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Presidenta de la Corte Suprema de Justicia presentó presupuesto ordinario para el 2017

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Zarela Villanueva Monge, entregó esta tarde al Ministro de Hacienda Helio Fallas Venegas  el presupuesto ordinario del Poder Judicial para el ejercicio económico del 2017 por un monto de ¢424.527 millones de colones.

La formulación del presupuesto institucional es el resultado de un esfuerzo de los órganos que componen el Poder Judicial para definir las prioridades y no desmejorar la atención en el servicio público.

En el proceso de formulación presupuestaria el Consejo Superior analizó los resultados de rendimiento de cada circuito judicial y de acuerdo con el desempeño obtenido así se asignó el presupuesto para el 2017.

Se realizó un análisis comparativo de los últimos dos años sobre las cargas de trabajo de los despachos judiciales  que se reflejan en la cantidad de expedientes terminados por circuito judicial, así se comienza a  identificar el desempeño de cada circuito y oficinas, dando un fortalecimiento  a la evaluación. 

La magistrada Villanueva Monge explicó que este presupuesto  es el más reducido de los últimos  13 años y  en crecimiento es la mitad del año 2106, atendiendo a las restricciones emitidas por el Ministerio de Hacienda.

“ Este presupuesto es el resultado de un proceso serio y cuidadoso que realiza el Consejo Superior y la Corte Plena en la aprobación definitiva. Continuamos en la línea del contención del gasto por lo que no crecemos en plazas nuevas lo que nos impide extender proyectos de atención a víctimas”, puntualizó la jerarca judicial.

Para el Poder Judicial no es posible acatar la directriz de ajustarse a un presupuesto que no supere los 414 mil millones de colones pues de hacerlo significaría  un  decrecimiento y el incumplimiento de obligaciones contraídas en alquileres y proyectos de construcción en marcha que son fundamentales para la institución.

 El aumento de costo de vida previsto por el Ministerio de Hacienda para el 2017  es de 1.94% que da un resultado de 5 mil millones de colones para hacerle frente y además se requiere de  2 mil millones de colones para ajustar el aumento del 15% anual en alquileres. Esos montos hacen imposible el cumplimiento de la directriz.

Tampoco es posible paralizar la ejecución de proyectos de ampliación en construcciones como:  reforzamiento del edificio de la Corte, terminar una torre en el Circuito Judicial de Limón, continuar con el edificio en Jicaral, ampliación en Ciencias Forenses y la  Delegación del OIJ en Pococí, así como la construcción de edificio  en Osa y Los Chiles.

En la presentación del presupuesto acompañaron a la magistrada Villanueva Monge, el Director del Despacho de la Presidencia, Róger Mata Brenes; la Directora de Planificación, Nacira Valverde Bermúdez; la Directora Ejecutiva, Ana Eugenia Romero Jenkins.

Reformas procesales y leyes especiales requieren presupuesto

Con un presupuesto separado se presentó  el impacto económico organizacional de las reformas procesales civil y laboral. 

En total se requieren  más de 9 mil millones de colones en el año 2017, para implementar los cambios normativos aprobados que fueron producto de un acuerdo nacional.

También se prevee la construcción de un edificio con un costo aproximado de diez mil millones de colones que albergará entre otras oficinas a ambas jurisdicciones. 

Adicionalmente,  se gestionan  recursos para la puesta en marcha de la creación del Sistema de Alerta y el Procedimiento para la Coordinación y Reacción Inmediata entre las Instituciones Públicas y Privadas ante la Desaparición o Sustracción de Personas Menores de Edad, conocida como la “Ley Yereling”.  La Dirección de Planificación estima el impacto en   ¢1.815 millones de colones.

Para la implementación del Proyecto de Ley que crea la Jurisdicción Especializada en Crimen Organizado y Narcotráfico, se  proyectó un monto  en casi de ¢3.500 millones de colones.

Esta jurisdicción centraliza el juzgamiento de los delitos en estas materias, es por tanto,  que  requiere dotar de recursos a la judicatura, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial y la Defensa Pública, por lo que se hace urgente hacer una instancia a los señores y señoras de la Asamblea Legislativa para su pronta aprobación.

Fideicomiso inmobiliario del Poder Judicial toma impulso



El avance sobre el establecimiento de los equipos técnicos y administrativos que constituyen el Fideicomiso inmobiliario del Poder Judicial, se presentó ante las máximas autoridades judiciales y administrativas de la institución.

