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Plan de descongestionamiento laboral supera metas de resolución

· Labor es liderada por el magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez. 

Con un total de 8019 casos fallados en materia laboral en todo el país, el Plan de Descongestionamiento Laboral que se inició en junio del 2016, supera las metas establecidas, cuyo fin es mejorar el circulante de los despachos a nivel nacional y prepararlos para la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Laboral.

El trabajo es liderado por el magistrado de la Sala Segunda, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez.

El plan inició el 1 de junio del 2016. La meta al finalizar el mes de diciembre pasado, se estableció en la resolución de 2175 asuntos y se registró un total de 2221 asuntos fallados en los diversos despachos judiciales de menor y mayor cuantía y superiores. Este dato representa un cumplimiento del 102% sobre la meta fijada.

Para este año, la meta para finalizar en junio son 5879 fallos. Al 12 de mayo el Programa ya registraba un total de 5798 resoluciones laborales, con un cumplimiento del 99% del trabajo proyectado.

Desde el 1 de junio del año pasado al 12 de mayo de 2017, se contabilizan un total de 8019 asuntos fallados.

“Estos datos solo comprenden la producción del equipo especial de descongestionamiento, que es adicional a la labor que realizan las y los jueces ordinarios en sus despachos. En cada plan se cuenta con un grupo de jueces y juezas que trabajan asignados a los juzgados y tribunales laborales de todo el país. Este equipo tiene a cargo la resolución de la carga de trabajo establecida, previo análisis del estado de cada oficina”, explicó el magistrado Luis Porfirio Sánchez.

El sistema de gestión que implementa el Programa de Descongestionamiento, va involucrando a los jueces ordinarios de los juzgados y tribunales laborales, con el objetivo de que se instale y se mantenga la dinámica de trabajo, una vez que finalice la intervención.

Esta labor permite medir los niveles resolutivos, trabajar con informes semanales y manejo de indicadores para fiscalizar el trabajo, de tal forma que permite a cada despacho identificar las mejoras requeridas a través de este monitoreo.

La intervención de cada despacho laboral, cuenta de previo, con un análisis de la Dirección de Planificación sobre la situación actual del circulante, la identificación de los procesos que requieran mejorar su gestión para evitar retraso, se establecen los requerimientos estructurales y el plan de trabajo se elabora a partir de las necesidades y características particulares de cada oficina. El equipo de jueces y juezas que se asigna en los juzgados y tribunales tienen a cargo la evacuación de prueba y el dictado de sentencias.

El Plan de Descongestionamiento Laboral está bajo la coordinación del magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez y los jueces Fabricio Garro Vargas y Fabián Arrieta Segleau, que tienen a cargo la supervisión.


Conciliaciones en Riesgos de Trabajo

La conciliación tiene un papel protagónico en este trabajo de mejorar el circulante en la jurisdicción laboral. Dentro de este proyecto, destaca las acciones emprendidas en los procesos de riesgos de trabajo, que comenzó en octubre del 2016.

Los resultados obtenidos entre octubre de 2016 a abril de 2017, contabilizan 772 expedientes resueltos por este mecanismo alterno, en el cual participaron nueve despachos: el Juzgado de Seguridad Social de San José, los Juzgados de Trabajo de Cartago, de Limón y Pococí y los Juzgados Civil y de Trabajo de Pérez Zeledón, Turrialba, Nicoya, San Ramón y Puntarenas.

“Se ha hecho un gran esfuerzo en la materia de conciliaciones, que comprendió un proceso de coordinación con las diversas entidades públicas, Instituto Nacional de Seguros y la Caja Costarricense de Seguro Social, para reforzar esta figura alterna de resolución de conflictos. Su importancia se refleja en la economía procesal para la institución y las personas usuarias, además de que es una herramienta que se potenciará con la reforma procesal”, explicó el magistrado Luis Porfirio Sánchez.

Presidente de la Corte Suprema de Justicia Carlos Chinchilla Sandí comparece ante Comisión Especial Legislativa que analiza régimen jubilatorio judicial

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí destacó la seriedad e independencia del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR), en la ejecución de cada etapa del estudio actuarial  que realizan al  Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, cuyo informe final está previsto a entregarse el 30 de junio próximo.

