La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, planteó la necesidad de reforzar el Centro Judicial de Intervenciones Telefónicas, a cargo del Poder Judicial, con más personal y recursos tecnológicos para maximar su capacidad de respuesta en la lucha contra el crimen organizado.
Este fue uno de los temas que destacó durante el encuentro que sostuvo con el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, el Presidente de la Asamblea Legislativa en ejercicio, José Alberto Alfaro Jiménez y el Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) Luis Antonio Sobrado González.
La cita corresponde a las acciones emprendidas por el Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el TSE para mantener una comunicación cercana frente a temas de interés nacional.
Para Villanueva Monge, la reunión fue oportuna para explicar el trabajo que realiza la institución en acciones contra el narcotráfico y crimen organizado, desde la función que se ejecuta en el Centro Judicial de Intervenciones Telefónicas y la necesidad que tiene el Poder Judicial de reforzar con recurso humano y económico esta área, ante la demanda de trabajo que se registra desde su apertura.
“Es una tarea nacional fortalecer el Centro de Intervenciones Judiciales y planteé la necesidad de que nos preparemos para el 2018, ante el cambio de tecnología que requiere el Centro, para afrontar el trabajo que demanda. Este es parte de los temas nacionales a los que debe darse continuidad dentro de la seguridad ciudadana y del seguimiento a los nuevos tipos de criminalidad”, destacó la Presidenta de la Corte.
Corte Plena aprobó el reglamentoen diciembre de 2012, que regula las actuaciones del Centro, el que centraliza y emite actos técnicos, materiales y sustanciales que involucra la intervención de comunicación de telefonía móvil, canales radiales, electrónicos, satelitales, informáticos, digitales, redes de comunicación, métodos virtuales, internet o cualquier otro medio.
La ley permite la intervención de las comunicaciones en delitos de narcotráfico, crimen organizado, trata de personas, secuestro extorsivo, legitimación de capitales, según se desprende del artículo 16 de la Ley contra la Delincuencia Organizada.
Las intervenciones sólo proceden por orden de jueces y juezas penales del país y ante instancia del Ministerio Público o cualquier otro órgano legalmente legitimado, para la investigación de determinadas circunstancias delictivas y que podrían aportarse como elementos probatorios.
El Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones, inició sus funciones en abril del 2015 bajo la modalidad de plan piloto. Se labora con un rol de atención de la modalidad 24/7 por lo que las labores no se interrumpen nunca.
El Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera externó el compromiso del Poder Ejecutivo en apoyar y darle continuidad a temas de seguridad ciudadana y de tanta trascendencia como el reforzamiento del Centro de Intervención de las Comunicaciones y propiciar la coordinación con las instancias respectivas.
Solís Rivera también informó sobre la situación migratoria y las acciones emprendidas por el Gobierno para atender esta situación en el país, “…algunas de las previsiones que se han tomado ante la llegada de más migrantes en las próximas semanas y meses, la naturaleza estructural de este fenómeno, la necesidad de preparar al país en lo legal y logístico”.
El Presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa, José Alberto Alfaro Jiménez, expuso sobre la reforma constitucional al artículo 96, “…que tiene que ver con la emisión de los gastos de campaña política, corresponde a los partidos políticos y que se disminuye del 0,19% al 0,11% del PIB”.
Por su parte, el Presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado González, detalló sobre el inicio de la impresión de las nuevas cédulas de identidad que contarán con nuevos mecanismos de seguridad. “Esta impresión supone una ganancia para el país, en términos de mucho mayores condiciones de seguridad en el documento, que lo hace difícilmente modificable. Por el material que se va a utilizar, se extiende la vida útil del documento, generando ahorros para el Estado. Además fortalecemos la capacidad diaria de impresión del documento de identidad”.
