La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, acompañada por los magistrados Jesús Ramírez Quirós, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Orlando Aguirre Gómez y Celso Gamboa Sánchez así como el integrante del Consejo Superior, Carlos Montero Zúñiga, presentó este martes 18 de octubre, ante una comisión legislativa la posición institucional al respecto.
También asistieron el Director del Despacho de la Presidencia, Róger Mata Brenes, la Directora Ejecutiva, Ana Eugenia Romero Jenkins, el Director de Gestión Humana, José Luis Bermúdez Obando y otras autoridades judiciales.
Entre los temas puntualizados por la magistrada Villanueva Monge se encuentran los órganos de control que tiene el régimen jubilatorio institucional. “La Contraloría General de la República ha sido activa en su vigilancia al Fondo. Respondemos año a año a su fiscalización permanente, se suma a ella la Auditoria Judicial, la Auditoría Externa, que se contrata anualmente y finalmente el trabajo del Comité de Vigilancia”.
La jerarca judicial agregó que esta estructura responde a los requerimientos que en el 2012 hizo la Contraloría General de la República.
Indicó que Corte Plena es el órgano a cargo de las políticas de inversión y riesgos; así como los de administración cuya competencia recae en el Consejo Superior, la Dirección Ejecutiva, la Asesoría Externa en Riesgos e Inversión, el Departamento de Financiero Contable, la Dirección de Gestión Humana, el Departamento de Trabajo Social y Psicología y el Departamento de Medicina Legal.
La máxima jerarca judicial señaló la importancia de autorizar al fondo para otorgar crédito al Poder Judicial e invertir en obra pública y para otorgar créditos a personas servidoras judiciales.
“Es necesario establecer un mecanismo que garantice la rentabilidad del Fondo y el retorno de sus recursos”.
Proponemos que los préstamos serán específicamente para el Poder Judicial, estableciendo el monto que se pueda prestar y el mecanismo para recuperarlo en el presupuesto de la institución”, aclaró la jerarca judicial.
También se resaltó que actualmente las personas jubiladas y pensionadas del régimen judicial mantienen una contribución al fondo del 11% y un 5% al régimen de Invalidez y Vejez de la Caja Costarricense Seguro Social (CCSS) y se paga entre el 10% y 15% de renta, el cual no puede invisibilizarse ante una posible regulación sobre contribución solidaria.
De acuerdo con el magistrado Jesús Ramírez Quirós, coordinador de la Comisión de Enlace Corte-Gremios Judiciales, la base del proyecto de reforma que actualmente se discute en la corriente legislativa, contiene en su mayoría las propuestas que se consensuaron en una primera instancia con todas las asociaciones gremiales del Poder Judicial.
Uno de los aspectos analizados es la administración del Fondo. La iniciativa de ley propone la creación de una junta de administración, lo que a criterio de las autoridades judiciales aumentaría el costo de la administración del fondo y no garantiza los criterios técnicos para determinar beneficios y riesgos de inversión y no señala ninguna instancia fiscalizadora de esta junta, máxime cuando permitiría el pago de dieta y de pensión al mismo tiempo.
Las autoridades judiciales también respondieron a las consultas de las diputadas y los diputados de la comisión, en temas como el tope de jubilación y pensión, la fórmula de cálculo y la sostenibilidad financiera y actuarial.
La diputada Marcela Guerrero Campos destacó que es importante esperar los resultados del último estudio actuarial que el Poder Judicial contrató para determinar la situación actual del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, el cual será determinante para la definición de aspectos técnicos.
La comparecencia continúa este miércoles 19 de octubre, a partir de las 9:00 a.m. con las preguntas y consultas de las personas legisladoras que integran la comisión quienes en la audiencia de este día no finalizaron por lo avanzado de la hora.
