• El seminario contó con la participación de más de 120 personas de manera bimodal
• Se contó con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos

 La Sala de Casación Penal y la Comisión de la Jurisdicción Penal del Poder Judicial realizaron el Seminario denominado: Criptomonedas y Lavado de activos. Esta actividad académica se llevó a cabo este 14 y 15 de noviembre en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y se realizó de manera bimodal.

 Dicha actividad se dirigió a todo el personal de la jurisdicción penal y constituye una herramienta importante para afrontar uno de los nuevos retos que se presentan frente al combate con el Crimen Organizado, que tiene como objetivo impulsar el uso de las nuevas tecnologías.

 La actividad académica se realizó con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos y la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL) con sus siglas en inglés, para contar con ponencias de expertos internacionales de alto nivel: Alejandro Musso, fiscal de la República de Argentina, y Noé de la Rubia, Oficial de Interpol destacado en Lyon, Francia. Además, de la exposición de Nidia Soto, perita en delitos económicos y cripto monedas.

 Patricia Solano Castro, Presidenta de la Sala de Casación Penal y coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción Penal del Poder Judicial, destacó:

 Desde la Presidencia de la Sala Tercera y del seno de la Comisión de la Jurisdicción Penal, consideramos necesario abordar el conocimiento del sistema de las criptomonedas y su vinculación con el lavado de activos, acudiendo a los mejores especialistas, entendiendo que se trata de un asunto de interés actual y urgente en el marco de la delincuencia organizada y las nuevas formas del delito. El auge del dinero electrónico es una realidad a nivel mundial y ha tenido un impacto considerable no solo en el área de las finanzas, sino también en el avance de la criminalidad organizada en las mayores escalas.  

         Sabemos que el origen de las criptomonedas se relaciona con la renuncia a las instituciones financieras tradicionales, suprimiendo intermediarios en las transacciones monetarias, generando así grandes y nuevos desafíos para el Estado en los controles del flujo económico, tanto del que responde a actividades lícitas, como del que no.

         Con el uso de las monedas virtuales se facilita el anonimato de los movimientos, por lo que resulta esperable que las organizaciones delictivas recurran cada vez más a este mecanismo para evadir la justicia y eficientar la actividad criminal, constituyéndose en un nuevo reto -sumado a los que ya hemos enfrentado- para el combate a la delincuencia organizada, lucha que ha sido un tema de primer orden en nuestra agenda judicial en los últimos años.

 La Sala de Casación Penal refuerza su compromiso de impulsar las buenas prácticas y la mejora continua en la capacitación y preparación del personal de la Jurisdicción Penal, mediante el uso de herramientas tecnológicas, que permitan el mejor desempeño en la labor que se realiza en todo el proceso penal.

 En el seminario participaron magistrados y magistradas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, jefaturas de la Fiscalía, personal de la judicatura y personal judicial de todo el ámbito penal de este Poder de la República. La actividad contó con la participación de aproximadamente 120 personas.

•  Charla virtual con el funcionariado judicial permitió una retroalimentación sobre las propuestas que contiene el borrador del proyecto.
• Acceda a la charla completa en el siguiente link:

Aclare sus dudas sobre el proyecto de Reforma al Régimen Disciplinario-20241115_095536-Grabación de la reunión.mp4

 Dentro de la construcción participativa que emprende el Poder Judicial para concretar el proyecto de régimen disciplinario, el magistrado Jorge Leiva Poveda, entabló un diálogo directo con el funcionariado judicial este viernes 15 de noviembre de 2024.

 Mediante una trasmisión vía Teams, el jerarca judicial, uno de los proponentes del borrador, compartió con transparencia y claridad, con más de 150 personas que se conectaron a la trasmisión y expusieron sus dudas e inquietudes sobre el tema.

 Leiva Poveda aclaró que el proyecto de Régimen Disciplinario se mantiene en una fase de construcción y que el documento actual es un borrador que está en consulta y recibiendo las observaciones de parte de organizaciones gremiales, órganos judiciales y del funcionariado judicial en general, para su análisis y posible incorporación en mejora del proyecto. El proyecto final se remitirá a Corte Plena para su valoración y aprobación.

 “El objetivo es crear un instrumento que unifique todas las leyes existentes en la materia y que aplique para todo el Poder Judicial, judicatura, sector administrativo y órganos auxiliares de justicia y tener todos y todas, las reglas claras de cuáles van a ser las herramientas y los trámites a seguir en materia disciplinaria. Además, debemos entender que el régimen disciplinario no solo es para sancionar y por ello estamos incorporando, por ejemplo, la justicia restaurativa o medios alternativos”, explicó el jerarca judicial.

 Apuntó que la propuesta también brinda una respuesta a la necesidad institucional de contar con herramientas novedosas para combatir el tema de corrupción y la intromisión del crimen organizado.

