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1966: San José bajo ataque, detonan 21 bombas

1966: San José bajo ataque, detonan 21 bombas

  • Dos estallidos causaron daños graves a la propiedad

San José bajo alerta en 1966, esta es la historia. Ese año, entre los meses de setiembre y diciembre se investigó judicialmente la detonación de 21 bombas y los daños causados en dos de estos hechos. 

Tres hombres fueron detenidos, dos de ellos de apellidos Castro y Peralta confesaron su autoría en los hechos y fueron encontrados culpables. El otro fue absuelto. 

El Juzgado Tercero Penal de San José dictó sentencia condenatoria el 2 de setiembre de 1967, imponiendo la pena de 4 años de cárcel a cada uno, por el delito de Estrago en daño de la Seguridad Pública y dos personas ofendidas. Así consta en el expediente bajo custodia del Archivo Judicial.

Eran las 10 de la noche del 14 de setiembre de 1966, cuando se dio el primer hecho.  Un avión en el hangar Norte de La Sabana, fue sacudido por una bomba.  La pericia judicial determinó graves daños en el motor y una de las ruedas.

La casa 366, en Calle 12 de San José, fue el segundo objetivo y resultó con afectaciones. Eran las 3 de la madrugada del 3 de diciembre de ese mismo año, el explosivo introducido por el ventilador del piso, causó estragos a la estructura.

Las pericias determinaron el uso de dinamita para la fabricación de las bombas, procedente de los trabajos del proyecto hidroeléctrico de Cachí.

La historia de estos hechos se resguarda en el Archivo Judicial, en la Ciudad Judicial de San Joaquín de Flores; bajo el expediente 466, remesa 20661, archivo 1263, año 1966 -1975.

Esta entrega informativa especial, se enmarca en los 56 años de aniversario del Archivo Judicial.

 Quienes requieran información con fines periodísticos, de investigación o académicos deben gestionar el permiso ante el Consejo Superior e indicar los fines, alcances y objetivos del uso de la información.

"Justicia Restaurativa transforma vidas"

"Justicia Restaurativa transforma vidas"

·         Magistrado Gerardo Ruben Alfaro, en el VI Congreso Internacional de Justicia Restaurativa y Justicia Terapéutica.

“Nos reunimos con el propósito de abordar integralmente los desafíos que plantea el delito y sus efectos en las personas y comunidades, desde una visión que trasciende la sanción y se orienta hacia la reparación, la sanación y la dignificación. Reflexionaremos sobre temas fundamentales como la justicia restaurativa, la justicia terapéutica, la justicia juvenil, la inserción social, el enfoque de género, la corresponsabilidad comunitaria y la innovación en la administración de justicia”, expresó el magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas, de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa, durante la apertura del VI Congreso Internacional.

El Congreso, denominado Justicia Restaurativa y Justicia Terapéutica: Reflexiones y evidencia en Justicia Restaurativa y Terapéutica – Nuevas tendencias, reformas, prácticas y experiencias comparadas, se celebra los días 4, 5 y 6 de noviembre. Su objetivo principal es generar un espacio de análisis y diálogo que contribuya al fortalecimiento de la administración de justicia, incorporando enfoques innovadores y humanizantes.

Durante el evento, conferencistas nacionales e internacionales abordarán temas clave como la justicia juvenil, la inserción social, el enfoque de género, la articulación institucional y inserción de las personas en conflicto con la ley y la corresponsabilidad comunitaria. Estas reflexiones buscan promover una comprensión más profunda y práctica de la justicia, orientada a la transformación social y la dignidad humana.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, destacó que esta actividad representa un compromiso firme del Poder Judicial de Costa Rica. “Este encuentro convoca experiencias de nuestra región y de Europa para examinar, con rigor y humanidad, un horizonte de justicia centrado en la dignidad, la reparación del daño y la transformación social”, señaló.

También participaron en la inauguración Alberto Colella, embajador de Italia en Costa Rica; Paolo Gallizioli, director de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (sede Centroamericana y del Caribe); Hefer Morataya Arriga, de la Dirección de Seguridad Democrática de la SG-SICA; y Rebeca Guardia Morales, directora de la Escuela Judicial del Poder Judicial de Costa Rica.

De manera virtual, se sumaron Douglas Durán Chavarría, director del ILANUD, y Antonella Cavallari, Secretaria General de la IILA.

