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Inspección judicial reactiva labor preventiva con visita a despachos

El Tribunal de la Inspección Judicial del Poder Judicial reactivó la labor preventiva de visitas de despachos judiciales, dentro del plan para el reforzamiento de su función disciplinaria.

El trabajo forma parte de la política anticorrupción que impulsó la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, desde el inicio de su gestión.  

El objetivo es mejorar la capacidad de acción del órgano disciplinario judicial, al retomar su presencia en los despachos judiciales, no con un fin represivo, sino preventivo.  

Las visitas las realizan inspectores especializados y los despachos se eligen bajo criterios de urgencia y necesidades. También se toma el aspecto territorial, con el fin de cubrir todas las zonas del país, así como por antecedentes o circunstancias particulares que se presenten.   Durante el 2016, el programa preventivo llevó a la Inspección Judicial a desplazarse a 95 despachos en todo el país. 

De los cuales se atendieron 21 en San José y Alajuela, 16 en Cartago, 12 en Puntarenas, 10 en Heredia, 9 en Guanacaste y 7 en Limón.  

El plan de visitas permite realizar seguimientos para verificar el cumplimiento de recomendaciones, que permitan superar los puntos deficitarios encontrados, en coordinación con el Consejo Superior.  

Un equipo de la Inspección Judicial también integra las giras establecidas por la Presidencia de la Corte, en las que imparte capacitación a los jefes de despacho e integrantes de los Consejos de Administración, quienes tienen a cargo la instrucción y resolución de aquellas faltas disciplinarias cuyas sanciones alcancen hasta 15 días de suspensión sin goce de salario.

Realizan audiencia en zona indígena

Cumpliendo con la política  del Poder Judicial sobre las "Reglas Prácticas para facilitar el acceso a la justicia de las poblaciones indígenas", el Tribunal de Apelación de la Sentencia de Cartago realizó por primera vez una audiencia oral en la localidad de San Rafael de Cabagra, en Buenos Aires.

Los operadores de la justicia buscaron tener un contacto directo con las personas que forman parte del proceso judicial,  al realizar esta vista en el salón comunal de la zona, en la cual participó el Consejo de Mayores de esta población indígena.

El Tribunal estuvo integrado por los jueces Giovanni Mena Artavia, Douglas Iván Rivera Rodríguez y Christian Fernández Mora.

Según mencionó el juez Christian Fernández el objetivo es cumplir con lo dispuesto por el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de 1989, que en su artículo 8, establece que "Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario", y en su artículo 10 se señala que: "Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales".

“La decisión de que este Tribunal se trasladara hasta dicha comunidad indígena responde a lo dispuesto por la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional, mediante voto número 2015-014906 de setiembre del 2015, donde reconoció el derecho que tienen las personas pertenecientes a poblaciones indígenas a que se garantice la atención "in situ" de los conflictos judiciales donde se encuentren involucradas personas indígenas”.

La audiencia la solicitó la Defensa Pública para escuchar los argumentos de las partes, en relación con una impugnación planteada por el Ministerio Público en una causa penal seguida por el delito de violación agravada, en donde tanto el imputado como la víctima son personas indígenas y cuyo conflicto se dirime ante los Tribunales de Justicia.

La vista se realizó el pasado 7 de marzo, en la cual compareció el imputado, representado por Roberto Madrigal Zamora, en su condición de Defensor Público y gestionante de la audiencia, además intervinieron Julián Martínez Madríz, como representante de la Fiscalía Adjunta de Impugnaciones del Ministerio Público y la Víctima.

Se contó con la colaboración de personal de Fuerza Pública y del Organismo de Investigación Judicial para brindar la seguridad y correcta realización de la diligencia.
 

La política  del Poder Judicial sobre las "Reglas Prácticas para facilitar el acceso a la justicia de las poblaciones indígenas" la aprobó por el Consejo Superior en octubre de 2008, y se reiteró mediante circular 10-09 de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.

Línea confidencial para denuncias en Poder Judicial

La línea telefónica, gratuita, confidencial y directa, 800-8000-645, se encuentra disponible para que el público en general pueda brindar información importante o denunciar cualquier sospecha de corrupción en la función judicial.
 
Esta es una de las acciones que se desprenden de la política anticorrupción que emprendió la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge.
 