Así lo expuso este miércoles 14 de junio, al atender la comparecencia solicitada por la Comisión Especial Legislativa que analiza la reforma al régimen jubilatorio de la institución.

Reiteró la posición del Poder Judicial, de confiar en las decisiones que tome la Asamblea Legislativa, para fortalecer el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, a través de criterios técnicos actuariales.

Se refirió al quinto producto del estudio que presentó el IICE el que arroja una solvencia actuarial del régimen de jubilación de la institución, con modificaciones en variables puntuales, como el aumento de edad de retiro,  tiempo de servicio, tope y contribución solidaria.

“Nuestro compromiso es respetar todos los parámetros que surjan del estudio actuarial matemático.  En esta quinta entrega ellos identifican   la posibilidad de unos parámetros, que son los que brindarían un sí a la sostenibilidad del régimen de pensiones y jubilaciones, donde no vamos a utilizar un solo cinco del erario público, ni de nuestros ciudadanos costarricenses,  va a ser sostenible por sí mismo”,  recalcó Chinchilla Sandí.  

Sobre la incorporación, dentro de las proyecciones de incluir ¢12.833 millones, procedentes de recursos de los depósitos e intereses devengados de procesos en abandono,  se aclaró de manera enfática que  estos dineros no  afectan en forma significativa el balance de los escenarios propuestos en el Producto 5 y por lo que se puede prescindir de éstos. Una vez más el Dr. Chinchilla manifestó que no hay oposición de que esos fondos se destinen al régimen no contributivo.

“El Fondo del Poder Judicial puede prescindir de estos recursos en abandono y mediante reformas puntuales propuestas por la UCR, propiciar la solvencia actuarial  del régimen”, enfatizó el máximo jerarca judicial.

La propuesta presentada por la UCR  retoma del proyecto de ley propuesto por la Corte Plena, el utilizar estos recursos pasivos, bajo la administración del Poder Judicial, para inyectarle capital al Fondo Judicial como al Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El producto 5 del estudio concluye dos propuestas concretas (IICE_3 e IICE_4) que el fondo tendría solvencia actuarial y podría garantizar sus promesas en el largo plazo utilizando sólo los propios recursos asignados por el Marco en cuestión, es decir  sería autosuficiente. Consecuentemente bajo la premisa de que el Fondo debe garantizar por sí mismo los beneficios que promete, sin crear cargas adicionales al erario público, la propuesta del IICE al Poder Judicial consiste en escoger entre uno de estos marcos normativos.

En la comparecencia asistieron el magistrado Celso Gamboa Sánchez, el integrante del Consejo Superior, Carlos Montero Zúñiga, la Directora Ejecutiva, Ana Eugenia Romero Jenkins,  Director de Gestión Humana, José Luis Bermúdez Obando, Roger Mata Brenes y Laura Chaves Lavagni del Despacho de la Presidencia y de la Dirección Ejecutiva, Miguel Gutiérrez Fernández.

Presidencia y Vicepresidencia del Poder Judicial y la Comisión de Gestión Ambiental Institucional realizan encuentro con Subcomisión Ambiental de Golfito y Osa

El Presidente y la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Carlos Chinchilla Sandí y Magistrada Carmenmaría Escoto Fernández, realizaron este viernes 9 de junio, un encuentro en los Tribunales de Justicia de Golfito, con el fin de discutir y apoyar las acciones que está realizando ese circuito en temas de mejoras al ambiente.

La Magistrada Escoto Fernández, quien preside la Comisión de Gestión Ambiental Institucional, así como el Gestor Ambiental, Eugenio Solís y otras personas integrantes de la Comisión, visitaron el Circuito Judicial de Golfito como un reconocimiento al esfuerzo realizado para mejorar sus condiciones ambientales, dar directrices e intercambiar ideas sobre nuevas aspiraciones en pro del ambiente.

El encuentro permitió fortalecer las competencias de las y los integrantes de la Subcomisión de Golfito e integrantes del Circuito Judicial de Osa sobre los alcances del Plan de Gestión Ambiental Institucional. Esas visitas se han realizado además, en los Circuitos Judiciales de Grecia, Turrialba, Pérez Zeledón y Guápiles.

