·       Del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe (CJCC).

El Poder Judicial de Costa Rica realizó una sesión informativa con jerarcas institucionales y representantes del cuerpo diplomático y organismos internacionales acreditados en nuestro país, previa a ostentar la presidencia Pro Tempore de junio del 2025 a junio del 2026, del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe (CJCC) para informar sobre los temas y trabajo del Consejo.

De esta forma, el Poder Judicial de Costa Rica en aras de atender este compromiso regional, iniciará un proceso informativo con autoridades de los países miembros representantes en nuestro país y otras instancias internacionales para mantener un canal de comunicación activo y permanente durante el ejercicio de la Presidencia Pro Témpore, y así se contribuya al establecimiento de sinergias de trabajo.

Según explicó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez la reunión tuvo como finalidad dar a conocer sobre la gestión que le corresponderá asumir a la institución en el ejercicio de esta Presidencia Pro Tempore “los temas que se están llevando a cabo por parte del Consejo son fundamentales para el fortalecimiento de la Administración de Justicia, se cuenta con el apoyo y compromiso de todos los países para construir productos que son de utilidad para los Poderes Judiciales y para ir construyendo una cultura uniforme de estos temas tan importantes”.

Así mismo, el magistrado coordinador nacional ante el CJCC, Luis Guillermo Rivas Loáiciga indicó “el interés es que los Poderes Judiciales de Centroamérica y el Caribe podamos mejorar el desempeño y realizar una gestión más eficiente para que el servicio sea para bien de todos los habitantes, por eso es importante los logros en común para tener una región de paz y segura para todas personas”.

La contextualización de la sesión estuvo a cargo de Karen Leiva Chavarría, jefa de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI) y Punto de Contacto ante el Consejo, y la presentación de los Grupos Especializados de Trabajo (GET) estuvieron a cargo de los jerarcas institucionales.

Las intervenciones fueron “GET de Justicia Ambiental”, por la magistrada Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas Vásquez; “GET Combate al Delito”, por la magistrada Sala Casación Penal Sandra Zúñiga Morales; “GET Calidad de la Justicia”, por la magistrada Sala Segunda, Julia Varela Araya; “GET Justicia Restaurativa y GET de Justicia Abierta”, por el magistrado Sala Casación Penal, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, así como el “GET Transformación Digital” por Carlos Morales Castro, de la Dirección de Tecnología de la Información.

También se realizaron intervenciones de los Órganos Auxiliares del CJCC a cargo de Jorge Olaso Álvarez, magistrado Sala Segunda, con el tema Comisión de Acceso a la Justicia para las personas en condición de vulnerabilidad y Rebeca Guardia Morales, directora de la Escuela Judicial, sobre el Centro de Capacitación Judicial para Centroamérica y el Caribe.

Adicionalmente, se dio el acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, actual Presidencia Pro Témpore del SICA, quienes mencionaron su complacencia de realizar este tipo de encuentros para coordinar acciones conjuntas en beneficio de la región.

El CJCC es un órgano integrador de políticas en materia de aplicación de justicia y seguridad jurídica entre los poderes judiciales de los países que lo han integrado y que por su condición de miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), mediante el establecimiento de canales permanentes de coordinación y la adopción de compromisos permite desarrollar los procesos adecuados para obtener los fines provistos.

Los países miembros permanentes son Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Estado Libre Asociado de Puerto Rico y República Dominicana. Mientras que los países observadores son Cuba, España, Guyana, Jamaica, México, Qatar, Trinidad y Tobago.  Además, participan organizaciones internacionales del ámbito judicial:  el Centro Nacional de Tribunales Estatales (NCSC siglas en inglés), la Conferencia de Jefes de Justicia de los Estados Unidos.

La Corte Plena en la sesión del lunes 3 de marzo, acogió el informe del Tribunal de la Inspección Judicial que desestima la apertura de una causa disciplinaria contra el Fiscal General de la República, relacionada con el expediente N.º 24-003545-0031-DI.

El proceso se originó a partir de una denuncia anónima presentada ante la Inspección Judicial, en la que se señalaba al jerarca del Ministerio Público  de haber favorecido a una funcionaria judicial —con quien, según el denunciante, mantenía una relación sentimental— en un nombramiento dentro de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público.

Tras la investigación, el Tribunal de la Inspección Judicial concluyó que el proceso de nombramiento se realizó conforme a los procedimientos establecidos y conforme al marco de la legalidad.

Las entrevistas realizadas por la persona inspectora a cargo de la investigación a la Unidad de Valoración Psico sociolaboral tampoco evidenciaron injerencia alguna por parte del Fiscal. Asimismo, no hay ningún elemento de la investigación que permita establecer que existiera algún tipo de relación sentimental entre el Fiscal General y la funcionaria. La Inspección Judicial  entrevistó a once personas (personal que labora con la persona involucrada), ninguna de las cuales observó algún acto o escuchó algún comentario que hicieran al menos suponer alguna relación sentimental entre ambos. 

