·       En todos los procesos en que participen tienen derecho a que las resoluciones y actuaciones sean traducidas en su idioma.

·       El Código Procesal Agrario es innovador en Costa Rica y consolida este humanismo en la justicia.

El nuevo Código Procesal Agrario, en su artículo 59 establece que, si bien el idioma español debe ser el utilizado en todos los actos procesales, es obligatorio en todos los procesos en que participen personas indígenas, informarles sobre su derecho a que las resoluciones y actuaciones sean traducidas en su idioma, pudiendo decretarse la nulidad de los actos si no son debidamente traducidos.

Esta misma norma establece que se debe nombrar una persona intérprete en el idioma indígena concreto de la etnia a la que pertenezca y que el costo de los honorarios del intérprete será sufragado por el Poder Judicial.

Inclusive, si dicho servicio de traducción se brinda en forma permanente en determinado circuito judicial, por ejemplo, los que tengan en su competencia territorios indígenas, se establece que, para evitar discriminaciones y garantizar la efectividad de la declaración, se deben adoptar las medidas necesarias según las características y necesidades de la persona indígena que va a declarar en juicio.

Este nuevo instrumento de ley garantiza un verdadero acceso a la justicia a las poblaciones indígenas, de modo tal que puedan entender todo lo que se resuelve y actúa en el proceso en el que son parte, facilitando la comunicación con la persona defensora agraria que les brinda el patrocinio letrado. Se establece ese derecho de la población indígena a la integración efectiva al proceso y la especialización de servicios.

Según explicó el juez Carlos Picado Vargas, el Código implementa a nivel de legislación interna lo establecido en la Carta de Derechos sobre Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, a través de la Defensa Pública Agraria gratuita, medios alternativos, como la conciliación especializada en materia indígena y los peritajes culturales que son obligatorios en conflictos indígenas y son gratuitos para ellos.

“Los cambios, en cuanto a idioma, traducción, representación procesal y peritajes, bajo el principio de gratuidad, que caracteriza al proceso agrario, viene a garantizar un verdadero acceso a la justicia e instrumentaliza lo establecido en tratados internacionales como la mencionada Carta, así como el Convenio 169 de la OIT que establece la obligación de los Estados a hacer medidas eficientes y efectivas en procura de que estos derechos de los indígenas sean garantizados”, puntualizó el juez Carlos Picado.

Lunes 24 de febrero de 2025

Sesión N°08-2025

PRIMERA PARTE: 8:00 a. m. a 12:00 md.

SEGUNDA PARTE: 2:15 p. m.  a 7:00 p. m.

*La agenda de este día contempla más artículos, de ser necesario, oportunamente se remitirá el detalle del resto de numerales, en la misma forma y por la misma vía en que se facilitó este documento.

* Por la dinámica de la sesión, es posible que se incluyan artículos que no aparecen en esta agenda, de ser así, oportunamente se comunicará.

•        Inicia proyecto de cooperación internacional con la colaboración del Fondo Unión Europea-Costa Rica-América Latina y Caribe de ADELATNE 2 de la Unión Europea.
•        Alianza entre organizaciones de Costa Rica, Guatemala y Países Bajos permitirá intercambio de conocimientos, capacitaciones y una campaña de difusión.
•        “Más data abierta significa más democracia, más participación y más inclusión” afirmó la panelista Ana Gabriel Zúñiga, Directora Ejecutiva de Cívica.

Alcanzar un acceso a la justicia más equitativo, inclusivo y sin discriminación en Costa Rica y en la región es la aspiración del proyecto de cooperación triangular llamado: "Datos Abiertos: una ventana de oportunidad para el acceso a la justicia en Costa Rica y Centroamérica de personas LGBTIQ+", lanzado el pasado jueves 13 de febrero, mediante una actividad en modalidad virtual y presencial.

La iniciativa es un ejemplo de la Justicia Abierta en la implementación de los principios de colaboración y participación ciudadana, lograda por la unión de esfuerzos entre la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj) del Poder Judicial de Costa Rica, Hivos Países Bajos y la organización de sociedad civil guatemalteca Grupo de Apoyo Xela (GAX ONG), gracias al Fondo de Cooperación Triangular Unión Europea-Costa Rica-América Latina y Caribe ADELANTE 2.

Las actividades del proyecto, que se ejecutará por 10 meses, incluyen visitas de intercambio de conocimientos entre los tres países, capacitación del personal judicial y organizaciones de sociedad civil, así como una campaña de difusión sobre la temática.

Durante el evento se brindaron detalles sobre los antecedentes, objetivos, alcances, actividades planteadas y resultados esperados del proyecto, lo cual estuvo a cargo del Director Ejecutivo de GAX, Leonardo Ortega Méndez; de la Gerente de Desarrollo de Negocios – Derechos Cívicos en la Era Digital, Hivos, Saira Ortega y de la Directora Ejecutiva de Conamaj, Sara Castillo Vargas.