Magistradas, Magistrados, el pleno del Consejo Superior, así como autoridades de la Dirección Ejecutiva y Servicios Generales del Poder Judicial intercambiaron criterios y consultas con representantes del Banco de Costa Rica y la empresa adjudicataria que asumirá la Unidad Ejecutora Administrativa del Fideicomiso.

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, resaltó el largo proceso recorrido por el Poder Judicial, para finalmente tomar la decisión de recurrir a la figura del fideicomiso para atender las necesidades de infraestructura judicial, frente a la difícil situación que enfrenta el país, en materia presupuestaria.

“Nos parece muy oportuno que las autoridades en la parte gerencial de la institución, así como magistrados y magistradas tuvieran conocimiento del avance que se ha tenido con el establecimiento de los equipos técnicos y administrativos del fideicomiso”, manifestó, Villanueva Monge.

La reunión fue propicia para que los representantes del Banco de Costa Rica presentaran al equipo de trabajo que estará a cargo de la administración del fideicomiso. 

Además, se dio un espacio para que la empresa ICC, que fue la que ganó la adjudicación como Unidad Administradora del Proyecto Inmobiliario del Poder Judicial, expusiera su experiencia en la dirección de proyectos de construcción inmobiliarios y destacaron que su principal objetivo es reducir los riesgos técnicos, legales, financieros y externos que se puedan presentar durante el desarrollo de las obras, constituyéndose en representantes de los intereses del propietario.

Actualmente, el fideicomiso cuenta con el refrendo de la Contraloría General de la República.  El BCR tiene a cargo su administración y dentro de sus competencias realizó un proceso de licitación para adjudicar a la empresa que asumiría la ejecución técnica del proyecto. Finalmente, durante este proceso la empresa ICC ganó dicha adjudicación.

Dentro de las prioridades en infraestructuras señaladas por el Poder Judicial, destacan tres proyectos como lo son el Edificio de Tribunales de Hatillo, la construcción en el terreno ubicado al noroeste de la Corte Suprema de Justicia y el Edificio de Puntarenas.

Cabe destacar que la figura del fideicomiso permitirá una reducción en alquileres y el desarrollo de 14 proyectos en un plazo de 30 años.

Poder Judicial expone sobre impacto de reforma procesal laboral 

Las autoridades del Poder Judicial participaron esta mañana en las reuniones de preparación para la adhesión de Costa Rica en la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, con el fin de dar a conocer los alcances de la Reforma Procesal Laboral, aprobada en diciembre de 2015.

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge y el magistrado de la Sala de Casación Laboral, Jorge Olazo Álvarez, tuvieron una activa participación en la presentación del impacto que tendrá la reforma procesal laboral en el país.

Dicha participación  representa una coadyuvancia con el Poder Ejecutivo y en atención a la invitación que se realizó a las sesiones de trabajo de la Misión OCDE y el Ministerio de Trabajo.

De parte del Poder Judicial se contó con la colaboración técnica del personal asesor de la Presidencia de la Corte, la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI) y la Dirección de Planificación.

La actividad tuvo lugar en el Salón de Sesiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

En procura de la eficiencia y disminución de la mora judicial

Las labores de monitoreo, control, mejora y coordinación de la gestión de los despachos jurisdiccionales del país, se realizan desde el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, que estableció el Poder Judicial en el 2015.

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, destacó durante el informe de rendición de cuentas correspondiente al 2015, que este órgano judicial refuerza la línea de trabajo que busca el impulso de la eficiencia y la disminución de la mora judicial.

“El Centro se creó mediante una reorganización del recurso humano existente y sin creación de plazas nuevas. Esta oficina le dará seguimiento a la gestión de los despachos jurisdiccionales del país, vigilando el uso de los recursos que se les asignan, monitoreando las cargas de trabajo; y generando los indicadores de gestión y de rendimiento, algo que no teníamos en la institución”, puntualizó Villanueva Monge.

Dicho centro trabaja en coordinación con la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y está organizado en dos grandes áreas: el Área de Gestión y Apoyo, así como el Área de Coordinación y Mejoramiento.

Uno de los primeros proyectos emprendidos es la implementación de un plan para la definición de indicadores de desempeño a nivel jurisdiccional y el levantamiento de inventarios de circulantes en cada una de las 320 oficinas judiciales en todo el país.

El Centro de Apoyo, también concentra el seguimiento de los despachos que se incluyen en los proyectos de rediseño, acreditación y reacreditación de calidad.

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