Otras causas en trámite

Además de este expediente, se encuentran en curso otras causas disciplinarias contra el Fiscal General de la República: 

• Expediente 24-003655-31-DI (acumulado al 24-003462-0031-DI)*
• Expediente 24-003462-31-DI *: relacionado con declaraciones de una legisladora sobre un viaje a Grecia y el nombramiento de una funcionaria señalada como pareja del Fiscal.
• Expediente 24-003509-31-DI* (acumulado al 24-003462-0031-DI)*: vinculado a información difundida en redes sociales sobre el mismo viaje a Grecia.
• Expediente 24-003777-0031-DI: denuncia presentada por la legisladora Pilar Cisneros en relación con declaraciones del Fiscal General ante la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa. En este caso, ya se ha notificado un auto de inicio de procedimiento. 

Adicionalmente, se tramita el expediente 25-000289-0031-DI, abierto a raíz de denuncias por acoso laboral presentadas por el fiscal Esteban Aguilar. Este caso se encuentra en la fase de investigación preliminar. 

* Expedientes acumulados están en fase de evacuación de prueba, son audiencias orales y privadas.   

La Corte Suprema de Justicia, en su sesión del lunes 17 de febrero, acogió el informe del Tribunal de Inspección Judicial que desestima abrir una causa disciplinaria contra el Fiscal General de la República, en relación con el procedimiento tramitado bajo el expediente N.º 24-003919-0031-DI.

La Inspección Judicial abrió de oficio una investigación preliminar para determinar si el Fiscal General había incurrido en las siguientes faltas:

·      Programar giras con el propósito de coincidir con su pareja.

·      Hacer un uso inadecuado de los vehículos institucionales asignados a su persona, en beneficio de su pareja.

Tras una investigación exhaustiva que incluyó prueba testimonial y documental, el Tribunal de Inspección Judicial concluyó que no existían indicios que corroboraran la comisión de alguna falta disciplinaria. Por esta razón, recomendó a la Corte Suprema de Justicia desestimar el proceso, criterio que fue acogido por este órgano.

Además de este procedimiento, existen otras cinco investigaciones preliminares en curso contra el Fiscal General. Una vez finalizadas, serán remitidas a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva conforme a Derecho.

San José, Costa Rica | 21 de febrero de 2025

·       El servicio es gratuito para las personas usuarias que no cuentan con recursos económicos suficientes para pagar un abogado o abogada particular.

Con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Agrario el 28 de febrero de 2025, se podrán resolver los conflictos de manera diferenciada y especializada. En este contexto, la Defensa Pública continuará siendo un pilar esencial para garantizar el respeto a los derechos y garantías fundamentales de las personas en condición de vulnerabilidad, brindando asesoría legal a personas de escasos recursos, pueblos indígenas, personas de la tercera edad, e, incluso, mujeres agricultoras.

Entre los principales beneficios de este nuevo instrumento se encuentran el deber de cooperación entre las partes procesales, la regulación expresa de los medios alternativos de resolución de conflictos cuando una persona indígena es parte del proceso y las disposiciones especiales para la tutela del ambiente, priorizándose estos casos en el sistema judicial.

Según explicó el defensor público agrario y coordinador nacional de la Unidad Agraria, Jesús Chaves Mora, “es importante que las personas usuarias conozcan sobre cómo solicitar los servicios, lo cual, según este nuevo instrumento, se hará en las oficinas de la Defensa Pública de cada circuito judicial”.

Las personas usuarias podrán solicitar la representación de la Defensa Pública en asuntos como posesión de fincas, desahucios, derribo de árboles, informaciones posesorias para la inscripción de fincas, sucesiones de parcelas, divisiones de fincas, entre otros.

“La labor de la Defensa Pública está delimitada por las competencias asignadas por ley. En este sentido, esperamos que este nuevo cuerpo normativo agilice los procesos agrarios, lo que permitirá dar una respuesta más rápida a los conflictos que surjan en esta materia”, puntualizó el Jesús Chaves.

Asimismo, el defensor público agregó: “Al otorgar a las personas defensoras públicas atribuciones como directores del proceso, podremos garantizar una tramitación efectiva de las causas, contribuyendo así a una justicia pronta y cumplida. Desde la institución, asumimos este nuevo cuerpo normativo con compromiso y profesionalismo, con el objetivo de brindar un verdadero acceso a la justicia a las personas usuarias”.

Dado el rol social que desempeña la Defensa Pública Agraria en la asesoría legal a personas en diversas condiciones de vulnerabilidad, es fundamental que los profesionales en materia agraria se mantengan actualizados y capacitados para seguir ofreciendo un servicio público de calidad.

Para ello, Chaves Mora también aseguró “la Defensa Pública cuenta con el proceso de Gestión del Conocimiento, que es una unidad encargada de organizar capacitaciones para todos los profesionales, incluidos aquellos especializados en materia agraria”.