• Figuras delictivas contenidas en el Código Penal y demás normativa.
• Este monto entra a regir a partir del próximo 1 de enero.

El Consejo Superior del Poder Judicial fijó en ¢462.200 (cuatrocientos sesenta y dos mil doscientos colones exactos) el monto para la comisión de figuras delictivas contenidas en el Código Penal.

La disposición fue adoptada por este órgano administrativo, durante la sesión del 12 de diciembre del 2024.

El salario base servirá como parámetro durante el próximo año, para la determinación de diversas penas establecidas en el Código Penal, así como otras multas e impuestos obtenidos en normas que utilizan ese mismo salario como referencia.

• Magistrado Jorge Olaso Alvarez, asume cargo de Juez enlace de Red Internacional de Jueces de La Haya (RIJH), que facilita coordinación y cooperación judicial.

 Una tarea exitosa emprendieron este 2024, varios despachos judiciales del país para agilizar determinados procesos, traspasando fronteras.  Las coordinaciones internacionales llegaron hasta China, Cuba, Colombia, Brasil, Panamá, Nicaragua, entre otros países, gracias a la figura e intervención del Juez Enlace de La Haya.

 El resultado final de estas gestiones fue el avance existo de los expedientes que tramita el Poder Judicial y que requerían alguna gestión internacional. Esta cooperación es recíproca, para los países integrantes de la Red, que requieran alguna coordinación con autoridades judiciales y centrales de Costa Rica.

 El juez enlace de Costa Rica ante la Red Internacional de Jueces de La Haya (RIJH) abre espacios para agilizar la respuesta a personas usuarias.  En el caso del Poder Judicial de Costa Rica, la representación recae en el magistrado de la Sala Segunda, Jorge Olaso Alvarez.

 “Uno de los retos actuales y a futuro, del Juez Enlace, es ayudar en la cantidad y complejidad de los casos de litigio, no solo a nivel de Familia, Niñez y Adolescencia, sino que se puede expandir a Civil, Laboral y Penal, la evolución de la jurisprudencia porque cada país la publica en la web de la Red de Jueces”, destacó Olaso Alvarez.

 Las recientes reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial dan sustento legal a las actuaciones del Juez Enlace, al incorporar un artículo 124 bis, donde se determina la figura y las funciones, para los efectos de la aplicación de la reforma procesal familiar.

 La mayoría de los casos que acudieron a la coordinación del Juez Enlace de La Haya, durante este 2024, correspondieron a procesos judiciales en materia de Familia, quienes requerían gestionar acciones judiciales con autoridades de otros países.

 “Los juzgados costarricenses pueden solicitar directamente a mi despacho el requerimiento de enlace con jueces de más de 88 países miembros donde tenemos enlace y se coordina una reunión de una hora aproximadamente. Se consulta sobre la gestión judicial en el país de interés, se intercambia información y se procura la cooperación internacional.  Todo ello para lograr una resolución eficiente, la protección de las personas menores dentro del proceso y con ello la cooperación institucional”, explicó Olaso Alvarez.

 Pero este proceso de cooperación internacional también se hace extensiva a materias como civil, laboral y penal.

 Uno de los primeros casos que se atendieron fue por solicitud de carta rogatoria de las autoridades judiciales de Brasil y la Sala Segunda mediante resolución, comisionó las gestiones al Juez de Enlace. A través de la gestión de los jueces enlace, Jorge Olaso de Costa Rica y Guillerme Calmon, de Brasil, se agilizó un proceso de marcadores genéticos para el trámite un proceso de filiación.  La persona había muerto en Costa Rica y el Departamento de Ciencias Forenses mantenía en resguardo del material genético de la persona, que era requerido en Brasil para dar continuidad al proceso judicial, esto permitió establecer alternativas puntuales.

 El 2024 cierra con dos coordinaciones. Por petición del Ministerio de Relaciones Exteriores, se realiza el contacto con autoridades judiciales de Hong Kong, China; para dar continuidad a un proceso judicial costarricense que requiere una certificación civil de una persona de nacionalidad china, así como conocer la legislación de este país. 

 La segunda procura la coordinación con autoridades judiciales de Colombia, para la gestión de un proceso de impugnación e investigación de paternidad.  La Sala Segunda otorgó autorización al juez enlace, Jorge Olaso para la coordinación con el juez enlace y las autoridades judiciales de Familia de Colombia, para que en la reunión se expongan las circunstancias técnicas que permitan diligenciar, de una forma más eficaz y con celeridad, la solicitud se efectuó a través de la presente carta rogatoria

 Experiencia exitosa. La figura del Juez Enlace de La Haya, permitió al Juzgado de Pensiones Alimentarias de San José agilizar el proceso de pensión alimentaria sobre una exoneración de la cuota alimentaria y que demandaba la incorporación de una sentencia dictada por un Juzgado de Familia en la República de Nicaragua, que las partes no habían podido incorporar.