El Congreso reúne a personal judicial de distintas disciplinas —judicatura, fiscalía, defensa pública, trabajo social y psicología— así como representantes del sector académico, organizaciones de la sociedad civil y público nacional e internacional.

La actividad es organizada por la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa del Poder Judicial de Costa Rica, en colaboración con el proyecto “Promoción y Fortalecimiento de la Justicia Juvenil Restaurativa”, ejecutado por la Dirección de Seguridad Democrática de la SG-SICA, la IILA, el ILANUD, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, y la Asociación de Jueces y Juezas de Familia.

Este evento ha sido declarado de interés institucional mediante acuerdo del Consejo Superior y se desarrolla en modalidad bimodal. Las sesiones se transmiten en vivo a través del Canal Judicial, disponible en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/@poderjudicial-cr/streams.

Primer Circuito Judicial de Alajuela obtiene galardón de Bandera Azul Ecológica

Primer Circuito Judicial de Alajuela obtiene galardón de Bandera Azul Ecológica

 

 

Como resultado de los esfuerzos y el trabajo arduo en la búsqueda de la protección ambiental y con esto en la mejora de las condiciones para las personas usuarias tanto internas como externas del Poder Judicial, el Primer Circuito Judicial de Alajuela obtuvo el galardón de Bandera Azul Ecológica, Categoría Dos Estrellas, Cambio Climático.

 

Dicho galardón, se sintetizó con lo colocación oficial de dicha bandera en las instalaciones judiciales de esta provincia, lo que significó el reconocimiento al compromiso institucional con la sostenibilidad ambiental y la promoción de buenas prácticas en el uso eficiente de los recursos.   

 

La administradora regional de Alajuela, Dayana Novoa Muñoz destacó que “la experiencia que hemos obtenido a través de cada una de las acciones desarrolladas en los Tribunales de Alajuela en procura de lograr el galardón de Bandera Azul ha sido muy enriquecedora y ha generado un impacto positivo para las personas que aquí laboramos, pues mediante la implementación de medidas ambientales, contribuimos directamente a la calidad del entorno en que trabajamos, el cual es más seguro y confortable”.

 

Novoa Muñoz mencionó que este tipo de esfuerzos ayuda a crear un sentido de pertenencia, mediante el desarrollo de distintas dinámicas, incluso competitivas, en pro de acciones para mejorar la gestión de residuos. 

 

Vemos como hoy, nuestra población judicial ha generado buenas prácticas ambientales en lo laboral, personal y familiar.  Por lo cual la obtención de este galardón es una evidencia del aporte de cada uno de nosotros, es un logro colectivo que celebramos con entusiasmo, proyectando una imagen como institución, la cual no solo imparte justicia, sino que también actúa con responsabilidad social y ambiental”, finalizó la administradora regional.

 

Este distintivo, reafirma el esfuerzo de las personas funcionarias judiciales por contribuir a la protección del ambiente y al fortalecimiento de una cultura ecológica dentro de la institución.

Poder Judicial cuenta con “Procedimiento para evacuación de Personas con Discapacidad en caso de emergencia”

Poder Judicial cuenta con “Procedimiento para evacuación de Personas con Discapacidad en caso de emergencia”

 

 

El Poder Judicial, como parte de sus esfuerzos por velar por la seguridad de las personas usuarias tanto internas como externas que a diario visitan los edificios judiciales, cuenta con el “Procedimiento para evacuación de Personas con Discapacidad en caso de emergencia”.

 

Este documento, que se incluye en cada uno de los planes de atención y preparativos ante emergencia; tiene como objetivo establecer las acciones necesarias para la atención y evacuación de personas con discapacidad, a raíz de las emergencias que se presenten en los edificios y despachos judiciales; con el fin de resguardar la integridad física de todo el personal judicial y de las personas usuarias.

 

Dicho procedimiento, está basado en el documento sobre “Aspectos básicos para la interacción con personas con discapacidad en situaciones de emergencia y desastre” elaborado por MDH Elsie Bell Pantoja con el auspicio del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), el cuál fue adaptado por el Subproceso de Salud Ocupacional y describe los pasos para la atención y evacuación de personas con discapacidad, tanto judiciales como externas, que estén haciendo uso de las instalaciones propias o alquiladas del Poder Judicial.