Por su parte el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Carlos Chinchilla Sandí, hizo el honor de acompañarles a la sesión y aprovechó la oportunidad para reconocer la labor realizada y reiterar su compromiso por el cumplimiento de la Política Ambiental.

Las visitas buscan fomentar la participación de las subcomisiones en el Programa Bandera Azul Ecológica como complemento al Plan de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), aprobado por Corte Plena.

La actividad se realizó en el aula de capacitación de los Tribunales de Justicia de Golfito y contó con la participaron de Sirleny Sandí Corrales, Marcela Rocha Corea, Erick Obando Zúñiga, José Manuel Rodríguez Granados, Jeremy Soto Aguilar, personal judicial de Golfito, así como Leonardo Mora Camacho, representante del circuito de Osa.

El I y II Circuito Judicial de San José fueron los primeros Circuitos que se constituyeron como Plan Piloto para la ejecución, seguimiento y sostenibilidad del Plan de Gestión Ambiental, el cual se estará extendiendo a los demás circuitos judiciales del país.

Con ocasión del Día del Ambiente celebrado el pasado 5 de junio, el Ministerio de Ambiente y Energía otorgó el reconocimiento a la Excelencia Ambiental al Poder Judicial, premio que obedece a los esfuerzos que realiza la Comisión de Gestión Ambiental Institucional.

Magistrada Doris Arias Madrigal asume Presidencia de la Sala de Casación Penal

La magistrada Doris Arias Madrigal asumió la tarde de este 12 de junio, la Presidencia de la Sala de Casación Penal, al recibir la juramentación en la sesión ordinaria de Corte Plena.  Arias Madrigal se convierte en la primera mujer en dirigir el máximo Tribunal Penal.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, tuvo a cargo el acto de juramentación.

Para la magistrada Arias Madrigal, en la labor de la Sala Tercera, las mujeres han brindado aportes valiosos en la interpretación de los tipos penales y se brinda una visión género-sensitiva en la jurisprudencia que emana. 

Entre sus ejes de trabajo está consolidar el programa de informatización que se emprendió en la Sala y consolidarlo en todo el trámite judicial.

“Retomaremos con mayor fuerza la labor de visitas a despachos penales en todo el país.  Requerimos de una Sala de Casación Penal cercana a las necesidades de los juzgados y tribunales del país.  Vamos a trabajar sobre temas de derecho penal sustantivo y derecho procesal penal, enfocado en su crecimiento y fortalecimiento en el país.  Además propiciaremos estrategias diferenciadas sobre crimen organizado y otros delitos de criminalidad común”, puntualizó la Presidenta de la Sala de Casación Penal.

Destacó que existen algunos temas en los que se requiere un mayor trabajo como el fortalecimiento de las contravenciones, mediante la revisión de los tipos penales existentes, para determinar si cumplen con la función para la cual fueron creados, “… como es el caso del acoso sexual en espacios públicos, donde se requiere una mejora en la atención de las mujeres que llegan a denunciar, ante la ausencia de tipos penales específicos y podemos trabajar en propuestas que presentaríamos a la Asamblea Legislativa, que tiene la competencia para legislar”,  explicó la magistrada Doris Arias Madrigal.

Arias Madrigal es Doctora en Derecho Penal por la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, España, con la calificación de Sobresaliente Cum Laude; Especialista en Ciencias Penales y Licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica. Cuenta con un diplomado en Derechos Humanos de las Mujeres por la Universidad de Chile.

En su carrera judicial, se ha desempeñado como Jueza en la Corte Suprema por 24 años en diferentes cargos en la materia penal.

Fue Magistrada Suplente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Asumió la magistratura en propiedad de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en el 2010.

Es autora de publicaciones e investigaciones nacionales y extranjeras sobre Derecho penal, Medicina legal, Ejecución de la pena, Género y Justicia Restaurativa y Derechos Humanos desde una perspectiva inclusiva en las políticas públicas.  También es Profesora de Derecho Penitenciario y Penal Juvenil en la Universidad Escuela Libre de Derecho.

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