificaciones afiches conmemorativos para que tanto el personal judicial y personas usuarias recuerden y celebren esta gesta. 

 "El Poder Judicial es la casa de la democracia y la justicia, los signos externos son importantes para mostrar y proyectar nuestra labor por y para Costa Rica. La ciudadanía tiene claro que nuestras puertas están abiertas, que recibimos a las personas con total disposición y compromiso", indicó Orlando Aguirre Gómez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

 Para los Tribunales de Nicoya, Santa Cruz y Liberia se confeccionaron banners para las fachadas de los tres edificios, banderines para confeccionar guirnaldas que adornan los pasillos y zonas comunes, así como afiches y calcomanías alusivas a esta actividad, colocados en zonas estratégicas.

 Para involucrar a la población usuaria y judicial en esta celebración, se ubicaron en estas instalaciones un fhotobooth, que es una estructura vertical con la imagen de una pareja con trajes típicos de la zona, para que personas menores de edad, adolescentes y personas adultas, se puedan tomar fotografías poniendo sus rostros en los espacios de esas estructuras.

 “De esta forma estamos cumpliendo con el objetivo trazado por las oficinas organizadoras, de hacer partícipes a toda la familia judicial de este gran acontecimiento, que se dio hace 200 años y que vino a engrandecer a Costa Rica, no solo en territorio, sino principalmente su invaluable aporte cultural”, destacó José Rubén Dimas Portillo, jefe del Departamento de Artes Gráficas, ente que tuvo a cargo el desarrollo de todo el material gráfico.

 Desde hoy, la Plaza de la Justicia, ubicada en el Primer Circuito Judicial de San José luce su letrero tridimensional, con la incorporación de los elementos alusivos al Bicentenario de la Anexión del Partido de Nicoya, que incorpora el logo conmemorativo y la bandera de Guanacaste.

 Esta labor es un trabajo coordinado del Departamento de Artes Gráficas, la Secretaría Técnica de Ética y Valores, la Dirección Ejecutiva, la Oficina de Protocolo y Relaciones Públicas, así como las Administraciones Regionales de Nicoya, Santa Cruz y Liberia.

 ¡Súmese a la gran fiesta patria! Vivamos el Bicentenario de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica!

• Iniciativa alineada con el compromiso institucional de salvaguardar el patrimonio nacional, los bienes muebles e inmuebles que posee para brindar el servicio público a la ciudadanía.

Cinco edificios del Primer Circuito Judicial de San José cuentan con el resguardo y protección del patrimonio histórico nacional, gracias al emblema conocido como “Escudo Azul”, que identifica las edificaciones como un bien patrimonial protegido en casos de conflictos armados, desastres naturales o humanos y provee apoyo a situaciones posteriores a crisis.

Los emblemáticos escudos se pueden observar en los edificios de la Corte Suprema de Justicia, el Organismo de Investigación Judicial, los Tribunales de Justicia y la Torre Judicial. El quinto se ubica en el Paraninfo, que se encuentra al costado noroeste de la Plaza de la Justicia, el cual representa un espacio físico de la primera sede de la Universidad de Costa Rica, Santo Tomás creada en 1843.

Esta iniciativa fue impulsada desde la Comisión Costarricense de Derecho Internacional Humanitario, La Cruz Roja Costarricense, el Ministerio de Cultura y Juventud, así como el Poder Judicial por medio de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI).

En la develación se encontraban Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Jorge Olaso Álvarez, magistrado de la Sala Segunda y representante de la Comisión de Seguridad del Poder Judicial; Vera Beatriz Vargas León, Viceministra del Ministerio de Cultura y Juventud; Carmen Claramunt Garro, Embajadora, Presidenta Honoraria de la Comisión Costarricense de Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y Dyanne Marenco González, Presidenta de la Cruz Roja Costarricense.

El Magistrado Orlando Aguirre resaltó que “el Escudo Azul representa la protección internacional de sitios culturales bajo la Convención de La Haya, un compromiso que Costa Rica respalda firmemente. Al adoptar este emblema, reafirmamos nuestro compromiso no solo con la conservación física de nuestro patrimonio, sino también con el fomento de una cultura de paz y el respeto por la diversidad y la historia”.

“Es importante advertir que la Comisión de Seguridad del Poder Judicial se encuentra abocada al tratamiento de tres grandes temas: seguridad de dependencias (inmuebles y mobiliario); seguridad de funcionarios judiciales; y seguridad de las personas usuarias mientras se encuentren dentro de las dependencias de la institución. El fundamento normativo de tales competencias se puede encontrar en las políticas institucionales en materia de seguridad”, indicó el Magistrado Jorge Olaso.

Por su parte, Dyanne Marenco aseguró que “la Benemérita Cruz Roja es parte de la Comisión Costarricense de Derecho Internacional Humanitario y en el ejercicio de nuestro rol auxiliar hacia los poderes públicos del Estado en asuntos humanitarios, es que contribuimos en la protección de los bienes culturales, como parte de todas las acciones que hacemos en Costa Rica y en el mundo en la promoción y divulgación del derecho internacional humanitario. Es para nosotros un verdadero honor estar en la colocación de estos cinco escudos azules que serán para todos los y las costarricenses”.