 “Tuve la oportunidad de hacer una petición formal al Juez de Enlace de la materia de Familia, señor Magistrado Jorge Olaso Alvarez.  Me explicó el procedimiento a seguir, el cual resultó ser muy ágil. Una vez que le remití la solicitud, don Jorge elaboró la petición a la señora Jueza de Enlace en Nicaragua, en fecha 14 de noviembre de 2024. El día 22 de noviembre del mismo año, estaba recibiendo la respuesta, con la certificación de la sentencia de interés.   Poder contar con esta posibilidad ha sido de gran ayuda en la tramitación rápida y eficiente del proceso” destacó el juez coordinador del Juzgado de Pensiones Alimentarias de San José, José Aníbal Abarca Gutiérrez, a cargo del caso.

 Juez enlace.  “La principal función del Juez de Enlace es intermediar y coadyuvar en la pronta resolución de casos de índole internacional que impliquen intereses de personas menores de edad. Su actividad se centra, fundamentalmente, en facilitar la comunicación entre las diferentes autoridades involucradas en dichos procesos, tanto a nivel internacional como a lo interno de cada país: autoridades centrales, judiciales, administrativas, diplomáticas y consulares, así como organizaciones internacionales, entre otras”, puntualizó el magistrado Olaso Alvarez.

 La Red cuenta con un total de 152 jueces y juezas enlaces en 88 países del mundo, creada bajo el amparo del Convenio de La Haya de 1980 sobre sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, del 25 de octubre de 1980.  En los últimos años su alcance se amplió a temas sobre protección de niñez y especialidad en materia de familia, lo que permite incluye las comunicaciones judiciales directas entre diferentes países.

 Por designación de Corte Plena desde el 20 de mayo de 2019, el magistrado Jorge Olaso Alvarez asume fecha en que fue designado, por la Corte Suprema de Justicia.

 Esta figura de Juez Enlace, también permite el intercambio de jurisprudencia entre los países, así como la cooperación en materia de capacitaciones internacionales entre los países integrantes.

• Mediante la figura del Juez Enlace de la Red Internacional de Jueces de La Haya (RIJH) se coordina cooperación.
• Magistrado de la Sala Segunda, Jorge Olaso Álvarez asume representación del Poder Judicial como juez enlace.

 Los procesos judiciales que demandan alguna gestión fuera de las fronteras costarricenses, tienen una alternativa efectiva, para bridar una respuesta más célere a las personas usuarias y la reciente experiencia del Juzgado de Familia de Desamparados así lo demuestra.

 La comunicación con autoridades judiciales en Brasil y Panamá fue vital, para darle un mayor avance al proceso de Familia que se encuentra en trámite en el país, en el Juzgado de Familia de Desamparados, ya que se lograrán dictar las medidas cautelares y coordinar su respectiva ejecución en el extranjero.

 La coordinación de la asistencia y colaboración internacional se realizó mediante la figura del Juez Enlace de la Red Internacional de Jueces de La Haya (RIJH), representación a cargo del magistrado de la Sala Segunda, Jorge Olaso Álvarez.

 El proceso requería conocer la gestión judicial y las posibilidades a cargo de las autoridades judiciales de Brasil, para proceder con la anotación de demanda en libros de sociedades y prohibición de traspaso de acciones de un ciudadano costarricense.

 La jueza María Antonieta Alfaro Calvo, del Juzgado de Familia de Desamparados, a cargo del trámite del expediente judicial, destacó que las gestiones de contacto con las autoridades judiciales de los otros países, se realizaron en un tiempo récord, gracias a la labor emprendida por el magistrado Jorge Olaso, que permitió en menos de un mes, la coordinación efectiva de dos encuentros con autoridades judiciales de Familia de Brasil y Panamá, para encontrar las herramientas adecuadas  para dar paso al trámite judicial.

 “Considero, se abre una brecha importante orientada a materializar la ambición de traer justicia pronta y cumplida a nuestros usuarios más allá de las fronteras. Esta experiencia altamente satisfactoria, ilustra que la cooperación internacional es una herramienta que tiene un enorme potencial, el cual debe ser explotado”, indicó la jueza de familia.

