El avance sobre el establecimiento de los equipos técnicos y administrativos que constituyen el Fideicomiso inmobiliario del Poder Judicial, se presentó ante las máximas autoridades judiciales y administrativas de la institución.

Magistradas, Magistrados, el pleno del Consejo Superior, así como autoridades de la Dirección Ejecutiva y Servicios Generales del Poder Judicial intercambiaron criterios y consultas con representantes del Banco de Costa Rica y la empresa adjudicataria que asumirá la Unidad Ejecutora Administrativa del Fideicomiso.

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, resaltó el largo proceso recorrido por el Poder Judicial, para finalmente tomar la decisión de recurrir a la figura del fideicomiso para atender las necesidades de infraestructura judicial, frente a la difícil situación que enfrenta el país, en materia presupuestaria.

“Nos parece muy oportuno que las autoridades en la parte gerencial de la institución, así como magistrados y magistradas tuvieran conocimiento del avance que se ha tenido con el establecimiento de los equipos técnicos y administrativos del fideicomiso”, manifestó, Villanueva Monge.

La reunión fue propicia para que los representantes del Banco de Costa Rica presentaran al equipo de trabajo que estará a cargo de la administración del fideicomiso. 

Además, se dio un espacio para que la empresa ICC, que fue la que ganó la adjudicación como Unidad Administradora del Proyecto Inmobiliario del Poder Judicial, expusiera su experiencia en la dirección de proyectos de construcción inmobiliarios y destacaron que su principal objetivo es reducir los riesgos técnicos, legales, financieros y externos que se puedan presentar durante el desarrollo de las obras, constituyéndose en representantes de los intereses del propietario.

Actualmente, el fideicomiso cuenta con el refrendo de la Contraloría General de la República.  El BCR tiene a cargo su administración y dentro de sus competencias realizó un proceso de licitación para adjudicar a la empresa que asumiría la ejecución técnica del proyecto. Finalmente, durante este proceso la empresa ICC ganó dicha adjudicación.

Dentro de las prioridades en infraestructuras señaladas por el Poder Judicial, destacan tres proyectos como lo son el Edificio de Tribunales de Hatillo, la construcción en el terreno ubicado al noroeste de la Corte Suprema de Justicia y el Edificio de Puntarenas.

Cabe destacar que la figura del fideicomiso permitirá una reducción en alquileres y el desarrollo de 14 proyectos en un plazo de 30 años.

Las autoridades del Poder Judicial participaron esta mañana en las reuniones de preparación para la adhesión de Costa Rica en la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, con el fin de dar a conocer los alcances de la Reforma Procesal Laboral, aprobada en diciembre de 2015.

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge y el magistrado de la Sala de Casación Laboral, Jorge Olazo Álvarez, tuvieron una activa participación en la presentación del impacto que tendrá la reforma procesal laboral en el país.

Dicha participación  representa una coadyuvancia con el Poder Ejecutivo y en atención a la invitación que se realizó a las sesiones de trabajo de la Misión OCDE y el Ministerio de Trabajo.

De parte del Poder Judicial se contó con la colaboración técnica del personal asesor de la Presidencia de la Corte, la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI) y la Dirección de Planificación.

La actividad tuvo lugar en el Salón de Sesiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Las labores de monitoreo, control, mejora y coordinación de la gestión de los despachos jurisdiccionales del país, se realizan desde el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, que estableció el Poder Judicial en el 2015.

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, destacó durante el informe de rendición de cuentas correspondiente al 2015, que este órgano judicial refuerza la línea de trabajo que busca el impulso de la eficiencia y la disminución de la mora judicial.

“El Centro se creó mediante una reorganización del recurso humano existente y sin creación de plazas nuevas. Esta oficina le dará seguimiento a la gestión de los despachos jurisdiccionales del país, vigilando el uso de los recursos que se les asignan, monitoreando las cargas de trabajo; y generando los indicadores de gestión y de rendimiento, algo que no teníamos en la institución”, puntualizó Villanueva Monge.

Dicho centro trabaja en coordinación con la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y está organizado en dos grandes áreas: el Área de Gestión y Apoyo, así como el Área de Coordinación y Mejoramiento.

Uno de los primeros proyectos emprendidos es la implementación de un plan para la definición de indicadores de desempeño a nivel jurisdiccional y el levantamiento de inventarios de circulantes en cada una de las 320 oficinas judiciales en todo el país.

El Centro de Apoyo, también concentra el seguimiento de los despachos que se incluyen en los proyectos de rediseño, acreditación y reacreditación de calidad.

Corte Plena inició este lunes 6 de junio el análisis del Presupuesto Institucional para el 2017, el que incluye al Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública y Escuela Judicial.

Al respecto la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia Zarela Villanueva Monge, reiteró el compromiso institucional de continuar con la contención  del gasto, según la solicitud expresa del Ministerio de Hacienda.

“El presupuesto institucional, es el resultado de un proceso de formulación responsable que involucra a toda la institución.  Somos conscientes de que debemos contener el gasto y por ello para el próximo año el crecimiento es de un 2.14%.”, señaló Villanueva.

El contenido del anteproyecto fue elaborado por la Dirección de Planificación  y estudiado y aprobado por el Consejo Superior, antes de su conocimiento en Corte Plena.  La formulación del presupuesto 2017  inició  desde  el mes de diciembre del año anterior.

El plan de gastos ordinarios del Poder Judicial,  de 424.245.830.277 millones, fue detallado por la Directora de Planificación, Nacira Valverde Bermúdez.

“El Anteproyecto de Presupuesto del Poder Judicial, no está realizando estimaciones de costo de vida, sino que se ajusta a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Hacienda”, indicó Valverde.

La funcionaria explicó detalles del anteproyecto para atender la continuidad de servicios del Poder Judicial, como es el desarrollo de sistemas, mantenimiento y seguridad de la Plataforma Tecnológica, servicios básicos, detalle de proyectos constructivos, gasto variable, entre otros.

La Presidencia de la Corte  impulsa un proyecto de Justicia Abierta que procura potenciar más recursos en  el área tecnológica para facilitar el acceso a la información de las personas usuarias. Un plan piloto opera en el Circuito Judicial de Cartago.

Al respecto la Directora de Tecnología de la Información, puntualizó: “Con  esta asignación de recursos se pretende dar prioridad a la continuidad a una serie de inversiones tecnológicas de la institución, enfrentar retos de equidad en esta materia con el fin de llevar las plataformas a todo el país.

La Directora Ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins aclaró aspectos sobre construcción de edificios judiciales que se ejecutarán con un fideicomiso suscrito con el Banco de Costa Rica, que permitirá disminuir alquileres. El fideicomiso es por 30 años y se tiene previsto ejecutar 14 proyectos de construcción.

La propuesta del anteproyecto de presupuesto detalla los recursos ordinarios que requiere el Poder Judicial, y se presentará adicionalmente la segunda parte con las necesidades de recursos para la implementación de las reformas procesales en materia laboral y civil así como la Ley de Alertas para la desaparición de personas menores de edad, conocida como la Ley Yereling y los recursos que se proyectan para la implementación de la jurisdicción especializada en crimen organizado.

En su intervención  el jerarca del Ministerio Público, Jorge Chavarría Guzmán explicó que con el fin de fortalecer la asesoría legal a las víctimas de delitos que delegan la acción civil resarcitoria en el Ministerio Público, se plantea la importancia de incorporar en el Presupuesto los rubros para concluir la compra de un edificio en Heredia, que albergaría la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas, en esa provincia.

Dicha dependencia del Ministerio Público genera sus propios recursos económicos que le permite impulsar proyectos en beneficio de las víctimas de delitos. Lo anterior en cumplimiento con los artículos 33, 34 y 35   de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

En la presentación se contó con la presencia de los integrantes del Consejo Superior,  Carlos Montero Zúñiga, Gary Amador Badilla; Ramiro Salvador Arauz Montero y Carlos Toscano Mora Rodríguez.

El magistrado Fernando Castillo destacó el trabajo realizado por el Consejo Superior en la revisión del anteproyecto de presupuesto.

Además del Director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza Espinoza, la Directora a.i. de la Defensa Pública, Diana Montero Montero y la Directora de la Escuela Judicial, Ileana Guillén Rodríguez.