05 de abril de 2016.

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Zarela Villanueva Monge rechazó enfáticamente el contenido de una información publicada por un medio digital mexicano que calificó como “tráfico de influencias” las resoluciones jurisdiccionales en torno a un proceso de una empresa distribuidora de gas en el país. 

La noticia también cita al magistrado William Molinari Vílchez, integrante de la Sala Primera a quien le atribuyen circunstancias ajenas a la realidad. 
Este lunes en conferencia de prensa la magistrada Villanueva Monge, así como el magistrado Molinari Vílchez,  refutaron categóricamente la información de Norte Digital que circuló el 3 de abril 2016 que los vincula con supuestas irregularidades en el proceso judicial. 

Los acompañó el magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, presidente de la Sala Primera, quien explicó de acuerdo con las competencias legales de ese órgano lo resuelto en el proceso judicial. 

La magistrada Villanueva aclaró a los medios de comunicación nacionales que nunca había participado en la tramitación de los asuntos objeto de la noticia. “Por transparencia presenté una inhibitoria para conocer un conflicto de competencia planteado a Corte Plena por una de las partes, consideré que no debía participar porque mi hermano intervino en una actividad registral”, manifestó enfáticamente la jerarca judicial. 

El magistrado William Molinari Vílchez precisó que no fue designado en el lugar de la exmagistrada Anabel León Feoli, como erróneamente se cita en la publicación del medio digital, sino que su elección como magistrado fue en la vacante del exmagistrado Oscar González Camacho en fecha 3 de agosto del 2016. 

Molinari Vílchez detalló que tomó la decisión de separarse del conocimiento de los procesos ya que como abogado litigante –antes de su nombramiento como magistrado- dio consejo legal a un colega que informalmente le consultó sobre un aspecto técnico de uno de los expedientes. “ Este motivo quedó debidamente establecido en cada una de las inhibitorias que emití y nunca hubo un cuestionamiento de previo”, manifestó. 

La inhibitorias constan en las resoluciones de fecha 13 de agosto, la segunda del 24 de agosto y la tercera del 15 de noviembre, todas del 2015 (expedientes 15-000012-0004-FA, conflicto de competencia planteado dentro de este mismo proceso y el 15-000261-0004-FA). 

El magistrado presidente de la Sala Primera de la Corte, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, explicó las actuaciones del órgano judicial luego de que se recibiera una solicitud de un juez norteamericano para que se dictaran medidas cautelares en el trámite de la ejecución de una sentencia de divorcio.

Un informe detallado sobre las acciones emprendidas por la Comisión Permanente de Género de Cumbre Judicial Iberoamericana, brindó la Presidenta de la Corte, Zarela Villanueva Monge, durante su intervención vía videoconferencia ante el Consejo Judicial Centroamericano que se desarrolla en El Salvador.

En la reunión centroamericana y de El Caribe, el Poder Judicial de Costa Rica está representado por el magistrado Román Solís Zelaya. 

La Presidenta de la Corte participó a través del sistema de videoconferencia, para dar a conocer el trabajo y los productos construidos desde la Comisión Permanente de Género de  Cumbre Judicial, de la cual Costa Rica mantiene la coordinación.

Villanueva Monge destacó que desde la Comisión durante estos dos años, se le ha dado seguimiento al proceso de incorporación de la perspectiva de género en todo el quehacer de Cumbre Judicial.

Y con el aporte de los siete países que integran la Comisión, Costa Rica, Nicaragua, España, Colombia, Chile, México y Puerto Rico, se ha logrado concretar varios productos que estarían a disposición de los Poderes Judiciales.

“Presentamos la propuesta de una política de general en Cumbre Judicial Iberoamérica, que es un documento base para que la estructura de la Cumbre sea también parte de un proceso de cambio, que permita la igualdad de oportunidades de todas las personas, respetando el desarrollo de cada país, pero impulsando mecanismos que permitan introducir la perspectiva de género en esta estructura”, destacó Villanueva Monge.