Desde el trabajo realizado  por las máximas autoridades judiciales en la Comisión para Investigar la Penetración del Crimen Organizado y el Narcotráfico, se dispuso el funcionamiento de la línea gratuita para estos fines.
 
El objetivo es detectar cualquier irregularidad que se pueda registrar en el servicio de administración de justicia y que el Poder Judicial tome las acciones correctivas.

Sala Constitucional se traslada de edificio

A partir del lunes 20 de marzo de 2017

Debido al proceso de reforzamiento del edificio de la Corte Suprema de Justicia, acordado por ese órgano del gobierno judicial, la Sala Constitucional se trasladará de edificio a partir del próximo 20 de marzo 2017.

El traslado responde a varias razones que tomó en cuenta la Corte Suprema de Justicia al disponer el traslado, tales como las siguientes:

  1. Reforzar, de manera impostergable, el actual edificio de la Corte Suprema de Justicia, que ya cumplió su vida útil, tiene más de cincuenta años de construido y presenta serios problemas estructurales.
  2. Resguardar, con los trabajos de reforzamiento, la vida, integridad física y salud de los empleados judiciales que seguirán trabajando en ese edificio, dado el peligro inminente de su colapso ante un evento sísmico de cierta magnitud.
  3. Superar el problema de hacinamiento que presenta actualmente la Sala Constitucional, lo que violenta las normas de salud e higiene ocupacional de quienes laboran en ese despacho.

La selección de la ubicación y del edificio fueron hechas por la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, de acuerdo con los requisitos, trámites y condiciones que establece el ordenamiento jurídico.

La nueva sede se localiza en Sabana Sur, Calle Morenos, 100 metros sur de la Iglesia del Perpetuo Socorro.

El servicio se brindará a todas las personas usuarias de este Tribunal Constitucional, en la plataforma de servicios de la nueva edificación y mediante los números 2549-1500 (central telefónica), la línea gratuita 800-SALA-4TA (800-7252-482) o a los teléfonos 2549-1600, 2549-1601, 2549-1602, 2549-1603, 2549-1604, 2549-1605 y al 2549-1617.

También se habilitó el fax 2549-1633 y los correos electrónicos: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

El horario de atención es de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12 m.d. y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m. con horario vespertino: 4:30 p.m. 10:30 p.m. Fuera del horario de oficina, únicamente se reciben documentos.

A partir del lunes 20 de marzo se mantendrá, por un período razonable, la recepción de asuntos urgentes y en los que intervengan personas en condición de vulnerabilidad, en el vestíbulo de la Corte Suprema de Justicia. Finalizado este período, todos los trámites, sin excepción, deberán realizarse en la nueva Sede.

El nuevo edificio es accesible a través de diversas modalidades, tales como el transporte en vehículo, autobus, taxi e incluso el tren.

Las nuevas instalaciones cuentan con la infraestructura requerida, en aspectos de telecomunicaciones, tecnología de la información y seguridad, para continuar ofreciendo a las personas un servicio público eficiente, eficaz y de calidad.

La Sala Constitucional resuelve anualmente poco menos de veinte mil asuntos al año. Se registra la atención de más de 40 mil personas usuarias, así como un promedio de cuatro mil consultas mensuales en el call center que está a disposición de la ciudadanía.

El alquiler mensual del edificio asciende a 102 mil dólares, el precio por metro cuadrado terminado es de 22.76 dólares, el cual se determina como razonable pues se encuentra en la media de los costos de alquiler que indicó la Contraloría General, en un estudio recientemente publicado.

Las autoridades administrativas del Poder Judicial valoran la posibilidad de adquirir, a través de un fideicomiso, el inmueble que albergará la Sala Constitucional para dejar de pagar alquileres.

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Central telefónica

2295-3000

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Contraloría de servicios

Línea Gratuita (+506) 800-800-3000

Horario de atención : Lunes - Viernes, 7:00 am a 5:00 pm

WhatsApp: (+506) 8595-3000

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Dirección

San José, Barrio Gonzalez Lahmann avenida 6 y 8, Calle 19.

Ingrese a la gúia del Poder Judicial, para que conozca las diferentes sedes regionales en el país
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Comuníquese a la línea telefónica confidencial

800-8000-OIJ (800-8000-645)

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