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Dirección Jurídica: Diez años de ejercicio del control de legalidad y de asesoría en el campo jurídico en el Poder Judicial

Dirección Jurídica: Diez años de ejercicio del control de legalidad y de asesoría en el campo jurídico en el Poder Judicial

La función asesora y de apoyo jurídico a los diferentes procesos administrativos y técnicos que forman parte del entorno del Poder Judicial, necesarios para el ejercicio de la actividad jurisdiccional y de los órganos auxiliares de la justicia recae en la Dirección Jurídica desde hace una década.

 “La Dirección Jurídica es un órgano asesor, creado con el propósito de unificar la función asesora en el Poder Judicial y que estaban dispersos en las diferentes unidades administrativas.  Nuestro trabajo procura que las decisiones que se lleguen a adoptar, sean conforme a derecho y al interés público. Tenemos un compromiso permanente de excelencia, es un deber de actuar para el bien de la institución”, destacó Rodrigo Campos Hidalgo, Director Jurídico.

 Desde esta dirección se atiende una diversidad de funciones y su trabajo se distribuye en cuatro grandes áreas.

 “Tenemos el gran reto de motivar, liderar y guiar a un grupo de personas, para que el accionar de la Dirección cumpla sus objetivos, que nos demanda un aprendizaje y actualización permanente, el desarrollar nuevas habilidades para gestionar mejor el análisis y la asesoría jurídica de la institución, porque visualizamos una Dirección Jurídica fortalecida en organización y gestión” afirmó Argili Gómez Siu, Subdirectora Jurídica.

 El Área de Análisis Jurídico abarca los criterios e informes jurídicos solicitados por Corte Plena, el Consejo Superior, la Presidencia de la Corte o la Dirección Ejecutiva, así como la coadyuvancia en la elaboración de proyectos de reglamento.  Así, entre enero y octubre del 2024, se analizaron un total de 221 proyectos de ley y se recibieron 207 solicitudes nuevas de criterios, informes y reglamentos.

 El Área de Cobro Administrativo tiene como fin atender las situaciones donde se generan afectaciones o daños económicos, que deban ser recuperados, y procurando que no se requiera su judicialización.  Un total de 646 gestiones ingresaron, en los primeros diez meses del año anterior, para la apertura de procedimientos de cobro y para ese mismo año, se finalizaron 550 expedientes.

 El Área de Contratación Administrativa y Convenios se vincula con la revisión de carteles, ofertas y recursos de objeción contra las adjudicaciones que se presentan, también se emiten criterios jurídicos en esta materia y en convenios nacionales e internacionales. Durante el período evaluado en el 2024, un total de 654 asuntos nuevos ingresaron a la Dirección, relacionados con solicitudes de trámite de contratos, adendas y acuerdos de confidencialidad (205), seguido por revisión de pliego de condiciones (147) y revisiones de ofertas (121).

 Respecto al Área de Procedimientos Disciplinarios y Jurisdiccionales se brinda asesoría en temas como régimen disciplinario de personas auxiliares de justicia para aplicar el debido proceso, también se asume una coordinación con la Procuraduría General de la República para remisión de información en procesos donde el Poder Judicial es demandado; entre otros.

 En esta labor, solo entre enero y octubre de 2024 se atendieron 433 requerimientos generales de la Procuraduría, se rindieron 248 informes para conocimiento de órganos superiores, otras oficinas o gestiones de particulares y se emitieron 560 certificaciones digitales.

 “Tenemos un gran compromiso de estudiar los casos con objetividad, transparencia y responsabilidad, donde siempre prevalece el interés institucional y el interés público, que garanticemos con ello, el fortalecimiento de la Dirección Jurídica y donde nuestra labor y criterios no lleguen a tener nunca, bajo ningún concepto, ningún cuestionamiento, ni sesgo y que impliquen siempre seguridad para los tomadores de decisiones”,  puntualizó Rodrigo Campos Hidalgo.

 

Transformación Digital en la Justicia Penal

Transformación Digital en la Justicia Penal

·      ¡Un hito en la historia judicial de la materia penal en Costa Rica!

 Hoy celebramos un paso decisivo hacia una justicia más eficiente, moderna y accesible con la implementación del expediente electrónico penal, en la Periferia Zona Norte del II Circuito Judicial de Alajuela, de esta forma se reduciría la brecha tecnológica que existe en dicho circuito.

 Este avance no es solo un cambio tecnológico, es una transformación cultural y estructural. Con más de 150.000 causas penales gestionadas al año, se deja atrás el papel y se adopta un modelo de gestión digital, trazable y seguro, el cual permitirá más adelante incursionar en la automatización y la inteligencia artificial.

