Mediante un contenido nutrido por la teoría, práctica y normativa, la Agenda Conamaj 2025 presenta el tema retador de la rendición de cuentas con enfoque participativo para posicionarlo como un ejercicio permanente y de verdadera realimentación entre el Estado y la ciudadanía, en cumplimiento al mandato constitucional de nuestra Carta Magna.

Durante el acto de presentación de esta publicación el Presidente de Conamaj, Magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas, resaltó el espíritu educativo e informativo de esta publicación, la cual es utilizada, no solo a funcionariado público en general, sino por la ciudadanía, en donde mediante lenguaje claro importantes temas para la administración de justicia se plantean de manera concisa y atractiva.

“Es una necesidad latente incorporar aplicaciones más amplias y permanentes en las instituciones, con el fin de incluir la visión ciudadana en toda la acción de un Estado Abierto, incluyendo el deber de rendir cuentas, basándonos en la deliberación y la cocreación con los colectivos y personas destinatarias de servicios”, puntualizó el Magistrado Alfaro.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Orlando Aguirre Gómez, calificó de esencial para la salud de la democracia el tema de esta publicación y destacó la vocación educativa popular del proyecto de la Agenda Conamaj al llevar a las personas temas coyunturales de la administración de justicia, mediante estrategias de comunicación, ilustración y diseño gráfico atractivo, que facilitan la comprensión y apropiación.

Esta actividad incluyó también un conversatorio, el cual tuvo por finalidad mostrar prácticas concretas que diferentes instancias del Poder Judicial realizan aplicando la participación ciudadana en ejercicios de rendición de cuentas. De este modo, la Jefa de la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa, Jovanna Calderón Altamirano, además del Integrante del Consejo Superior, Gary Bonilla Garro, y el Defensor Público Supervisor de la Defensa Pública de Costa Rica, Mario Serrano Zamora, fueron las personas que compartieron sus experiencias, lecciones aprendidas y destacaron la relevancia de las rendiciones de cuentas participativas.

El panel fue moderado por la Directora Ejecutiva de Conamaj, Sara Castillo Vargas, quien reflexionó sobre el concepto e implicaciones de las rendiciones de cuentas con enfoque participativo, los beneficios y retos que plantea. Asimismo, compartió el informe de las Jornadas de Reflexión Conamaj del año anterior, dedicadas a este tema, como un insumo para el ejercicio democrático de rendir cuentas, el cual se puede consultar en: https://conamaj.poder-judicial.go.cr/index.php/areas-de-trabajo/sector-justicia/jornadas-de-reflexion

Al acto de presentación pública de la Agenda Conamaj 2025, realizado el pasado miércoles 15 de enero, asistió un amplio público cercano a las cien personas e integrado por autoridades del Poder Judicial, tales como magistrados, magistradas, jefaturas de órganos auxiliares, direcciones y departamentos, además de otras instituciones públicas como Tribunal Supremo de Elecciones, Contraloría General, Procuraduría General, Asamblea Legislativa, funcionariado público, personas facilitadoras judiciales y sociedad civil.

La actividad fue transmitida por Facebook Live de Conamaj, la grabación está disponible en: https://www.facebook.com/conamaj/videos/3971262456440199

Para más información sobre la Agenda Conamaj 2025 se puede escribir a conamaj@ poder-judicial.go.cr

• Servicios tecnológicos generan confianza en personas usuarias del Poder Judicial.
• El Sistema de Depósitos Judiciales (SDJ) mantuvo su eficiencia en beneficio de la economía del país.

El Poder Judicial brinda las posibilidades para que las personas usuarias puedan acceder a sus servicios, mediante su plataforma de trámites en línea, con el objetivo de facilitar un mejor acceso a la justicia.

Las herramientas tecnológicas con las que cuenta la institución, se han convertido en una opción confiable para las personas usuarias, ya que permiten que estas puedan realizar sus consultas desde su casa u oficina, sin tener que trasladarse hasta el despacho correspondiente para revisar sus respectivos expedientes.

