“Los sistemas de Administración de Justicia por mucho tiempo han invisibilizado a las personas víctimas. El Derecho Penal ha sido construido para responder a la preocupación de tutela de los derechos de la persona imputada frente al Estado. No obstante, en pleno siglo XXI, persiste resistencia de advertir los derechos- también fundamentales- de las personas afectadas por el delito”. Este fue el planteamiento que la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge concretó en la reunión de miembros de Supremos Poderes llevada a cabo este miércoles en la Asamblea Legislativa.
En la concepción actual del proceso penal la víctima no es asumida como parte del proceso y no puede intervenir directamente sino es con la figura del querellante, pero para ello debe contratar un profesional en derecho que la represente.
Algunos de los obstáculos más relevantes que tienen las víctimas es el trato revictimizante, atraso en las investigaciones, procedimientos formales, complicados y la excesiva duración de los procesos.
Es impostergable que el sistema procesal no atribuya al Ministerio Público la exclusividad en el ejercicio de la acción penal, sino que se reconozca también, el derecho de la persona afectada por el delito a tener participación real y efectiva en todas las etapas del proceso. La víctima debe contar con mecanismos concretos, eficaces y gratuitos sobre la pretensión punitiva.
Lo anterior es indispensable no solo por el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas víctimas de delitos, sino para que las administraciones de justicia y especialmente la justicia penal, logren revertir la crisis de legitimación que desafortunadamente parece profundizarse en nuestra región y en nuestro país.
La iniciativa de la magistrada Villanueva Monge fue acogida por los Presidentes de Supremos Poderes.
En la reunión participó el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera; el Presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Alvarez Desanti, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge y el Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado González.