 

Dentro de los aspectos importantes, se determinan las responsabilidades de cada una de las oficinas que forman parte de este proceso, como por ejemplo el Consejo Superior, en su trabajo de emitir directrices y disposiciones a cada uno de los despachos responsables de atender la emergencia.

 

Así mismo, en relación con los Consejos de Administración o sus equivalentes, este procedimiento enfatiza en la importancia de la ejecución de las actividades que se realizan antes, durante y después de la emergencia, así como su participación activa en la gestión de los posibles eventos, el funcionamiento de las brigadas de emergencia, entre otras funciones.

 

De igual manera, se menciona en el documento el rol de las Administraciones Regionales, las jefaturas de oficina, el Subproceso de Salud Ocupacional en el desarrollo de los planes de emergencia con base al Plan Institucional de Gestión de Emergencias, las brigadas de evacuación, el personal de seguridad, el personal judicial en general y lo relacionado con lo que deben hacer las personas con discapacidad tanto personas trabajadoras como usuarios y usuarias externas.

 

Además, este procedimiento contiene acciones básicas sobre cómo ayudar y abordar a personas con discapacidad en diferentes situaciones de emergencia, respaldado por la articulación entre los procesos y procedimientos de evacuación y los planes de emergencia por desarrollar en la institución; tomando en cuenta las diferentes características físicas y estructurales de los edificios judiciales.

 

También, es importante rescatar, que, como parte del documento, el mismo cuenta con un procedimiento para el abordaje de personas con diferentes tipos de discapacidad determinadas, como por ejemplo personas en sillas de ruedas o con muletas, andaderas u otros apoyos técnicos, discapacidad auditiva, visual, cognitiva, mental o intelectual, con acciones básicas para la comunicación e interacción y para la evacuación del despacho u edificio en cada uno de los casos mencionados.

 

Finalmente, el procedimiento cuenta con las instrucciones en lo que respecta a las acciones a realizar en los puntos de reunión y el posterior reingreso a las instalaciones una vez se dé la autorización pertinente por parte de los entes encargados de la atención de la emergencia.

 

El jefe del Subproceso de Salud Ocupacional de la Dirección de Gestión Humana, Freddy Briceño Elizondo, destacó que el desarrollo e implementación del “Procedimiento para evacuación de Personas con Discapacidad en caso de emergencia” es un pilar crucial que establece las acciones y los protocolos detallados para garantizar la evacuación segura de la población con discapacidad durante cualquier situación de emergencia en las instalaciones judiciales.

 

Desde el Subproceso de Salud Ocupacional, nuestra labor fundamental es velar por garantizar la seguridad e integridad física de todas las personas, honrando el compromiso de este Poder de la República con la seguridad y los derechos humanos de toda persona que se encuentra en nuestras instalaciones, sea personal judicial o personas usuarias” indicó Briceño Elizondo.

 

Otras acciones

 

Sumado a este trabajo, el Subproceso de Salud Ocupacional realiza otros esfuerzos con el objetivo de incluir a la población en situación de discapacidad en las actividades de atención de emergencia, como, por ejemplo, el “Curso virtual “Atención de Emergencias en caso de sismo, incendio o amenaza de bomba”, el cual incluye acciones para evacuar personas con discapacidad.  Dicho curso se imparte por medio de la plataforma Cap@cítate y está dirigido a todo el personal judicial.  Según datos del Subproceso de Gestión de la Capacitación, este curso virtual ha sido aprobado por 1521 personas judiciales al 30 de junio de 2025.

 

Por otra parte, destaca la “Actividad formativa Taller Evacuando Personas con Discapacidad”, que se imparte principalmente a las personas brigadistas y personal interesado en el tema y el cual, según datos del Subproceso, ha sido recibido por 212 personas a julio del 2025.

 

Junto a esto, se incluyen la Jornada Nacional de Evacuación y las campañas sobre evacuación y actuación en caso de emergencias.

 

De esta manera, el Poder Judicial asegura un servicio público de calidad en un ambiente seguro para todas las personas por igual, reflejando nuestro compromiso con la inclusión, la continuidad del servicio y la protección efectiva de la integridad física de todas las personas”, finalizó el Jefe del Subproceso de Salud Ocupacional.

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