Orlando Aguirre Gómez
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica
Ante lo expresado por el señor Presidente de la República durante su discurso de rendición de cuentas el pasado 5 de mayo, me veo en la obligación de recordar que Costa Rica es una democracia constitucional cimentada sobre la división de poderes. Esta no es una formalidad simbólica: es la garantía real de que ningún poder del Estado puede subordinar a otro, y de que cada uno actúa con autonomía, dentro de los límites que establece la Constitución.
Por ello, declaraciones como las vertidas en dicho discurso —donde se alude a supuestos “fiscales corruptos”, se sugiere la existencia de una “red de cuido” y se acusa implícitamente un uso político de la justicia— son no solo infundadas, sino también peligrosas para el equilibrio democrático y el respeto mutuo entre poderes del Estado.
Lanzar acusaciones de corrupción o manipulación política del sistema penal ante el Plenario Legislativo, sin pruebas que las respalden, no constituye un ejercicio legítimo de la crítica democrática. Se trata, más bien, de una forma de agravio público que violenta los principios de responsabilidad política y respeto entre poderes que exige nuestro sistema republicano.
Este tipo de afirmaciones erosiona la confianza ciudadana en las instituciones, debilita el Estado de derecho y allana el terreno a prácticas autoritarias, que no tienen cabida en una democracia como la costarricense.
Desde la Corte Suprema de Justicia, rechazamos categóricamente cualquier intento de deslegitimar la labor judicial mediante acusaciones sin sustento, con carácter potencialmente calumnioso o injurioso, dirigidas hacia funcionarias y funcionarios del Poder Judicial. Exigimos respeto por la institucionalidad y por las personas que cada día trabajan en defensa de la legalidad, la justicia y los derechos ciudadanos.
El Poder Judicial no es ajeno a los retos estructurales ni a las legítimas expectativas de mejora por parte de la ciudadanía, y estamos comprometidos con avanzar en mayor eficiencia, transparencia y cercanía. Pero estos procesos deben impulsarse desde el respeto a nuestra autonomía y sin convertir el debate público en un medio de hostigamiento institucional.
No nos interesa entrar en confrontaciones. Nuestro deber y nuestro enfoque están puestos en mejorar la administración de justicia y seguir trabajando al servicio del país.