En el año 2024, se entregaron 510.880 hojas de antecedentes penales (hoja de delincuencia), se registró la presentación de 248.212 demandas y 2.921.411 escritos, también, se tramitaron 12.691 certificaciones de pensión alimentaria, 120.931 órdenes de apremio y se realizaron 5.039.386 de notificaciones.

En lo que respecta a los trámites de impedimento de salida del país, se gestionaron 217.765 consultas directas de personas usuarias y se tramitaron 5.871.897 consultas por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Cabe destacar que se registraron 7.347.730 consultas de jurisprudencia en el buscador Nexus PJ, 129.808 consultas al Chatbot del Poder Judicial, se tramitaron 131.520 claves de Gestión en Línea y se tramitaron 1.191.591 expedientes electrónicos.

Movimiento del Sistema de Depósitos Judiciales (SDJ)

En lo que respecta al Sistema de Depósitos Judiciales (SDJ), sistema por el cual se registra el dinero que se recibe, autoriza y paga dentro de los procesos judiciales, este mostró altos índices de efectividad, lo anterior con el propósito de mantener activa la economía del país.

En el 2024, el Poder Judicial pagó a las personas usuarias ¢316.024.70 millones, $27.49 millones y €6.540.27, es decir, un promedio diario de ¢865.82 millones $75.322.09 y €17.92.

En cuanto a depósitos, se recibieron ¢325.628.62 millones, $24.56 millones y €13.460.00, mientras que las autorizaciones de pago hechas por los juzgados fueron de ¢318.496.96 millones, $28.50 millones y €13.908.27.

De esta manera, el Poder Judicial continúa enfocando sus esfuerzos en robustecer su plataforma tecnológica y sus servicios en general, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia de una manera eficiente para todos y todas por igual.

*La agenda de este día contempla más artículos, de ser necesario, oportunamente se remitirá el detalle del resto de numerales, en la misma forma y por la misma vía en que se facilitó este documento.

* Por la dinámica de la sesión, es posible que se incluyan artículos que no aparecen en esta agenda, de ser así, oportunamente se comunicará.

El Poder Judicial ejecuta un plan de reforzamiento estructural en las oficinas judiciales de Batán, Limón, con el objetivo de proteger al personal y a las personas usuarias ante eventuales ataques de grupos criminales, garantizando así su seguridad y la continuidad en la prestación del servicio de justicia.

El pasado 31 de diciembre, las instalaciones fueron atacadas a disparos por dos sujetos a bordo de una motocicleta, lo que motivó la adopción inmediata de medidas de seguridad y la implementación de acciones para fortalecer la protección de la sede judicial, como parte de la lucha contra el crimen organizado en la región.

En seguimiento a estas acciones, la presidenta en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Damaris Vargas Vázquez, junto con las integrantes del Consejo Superior, Siria Carmona Castro y Ana Isabel Orozco Álvarez, y el representante Gary Bonilla Garro, visitaron este viernes las oficinas judiciales de Batán. Durante la visita, se reunieron con el personal judicial para escuchar sus inquietudes ante la creciente ola de violencia que afecta a la comunidad.

Asimismo, se brindó apoyo sicológico profesional al funcionariado.

En el encuentro también participaron representantes operativos de la Dirección Ejecutiva y del Departamento de Seguridad del Poder Judicial, quienes trabajan de forma coordinada para que las mejoras de seguridad en la infraestructura se concreten en el corto plazo.

El Consejo Superior reiteró su compromiso de garantizar el acceso a la justicia en condiciones seguras, asegurando que las instalaciones judiciales no sean vulnerables a actos de violencia y reafirmando la cercanía de la institución con la ciudadanía a través de acciones rápidas y efectivas.

Desde inicios de 2024, el Poder Judicial ha implementado medidas preventivas y correctivas, como la capacitación del personal, la mejora de la infraestructura y una significativa inversión en seguridad, con el fin de fortalecer la protección tanto del funcionariado como de las personas usuarias.

Adicionalmente, unidades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantienen operativos en la zona con el propósito de desarticular bandas criminales y frenar la actividad delictiva que afecta a la comunidad.