Otro producto desarrollado es el modelo de política de igualdad de género, de implementación por los órganos de impartición de justicia que pertenecen a Cumbre, que son unas líneas base, para que puedan ser utilizados voluntariamente por los Poderes Judicial de la región.

El trabajo de la Comisión liderado por la Presidenta de la Corte, contempla la construcción de un modelo de incorporación de la perspectiva de género en las sentencias judiciales, que incluye un programa tecnológico implementado por Colombia y que reúne los esfuerzos de México y Colombia.

La labor de este órgano se encamina en procurar la presencia de un integrante de la Comisión Permanente de Género en los talleres de Cumbre, para aportar una visión de igualdad y perspectiva de género.

Se contribuyó con la elaboración de una campaña de divulgación, a disposición de todos los Poderes Judicial, de un protocolo de actuación para casos de violencia de género contra las mujeres, que es una propuesta de Guatemala.

También se cuenta con el protocolo iberoamericano de actuación judicial para garantizar el acceso a la justicia de personas con discapacidad, migrantes, niños, niñas, adolescentes, comunidades y pueblos indígenas.

Se trabaja en la propuesta de un reconocimiento iberoamericano de sentencias con perspectiva de género y la construcción de su reglamento. Y en la propuesta para la revisión del reglamento de Cumbre, con el fin de que un integrante de la Comisión se integre a la Comisión de Seguimiento que dirige las acciones de Cumbre.

Además se está por presentar la propuesta de la Comisión para trabajar junto a la Organización de Naciones Unidas.

La Presidenta de la Corte, Zarela Villanueva Monge, señaló que durante estos dos años se ha emprendido una fuerte labor de socialización de los productos de la Comisión Permanente de Género de Cumbre Judicial Iberoamericana y que esperan, sean aprobados en la próxima reunión a realizarse en Paraguay.

El Poder Judicial de Costa Rica ocupa el segundo lugar en el Índice de Servicios Judiciales en Línea (ISJL), a nivel del continente americano.

El estudio lo realizó el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).

El ISJL señaló que los países con mayor cumplimiento son Colombia con un puntaje 0.732, en segundo lugar Costa Rica con un puntaje de 0.616, seguido por Chile, Paraguay y Estados Unidos.  En total se analizaron las páginas electrónicas de 32 países de América.

Entre los resultados se destacó la página electrónica del Poder Judicial de Costa Rica como una buena práctica, ya que el Índice de CEJA evalúa los sitios electrónicos y la manera en que ayuda a las personas usuarias a resolver problemas justiciables.

Para la evaluación general se consideraron cuatro parámetros puntuales: tiempo de respuesta, evolución de los servicios web, contenido y tecnología.

En el caso de Costa Rica, la mayor ponderación de cumplimiento se obtuvo en el indicador de evolución de los servicios web y en el de contenido y resaltaron las opciones que presenta el sitio web del Poder Judicial, al contar “…con diferenciación por perfil de usuarios/as (abogados/as, medios de comunicación, estudiantes, jubilados y proveedores); es posible realizar trámites y consultas en línea, aspecto que es posible vincular a su buen resultado en el indicador de tiempo de respuesta. También cuenta con una aplicación móvil, entre otros servicios”.

El estudio comprendió la evaluación de 130 sitios web de 32 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que corresponden a Poderes Judiciales, Oficinas de Asistencia Legal, Municipalidades, Defensorías, entre otros.

Dicho índice tiene como objetivo “…constituirse en una herramienta para el fortalecimiento y mejoramiento de las instituciones del sector justicia en su relación con los/as usuarios/as a través de sus plataformas virtuales, mediante una sana competencia entre los países de la región americana”, señala el informe del CEJA.

Este proyecto procura promover el uso de las tecnologías, principalmente Internet, para el incremento del acceso de la justicia de las personas usuarias. La información se llevó a cabo entre agosto y noviembre del 2015.

Para CEJA, “…El uso de tecnologías de la información y comunicación  ha sido un medio que poco a poco, se ha incorporado para contribuir a mejorar la relación entre el Estado y el/la ciudadano/a en varios ámbitos”.