Costa Rica ratificó desde el 3 de junio de 1998 un tratado internacional aprobado por la UNESCO, en la Convención de la Haya de 1954, para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado donde se aprueba la implementación de un emblema que representa la protección del patrimonio y provee apoyo a situaciones posteriores a crisis.

Generador de valor público, catalizador de la confianza de las personas usuarias, motor de procesos de cambio desde las necesidades de la población e incentivo para alianzas con redes locales, sumado a la rendición de cuentas participativa y lenguaje claro, son ideas conclusivas del plan piloto del Modelo de Juzgados Abiertos, el cual el Poder Judicial de Costa Rica ha liderado desde 2023.

El Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional y la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj) han sido los entes encargados de dar seguimiento a este proyecto, en donde cuatro juzgados han participado activamente:  Juzgado de Violencia Doméstica de San Carlos, Juzgado de Violencia Doméstica de Alajuela, Juzgado de Pensiones Alimentarias de Heredia y Juzgado de Tránsito de Cartago.

Fortalecer una visión positiva y de confianza del Poder Judicial es parte de los beneficios de este modelo según el criterio de la jueza de Pensiones Alimentarias de Heredia, Gloria Gutiérrez Berrocal, participante de la experiencia piloto, quien resalta “es importante que la población sepa que puede confiar, que los juzgados somos imparciales, que estamos para servirle a la comunidad e incluso que nos pueden realimentar”.

Dotar el servicio de un rostro y centrado en las personas es el elemento que destaca la jueza contra la Violencia Doméstica de San Carlos, Meibol Araya Arguedas. “El juzgado abierto es ese juzgado que da un servicio más humano a la ciudadanía, donde hay apertura, un contacto más directo con las personas, siempre respetando la confidencialidad”, concluyó la jueza.

La experiencia piloto se encuentra en su fase de cierre, en donde se tuvo la colaboración con visión crítica externa de la experta internacional Sandra Elena, gracias al auspicio del National Center for State Courts (NCSC), quien brindará un informe con recomendaciones para el modelo y su estandarización.

Esta iniciativa es pionera a nivel regional y servirá como buena práctica para muchos otros países, que tienen centrada la atención en el Poder Judicial de Costa Rica y los resultados que obtendrá del pilotaje.

Para ampliar la información sobre el Modelo de Juzgados Abiertos se puede contactar a Conamaj y al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional.

• Política institucional aprobada por Corte Plena este lunes 1 de julio de 2024. 

 Garantizar empleos seguros y saludables, que mejoren las condiciones laborales del personal judicial y retener el talento humano calificado del Poder Judicial, es la apuesta de Corte Plena, con la aprobación de la Política Institucional de Bienestar Laboral y Salud. 

 Por unanimidad, las magistradas y los magistrados que integran Corte Plena aprobaron la propuesta, que también cuenta con Programa y Plan de Acción, para su ejecución, trabajo que estuvo a cargo de la Comisión de Bienestar y Salud Laboral y la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial. 

 El magistrado coordinador de la Comisión que desarrolló la iniciativa, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, manifestó que la Política Integral de Bienestar tiene como objetivo mejorar la situación laboral del personal judicial, tomando en consideración las posibilidades con las que cuenta el Poder Judicial y las limitaciones presupuestarias que afronta la institución. 

 “La iniciativa se enmarca en los esfuerzos de retener al personal judicial, es decir, que las personas trabajadoras quieran, con mística y compromiso, seguir siendo parte de esta institución y aportando con su trabajo a la construcción de un Poder Judicial al lado de la gente, a ser fortaleza de la democracia y a garantizar el acceso a la justicia”, señaló Sánchez Rodríguez. 

 La política integra ocho lineamientos para fortalecer la cultura interna de prevención de riesgos laborales y fortalecer entornos laborales saludables: el autocuidado de la salud, la prevención de riesgos laborales y promoción de la salud laboral, la prevención de la violencia laboral, gestión de los conflictos, atención y prevención del estrés laboral y capacitación para el bienestar, la salud y la calidad de vida de la población judicial, el desarrollo del liderazgo en las jefatura y coordinaciones y la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de la población judicial. 

 Para las autoridades del Poder Judicial, la prevención de los riesgos laborales, reducirá los daños en la salud de las personas trabajadoras, que sin duda, impactará en el desempeño y la calidad del servicio público. 

 “Al crear y aprobar la Política Integral de Bienestar y Salud Laboral, como organización nos hemos comprometido con la promoción de un ambiente de trabajo seguro, saludable y productivo para todas las personas servidoras judiciales, abarcando una serie de programas y estrategias para abordar diversos aspectos del bienestar físico, mental y emocional. Es un paso impulsado por la Dirección de Gestión Humana en la ruta de mejora de las condiciones de trabajo que tanto añoramos.”, afirmó, Roxana Arrieta Meléndez, Directora de Gestión Humana.  

 Cada lineamiento clave cuenta con líneas de acción que deberán emprender los Órganos Superiores y Jerarcas del Poder Judicial, las jefaturas, la población judicial, así como la Dirección de Gestión Humana. 

 Además, se tiene previsto un proceso de seguimiento y evaluación desde los Planes Anuales Operativos de cada subproceso y la actualización de las acciones. 

 La política integral de bienestar y salud para las personas trabajadoras del Poder Judicial está debidamente alineada con el PEI 2019-2024.