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Presidenta de la Corte aboga por el resguardo de los derechos de las víctimas

En distintos escenarios nacionales e internacionales, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge ha sido enérgica en reafirmar la necesidad de propiciar esfuerzos para el reconocimiento de los derechos orientados a las personas víctimas del delito.

Así lo ha reiterado la magistrada Villanueva a lo largo de su gestión, como máxima jerarca del Poder Judicial, entre ellas en la Carta Iberoamericana de los Derechos de las Víctimas, presentado ante los países integrantes de la Cumbre Judicial Iberoamericana.

La necesidad de contar con reformas de los sistemas procesales penales de América Latina, en el Siglo XXI, enfocadas en una política de persecución penal que considera a la víctima y sus derechos, las condiciones de vulnerabilidad que afectan a poblaciones específicas, la identificación de acciones preventivas para disminuir la revictimización, la asistencia de la víctima y su tratamiento interinstitucional e interdisciplinario, ha sido parte de su principal mensaje en esta temática. 

Esta iniciativa de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia es indispensable para el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas víctimas de delitos.

Planificación estratégica dirigida a la modernización del Poder Judicial

Con el apoyo de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia se creó el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETIC 2015-2020), el cual agrupa las aspiraciones del Poder Judicial, en aras de la modernización de sus procesos, para un mejor aprovechamiento de la información en el quehacer institucional. 
 
Para la realización de este plan se efectuaron talleres dirigidos a la identificación de necesidades prioritarias en las diferentes áreas judiciales, que contó con una metodología inclusiva y participativa, dando como resultado cuatro pilares fundamentales.
 
Estos cuatro temas estratégicos del PETIC son: Aprendizaje y Crecimiento, de las personas integrantes de la Dirección de Tecnología; Mejora de los Procesos Internos de la Dirección de Tecnología, utilizando las mejores prácticas en la gestión tecnológica; Orientación a la Persona Usuaria, a través de los diferentes servicios tecnológicos para satisfacer las necesidades de grupos de interés y Contribución al Poder Judicial, cumpliendo con los objetivos estratégicos institucionales.
 
El proyecto fue aprobado por Corte Plena el 30 de noviembre del 2015 y estará vigente hasta el año 2020, sentando las bases de un modelo a nivel Iberoamericano, en el uso de la información y apoyo de las tecnologías.

Poder Judicial disminuye brecha tecnológica en despachos de las periferias

Gracias al apoyo de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia se disminuyó la brecha tecnológica entre las oficinas del Poder Judicial, programa contemplado dentro del Plan Estratégico de las Tecnologías de Información y Comunicaciones.
 
Se logró ampliar la cobertura de servicios, mejorando los enlaces de telecomunicaciones en 52 oficinas de las periferias durante el 2016, lo que disminuyó el porcentaje de despachos con herramientas y aplicaciones obsoletas.
 
El Sistema de Gestión de los Despachos Judiciales y sus aplicaciones adicionales fue implementado en el Circuito Judicial de Corredores, así como en oficinas de Osa, Coto Brus y en la periferia de las provincias de Cartago y Alajuela, lo que permitió disminuir la brecha en un 18%, llevando la expansión al 81% de los lugares que lo requieren. 
 
Adicionalmente se fortaleció el Sistema de Depósitos Judiciales, que facilita la generación de las autorizaciones, así como el traslado de pago mediante interface electrónica con el Banco de Costa Rica.
 
También se instaló el Sistema de Seguimiento de Casos (SSC), herramienta con la que cuenta el Ministerio Público y la Defensa Pública, para la tramitación de expedientes y la automatización de sus casos, cumpliendo con el objetivo de mejorar el servicio, la gestión de las labores y agilización de los procesos.

Poder Judicial alcanzó un 96,73% de ejecución presupuestaria en 2016

La atención de los programas prioritarios del Poder Judicial establecidos en el 2016, alcanzó una ejecución presupuestaria del 96,73%.

Este porcentaje representa un total de ¢401.290 millones y corresponde a los recursos que se le asignaron vía presupuesto nacional a la administración de justicia.

Un efectivo control y seguimiento del plan de gasto judicial, permitió aumentar la ejecución presupuestaria en un 1,46%, con respecto al año 2015 y que involucra la asignación de recursos en los diversos ámbitos judiciales como lo son el servicio jurisdiccional, los auxiliares de justicia, el servicio de la acción penal pública, de la Defensa Pública y de Atención y Protección de Víctimas y Testigos.

El trabajo comprendió mayor eficiencia en procesos de compra de bienes y servicios como contratos diversos, servicios públicos y alquiler de locales y terrenos, así como gastos variables y el pago de remuneraciones, todo ello dentro del funcionamiento de la administración del servicio de justicia.

Este esfuerzo administrativo involucró el accionar de Corte Plena, el Consejo Superior y la Dirección Ejecutiva, que establecieron lineamientos a partir de acuerdos y directrices que aceleraron la ejecución y la distribución eficiente de los recursos, en atención a las necesidades institucionales.

El Proyecto Institucional para mejorar el proceso de contratación administrativa en materia de infraestructura, obras físicas de mantenimiento y reparaciones, informática (Recurso Tecnológico Estratégico), equipos y servicios especiales del OIJ, promovido por la Presidencia de la Corte, fue fundamental para alcanzar el nivel presupuestario del año pasado.

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