 Este día marca el inicio formal de la ruta de trabajo del Proyecto Estratégico 2025-PE-0110-PLA-20, denominado “Implementación integral del trámite electrónico en la Jurisdicción Penal”, el cual será implementado de forma progresiva a nivel nacional. Este proyecto es liderado por la Comisión de la Jurisdicción Penal, la Dirección de Planificación, la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones y la Fiscalía General de la República, en estrecha articulación con los demás operadores del sistema penal; también se tiene el soporte y apoyo del Organismo de Investigación Judicial y la Defensa Pública.

 La actividad contó con la participación presencial de 42 personas, representantes de los Juzgados Penales, Fiscalías, Defensa Pública y Organismo de Investigación Judicial, tanto del Circuito Judicial de San Carlos y su Periferia Zona Norte, reflejando el compromiso institucional con la modernización judicial.

 La magistrada Patricia Solano Castro indicó que “este proceso salda una deuda histórica en la digitalización penal y mejora el acceso a la justicia y las condiciones laborales de quienes operan el sistema judicial”.

 Desde el Consejo Superior, el Máster Gary Bonilla Garro subrayó que “la implementación del Escritorio Virtual en materia penal como ya se logró en San Carlos es el reflejo de la suma de voluntades entre las direcciones técnicas, la Comisión Penal y el Consejo Superior. Gracias a este esfuerzo conjunto se dota de herramientas necesarias al personal judicial y a las personas usuarias, modernizando el servicio y garantizando la seguridad en la tramitación de los expedientes”.

 Desde la Dirección de Tecnología (DTIC), se reafirma que este salto digital no es solo operativo: es un pilar para una justicia más transparente, trazable y centrada en las personas.

 En su intervención, el Fiscal General de la República, Máster Carlo Díaz Sánchez, hizo un llamado a todas las Fiscalías del país a ser parte activa del cambio, destacando la necesidad de unificar los sistemas para fortalecer la gestión penal. Por su parte, el Director de la Defensa Pública, Máster Juan Carlos Pérez Murillo, remarcó que este proceso representa un cambio cultural en el uso de tecnologías, fundamental para garantizar el acceso a la justicia y mejorar los tiempos de respuesta a la ciudadanía.

 ¿Por qué es relevante el trámite electrónico en la materia Penal?

  Mejora el acceso y seguimiento de los procesos

Acelera la respuesta judicial

Refuerza la trazabilidad de actuaciones

Contribuye con el fortalecimiento en transparencia

Permite rendición de cuentas efectiva

Fortalece los derechos fundamentales de las personas usuarias

 Como indicó el Ing. Dixon Li Morales, Subdirector de la Dirección de Planificación, esto no es una solución aislada, sino parte de un proceso integral que incluye estandarización, monitoreo y eficiencia.

 Esta iniciativa responde a la necesidad concreta de cerrar la brecha tecnológica en la Periferia Zona Norte, permitiendo que el Circuito de San Carlos se convierta en el primero 100% electrónico en todo el país, un referente nacional.

 De forma progresiva, este proyecto estratégico se extenderá a todo el país. Ya se han definido los siguientes bloques prioritarios:

🔹 Segundo bloque: Periferia de Cartago y Turrialba

🔹 Tercer bloque: Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur

 Este logro ha sido posible gracias a la articulación entre múltiples actores: personas juzgadoras, fiscalías, defensa pública, OIJ, direcciones técnicas y administrativas. La colaboración interinstitucional ha sido clave. En la actividad también estuvo presente una representación de la sociedad civil, Fuerza Pública y Abogados Litigantes.

 La transformación digital de la justicia penal no es una opción: es una responsabilidad institucional urgente. Lo que hoy se implementa en la Zona Norte se convierte en el modelo para una justicia penal más eficiente, equitativa y accesible en todo el territorio nacional.

 

Presentan Modelo de Mejora Continua en el II Circuito Judicial de la Zona Sur

Presentan Modelo de Mejora Continua en el II Circuito Judicial de la Zona Sur

·      Objetivo es mejorar el servicio judicial que se brinda a las personas usuarias en Golfito, Osa, Corredores y sus periferias. 

 

El Poder Judicial refuerza el seguimiento y monitoreo de las distintas oficinas y despachos judiciales del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, con la presentación oficial del Modelo de Mejora Continua, que se realizó este 1 de agosto de 2025.