 Juez Enlace. “Como Juez Enlace de la Red, el juzgado o tribunal costarricense que lo requiere, remite a mi despacho la solicitud para coordinar una comunicación con la autoridad judicial del país pertinente.  Yo procedo a contactar al juez enlace del país requerido y planificamos una reunión de un máximo de una hora, para entablar el diálogo y hacer las coordinaciones e intercambio de información respectiva. Con ello procuramos una resolución eficiente, la protección de menores y la cooperación institucional”, puntualizó el magistrado Olaso.

 La Red cuenta con un total de 152 jueces y juezas enlaces en 88 países del mundo, creada bajo el amparo del Convenio de La Haya de 1980 sobre sustracción de menores (Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, La Haya, 25 de octubre de 1980), que finalmente amplió sus alcances a a otras cuestiones sobre protección de niñez y especialidad en materia de familia.

 “Esta figura permite a los despachos judiciales de Costa Rica propiciar comunicaciones judiciales directas, que se requieran en casos concretos en temas diversos, como contacto entre jueces de distintos países, información sobre legislación, contactos institucionales”, explicó Olaso Alvarez.

• Poder Judicial, ICD y Programa COPOLAD de la Unión Europea presentan el Protocolo para la Aplicación del Proceso de Justicia Restaurativa a Mujeres que Cometen Delitos Menores de Drogas en el marco del artículo 77 bis de la Ley 8204

 Propiciar dentro de los procesos judiciales penales, la aplicación de pautas estandarizadas para analizar los casos de mujeres en condición de vulnerabilidad, que cometen delitos menores de droga y brindarles medidas alternas restaurativas, es la propuesta del Poder Judicial, con la cooperación internacional de la Unión Europea por medio del Programa COPOLAD.

 La presentación del Protocolo para la Aplicación del Proceso de Justicia Restaurativa a Mujeres que Cometen Delitos Menores de Drogas en el marco del artículo 77 bis de la Ley 8204, se constituirá en una herramienta práctica para los equipos interdisciplinarios de Justicia Restaurativa, las y los operadores de justicia del país, para propiciar desde la Justicia Restaurativa, la rehabilitación, la reintegración social y la reducción de la reincidencia de estas mujeres, con aplicación de la perspectiva de género.

“Este instrumento está dirigido a los equipos interdisciplinarios de Justicia Restaurativa, poniendo énfasis en las condiciones específicas y vulnerabilidades que enfrentan las mujeres que cometen el delito de introducción de droga a centro penal.  Además, orienta la construcción de planes reparadores desde la perspectiva de género e interseccionalidad, para que la salida penal alternativa impuesta, esté en armonía a las condiciones personales de cada mujer, no para generar impunidad, por el contrario, para que bajo un modelo de responsabilidad activa, se pueda garantizar justicia equitativa y efectiva”, afirmó Gerardo Rubén Alfaro Vargas, magistrado Rector de Justicia Restaurativa del Poder Judicial.

 Para el embajador de la Unión Europea en Costa Rica, Pierre-Louis Lempereur “el enfoque restaurativo que hoy celebramos es una propuesta transformadora que va más allá de la simple sanción y busca, en cambio, la reparación, la rehabilitación, y la inclusión. Reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de los derechos humanos, la igualdad de género y el fortalecimiento de la justicia restaurativa en América Latina y el Caribe”.

De acuerdo con el anuario estadístico del Sistema Penitenciario, el 2023 registró 564 mujeres en el nivel institucional, de las cuales el 49% de estas mujeres fueron procesadas por un delito relacionado con droga.

Las Oficinas de Justicia Restaurativa, en el 2023, tramitaron 99 causas por el delito de introducción de droga a centro penal, cometido por mujeres.  Para el 2023, esta cifra se duplicó alcanzando 212 causas y para el año 2024 se han registrado 210 al finalizar el mes de noviembre.

La Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas Vásquez, señaló que “…resulta imperativo este enfoque restaurativo, que priorice la dignidad, el respeto y la oportunidad de recomenzar para estas mujeres, sus familias y la sociedad en general.  Este protocolo representa un avance fundamental en la justicia costarricense, una alternativa humanitaria, real y sostenida en casos de mujeres en situación de vulnerabilidad, permitiéndoles asumir con responsabilidad de sus actos y abre la oportunidad de reparar el daño, emprender un cambio hacia la rehabilitación y la reintegración”.

El protocolo se construyó conjuntamente por el Poder Judicial desde la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa, la Judicatura, el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Departamento de Trabajo Social y Psicología, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), con el apoyo técnico y financiero del Programa COPOLAD de la Unión Europea y se contó con la intervención de expertos del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD).