La Corte Plena en la sesión del lunes 3 de marzo, acogió el informe del Tribunal de la Inspección Judicial que desestima la apertura de una causa disciplinaria contra el Fiscal General de la República, relacionada con el expediente N.º 24-003545-0031-DI.

El proceso se originó a partir de una denuncia anónima presentada ante la Inspección Judicial, en la que se señalaba al jerarca del Ministerio Público  de haber favorecido a una funcionaria judicial —con quien, según el denunciante, mantenía una relación sentimental— en un nombramiento dentro de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público.

Tras la investigación, el Tribunal de la Inspección Judicial concluyó que el proceso de nombramiento se realizó conforme a los procedimientos establecidos y conforme al marco de la legalidad.

Las entrevistas realizadas por la persona inspectora a cargo de la investigación a la Unidad de Valoración Psico sociolaboral tampoco evidenciaron injerencia alguna por parte del Fiscal. Asimismo, no hay ningún elemento de la investigación que permita establecer que existiera algún tipo de relación sentimental entre el Fiscal General y la funcionaria. La Inspección Judicial  entrevistó a once personas (personal que labora con la persona involucrada), ninguna de las cuales observó algún acto o escuchó algún comentario que hicieran al menos suponer alguna relación sentimental entre ambos. 

Otras causas en trámite

Además de este expediente, se encuentran en curso otras causas disciplinarias contra el Fiscal General de la República: 

• Expediente 24-003655-31-DI (acumulado al 24-003462-0031-DI)*
• Expediente 24-003462-31-DI *: relacionado con declaraciones de una legisladora sobre un viaje a Grecia y el nombramiento de una funcionaria señalada como pareja del Fiscal.
• Expediente 24-003509-31-DI* (acumulado al 24-003462-0031-DI)*: vinculado a información difundida en redes sociales sobre el mismo viaje a Grecia.
• Expediente 24-003777-0031-DI: denuncia presentada por la legisladora Pilar Cisneros en relación con declaraciones del Fiscal General ante la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa. En este caso, ya se ha notificado un auto de inicio de procedimiento. 

Adicionalmente, se tramita el expediente 25-000289-0031-DI, abierto a raíz de denuncias por acoso laboral presentadas por el fiscal Esteban Aguilar. Este caso se encuentra en la fase de investigación preliminar. 

* Expedientes acumulados están en fase de evacuación de prueba, son audiencias orales y privadas.   

La Corte Suprema de Justicia, en su sesión del lunes 17 de febrero, acogió el informe del Tribunal de Inspección Judicial que desestima abrir una causa disciplinaria contra el Fiscal General de la República, en relación con el procedimiento tramitado bajo el expediente N.º 24-003919-0031-DI.

La Inspección Judicial abrió de oficio una investigación preliminar para determinar si el Fiscal General había incurrido en las siguientes faltas:

·      Programar giras con el propósito de coincidir con su pareja.

·      Hacer un uso inadecuado de los vehículos institucionales asignados a su persona, en beneficio de su pareja.

Tras una investigación exhaustiva que incluyó prueba testimonial y documental, el Tribunal de Inspección Judicial concluyó que no existían indicios que corroboraran la comisión de alguna falta disciplinaria. Por esta razón, recomendó a la Corte Suprema de Justicia desestimar el proceso, criterio que fue acogido por este órgano.

Además de este procedimiento, existen otras cinco investigaciones preliminares en curso contra el Fiscal General. Una vez finalizadas, serán remitidas a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva conforme a Derecho.

San José, Costa Rica | 21 de febrero de 2025

·       El servicio es gratuito para las personas usuarias que no cuentan con recursos económicos suficientes para pagar un abogado o abogada particular.

Con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Agrario el 28 de febrero de 2025, se podrán resolver los conflictos de manera diferenciada y especializada. En este contexto, la Defensa Pública continuará siendo un pilar esencial para garantizar el respeto a los derechos y garantías fundamentales de las personas en condición de vulnerabilidad, brindando asesoría legal a personas de escasos recursos, pueblos indígenas, personas de la tercera edad, e, incluso, mujeres agricultoras.

Entre los principales beneficios de este nuevo instrumento se encuentran el deber de cooperación entre las partes procesales, la regulación expresa de los medios alternativos de resolución de conflictos cuando una persona indígena es parte del proceso y las disposiciones especiales para la tutela del ambiente, priorizándose estos casos en el sistema judicial.

Según explicó el defensor público agrario y coordinador nacional de la Unidad Agraria, Jesús Chaves Mora, “es importante que las personas usuarias conozcan sobre cómo solicitar los servicios, lo cual, según este nuevo instrumento, se hará en las oficinas de la Defensa Pública de cada circuito judicial”.

Las personas usuarias podrán solicitar la representación de la Defensa Pública en asuntos como posesión de fincas, desahucios, derribo de árboles, informaciones posesorias para la inscripción de fincas, sucesiones de parcelas, divisiones de fincas, entre otros.

“La labor de la Defensa Pública está delimitada por las competencias asignadas por ley. En este sentido, esperamos que este nuevo cuerpo normativo agilice los procesos agrarios, lo que permitirá dar una respuesta más rápida a los conflictos que surjan en esta materia”, puntualizó el Jesús Chaves.

Asimismo, el defensor público agregó: “Al otorgar a las personas defensoras públicas atribuciones como directores del proceso, podremos garantizar una tramitación efectiva de las causas, contribuyendo así a una justicia pronta y cumplida. Desde la institución, asumimos este nuevo cuerpo normativo con compromiso y profesionalismo, con el objetivo de brindar un verdadero acceso a la justicia a las personas usuarias”.

Dado el rol social que desempeña la Defensa Pública Agraria en la asesoría legal a personas en diversas condiciones de vulnerabilidad, es fundamental que los profesionales en materia agraria se mantengan actualizados y capacitados para seguir ofreciendo un servicio público de calidad.

Para ello, Chaves Mora también aseguró “la Defensa Pública cuenta con el proceso de Gestión del Conocimiento, que es una unidad encargada de organizar capacitaciones para todos los profesionales, incluidos aquellos especializados en materia agraria”.

Lunes 03 de marzo de 2025

Sesión N°09-2025

PRIMERA PARTE: 8:00 a. m. a 12:00 md.

SEGUNDA PARTE: 2:15 p. m.  a 7:00 p. m.

*La agenda de este día contempla más artículos, de ser necesario, oportunamente se remitirá el detalle del resto de numerales, en la misma forma y por la misma vía en que se facilitó este documento.

* Por la dinámica de la sesión, es posible que se incluyan artículos que no aparecen en esta agenda, de ser así, oportunamente se comunicará.