 

Durante la visita oficial de autoridades judiciales, la Dirección de Planificación expuso en detalle el trabajo y seguimiento que se realizará en 13 despachos judiciales de este Circuito Judicial que implementan el Modelo de Mejora Continua.  A mediano plazo se proyecta integrar a dicho Modelo, a 17 despachos más de Golfito, Corredores y Osa.

 

La actividad contó con la participación vía virtual, de la Presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro y de manera presencial de las integrantes del Consejo Superior Siria Carmona Castro y Ana Isabel Orozco Alvarez; el Director de Planificación, Allan Pow Hing Cordero; Jairo Duarte Acuña, Presidente del Consejo de Administración del II Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Golfito y Puerto Jiménez y el Director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo.

 

La exposición sobre las generalidades del Modelo de Mejora Continua y el diagnóstico de la situación actual del Segundo Circuito Judicial de Zona Sur (Golfito, Corredores, Osa y sus periferias) estuvo a cargo del ingeniero Christopher Zamora Solís, Coordinador del Subproceso de Evaluación de la Dirección de Planificación y el ingeniero Steven Pérez Campos, profesional a cargo del Modelo de Mejora Continua del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur. 

 

Además, la Licda. María Gómez Rodríguez, profesional del Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación y Rodrigo Torres Sánchez, de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación, realizaron la ponencia de las generalidades de la Metodología de Monitoreo Continuo. 

 

Los pilares fundamentales de la “Mejora Continua” son continuidad, cultura y beneficios para todos, actualmente se logra aplicar mediante el seguimiento y evaluación de los indicadores de gestión, en donde se promueven acciones oportunas para mejorar procesos, productividad y el servicio brindado para aumentar la calidad y la maximización de los recursos tanto humanos como económicos. 

Impulsan estándares regionales para acceso a la justicia de poblaciones migrantes y refugiadas

Impulsan estándares regionales para acceso a la justicia de poblaciones migrantes y refugiadas

·       Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe aprueba propuesta en reciente reunión ordinaria.

·       Oficina Regional para América Central y República Dominicana de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos brindará cooperación internacional.

 Contar con normas estandarizadas en los Poderes Judiciales de Centroamérica y El Caribe, para la atención efectiva y el acceso a la justicia de poblaciones migrantes y refugiadas, es el reto que asumió el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe (CJCC), como parte del trabajo que emprenderán durante el período 2025-2026.

 El pleno de los países integrantes aprobó el pasado 23 de julio de 2025, en la reunión ordinaria del Consejo Judicial, trabajar en una propuesta de protocolo de atención a nivel regional.

 La iniciativa la presentó el magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, en conjunto con Andrés Sánchez Torín, representante de la Oficina Regional para América Central y República Dominicana de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

 “Es urgente avanzar en la construcción y adopción de estándares regionales para el adecuado abordaje de los casos que involucren a personas migrantes y refugiadas; estos estándares deben integrar principios como el debido proceso, la atención con perspectiva de género de niñez y diversidad, así como la coordinación interinstitucional e intersectorial. Contar con lineamientos claros y herramientas prácticas no son las fortalezas de la respuesta institucional, sino que contribuye a construir un modelo de justicia más inclusivo, más cercano y más justo para todas las personas sin importar su nacionalidad o estatus migratorio”, destacó el magistrado Alfaro Vargas.

 Andrés Sánchez Torín, representante de la Oficina Regional para América Central y República Dominicana de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su participación virtual, afirmó que “…hemos venido trabajando junto a los Estados, junto a las organizaciones de la sociedad civil, junto a las instituciones nacionales de Derechos Humanos y junto a otros actores claves, para promover una gobernanza migratoria, basada en el respeto y garantía de los Derechos Humanos de todas las personas, sin discriminación alguna”.

 Esta labor, en los últimos años, contempla la protección de estas poblaciones, el fortalecimiento de las capacidades institucionales para responder de manera efectiva a los retos que enfrentan; así como mediante la asesoría técnica, el acompañamiento en el diseño e implementación de políticas públicas y la generación de espacios de diálogo.

 Se resaltó la construcción en Panamá de un protocolo nacional sobre acceso a la justicia para personas migrantes, que refuerza la actuación del sistema judicial contra los abusos y violaciones de Derechos Humanos de estas poblaciones; igualmente en Cota Rica, el fortalecimiento de la política institucional sobre acceso a la justicia de personas migrantes y refugiadas.  Dichas acciones donde juegan un papel fundamental el compromiso de los Estados de la región con los marcos internacionales de Derechos Humanos e instrumentos claves como la Declaración de Cartagena y el Pacto Mundial para la Migración, que promueven una respuesta regional solidaria y centrada en las personas.

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