“Yo quisiera insistir mucho en la idea de que no se está creando un acceso abierto a información confidencial, es el acceso que hoy tienen otros órganos del sector público a través de instancias judiciales. El proyecto mantiene esa garantía que funciona hoy en diferentes ámbitos del sistema costarricense, que se habilite a un órgano del Poder Judicial a pedir a un órgano judicial, que por favor acceda a esta información, la revise y si el juez o la jueza  consideran pertinente dicha información la entregue y si no, no se autoriza.  No va a ser en automático”, detalló el magistrado Leiva.

 Este trabajo contó con la cooperación financiera del National Center for State Courts (NCSS) de la Embajada de los Estados Unidos, para contratar la colaboración de un especialista nacional en la redacción del borrador, el cual se enriqueció con legislación nacional y legislación comparada.

 En el tema de la independencia judicial y la afectación de la imagen del Poder Judicial se trabaja con jurisprudencia de la Sala Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que la definición quede muy clara y generar seguridad jurídica en los órganos que resolverán y en el contenido de la falta.

 “Estamos construyendo un nuevo Poder Judicial.  Estamos construyendo un producto novedoso, que no tiene antecedentes en el ámbito nacional, pero queremos construirlo de manera participativa y generar un producto que atienda la mayor cantidad de necesidades y recoger la mayor cantidad de observaciones del funcionariado judicial, para generar un resultado transparente, pero también que ayude al combate de la corrupción y del crimen organizado y que permita atender conflictos a lo interno del Poder Judicial en materia disciplinaria de manera participativa”, afirmó el magistrado Jorge Leiva.

•  Escultura se ha ubicado históricamente en la fachada del Edificio de la Corte Suprema de Justicia
• Se pretende evitar un accidente para las personas usuarias y personal judicial que transita por el área.

 La escultura que usted y yo siempre hemos visto en la fachada del Edificio de la Corte Suprema de Justicia se desmontará de este lugar emblemático, ocupado históricamente por más de 50 años.

 Debido al peligro inminente de desprendimiento por los daños estructurales identificados en la obra, existe un riesgo de que pueda causar un accidente que ponga en peligro la seguridad de las personas que transitan por el área.

 La obra lleva el nombre “La Justicia y el Pueblo”, y es de la autoría del escultor costarricense, Juan Portuguez Fucigna, su creación data de 1965.  Su alto valor histórico y cultural llevó a la institución a proceder con las gestiones administrativas para su restauración y preservación.

 El proceso de desmontaje de este emblema del Poder Judicial se realizará este domingo 17 de noviembre de 2024, en atención a un dictamen realizado por un curador autorizado del Museo de Arte Costarricense, en el que se evidenciaron daños significativos en la estructura de la obra, que forma parte del patrimonio artístico del país.

 La exposición prolongada a las condiciones atmosféricas adversas como agua y calor, comprometieron su estado estructural.

 El proceso de adjudicación para el proyecto de desmontaje se desarrollan desde los años 2022 y 2023, desde el SICOP, hasta lograr concretar el trámite.

 La conservación preventiva permitirá una intervención urgente de la escultura para garantizar su preservación y evitar un deterioro irreversible.

 Con ello el Poder Judicial procura restaurar y preservar para las futuras generaciones la obra.

• Las exposiciones estuvieron a cargo de la magistrada de la Sala Constitucional, Ingrid Hess y la abogada Lara Blanco.

En el cierre de la Semana de la Democracia, así como del 75 Aniversario de la Constitución Política, el Poder Judicial realizó el webinar titulado “Logros y desafíos: futuros de la protección ambiental en el marco constitucional costarricense”.

Las exposiciones estuvieron a cargo de la magistrada de la Sala Constitucional, Ingrid Hess Herrera y la abogada y Doctora en Filosofía, Lara Blanco Rothe. El asesor de la Presidencia, Alonso Mata Blanco fue el moderador de los paneles.

En su ponencia “Logros históricos del artículo 50 en la protección ambiental”, la magistrada Ingrid Hess resaltó temas como Derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho plasmado en la Constitución Política, la incorporación de los tratados internacionales, los principios desarrollados en la jurisprudencia constitucional: preventivo, precautorio, in dubio pro natura, progresividad y no regresión en materia ambiental y la objetivación de la tutela ambiental.

La segunda exposición a cargo de Lara Blanco analizó los desafíos futuros de protección ambiental en el marco constitucional abordando temas como el cambio climático, la justicia ambiental y la sostenibilidad intergeneracional.

“No hay ninguna duda de que Costa Rica destaca por su enfoque constitucional innovador, fue uno de los países pioneros en relación con incorporar el tema de la protección ambiental a la Constitución Política. Es importante resaltar la labor de la Sala Constitucional, ya que ha sido fundamental en la aplicación y el ejercicio de los derechos”, puntualizó la abogada Lara Blanco.  

Durante la semana de la Democracia, el Poder Judicial organizó diferentes actividades al considerar de vital importancia fomentar el valor de la Democracia, la independencia de poderes y la justicia en la vida cotidiana de las personas.  

El conversatorio se realizó de manera virtual por medio de la plataforma Microsoft Teams.