Semana de la Democracia

 Un espacio de reflexión sobre el impacto histórico de la Constitución Política en la Democracia de Costa Rica, a sus 75 años de promulgada, abrió este lunes 4 de noviembre de 2024, la Corte Plena durante su sesión ordinaria, en el marco de la Semana de la Democracia.

 “La Constitución Política de Costa Rica ha sido un pilar de nuestra Democracia y un símbolo de los valores que como Nación nos comprometemos a defender, esos valores son la justicia, la libertad, la paz. En este75 aniversario, reflexionamos sobre el rol de nuestra Carta Magna, que ha fundado la construcción de un país respetuoso de los Derechos Humanos y de los valores democráticos, donde la independencia de Poderes es uno de los valores esenciales y nos recuerda la importancia del Poder Judicial”, destacó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez.

 El recorrido histórico estuvo a cargo por Vladimir de la Cruz, académico e historiador, quien expuso su perspectiva sobre el impacto de la Constitución Política de Costa Rica y destacó aspectos fundamentales que dieron paso al desarrollo institucional democrático de los últimos 75 años.

 Resaltó que el Estado de Derecho del país se forjó con factores claves como la abolición del ejército y con la contribución de la inmensa mayoría de gobernantes y de quienes llevaron en sus manos las riendas del Poder Ejecutivo en esos años, que aportaron desde sus profesiones, educadores, abogados, médicos, periodistas, comerciantes, hacendados y civiles en general, y militares que asumieron períodos muy breves.

 “Es el Estado de Derecho, el que en su conjunto institucional, descansa en el ejercicio y respeto de la Constitución Política y el orden legal establecido, el establecimiento democrático de las leyes que protegen derechos y libertades, que se conceptúan iguales para todos, donde prevalecen los principios democráticos”, afirmó de la Cruz.

 Destacó que durante los primeros 50 años de vida independiente, la Constitución Política se consideró un programa político, que definió los rasgos básicos de la estructura de Poder y la relación de los distintos sectores sociales y Poderes del Estado, así como entre éstos y la ciudadanía, donde se definieron las libertades fundamentales y los mecanismos de formación de leyes, por parte de quienes ostentan el poder.

*La agenda de este día contempla más artículos, de ser necesario, oportunamente se remitirá el detalle del resto de numerales, en la misma forma y por la misma vía en que se facilitó este documento.

* Por la dinámica de la sesión, es posible que se incluyan artículos que no aparecen en esta agenda, de ser así, oportunamente se comunicará.

• Consulte la Política Integral de Bienestar y Salud Laborar completa en: https://gestionhumana.poder-judicial.go.cr/index.php/gestion-humana/politicabienestar

 Ambientes de trabajo seguros y saludables es la propuesta de trabajo que emprendió el Poder Judicial, en el marco de la aprobación de la Política Institucional de Bienestar y Salud Laboral.

 Las autoridades judiciales proponen acciones en todos los despachos del país, para la atención y prevención de dos importantes lineamientos que establece la política, como lo son los riesgos derivados del trabajo y la promoción de la salud laboral y la prevención y atención de la violencia laboral.

 En ambos ejes de trabajo, el reto demanda un compromiso de los órganos superiores y jerarcas del Poder Judicial, las jefaturas, el funcionariado judicial y la Dirección de Gestión Humana.

 En lo referente al lineamiento de prevención de los riesgos derivados del trabajo y la promoción de la salud laboral, las propuestas contemplan el impulso de estrategias para proveer las óptimas condiciones laborales a la población judicial, la vigilancia oportuna de las condiciones de trabajo a partir de estudios técnicos, en función de propiciar ambientes de trabajo dignos, competitivos, accesibles igualitarios e inclusivos.

 Esta tarea también pretende que la prevención y control de fuentes generadoras de riesgos asociados con las actividades laborales; el diseño de programas de formación e información sobre la prevención de riesgos en el trabajo, con la coordinación de los diversos centros de capacitación y el monitoreo de esta problemática; así como una actitud responsable de cada persona servidora judicial de trabajar de forma segura, que reporte cualquier situación de riesgo y que se cumplan las disposiciones y medidas establecidas por la institución en los entornos de trabajo.

 El lineamiento de prevención y atención de la violencia laboral tiene como fin garantizar ambientes de trabajo seguros y libres de conductas abusivas, violentas, amenazadoras y perturbadoras y establecer mecanismos efectivos de seguridad, para prevenir la violencia extralaboral que amenace la integridad del personal judicial.

