Las acciones emprendidas por el Poder Judicial para contener el gasto del 2018, en el proceso de formulación presupuestaria y la necesidad de que se analice el impulso y aprobación de leyes de la República con contenido económico, fue la agenda que expuso el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, a sus homólogos de los Supremos Poderes de la República.

El encuentro tuvo lugar en la Corte Suprema de Justicia y participaron el Presidente de la Corte, Carlos Chinchilla Sandí, el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, el Presidente de la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez Zamora y el Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado González.

Chinchilla Sandí explicó los esfuerzos realizados por el equipo técnico del Poder Judicial para atender las solicitudes enviadas por el Ministerio de Hacienda, en materia de contención del gasto para el ejercicio presupuestario del 2018.

El máximo jerarca judicial señaló las acciones emprendidas para contribuir con la situación fiscal del país e informó que el Poder Judicial, luego de una revisión de los diversos programas presupuestarios, estableció una reducción de unos ¢6 mil millones para el plan de gasto del 2018.

“Si bien los diferentes bienes y servicios presupuestados por el Poder Judicial para el ejercicio presupuestario 2018 responden a un proceso técnico y están debidamente fundamentados, los jefes de los diferentes programas coincidieron con la Corte Plena, sobre la posibilidad de posponer algunos gastos para próximos períodos presupuestarios, confiados en que la situación de las finanzas públicas mejorará”, destacó el Presidente de la Corte.

Los recortes al presupuesto judicial corresponden a ¢1.008.328.207 del monto previsto para el próximo año para compra y sustitución de vehículos; ¢2.283.614.529 de la previsión presupuestaria para construcción de edificaciones, incluyendo ¢2.000.000.000 para Fideicomiso. La Dirección de Tecnología rebajó ¢624.709.209 de la estimación de sus necesidades para el cumplimiento de diferentes proyectos de interés institucional. Finalmente, la Defensa Pública recortó ¢12.000.000 para alquiler de edificaciones y ¢30.129.511 del presupuesto previsto para servicios de limpieza y vigilancia, entre otros.

Chinchilla Sandí señaló a los Presidentes de los Supremos Poderes, la importancia de aprobar leyes vitales para el país, pero garantizando que cuente con el contenido económico respectivo para su implementación, ante la actual situación fiscal que enfrenta el país y que impide un crecimiento en el presupuesto del Poder Judicial.

En este sentido, el magistrado recalcó la relevancia de la aprobación de la iniciativa de ley en segundo debate, que establece la creación de una Jurisdicción Especializada contra el Crimen Organizado, sin embargo solicitó la colaboración de la Asamblea Legislativa, para que se ampliara a 24 meses, el tiempo de implementación de la reforma.

Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República destacó la disposición de las entidades públicas para contribuir con la contención del gasto y el Ministerio de Hacienda garantizará los recursos para los programas especiales y prioritarios como el Código Procesal Civil y Laboral y eventualmente atender los requerimientos del Código Procesal de Familia y la Ley de Bienestar Animal.

“Le hemos dado la bienvenida a la idea del señor Presidente del Poder Judicial, de extender la entrada en vigencia de la Ley de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, un año más, para buscar los recursos que requiere y buscaremos los mecanismos legales que nos permita hacerlo sin dilatar la aplicación de esta Ley, que es fundamental para el país”,

Para Gonzalo Ramírez Zamora, Presidente de la Asamblea Legislativa, “…nos hemos comprometido con la seguridad de este país, por eso pudimos votar en segundo debate la Ley de la Jurisdicción Especializada contra el Crimen Organizado. Ahora es más fácil impulsar un proyecto para ampliar el tiempo en el que se aplicaría la ley. Nuestra ciudadanía necesita que demos señales claras respecto al tema de seguridad”.

También hizo referencia al análisis que inició la Asamblea Legislativa sobre el presupuesto nacional 2018 y destacó el trabajo que se hace con suma responsabilidad, por parte de las diversas fracciones que integran la comisión legislativa.

Por su parte, Luis Antonio Sobrado González, Presidente del TSE, reiteró a sus homólogos la importancia que tiene para el país el acto del próximo 4 de octubre, momento en el que se hace la convocatoria oficial a los costarricenses, para el proceso electoral 2018, “ …una renovación de las autoridades del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa del país. También pude constatar la sintonía que tenemos todos sobre la prioridad e importancia que tienen las elecciones, en la agenda nacional y muy en particular una elección general, como la que se avecina, impacta la gestión de todas nuestras instituciones y de cómo es fundamental tenerlo en cuenta y desde luego colaborar en todo lo necesario porque esto es una meta país”.

Maximizar la efectividad de los juzgados y tribunales que atienden la materia penal en todo el país, así como la celeridad y calidad en las resoluciones, es el rumbo que marca el Proyecto de Estandarización de los procesos para el señalamiento de las agendas, que impulsa la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. 

Este miércoles 30 de agosto se visitó los Tribunales del Segundo Circuito Judicial de San José, sede Goicoechea.

El proyecto es liderado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí y forma parte de las acciones contenidas en su Plan de Gobierno Judicial.  Además cuenta con un equipo de trabajo para su implementación, a cargo de las juezas Francini Quesada Salas, Mercedes Muñoz Campos y la asesora de la Presidencia, Patricia Bonilla Rodríguez, con el acompañamiento técnico de la Dirección de Planificación.

A la reunión asistieron los jueces y juezas del Tribunal Penal, Tribunal de Apelación, Tribunal de Flagrancia y del Juzgado Penal de San José.

Mediante un estudio de las condiciones y necesidades de cada despacho penal, se emprende un plan de buenas prácticas, para comenzar el proyecto en la Jurisdicción Penal del país.