Además, el lanzamiento contó con un espacio de reflexión sobre la importancia de los datos abiertos en el ámbito de la justicia para personas LGBTIQ+, en formato de panel, que dio contenido, profundidad y visión analítica al tema con la participación de personas expertas como la Directora Ejecutiva de Cívica, Ana Gabriel Zúñiga; el Director Ejecutivo de IRCA CASA ABIERTA, Dennis Castillo Fuentes y la Jefa a.i. de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, Xinia Fernández. Este panel fue moderado por el profesional de Conamaj, Gabriel Salas Gutiérrez.

En la actividad presencial se contó con la participación de autoridades como el Magistrado de la Sala Tercera y Presidente de Conamaj, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, así como la Agregada de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Costa Rica, Murielle Guillemois-Sánchez, y el Director de Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo, Rafael García, quien ofreció un mensaje grabado. Asimismo, se tuvo la asistencia de representantes de Embajada de Países Bajos, Ministerio de Planificación Nacional, Municipalidad de San José, organizaciones de sociedad civil y funcionariado público, presencial y virtualmente.

En sus palabras el Magistrado Alfaro destacó que los datos abiertos son una herramienta poderosa, ya que “permiten evidenciar realidades que a menudo han sido invisibilizadas y nos brindan insumos para diseñar políticas públicas más justas y efectivas”, concluyó indicando que esta iniciativa no es un simple ejercicio técnico, “sino un verdadero compromiso con la dignidad y los derechos de todas las personas”.

Este apoyo de la cooperación triangular fortalece el trabajo que por dos años ha realizado el Poder Judicial de Costa Rica para lograr conocer las necesidades y características de la población usuaria sexualmente diversa, mediante variables cocreadas en la recolección de datos de población LGBTIQ+ en oficinas clave de atención al público, sumado a un proceso de capacitación y sensibilización del personal judicial.

Este proyecto se financia gracias al Fondo de Cooperación Triangular Unión Europea-Costa Rica-América Latina y Caribe ADELANTE 2, un aporte de la Unión Europea de 1.2 millones de euros, con la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la colaboración del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

El evento de lanzamiento está disponible en: https://www.facebook.com/conamaj/videos/1348614669480927

Para más información del proyecto se puede escribir a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

·       Con el nuevo Código Procesal Agrario se pueden realizar grabaciones de audio y video, posibilitando a las partes reproducir lo sucedido.

Un nuevo instrumento de ley se abrirá paso a partir del 28 de febrero del 2025… se trata del Código Procesal Agrario, que moderniza la tramitación de los procesos agrarios, permitiendo una mayor participación de las personas usuarias y litigantes a través de audiencias orales en el lugar de los hechos, para el dictado más rápido de sentencias. 

Algunos de los cambios que se presentarán son las audiencias, las cuales deberán ser grabadas en audio y video, facilitando el dictado de la sentencia, tanto en primera como en segunda instancia, así como en Casación. Con ello, se logrará reproducir todo lo sucedido, permitiendo que, las personas juzgadoras puedan tener una visión real de la prueba y de lo expresado por las partes.

Cabe destacar que el Código Procesal Agrario permite un mayor y mejor acceso a la justicia, a través de procesos menos onerosos, con la posibilidad de ser auxiliados por la Defensa Pública; además, serán procesos más cortos, pues se procura realizar en una audiencia única concentrada, muchas gestiones que antes se hacían por escrito.

Este nuevo instrumento de ley, también, presenta la posibilidad de conciliar sin tener que demandar, esto permitirá que las personas usuarias, con el auxilio de la persona juzgadora, y las personas abogadas, puedan arreglar, en forma anticipada, sus problemas, por lo que, establecer una demanda será la última posibilidad de solución del conflicto.

Además, se presenta el proceso ambiental preferente, exclusivo para aquellos conflictos donde se discuta, entre particulares, daños al medio ambiente, con un trámite más corto y una ejecución de sentencia más eficiente.

Con las reformas al Código, el Tribunal Agrario, desde su labor y competencia, tendrán la posibilidad de determinar cuál asunto es agrario o cuándo corresponde a otra materia, así como la alternativa de realizar audiencias orales cuando sea verdaderamente preciso recibir una prueba.

“El código es una oportunidad muy esperada para mejorar la justicia agraria y su éxito depende de varios factores, como mayores recursos humanos y la capacitación continua de todas las personas que trabajamos en la materia”, indicó el juez agrario Carlos Picado Vargas. 

Sobre la capacitación, el juez Picado agregó que “es importante el esfuerzo que se ha realizado desde la Escuela Judicial en forma coordinada con la gestoría agraria y la Comisión Agraria, así como el Consejo Nacional de la Jurisdicción Agraria y la Defensa Pública, para capacitar a personas auxiliares, juzgadoras y defensoras agrarias en los distintos procesos del código, así como lo ha hecho la Comisión de Derecho Agrario del Colegio de Abogados y Abogadas con las personas usuarias y litigantes con cursos virtuales y presenciales en todo el país.