 En este tema, la política institucional llama a los órganos superiores, jerarcas y jefaturas a la toma de medidas para prohibir el acoso y otras formas de violencia laboral en los distintos ámbitos, la acción del liderazgo para eliminar actitudes arbitrarias, agresivas, autoritarias, impositivas o irrespetuosas hacia el personal a cargo y la reafirmación ante el personal a cargo de un ambiente laboral de respeto y comunicación no violenta, son parte de las líneas de acción propuestas.

 La participación del personal judicial en los programas de sensibilización y capacitación para prevenir la violencia laboral es vital, así como la cooperación con las jefaturas en la construcción de estrategias para su prevención en cada oficina.

 Consulte la política institucional completa ingresado al link, https://gestionhumana.poder-judicial.go.cr/index.php/gestion-humana/politicabienestar y conozca más a fondo estas y otras acciones que integra la Política Institucional de Bienestar y Salud Laboral del Poder Judicial.

• Documento aplica para los diferentes inmuebles del Poder Judicial, tanto propios como arrendados.

El Consejo Superior aprobó el “Protocolo para la Atención de Emergencia, Evacuación por Amenaza de Bomba” que pueden presentarse en los diferentes inmuebles del Poder Judicial, tanto propios como arrendados.

La creación de dicho Protocolo obedece a la cantidad de llamadas de amenazas de bomba que durante el año pueden presentarse y que conllevan la aplicación de instrucciones inmediatas a todo el personal judicial, personas usuarias y visitantes, con la finalidad de salvaguardar la integridad física y la vida humana de todos los que en ese momento se encuentren dentro de los edificios o edificio alertado.

Cabe destacar, que en los últimos cinco años se han presentado entre ocho y quince amenazas de bomba por año, siendo los blancos principales los edificios ubicados en el Gran Área Metropolitana, sin embargo, también se han recibido alertas en edificios ubicados en diferentes zonas del país, donde se ha requerido utilizar la evacuación preventiva.

Para la directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins, este Protocolo se vuelve relevante ante la situación que vive el país y las amenazas a las que lamentablemente se enfrenta la institución,  por lo que es muy importante que las jefaturas y las personas servidoras, en general, conozcan que la institución cuenta con el Protocolo para la Atención de Emergencia en caso de Amenaza de Bomba como una guía orientadora sobre qué se debe hacer cuando se reciben este tipo de intimidaciones. 

“Invito a la población judicial a su lectura y estudio para estar mejor preparados ante una emergencia de esta naturaleza”, señaló Romero Jenkins.

En el Protocolo se incluye la información de las personas responsables de la toma de decisiones, quienes son los encargados de realizar la evacuación, las formas de cómo podría presentarse la amenaza de bomba, así como las instrucciones específicas para los despachos judiciales que se ubican en edificios que cuentan con personal de seguridad (interna o subcontratada) y sus recomendaciones, las instrucciones generales para todo el personal judicial para la evacuación de edificios y una serie de consideraciones adicionales para desocupar los inmuebles.

Para la evacuación, es importante señalar que las personas que conforman las brigadas de emergencias serán las responsables de la misma. Esta será realizada en igual forma como ha sido establecida para la atención de la emergencia por sismo. El sitio a dónde acudir en primera instancia, de manera temporal, sería el punto de reunión establecido para sismo en el Plan de Emergencia o Plan de Evacuación elaborado por Salud Ocupacional, para este caso específico de amenaza de bomba, y proceder según corresponda lo normado en dicho Plan. Es importante aclarar que el punto de reunión deberá valorarlo el ente técnico externo responsable en amenaza de explosivos, quien decidirá si lo mantiene o lo varía dependiendo de la magnitud de la emergencia.

Para la elaboración de este protocolo, se contó con la participación de la Dirección Ejecutiva, el Organismo de Investigación Judicial, la Dirección Jurídica, el Departamento de Seguridad y el Subproceso de Salud Ocupacional, con la finalidad de recopilar el máximo de información y que sea un protocolo que pueda integrarse a los Planes de Emergencia Institucional que están siendo preparados en este momento por el Subproceso de Salud Ocupacional.

El documento completo, puede ser consultado en el siguiente enlace: 035-Protocolo para la Atención de Emergencia, Evacuación por Amenaza de Bomba.pdf .