“El objetivo que persigue la Presidencia de la Corte con este proyecto, es garantizar una forma de trabajo homogénea en todos los despachos del país, mediante acciones en la parte administrativa y que éstas impacten en el circulante los Tribunales Penales, garantizando la independencia de las juezas y los jueces”, destacó Francini Quesada Salas.

La jueza señaló que se pretende impulsar la efectividad del trabajo judicial desde la distribución de las cargas de trabajo, la definición de las agendas de señalamiento de audiencias; así como la medición de los niveles de resolución a partir de indicadores concretos.

Dentro de este proceso, se propone a los despachos penales, el establecimiento de un Consejo de Jueces, liderado por el Juez Coordinador para definir los parámetros de señalamiento y la atención de casos excepcionales, como los asuntos sobre delitos sexuales.

Otras buenas prácticas son los señalamientos de una audiencia, para los juicios donde se reciban menos de cuatro testigos; la actualización del domicilio de las partes involucradas en un expediente, para asegurar su ubicación de previo a que se señale un juicio, así como llevar un control de las causas puntuales de la suspensión de las audiencias, las cuales deben contar con la autorización del juez coordinador.

Las expectativas de la Presidencia de la Corte es que durante el tiempo de implementación del proyecto, la Jurisdicción Penal trabaje con circulantes al día, que les permita establecer señalamientos a más tardar seis meses después del ingreso de un expediente, para los tribunales con mayor volumen de trabajo.

La Presidenta de la Sala de Casación Penal y Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Doris Arias Madrigal, participó la mañana de este lunes 28 de agosto, de una audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con el caso IDH 12820 Manfred Amrheim y otros.

Además de la magistrada Arias Madrigal y en representación del Estado participaron la Embajadora, Gioconda Ubeda Rivera, Coordinadora General de la defensa, así como la Directora Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, Eugenia María Gutiérrez Ruiz, quienes presentarán las conclusiones finales sobre el caso.  De igual manera, 15 abogados y abogadas constituyen el Equipo Interinstitucional creado para la defensa por parte del Estado, en un caso de trascendencia para la institucionalidad costarricense en cuanto al Sistema de Justicia Penal y el Sistema Penitenciario.

El caso se relaciona con la alegada responsabilidad internacional de Costa Rica por la inexistencia de un recurso que permitiera obtener una revisión amplia de las condenas penales impuestas a diecisiete personas; el cual se alega que, conforme al marco procesal penal vigente al momento de las referidas condenas, el curso existente habría sido el recurso de casación que se habría encontrado limitado a cuestiones de derecho, excluyendo la posibilidad de revisión de cuestiones de hecho y prueba.

También se alega sobre las dos reformas legislativas adoptadas por el Estado con posterioridad a dichas sentencias que tampoco habrían permitido garantizar el derecho a recurrir el fallo de las presuntas víctimas, en tanto los mecanismos ofrecidos para las personas con condena en firme antes de dichas reformas, habrían adolecido de las mismas limitaciones; asimismo, respecto algunas presuntas víctimas, que alegan que el Estado vulneró el derecho a las garantías judiciales en en el marco de los procesos penales en su contra, el derecho a la libertad personal por la duración no razonable de la detención preventiva y el derecho a la integridad personal por las malas condiciones de detención en el centro penitenciario donde estuvieron recluidas.

En esta audiencia pública participaron los jueces que integran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los representantes de las diecisiete presuntas víctimas que reclaman la no garantía del Estado al derecho de revisión integral del fallo, que se conoce como el derecho a la doble instancia.

La audiencia se realizó en las instalaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por parte del Poder Judicial se contó también con la asistencia del letrado Carlos Jiménez González y la Fiscala Greysa Barrientos Núñez.

Los procedimientos actuales, evolución y el desarrollo a futuro de la Patología Forense, son temas que se analizaron durante las XXXI Jornadas Costarricenses de Medicina Legal denominadas “La Patología Forense al servicio de la Sociedad”, que se desarrollaron del 25 al 27 de agosto.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, participó durante el acto de inauguración, junto al Subdirector del Organismo de Investigación Judicial, Gerald Campos Valverde; la Subdirectora de la Escuela Judicial, Kattia Escalante Barboza; el Jefe en ejercicio del Departamento de Medicina Legal, Franz Vega Zúñiga y el Presidente de la ASOCOMEL, Maikel  Vargas Sanabria.

Chinchilla Sandí destacó la relevancia del Congreso, por su interés de ampliar las habilidades en las mejores técnicas y ciencias, que permitan, de forma sensible, atender los requerimientos del Sistema Penal, a partir de la actividad científica legal y forense.

“Procuramos brindar un respaldo de calidad desde el trabajo científico, a las solicitudes y actividades que desempeña el Ministerio Público y la Judicatura y en aquellos asuntos que tienen en conocimiento los Tribunales de Justicia.  De ahí la importancia para la sociedad costarricense, del quehacer de la Medicina Legal y Patología Forense”,  afirmó Carlos Chinchilla.

Para el máximo jerarca judicial “la credibilidad que tienen los dictámenes periciales que resultan de la medicatura forense, logran marcar la dirección de una correcta investigación”.

Entre los temas que se analizaron durante estos tres días están el desarrollo histórico de la Sección de Patología Forense, la experiencia y futuro del Departamento de Medicina Legal en Desastres Masivos, temas puntuales sobre Odontología Forense, Antropología Forense, Autopsia Psicológica y Necroradiología.

También profundizaron en género y patología forense, reconstrucción de los hechos, autopsia molecular,  requerimientos Básicos para la Acreditación de Servicios de Patología Forense y proyección futura de la Sección de Patología Forense del Departamento de Medicina Legal, entre otros.